Los retos económicos del nuevo Gobierno

España estrena esta semana un Gobierno bastante solvente que se presenta sólo para unos meses (¿cuántos?). Pero los problemas del país no se resuelven a corto plazo, son de fondo y se han enquistado estos 2 años sin reformas: paro, empleo precario, salarios, pobreza y desigualdad, pensiones, suicidio demográfico, vivienda, sanidad, educación y formación, Dependencia, Ciencia, innovación, reindustrialización, reconversión del turismo, exportación, financiación autonomías, nuevo modelo económico… Urge tomar medidas, las más necesarias, sin politiqueos, apoyadas por una mayoría sensata. Aquí propongo un paquete que costaría 10.000 millones. Y por supuesto, la forma de recaudarlos. Luego, para 2019, pactar un Presupuesto con más reformas y más recaudación. Y así, en mayo o en octubre de 2019 podríamos ir a unas elecciones sin haber perdido un año, con lo más urgente encauzado. Dejen de hacer cálculos políticos a corto y arrimen el hombro, todos, para mejorar ya la vida de ese 70% de españoles que no notan la recuperación. Suerte.

enrique ortega

Rajoy nos ha dejado una economía que crece y crea empleo (precario y mal pagado), gracias sobre todo a la ayuda exterior en estos años (que ahora Sánchez la tiene en contra): bajos precios del petróleo, euro débil, dinero al 0% de interés y una recuperación internacional y europea que han empujado las exportaciones y el turismo. Pero los problemas económicos de fondo siguen ahí, enquistados por no haberlos afrontado desde hace ya dos años, tras las elecciones de 2016. Y ahora, el reto, no de Sánchez sino de España, es afrontarlos desde ya o poner unos parches más hasta las próximas elecciones, justificándose en que el Gobierno es débil (84 diputados) y la oposición ansía poner ya las urnas para llegar a la Moncloa. Otra vez más, confunden lo que es bueno para la economía y la mayoría de españoles (el 70% no notan la recuperación) y lo que es bueno para los políticos.

El primer gran reto de España es el paro. No sólo porque sea el mayor problema de los españoles, según todas las encuestas del CIS, sino porque la cifra es muy preocupante, a pesar del triunfalismo de Rajoy: tenemos 3.796.100 parados estimados por la EPA (y muchos más que ni se animan a buscar trabajo, hoy “inactivos”), el 16,74% de la población en edad de trabajar, más del doble que Europa (7,1% en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat (abril 2018). Encima, el paro alcanza ya a 1 de cada 3 jóvenes españoles (34,4% de paro entre los menores de 25 años), el doble que en Europa (17,2%) y casi seis veces el paro juvenil alemán (6%). Y por si fuera poco, el paro en España se ha enquistado: la mitad de los parados llevan más de 1 año sin empleo y 700.000 llevan ya más de 4 años parados.

Ante esta situación, urge actuar en dos frentes. Uno, paliar cuanto antes la grave situación de los parados, porque más de la mitad no cobran nada: en abril, 2.026.513 de los parados no cobraban ningún subsidio, el 53,39% de todos los parados estimados por la EPA (3.796.100), según Empleo. Y de los que sí reciben algún subsidio (1.769.587 parados, el 46,61% del total), la mayoría (1.086.088) cobran una prestación asistencial, de sólo 430 euros, normalmente por 6 meses. Además, el problema es más grave en algunas autonomías, especialmente en 5 regiones donde dos tercios (y más) de los parados no cobran nada: Melilla (el 72,33% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), Baleares (67,59%), Ceuta (67,35%), Madrid (61,96%) y Murcia (61,39% parados no cobran).

El otro reto, tras ayudarles a sobrevivir, es ayudara los parados a encontrar trabajo. Y eso requiere tomarse en serio la reforma de las oficinas de empleo, que hoy no sirven ni para recolocar a los parados (sólo al 2%) ni para formarles (sólo hacen cursos el 4,12% de los parados) ni para reorientarles profesionalmente  (el 91,3% no reciben orientación personalizada). Y sobre todo, poner en marcha políticas activas de empleo, para ayudar a formarse y recolocar a los parados que lo tienen más difícil: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Eso exige incentivos eficaces a la contratación y medidas para fomentar los contratos estables (el 26,10% de los trabajadores tienen contrato temporal, la tasa más alta en Europa, y sólo el 8% de los contratos temporales se hacen fijos), con ayudas fiscales y cotizaciones, mejorando los medios de la inspección de Trabajo (hay 1.800 funcionarios, la mitad de inspectores que en Europa, según la OIT) para evitar el fraude en la contratación y el empleo precario injustificado. Y promover mayores subidas de salarios, ahora que hay beneficios empresariales, para compensar el sacrificio hecho y reanimar el consumo.

El segundo gran reto es la pobreza y la desigualdad, que han crecido con la crisis, a pesar de la recuperación. De entrada, el 70% de los españoles aseguran que “no han notado la recuperación”, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y es lógico, porque un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según un estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”: así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel.

La recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde 2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.  Y lo peor es que la pobreza se ha “enquistado” en España, en determinados colectivos y familias, sobre todo en esos 4 millones de españoles que están en la pobreza extrema, según Cáritas. Y lo más sangrante es que 1.400.000 niños españoles son pobres, según Save The Children.

