jueves, 12 de abril de 2018

Europa nos suspende en innovación


La Comisión Europea acaba de examinar a España y sus notas no son buenas: la productividad es “demasiado pobre” y una causa básica es que tenemos poca innovación: nos colocan como el país nº 17 en tecnología en la UE-28, más lejos de la media europea que en 2008. Y lo achacan a los recortes en Ciencia, 21.728 millones desde 2009, a que España gasta la mitad en tecnología que la media europea y además gasta mal, con mucha burocracia y demasiados créditos que no se gastan: España sólo gastó el 30% del Presupuesto para  Ciencia de 2017. Ahora, para 2018, el Gobierno presume de que va a gastar 531 millones más, pero la mayoría son créditos que tampoco se gastarán. Urge un Pacto por la Ciencia, para que la recuperación llegue a la tecnología y sentemos las bases de una economía más competitiva y que cree empleo más estable. Apostar de verdad por la Ciencia, con dinero, medios e investigadores, como pasaporte para el futuro. Menos cemento y más conocimiento.


enrique ortega


España produjo en 2017 por valor de 1.163.652 millones de euros, la mitad que Francia (2.287.603 millones) y la tercera parte que Alemania (3.263.350 millones de euros de PIB). Teniendo en cuenta la diferente población (46,56 millones en España frente a 65,20 en Francia y 81,36 millones en Alemania), podemos homogeneizar los datos con la producción por habitante en 2017: 24.993 euros per cápita en España, 35.086 euros en Francia y 40.110 euros por habitante en Alemania. A lo claro: los españoles somos un 29,8% menos productivos que los franceses y un 37,7% menos productivos que los alemanes. Y no sólo que ellos. Aunque España es la 5ª economía más grande de Europa, ocupamos el puesto 14º en el ranking de productividad europeo: producen más que nosotros, por habitante, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia y hasta Malta, según Eurostat.

La Comisión Europea, en su último informe sobre España 2018 (7 marzo) señalaba “los tres culpables” de que España tenga menos productividad que la mitad de Europa: la baja formación de los adultos españoles, la elevada precariedad laboral y la baja innovación tecnológica. Y aquí, las autoridades europeas colocan a España en el pelotón de países con innovación “moderada”, a la cola de la tecnología en Europa, sólo por delante de dos farolillos rojos (Bulgaria y Rumanía). Con ello, la Comisión Europea sitúa a España en el puesto 17 del ranking de innovación de la UE-28, encabezado por 6 países líderes en innovación, los más productivos y los más ricos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca). Luego les siguen otros 6 países con fuerte innovación (Austria, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Eslovenia) y llega el tercer grupo, de “innovación moderada”, donde España tiene por delante a República Checa, Portugal, Estonia y Lituania.

No es sólo que España (el país del “milagro económico” del que presume Rajoy), esté en el puesto 17 en el ranking europeo de innovación y tecnología. Es que además, es uno de los pocos que está peor hoy que antes de la crisis, según el índice de innovación de la UE: si en 2008 teníamos el 80,1% de la innovación media europea (UE-28), en 2016 teníamos el 78,3%. A peor. Y eso, básicamente, porque en estos años, España ha recortado su gasto en tecnología (un -9,1% entre 2009 y 2016) mientras Europa lo aumentaba un +27,4%, Reino Unido un +39,3%, Alemania un +37,9%, Francia un +13,6% e Italia un +12,5%, según Eurostat. Así, no debería extrañarnos luego que seamos menos productivos que ellos, más pobres y que tengamos el doble o el triple de paro.

El informe de la Comisión Europea resalta que España gasta en Ciencia (I+D+i) casi la mitad que Europa: un 1,19% del PIB en 2016, frente al 2,03% la UE-28, con lo que el esfuerzo tecnológico de España, que llegó a un máximo en 2009 (1,39% del PIB, más cerca del 1,93% de la UE entonces) se ha perdido y estamos en los niveles de inversión en Ciencia de 2007. Diez años perdidos. Y esa caída nos ha retrasado aún más de los países punteros en tecnología: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (3,09%) o Alemania (2,94%). De hecho, 20 de los 28 países UE gastan más en tecnología que España. Y sólo hay 7 países europeos que gasten porcentualmente menos en Ciencia que España (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania). Así nos va.

