Huelga 11-N: no sólo por la vivienda

Es una huelga “rara”. La propuso el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y muerte de Maricarmen, pero la relanzaron los sindicatos: hartos de que la patronal no se haya sentado a  negociar la subida salarial de 2026 y hasta 2028, vieron en la movilización por la vivienda una oportunidad para protestar contra los bajos salarios, que se come la inflación, y la precariedad laboral. Así, la huelga se convoca con 3 palabras: salarios, vivienda, precios, por este orden. Salarios y precios porque la alta inflación (4,9%) se come la menor subida de convenios (+3,05%), mientras crecen los márgenes y beneficios empresariales. Y vivienda, porque los alquileres e hipotecas se llevan entre un tercio y la mitad de los salarios, más bajos que en Europa. Además, muchas pymes no pueden pagar los alquileres de locales. Así que la huelga intenta presionar a la patronal para que negocie y al futuro Gobierno para que tome medidas sobre la vivienda. Pero la clave estará en el voto de los españoles el 29-N.

            Huelga 11 noviembre: salarios, vivienda y precios, los tres motivos de la convocatoria

Las dos ultimas huelgas generales se convocaron en España en 2012: el 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, y el 14 de noviembre, siguiendo una huelga europea contra los recortes impuestos por la Comisión Europea. Ahora, esta huelga del 11 de noviembre se ha gestado de una forma “rara”: la propuso inicialmente el Sindicato de Inquilinos, tras el desalojo y la muerte de Maricarmen, pero la convocatoria no fraguó hasta que se sumaron los sindicatos UGT y CCOO, que son quienes suelen convocar huelgas. Y lo han hecho porque han visto en la movilización por la vivienda una oportunidad para presionar a la patronal (cada vez más ligada al PP) a que se siente a negociar salarios y condiciones laborales, a lo que se han negado todo este año, por lo que no se ha firmado el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-28, tras los 5 Acuerdos trianuales firmados en 2012 (enero), 2015 (junio), 2018 (julio) y 2023 (mayo). Y además, por la vivienda, que “se come” (alquileres e hipotecas) gran parte de los salarios de los trabajadores.

Así que la convocatoria de la huelga del 11-N no es sólo por la vivienda. De hecho, en el manifiesto de convocatoria se utilizan 3 palabras: salarios, vivienda, precios, por este orden. Y se habla también de reducir la jornada laboral a 37,5 horas (los sindicatos la pactaron con el Gobierno en 2024, pero se tumbó en el Congreso en septiembre de 2025, con los votos en contra de Junts, PP, Vox y UPN), de reducir la precariedad laboral (hay casi 3 millones de trabajadores a tiempo parcial, 2,13 millones mujeres) y mejorar la salud laboral (hay un exceso de bajas laborales por las listas de espera en la sanidad pública y el aumento de problemas de salud mental). Además, la huelga exige una mejora de los servicios públicos, para garantizar la salud, la educación y el cuidado de los trabajadores, que cada vez gastan más en pagarse servicios privados. En definitiva, la huelga va “contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas”.

El primer punto de la convocatoria son los salarios. En realidad se pretende desbloquear la negociación colectiva, dado que la patronal CEOE no ha querido sentarse con los sindicatos en todo el año para negociar el VI Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2026-2028 (el V AENC 2023-2025 se firmó en mayo de 2023). Los sindicatos UGT y CCOO llevan todo el año defendiendo unas subidas salariales del 4% para 2026, 2027 y 2028 (en el V Acuerdo se pactó una subida del 4% para 2023 y del 3% para 2024 y 2025, que se han cumplido), más una cláusula de revisión del 1,5% si la inflación sube más de lo esperado (ojo: sólo 4 de cada 10 trabajadores con convenio tienen cláusula de garantía salarial por si se dispara la inflación). Y que el salario mínimo interprofesional suba el +7% en 2027, más de lo que va a subirlo el Gobierno (+5,3%, hasta los 1.286 euros al mes, 550 euros más que en 2017 con Rajoy), otra vez sin el apoyo de la patronal (sólo apoyó una, la de 2020, de las últimas 8 subidas  anuales del SMI).

La patronal ni siquiera ha hecho una propuesta de subida salarial para 2026-2028 y en los convenios que ha negociado este año, la subida media es del +3,05%, con lo que su idea es retrasar las negociaciones del VI AENC y poner como tope de subida el 3%, aunque la mayoría de los trabajadores están sin convenio o no lo han firmado: hasta septiembre, sólo 923.000 empresas y 9.325.061 trabajadores tienen convenios y subidas acordadas, menos de la mitad de los 19.675.400 asalariados. Y por supuesto, no quieren oír hablar de reducir la jornada laboral (PP y Vox, con Junts, ya lo bloquearon por ellos) ni de erradicar la precariedad de muchos contratos (jóvenes, mujeres e inmigrantes) o mejorar la salud física y mental de los trabajadores, mientras la mayoría de las empresas reclaman dejar de pagar las bajas laborales y dar su control a las Mutuas para reducir el absentismo, según una encuesta de las Cámaras de Comercio, propuestas que la patronal CEOE confía aprueben el PP y Vox si llegan al Gobierno y sobre lo que alertan ahora los sindicatos.

