22-M : nos jugamos más que en las generales

Nunca los españoles nos hemos jugado tanto en unas elecciones autonómicas y municipales. El 22-M es tan importante para nuestras vidas como las próximas generales de 2012. O más. No exagero. Porque votamos a los responsables de gastar 3 de cada 4 euros públicos y de gestionar la sanidad, la educación, las ayudas a la dependencia y a la vivienda, la cultura y gran parte de la justicia, el medio ambiente, el deporte o las ayudas sociales. A ellos les pagamos también una buena parte de nuestros impuestos. Y tienen mucho que decir en la marcha de la economía, de las empresas, del empleo y del paro. Y del nivel de renta. Por eso, nos jugamos mucho el 22-M. Vote pensando en local y en su bolsillo.

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España es el país más descentralizado de Europa, tras Dinamarca: el Estado central sólo gestiona el 52% del gasto público (ver Informe, página 230), frente al 71% de media en la UE y un mayor peso del Estado central en Alemania (63% del gasto), Reino Unido e Italia (72%), Francia (82%), Portugal (88%) o Grecia (96%). Y lo mismo en los ingresos: en España, los ingresos del Estado central pesan el 67% del total (lo mismo que en Alemania), frente a un 81% en la UE, el 87% en Francia, un 89% en Reino Unido o un 91% en Portugal.

Con datos más actuales, la Administración central gasta en España el 51% del total (21% el Estado y 30% la Seguridad Social), las autonomías el 36% del gasto público y los Ayuntamientos el 13% restante. Pero como mucho gasto del Estado central son transferencias, al final, el 77% de los gastos públicos de funcionamiento los gestionan autonomías (55%) y Ayuntamientos (22%). Y de la inversión pública, el 70 % la ejecutan las regiones (43%) y los municipios (27%), según un estudio del IEF. En definitiva, que el gasto y la inversión pública está en manos de los gobiernos autonómicos y locales que votamos el 22-M. Y por el lado de los ingresos, deciden ya las tarifas de la mitad del IRPF, con un porcentaje creciente de impuestos propios y la gestión del 60% de las subvenciones europeas.

Por si fuera poco, autonomías y Ayuntamientos gestionan la mayor parte de los servicios públicos y del Estado del bienestar. Son responsables del 90% de la sanidad y la educación, de la mitad de la gestión de la Justicia, de la gestión y dos tercios del gasto de la Ley de dependencia, del 80% de la cultura, el deporte y el medio ambiente, de la gestión de las ayudas a la vivienda, del urbanismo y el patrimonio, del consumo, de buena parte de la gestión del desempleo y la formación profesional, de la gestión del turismo, de una parte importante de seguridad ciudadana y protección civil, de la gestión de la emigración, los transportes (autobús, metro, trenes, algunos aeropuertos), muchas infraestructuras, subvenciones y ayudas económicas y  múltiples políticas sociales (más ahora, con la crisis). Casi nada, como para que el debate electoral del 22-M gire en torno al terrorismo o al paro.

Pero es que, además, autonomías y Ayuntamientos tienen mucho que decir sobre la economía, el empleo y el nivel de vida. Porque está claro que hay dos o tres Españas, con distinto crecimiento, debido al clima económico, a la estructura productiva, a la tecnología, al peso de la exportación. Regiones que crecen más (País Vasco, Navarra o Castilla y León) y regiones que caen más (Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana). Regiones que han perdido mucho empleo en el último año (-77.400 Andalucía o -59.900 la Comunidad Valenciana) y regiones que lo han creado (+10.800 País Vasco o +900 Navarra). Y regiones con altísimo paro (Andalucía 29,68%, Canarias 28,52%, Ceuta 26,43% o Murcia 26,16%) y regiones con paro “europeo” (11,61 % País Vasco, 13,40% Navarra, 15,44% la Rioja o 16,37% Cantabria). Y lo mismo las ciudades: ¿Por qué Huelva tiene un 32,9% de paro y Guipúzcoa un 8,9%? Algo tendrán que ver sus gobernantes.

Al final, vivir en una u otra región o ciudad tiene mucho que ver con la renta y el nivel de vida que tenemos, independientemente de quien gobierne desde la Moncloa. No en vano, desde hace casi treinta años, las cinco regiones más ricas son País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y La Rioja. Y las cinco más pobres Extremadura (con la mitad de renta por habitante que los vascos), Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia y Canarias. Y los que lideran la recuperación económica en 2011, según el BBVA son los mismos, las tres autonomías más ricas: Madrid, País Vasco y Navarra.

