Vuelven a bajar los medicamentos

Mañana, 1 de noviembre, bajan 1.287 medicamentos que se dispensan con receta en farmacias y hospitales, tras otra bajada que hubo el 1 de enero y las aprobadas cada año desde 2010. Permitirá ahorrar 118 millones en la factura farmacéutica, 5,30 millones a los ciudadanos, que notarán rebajas de unos céntimos. Pero ojo a los riesgos de estas bajadas. El precio de algunos medicamentos ya no compensa a los laboratorios y optan por exportarlos a paises donde son más caros, provocando aquí desabastecimiento: ahora hay 537 medicamentos “en falta”. Además, si la mitad de los medicamentos con receta cuestan menos de 3,5 euros (y pagamos entre 35 céntimos y 1,70), los laboratorios tienen menos incentivos para investigar y sacar fármacos nuevos. Y estas continuas rebajas hunden a muchas farmacias, esenciales en la atención sanitaria. Así que ojo a las bajadas continuas de precios en lugar de racionalizar las recetas. Luchar contra las enfermedades es caro y no se puede racanear, porque es contraproducente. Lo barato es caro.

enrique ortega

Con la crisis, todos los Gobiernos se lanzaron a recortar el gasto farmacéutico, que había batido todos los récords en 2009: casi 1.000 millones de recetas y 12.506 millones de euros de gasto sólo en farmacias, más otros 4.000 millones en hospitales. A partir de 2010, se empezaron a bajar año tras año los precios de referencia (el precio máximo que se financia en los medicamentos con receta: si el medicamento prescrito cuesta más, el farmacéutico está obligado a dispensar uno más barato, un genérico). Y a partir de julio de 2012, el Gobierno Rajoy implantó el copago farmacéutico: los jubilados pagaban el 10% del precio de la receta y los activos entre el 40 y el 60%. El resultado de ambas medidas fue una rebaja drástica de la factura en recetas (por debajo de los 10.000 millones de euros entre 2012 y 2016), aunque ha vuelto a subir en 2017 (10.170 millones) y 2018 (10.476 millones). Y mientras, se ha disparado la factura farmacéutica de los hospitales, al introducirse tratamientos cada vez más costosos contra el cáncer y otras enfermedades: se gastaron  6.864 millones en 2018, un 76% más que en 2009.


En 2019, el repunte del gasto farmacéutico continúa: las recetas crecen un 2% hasta agosto y el gasto en farmacias un 2,57% (7.175 millones) y en hospitales aumenta aún más el gasto farmacéutico, un 7,1% hasta agosto (4.830,5 millones), según Sanidad y Hacienda. Eso hace que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya seguido con la política de rebaja de los precios de referencia (el precio que paga por los medicamentos con), aprobando un nuevo decreto que rebaja el precio de 1,286 medicamentos que se dispensan en farmacias y hospitales, con el que obtendrá un ahorro de 118,49 millones (79,44 en hospitales y 39,05 en las ventas en farmacia), de los que sólo 5,31 millones repercutirán en los ciudadanos, que compraremos esos medicamentos unos céntimos más baratos desde el 1 de noviembre. La rebaja oscila entre un -0,4% (el inhalador Ventolín) al 0,8% que baja la heparina Clexane, el -2,76% que baja la Fosfomicina (antibiótico para infecciones de orina) y hasta un -66,27% que baja Invega, un medicamento contra la esquizofrenia. También bajan algunos ibuprofenos más caros, pero no lo notaremos porque no afecta a los que se venden con receta.


Esta nueva rebaja de medicamentos con receta, que se suma a la efectuada el 1 de enero con otros 1.300 medicamentos, puede parecer una muy buena noticia para los consumidores, pero sólo nos vamos a ahorrar unos pocos céntimos y sin embargo tiene tres riesgos que debemos conocer. El primero, que agrave el desabastecimiento de algunos medicamentos, ahora que los laboratorios van a cobrar menos por ellos, aunque el Gobierno ha tomado la cautela, para evitarlo, de no bajar 4 medicamentos básicos (contra el Parkinson, problemas cardiovasculares y para anestesia e infecciones), como ya hizo en enero con otros 29 fármacos. Pero los farmacéuticos (FEFE) ya han alertado que esta nueva bajada puede favorecer el desabastecimiento de los fármacos que cuestan ya menos de 3 euros, porque a ese precio, a los laboratorios les compensa más venderlos en otros paises (donde valen entre un 10 y un 30% más) o dejar de fabricarlos aquí.


De hecho, España es el 5º país con los medicamentos más baratos de Europa, tras Eslovaquia, Portugal, Estonia y Letonia y se pagan un 15% por debajo de la media de la eurozona, según los datos de la Consultora IMS Health. Y un medicamento cuesta de media en España un 33% menos que en Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica o Irlanda y un 16% menos que Francia o Italia, según Farmaindustria. Eso significa que cada bajada de precios es un incentivo a los laboratorios para que exporten fuera y no vendan dentro. De hecho, las exportaciones de medicamentos se han multiplicado por 19 entre 1995 (562 millones de euros) y 2018 (10.743 millones), según datos de Comercio. Y este año 2019, de enero a agosto (7.698 millones), han crecido un 11%, en parte anticipando el Brexit. Y luego están las exportaciones paralelas (“comercio inverso”), las que hacen fraudulentamente almacenes mayoristas y farmacias (limítrofes con Portugal, Francia o Africa), para vender medicamentos que debían ir a farmacias a paises que los pagan el doble o triple más caros.