La convocatoria de huelga reitera, con su 3ª palabra clave, precios, el otro problema clave de los trabajadores en España: los altos precios, una inflación que ya está en el 4,9% anual y que “se come” sus salarios (que crecen el 3,05% en convenio y menos o nada en muchas empresas). De momento, la pérdida de poder adquisitivo es del -1,9% este año. Y se suma a la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre 2020 y 2025: -6,85% (la inflación creció el 23,5% y los salarios de convenio subieron +16,65% en esos 6 años). Y eso contrasta, según los sindicatos, con la mejora de los márgenes empresariales y los beneficios estos años. Así, entre 2020 y 2025, los beneficios brutos de las empresas han crecido un +58%, mientras la masa salarial que han pagado a sus trabajadores (incluye cotizaciones y otros costes no salariales) crecía un +37,9%. Una tendencia recurrente desde el año 2.000: los beneficios netos de las empresas se han multiplicado por 2,7 (de 113.000 a 306.000 millones, +170%), según este estudio de Funcas. También es clarificador lo sucedido en 2025: el margen de las empresas aumentó un 13% y los sueldos en convenio un 3,53%.

Los sindicatos exigen en su convocatoria de huelga del 11-N que el Gobierno controle y frene la subida de precios (y márgenes) en muchos sectores, porque quien lo paga son las familias y los trabajadores, que tienen muy difícil llegar a fin de mes con las subidas de alquileres e hipotecas, carburantes, luz y alimentos (han subido +37,7% entre 2020 y 2025), además de las subidas en los transportes y los costes privados en la sanidad, educación y los cuidados a la dependencia. De hecho, en 2025, la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) reveló que casi la mitad de los españoles (el 45,9%) tienen dificultades para llegar a fin de mes: un 8,5% tienen “mucha” dificultad, otro 12,1 % dificultad y un 25,3% más tienen “cierta” dificultad, un panorama que ha mejorado poco desde 2019 (el 49,3% tenían algún tipo de dificultad).

Así que un fuerte componente de esta huelga del 11-N son las peticiones para que mejore la situación económica de muchos trabajadores, sobre todo los que tienen sueldos bajos, que sufren más la inflación. El problema de fondo es que España está creciendo y compitiendo en el mundo gracias a unos sueldos más bajos (somos “la China de Europa”): el salario hora en España está en 19,5 euros/hora frente a 26,2 euros de media en la UE-27, 36,3 en Paises Bajos, 34,5 en Alemania o 30 €/hora en Francia. Y dos tercios de los trabajadores españoles (12,5 millones de asalariados) ganan menos de 1.711 euros netos al mes (14 pagas), según el INE. Por eso, porque el 64% de los trabajadores están por debajo del salario medio, los sindicatos exigen subir más del 4% (hasta el 7%) a los que menos ganan.

Y vamos a la tercera palabra clave de esta huelga, vivienda, un problema que afecta a muchos españoles, pero especialmente a los que viven de un sueldo, porque el coste de una hipoteca o un alquiler se come entre el 30% y el 50% de los sueldos hoy, dado que la vivienda ha subido mucho más que los salarios. Así, el precio medio de la vivienda para comprar estaba en octubre en 2.995 euros/m2, según Idealista, un +67.13% más cara que al comenzar 2020 (1.792 €/m2): una subida que triplica la de los salarios (+19,62% estos 7 años). Y si miramos los alquileres, que cuestan una media de 15,1 euros/m2 (23,4 euros en Madrid y 20,5 en Barcelona), han subido un +39,8% desde 2020 (10,8 euros), el doble que los salarios. Eso dificulta mucho a inquilinos e hipotecados para llegar a fin de mes. E incluso, ha provocado que 770.000 trabajadores con empleo se sumen a la cifra de trabajadores pobres: 3 millones de personas con empleo son “pobres” (ganan menos del 60% que la media: 12.200 euros netos si están solteros y 25.660 las familias con 2 hijos).

