lunes, 16 de noviembre de 2026

Fiebre por invertir en el campo

Los inversores y Fondos extranjeros no sólo se han lanzado a comprar pisos, oficinas, hoteles o Centros comerciales en España, también han dirigido su fiebre inversora al campo, comprando fincas rústicas: 1,4 millones han cambiado de manos en los últimos 10 años, invirtiendo 1.200 millones de euros sólo en 2025, en fincas de Aragón, Andalucía, las dos Castillas y Comunidad Valenciana. Buscan fincas grandes, de regadío, para implantar cultivos “industriales” de olivos, almendros, pistachos, aguacates y cítricos, más rentables y exportables, en sustitución de cereales y cultivos tradicionales. Y los agricultores familiares no pueden competir con ellos:  muchos venden (en vísperas de jubilarse, sin relevo generacional) o alquilan sus tierras. Es lo que se llama “uberización del campo”. Esta fiebre por las fincas rústicas, de empresas, apellidos conocidos y Fondos extranjeros, está cambiando el panorama del campo, disparando los precios, con mucha maquinaria y poco empleo, echando a los agricultores tradicionales. Es una estrategia similar a lo que ha pasado con la vivienda. 

                                Compraventa de 1,4 millones de fincas rústicas en los últimos 10 años

Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.

Este año, de enero a agosto, se han registrado 112.612 compraventas de fincas rústicas en España, según el último dato del INE, +1,2% que en ese periodo de 2025. Y en todo el año 2025 cambiaron de manos 167.253 fincas rústicas, +18,6% que antes de la pandemia (141.036 compraventas en 2019). Y este año 2026 se espera cerrar con unas 172.000 compraventas de fincas rústicas, la cifra más alta desde 2007. Unas compras que ya movieron en 2025 una inversión de 1.200 millones de euros en España y Portugal, un 50% más que en 2024, según la consultora norteamericana CBRE. Y prevén que esta inversión en “agribusiness”  crezca este año 2026 entre un +5 y un +20%, dependiendo de los Fondos extranjeros. Actualmente, la compraventa de tierras se concentra en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León  y Extremadura. Y, según CBRE, más de la mitad del capital invertido (5.300 millones entre 2022 y 2025) en fincas procede de inversores institucionales (Fondos de inversión, bancos, aseguradoras, Fondos de pensiones, Fondos “buitre” y grandes gestoras).

Hay dos tipos de inversores en el campo. Unos, los menos, son familias ricas con grandes patrimonios que compran fincas para recreo, caza o como inversión a medio plazo. El otro inversor, mayoritario, es un inversor “profesional”, que buscan fincas rústicas para instalar grandes explotaciones agrícolas (y ganaderas), con intención de conseguir una alta rentabilidad a medio plazo, vendiéndolas después. Según datos de COAG, hay más de 900 Fondos de inversión que poseen tierras en España y Portugal, valoradas en más de 100.000 millones de euros. Y hay un tercer grupo de compradores, los que buscan tierras para poner instalaciones solares o eólicas.

En los últimos años, junto a los Fondos de inversión y las empresas, hay una serie de “apellidos españoles ilustres” que se han lanzada a comprar tierras rústicas, según una investigación de Público. Es el caso de la familia Entrecanales (dueña de Acciona), que tiene 5 sociedades con cultivos de almendra en 6 localidades (3.965 hectáreas). O de María y Joaquín del Pino (hermanos del presidente de Ferrovial, que llegaron a tener el 46% de Innoliva, ahora propiedad del Fondo canadiense Fiera Comox. Javier Botín, hermano de la presidenta del Santander, ha negociado la entrada en Arofa, empresa navarra dedicada al cultivo de almendra en Huesca. Marc Rahola, sobrino del balear Abel Matutes ha creado una empresa, Almond SL, que cultiva 1.000 hras. de almendros en Huesca y Lérida. Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (Mercadona) está asociado con Sovena, el proveedor portugués de aceite de Mercadona y va a crear una empresa de capital riesgo para invertir 500 millones en “agronegocios”, junto al banco Santander y grandes fortunas. También hay futbolistas y famosos comprando fincas e incluso una iglesia mormona USA ha comprado fincas en Portugal.