Aquí está el meollo del 22-M: la gestión del Estado del bienestar, los incentivos económicos de unas y otras regiones o municipios al crecimiento, el empleo y la renta. Y un factor añadido: los recortes obligados al gasto autonómico y municipal, sobre todo en sanidad, educación y empleo público. No se trata de elegir entre ZP o Rajoy, sino saber qué harán nuestros políticos más próximos con su deuda y sus déficits, con la sanidad, con la  educación, con el empleo, con las empresas, con las ayudas, con las infraestructuras, con el medio ambiente, con la vivienda,  con los jóvenes. Un debate inexistente en esta campaña. El 22-M tiene mucho que ver con nuestra vida y con nuestro bolsillo, quizás más que las generales. Que no nos despisten. Votemos pensando en local, en nuestra vida diaria y en nuestro bolsillo.

Ayuntamientos: el ajuste que no votaremos

Estas elecciones municipales se distinguen de otras en que hay pocas inauguraciones. Los Ayuntamientos están endeudados hasta la bandera y deben millones a empresas y proveedores. Y el Gobierno central no les ha dejado endeudarse más, con lo que han tenido que recortar de casi todo, tras tener problemas hasta para pagar las nóminas. Pasado el 22-M, los nuevos alcaldes van a tener que entrar a saco, cortando aún más gastos y sobre todo subiendo impuestos y tasas a sus vecinos. El ajuste municipal sería menos duro si PSOE y PP pactaran una nueva Ley de Financiación Local, con más recursos para los Ayuntamientos, que dedican uno de cada cuatro euros a gastos sociales que debían hacer el Estado o las autonomías. Y hace falta agrupar Ayuntamientos, la mayoría muy pequeños.  

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Los gobiernos locales (Ayuntamientos y Diputaciones) tienen una deuda financiera de 36.226 millones de euros (un 3,4% del PIB), de los que 28.769 corresponden a los más de 8.000 Ayuntamientos. La deuda no ha crecido mucho (en junio de 2008, antes de la crisis, era de 30.000 millones, un 2,8% del PIB), pero el problema es que ahora no pueden financiarla, porque el Gobierno central, para cumplir con Bruselas, les ha prohibido endeudarse a largo en 2011 y 2012. Y tienen que cancelar su deuda a corto a finales de cada año.

 En consecuencia, los Ayuntamientos han optado por no pagar a empresas y proveedores, a los que adeudan unos 30.000 millones de euros (sólo 3.300 millones  a las empresas de basuras).El PP ha propuesto que el ICO destinara una línea de crédito de 30.000 millones para pagar estas deudas, que ponen en peligro la supervivencia de muchas pymes y autónomos. El Gobierno se ha negado, para no disparar el déficit público. Con ello, la morosidad sigue ahí, con un retraso en los pagos de 157 días, frente a los 50 que marca la Ley de Morosidad. Y la pelota crece para los Ayuntamientos, que acabarán pagándoles con intereses del 12%.

Los Ayuntamientos más endeudados son los de Madrid (6.453 millones €) y Barcelona (1.202 millones), seguidos de Valencia (890 millones), Zaragoza (748 millones), Málaga (743) y Sevilla (454), aunque las que tienen más deuda por habitante son Madrid (2.081 €), Málaga (1.266 €), Zaragoza (1.115 €) y Valencia (1.024 €). En conjunto, 5.137 municipios de los 8.114 están endeudados (vea aquí la deuda de su Ayuntamiento), aunque más de la mitad de la deuda se concentra en las 50 ciudades que deben más de 75 millones cada una.

La deuda municipal viene de que les han caído drásticamente los ingresos (por la crisis del ladrillo, del que muchos sacaban la mitad de los ingresos) y no han controlado los gastos (obras faraónicas en Madrid, eventos deportivos varios en Valencia, Expo en Zaragoza, etc.). Además, la crisis les ha aumentado la demanda de servicios sociales, desde becas, ayudas comedor o subsidios. Hay que recordar que un 25% de los gastos de los Ayuntamientos son “gastos no obligatorios”, que los municipios atienden pero que deberían hacer las autonomías y el Estado: seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, bienestar comunitario, sanidad, ayudas).

España es el país europeo con menos peso del gasto local: un 12,5 % del gasto total, frente al 15% de media en la UE y menos que Alemania (14,2%), Francia (17,8%), Italia o Reino Unido (27,7%) y muy inferior al gasto municipal en los países nórdicos (del 37% en Finlandia al 44% de Suecia o el 58,8% de Dinamarca). Y con ello, los municipios europeos tienen mucho más peso que los españoles en los gastos de protección social (28% media UE y 31% en Reino  Unido o Alemania frente al 8% en España) o educación (21% media UE, 31% en Reino Unido o el 16% en Alemania frente al 3% en España.

