Las cuentas (sin control) de la Iglesia española

La Iglesia católica española acaba de publicar, por primera vez, unas cuentas algo más detalladas (poco), para simular “transparencia” y animar a los católicos a que marquen la X en esta declaración de la renta. Pero no dicen que más de la mitad de sus ingresos no pasan el control de Hacienda, gracias al Concordato de 1979. Tampoco reconocen que la aportación de los contribuyentes a financiar la Iglesia católica no son sólo los 250 millones que ingresan por el IRPF sino 11.600 millones anuales que les pagamos todos para financiar sus colegios, hospitales, capellanes en hospitales, cárceles y cuarteles, su obra asistencial y el mantenimiento y conservación de decenas de catedrales, iglesias y monasterios, muchos apropiados y registrados unilateralmente en los últimos años, en pugna con los Ayuntamientos. Y tampoco hablan de los 2.000 millones de impuestos que no pagan, en IBI, sociedades, obras y plusvalías. Es hora de que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la Iglesia. Y de revisar el Concordato. 

enrique ortega

La Iglesia católica española es una poderosa organización, que cuenta con 70 diócesis, 23.021 parroquias, 17.754 sacerdotes, 116 obispos y cardenales, 40.096 religiosos (de 407 órdenes), 11.018 misioneros (trabajando en 130 paises), varias ONGs y asociaciones de ayuda (Cáritas y Manos Unidas), 77 hospitales, 62 dispensarios, 802 casas de ancianos, 2.587 centros de enseñanza católicos (con 1,5 millones de alumnos), 15 Universidades católicas (con 89.547 alumnos)  y 189 centros culturales, más 12.988 asociaciones de fieles, según la última Memoria 2017 publicada por la Conferencia Episcopal Española. Y por si fuera poco, la Iglesia católica tiene el 2º mayor patrimonio de España, tras el Estado: más de 100.000 inmuebles, miles de tierras, 95 catedrales, 860 monasterios y 540 santuarios. Y la Iglesia católica mantiene 64.925 empleos directos e inducidos.

Todo ello se mueve y se mantiene con sólo 1.386 millones de euros al año, según las cuentas recién publicadas de la Conferencia Episcopal, una cifra difícil de creer. De este Presupuesto (el de 2017, publicado en mayo 2019), la mayoría es lo que mueven las 70 Diócesis (924 millones) y el resto es el presupuesto de Cáritas y Manos Unidas y otras asociaciones religiosas. Centrándonos en el grueso del gasto, las Diócesis, los ingresos proceden de 5 fuentes: la asignación tributaria, el 0,7% del IRPF (223,48 millones, el 24% del total), los ingresos voluntarios de los fieles (320,28 millones, el 35%), los ingresos del patrimonio, como entradas a edificios religiosos y museos (122,48 millones, el 13%), “otros ingresos corrientes” (por servicios religiosos como bautizos, bodas, comuniones, funerales o misas: 212,84 millones, el 23% del total) y diversos “ingresos extraordinarios”, como herencias o donaciones (44,99 millones, el 5% restante de ingresos de las Diócesis).

Lo primero que hay que decir es que más de la mitad de estos ingresos (el 58% que corresponde a “aportaciones de fieles” y “otros ingresos corrientes”) no pagan impuestos ni están sometidos a ningún control de Hacienda, en virtud del Concordato firmado entre España y la Santa Sede el 4 de diciembre de 1979. En cuanto al 0,7% del IRPF de asignación tributaria, pactado también en el Concordato, recordar que el Gobierno Zapatero subió el porcentaje del 0,5239% al 0,7%, quitando el pago mínimo que había hasta entonces, a cambio de que la Iglesia empezara a pagar el IVA (hasta entonces, se ahorraba 30 millones al año), una imposición de la Comisión Europea a España. Actualmente, la Iglesia católica ingresa con la X del IRPF unos 250 millones al año y lleva acumulados ya unos ingresos por este impuesto de unos 6.600 millones de euros, entre 1980 y 2018.