El tercer gran reto es la igualdad entre hombres y mujeres y la demografía. No se trata sólo de la brecha salarial (los hombres ganan un 22,3% más que las mujeres, según los últimos datos del INE) sino de otras “brechas” enormes de las que se habla menos: hay más mujeres inactivas (2.6709.500 más que hombres), menos mujeres trabajando (1.554.600 menos, una tasa de actividad del 57,12% frente al 68,02% los hombres), en peores puestos, más mujeres paradas(18,54% de paro frente a 15,18% los hombres), cobran  menos paro (el 14,06% menos que los hombres) y menos pensión (725,02 euros de media frente a 1.147,98 euros los hombres, otra “brecha” del  -36,85%). Y encima, luego en casa, las mujeres trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas los hombres, según el INE. Una de las consecuencias de esta discriminación de la mujer es que tiene menos hijos y los tiene más tarde: 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 y la tasa de natalidad más baja de Europa. Con ello, España camina imparable al “suicidio demográfico”: perdemos población y cada vez habrá más viejos y menos jóvenes para trabajar y sostener el sistema.

El cuarto gran reto son las pensiones, en un doble sentido: pagar y revalorizar las pensiones actuales y asegurar unas decentes pensiones futuras. Con el empleo tan precario y el envejecimiento de la población, los ingresos por cotizaciones no dan para pagar las pensiones actuales y revalorizarlas, con lo que hay un déficit (-18.000 millones en 2017) que se agravará en 2050, cuando haya 15 millones de pensionistas y menos activos para cotizar. Aquí, urge tomar medidas a corto plazo para enjugar el déficit actual (eliminar tarifas planas, ahorrar costes, aumentar cotizaciones salarios altos, mejorar la calidad del empleo para recaudar más…), pero hay que afrontar una reforma a fondo del sistema, asegurando más ingresos de forma estable (entre 30.000 y 50.000 millones de euros, vía cotizaciones e impuestos) y clarificando las pensiones que se pueden pagar.

En quinto gran reto es “apuntalar” el Estado del Bienestar, tras los drásticos recortes impuestos por el Gobierno Rajoy. Mejorar la situación de la Sanidad, con más recursos, una recomposición de plantillas (precarias, temporales e insuficientes) y una mejor gestión, tratando de homogeneizar las prestaciones sanitarias, hoy muy distintas según las autonomías, y universalizarlas (a todos los inmigrantes). En la Educación, hay que aumentar el gasto y recomponer las plantillas, luchando contra el fracaso escolar, volcándose en el refuerzo de los alumnos más retrasados y dando más peso a la formación profesional, clave del empleo. Y sobre todo, cambiar a fondo la enseñanza: formar a los jóvenes, en los empleos que va a demandar el futuro, que la Universidad deje de ser una costosa “fábrica de parados”. Y en la Dependencia, hay que aprobar un Plan de choque para acabar con esos 300.000 dependientes con derechos que están en lista de espera para recibir ayudas y reforzar las prestaciones, hoy con exceso de servicios “low cost”.

El sexto gran reto es la vivienda, donde un tercio de la población no puede ni comprar ni alquilar, por los elevados precios, lo que lleva al 80% de los jóvenes a seguir viviendo con sus padres. Urge promover un parque de vivienda pública en alquiler, a través de Ayuntamientos y autonomías, porque sólo un aumento de la oferta forzará una bajada de alquileres, no las ayudas a los inquilinos (que suben el precio). Y vigilar las condiciones de las hipotecas que dan los bancos, para que no haya tantas clausulas abusivas.

Un séptimo reto es la energía y el medio ambiente. No puede ser que las familias españolas paguen la 3ª electricidad más cara de Europa, tras Irlanda y Bélgica: 0,176 euros/kWh sin impuestos, un 40% más que la media europea (0,125 euros/kWh en la UE-28) y muy por encima de Francia (0,110 euros), Portugal (0,123), Italia (0,1326), Reino Unido (0,134) o Alemania (0,139 euros/kWh), según Eurostat. Y lo mismo les pasa a las industrias: pagan la electricidad, sin impuestos, a 0,083 euros/kWh, un 20,3% más cara que el coste medio en Europa (0,069 euros/kWh) y por encima de lo que pagan por la luz las empresas en Alemania (0,064 euros) y Francia (0,059 euros), aunque no Reino Unido, una isla (0,093 euros), según los datos del Ministerio de Energía. Y no sólo pagamos la luz más cara sino que tenemos mucho más dependencia energética del exterior y consumimos más energía que el resto de europeos, somos energéticamente menos eficientes. Y por todo ello, emitimos demasiado CO2. De hecho, somos el 5º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2 en 2017 (+7,4%), según Eurostat. Y España es uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Un tema preocupante que obliga a pactar ya una Ley de Cambio Climático.