Esto explica en parte la falta de algunos medicamentos y vacunas en las farmacias españolas, que llegaron a 900 desabastecimientos en 2017 y que son ahora 537 medicamentos “en falta”, según este listado que publica diariamente la Agencia Española del Medicamento, en tanto el Consejo de Farmacéuticos publica este listado del CISMED con 34 medicamentos en falta durante 3 o más días en  muchas farmacias. El problema del desabastecimiento preocupa a toda Europa (donde hay una gran disparidad de precios) y se debe no sólo al bajo precio de los medicamentos en España sino también a problemas de suministros (las multinacionales farmacéuticas producen en distintos paises) y a saltos puntuales de demanda. Pero los farmacéuticos y muchos expertos coinciden: las rebajas continuas de precios son la principal causa de los desabastecimientos, a pesar del Plan de Garantía de Abastecimiento 2019-22, aprobado el año pasado por Sanidad para evitarlo.


El segundo riesgo de la bajada continuada de precios es que un 50% de los medicamentos que se venden con receta cuesta ya menos de 3,5 euros, según Farmaindustria, y a ese precio no compensa fabricarlos, lo que alienta el desabastecimiento. Además, la rebaja de precios de enero y noviembre les va a reducir sus ingresos en 174 millones, según Farmaindustria, lo que se “come” el aumento de ventas (148 millones). Y así, les será más difícil invertir en investigación, algo clave para la lucha contra las enfermedades: de hecho, el sector farmacéutico ha subido su gasto en I+D+i a 1.147 millones en 2017 y representa el 20% de toda la investigación industrial que se hace en España. Y somos el segundo país del mundo, tras EEUU, en ensayos clínicos de medicamentos. Pero esto puede ponerse en peligro si les bajan más los ingresos. Ya de hecho fabrican menos fármacos innovadores, sólo 2 de cada 10 nuevos fármacos autorizados.


El tercer riesgo de que los medicamentos bajen año tras año es que se está hundiendo las cuentas de las 22.000 farmacias que hay en España (sobre todo las más pequeñas y las farmacias rurales), que no son “unas tiendas más”, sino un eslabón clave del sistema sanitario (al que más se consulta y quien colabora en los tratamientos). La mayoría de las farmacias facturan hoy menos que en 2009 (475.104 euros de media en 2018, un 24,38% menos de los 590.949 euros en recetas que facturaban en 2009, según datos de Sanidad) y sin embargo sólo tienen un 5% de recetas menos que entonces y 2.000 recetas más por farmacia que en 2014. O sea trabajan más, pero ganan menos porque dispensan recetas más baratas. Y así, hay muchas farmacias en apuros, sobre todo las 3.000 que venden menos de 300.000 euros, básicamente las farmacias rurales que sobreviven gracias a las ayudas autonómicas.


Al final, el hecho de que un medicamento cueste menos de un café (el Adiro cuesta 1,45 euros y un pensionista paga 14,5 céntimos, la mayoría 0,75 céntimos) puede provocar efectos indeseados, como la falta de algunas medicinas, menos investigación y el cierre de las farmacias pequeñas. Y todo ello sin que baje la factura farmacéutica. Primero, porque consumimos demasiados medicamentos, a pesar del copago, con un  abuso en las recetas (médicos con dos minutos por paciente pueden hacer poco más que recetar) y en los antibióticos. Y hay un cierto despilfarro, con las casas llenas de medicamentos y un exceso de automedicación. Además, los nuevos medicamentos son cadavez más costosos y así será cada vez más, sobre todo en los tratamientos hospitalarios. Por eso, lo normal es que la factura farmacéutica siga al alza, aunque hay que reducir el abuso en las recetas.


Por otro lado, el gasto farmacéutico por habitante ha bajado, de 267 euros en 2009 a 224 en 2018, según los datos de Sanidad. Y todavía es un 32% inferior al de la eurozona, según Farmaindustria. Además, el gasto farmacéutico ha reducido su peso en la economía, al pasar del 1,17% del PIB que suponía en 2009 al 0,87% del PIB que suponen las recetas en 2018. Eso se ha conseguido en parte gracias al Pacto alcanzado en 2015 entre el Gobierno Rajoy y el sector farmacéutico: el gasto en medicamentos debe crecer cada año lo que la economía. Y si crece más, se penaliza a las farmacéuticas. En 2017, el gasto creció menos que el PIB (2,60% frente al 2,9%) y en 2018 creció más  (3% frente a 2,4%), con lo que los laboratorios tendrán que pagar 150 millones a Sanidad. Y el sector cree que cumplirán en 2019.


Cara al futuro, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha propuesto al Gobierno un Plan para ahorrar entre 1.000 y 2.000 millones en gasto farmacéutico entre 2020 y 2022. La propuesta básica es implantar un sistema de subasta, en el que los laboratorios pujarían por ofrecer al mejor precio los medicamentos que financia Sanidad, un sistema que funcionaba en Andalucía con Susana Díez y que ahora quiere suprimir el nuevo Gobierno regional de PP y Ciudadanos. Según AIReF, las subastas permitieron a Andalucía ahorrar 560 millones en medicamentos entre 2012 y 2017. Pero laboratorios y farmacéuticos están en contra. El sector farmacéutico teme que la subasta penalice a los laboratorios más innovadores, en beneficio de laboratorios indios, chinos y de Europa del Este, que ofrecen medicamentos menos innovadores y de menor calidad, mientras los medicamentos de marca facilitan los tratamientos y la farmacovigilancia. Y los farmacéuticos creen también que estos laboratorios que “tiran precios” ofrecen menos garantías, que la subasta favorecería los desabastecimientos (ha pasado en Andalucía) y afectaría negativamente a las cuentas de las farmacias. 


