Huelga 11-N: no sólo por la vivienda
Es una huelga “rara”. La propuso el Sindicato de
Inquilinos, tras el desalojo y muerte de Maricarmen, pero la relanzaron los
sindicatos: hartos de que la patronal no se haya sentado a negociar la subida salarial de 2026 y hasta
2028, vieron en la movilización por la vivienda una oportunidad para protestar
contra los bajos salarios, que se come la inflación,
y la precariedad laboral. Así, la huelga se convoca con 3 palabras:
salarios, vivienda, precios, por este orden. Salarios y
precios porque la alta inflación (4,9%) se come la menor subida
de convenios (+3,05%), mientras crecen los márgenes y beneficios
empresariales. Y vivienda, porque los alquileres e hipotecas se
llevan entre un tercio y la mitad de los salarios, más bajos que en Europa.
Además, muchas pymes no pueden pagar los alquileres de locales. Así que
la huelga intenta presionar a la patronal para que negocie y al futuro Gobierno
para que tome medidas sobre la vivienda. Pero la clave estará en el
voto de los españoles el 29-N. 
Así que la convocatoria de la huelga del 11-N no es
sólo por la vivienda. De hecho, en
el manifiesto de convocatoria se utilizan 3 palabras: salarios,
vivienda, precios, por este orden. Y se habla también de reducir
la jornada laboral a 37,5 horas (los sindicatos la pactaron con el Gobierno
en 2024, pero se
tumbó en el Congreso en septiembre de 2025, con los votos en contra de
Junts, PP, Vox y UPN), de reducir la precariedad laboral (hay casi 3
millones de trabajadores a tiempo parcial, 2,13 millones mujeres) y mejorar
la salud laboral (hay un exceso de bajas laborales por las listas de espera
en la sanidad pública y el aumento
de problemas de salud mental). Además, la huelga exige una mejora de
los servicios públicos, para garantizar la salud, la educación y el cuidado
de los trabajadores, que cada vez gastan más en pagarse servicios
privados. En definitiva, la
huelga va “contra
la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas”.
El primer punto de la convocatoria son los salarios. En
realidad se pretende desbloquear la negociación colectiva, dado
que la
patronal CEOE no ha querido sentarse con los sindicatos en todo el
año para negociar el VI Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC) 2026-2028 (el V AENC 2023-2025 se firmó en mayo de
2023). Los sindicatos UGT y CCOO llevan todo el año defendiendo unas subidas
salariales del 4% para 2026, 2027 y 2028 (en el V Acuerdo se pactó una
subida del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, que se han cumplido), más
una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube más de lo esperado
(ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía
salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo
interprofesional suba
el +7% en 2027, más de lo que va
a subirlo el Gobierno (+5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, 550 euros más
que en 2017 con Rajoy), otra vez sin
el apoyo de la patronal (sólo apoyó una, la de 2020, de las últimas 8
subidas anuales del SMI).
La patronal ni siquiera ha hecho una propuesta de
subida salarial para 2026-2028 y en los convenios que ha negociado este
año, la
subida media es del +3,05%, con lo que su idea es retrasar las
negociaciones del VI AENC y poner como tope de subida el 3%, aunque la
mayoría de los trabajadores están sin convenio o no lo han firmado: hasta
septiembre, sólo 923.000 empresas y 9.325.061 trabajadores tienen convenios
y subidas acordadas, menos de la mitad de los 19.675.400 asalariados. Y por
supuesto, no quieren oír hablar de reducir la jornada laboral (PP
y Vox, con Junts, ya lo bloquearon por ellos) ni de erradicar la
precariedad de muchos contratos (jóvenes, mujeres e inmigrantes) o mejorar
la salud física y mental de los trabajadores, mientras la mayoría de las
empresas reclaman dejar de pagar las bajas laborales y dar su control a
las Mutuas para reducir el absentismo, según
una encuesta de las Cámaras de Comercio, propuestas que la patronal CEOE
confía aprueben el PP y Vox si llegan al Gobierno y sobre lo que alertan
ahora los sindicatos.