El octavo gran reto es la tecnología, apoyar a la Ciencia, que ha perdido 40.000 millones de euros desde 2009 entre los recortes y el que no se haya gastado la mitad del Presupuesto cada año (en 2016 no se gastó el 62%). El gasto público en Ciencia es del 1,23% del PIB, frente al 2,03% la UE y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad de las europeas. Esto explica en buena medida la baja productividad de España ( en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial) y el menor valor añadido de lo que exportamos, junto a otros problemas como la baja formación de los trabajadores, el menor tamaño de las empresas (hay un exceso de pymes) y las dificultades de financiación. Y por supuesto, la digitalización de la economía y las empresas, otro reto pendiente.

El noveno gran reto de España es el cambio de modelo económico, para que el crecimiento se asiente más en la industria (que ha perdido peso, hasta  aportar el 13,06% del PIB, frente al  17% en Europa y el 24% del PIB en Alemania) y menos en los servicios, donde trabajan ya 3 de cada 4 españoles y que aporta un empleo más precario, peor pagado y vulnerable. Eso pasa por apoyar la reindustrialización, buscando promover empresas que encuentren su nicho en el mundo, con productos innovadores, competitividad y de calidad. Y a la vez, apostar por una reconversión del turismo, la primera industria española, que tiene que pasar de un turismo low cost masivo a un turismo de calidad no sólo centrado en sol y playa.

Y el 10ª gran reto, que es más bien el primero, una profunda reforma fiscal, para conseguir recaudar más, la condición imprescindible para poder gastar más en los retos anteriores. Hace poco comentaba en este blog que el problema nº1 de España es recaudar poco, menos que el resto de Europa: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como los demás países UE, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit público (el mayor de Europa) y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro y la industrialización. Y sólo recaudando más se puede mejorar la financiación de las autonomías, otro gran reto

Bueno, son muchos retos como para resolverlos en unos meses y más un Gobierno con sólo 84 diputados. Por ello, lo más sensato sería plantear un Plan de medidas urgentes, que diera prioridad a algunas necesidades y tratara de sacarlo adelante porque hacen falta y nadie debería oponerse. Yo propongo 10 medidas para lo que queda de año. Una, un Plan de choque contra el paro, para que 1 millón de los parados que no cobran (la mitad) cobren 430 euros al mes. En medio año, costaría 2.500 millones. Dos, un Plan de empleo centrado en los parados de larga duración jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con políticas de formación e incentivos a la recolocación, con otros 1.000 millones. Tres, un Plan de choque contra la pobreza, sobre todo la infantil, que costaría 1.500 millones en medio año. Cuatro, 500 millones en guarderías y ayudas a la familia (ampliar los permisos de paternidad). Cinco, 1.000 millones extras para la sanidad. Seis, otros 1.000 millones para educación (becas y recuperación alumnos problemáticos). Siete, reducir la mitad de la lista de espera de la Dependencia, gastando 348 millones este año. Ocho, 120 millones para completar la aplicación del Pacto contra la violencia de género. Nueve, 500 millones para promover con los Ayuntamientos un parque de viviendas públicas en alquiler. Y diez, 1.000 millones extras para Ciencia, para agilizar los planes tecnológicos paralizados.

La clave para hacerlas realidad es recaudar los 10.000 millones que cuestan. Unos ingresos extras que se pueden conseguir con varias medidas. Una, subir los impuestos a los carburantes (mucho más bajos que en Europa), como defiende la Comisión Europea: se podrían sacer 1.500 millones extras hasta diciembre. Dos, subir el IVA reducido y superreducido a muchos productos, como también defiende Bruselas: otros 1.500 millones extras en medio año. Tercera, ingresar 2.000 millones más subiendo el tipo de sociedades (a las grandes empresas), subiendo el tipo al ahorro, subir el tipo del IRPF a los que ganan más de 100.000 euros y limitar desgravaciones. Cuarta, conseguir otros 1.000 millones con impuestos verdes, a los que más contaminan, como defiende la Comisión Europea. Quinta, el impuesto a las tecnológicas, que podría reportar 500 millones en medio año. Y quinta, un Plan especial de lucha contra el fraude, para recaudar los 1.500 millones restantes.

Son unos objetivos necesarios y posibles, que nadie debería rechazar por motivos políticos y que beneficiarían a mucha gente, sobre todo a los que peor parados han salido de la crisis. Y además, ayudarían a reanimar el crecimiento y el empleo, ahora que “soplan vientos en contra” desde fuera que pueden hacer peligrar la recuperación: subida del petróleo, incertidumbre del euro, posible subida de tipos, crisis y bajo crecimiento en Europa, incertidumbre política internacional y proteccionismo comercial. Gastar más en lo que hace falta ayudaría a reanimar la economía y compensar las turbulencias de fuera. Y hay muchas otras medidas que no cuestan dinero al Estado, como una Ley de Igualdad Salarial, cambiar la política eléctrica, gastar lo presupuestado, eliminar las restricciones burocráticas a la investigación o escuchar a la gente.