La propuesta de AIReF incluye también una reforma del sistema de precios de referencia (para considerar la indicación terapéutica y no el principio activo, como ahora) y responsabilizar más a las autonomías en el sistema de fijación de precios a los nuevos fármacos. Precisamente, el 4 de noviembre entra en vigor un nuevo sistema, Valtermed, implantado por Sanidad para monitorizar la eficacia de los nuevos fármacos, empezando por 7 medicamentos innovadores de uso hospitalario, que ya se financian, para medir su efectividad real.


En paralelo, el Ministerio de Sanidad ha presentado en octubre un Plan para incentivar el uso de los medicamentos genéricos (los que tienen la patente caducada), como otra forma más de ahorrar gasto, dado que en España estos fármacos tienen menos peso (47,2% de las unidades vendidas  y 22,8% del valor) que en Europa. El sector farmacéutico está en contra de esta propuesta, porque dice que la comparación es errónea, dado que en España, los medicamentos de marca han bajado de precio y cuestan lo que los genéricos, para poder ser financiados con el sistema de precios de referencia. Y con ello, el 80% de los medicamentos de marca que se dispensan con receta están a precio de genérico. Y con más calidad, aseguran. Por ello, fomentar los genéricos en contra de los medicamentos de marca es distorsionar la competencia y penalizar a los laboratorios innovadores frente a los laboratorios indios, chinos o de la Europa del Este que controlan el mercado de genéricos.


Además, la AIReF propone a Sanidad  modificar el copago farmacéutico, para resolver dos problemas actuales. Uno, que paguen lo mismo por las medicinas (el 10%) un pensionista con 600 euros de pensión que uno con 2.000. Y otro, que un trabajador con el salario mínimo (900 euros) pague más por las medicinas (el 40%) que un pensionista que gane el doble. Se estudia que todo el mundo, sea trabajador o pensionista, pague según su nivel de ingresos. 


Al margen de estas propuestas sobre cómo ahorrar, lo que está claro es que habría que reducir el consumo no justificado de fármacos (acabar con el armario que tenemos en casa)  y centrarse en financiar los fármacos necesarios e innovadores, que cada vez serán más caros. Y eso exige pagar los medicamentos por lo que vale producirlos, sin racanear con bajadas continuas pero sin pagar precios imposibles que a veces exigen los laboratorios por sus nuevos fármacos. Seguir adelante con el Pacto con la industria farmacéutica y no racanear en investigación, para que sigan apareciendo medicamentos que salvan vidas. Hay que moverse entre dos polos: ahorrar (para que no hagan falta más copagos) y financiar los fármacos lo suficiente para que no falten y se innoven. Un difícil equilibrio.

El gran salto de la Formación Profesional

Este curso, 862.000 jóvenes estudian Formación Profesional (FP), casi el doble de alumnos que hace doce años. Son ya 5 años con más jóvenes estudiando FP que Bachillerato, mientras un 15% de universitarios se han pasado a FP. La razón es simple: un 70% de los que estudian Formación Profesional encuentran trabajo y las empresas les ofrecen ya más empleos que a los universitarios. Pero, a pesar del salto, España está a la cola de la FP en Europa. Y además, sólo un 3% de alumnos siguen la FP dual (estudios y prácticas en empresas), que en Alemania siguen el 75% de los jóvenes que estudian FP, lo que explica que su paro juvenil sea del 5,7% y el nuestro del 32%. Urge incluir la FP en un imprescindible Pacto educativo y dotar a esta enseñanza de más recursos, más Centros (faltan 250.000 plazas), más profesores y más empresas para hacer prácticas. Y, sobre todo, “prestigiar” socialmente a la FP, la enseñanza que consigue trabajo.

enrique ortega

En España, la Formación Profesional (FP) se ha considerado siempre como “una enseñanza de segunda clase”, la que estudiaban “los más torpes” y los que necesitaban llevar pronto un sueldo a casa. Y el sueño de todos los padres era “tener un hijo universitario”. El resultado es que tenemos más universitarios que Europa (un 37,3% de los adultos, frente al 35,6% en la UE-23), aunque eso no evita que tengamos más del doble de paro juvenil (32,2% frente al 14,2% en la UE-28) y que uno de cada tres universitarios (el 37,6%) estén subempleados, trabajan en empleos para los que están sobrecualificados.  Y mientras, estamos a la cola de Europa en Formación Profesional, la enseñanza con la que los jóvenes encuentran más empleo: sólo la estudiaban (2017) el 12% de los jóvenes españoles (15-19 años), frente al 29% en Europa y el 25% en la OCDE, un 43% en Austria, un 42% en Italia, un 30% en Finlandia, un 23% en Francia, un 22% en Reino Unido o un 17% en Alemania, según la OCDE. 


Con la crisis de 2008, la situación empezó a cambiar y muchos jóvenes eligieron estudiar FP en vez de seguir con Bachillerato y luego con una carrera universitaria. Era más corto, más barato y, sobre todo, parecía que en la FP había más empleo. El cambio se ha ido consolidando en la última década y los alumnos de FP casi se han duplicado, pasando de 462.492 matriculados en 2007-2008 a los 861.906 alumnos que estudian FP este curso 2019-2020 (23.142 más que el curso pasado), según los datos de Educación. El despegue se dio sobre todo en el curso 2012-2013 (666.047 alumnos de FP) y con este son ya cinco cursos en los que hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato (672.524 alumnos en el curso 2019-20).