En definitiva, los municipios españoles deberían gastar más en protección social o educación, pero a cambio, deberían tener más ingresos, a costa de las autonomías. Hoy, el 40% de los ingresos municipales son transferencias dirigidas a un fin concreto del Estado y las autonomías, por lo que piden más autonomía y una mayor participación en los grandes impuestos (IRPF, IVA y especiales). Pero eso exige reordenar los impuestos entre Estado, autonomías y municipios, para que los ciudadanos no paguemos tres veces. Un gran pacto fiscal, que no se ve por ningún lado, al menos hasta después de las elecciones de 2012.

Entre tanto, habría que tomar algunas medidas, como reducir el número de Ayuntamientos, para prestar los servicios con menos costes. En España, el  85% tienen menos de 5.000 habitantes (945 tienen menos de 1.000 habitantes, la mitad de ellos en Castilla y León), cuando en Alemania son el 80%, en Italia el 72% y en Irlanda el 49%. Ya los han agrupado Bélgica, Holanda, Unido o Suecia, con grandes ahorros. Además, habría que aprobar un crédito extraordinario o créditos del ICO para que liquiden deudas. Y a partir de ahí, ajustar gastos e ingresos para una década. Pero como no va a haber un Pacto local, cada Ayuntamiento tendrá que ajustar drásticamente sus cuentas, gastando lo mínimo y subiendo tasas e impuestos. Eso sí, después de que les votemos el 22-M. Tomen nota.

La interminable reforma de las Cajas

Confieso que con el saneamiento de las Cajas me pierdo y eso que lo sigo. Hace un año teníamos los bancos y Cajas más sanos del mundo. En junio 2010 se aprobó una ley de Cajas que las obligó  a fusiones contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17 grupos. En enero 2011, el Gobierno vuelve a cambiar las normas y les exige más capital. Y en marzo, el Banco de España  saca la lista de las 9 Cajas que necesitan sanearse y buscar capital. Pero les da hasta octubre para hacerlo (con prorroga hasta marzo 2012, para algunas), aunque 4 Cajas no encontrarán inversores y tendrán que ser nacionalizadas temporalmente. Al final, serán dos años de retraso para un saneamiento que tendrá importantes ayudas públicas y donde muchas Cajas, limpias de ladrillo, oficinas y personal, serán subastadas a bancos españoles y extranjeros.



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El 10 de marzo de 2011, dos años y medio después de estallar la crisis financiera, el Banco de España decidía por fin hacer público el chequeo al sistema financiero español: de 55 entidades, sólo 13 necesitaban sanearse y buscar capital: 4 bancos (Bankinter, Bankpyme y las filiales de  Barclays y Deutsche Bank) y 9 grupos de Cajas (Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, Banco Base, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum, Unnim y Caja España-Caja Duero). En total, necesitaban inyectar 15.152 millones de euros (de ellos,14.077 las Cajas). Eso supone que 33 bancos están sanos y también otras 9 Cajas: la Caixa, Ibercaja, Unicaja, las tres Cajas vascas (BBK, con Caja Sur, Kutxa y Vital), Caja 3 (CAI, Caja Círculo, Caja Badajoz) y las Cajas de Ontinyent y Pollensa.

Los cuatro bancos van a capitalizarse sin problemas (son sólo 1.075 millones), ampliando capital. El problema es buscar inversores que pongan 14.077 millones para tapar los agujeros de las 9 Cajas a sanear. Tras los primeros tanteos, cinco han dicho que saldrán adelante sin ayudas públicas: Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Laietana, Ávila, Segovia, Rioja, Insular), Banco Base (Asturias, CCM, Cantabria, Extremadura), Banca Cívica (Navarra, Burgos, Canarias, CajaSol y Guadalajara) y Banca Mare Nostrum (Murcia, Penedés, Granada, Sa Nostra) buscarán capital privado saliendo a Bolsa y Caja España-Caja Duero se fusiona con Unicaja y así se sanea. Pero otros cuatro grupos de Cajas no encuentran capital privado sin malvenderse y han pedido ayudas públicas, la entrada temporal del FROB para sanearlas. Son la CAM (que rompió su alianza con Banco Base), donde el Estado entraría con mayoría (70%) y tres Cajas que tratan de vender activos y conseguir capital para que la entrada del FROB no sea mayoritaria: Novacaixagalicia (Galicia y Caixa Nova), CatalunyaCaixa (Catalunya, Tarragona y Manresa) y Unnim (Sabadell, Terrasa y Manlleu).