Son tareas para estos primeros meses del Gobierno Sánchez, que podrían continuarse en la negociación de los Presupuestos de 2019. Una antesala para afrontar  de verdad los grandes retos, algo que sólo se podrá hacer tras unas elecciones, ya sean en mayo (con las autonómicas y municipales) o en octubre de 2019, con pactos de Estado a medio plazo que ahora parecen políticamente imposibles Pero antes de esas elecciones, habrá que hacer algo, avanzar en lo urgente, con realismo y sin politiqueos. El nuevo Gobierno debe de intentarlo, buscando amplios apoyos. Y si hay grupos que boicotean medidas imprescindibles que benefician a la mayoría, se “retratarán” ante los ciudadanos. No queda otra que intentar avanzar con sensatez. Ya hemos estado demasiado tiempo parados.

España, un país de bares y tiendas

La recuperación sigue ahí (el PIB volvió a crecer un 0,7% en el primer trimestre), a pesar de las turbulencias internacionales y políticas, pero está demasiado centrada en los servicios. De hecho, 2 de cada 3 empleos creados desde 2014 lo han sido en los servicios, sobre todo en el turismo, la hostelería y el comercio. Y España es el tercer país europeo donde más han crecido los servicios desde 2008, mientras perdía peso la industria: somos el país con más bares y tiendas de Europa mientras la mayoría de nuestra industria más competitiva son multinacionales extranjeras. El problema de los servicios es que aportan un empleo precario y mal pagado, muy estacional (ligado al verano y las rebajas), poco competitivo y muy vulnerable a futuras crisis. El reto es apostar por la industria, la tecnología y la economía digital y no por ser la California de Europa, una país de bares, hoteles, comercios y servicios. Cambiar el modelo económico español de aquí a 20 años. Recuperar hoy el Ministerio de Industria y crear un Ministerio de Ciencia puede ser un buen comienzo.

enrique ortega

La recuperación económica se ha traducido en 1.923.600 nuevos empleos creados en España desde marzo de 2014, según la EPA. Pero el 68% de este nuevo empleo (2 de cada 3) se ha creado en el sector servicios (1.311.400 empleos), sobre todo en la hostelería (+310.000), el comercio (+120.100), la sanidad y los servicios sociales (+172.900), la educación (+138.000) y las actividades administrativas (+56.800 empleos). En la industria sólo se crearon 377.800 nuevos empleos (1 de cada 5), en la construcción 209.800 y en el campo 24.700 nuevos empleos.

Si comparamos el empleo actual con el de antes de la crisis, todavía hay 1.772.700 españoles menos trabajando que en junio de 2008, cuando en España trabajaban 20.646.900 personas (frente a 18.874.200 en marzo de 2018). Eso se debe al pinchazo en el empleo de la construcción (trabajan 1.407.500 españoles menos) y de la industria (607.900 trabajadores industriales menos), mientras en el campo trabajan casi los mismos (+3.200) y donde hay más personas trabajando que antes de la crisis es en los servicios, con 239.600 empleados más hoy que en 2008. En la hostelería trabajan 77.400 personas más, en el comercio 304.200 menos (por el hundimiento del pequeño comercio frente a supermercados e híper) y donde más ha crecido el empleo respecto a 2008 es en la sanidad y servicios sociales (+311.200), la educación (+142.000) y la administración pública (+27.800).

Mirando más atrás, el gran cambio de España en los últimos 40 años ha sido pasar de ser un país con gran peso de la industria (aportaba el 38,87% del PIB en 1972) a un país donde las manufacturas aportan al crecimiento la tercera parte: el 26% del PIB en 1980, el 16,29% en 1995, a un mínimo del 12,15% del PIB en 2010 y el 13,06% que aportaron al crecimiento del PIB en 2017, según el INE. En contrapartida, los servicios han aumentado su peso y de representar menos del 50% del crecimiento en 1980 han pasado a aportar dos tercios, el 66,4% del PIB en 2017, según el INE. Y la construcción, que representaba el 8,59% del PIB en 1995 aporta ahora sólo el 5,21% y bajando. Así que somos, cada año más, un país de servicios, el verdadero motor del crecimiento y el empleo.

De hecho, España es el 9º país europeo con más peso de los servicios en la economía: trabajan ahí el 75,5% de los españoles (2017), por encima de la media del empleo en los servicios en la UE-28 (72%) y la zona euro (73,4%), así como de Grecia (73%), Alemania (71,1%), Portugal (70,3%) e Italia (70,1%), aunque nos gana Francia (75,8% de empleo en los servicios)  y Reino Unido (80,7%, por los servicios financieros), según los datos recientes de Eurostat. Pero lo más llamativo es que España es el tercer país europeo donde más han crecido los servicios desde 2008 (del 68,1 al 75,5%, un +7,4%), sólo por detrás de Croacia (+9,4%) y Portugal (+8,2%). O sea, que los servicios han crecido en toda Europa (+4,6%), pero mucho más en España .

De hecho, España es el país con más bares del mundo por habitante, 1 por cada 275 personas, según un estudio de Nielsen. En 2017 había 277.539 bares y restaurantes en España, según el INE, más de la mitad entre Andalucía (49.642), Cataluña (43.859) y Madrid (30.888). Y en cuanto a comercios, también estamos a la cabeza de Europa, con 462.450 comercios minoristas en 2016, según la patronal, a pesar de que la propia Comisión Europea denunciaba recientemente que somos el 2º país europeo (tras Francia) que más restringe el comercio: barreras para abrir nuevos establecimientos, horarios restrictivos, más impuestos específicos  y excesiva regulación autonómica.