La Formación Profesional tiene tres grados: la FP Básica (74.947 alumnos este curso), que se estudia a partir de los 15 años (2 cursos) y que se inventó la LOMCE de Rajoy en 2013 para reducir el abandono escolar y “embolsar” ahí a los alumnos con problemas en la ESO, la FP de Grado Medio (358.657 alumnos este curso), que se estudia al terminar la ESO (a los 16 años, 2 cursos) y la FP de Grado Superior (428.302 alumnos este curso), que se estudia al final de la FP de Grado medio o del Bachillerato (a los 18 años, otros 2 cursos) y que es la que más está creciendo, porque cada vez hay más jóvenes que escogen esta vía en vez de la Universidad y porque también la escogen licenciados: entre un 10 y un 15% de los alumnos matriculados en FP de Grado Superior son universitarios que han abandonado una carrera o la han terminado y quieren estudiar FP para conseguir mejor prácticas en una empresa y un posterior empleo, según la Asociación FP Empresa.


En la Formación Profesional, tiene un mayor peso la enseñanza pública (71,7% alumnos estudian en centros públicos, frente al 67,1% en todas las enseñanzas) y menos la concertada (16% alumnos FP frente al 25,5% de alumnos en toda la enseñanza no universitaria), aunque destaca la FP privada (12,3% de alumnos, frente a sólo el 7,4% en toda la enseñanza), que gana a la FP concertada en alumnos de FP Grado Superior. Donde tiene más peso relativo la FP es en el País Vasco (un modelo), Galicia, Canarias, Castilla León y Castilla la Mancha, aunque en número de alumnos lideran Andalucía (18,2%), Cataluña (15,8%), Comunidad Valenciana (12,5%) y Madrid (10,9%). Hay más chicos (56%) que chicas (44%) estudiando FP y ellos se matriculan más en Informática, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing y Actividades Deportivas, mientras ellas eligen estudiar Sanidad, Servicios socioculturales y a la Comunidad, Administración y Gestión y Turismo y Hostelería, según los datos de Educación.


El salto en la Formación Profesional va a seguir porque los jóvenes españoles ven en su entorno que hay más trabajo estudiando FP que con Bachillerato o una carrera. Y los datos lo corroboran. Por un lado, la tasa de paro entre los jóvenes con FP de Grado Superior es sólo del 7,5%, frente al 12% entre los universitarios y el 32% entre los jóvenes en general, según los datos de Educación. Y el grado de empleabilidad de los recién graduados en FP es del 70% en España (79,5% en la UE) frente al 63% de los que tienen una titulación general, según señala el último Monitor de la Educación publicado por la Comisión Europea en octubre. Y algo más concreto: en 2018, por primera vez, las empresas españolas hicieron más ofertas de empleo a los titulados de FP (el 42,6%) que a los titulados universitarios (38,5%), según un reciente informe de Infoempleo y Adecco. La áreas con más ofertas de empleo fueron Administración y Gestión, Electrónica e Informática, Fabricación mecánica, Informática y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento, cinco especialidades que se reparten el 36% de las ofertas de trabajo, de industrias, hostelería y turismo, informática y construcción.


Otra ventaja de la Formación Profesional, además de que asegura más trabajo,  es que resulta una enseñanza más corta (2 años de FP Grado Superior frente a 4 años de un Grado, más los Másteres) y más barata que la universitaria, para las familias y también para el país. Así, se estima que el coste de un alumno de FP Superior es de 13.000 euros (6.500 por 2 años), la tercera parte del coste de formar a un universitario (6.500 euros por 6 años de media entre repeticiones y másteres), con lo que un alumno universitario cuesta al Estado 26.000 euros más que uno de FP Superior, según un estudio realizado por el IEF y Bankia. Y además de este ahorro, el joven con FP empieza a trabajar (y a cotizar) antes.


Cara al futuro, el crecimiento de alumnos en Formación Profesional va a seguir, porque en el futuro las empresas requerirán aún más esta formación. De hecho, para 2030, del total de nuevos empleos que se demandarán, un 65% serán titulaciones medias de FP y el otro 35% titulaciones altas, de FP Grado Superior y Universidad, según el estudio Skills Forecast, elaborado por la agencia Cedefop, de la Unión Europea.  Así que, dentro de una década, España necesitará tener más jóvenes con estudios de FP que universitarios, justo lo contrario de lo que pasa ahora: este curso 2019-2020 se han matriculado 1,6 millones de jóvenes en la Universidad y la cuarta parte, 428.302 alumnos, en FP Superior. 


A pesar del gran salto en la FP, que casi ha duplicado sus alumnos en los últimos 12 años, queda mucho por hacer, ya que estamos muy retrasados frente a Europa. No es sólo que haya pocos jóvenes (15 a 19 años) que estudian FP: un 12% en España frente al 29% en Europa. Es que después, cuando los jóvenes se gradúan en Secundaria (a los 18 años), 2 de cada 3 lo hacen en Bachillerato y sólo 1 de cada 3 se gradúan en FP de Grado Medio, la formación con más futuro laboral en 2030, según la OCDE. Este 33,3% de titulados en FP de Grado Medio está a la cola de Europa (UE-23), donde se gradúan en FP de Grado Medio el 46,3% de los que acaban Secundaria, un porcentaje que llega al 76,8% en Austria, al 62,6% en Reino Unido, al 58,1% en Italia y al 44,3% en Alemania, según la OCDE. Y luego, como hemos visto, entre los estudiantes mayores de 18 años, hay en España 1 estudiante de FP de Grado Superior por cada 4 Universitarios, muchos menos que en Europa.