La caída drástica del gasto en Ciencia desde 2009 se debe sobre todo a los recortes en los fondos públicos para investigación (I+D+i), que suponen el 45% del gasto total: se ha pasado de 9.673 millones de gasto en 2009 a 6.513 millones en el Presupuesto 2017. Un recorte del 32,66 %, de un tercio del gasto. El sector estima que en estos 8 años de ajuste, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones de euros, según la COSCE, más de dos años íntegros de Presupuesto de la Ciencia. De ellos, -1.509 millones se deben a la “tijera” de Zapatero (recortes de 2010 y 2011) y -20.219 millones a la “tijera” de Rajoy, entre 2012 y 2014, ya que en los tres últimos años ha subido algo el Presupuesto para Ciencia (367 millones).

Pero este es el recorte “visible”, porque hay además otro recorte “invisible”, derivado de un hecho preocupante: los Presupuestos de Ciencia que se aprueban no se gastan. Esto ya pasaba antes (en 2008 no se gastó el 19,7% del Presupuesto y en 2011, el 42,4%), pero se ha agravado con el Gobierno Rajoy: en 2015 no se gastó el 48,10% del Presupuesto, en 2016 el 61,8% y en 2017… el 70,3% de lo presupuestado, según acaba de denunciar la COSCE con datos de Hacienda. O sea que además de destinarse poco dinero a Ciencia, 7 de cada 10 euros no se gastan. Y eso porque el Gobierno Rajoy ha utilizado “un truco contable” para “hacer que gasta” en Ciencia: más de la mitad del Presupuesto (el 59,45% en 2017) lo destina a créditos, que luego no se acaban pidiendo y no se gastan. Parece que “hay dinero para la Ciencia”, pero no es verdad, porque los organismos investigadores y las Universidades no piden esos créditos, porque no pueden endeudarse (no tienen recursos para devolverlos y además Hacienda no les deja aumentar su deuda). Resultado: entre 2009 y 2017 no se han gastado 20.950 millones en Ciencia que estaban presupuestados.

En total, entre el recorte real y el "invisible" (lo presupuestado y no gastado), la Ciencia ha perdido 42.678 millones entre 2009 y 2016, el gasto de 5 años. Y eso es sólo el dinero público, porque la Ciencia ha sufrido también los recortes de las empresas privadas, que suponen casi la mitad de la inversión total en tecnología: si en 2008 las empresas gastaban en tecnología 8.073 millones, en 2016 gastaron 7.125 millones, un 11,7% menos, según el INE. Lo más preocupante no es que las empresas españolas  inviertan menos sino que cargan con una parte pequeña de la inversión total en tecnología: gastan el 0,64% del PIB, la mitad que las empresas europeas (que invierten en Ciencia el 1,32% del PIB), según alerta la Comisión Europea. Y además, esa inversión tecnológica se concentra en España en las pymes (48%) y no en las grandes empresas, que son las que más deberían investigar: en España concentran sólo el 52% del gasto tecnológico empresarial, frente al 80% en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% de la inversión empresarial en Alemania, según un informe de la Fundación COTEC. Y otro problema muy preocupante: un tercio de las empresas españolas que invertían en I+D+i en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 de las 15.000 empresas que invertían).

Con este panorama, parece difícil que España cumpla el objetivo europeo de gastar en Ciencia el 2% del PIB en 2020 (gastamos el 1,19% en 2016): el informe 2018 de la Comisión Europea dice textualmente que es “poco probable”. El Gobierno Rajoy dice que sí, pero en las previsiones enviadas a Bruselas vuelve a hacer “trampa”: apenas sube el porcentaje de gasto de la Administración pública (del 0,22% del PIB en 2016 al 0,25% en 2020), pide un mayor esfuerzo a las Universidades (del 0,33 al 0,46) y le deja la mayor parte de la responsabilidad de cumplir con Bruselas a las empresas (que deben pasar de invertir en Ciencia el 0,64% del PIB en 2016 al 1,30% que les “adjudican” en 2020). Que cumplan otros.