El plazo para conseguir dinero acaba el 30 de septiembre, aunque hay tres meses de prórroga e incluso hasta marzo de 2012 para cerrar los procesos. La clave es la valoración de las Cajas, tanto para las 4 que salen a Bolsa (la primera, Bankia, en julio) como para las 4 donde se meta dinero público. Se habla de una rebaja del 30 al 40% sobre su valor en libros. El Estado, a través del FROB, podría llegar a aportar en capital a esas 4 Cajas unos 7.700 millones de euros, que se suman a los 11.167 aportados en 2010 por el FROB en forma de créditos y otros 4.167 millones de ayudas en la intervención de CCM y Caja Sur. En total, unos 23.000 millones de ayudas públicas a las Cajas, un sector que ganó 3.403 millones en 2010. A ello hay que sumar un coste público de 1.100 millones en ayudas a las 12.000 prejubilaciones que van a hacer las Cajas: salen a los 55 años, están dos en el paro (cotizando por ellos el INEM) y luego se prejubilan a los 63 años, ahorrándose dos años de sueldos y cotizaciones.

La entrada del Estado en las Cajas, vía directivos propuestos por el FROB, será suave y no implica la salida automática de los actuales gestores (responsables del riesgo político y del ladrillo de muchas Cajas), que se librarán de sanciones (sólo ha habido multas y expedientes en las dos Cajas intervenidas, CCM y Caja Sur) y que siguen con elevados sueldos: 15 Cajas han subido  los sueldos de sus directivos en 2010 y otras 20 los mantuvieron. Eso sí, las Cajas que han recibido o reciban ayudas públicas no pagarán bonus y recortarán los Consejos a 15 miembros (5 independientes), con lo que tendrán que salir más de 50 consejeros, muchos de ellos políticos locales. Y tendrán que cerrar 2.538 oficinas y recortar gastos y costes, también Obra Social.

Al final, al retrasar otros 6 meses (o incluso un año) el saneamiento de las Cajas, su situación se va a deteriorar. Los directivos, preocupados por no perder su sillón, estarán más ocupados en buscar capital  y recortar costes, plantillas y oficinas que en el negocio, con lo que darán menos créditos (y con lupa) y volverán a perder cuota de mercado frente a la banca. Y como nadie se fía todavía de lo que las Cajas tienen en las tripas, puede que algunas no consigan inversores para sanearse y haya más nacionalizaciones temporales. Y nuevas fusiones. Es lo malo que tiene haber perdido dos años: las Cajas estarán peor y sanearlas costará más. Eso sí, luego, cuando estén limpias de ladrillo, oficinas y personal, gracias a las ayudas públicas, el próximo Gobierno venderá varias al mejor postor, un banco español o extranjero. Y quedarán una docena. Pobres Cajas.

Autonomías: más recortes tras el 22-M

Si 2010 fue el año de los recortes del Gobierno Zapatero, 2011 va a ser el año de los recortes autonómicos, para poder cumplir con la rebaja del déficit que nos imponen Bruselas y los mercados. Después de las elecciones del 22-M, los nuevos gobernantes autonómicos harán auditorías y probablemente aflorará más déficit, con lo que harán recortes culpando a los anteriores. Y los que sigan no tendrán más remedio que poner orden en sus cuentas, asfixiados por las deudas. El recorte global será de 16.000 millones de euros y los ciudadanos lo notaremos en la sanidad, en la educación, en ayudas, en el empleo público y en las inversiones, como ya lo notan en Cataluña. Habrá que ver si recortan también gastos innecesarios y servicios duplicados con el Estado y los Ayuntamientos.

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La rebaja del déficit público, impuesta por Bruselas y los mercados (a costa de una mayor recesión), fue una asignatura aprobada en 2010 por el Estado central (bajó su déficit del 9,4% del PIB al 5,6 %) y los Ayuntamientos (estabilizaron su déficit en el 0,5%), pero suspendieron las autonomías, que aumentaron su déficit (del 2 al 2,83% del PIB), obligando a la Administración central a recortar más sus gastos para cumplir con Bruselas. Pero este año, el mensaje del Gobierno Zapatero es claro: el Estado central y los Ayuntamientos seguirán recortando déficit (el Estado ya lo ha reducido un 20% en el primer trimestre), pero el esfuerzo tienen que hacerlo ahora las autonomías, que tendrán que reducir su déficit (30.000 millones de euros) a menos de la mitad, hasta el 1,3% del PIB. Eso les obligará a recortar 16.100 millones de euros, un 12% del gasto autonómico  para 2011.

Y tendrán que recortar más las que tienen más déficit. Las cuatro autonomías con mayor agujero en sus cuentas son  Castilla la Mancha (6,22 % déficit sobre PIB regional en 2010), Murcia (4,95%), Baleares (4,16%) y Cataluña (3,86%), aunque hay otras cinco que también superaron el objetivo de déficit en 2010 (2,40%): Comunidad Valenciana (3,47%), Navarra (3,25%), la Rioja (3,26%), Aragón (3,07) y Andalucía (2,74%).