¿Cuál es el problema de que los servicios pesen más en España? Básicamente, que el empleo en los servicios es más precario, está peor pagado y es más vulnerable. En los servicios se concentran el 71,7% de todos los contratos temporales (la cuarta parte ya, por menos de una semana de duración) y el 83,5% de todos los subempleados (los españoles que trabajan por horas porque no encuentran trabajos a tiempo completo). Y en consecuencia, el empleo en los servicios está peor pagado: el sueldo medio bruto en la hostelería es de 14.125 euros anuales (827 euros netos en 14 pagas), de 16.139 euros brutos en las actividades administrativas, de 19.781 euros brutos en el comercio y  de 22.289 euros brutos en la educación, frente a un sueldo medio en España de 23.156 euros brutos, un sueldo de 50.992 euros brutos en la energía (3,6 veces el de la hostelería) y 42.684 euros brutos en la banca y los seguros (el triple de lo que gana un camarero), según la encuesta de salarios del INE.

Además, los empleos en los servicios son más vulnerables, porque muchos son empleos de temporada (vinculados al verano, la temporada turística o las rebajas) y además son muy sensibles a la coyuntura, a los vaivenes del consumo y se destruyen con la misma facilidad que se crean, son menos estables que en la industria. Y encima, el sector servicios está más formado por empresas pequeñas, que tienen más difícil financiarse, vender y competir que las grandes: el 81,9% del comercio son empresas con 2 asalariados o menos y lo mismo en la hostelería, donde el 70,7% de los establecimientos tienen 2 empleados o menos.

Otro hándicap de los servicios es que son empleos que requieren poca formación y poca tecnología, con lo que aportan menos valor añadido, menos riqueza y poca productividad a la economía. De hecho, España está a la cola de Europa en productividad (ocupa el puesto 34 en el mundo, según el ranking del Foro Económico Mundial)  y uno de los factores es el mayor peso de los servicios de poco valor añadido, junto al menos peso de la industria y la tecnología, el mayor peso de las pymes y la escasa innovación.

Además, un factor clave es que las empresas del sector servicios sobreviven menos que el resto, “mueren” antes. Si la tasa de supervivencia de las empresas españolas es ya de las más bajas de la OCDE (a los 5 años sólo sobreviven el 40%), es menor aún entre las empresas del sector servicios. De hecho, de las empresas activas con menos de 2 años de antigüedad, el 26,8% se encuentran en la hostelería, el 19,9% en el comercio y el 22,2% en el resto de los servicios, mientras sólo un 12,9% son empresas industriales.

En definitiva, que el gran peso de los servicios explica en buena medida que España sea un país con empleo tan precario, con bajos sueldos, baja productividad y empresas que desaparecen en pocos años. Por eso, si queremos construir una economía más competitiva y que cree más riqueza y empleo, hay que apostar más por la industria y menos por los servicios. Sobre todo porque el peso de la industria no se recupera apenas y está por debajo de la media europea: aporta el 13,06% del PIB (2017), frente al 17% de la zona euro, el 15,3% de Reino Unido,  el 17,2% de Francia, el 23,4% de Italia o el 24% de peso de la industria en Alemania, según los datos de Eurostat (2017).

La ventaja del empleo industrial es que es un empleo menos precario, mejor pagado (26.698 euros de sueldo bruto frente a 14.125 euros brutos en la hostelería y 19.781 euros brutos en el comercio, según el INE) y más estable frente a las crisis, además de que produce más valor añadido y contribuye a la exportación (muchos servicios no). Por eso, la Comisión Europea ha lanzado el objetivo del 20% en 2020: que la industria europea aporte el 20% de la riqueza (del PIB) en el año 2020, un objetivo que ya han superado algunos países pero que parece muy difícil de conseguir para España.

La industria española tiene una serie de debilidades estructurales, señaladas en un reciente documento de CCOO. La primera, el reducido peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentaria, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en una menor productividad y competitividad. La segunda, el elevado peso de las pymes: sólo el 15% de las empresas industriales españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las alemanas. Y ese menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor acceso al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, derivado de la baja inversión empresarial en tecnología (invierten la mitad que las empresas europeas: un 0,64% del PIB frente al 1,07% en la UE-28) y de los recortes de la inversión pública en Ciencia (es del 1,23% del PIB frente al 2,02% de la UE-28). La cuarta debilidad es la falta de financiación de la industria: los grandes inversores y la banca han “huido” de la industria, a los bonos y la especulación inmobiliaria. Y hay un quinto “hándicap”, la geografía: nuestras industrias están a 2.300 kilómetros de los mercados del centro de Europa, aunque están bien situadas como “puente” frente a América y África.