Y en su parte, el dinero público para Ciencia, vuelven a presumir de que en el recién presentado Presupuesto 2018 hay 531 millones más para Ciencia (una “miseria” tras los 21.728 millones recortados antes). Pero otra vez hay “trampas”. El 58,7% del Presupuesto para Ciencia en 2018 (7.044 entre investigación civil y militar) son otra vez créditos y la Fundación COTEC ya ha anticipado que puede que este año se gaste aún menos del 30% del Presupuesto gastado en 2017, por problemas de gestión y burocracia. Así que hay más dinero para la Ciencia pero no se gastará, otro año más.

La Comisión Europea, en su informe sobre España 2018, critica estos recortes y el sistema de créditos, planteando que deberían reducirse y aumentar las subvenciones. Pero además, las autoridades comunitarias resaltan en ese informe otras debilidades de la Ciencia en España, además de la falta de recursos: baja digitalización de las pymes, carencia de capacidades digitales de muchos trabajadores españoles, falta de capital riesgo para la investigación, poca eficacia de los incentivos fiscales a la investigación, falta de evaluación sistemática del gasto en Ciencia (auditorías), pocos investigadores y con carreras precarias, escasa presencia de doctorandos extranjeros y una deficiente coordinación en las políticas de investigación entre el Estado central, las autonomías, las Universidades y los centros privados.

Los investigadores españoles destacan dos bloques de problemas, además de la falta de recursos: las plantillas y la burocracia. En el tema del personal, no sólo preocupa la pérdida de investigadores en estos años de recortes (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), sino también que las plantillas son muy precarias (con un tercio  de temporales) y están envejecidas, mientras no se cubren apenas  jubilaciones ni vuelven los investigadores emigrados (se estima que hay entre 15.000 y 20.000 fuera de España). Pero lo que más preocupa últimamente es la enorme burocracia, que complica mucho el trabajo de los investigadores, sobre todo desde que en 2014, Hacienda metió a un inspector para fiscalizar las cuentas en cada Centro (“La Ciencia está intervenida de facto por Hacienda”, se quejan). El resultado es que ahora, contratar a un científico puede tardar un año o más y comprar material de 3 a 6 meses. Y todo son pegas y retrasos, máxime cuando llevamos dos años con Presupuestos prorrogados  (se limita el gasto al 50% hasta que el Presupuesto se apruebe finalmente).

Los investigadores se quejan y se manifiestan cada día y dicen que la situación de la Ciencia es insostenible, asfixiada por la falta de recursos y el exceso de burocracia. Ayer 11 de abril, presentaron en el Congreso un escrito apoyado por 275.000 firmas, y urgen que se aplique el Pacto por la Ciencia, firmado en diciembre de 2013 por todos los grupos políticos salvo el PP. Hay que ponerlo en marcha en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia y reformas para gastarlos mejor, en línea con lo que plantea Bruselas.

El primer objetivo debería ser volver al nivel de gasto en Ciencia de 2009, gastar un 2% del PIB para 2020, lo que supondría gastar 1.000 millones de euros más en cada uno de estos tres próximos Presupuestos (no 531 millones). Pero gastarlos de verdad, cambiando créditos que no se piden por subvenciones, como ya propuso la OCDE en marzo de 2017. Y además, reformar el sistema de ayudas e incentivos fiscales a las empresas, para que gasten de verdad en tecnología, sobre todo las grandes empresas que llevan tres años con una mejora importante de beneficios. Tienen que entender que han de competir desarrollando productos con calidad e innovación, no pagando los salarios más bajos de Europa.

Y el otro frente de actuación debería ser hacer reformas de fondo para gastar mejor, con más eficiencia. La Comisión Europea y la OCDE dan la razón a los investigadores españoles, que se quejan de que el Gobierno Rajoy, para recortar el déficit, ha sumido a la Ciencia en una compleja burocracia, dejando una mínima flexibilidad para contratar personal, invertir y desarrollar proyectos, sumiendo en la precariedad a los investigadores. Y mientras se acrecienta el “control de legalidad”, se avanza poco en evaluaciones sistemáticas y falta coordinación entre el Estado central y las autonomías (hay enormes diferencias de gasto en Ciencia, desde el 1,89% del PIB en el País Vasco al 0,33% en Baleares) y entre los centros públicos y privados, con escasa investigación en las empresas, preocupadas por otras cosas.