A estas y a todas (salvo a Madrid, la más cumplidora: 0,69% déficit), el Gobierno les ha pedido planes de ajustes para 2011 (La Rioja tampoco lo necesita ya). Y a finales de mayo, la vicepresidenta Salgado aprobó los planes de 9 autonomías: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia, que se comprometen a recortar su déficit en 4.283 millones de euros (la cuarta parte del ajuste total). Los planes de Andalucía y Extremadura están a punto de aprobarse  y los que el Ministerio de Economía ha rechazado de plano son los de las cuatro autonomías en peor situación: Cataluña, Castilla la Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana (la autonomía más endeudada: 17.600 millones, el 17,2% de su PIB).  Tendrán que proponer más ajustes o el Gobierno central no les dejará endeudarse más este año.

Cataluña encabeza una rebelión de autonomías (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Galicia y Madrid, todas PP, junto a Baleares) que piden al Gobierno central que les pague unos Fondos de compensación, unos ingresos a los que creen tener derecho. Y la vicepresidenta Salgado les responde que ese dinero (podrían ser 5.500 millones) no les corresponde hasta 2013, así que hagan sus cuentas (y el ajuste) sin él. El tema puede acabar en los Tribunales (años) y estas autonomías culpan al Gobierno de “centrifugarles” su déficit.

Polémicas aparte, el hecho es que las autonomías rebeldes y las demás tendrán que ajustar sus cuentas en 2011, porque si no volverá el baile a los mercados y las presiones contra España. Y tendrán que recortar donde gastan: en sanidad (34,26% del gasto autonómico), educación (23,52%), servicios sociales (6,88%), infraestructuras (6,88%) y fomento del empleo (3,24%). Y seguro que en personal (es un 45% del gasto en sanidad y educación), en ayudas y subvenciones. El camino ya lo estamos viendo en Cataluña, con recorte de servicios médicos, recortes del gasto en educación y de 1.000 empleos de no funcionarios. Esto es lo “fácil”. Lo bueno sería que se recortaran también gastos menos necesarios: organismos y empresas autonómicas (2.400 y han crecido con la crisis), radios y televisiones autonómicas (1.000 millones de presupuesto), embajadas y relaciones exteriores (179 "embajadas" autonómicas, que cuestan 400 millones €), altos cargos (161 millones €) y asesores (97 millones €), coches oficiales y gastos de representación, trabajos externalizados, eventos varios, sedes y edificios autonómicos…

También podrían subir impuestos, pero no está el bolsillo de los ciudadanos para eso (los indirectos y las tasas, los que vemos menos, seguro que los suben). Hay autonomías que incluso los bajan (Cataluña deja de ingresar este año 150 millones por suprimir el impuesto de sucesiones), pero la mayoría han creado 50 nuevos impuestos verdes y financieros, que sufrirán empresas (eléctricas) y bancos, en medio de un galimatías impositivo que rompe la unidad de mercado.

Tras las elecciones del 22-M, en medio de los ajustes, sería el momento de revisar el Estado autonómico, de pactar su tamaño (36% del sector público) y su financiación, de corregir servicios duplicados con el Estado y los Ayuntamientos. Pero no parece que los partidos estén por la labor. Habrá que esperar a que pasen las elecciones generales de 2012. Y mientras, los ciudadanos sufriremos y pagaremos los desajustes. Votemos lo que votemos ahora.

Paro: aún no hemos tocado fondo

España lleva 45 meses seguidos destruyendo empleo. Da igual que por 89.800 no hayamos llegado a los 5 millones de parados. Tenemos un drama de paro que no tiene ningún otro país civilizado: más del doble que Europa y el triple que Alemania. Casi la mitad de los jóvenes sin empleo. Más de 2 millones de parados sin trabajo desde hace más de un año, 1.386.000 familias donde nadie trabaja y casi dos millones de parados sin cobrar nada. Y la mayoría de expertos creen que este año se va a seguir destruyendo empleo, aunque no lo crea el Gobierno, que intenta paliar la situación con un Plan contra el empleo sumergido. Contra el paro no hay atajos, sólo crecer más. Hay que tomar ya medidas pactadas entre todos. No podemos esperar otro año más, hasta después de las elecciones de 2012.

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El peor dato de la última EPA es que la economía sigue destruyendo empleo (256.500 en el primer trimestre), más que el año pasado ((5.000 más, quizás por el cambio en la Semana Santa).Ya son 15 trimestres consecutivos, desde que a mitad de 2007 se empezó a perder empleo: 2.358.900 puestos de trabajo perdidos ya en esta crisis. Y cuatro datos malos: el empleo cae en toda España (salvo Canarias), en todos los sectores (incluso en la construcción, donde no acaba la sangría) y más entre los fijos, después de haberse cebado entre los contratos temporales. Y el 90% del empleo se ha perdido entre menores de 35 años.