¿Por qué hay esta fiebre por comprar fincas rústicas? Hay varias razones. La primera, que las fincas rústicas en la Península son baratas, cuestan menos que en la mayoría de Europa. En 2025, el precio medio por hectárea era de 10.367 euros/ha, según el Ministerio de Agricultura, aunque el precio varía mucho por regiones y si la tierra dispone de agua o no. Así. el suelo rústico más caro se encuentra en Canarias (157.126 euros/ha, por la falta de suelo y la demanda para plataneras), seguida de lejos por Murcia (33.808 euros/ha) y Baleares (22.588 euros/ha), mientras el suelo rústico es mucho más barato en La Rioja (19.942 euros/ha) y Comunidad Valenciana (19.541 euros/ha) y, sobre todo, en Castilla y León (5.237 euros/ha) y Castilla la Mancha (5.254 euros/ha), lo que ha disparado el interés por comprar tierras en estas tres regiones más baratas (las dos Castilla y Levante).

También juegan a favor de las compras rústicas el clima español y la disponibilidad de agua en algunas zonas (Aragón, Murcia y parte de Andalucía). Pero la clave es la alta rentabilidad que empresas y Fondos obtienen de los “agronegocios”: entre el 10 y el 12% anual, según la consultora CBRE, aunque algunas inversiones, como la del Fondo de capital riesgo Beka Bolschare Iberian Agribusiness, que explota tierras de olivar y almendros en Castilla la Mancha y olivares en el Alentejo portugués alcanzaron el 21% de rentabilidad en 2021, gracias a los precios disparados del aceite.  Otra gestora de las mayores del mundo, la norteamericana Nuveen Natural Capital, reconoce que el agronegocio supone un 25% de su cartera. Y eso porque consideran que la tierra es “un activo defensivo”, seguro y rentable.

La rentabilidad que buscan inversores, empresas y Fondos lo consiguen porque compran (o alquilan) grandes fincas rústicas para instalar cultivos “industriales” (o granjas de animales), muy mecanizados, con poca mano de obra, y con cultivos muy rentables a corto y medio plazo. Estos “agronegocios” buscan fincas de olivos y cítricos o donde puedan plantar almendras, pistachos o aguacates, sus tres cultivos favoritos, porque pueden obtener una alta rentabilidad, sobre todo al exportar las cosechas. Veamos por qué.

El cultivo de almendros se ha disparado en España, que ya es el país del mundo con más superficie plantada (32% del total mundial) y el tercer productor mundial de almendra (tras USA y Australia, a la que espera superar pronto) y su precio se dispara (+69% en 2025), lo que ha impulsado la producción nacional (453.000 Tm en 2025, +23%). El pistacho ha aumentado mucho más su producción en España (34.000 Tm, +41%) y la fiebre por este cultivo es tal que el 86% del pistacho producido en Europa se cultiva en España, empujado por un aumento de precios del +28% en los últimos 4 años. A pesar de que son 2 cultivos que necesitan años para conseguir una producción óptima (de 4 a 5 años el almendro y entre 7 y 10 años el pistacho), eso no asusta a empresas, inversores y Fondos, que tienen dinero para esperar y saben que su consumo mundial se ha disparado. De hecho, España es el tercer exportador mundial de almendras a China y ha disparado también sus exportaciones de pistachos y aguacates a EEUU, resto de Europa y China.

Las consecuencias de esta creciente presencia de empresas y Fondos en el campo español son constantemente denunciadas por las organizaciones agrarias. La primera, que esta fiebre compradora de fincas está disparando los precios, revalorizando las fincas un +15% de media desde 2020. Pero en realidad, denuncian, las compras de los Fondos de inversión en Aragón, por ejemplo (más de 6.000 hectáreas han cambiado de manos en los últimos tres años) se han hecho pagando el doble y el triple del precio de la tierra y los arrendamientos, unos precios imposibles para los agricultores locales (hasta 25.000 y 30.000 euros/ha por fincas de regadío en el Alto Aragón, el triple del precio habitual). Y muchos venden porque son agricultores mayores (en España, el 41% de los agricultores familiares tienen 65 años o más)  y no tienen hijos que tomen el relevo. Eso está provocando, en muchas regiones, el abandono de agricultores (y de cultivos tradicionales, como el cereal), reduciendo el empleo, porque son explotaciones “industriales” muy mecanizadas.

Las organizaciones agrarias llevan años denunciando esta “invasión” de empresas, inversores y Fondos en el campo español, porque están transformando el modelo agrícola tradicional, provocando una “brutal reconversión” que sustituye pequeñas y medianas explotaciones agrarias por grandes explotaciones industriales, que consiguen los mejores terrenos y consumen mucha agua y fertilizantes pero poco empleo, con el consiguiente abandono de cultivos y tierras de secano. Y dan algunos ejemplos de cómo consiguen un “monopolio” de producción y comercialización en algunos cultivos, como señala un estudio de COAG. Uno de ellos es el cultivo de uva de mesa en Murcia, donde 3 grandes empresas (con Fondos de inversión detrás) controlan ya el 85% de la producción y comercialización. Lo mismo pasa con las macrogranjas de animales, el sector porcino o incluso el cultivo hortícola: el grupo alimentario Citrus (GAC), empresa valenciana participada por la multinacional norteamericana Taylor Farms y creada en el año 2.000 para abastecer a Mercadona de ensaladas, verduras y hortalizas acapara 5.000 hectáreas de cultivo en 7 provincias. Y ha comprado la mayoría de la empresa murciana Agroalimentaria.