Pero el problema de la vivienda no sólo afecta gravemente a los jóvenes y a los trabajadores. También afecta a muchas empresas, aunque la patronal diga que “esta huelga no tiene sentido”. Por un lado, hay muchos sectores, como el turismo, la hostelería o la construcción, donde las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores en muchos lugares (Madrid, Barcelona, Palma, Málaga y la costa española) porque los altos alquileres disuaden a los que podrían trabajar allí. Algo que también dificulta encontrar médicos, profesores y empleados públicos. Además, los disparados alquileres están provocando graves problemas a muchas pymes y autónomos que no pueden pagar las subidas que les plantean de locales comerciales (bares, tiendas o librerías) y naves industriales. De hecho, el Banco de España ha dicho en su Informe Anual 2025 que “el problema de la vivienda ha escalado y ya es una seria amenaza para el crecimiento y la productividad de la economía”.

Así que la vivienda no sólo preocupa a los que pagan un alquiler o una hipoteca, sino que está frenando la instalación de nuevas empresas y la movilidad de los trabajadores, siendo ya “un embudo” para el crecimiento y el empleo. Por eso, todo el mundo debería apoyar un Pacto nacional por la vivienda, un gran acuerdo entre políticos, el Estado, las autonomías y Ayuntamientos, promotores, constructores y bancos para conseguir más suelo urbanizable (hay suelo, pero lo acaparan los especuladores y exige invertir para hacerlo urbanizable o agilizar su tramitación), más financiación pública y privada (los bancos, con beneficios millonarios, deberían volcarse en financiar promociones), más promociones públicas y privadas (también con ayudas a las cooperativas) y más construcción, resolviendo los problemas de falta de mano de obra formada y aumentando la industrialización del sector, para que se tarde menos en construir (hasta 5 años y más, entre papeleo y obras).

Lo que está claro es que el origen  del grave problema de la vivienda es la falta de oferta (en 2025 se construyeron sólo 93.650 viviendas, con una media de 93.000 esta década y otras 99.000 en la década de 2010, frente a 540.000 anuales entre 2000 y 2010) frente a una demanda que crece, por el aumento de población (+3 millones de habitantes entre 2015 y 2026), que se traduce en 225.000 nuevos hogares cada año. Con ello, tenemos un déficit de 750.000 viviendas, que será de 1 millón en 2028, según el Banco de España. El problema es que construir esas 750.000 viviendas costaría entre 189.680 y 236.000 millones de euros, el 12% del PIB, un tremendo esfuerzo inversor público y privado, que contrasta con la escasa inversión actual (39.000 millones el sector privado y 11.000 millones las instituciones públicas), entre 4,8 y 6,1 veces menos de lo necesario.

Pero la solución al problema de la vivienda no pasa sólo por construir más. Muchos expertos coinciden en que eso podría engordar la actual “burbuja especulativa”, alimentada por considerar a la vivienda como “un activo para invertir” y no una necesidad y un derecho. El temor de muchos es que si el PP y Vox llegan al Gobierno, aprueben una Ley del Suelo que permita construir en cualquier lugar, acelerando la ola especulativa (como hizo Aznar con su Ley del suelo de 1998). Por eso, además de construir más, hay que limitar las compras especulativas, como ha propuesto el president Illa en Cataluña: se trataría de penalizar fiscalmente la compra especulativa de viviendas, ayudando en paralelo a los que compran su primera vivienda. Y en paralelo, hay que aumentar el parque público de vivienda para alquiler, con más promociones y compras de viviendas. Si no, podemos encontrarnos con que se construyen 200.000 viviendas y muchas familias y jóvenes no pueden comprar ni alquilar.

Además, es urgente actuar sobre los actuales alquileres, tratando de contener su subida, no con topes de precios (apenas bajan: un -2,2% en dos años en Cataluña, a costa de menos oferta) sino con acuerdos con los propietarios no especuladores y poniendo límites a los grandes tenedores, tanto empresas (tienen 1 millón de alquileres) como a los caseros con más de 2  viviendas (tienen la mitad de los alquileres). Y a los “caseros no especuladores” hay que ofrecerles seguridad y garantías, creando empresas públicas autonómicas y municipales que les garanticen la gestión y el cobro seguro del alquiler, como Bizigune en Euskadi. Y además, actuar fiscalmente, apoyando a los caseros que alquilen a precios “razonables” y penalizando (en el IRPF y en el IBI) a los que disparen sus alquileres. Sin olvidar frenar el desvío de alquileres "normales"  a alquileres turísticos, de temporada o por habitaciones (sin regulación).

Algunas de estas medidas se incluyen en el Decreto que aprobará el Congreso este 12 de noviembre, gracias a que no está Junts en la Diputación Permanente. Pero puede ser “papel mojado” si PP y Vox ganan las elecciones y aplican otras medidas, razón por la que se han dado por “amotivados” con esta huelga del 11-N, al considerarla  “una huelga contra la oposición”. Y lo es si PP y Vox tienen planes que aumenten la especulación de la vivienda y no limiten los abusos actuales. Por eso, más importante que esta huelga será el voto el 29-N.