Cae el empleo y aumenta el paro, aunque podría haber pasado de los 5 millones si no fuera porque sigue habiendo mucho parado “desanimado” : jóvenes, mayores y mujeres que no se apuntan a buscar empleo porque saben que lo tienen muy difícil. Con todo, el paro llega a los 4.910.500 personas, el 21,29% de los españoles en edad de trabajar (frente al 9,9% en Europa y el 7,1% en Alemania). Pero hay cinco provincias con más del 30% de paro: Huelva (32,9%), Málaga (32,73%), Cádiz (32,68%), Almería (32,04%) y las Palmas (31,01%). El paro ha crecido en todos los sectores y más entre las mujeres, que ahora buscan más por la crisis. Lo más grave es que están en paro casi la mitad de los jóvenes (menores 25 años): un 45,39%, más del doble que en Europa (19,8%), paro juvenil que supera el 50% en Andalucía, Canarias, Valencia, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Entre tanta estadística, hay tres datos escalofriantes. Uno, que 2.109.300 parados llevan más de un año sin trabajo. Dos, que hay 1.386.000 hogares donde todos están en paro. Y tres, que hay casi 2 millones de parados que no cobran ninguna ayuda, porque no tienen derecho al subsidio o los han agotado (el subsidio medio son 853 euros). La pregunta es: ¿Por qué no salen los parados a la calle, por qué no hay más conflictividad? Porque sobreviven gracias a que están tirando de la hucha de los ahorros, a las familias (el 54% de los jóvenes viven con sus padres) y porque muchos malviven, claro, gracias a alguna chapuza que hacen.

Ahora, el Gobierno quiere cortarles  la economía de la chapuza, con un decreto que ha aprobado el mismo día de la EPA (les falló el subconsciente), para aumentar las sanciones contra las empresas que tengan trabajadores sin dar de alta, después de un plazo hasta finales de julio, para que los regularicen. El Gobierno cree que así van a aflorar empleos sumergidos y reducir el paro: les ha dicho a los sindicatos que podrían “crearse” hasta 500.000 empleos, aunque la inspección sólo regularizó 66.972 contratos en 2010. La cuestión es saber si las empresas van a regularizar estos empleos, muchos subempleos y por horas, o van a quitarse de en medio estos trabajadores eventuales ahora peligrosos. Está claro que hay que acabar con el empleo negro, pero quizás habría que esperar a una coyuntura mejor.

Y sobre todo, no hay atajos contra el paro. ¿Cómo se crea empleo? No hay que ser economista para saberlo: las empresas necesitan vender, que haya mercado. Y en España, el consumo sigue estancado, con los salarios congelados o apenas subiendo, los precios al alza (3,8% en abril) y un miedo de muchos trabajadores a perder el empleo. Así, nadie piensa en crear empleo, sólo en reducirlo. Y más cuando el crédito es caro y escaso. Y en un contexto internacional donde los países que nos pueden comprar o visitar apenas crecen: 0,5 % Reino Unido, 0,9% Alemania, 1,8% Estados Unidos… En España, la mayoría de expertos, salvo el Gobierno, apuestan por un escaso crecimiento este año, que siga la destrucción de empleo y que aumente el paro, superando los 5 millones.

Hace falta otra política para crear empleo, estimulando el consumo, la inversión y el crédito, con apoyo del sector público, que no puede seguir de recorte en recorte sin riesgo de matar al enfermo. Hay que plantarse en Bruselas y exigir que España pueda hacer una política activa frente a un paro insostenible, tras el fracaso de la ortodoxia conservadora. Y hay que dar confianza a los ciudadanos y a las empresas, para que trabajen mejor, consuman, emprendan y contraten. No hay otro camino. El problema es quién lo hace, en un país con los políticos a la gresca y donde ningún líder da confianza. Pero no podemos esperar a 2012. Hay que hacer algo ya. Cada uno de nosotros tiene un parado en la familia que nos lo exige.

Trabajamos más y ganamos menos

Otro mito que cae: los españoles trabajamos más horas que la mayoría de los europeos. Eso sí, ganamos la mitad que ellos. Spain is different: tenemos unos horarios de locos y muchos vuelven de comer al trabajo cuando en Europa cierran las oficinas. El problema es que así no hay forma de conciliar trabajo y familia y lo acaban pagando los hijos o las mujeres, que dejan su empleo, reducen su jornada o trabajan el doble, en su empresa y en casa. Ahora, con la reforma de los convenios, hay que plantearse una reforma a fondo de los horarios de trabajo, para trabajar menos horas y con más eficacia.

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En España se trabaja más horas que en la mayoría de Europa. Así, los españoles dedican el 19% de su tiempo al empleo remunerado, frente al 16% de países tan productivos como Alemania, Holanda o Dinamarca, según el Banco Mundial. Somos el cuarto país de Europa que más horas trabaja, sólo por detrás de Austria, Portugal y Suecia. Y ocupamos el puesto 13 entre los 30 países de la OCDE, encabezado por Japón, China, Corea, México y Canadá. La estadística nos da 4,6 horas de trabajo al día (media de toda la población en edad de trabajar, entre 15 y 64 años), un 20% más de trabajo diario que Alemania (3,75 horas).