Todavía hay otras 2 debilidades muy importantes. Una, que las industrias españolas pagan la electricidad mucho más cara que la europea, lo que les resta competitividad: el precio del kilowatio industrial era de 0,083 euros en 2017 (sin impuestos), un 20,3% más caro que en la UE-28, un 29,7% más caro que en Alemania (0,064 euros/kw) y un 40,7% más caro que en Francia (0,059 euros/kw), según datos del Ministerio de Energía. Y la otra, que la industria española cuenta con una mano de obra poco formada: el 41,7% de los adultos españoles tienen una formación baja (la ESO o ni siquiera) frente al 22% en la OCDE y el 20% en Europa (15% en Alemania) y otro 22,6% tienen una formación media (Bachillerato o FP), frente al 44% en la OCDE y el 46% de adultos en Europa, según los preocupantes datos del informe de la OCDE “Panorama de la educación 2017”.

Eso sí, la industria española tiene una gran ventaja comparativa, con la que han estado jugando las empresas estos años: sueldos mucho más bajos. En todos los sectores, pero comparativamente menos en la industria: el coste por hora trabajada en España era de 23,3 euros en 2017, un 43% menos que el coste salarial en la industria de la zona euro (33,40 euros/hora) y un 17,6% que en la UE-28, según Eurostat. Y la diferencia salarial es aún mayor con Alemania (40,2 euros/hora sueldos en la industria, un 72,5% más que en España) y Francia (38,8 euros/hora, un 66,5% más), así como con Italia (27,8 euros/hora) y Reino Unido (24,2 euros/hora). Así que son los trabajadores, con sus bajos salarios, los que compensan en parte las debilidades y “hándicaps” de la industria española.

Si queremos un país que cree más riqueza, más competitivo y con un empleo más estable, hay que apostar por la industria y las nuevas tecnologías más que por los servicios. De hecho, en noviembre de 2016 ya sucedió en España algo inaudito: los sindicatos y las principales patronales firmaron un Pacto de Estado por la Industria, un acuerdo donde se pedían una serie de medidas para impulsar la industria en España: más apoyo a la tecnología y a la innovación, otra política energética, ayudas a la internacionalización de las empresas, más financiación, mejora de las infraestructuras y el transporte, políticas activas de formación, menos dispersión normativa en las autonomías y más ayudas fiscales a la industria. Y que el Gobierno crease una Secretaría de Estado de Industria, como motor de la reindustrialización. 

Ha pasado un año y medio y el Gobierno Rajoy no tomó ninguna medida para reindustrializar España, salvo desmantelar el anterior Ministerio de Industria y pasar las competencias al de Economía, como una secretaría general (ver organigrama). Y no se apoya a la Ciencia ni se recorta el coste de la electricidad industrial ni se asegura financiación. El ya ex presidente Rajoy ha seguido con la vieja política de la derecha conservadora: “la mejor política industrial es la que no existe”. Y mientras, siguen creciendo cada día los bares, hoteles y tiendas, que cierran al poco tiempo, como motor de una recuperación de base muy débil. Y así nos va, con un país muy precario y muy desigual. No podemos seguir apostando a ser “la California de Europa”. 


Hay que cambiar de modelo productivo, apostar por la industria, la tecnología y la innovación, por un crecimiento y un empleo más sólido y estable. Una tarea a 20 años vista, pero que hay que empezar ya. Un buen punto de partida puede ser haber recuperado hoy el Ministerio de Industria y que el presidente Sánchez haya apostado explícitamente por "visibilizar la potencia industrial de nuestro país" en su primera aparición ayer, al presentar su Gobierno. Falta seguir por ahí en los próximos meses y que le dejen.

Renta 2018: ya pagamos más que en 2007

Otro año más, toca hacer la declaración de la Renta en junio, aunque sólo a 1 de cada 4 contribuyentes les sale a pagar, porque al resto ya les retuvieron de más el año pasado. El IRPF es el impuesto más importante, pero pagamos más cada día con otros impuestos sin darnos cuenta, como el IVA, carburantes o tasas. Eso sí, la Renta es el impuesto cuya recaudación más crece y ya pagamos más que antes de la crisis, mientras las empresas pagan la mitad que en 2007. El problema del IRPF es triple. Primero, recauda menos que en Europa  porque hay demasiadas  deducciones, que sólo benefician a algunos. Segundo, hay demasiadas diferencias al pagarlo,  según donde uno viva. Y tercero, el IRPF ayuda poco a reducir las desigualdades, porque los más ricos apenas pagan y se buscan otras vías para ahorrarse impuestos. Ahora que se cumplen 40 años del IRPF, habría que pactar una reforma fiscal más justa y que recaude más. Debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno. 

enrique ortega

Este 2018 se cumplen 40 años de la reforma fiscal aprobada en septiembre de 1978 por el Gobierno de UCD, un largo camino de recelos, campañas (“Hacienda somos todos”) y multas ejemplares (Lola Flores) que ha conseguido que los españoles paguemos impuestos como los demás europeos, pasando de 5 millones de declaraciones en 1979 a 10 millones en 1990, 15 millones en 1998 y las 19.945.359 declaraciones que se esperan este año 2018. De ellas, sólo una cuarta parte (5.246.011) son de contribuyentes que van a ingresar, porque los 14,7 millones restantes ya pagaron de más el año pasado (con las retenciones en sueldos y pensiones) y les sale negativa o con derecho a devolución (13,7 millones de contribuyentes). Este año, por primera vez, Hacienda devuelve menos (9.468 millones) de lo que va a ingresar con los contribuyentes a los que les sale positiva (pagarán 9.621 millones).