Otro problema que tenemos es el escaso peso en España de la Formación Profesional Dual, una nueva modalidad de FP, implantada por primera vez en el curso 2013-14. Combina el estudio en los Centros con prácticas remuneradas en empresas (un mínimo del 33% del tiempo), a diferencia del resto de la enseñanza de FP, que sólo incluye 3 meses de prácticas en empresas al final del ciclo educativo. En España, la FP dual sólo la cursan el 3% de los alumnos de FP, cuando en Centro Europa cursan esta modalidad entre el 40 y el 70% de los alumnos de FP y en Alemania llega al 75%: jóvenes que estudian 3 años de FP Dual en Centros y empresas, con un sueldo de 875 euros. Una formación muy efectiva, porque el 68% se quedan a trabajar en la empresa donde se forman.


En España, la FP dual no sólo tiene un escaso peso sino que, además, ha caído en el último curso del que el Ministerio de Educación publica datos: pasó de tener 23.973 alumnos, 854 Centros y 10.081 empresas en el curso 2016-2017 a 20.719 alumnos, 803 Centros y 10.156 empresas en el curso 2017-2018. ¿Qué está fallado? Varias cosas. Por un lado, los Centros de FP públicos no tienen medios (profesores, instalaciones y presupuesto) para impartir este tipo de enseñanza (sólo la ofrecen 803 Centros de los 2.600 Centros que imparten FP). Y por otro, sólo algunas empresas (las grandes, no la mayoría de las pymes) aceptan participar en esta enseñanza, que les exige poner un tutor al alumno y en algunos casos (depende de las autonomías) pagarle un sueldo ligado al salario mínimo (según las horas que trabaje). Además, los sindicatos se quejan de que muchas empresas utilizan la FP dual para “seleccionar” a los mejores alumnos de FP (pocos) y conseguir mano de obra barata.


Cara al futuro, el reto de la FP en España es llegar a más alumnos y multiplicar el peso de la FP dual, que es la que asegura más empleo. Para ello, hay que aumentar la oferta de plazas de FP, que faltan en muchas regiones (en Madrid, más de 30.000 alumnos se han quedado sin plaza en FP, según CCOO). De hecho, en España hay 33 plazas por cada 100 alumnos, frente a 60 en Alemania. El objetivo debería ser, según el Ministerio de Educación, crear 300.000 nuevas plazas de FP en los próximos 5 años. Eso implica, según proponen los sindicatos, gastar más en Centros, instalaciones y profesores. Pero no es sólo cuestión de dinero. También hay que renovar la oferta de titulaciones (172 este curso: ver listado), para incluir la formación digital y en nuevas tecnologías que piden las empresas. Y, sobre todo, implicar en la FP dual a más empresas, sobre todo más pymes.


El Gobierno Sánchez presentó en septiembre de 2018 a sindicatos y patronal un Plan Estratégico para la FP, en el que se ha avanzado poco este año al convocarse elecciones. En dicho Plan se contemplan cambios para la FP: incluir 80 nuevos grados (reduciendo de 4 años a 1 el plazo para ponerlos en marcha), integrar más a las empresas en la formación e incluir 12 nuevos Cursos de especialización relacionados con la fabricación inteligente, la digitalización, la ciberseguridad, redes 5G, robótica, drones, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, big data y análisis de datos. Además, prometió crear 250.000 plazas de FP, 30.000 ya este curso, triplicando en diciembre pasado el presupuesto para la formación de profesores. Y además de apostar por la FP Dual, el Plan Estratégico pretende incluir el reconocimiento de competencias: el 50% de los españoles tiene una serie de habilidades aprendidas con la experiencia pero sin titulación y la FP les puede permitir convalidarlas.


Los expertos reiteran que potenciar la FP exige dotarla de más flexibilidad en la oferta y facilitar las pasarelas con Bachillerato y la Universidad, para que sean más fáciles los cambios. Además, ex rectores catalanes han propuesto “la modalidad 2+2”: permitir a los que hayan cursado FP de Grado Superior (2 años) que puedan obtener después un título universitario de Grado cursando sólo 2 años en la Universidad. Serían “licenciados FP”, con formación y prácticas, un universitario mucho más atractivo para las empresas que el licenciado a secas.


Los Centros educativos y los sindicatos piden además que exista una normativa única de FP en toda España y no 17 modelos distintos como ahora. Que el Gobierno central regule cuestiones claves de la FP dual, como la obligación de las empresas de nombrar un tutor que supervise las prácticas del estudiante y su remuneración, que depende de las autonomías: en Cataluña es obligatorio pagarles según las horas trabajadas y en Andalucía no. Un ejemplo para toda España es el modelo de FP en Euskadi, que en su día implantó la actual ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, gran defensora de la FP.


En definitiva, nos jugamos el empleo del futuro con la FP y eso exige potenciarla al máximo, prestigiar la Formación Profesional entre los jóvenes, sus familias y los docentes. Y contar con más recursos, más Centros y más oferta de títulos, ligados a lo que necesiten las empresas. Es clave incluir la Formación Profesional en el gran Pacto educativo que necesita España con urgencia. Una prioridad para salvar el empleo de los jóvenes.