Todo el mundo habla y presume de recuperación, pero no llega a la Ciencia, a pesar de que la escasa innovación y tecnología es uno de los culpables de que España sea menos productiva, más pobre y tenga menos gente trabajando. No valen “parches” como el del Presupuesto 2018. Hay que volcarse a tope con la Ciencia, con recursos, medios, personal y flexibilidad, para que mejore la eficacia de la economía y seamos más competitivos. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte al futuro, a una vida mejor. Hay que recuperar una década perdida, invertir más y esforzarse todos, sin banderas políticas, en ser un país más tecnológico. Harán falta una o dos décadas para conseguirlo. Pero debe ser una de nuestras prioridades ya. Menos cemento y más conocimiento.

lunes, 9 de abril de 2018

El reciclaje, otra asignatura pendiente


La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos”. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.


enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different”. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son “bombas de efectos retardados”, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.  

jueves, 5 de abril de 2018

Drones hasta en la sopa


Los drones se han multiplicado estos años y en 2017 se vendieron 3 millones en el mundo, la mayoría en EEUU y Asia. Y se espera que haya 44 millones de drones en 2025. Tienen múltiples aplicaciones: fumigar campos, controlar el tráfico, vigilar obras e instalaciones, controlar fuegos y fronteras, enviar paquetes o rodar películas. Y pronto generarán miles de empresas. Hasta ahora, la regulación era muy restrictiva, pero la Comisión Europea ha preparado una norma que entrará en vigor en 2019. El Gobierno Rajoy se ha adelantado y aprobó en diciembre una regulación de los drones y en marzo un Plan estratégico que pretende multiplicarlos por 12 para 2035. Ya somos el 3º país europeo con más operadores de drones (3.754), algunos entre los mejores del mundo. El objetivo es crear una industria potente, que puede dar trabajo a muchos jóvenes: el título de piloto se sacará en las autoescuelas. Habrá que aportar recursos públicos (no hay) y controlar el imparable “boom” de los drones, por seguridad y privacidad. Pero está claro: los drones coparán nuestra vida.


enrique ortega a partir de Alfred Hitchcock

Los drones, esos aparatos que vuelan por control remoto, empezaron como tecnología militar pero en esta década se han desarrollado y multiplicado, sobre todo desde  2012, generando nuevos prototipos y miles de empresas, en EEUU, China, Japón, Corea y Francia. En 2017 se vendieron en el mundo 3 millones de drones, un 35% más que en 2016, generando un negocio de 6.000 millones de dólares, según la consultora Gatner. De ellos, la mayoría son drones que compran particulares (2,8 millones), para jugar con ellos, pero crecen los drones para profesionales (200.000 vendidos en 2017), el mercado con más futuro, sobre todo en EEUU, Asia y Europa. Ahora se espera que los drones crezcan con mucha más rapidez y que en 2015 haya 44,3 millones de drones pequeños surcando los cielos y generando un negocio de 85.000 millones de dólares, según la consultora eMarket.org.

Los drones se han multiplicado en estos últimos 5 años porque sus aplicaciones son casi infinitas: fotografía aérea y cartografía, control de obras e instalaciones, energía (electricidad, petróleo y gas) , minería, agricultura (en Japón, el 40% de los cultivos de arroz se fumigan con drones), seguridad y control de tráfico, envío de paquetes, medicina (envío de medicamentos en África), salvamento, control de incendios, medio ambiente (hay drones que “siembran nubes”), cine (desde “Skyfall” en 2012, con James Bond a la última película hecha toda con drones: “In the Robot Skies”) o espectáculos musicales (concierto de Lady Gaga en la Super Bowl de 2017). Y también se investiga en el transporte aéreo (“drones taxi”) y en drones acuáticos (barcos y mini submarinos que combatan la contaminación marina). En España, cada vez hay más empresas e instituciones que utilizan drones: las eléctricas (para controlar tendidos y molinos eólicos), Repsol (plataformas), Correos (envío paquetes zonas rurales), Policía Nacional y Mossos d´Escuadra (vigilan con drones infraestructuras alejadas), Tráfico (usará 5 drones para controlar el tráfico en 2019), vigilancia y control de incendios…

La industria de fabricación de dones, unas 700 empresas en el mundo, se concentra en Asia, básicamente en China, Japón y Corea, junto a EEUU y Francia. El gigante de los drones es la empresa china DJI y sus Phantom, que vende el 70% de los drones del mundo, con más de 1.000 millones de dólares de facturación. Le siguen de lejos la norteamericana 3D Robotics y la empresa francesa Parrot, seguidas de Insitu (USA), Ehang (China), Aeryon (Canadá), Yunee (China), Sense Fly (Suiza) y MapBox (USA), según el ranking de droneii.com.

Pero el principal negocio de los drones no está en fabricarlos, sino en adaptarlos para que realicen múltiples tareas, con un software ad hoc. Así han ido proliferando multitud de operadores de drones, que venden sus servicios a empresas e instituciones. Son miles en todo el mundo, aunque sólo hay una élite de 200 empresas que cuentan. Y cada día se producen fusiones, compras y cierres, en un mercado mundial supercompetitivo. Este ranking de operadores está liderado, según Droneii.com, por EEUU (con dos empresas, Zipline y Measure), Reino Unido (Cyberhawk) y… España, que cuenta con la cuarta mejor empresa operadora de drones del mundo y la primera en agricultura: Hemav Technology, una empresa catalana creada en 2012 por unos jóvenes ingenieros aeronáuticos, que tiene 100 drones y 100 empleados y consigue contratos por todo el mundo. Por detrás en el ranking le siguen operadores norteamericanos, británicos, franceses y japoneses.

Curiosamente, España está avanzada en el mundo de los drones: tiene 4.375 drones registrados y 3.754 operadores (particulares y más de 50 empresas), según datos de AESA, lo que nos sitúa en el 3º lugar en el ranking europeo de drones (hay 17.000 operadores en la UE), por detrás de Francia y Polonia (el primer país del mundo que reguló los drones, en 2013). La mitad de los operadores se concentra en Madrid, Cataluña y Andalucía y la mayoría de las empresas que prestan servicios con drones son muy pequeñas: 9 de cada 10 operadores realizan menos de 50 trabajos al año y el 78% facturan menos de 50.000 euros anuales. Casi todos los operadores de drones se concentran en tres tipos de trabajos para grandes empresas e instituciones: fotografía y cartografía aérea, observación y vigilancia e investigación y exploración, según los datos aportados por el 1º Barómetro 2016 elaborado por To Drone.

Hasta ahora, el mercado de drones tenía más empuje en EEUU y Asia porque allí se ha dado  más libertad a la utilización de drones, que en Europa están muy restringidos. Pero en juno de 2017, la Comisión Europea presentó un Plan para desarrollar los drones en Europa, el U-Espace, que ahora se debate y que entrará en vigor en 2019. El Plan se basa en 3 principios: registro obligatorio de operadores, identificación electrónica de los aparatos y seguridad incorporada en el software para impedir a los drones traspasar geobarreras virtuales. Con ello, las autoridades de la UE quieren impulsar una potente industria europea de drones, competitiva con EEUU y China, porque creen que es una tecnología con gran potencial: la Comisión Europea prevé que facture unos 15.000 millones de euros en 2035 y que genere 150.000 nuevos empleos en Europa hasta 2050.

Por una vez, el Gobierno Rajoy ha tomado la iniciativa y se ha adelantado a esta futura normativa europea, aprobando en diciembre de 2017 un Real Decreto que fija las normas para el uso de drones en España, siguiendo la filosofía apuntada en el Plan europeo U-Espace. Con ello, ahora “se abre la mano” a los drones y se les permite volar cerca de edificios y poblaciones y por la noche, todo ello prohibido hasta ahora. Eso sí, los drones tienen que estar registrados y los pilotos tener el título oficial, además de que han de presentar un estudio de seguridad del vuelo y contar con una autorización previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (que tiene 6 meses para darla). El temor de las empresas de drones es que sea “mucha burocracia” y al crecer los operadores se retrasen sus planes de vuelo y trabajo. Pero está claro que tiene que haber un control de los vuelos de drones, que cada uno no puede volar donde y cuando quiera, por problemas de seguridad y privacidad.

