Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
lunes, 16 de noviembre de 2026
Fiebre por invertir en el campo
Los inversores y Fondos extranjeros no sólo se han
lanzado a comprar pisos, oficinas, hoteles o Centros comerciales en
España, también han dirigido su fiebre inversora al campo, comprando
fincas rústicas: 1,4 millones han cambiado de manos en los últimos 10 años,
invirtiendo 1.200 millones de euros sólo en 2025, en fincas de Aragón, Andalucía,
las dos Castillas y Comunidad Valenciana. Buscan fincas grandes, de
regadío, para implantar cultivos “industriales” de olivos, almendros,
pistachos, aguacates y cítricos, más rentables y exportables, en
sustitución de cereales y cultivos tradicionales. Y los agricultores
familiares no pueden competir con ellos: muchos venden (en vísperas de jubilarse, sin
relevo generacional) o alquilan sus tierras. Es lo que se llama “uberización
del campo”. Esta fiebre por las fincas rústicas, de empresas, apellidos
conocidos y Fondos extranjeros, está cambiando el panorama del campo,
disparando los precios, con mucha maquinaria y poco empleo, echando a
los agricultores tradicionales. Es una estrategia similar a lo
que ha pasado con la vivienda. Compraventa de 1,4 millones de fincas rústicas en los últimos 10 años
Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
Este año, de enero a agosto, se han registrado 112.612
compraventas de fincas rústicas en España, según
el último dato del INE, +1,2% que en ese periodo de 2025. Y en todo el año 2025
cambiaron de manos 167.253 fincas rústicas, +18,6% que antes de la pandemia
(141.036 compraventas en 2019). Y este
año 2026 se espera cerrar con unas 172.000 compraventas de fincas rústicas,
la cifra más alta desde 2007. Unas compras que ya movieron en 2025 una
inversión de 1.200 millones de euros en España y Portugal, un 50% más
que en 2024, según
la consultora norteamericana CBRE. Y prevén que esta inversión en “agribusiness” crezca este año 2026 entre un +5 y un +20%,
dependiendo de los Fondos extranjeros. Actualmente, la compraventa de tierras
se concentra en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla León y Extremadura. Y, según
CBRE, más de la mitad del capital invertido (5.300 millones entre 2022 y
2025) en fincas procede de inversores institucionales (Fondos de
inversión, bancos, aseguradoras, Fondos de pensiones, Fondos “buitre” y grandes
gestoras).
Hay dos
tipos de inversores en el campo. Unos, los menos, son familias
ricas con grandes patrimonios que compran fincas para recreo, caza o
como inversión a medio plazo. El otro inversor, mayoritario, es un
inversor “profesional”, que buscan fincas rústicas para instalar grandes
explotaciones agrícolas (y ganaderas), con intención de conseguir una alta
rentabilidad a medio plazo, vendiéndolas después. Según
datos de COAG, hay más de 900 Fondos de inversión que poseen tierras
en España y Portugal, valoradas en más de 100.000 millones de euros.
Y hay un tercer grupo de compradores, los que buscan tierras para poner instalaciones
solares o eólicas.
En los últimos años, junto a los Fondos de inversión y las
empresas, hay una serie de “apellidos españoles ilustres” que se
han lanzada a comprar tierras rústicas, según
una investigación de Público. Es el caso de la familia Entrecanales
(dueña de Acciona), que tiene 5 sociedades con cultivos de almendra en 6
localidades (3.965 hectáreas). O de María y Joaquín del Pino (hermanos
del presidente de Ferrovial, que llegaron a tener el 46% de Innoliva, ahora propiedad
del Fondo canadiense Fiera Comox. Javier Botín, hermano de la presidenta
del Santander, ha negociado la entrada en Arofa, empresa navarra dedicada al
cultivo de almendra en Huesca. Marc Rahola, sobrino del balear Abel
Matutes ha creado una empresa, Almond SL, que cultiva 1.000 hras. de almendros en
Huesca y Lérida. Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig (Mercadona) está
asociado con Sovena, el proveedor portugués de aceite de Mercadona y va a crear
una empresa de capital riesgo para invertir 500 millones en “agronegocios”,
junto al banco Santander y grandes fortunas. También hay futbolistas y
famosos comprando fincas e incluso una iglesia mormona USA ha
comprado fincas en Portugal.
¿Por qué hay esta fiebre por comprar fincas rústicas? Hay
varias
razones. La primera, que las fincas rústicas en la Península son
baratas, cuestan menos que en la mayoría de Europa. En 2025, el
precio medio por hectárea era de 10.367 euros/ha, según
el Ministerio de Agricultura, aunque el precio varía mucho por regiones y
si la tierra dispone de agua o no. Así. el suelo rústico más caro se
encuentra en Canarias (157.126 euros/ha, por la falta de suelo y la
demanda para plataneras), seguida de lejos por Murcia (33.808 euros/ha) y Baleares
(22.588 euros/ha), mientras el suelo rústico es mucho más barato en La Rioja
(19.942 euros/ha) y Comunidad Valenciana (19.541 euros/ha) y, sobre
todo, en Castilla y León (5.237 euros/ha) y Castilla la Mancha
(5.254 euros/ha), lo que ha disparado el interés por comprar tierras en estas
tres regiones más baratas (las dos Castilla y Levante).