En 2017, el 12% de las declaraciones de renta (2,4 millones de contribuyentes) señalaron la X de la Iglesia católica, según Hacienda, aunque la Conferencia Episcopal eleva esta cifra a 7.364.502 contribuyentes, el 33,30% del total, porque suma también los contribuyentes que señalaron la casilla de asignación “a la Iglesia católica y a fines sociales”, concepto que incluye las ayudas que luego se dan a Cáritas y Manos Unidas. Pero hay un hecho cierto: hoy, son muchos menos los contribuyentes que señalan sólo la casilla de la Iglesia católica en el IRPF: ese 12% citado es casi la mitad del 21,7% que la señalaban en 2007, según Hacienda. Y lo mismo en el dinero destinado a este fin: si en 2007, la asignación de los contribuyentes a la Iglesia suponía el 28,5% de la cuota líquida, en 2017 fue el 17,2%, según Hacienda. Eso sí, la Iglesia no nota tanto la caída en la asignación tributaria (del 47,4% del total en 2007 al 42,2% en 2017) porque se lleva parte del aumento que ha sufrido la asignación “a la Iglesia y a fines sociales” (del 15,6 al 27%) y “a fines sociales” (del 33,3 al 33,5%), gracias a lo que recibe a través de Cáritas y Manos Unidas.

Vistos los ingresos (1.386 millones, de los que 924 millones corresponden a las Diócesis), vayamos a los gastos de la Iglesia, 908, 04 millones, según su Memoria 2017: un 23% lo gastan en “acciones pastorales y asistenciales” (210,95 millones), un 19% a pagar al clero (174 millones para sus sueldos, lo que daría 700 euros al mes en 14 pagas, más el coste de su Seguridad Social, otros 17,6 millones), un 13% a pagar al personal seglar de la Iglesia (118,94 millones), un 8% a centros de formación (70,31 millones), un 9% a “gastos extraordinarios” y el 28% restante, la mayor partida de gasto, para conservación de edificios y gastos de funcionamiento de todo el aparato de la Iglesia (252,4 millones). Con ello, las cuentas de la Iglesia tienen superávit, 16,04 millones. Y dicen que el 80% de las 70 Diócesis españolas tuvieron superávit en 2017 y sólo el 20% tuvieron déficit.

Ahondando en estas cuentas aparecen algunos gastos curiosos, como los 4,9 millones gastados en 2017 a “campañas de comunicación y Plan de transparencia”, con los que la Conferencia Episcopal financia el canal de televisión 13TV, una TV muy conservadora (escaparate del PP y Vox, con sólo un 2,6% de audiencia)  y un negocio ruinoso (acumula 83,5 millones de pérdidas desde que nació en 2010), que se mantiene gracias a las aportaciones de capital y créditos de la Iglesia católica (50,6 millones aportados hasta ahora por la Conferencia Episcopal), superiores a lo que la Iglesia aporta a Cáritas (6,2 millones en 2017). Y también es reseñable la aportación de 4,23 millones a la Universidad Pontificia de Salamanca, junto a los 2,26 millones para pagar a los obispos y los 2,62 millones para el funcionamiento de la Conferencia Episcopal.

Hasta aquí, las cuentas que publica la Iglesia católica española, pero las cuentas reales son otras, porque la Iglesia recibe mucho más de los 250 millones de la asignación tributaria (el 0,7% del IRFP) y los 100 millones de asignación social que reciben Cáritas y Manos Unidas. En total, la Iglesia católica recibe 11.600 millones de financiación pública al año, según la estimación de Europa Laica, cifra que incluye lo que se ahorra de impuestos. La principal partida son 5.400 millones de ingresos públicos para la enseñanza concertada religiosa (4.750 millones al año para 2.452 centros concertados de enseñanza) y para pagar a los 16.000 profesores de Religión (otros 650 millones anuales). Otros 2.000 millones son ayudas públicas a la obra social y asistencial de la Iglesia. Y 900 millones más para subvencionarles su actividad hospitalaria. Les llegan también 300 millones para subvencionar distintos eventos religiosos (Fiestas, cofradías de Semana Santa…) y 10 millones más son para entidades específicas (como la Obra Pía de los Santos Lugares). Otros 40 millones son para pagar a los capellanes que la Iglesia católica tiene en el Ejército, los hospitales, las cárceles y las Universidades. Y hay una última partida importante: 600 millones más que reciben para el mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario de la Iglesia.