A pesar de meter más horas, la productividad española es menor, por hora trabajada: un índice 98 frente al 100 de la Unión Europea, el 110 de Alemania, el 112 de Francia o el 119 de Estados Unidos. Y si  ha mejorado la productividad global de España (índice 110 frente al 100 de la UE, el 95 de Alemania o el 98 de Gran Bretaña) es porque hemos perdido 2,3 millones de empleos con la crisis y ahora producimos algo menos con muchas menos personas.

En consecuencia, trabajamos más horas pero cobramos menos. El sueldo medio en España era de 22.000 euros en 2010, frente a 35.000 de media en la UE. Sólo en Grecia, Portugal y Polonia se gana menos que en España, donde los salarios son casi la mitad a los de Alemania (40.000 euros), Holanda (42.700 euros) y Gran Bretaña (46.058 euros). De hecho, la Agencia Tributaria dice que el sueldo medio de los españoles en 2009 fue aún menor: 19.085 euros, con grandes diferencias entre Madrid (24.583 €) y Extremadura (14.767 €). Y todavía hay un tercio de los trabajadores (5,6 millones) que ganan menos del salario mínimo (8.736 euros al año). Y por debajo de los 35 años, la mayoría son mileuristas.

Volviendo a los horarios, son una locura en España: muchos empiezan a trabajar después de las nueve, media hora larga para el desayuno, dos horas para comer y salir del trabajo cuando la mayoría de los europeos están cenando. Las consecuencias son nefastas: baja productividad, rupturas conyugales, baja natalidad y una gran presión sobre la mujer, que en muchos casos abandona el trabajo para ocuparse de los hijos: el 23 % de las madres con hijos menores de 5 años deja su empleo, según un estudio de La Caixa.

De hecho, los horarios de trabajo son machistas: como el hombre no concilia trabajo y familia, lo hace la mujer, a costa de su vida profesional y de un sobreesfuerzo en casa: la mujer dedica 292 minutos al día en España a las tareas domésticas y el hombre 105, según la OCDE. Y además, los dilatados horarios en España son culpables, según un estudio del Defensor del menor, de muchos problemas de nuestros hijos: los trastornos psicopatológicos en la infancia (22%), el fracaso escolar (31,2 % en España frente al 15,4% en Europa), el acceso cada vez más temprano al alcohol y tabaco (13 años) o a las drogas (14 años) y la creciente desestructuración familiar, sin olvidar la obesidad infantil o los problemas del sueño.

Hay que poner orden en el caos de los horarios laborales, que se han agravado incluso con la crisis, ante el temor a perder el empleo si se sale antes. De hecho, la jornada laboral pactada en 2010 fue de 1.761,7 horas, 13 horas más que en 2007. Un dato que choca con las 1.432 horas que trabajan los alemanes, las 1607 de los británicos o las 1620 de los franceses. La mayoría de los españoles, un 80% según el estudio de la Fundación Másfamilia, pide medidas para reducir horarios y flexibilizar jornada, incluso a costa de la nómina. Además, hay que fomentar la reducción de horas extras (sólo se incluye en el 20% de los convenios), el reparto del trabajo (en el 4,6 % de los convenios) y el trabajo a tiempo parcial, que sólo tienen el 12,8% de los trabajadores en España (4 de cada 5 son mujeres), frente al 20% en Europa (y el 26,1 % en Alemania o el 49% en Holanda).

En resumen, no se puede estar 12 horas entre ir y venir al trabajo, no se pueden tener reuniones a las 7 de la tarde ni comidas de trabajo de tres horas, para descuidar la familia, la casa, el ocio y la vida. Porque al final, no compensa económicamente y se acaba pagando. Tenemos que salir de la crisis poniendo orden en los horarios, organizando mejor el trabajo. Una prioridad de los futuros convenios: menos horas en el curro y más eficacia.

Bajan los alquileres

Cada vez hay más casas en alquiler. Muchos propietarios han cambiado el cartel “Se vende” por “Se alquila”, porque no quieren bajar más el precio de venta. Y muchos jóvenes y familias han tenido que optar por el alquiler al no poder pagar una hipoteca, por la crisis. El caso es que los alquileres llevan bajando desde 2008 y se espera que no suban hasta después de 2015. Con todo, la mayoría de los jóvenes siguen viviendo con sus padres y ni siquiera se van de alquiler, porque están en paro o con un empleo precario. España es el país europeo con menos alquileres, a pesar de las ayudas y deducciones. Nos va ser propietarios, aunque eso nos lleve a estar endeudados de por vida.