El Impuesto sobre la Renta, el IRPF, es el principal impuesto en España y recaudó 77.038 millones de euros en 2017, casi un tercio de toda la recaudación fiscal (198.100 millones), por delante de lo que pagamos con el IVA (63.647 millones) y los impuestos especiales a carburantes, tabaco y alcohol (20.308 millones). Y tras las subidas de impuestos aprobadas por Rajoy en 2012 (no compensadas por las rebajas fiscales de 2015 y 2016), el IRPF ya recauda más que antes de la crisis: 77.038 millones en 2017 frente a 72.614 millones recaudados en 2007. Algo que también pasa con el IVA (63.647 millones frente a 55.851 en 2007) y con los impuestos especiales (20.308 millones frente a 19.786 en 2007), pero no en el impuesto de sociedades, que pagan las empresas: sólo se recaudó 23.143 millones en 2017, casi la mitad de los 44.823 millones recaudados en 2007. Y eso que los beneficios de las empresas españolas son ahora 98.680 millones más que en 2008, según los datos del INE.

Este año no hay grandes cambios en el IRPF, que mantiene las rebajas fiscales hechas en 2015 y 2016 (tras las fuertes subidas de 2012, 2013 y 2014). Eso sí, Hacienda sigue sin descontar el efecto de la inflación a lo que ganamos, lo que supone una penalización de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según los técnicos de Hacienda. Los principales cambios se dan en algunas autonomías, que han modificado mínimos exentos o deducciones, en medio de un enorme galimatías fiscal, que hace que haya 17 declaraciones de la renta distintas, según donde uno vida.

Cada autonomía tiene sus tipos, tramos y deducciones. El Gobierno central fija un tipo estatal del IRPF (del 9,50 al 22,50%) y luego se le suma el tipo autonómico, que va del 9,5 al 25,50%. Y así, sumando los dos tramos del IRPF sale el tipo a pagar, del 19% mínimo (hasta 12.450 euros) a un máximo del 48% (para más de 60.000 euros). Eso configura tres zonas fiscales, según el estudio de los economistas fiscales (REAF). Una, la España donde se paga más IRPF: Cataluña (21,5% mínimo y 48% máximo), Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias, (19,5% mínimo y 48% máximo). Dos, la España intermedia: Aragón (19,5% y 47,5%), Murcia (19,5% y 46%), Baleares y Extremadura (19% y 47,5%) y Canarias (19% y 46,5%). Y tres, la España con el IRPF más bajo: Madrid (19% y 43,5% máximo), Castilla y León (19% y 44%), Galicia y Castilla la Mancha (19% y 45% máximo).

Estas diferencias de tipos, más los diferentes tramos y deducciones, hacen que en la práctica paguemos más o menos IRPF según donde vivamos. Así, los que ganan menos de 32.000 euros al año (el 83% de los contribuyentes), donde más pagan es en Cataluña: 273 euros más IRPF que en Madrid  para alguien que gane 30.000 euros al año, según los cálculos de los economistas fiscales (REAF). Los que ganan entre 35.000 y 80.000 euros al año, donde más pagan es en Extremadura: paga 853 euros más en Badajoz que en Madrid un contribuyente que gane 60.000 euros. Y los más ricos, los que declaran más de 90.000 euros anuales, donde más pagan es en la Comunidad Valenciana: alguien que gane 600.000 euros paga en Valencia 24.263 euros más que en Madrid, la autonomía donde se paga menos IRPF, para todos los niveles de ingresos. En general, junto a Cataluña, Aragón, Andalucía y Murcia son las autonomías donde los contribuyentes de todos los niveles de ingresos pagan en el IRPF por encima de la media española, según el REAF.

Otro impuesto que se paga ahora es el impuesto sobre el patrimonio, una declaración que sólo tienen que presentar los contribuyentes con más de 800.000 euros de patrimonio (no se tienen en cuenta hasta 300.000 euros de vivienda habitual), por lo que se esperan este año 201.000 declaraciones, que pagarán 1.055 millones a Hacienda. Aquí también hay grandes diferencias entre autonomías, porque algunas bonifican el pago (en Madrid no se paga nada por el patrimonio y en la Rioja sólo el 25%) y varían las deducciones y mínimos exentos. Con ello, un contribuyente que tenga 4 millones de patrimonio, no paga nada en Madrid, 9.136 euros en la Rioja, 36.546 euros en Castilla y León, 41.943 euros en Cataluña  y 59.919 euros en Extremadura, según el estudio de los economistas fiscales (REAF).