EPA septiembre 2019: se "desinfla" el empleo

Hoy se ha conocido la EPA de septiembre, que refleja lo que todo el mundo dice: la recuperación se está frenando y también el empleo. Este verano se han creado sólo 69.400 empleos, la tercera parte que en 2018 y el menor aumento del empleo desde 2013. Y lo peor: el empleo sólo crece entre los hombres y baja entre las mujeres. Además, sólo un 6,2% de los nuevos contratos son “decentes” (fijos y a jornada completa), con lo que seguimos siendo el país con más trabajo precario de Europa.  Y mientras, apenas baja el paro, casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajo y el 40% no cobran ningún subsidio. De hecho, hay 1,28 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza más absoluta. Un panorama muy preocupante, tras 6 años de recuperación y con la amenaza de otra crisis. Por eso, urge tener un nuevo Gobierno que pacte  un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad de todos los partidos en 2020. El empleo no puede esperar.

enrique ortega

El verano suele  ser una buena época para el empleo, por el turismo. Pero este año, ha “pinchado” el turismo (-0,92% de turistas en julio y agosto) y también el empleo, sobre todo en septiembre. Con ello, el empleo se desinfló en el tercer trimestre de 2019, según la EPA conocida hoy: sólo se crearon  69.400 empleos entre julio y septiembre, la menor cifra de creación de empleo desde 2013 (se crearon 183.900 empleos en el tercer trimestre 2018, más de 225.000 en 2016 y 2017, 182.200 en 2015, 151.000 en 2014 y 39.500 en 2013). Y lo más preocupante es que sólo se ha creado empleo entre los hombres (+74.300) y se ha perdido entre las mujeres (-4.900 en el trimestre). Se creó empleo este verano en los servicios (+87.700) y la industria (+51.200), pero se perdió en el campo (-63.000) y la construcción (-6.500). Por autonomías, el empleo aumentó en 11 (+41.000 en Baleares, +31.300 en Cataluña, +16.700 en la Comunidad Valenciana y +15.400 en Castilla y León), pero bajó en otras 6 (-35.000 Andalucía, -15.100 en País Vasco), más Ceuta y Melilla, según la EPA.


Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea sigue siendo muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,4% de los contratos firmados entre enero y septiembre de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018, el 90,32% en el 2º y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que sucede es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un estudio de CCOO.


Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26,66% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (13,7% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.5%) o Alemania (12%), según Eurostat (2019). Y España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.


También suben este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 35,4% de los contratos firmados de enero a septiembre (frente al 33,18% en el primer trimestre y el 34,72% en el 2º), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,06 millones de los 2,78 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 55,8% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 24,8% de media en Europa, según Eurostat.


Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,2% de los contratos firmados en 2019 (16.783.000 entre enero y septiembre) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% fueron contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.


Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento en España de los trabajadores pobres (los que ganan menos del 60% de la media del país): 2.200.000 personas con empleo, el 13% de los asalariados, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muy por encima de la media europea (9,5%) y el tercer país con más trabajadores pobres de Europa, tras Rumanía (24%) y Grecia (17%).


Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3.214.400 españoles y sus familias, según la EPA. La bajada del paro en el trimestre (-16.200) es mucho menor que en los últimos años (bajó en -164.000 en el tercer trimestre de 2018 y en -298.200 parados en 2015). Y aunque la tasa de paro esté ahora en el 13,92% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (17% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,2% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (agosto 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (31,6% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (15,92% en paro frente al 12,7% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan o rondan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras seis no llegan al 10% (Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, Baleares y la Rioja), según la EPA.


No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad (el 43,5%) los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,4 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva de encontrar trabajo porque tienen más de 45 años. 


Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En agosto, último dato de Trabajo, sólo 1.927.778 parados cobraban alguna ayuda, el 60% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 4 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla (sólo 31,25% cobran algo), Canarias (49,16%), Ceuta (43,58%) y Asturias (48,37%). Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.018.538 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (909.240 parados), que ha bajado a 804,70 euros al mes. 


Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.833.700 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar 726.300 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).


Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 6 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 60%), según el Barómetro del CIS de septiembre. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales.


Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, casi 3 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse en el Congreso que salga tras  las elecciones del 10-N. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIREF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.


El próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.


En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como la iniciada en agosto de 2018 (se regularizaron 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.


Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso significa evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.


Son retos muy importantes y que exigen tiempo. Pero urge empezar cuanto antes, porque el empleo no puede esperar: es lo que más preocupa a los españoles, aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos tras el 10-N. Muévanse.

Pensiones: el que venga detrás, que arree

A nadie parece preocuparle el futuro de las pensiones. Sólo “el hoy”: lo que subirán en enero y los años próximos, mientras vivamos. Después, qué pasará con las pensiones de nuestros hijos, no preocupa tanto. No se plantea el grave problema de las pensiones como lo que realmente es: una cuestión de “solidaridad entre generaciones”, donde hay que combinar las pensiones que se pueden pagar hoy con asegurar las que hay que pagar mañana. Eso exige pensar muy bien los criterios de revalorización de las pensiones (una subida del 2% hoy cuesta 327.000 millones en 20 años), la pensión que se puede pagar durante 20 años y la que se podrá pagar en 2050, cuando haya 15 millones de pensiones y no 10 millones. Hay que hacer cuentas con rigor, forzar al máximo los ingresos y atemperar el gasto, para asegurar unas pensiones dignas hoy y a mediados de siglo. No pensar sólo en nosotros, sino en las pensiones de nuestros hijos y nietos. Esa es la reforma que necesitamos.

enrique ortega

La factura de las pensiones bate récords mes a mes. En septiembre, pagar las pensiones ha costado 9.643 millones de euros, un 53% más que hace solo una década (6.332 millones en septiembre de 2009: ver gráfico evolución del gasto). La factura ha subido un +6,56% este año (enero-agosto) porque sube el número de pensiones (son ya 9.760.220), porque las nuevas pensiones son más altas que las anteriores (y sube la pensión media a 993 euros, a 1.140 euros la de jubilación y a 713 euros la de viudedad) y, sobre todo, por la revalorización de pensiones (+1,6% y +3% las mínimas), que supone más de la mitad de la subida (+3,7%). Y aunque también han subido los ingresos por cotizaciones, por el aumento de algunas bases de cotización (máximas y autónomos), del empleo y los salarios (incluida la subida del salario mínimo a 900 euros, que cotiza más), no ha sido suficiente para pagar todos los gastos de la Seguridad Social, que tuvo -5.703 millones de déficit hasta agosto.