Ya en 2019, la organización agraria COAG utilizó por primera vez un concepto para definir esta penetración de empresas e inversores en el campo español: la “uberización” del campo. Se trata de un fenómeno socioeconómico por el que las grandes corporaciones alimentarias, los fondos de inversión y los mercados financieros “acaparan tierras agrarias, transformando el modelo tradicional de agricultura familiar en un sistema industrializado y corporativo”. El proceso parte de la entrada de fondos e inversores que compran miles de hectáreas, las mejores, buscando la alta rentabilidad de algunos cultivos (olivar, almendra, aguacates y pistachos), amparados en los bajos precios de las fincas en España respecto a otros paises y al enorme potencial del consumo alimenticio, en España, en Europa (España es “la despensa de Europa” y en el mundo (donde hay déficit de alimentos).

Otro factor que ha animado la fiebre por la tierra y el “agronegocio” es que consiguen además importantísimas subvenciones europeas, de la política agraria común (la PAC). En 2024, el campo español recibió 7.755 millones en ayudas de la PAC y los grandes propietarios agrarios se llevaron la mejor parte, según un estudio de Greenpeace: 484 (el 0,1% de los beneficiarios) se llevaron 675 millones (el 9,3% de las ayudas) y 6.800 (el 1% de los beneficiarios) se llevaron el 24% de las ayudas. En conjunto, el estudio revela que las grandes empresas, el sector agroalimentario y los grandes propietarios se llevaron el 79% de las ayudas de la PAC, mientras la gran mayoría de agricultores sólo recibieron el 21% restante…

Las consecuencias del “agronegocio” son un aumento constante de los precios de la tierra, que expulsan a muchos agricultores o les transforman en arrendatarios (“uberización”), un cambio del modelo agrícola (con la “industrialización” del campo), un cambio de cultivos que degrada los suelos y reducen la biodiversidad, un agotamiento del agua y los acuíferos, una mayor generación de emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor despoblamiento rural (menos agricultores y menos asalariados en unas explotaciones muy mecanizadas), además de un mayor riesgo en el abastecimiento alimentario, porque se cultiva sobre todo para exportar, lo que aumenta el precio interno de los alimentos.

El resultado de esta “agroindustralización” del campo lo refleja este dato del Ministerio de Agricultura: en España hay 1 millón de explotaciones agrarias, de las que el 93,4% corresponden a personas físicas, unos 345.000 agricultores familiares, y el 6,6% son de empresas, que obtienen el 42% de la producción agraria… Para evitar que los agricultores pequeños y medianos se lleven sólo la mitad del “pastel agrario”, los sindicatos agrarios  proponen distintas medidas: reordenar las ayudas europeas de la PAC (dirigirlas a los agricultores profesionales y poner topes máximos por explotación), aprobar un Estatuto de la Agricultura Familiar para blindarles ante los oligopolios, evitar abusos en los precios de la cadena alimentaria, controlar el dominio de los grandes grupos agroalimentarios y Fondos sobre semillas, fertilizantes, el agua y la producción final, crear bancos públicos de tierras para incorporar a agricultores jóvenes y establecer límites a la compra masiva de tierras agrarias por sociedades y Fondos de inversión, con una mayor fiscalidad.

Y una reflexión final. En los últimos años, los españoles hemos visto las consecuencias de que la vivienda se haya convertido en una “inversión especulativa” que atrae a inversores y Fondos, lo que ha disparado sus precios en perjuicio de los que no pueden comprarla o alquilarla. Algo similar y menos conocido está pasando también en el campo: inversores, Fondos y grandes fortunas se están dedicando a comprar fincas rústicas para negocio, ocio y especulación, disparando el precio de las tierras y echando a los pequeños agricultores familiares, obligados a vender o a alquilar su tierra y su trabajo. Un grave problema que pone en peligro no sólo la agricultura tradicional y las zonas rurales sino también nuestra autonomía alimentaria (priorizan las exportaciones) y dispara los precios de los alimentos. Como con la vivienda, hay que controlar la actividad de estos Fondos, inversores y empresas dedicados al “agronegocio” y limitar con normas e impuestos su crecimiento. Antes de que sea demasiado tarde.

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