¿Quién paga más y menos en el IRPF? En principio, se trata del único impuesto “progresivo”, que se paga según lo que uno gane, a diferencia de los impuestos indirectos, como el IVA, los impuestos especiales y las tasas, que los pagan igual los ricos que los pobres. Pero en la Renta, la progresividad se da más en las rentas bajas, que pagan comparativamente menos que el resto. Así, los que declaran ganar menos de 21.000 euros (el 66,9% de todos los contribuyentes) pagan el 16,1% de cuota íntegra cuando su base liquidable es el 31,7% (pagan menos de lo que corresponde a sus ingresos), según Hacienda. Pero las rentas medias, entre 21.000 y 60.000 euros (el 30% de los contribuyentes) pagan el 49,8% de cuota cuando tienen una base liquidable del 49,4 por 100. Es decir, no hay ajustes, no pagan comparativamente más de lo que ingresan. Y luego, los que ganan entre 60.000 y 120.000 euros (2,6% contribuyentes), pagan un 16,4% de cuota cuando su base liquidable supone un 10,5% del total, o sea pagan más y aquí el impuesto si es progresivo. Y lo mismo entre los que ganan más de 120.000 euros (un 0,6% de los contribuyentes), que pagan el 14,7% del impuesto cuando su base liquidable es el 7,9%. En definitiva, que el impuesto debería gravar más a los que ingresan entre 21.000 y 60.000 euros.

Al final, todos creemos que pagamos demasiados impuestos, pero en España se paga menos IRPF que en la mayoría de Europa. En concreto, España es el tercer país europeo con menos presión fiscal sobre los trabajadores (pagamos el 21,1%, entre impuestos y cotizaciones sociales), tras Irlanda (19,4%) y Estonia), según la OCDE. Y si tomamos sólo los impuestos sobre salarios, estamos también a la cola de Europa. Los solteros pagan una media del 14,7% de sus ingresos, frente al 16,8% que pagan de media en la UE-22 y el 15,7% en la OCDE (34 países). Y los casados con dos hijos (con ingresos de los dos cónyuges) pagan en España impuestos del 10,7% de sus ingresos frente al 12,5% de media en la UE-22, el 12,3% en la OCDE (34 países), el 11,1% en Francia o Alemania, el 12,8% en Reino Unido y el 15,1% en Italia, según el informe de la OCDE “Taxing Wages 2018”.

Por todo ello, España es el tercer país europeo que menos ingresa por IRPF (aunque nos duela pagarlo cada año), sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% del PIB de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque paguemos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, hasta el 48%, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchas deducciones fiscales (familias, vivienda, planes de pensiones, inversiones…) que restan importantes ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Y la mayoría benefician sólo a unos pocos contribuyentes.

Precisamente, otra crítica al IRPF, además de que recauda poco y que no es suficientemente progresivo (las rentas medias deberían pagar más), es que no sirve para corregir las desigualdades: en España, los impuestos (y casi en exclusiva el IRPF) sólo reducen un 2,9% las desigualdades de renta, según otro estudio de Fedea. Lo que sí funciona para corregir las desigualdades (las reducen un 28,9%) son las prestaciones públicas: pensiones (lo que más, el 80% del total), prestaciones por desempleo, asistencia social y ayudas familiares. Y cuanto menor es la renta de las familias, más importantes son las prestaciones públicas: al 20% de los hogares más pobres, las prestaciones sociales les suponen el 67,7% de los ingresos. El problema es que estas prestaciones públicas se han recortado desde 2010 y el Gobierno Rajoy pretendía recortarlas aún más (del 16,89% del PIB en 2016 al 15,91% para 2020), lo que va a dificultar aún más corregir las desigualdades que no corrige el IRPF.

Aunque paguemos menos impuestos que otros países, las familias son las que cargan con la mayoría de los impuestos: el 83% de toda la recaudación la aportan las familias (con el IRPF, el IVA y los demás impuestos) y las empresas e inversores sólo aportan el 17% restante, según os datos de Hacienda. Por eso, si hay que recaudar más, tendrán que pagar más impuestos los que ahora pagan menos, en especial las grandes empresas (sólo pagan el 7,3% de sus beneficios), las multinacionales y los más ricos, que pagan pocos impuestos por otras vías que on son el IRPF (SICAV, empresas interpuestas y paraísos fiscales).

Hace poco comentaba en este blog que el problema nº 1 de España es que recaudamos menos que Europa: el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que si España recaudara como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año (o 91.929 millones más si recaudáramos como la media de los 19 países del euro donde estamos). Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

Para recaudar más, también en el IRPF, pero sobre todo en Sociedades, IVA, impuestos especiales y Patrimonio, hace falta una reforma fiscal profunda, como la de 1978, que busque recaudar más de una forma más justa, haciendo que paguen más los que hoy pagan menos (“legalmente”). Y eso requiere cambios legales y más medios, porque Hacienda sólo cuenta con 1 inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania.  Esa debería ser la gran tarea y no bajar los impuestos, como pretenden Ciudadanos y el PP, que no quieren forzar a los más poderosos a pagar más. Aunque dejan la herencia de sus Presupuestos 2018, esperemos que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no baje los impuestos futuros, sino que suba algunos, para recaudar más y poder así financiar mejor las pensiones, el Estado del Bienestar y las inversiones públicas necesarias.

Ahora que estamos agobiados por la declaración de la Renta, pensemos que es hora de repartir mejor los esfuerzos, reducir el fraude fiscal y conseguir más ingresos para modernizar España y conseguir un país menos desigual y más justo. Los impuestos son la clave, la mejor herramienta para hacerlo. Esa debería ser una de las prioridades económicas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Porque si no consigue recaudar más, serán pocas las mejoras sociales, económicas y políticas que pueda hacer.