La previsión de la Seguridad Social es que la factura de las pensiones será de 153.800 millones en 2019 (421 millones diarios), un 57% más que en 2008 (98.000 millones) y casi el doble que en 2005 (79.200 millones). Eso supone que gastaremos el 12,5% de lo que produzcamos (PIB) en pagar pensiones, cuando en 2011 era el 10,43% y en 2008 el 8,8% del PIB. Un tremendo esfuerzo que, otro año más, no se podrá pagar con cotizaciones y provocará otro déficit en la SS, estimado por el Gobierno en -17.430 millones de euros en 2019, incluso superior al déficit de 2018 (-17.088 millones) y similar al de 2017 (-16.775) y 2016 (-17.720 millones). Con ello, serán ya 10 años de déficit en las cuentas de la Seguridad Social (desde 2010), un “agujero” de las pensiones que suma -118.022 millones de déficit entre 2010 y 2019, tras 11 años antes de superávit, desde 1999 (ver gráfico).


Para “tapar este agujero” de la SS, el Gobierno Rajoy tiró de “la hucha” de las pensiones, creada por Aznar en el año 2000 y "engordada" por Zapatero (la recibió en abril de 2004 con 12.025 millones y la dejó a finales de 2011 con un máximo de 66.815 millones). En 2017 ya sólo quedaban en la hucha 8.095 millones y los gobiernos de Rajoy y Sánchez han tenido que hacer préstamos a la Seguridad Social (37.660 millones entre 2017 y 2019) para poder pagar las pensiones, además de seguir tirando de la hucha (sólo quedaba 5.043 millones en junio 2019), que se quedará con 1.500 millones a finales de 2019. Así que el agujero de las pensiones se ha financiado con la hucha (se han sacado 80.000 millones si contamos lo que había más los intereses ganados al invertirla en deuda y lo que se ha cogido de las Mutuas) y con deuda (la SS tendrá 54.833 millones de deuda a finales de 2019), que tendremos que pagar a los inversores en las próximas décadas.


Pero no podemos seguir así, porque si no se toman medidas el agujero de las pensiones crecerá, y ya no hay “hucha” ni podemos endeudarnos más. Esto es lo que hay que tener in mente cuando ahora se debate la revalorización de pensiones para 2020. Nadie dice que no haya que subir las pensiones, sólo que hay que hacerlo pensando en las cuentas que tenemos y cómo se puede compatibilizar una subida razonable con que el sistema no quiebre.


La propuesta de Pedro Sánchez, en víspera de las elecciones del 10-N, es que si gana, subirá las pensiones un 0,9% en enero, lo que se prevé que suba el IPC a finales de 2020, según el Plan presupuestario enviado la semana pasada a Bruselas. Eso costará 1.404 millones en 2020, según sus cuentas. Pero ese es el coste en un año y no tiene en cuenta que la subida se incorpora a la pensión y afecta al coste de las futuras subidas. De hecho, una revalorización del 2% anual cuesta 2.365 millones en el primer año, pero como se consolida, al cabo de 20 años (la vida media de un pensionista), cuesta a la SS un total de 327.000 millones de euros, según un estudio hecho por FEDEA a raíz de la revalorización de 2019 (+1,6% todas las pensiones y un 3% las mínimas). Ojo a la revalorización que se hace, porque es una hipoteca a las pensiones de aquí a 20 años.


Por eso, algunos expertos y el Banco de España creen que “es insostenible económicamente” una revalorización de las pensiones con el IPC: supondría aumentar el gasto en pensiones en 24.000 millones para 2035 y en 36.000 millones para 2050 (casi la cuarta parte de la factura de las pensiones hoy). Son puras cuentas. También es cierto, como dice la ministra de Trabajo, que no subirlas con el IPC es “insostenible social y políticamente”: a ver qué Gobierno se atreve a hacerlo. Y más cuando dos tercios de las pensiones actuales (6.164.441 pensiones) son inferiores al salario mínimo (900 euros), un tercio cobran menos de 650 euros y el 12% menos de 400 euros al mes.


El debate de la revalorización de pensiones hay que inscribirlo en el debate sobre las cuentas de las pensiones y su tremendo déficit. Porque no se trata solo de una cuestión de justicia social (que también) sino de una cuestión de evitar la quiebra del sistema. Por eso, primero hay que ver cómo se pueden encajar las cuentas, a corto y medio plazo, y en este contexto decidir cuánto se pueden revalorizar las pensiones.