Un  doble inciso sobre este tema del patrimonio religioso. Por un lado, reseñar que el Estado, las autonomías y Ayuntamientos aportan cada año mucho dinero (nadie publica la cifra exacta) para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de las iglesias, abadías, monasterios, conventos y catedrales propiedad de la Iglesia (algo normal, ya que es un patrimonio cultural de todo el país) pero es la Iglesia la que lo gestiona, sin ningún control público, fijando horarios, condiciones de acceso y quedándose con el importe de las entradas (sólo en la Mezquita de Córdoba recaudan 8 millones anuales). Y por otro, no sólo la Iglesia es titular de este rico patrimonio (en Francia, todos los templos, incluida Nôtre Dame, son propiedad del Estado desde 1905) sino que, desde 1998, la Iglesia católica española se ha dedicado a registrar miles de iglesias y ermitas, al amparo de una normativa aprobada por Aznar, enfrentándose a decenas de Ayuntamientos.

Y queda el tema de los impuestos que no paga la Iglesia, no sólo el IBI, sino también otros como la licencia de obras municipales (ICIO), plusvalías, sociedades, patrimonio, IAE,  transmisiones patrimoniales y sucesiones. La exención de muchos  de estos impuestos no viene del Concordato sino de la Ley de Mecenazgo de 2002, que dejó exentos del IBI y otros impuestos a la Iglesia católica y a numerosas instituciones sin ánimo de lucro, como Fundaciones, partidos políticos, sindicatos, embajadas, otras comunidades religiosas o federaciones deportivas. O sea, que no es un privilegio sólo de la Iglesia, aunque en su caso, debido a su inmenso patrimonio, les ahorra muchos impuestos: unos 700 millones al año en el pago del IBI y otras tasas municipales (que muchos Ayuntamiento llevan años exigiendo) y 1.300 millones más en el resto de impuestos, según Europa Laica, que incluye estos dos conceptos en sus 11.600 millones de aportación pública a la Iglesia.

Ante este panorama, el PSOE y Podemos propusieron en 2017 que el Tribunal de Cuentas auditara las cuentas de la Iglesia. Pero la propuesta no salió adelante, por la mayoría del PP en ese Tribunal (7 frente a 5). Por ello, el PSOE y Podemos registraron después, con el apoyo de Ciudadanos, en enero de 2017, una solicitud para que el Tribunal de Cuentas fiscalizara el dinero público que recibe la Iglesia. Pero dos años largos después, no se ha hecho nada.

La novedad es que el Gobierno Sánchez propuso en octubre de 2018, en una reunión en Roma de la vicepresidenta Calvo con el Secretario de Estado del Vaticano, dos cambios importantes. Uno, acabar con la exención del IBI para los bienes y edificios de la Iglesia que no están dedicados al culto (como hoteles, restaurantes, centros de formación…), a través de un cambio en la Ley de Mecenazgo. El otro, más de fondo, una revisión del Concordato de 1979, replantearse la relación Iglesia-Estado actual, cuyo origen está en el Concordato firmado por Franco en 1953 y revisado por Suárez en 1979. Por un lado, hay estudiosos como Vázquez Vaamonde,  que argumentan que es “anticonstitucional” y “nulo de pleno derecho”. Y por otro, el texto del propio Concordato plantea el compromiso de la Iglesia de “lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Han pasado 40 años y, por mucho que ellos digan con sus “cuentas oficiales”, la mayor parte de sus ingresos son dinero público. Y encima, no les auditan las cuentas.

La Iglesia católica española es una institución muy poderosa, con gran penetración en la sociedad (aunque cada vez tenga menos fieles: sólo 8 millones de españoles van a misa regularmente y 46.556, uno de cada cuatro matrimonios, se casa por la Iglesia), pero no puede vivir del conjunto de los contribuyentes ni monopolizar las ayudas públicas frente a otras religiones que han ganado importancia en España. Lo normal sería reducir su peso público (somos un Estado laico, según la Constitución) y en los Presupuestos, subvencionando los servicios importantes que presta (educación, sanidad, asistencia y servicios sociales) pero dejando que el resto de su aparato institucional lo financien sus fieles, no todos los españoles. A Dios lo que es de Dios.