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Los alquileres han caído un 3,1 % en el primer trimestre de 2011, quedando en un precio medio de 7,80 euros/m2, según el informe de Fotocasa. Y en el último año, la bajada de los alquileres ha sido del 7,3%. Los alquileres están bajando sobre todo en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón, aunque suben en Galicia, País Vasco y Asturias. Los alquileres más baratos se encuentran en Orense, Castellón, Lugo y  Extremadura (todos por debajo de los 5 euros/m2). Y los más caros en Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Vitoria, Baleares, Navarra y Gerona, entre 7,8 y 11,4 euros/m2.

Con marzo, son ya 37 meses de descensos ininterrumpidos de los alquileres en España. El precio máximo del alquiler se registró en mayo de 2007 (cuando había bofetadas por encontrar un piso en alquiler) y desde entonces han bajado un 23 %. Ahora hay donde elegir (más oferta y pisos de más calidad) y los alquileres están entre 100 y 200 euros más bajos que antes de la crisis. Y todavía se espera que bajen hasta el 2015, en torno al 5% anual, según APEI.

Bajan los alquileres porque hay más oferta, porque hay 600.000 pisos sin vender y muchos propietarios prefieren alquilarlos a venderlos con más descuento (ya han bajado un 20% y deberían bajar otro 20% más).También ha ayudado que los propietarios han perdido el miedo a alquilar, gracias a una normativa más ágil en los desahucios por impagos y a la ayuda de  seguros y agencias públicas de alquiler. Y también se ha reanimado la demanda: con la crisis, muchas familias han visto que no podían pagar una hipoteca (cada vez más caras y difíciles) y se han animado al alquiler, compartiendo piso en muchos casos.

El perfil del inquilino medio es un español mileurista, menos de 30 años, soltero y que trabaja en el sector servicios, según un informe. La mayoría de los inquilinos buscan el alquiler por Internet, cerca de su trabajo y están de media unos 2 años. Un tercio gana menos de 20.000 euros al año, casi la mitad tienen entre 26 y 35 años, la mayoría solteros (44%) y casados (31,5%) y dos de cada tres (65,5%) son españoles, tras haber bajado los emigrantes.

Un empujón al alquiler han sido las deducciones fiscales y ayudas a los jóvenes. El propietario se puede deducir el 60% de los alquileres que ingrese y si alquila a jóvenes (18-30 años), la deducción puede llegar al 100%.Para el inquilino, la deducción estatal en el IRPF es del 10,05%, con un máximo de 6.063 a 9.040 euros, según sus ingresos. Además, 12 autonomías tienen deducciones fiscales del 10 al 20 % sobre los alquileres que se pagan, sobre todo para inquilinos de menos de 35 años. Y luego está la renta de emancipación: 210 euros al mes durante 4 años que pueden recibir los jóvenes que pagan un alquiler (más un préstamo sin interés de 600 € para la fianza), si ingresan menos de 22.000 euros al año.

Se trata de ayudar a los jóvenes a emanciparse, pero no se van de casa ni con agua caliente: un 54,2% de los jóvenes entre 18 y 34 años sigue viviendo con sus padres en España, mientras en la UE son un 46%. El porcentaje ha aumentado con la crisis y son ya 5.850.000 jóvenes no emancipados, más de la mitad con menos de 25 años. Y entre los nacidos a finales de los años ochenta, más del 80% viven con sus padres.

La mayoría vive con sus padres porque no se puede marchar. Unos, porque están en paro (el paro juvenil es ya del 43,5%). Y otros, porque ganan poco (8 de cada 10 jóvenes empleados ganan menos de 1.500 euros al mes) y tienen un trabajo precario (37,4% jóvenes tienen contratos temporales). En consecuencia, los jóvenes ganan menos de la mitad de lo que necesitan para pagar una hipoteca (necesitarían ganar 2.267 €/mes) y muchos no pueden solos pagar el alquiler medio, que está en 639,48 € mes. Así que se quedan con los padres.

Con todo, el alquiler es la solución ideal para que un joven se emancipe, aunque la mayoría han aprendido de sus padres y prefieren ser propietarios, según las encuestas. Pero lo van a tener muy difícil, al menos en una década. Por eso hay que seguir promoviendo el alquiler, desde la promoción pública (el 40% de las nuevas VPO del Plan de Vivienda 2009-2012 son para alquiler) y con estímulos a los promotores privados. España es el país con menos alquileres de Europa: 17%, frente al 35% en la UE o el 47% en Alemania. Somos un país de propietarios y eso nos ha llevado a la crisis del ladrillo y a estar endeudados de por vida. Nuestros hijos deberían cambiar el chip y alquilar más, para endeudarse menos.