A corto plazo, lo más urgente es reequilibrar las cuentas de las pensiones, “tapar el agujero” para no tener que endeudarse más. Y puede hacerse. Por un lado, hay que quitar gastos que cargan sobre las pensiones y no deben pagarse con cotizaciones, sino con el Presupuesto: el coste de las medidas de fomento de empleo (3.358 millones anuales en bonificaciones a la cotización de empresas, poco útiles para crear empleo además), el coste de los permisos de paternidad y maternidad (2.558 millones que salen también de las cotizaciones), los 1.585 millones de prestaciones familiares, el pago del desempleo no contributivo (5.967 millones en 2018) y hasta los 4.000 millones que cuesta mantener el Ministerio de Trabajo (y que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto). Si quitamos a la SS estos costes (17.500 millones anuales), que financian las cotizaciones, no tendría déficit.


Pero aunque tapemos el déficit a corto de la SS, seguimos con el problema a medio y largo plazo: los ingresos por cotizaciones no cubren unos gastos crecientes, que se van a disparar a medida que España envejezca más. Sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1960 y 1975. Por eso, el verdadero problema es que los 9,7 millones de pensiones actuales serán 15 millones en 2050. Y para poder pagarlas sin problemas necesitaríamos contar entonces con 30 millones de españoles trabajando, 10,5 millones más de empleos que hoy, algo imposible: la Comisión Europea estima que sólo habrá 20 millones de españoles trabajando para 2050, lo que daría 1,3 ocupados por pensión. Y así no salen las cuentas.


Como no nos podemos “inventar” empleos y los pensionistas serán los que sean, sólo queda un doble camino para intentar ajustar las cuentas: aumentar los ingresos y atemperar los gastos. Para aumentar los ingresos de la SS, los expertos señalan tres caminos. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones: en España son más bajas que en la media de Europa (según Eurostat) y podrían subirse algo (las de las empresas y también las de los trabajadores: mejor eso que tener que pagarse una pensión privada), todas y en especial las de los sueldos más altos (hoy hay topes). El segundo camino sería trasvasar ingresos del Presupuesto, una parte de la recaudación actual y otra de ingresos nuevos (tasa Tobin sobre operaciones financieras) o cambios en los ingresos actuales (subir el IVA reducido a algunos productos y servicios, por ejemplo). No olvidemos que España recauda 73.000 millones menos que Europa y tenemos margen para ingresar más por IRPF, IVA, sociedades, patrimonio e impuestos verdes: una parte podría ir a financiar las pensiones.


Pero no bastaría con recaudar algo más con cotizaciones o impuestos, entre 20.000 y 30.000 millones extras para 2050. Haría falta además, “atemperar” el gasto en pensiones, otros 30.000 millones, porque si no, la inercia del aumento de pensionistas, la subida de las nuevas pensiones y la revalorización se comerían los ingresos, incluso con una recaudación extra. Por eso, nos guste o no, hay que ver las pensiones que se pueden pagar a medio plazo, no las que nos gustaría cobrar. Y sobre todo porque ya hoy, las pensiones en España son de las más generosas de Europa (la pensión media supone en 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE) y no hemos cotizado suficiente por ellas: si se ha cotizado 37 años, se pagan 13,2 años de la pensión media, con lo que los 8 años restantes que se cobran no se ha cotizado por ellos, según explica este detallado estudio de Fedea.


No se trata de recortar el gasto en pensiones sino de que crezca menos, para asegurar su futuro. Para ello, habría que actuar en varios frentes. Uno, aumentando la edad real de jubilación, que hoy está en 64,2 años aunque la oficial se subió a 65 años y 8 meses para este año 2019 (y 67 años para 2027). Conseguir frenar las jubilaciones anticipadas y hacer que la edad real de jubilación suba sólo 1 año (hasta 65,2), como plantean Trabajo y la Autoridad Fiscal (AIReF) permitiría reducir el gasto en pensiones un 1% anual (acumulativo). Otra medida eficaz para atemperar el gasto sería aumentar el periodo de cálculo de la pensión, de los últimos 25 años cotizados ahora (previstos para 2027) a 35 años de cómputo, con la idea de ampliarlos después y tener en cuenta toda la vida laboral. Y en tercer lugar, habría que decidir un sistema de revalorización de las pensiones que se pueda pagar a medio plazo.


En este tema de la revalorización, hay que dejarse de demagogias y plantear una solución justa y financiable. Revalorizar las pensiones con el IPC puede ser muy costoso en años de alta inflación y en otros, como 2019, poco “justo”: las pensiones han subido un 1,6% y la inflación media (la que habría que mirar) subirá un 0,77%, ganando más poder adquisitivo las pensiones altas que las mínimas. Por eso, algunos ven más justo revalorizar con el IPC sólo las pensiones más bajas y compensar al resto periódicamente si pierden poder adquisitivo. Y dedicar recursos sobre todo a subir las pensiones más bajas, ya que un 0,9% de subida no les compensa de la miseria y no supone casi nada para los que reciben 1.200 euros (10 euros al mes). Pero sepamos que si se aprueba “IPC para todos”, en 20 años el sistema se resiente.


Al final, se trata de echar cuentas y ver qué pensiones se pueden pagar hoy y dentro de 30 años, con los ingresos previsibles y otros nuevos. Y parece indudable que eso pasa por unas pensiones más altas para los que cobran las mínimas y unas pensiones que crezcan menos para el resto, durante más años de vida, para asegurar que cobramos los pensionistas de hoy y que cobrarán también pensiones dignas las generaciones futuras. Se trata de asegurar el pastel de las pensiones hoy y mañana y repartirlo con solidaridad entre generaciones. Urge aprobar una reforma de las pensiones que valga para 2050. No vale exigir que me suban mi pensión ahora “como sea”, sin pensar si esa revalorización pone en peligro las pensiones del futuro. Porque son las de nuestros hijos y nietos.