También juegan
a favor de las compras rústicas el clima español y la disponibilidad
de agua en algunas zonas (Aragón, Murcia y parte de Andalucía). Pero la
clave es la alta rentabilidad que empresas y Fondos obtienen de
los “agronegocios”: entre el 10 y el 12% anual, según
la consultora CBRE, aunque algunas inversiones, como la del Fondo de
capital riesgo Beka Bolschare Iberian Agribusiness, que explota tierras de
olivar y almendros en Castilla la Mancha y olivares en el Alentejo portugués alcanzaron
el 21% de rentabilidad en 2021, gracias a los precios disparados del aceite. Otra gestora de las mayores del mundo, la
norteamericana Nuveen Natural Capital, reconoce que el agronegocio supone un
25% de su cartera. Y eso porque consideran que la tierra es “un
activo defensivo”, seguro y rentable.
La rentabilidad que buscan inversores, empresas y Fondos lo
consiguen porque compran (o alquilan) grandes fincas rústicas para
instalar cultivos “industriales” (o granjas de animales), muy
mecanizados, con poca mano de obra, y con cultivos muy rentables a corto y
medio plazo. Estos “agronegocios”
buscan fincas de olivos y cítricos o donde puedan plantar almendras,
pistachos o aguacates, sus tres cultivos favoritos, porque
pueden obtener una alta rentabilidad, sobre todo al exportar las cosechas.
Veamos por qué.
El cultivo
de almendros se ha disparado en España, que ya es el país del mundo con más superficie plantada (32% del total mundial) y el tercer
productor mundial de almendra (tras USA y Australia, a la que espera
superar pronto) y su precio se dispara (+69% en 2025), lo que ha impulsado
la producción nacional (453.000 Tm en 2025, +23%). El
pistacho ha aumentado mucho más su producción en España (34.000 Tm,
+41%) y la fiebre por este cultivo es tal que el 86% del pistacho producido
en Europa se cultiva en España, empujado por un aumento de precios del +28%
en los últimos 4 años. A pesar de que son 2 cultivos que necesitan años
para conseguir una producción óptima (de 4 a 5 años el almendro y entre
7 y 10 años el pistacho), eso no asusta a empresas, inversores y Fondos,
que tienen dinero para esperar y saben que su consumo mundial se ha disparado.
De hecho, España es el tercer exportador mundial de almendras a China y
ha disparado también sus exportaciones de pistachos y aguacates
a EEUU, resto de Europa y China.
Las consecuencias de esta creciente presencia
de empresas y Fondos en el campo español son constantemente denunciadas
por las organizaciones agrarias. La primera, que esta fiebre compradora
de fincas está disparando los precios, revalorizando las fincas un +15%
de media desde 2020. Pero en realidad, denuncian, las
compras de los Fondos de inversión en Aragón, por ejemplo (más de 6.000
hectáreas han cambiado de manos en los últimos tres años) se han hecho pagando
el doble y el triple del precio de la tierra y los arrendamientos, unos
precios imposibles para los agricultores locales (hasta 25.000 y 30.000
euros/ha por fincas de regadío en el Alto Aragón, el triple del precio
habitual). Y muchos venden porque son agricultores mayores (en España, el
41% de los agricultores familiares tienen 65 años o más) y no tienen hijos que tomen el relevo.
Eso está provocando, en muchas regiones, el abandono de agricultores (y de
cultivos tradicionales, como el cereal), reduciendo el empleo, porque son
explotaciones “industriales” muy mecanizadas.
Las organizaciones agrarias llevan años denunciando
esta “invasión” de empresas,
inversores y Fondos en el campo español, porque están
transformando el modelo agrícola tradicional, provocando una “brutal
reconversión” que sustituye pequeñas y medianas explotaciones agrarias por
grandes explotaciones industriales, que consiguen los mejores terrenos y
consumen mucha agua y fertilizantes pero poco empleo, con el consiguiente
abandono de cultivos y tierras de secano. Y dan algunos ejemplos de cómo consiguen
un “monopolio” de producción y comercialización en algunos cultivos, como señala un estudio de
COAG. Uno de ellos es el cultivo de uva de mesa en Murcia, donde 3
grandes empresas (con Fondos de inversión detrás) controlan ya el 85% de la
producción y comercialización. Lo mismo pasa con las macrogranjas de
animales, el sector porcino o incluso el cultivo hortícola: el grupo
alimentario Citrus (GAC), empresa valenciana participada por la
multinacional norteamericana Taylor Farms y creada en el año 2.000 para
abastecer a Mercadona de ensaladas, verduras y hortalizas acapara 5.000
hectáreas de cultivo en 7 provincias. Y ha comprado la mayoría de la empresa
murciana Agroalimentaria.