Después de aprobar la nueva normativa de drones, el Gobierno ha aprobado en marzo un Plan estratégico de drones 2018-2021, con un objetivo muy ambicioso: multiplicar por 12 el número de drones que vuelen en España, de los 4.375 actuales a 51.400 en 2035. Para conseguirlo, el Plan incluye cuatro ejes de actuación: una normativa más flexible (el Real Decreto ya aprobado y la futura normativa U-Space), fortalecer las empresas y su tecnología (se creará un Centro de investigación en drones, en colaboración con empresas y Universidades), mejorar el conocimiento del sector (gestión del conocimiento y divulgación) y coordinación entre Administraciones para asegurar la seguridad y privacidad. Eso sí, el Gobierno Rajoy no se ha comprometido con ninguna ayuda financiera al sector: el Plan nace sin Presupuesto y muchos se temen que pase como con la Ciencia y la innovación: que no tenga recursos. Máxime cuando las empresas se quejan de falta de financiación, tanto privada (“¿quiere un crédito para una empresa de drones…?”) como pública.

La idea, fomentar una industria española de drones competitiva, es buena, porque se trata de una tecnología no demasiado compleja, donde ya hay empresas españolas muy preparadas (como Hemav Technology) y puede crear negocio y empleo en unos años. De hecho, algunos ya han visto negocio en la formación de pilotos de drones y por toda España han crecido escuelas (hay 74 Centros reconocidos), que ofrecen el título como “una gran oportunidad de empleo para los jóvenes” (previo pago de 1.000 a 1.500 euros y 60 horas de formación). Incluso las autoescuelas han visto negocio y han firmado un acuerdo con la Fundación CNAE para ofrecer este verano cursos certificados de pilotos de drones por 900 euros (en EEUU hay 30.000 pilotos titulados de drones).

Los drones aparecen como un sector económico con gran futuro y muchas grandes empresas e instituciones, en todo el mundo y en España, han empezado a usarlos con regularidad. El Plan estratégico del Gobierno Rajoy pretende regular su utilización por fases, empezando con facilitar primero los usos más demandados (filmación topográfica, agricultura, obra civil, energía, minería y medio ambiente), para fomentar después su uso en telecomunicaciones, control de fronteras, seguridad, emergencias y ciudades inteligentes, dejando para el año 2030 el desarrollo de los drones más complejos: pequeña paquetería, aerotaxis y carga a largo alcance. Todo ello debe ir configurando un nuevo negocio, que podría facturar 127.300 millones de dólares al año en el mundo, según un informe de la consultora PWC: en infraestructuras (43,2 millones $), agricultura (32,4 millones), transportes (13), seguridad (10,2), información, cine y entretenimiento (8,8), telecomunicaciones (6,3) y minería (4,3 millones $). De hecho, grandes empresas del mundo, como Amazon, Google, Airbus o Intel están invirtiendo mucho en drones, que abren enormes posibilidades a sus negocios.

Pero los drones también suponen riesgos. Por un lado, la seguridad, que interfieran el tráfico aéreo o provoquen accidentes, además de los problemas de ciberseguridad (ataques con drones). Por eso, en la normativa europea y de los demás países se incluye la obligación de incorporar un software que impide su paso por las “geobarreras” que instalan los Gobiernos, aunque esto es relativo porque ya se ha creado una generación de “hackers de drones”. Y además, la existencia de miles de drones volando por encima de nuestras ciudades puede crear incomodidades y miedos a los ciudadanos. Otro problema puede ser la privacidad, ya que un pequeño dron puede introducirse en cualquier instalación o propiedad, con posibilidades de grabar y actuar. Todo ello va a llevar al desarrollo de una industria de seguros ligados a la operativa con drones, seguros que ya ofrece en España Mapfre y que abren un nuevo negocio asegurador, anticipado en este informe de Lloyd´s.

Así que apostemos por los drones, un nuevo sector económico que puede generar negocio y empleo en España, pero con garantías suficientes, para que la tecnología sea responsable y segura, lo que evitará el rechazo de los ciudadanos. Apostar por los drones no significa “vender” un Plan muy innovador, sino poner los medios para desarrollarlo, sobre todo con dinero público e investigadores. Que no pase como con la Ciencia en España, medio abandonada y sin recursos. Drones sí, pero con ayudas y apoyos de verdad.

lunes, 2 de abril de 2018

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018


Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.