La convocatoria de huelga reitera, con su 3ª palabra clave, precios,
el otro problema clave de los trabajadores en España: los altos precios,
una inflación que ya está en el 4,9% anual
y que “se come” sus salarios (que crecen el 3,05% en convenio y menos o
nada en muchas empresas). De momento, la pérdida de poder adquisitivo es del
-1,9% este año. Y se suma a la pérdida
de poder adquisitivo acumulada entre 2020 y 2025: -6,85% (la inflación
creció el 23,5% y los salarios de convenio subieron +16,65% en esos 6 años). Y
eso contrasta, según los sindicatos, con la mejora de los
márgenes empresariales y los beneficios estos años. Así, entre 2020 y
2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%,
mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye
cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una
tendencia recurrente desde el año 2.000: los beneficios netos de las
empresas se han multiplicado por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones, +170%),
según
este estudio de Funcas. También es clarificador lo sucedido en 2025:
el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.
Los sindicatos exigen en su convocatoria de huelga del 11-N que
el Gobierno controle y frene la subida de precios (y márgenes) en muchos
sectores, porque quien lo paga son las familias y los trabajadores, que
tienen muy difícil llegar a fin de mes con las subidas de alquileres e
hipotecas, carburantes, luz y alimentos (han subido +37,7% entre 2020 y
2025), además de las subidas en los transportes y los costes privados en la
sanidad, educación y los cuidados a la dependencia. De hecho, en 2025, la Encuesta de Presupuestos
Familiares (INE) reveló que casi la mitad de los españoles (el
45,9%) tienen dificultades para llegar a fin de mes: un 8,5% tienen “mucha”
dificultad, otro 12,1 % dificultad y un 25,3% más tienen “cierta” dificultad,
un panorama que ha mejorado poco desde 2019 (el 49,3% tenían algún tipo de dificultad).
Así que un fuerte componente de esta huelga del 11-N
son las peticiones para que mejore la situación económica de muchos
trabajadores, sobre todo los que tienen sueldos bajos, que sufren más la
inflación. El problema de fondo es que España está creciendo y compitiendo en
el mundo gracias a unos sueldos más bajos (somos “la China de
Europa”): el salario hora en España está en 19,5 euros/hora
frente a 26,2
euros de media en la UE-27,
36,3 en Paises Bajos, 34,5 en Alemania o 30 €/hora en Francia. Y dos tercios
de los trabajadores españoles (12,5 millones de asalariados) ganan menos
de 1.711 euros netos al mes (14 pagas), según
el INE. Por eso, porque el
64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, los sindicatos
exigen subir más del 4% (hasta el 7%) a los que menos ganan.
Y vamos a la tercera palabra clave de esta huelga, vivienda,
un problema que afecta a muchos españoles, pero especialmente a los que viven
de un sueldo, porque el coste de una hipoteca o un alquiler se come entre
el 30% y el 50% de los sueldos hoy, dado que la vivienda ha subido
mucho más que los salarios. Así, el precio medio de la vivienda para comprar
estaba en octubre en 2.995 euros/m2, según
Idealista, un +67.13% más cara que al comenzar 2020 (1.792 €/m2): una
subida que triplica la de los salarios (+19,62% estos 7 años). Y
si miramos los alquileres, que cuestan
una media de 15,1 euros/m2 (23,4 euros en Madrid y 20,5 en Barcelona), han
subido un +39,8% desde 2020 (10,8 euros), el doble que los salarios. Eso
dificulta mucho a inquilinos e hipotecados para llegar a fin de mes. E incluso,
ha provocado que 770.000
trabajadores con empleo se sumen a la cifra de trabajadores pobres:
3 millones de personas con empleo son “pobres” (ganan menos del 60%
que la media: 12.200 euros netos si están solteros y 25.660 las familias con 2
hijos).
Pero el problema de la vivienda no sólo afecta
gravemente a los jóvenes y a los trabajadores. También afecta a muchas
empresas, aunque la patronal diga que “esta
huelga no tiene sentido”. Por un
lado, hay muchos sectores, como el turismo, la hostelería o la construcción,
donde las
empresas se quejan de que no encuentran trabajadores en
muchos lugares (Madrid, Barcelona, Palma, Málaga y la costa española)
porque los altos alquileres disuaden a los que podrían trabajar allí. Algo que
también dificulta encontrar médicos, profesores y empleados públicos.
Además, los disparados alquileres están provocando graves
problemas a muchas pymes y autónomos que no pueden pagar las
subidas que les plantean de locales comerciales (bares, tiendas o librerías) y
naves industriales. De hecho, el
Banco de España ha dicho en su Informe Anual 2025 que “el problema de
la vivienda ha escalado y ya es una seria amenaza para el
crecimiento y la productividad de la economía”.
Así que la vivienda no sólo preocupa a los que pagan un
alquiler o una hipoteca, sino que está frenando la instalación de nuevas
empresas y la movilidad de los trabajadores, siendo ya “un embudo” para
el crecimiento y el empleo. Por eso, todo el mundo debería apoyar un
Pacto nacional por la vivienda, un gran acuerdo entre políticos, el
Estado, las autonomías y Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos
para conseguir más suelo urbanizable (hay
suelo, pero lo acaparan los especuladores y exige invertir para hacerlo
urbanizable o agilizar
su tramitación), más financiación pública y privada (los bancos, con
beneficios millonarios, deberían volcarse en financiar promociones), más
promociones públicas y privadas (también con ayudas a las cooperativas) y más
construcción, resolviendo
los problemas de falta de mano de obra formada y aumentando la
industrialización del sector, para que se tarde menos en construir (hasta 5
años y más, entre papeleo y obras).
Lo que está claro es que el origen del grave problema de la vivienda es la
falta de oferta (en 2025 se construyeron sólo 93.650
viviendas, con una media de 93.000 esta década y otras 99.000 en la
década de 2010, frente a 540.000 anuales entre 2000 y 2010) frente a una
demanda que crece, por el aumento de población (+3 millones de
habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada
año. Con ello, tenemos un déficit de 750.000 viviendas, que será de 1
millón en 2028, según
el Banco de España. El problema es que construir esas 750.000 viviendas costaría
entre 189.680 y 236.000 millones de euros, el 12% del PIB, un tremendo
esfuerzo inversor público y privado, que contrasta con la escasa inversión
actual (39.000 millones el sector privado y 11.000 millones las instituciones
públicas), entre 4,8 y 6,1 veces menos de lo necesario.
Pero la solución al problema de la vivienda no
pasa sólo por construir más. Muchos expertos coinciden en que eso
podría engordar la actual “burbuja especulativa”, alimentada por
considerar a la vivienda como “un activo para invertir” y no una
necesidad y un derecho. El temor de muchos es que si el PP y Vox llegan
al Gobierno, aprueben
una Ley del Suelo que permita construir en cualquier lugar, acelerando
la ola especulativa (como hizo Aznar con su Ley del suelo de 1998). Por
eso, además de construir más, hay que limitar las compras especulativas,
como ha
propuesto el president Illa en
Cataluña: se trataría de penalizar fiscalmente la compra
especulativa de viviendas, ayudando en paralelo a los que compran su primera
vivienda. Y en paralelo, hay que aumentar
el parque público de vivienda para alquiler, con más promociones y
compras de viviendas. Si no, podemos encontrarnos con que se construyen
200.000 viviendas y muchas familias y jóvenes no pueden comprar ni alquilar.
Además, es urgente actuar sobre los actuales alquileres, tratando
de contener su subida, no con topes de precios (apenas bajan: un
-2,2% en dos años en Cataluña, a costa de menos oferta) sino con acuerdos
con los propietarios no especuladores y poniendo límites a los grandes
tenedores, tanto empresas (tienen 1 millón de alquileres) como a los
caseros con más de 2 viviendas
(tienen
la mitad de los alquileres). Y a los “caseros no especuladores” hay
que ofrecerles seguridad y garantías, creando empresas públicas
autonómicas y municipales que les garanticen la gestión y el cobro seguro del
alquiler, como Bizigune en Euskadi. Y además, actuar
fiscalmente, apoyando a los caseros que alquilen a precios “razonables”
y penalizando (en el IRPF y en el IBI) a los que disparen sus alquileres. Sin
olvidar frenar el desvío de alquileres "normales" a alquileres
turísticos, de temporada o por habitaciones (sin regulación).
Algunas de estas medidas se incluyen en el
Decreto que aprobará el Congreso este
12 de noviembre, gracias a que no está Junts en la Diputación Permanente.
Pero puede ser “papel mojado” si PP y Vox ganan las
elecciones y aplican otras medidas, razón por la que se han dado
por “amotivados” con esta huelga del 11-N, al considerarla “una
huelga contra la oposición”. Y lo es si PP y Vox tienen planes que
aumenten la especulación de la vivienda y no limiten los abusos actuales. Por
eso, más importante que esta huelga será el voto el 29-N.
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