Ya en 2019, la organización agraria COAG utilizó por
primera vez un concepto para definir esta penetración de empresas e inversores
en el campo español: la
“uberización” del campo. Se trata de un fenómeno socioeconómico
por el que las grandes corporaciones alimentarias, los fondos de
inversión y los mercados financieros “acaparan
tierras agrarias, transformando el modelo tradicional de agricultura familiar
en un sistema industrializado y corporativo”.
El proceso parte de la entrada de fondos e inversores que compran miles de
hectáreas, las mejores, buscando la alta rentabilidad de algunos cultivos
(olivar, almendra, aguacates y pistachos), amparados en los bajos precios de
las fincas en España respecto a otros paises y al enorme potencial del
consumo alimenticio, en España, en Europa (España es “la despensa de Europa”
y en el mundo (donde hay déficit de alimentos).
Otro factor que ha animado la fiebre por la tierra y el “agronegocio”
es que consiguen además importantísimas subvenciones europeas, de la
política agraria común (la PAC). En 2024, el campo español recibió 7.755
millones en ayudas de la PAC y los grandes propietarios agrarios se
llevaron la mejor parte, según
un estudio de Greenpeace: 484 (el 0,1% de los beneficiarios) se llevaron
675 millones (el 9,3% de las ayudas) y 6.800 (el 1% de los beneficiarios) se
llevaron el 24% de las ayudas. En conjunto, el estudio revela que las grandes
empresas, el sector agroalimentario y los grandes propietarios se
llevaron el 79% de las ayudas de la PAC, mientras la gran mayoría de
agricultores sólo recibieron el 21% restante…
Las consecuencias del “agronegocio” son un
aumento constante de los precios de la tierra, que expulsan
a muchos agricultores o les transforman en arrendatarios (“uberización”),
un cambio del modelo agrícola (con la “industrialización” del campo), un cambio
de cultivos que degrada los suelos y reducen la biodiversidad, un agotamiento
del agua y los acuíferos, una mayor generación de emisiones de gases de efecto
invernadero, un mayor despoblamiento rural (menos agricultores y menos asalariados
en unas explotaciones muy mecanizadas), además de un mayor riesgo en el abastecimiento
alimentario, porque se cultiva sobre todo para exportar, lo que aumenta
el precio interno de los alimentos.
El resultado de esta “agroindustralización” del campo
lo refleja este
dato del Ministerio de Agricultura: en España hay 1 millón de explotaciones
agrarias, de las que el 93,4% corresponden a personas físicas, unos
345.000 agricultores familiares, y el 6,6% son de empresas, que
obtienen el 42% de la producción agraria… Para evitar que los agricultores
pequeños y medianos se lleven sólo la mitad del “pastel agrario”, los
sindicatos agrarios proponen
distintas medidas: reordenar las ayudas europeas de la PAC
(dirigirlas a los agricultores profesionales y poner topes máximos por
explotación), aprobar un Estatuto de la Agricultura Familiar para blindarles
ante los oligopolios, evitar abusos en los precios de la cadena
alimentaria, controlar el dominio de los grandes grupos agroalimentarios
y Fondos sobre semillas, fertilizantes, el agua y la producción final, crear
bancos
públicos de tierras para incorporar a agricultores jóvenes y establecer
límites a la compra masiva de tierras agrarias por sociedades y Fondos
de inversión, con una mayor fiscalidad.
Y una reflexión final. En los últimos años, los
españoles hemos visto las consecuencias de que la vivienda se haya
convertido en una
“inversión especulativa” que atrae a inversores y Fondos, lo que ha
disparado sus precios en perjuicio de los que no pueden comprarla o alquilarla.
Algo similar y menos conocido está pasando también en el campo:
inversores, Fondos y grandes fortunas se están dedicando a comprar
fincas rústicas para negocio, ocio y especulación, disparando el precio de
las tierras y echando a los pequeños agricultores familiares, obligados a
vender o a alquilar su tierra y su trabajo. Un grave problema que pone en
peligro no sólo la agricultura tradicional y las zonas rurales
sino también nuestra autonomía alimentaria (priorizan las exportaciones)
y dispara los precios de los alimentos. Como con la vivienda,
hay que controlar la actividad de estos Fondos,
inversores y empresas dedicados al “agronegocio”
y limitar con normas e impuestos su crecimiento. Antes de que sea demasiado
tarde.
Todos sabemos que inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando inmuebles en España, desde pisos, oficinas y locales comerciales a hoteles, residencias o Centros Comerciales. De hecho, España es el primer destino de la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha disparado los precios de viviendas y alquileres. Pero lo que se conoce menos es que otros inversores, empresas y Fondos de inversión llevan años comprando fincas rústicas en el campo español: en los últimos 10 años, han cambiado de manos 1,4 millones de fincas rústicas, según la organización agraria COAG.
Etiquetas:
agricultores,
agricultura industrial,
agronegocio,
aguacates,
almendros,
campo,
compra fincas rústicas,
exportación alimentos,
Fondos de inversión,
olivos,
pistachos,
uberización del campo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario