La OCDE y la Comisión Europea acaban de examinar la sanidad española y le han
dado una nota alta: gasta menos que otros paises y es más
eficaz, consiguiendo que tengamos la
esperanza de vida más alta de Europa. Pero nuestra sanidad pública afronta graves
problemas que han provocado protestas de médicos en Andalucía,
Cataluña y Galicia, por el colapso en las consultas y las abultadas listas de
espera para especialistas y operaciones. El origen de estos problemas son los
recortes de gastos y personal entre 2010 y 2014, que provocan ahora
falta de profesionales y servicios. Urge un Pacto sanitario, para gastar
como Europa (12.000 millones más al año), y ampliar plantillas y servicios, homogeneizando una sanidad
muy dispar entre autonomías. Hay que hacerlo ya, porque un nuevo médico
cuesta hasta 11 años (con el MIR). Y porque en una década se jubilan el 40% de
los médicos y habrá muchos más viejos que atender. SOS sanidad pública.
España es el país
europeo con la esperanza de vida más
elevada de Europa: 83 años de
media en 2015, frente a 80,6 de
media en la UE-28, 82,7 años en Italia, 82,4 en Francia, 81,3 en Portugal, 81
en Reino Unido y 80,7 años en Alemania, según el reciente estudio “Panorama de la Salud en Europa 2018”, elaborado por la OCDE y la Comisión Europea.
Y en una generación más, para 2040, España será el país del mundo con más esperanza de vida: 85,8 años frente a
85,7 años de Japón, según la revista The Lancet.
Además de tener una mayor esperanza de vida, los españoles tenemos mejor salud que la
mayoría de los europeos, según el estudio de la OCDE-CE: el 72% de
españoles asegura tener buena salud,
por encima de la media europea (68%
con buena salud), sólo peor que 6 paises UE (82% Irlanda, 81% Chipre, 80%
Suecia, 77% Holanda, 74% Bélgica y 73% Grecia) y mucho mejor que los
porcentajes de salud de Portugal (sólo 47% población con buena salud), Alemania
(64%), Italia (65%), Francia (68%) y Reino Unido (69%).
La mejor salud y la elevada esperanza de vida de los
españoles tienen que ver con el estilo de
vida, el clima, la alimentación, los factores
de riesgo y la sanidad. El informe sobre la salud en España 2017,
un “chequeo” publicado el 22 de noviembre por la OCDE y la Comisión Europea,
analiza los 3 grandes factores de riesgo que causan el 25% de las
enfermedades: el mayor tabaquismo de los
españoles (con una tasa de fumadores, el 23% en 2014, superior al 21% de la
UE-28 y que ha subido al 34% en 2017, como antes de la Ley
antitabaco, según el reciente dato del Ministerio de Sanidad), un menor
consumo de alcohol (9% frente al 20% de media en la UE-28, aunque señalan
que crece en adolescentes) y la mayor
obesidad (16,2% frente al 15% en la UE, aunque lo que más preocupa es la
obesidad de adolescentes: 20% ya obesos en España frente al 18% en la UE-28).
Si aunque fumamos
demasiado, bebemos mucho y comemos cada vez peor, tenemos mejor salud y más
esperanza de vida que los europeos, es porque tenemos una sanidad “muy eficaz”, según el detallado informe de la OCDE-CE. Y lo apoyan en que consigue tener una “mortalidad tratable” de las más bajas
de Europa, debido a que el sistema
sanitario es eficiente en el tratamiento de personas con enfermedades
potencialmente mortales: tenemos 89 muertes tratables por 100.000 habitantes
(en 2005 eran 124) frente a 126 muertes de media en la UE-28 (eran 175 en
2005). Y dos notas buenas más de este
“chequeo”. Una, que la sanidad española
es la quinta de Europa que más personas
atiende, al 99,9% de la población, frente a la media europea, que deja
fuera al 5,8% de las personas, sobre todo de bajos ingresos. Y la otra, que la sanidad española es de las más baratas:
el gasto total en sanidad (pública y privada) fue de 2.374 euros por español,
frente a 2.797 euros de media en la UE. Eso sí, los pagos privados de los pacientes
han aumentado con la crisis y son ya el
24% del gasto sanitario total en España (seguros, dentistas, copago
medicamentos…), mientras sólo suponen el
15% del gasto sanitario en la UE-28,
según el informe de la OCDE-CE.
En definitiva, que tenemos una sanidad eficaz, universal y barata, aunque no exenta de problemas,
como también señala el informe de la OCDE y la Comisión Europea. El principal, las listas de
espera y el deterioro de la calidad de muchos servicios, junto a la diferente
atención sanitaria por autonomías. Es el fruto de los drásticos recortes aplicados a la sanidad pública durante la crisis y
sobre todo en 2012. El gasto
sanitario se redujo en 9.787 millones entre 2009 y 2014 (se perdieron 1 de cada 7 euros), según datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se perdieron 41.000 empleos sanitarios (11.000 médicos y 30.000
enfermeras). A partir de 2015, con
la llegada de nuevos gobiernos autonómicos de izquierdas, el gasto y las
plantillas aumentaron algo, pero ha sido insuficiente: todavía hay 35.000 empleos menos y el gasto sanitario público en 2018 (70.804
millones) es todavía inferior al de 2009
(72.239 millones). Y como la economía ha crecido mucho más estos años, el
peso del gasto sanitario público se ha reducido y es inferior al europeo:
si en 2009, España gastaba un 6,2% del PIB, en 2018 gasta el 5,8%, muy por debajo del gasto
sanitario público de la media UE-28, Alemania o Italia (gastan el 7,2% del PIB)
y de Francia (8,2% del PIB).
Estos recortes
afectaron a toda la sanidad pública,
desde paralización de nuevos hospitales a compra de tecnología, pero sobre todo a sus plantillas: los médicos y enfermeras vieron recortados sus ingresos (vía pluses y horas), sus mínimos aumentos salariales se los
comió la inflación, aumentó su jornada laboral (de 35 a 37,5 horas) y muchos
con contratos temporales fueron despedidos mientras sólo se cubrían el 10% de
las jubilaciones. Con todo ello, se alcanzó un
nivel insostenible de precariedad
en los 485.000 empleados de la sanidad pública. Entre los médicos (116.711 trabajan en la sanidad pública), el 48,8% son interinos y muchos (el
39%) llevan así más de 10 años, según un estudio encargado por los médicos (la OMC y el sindicato CESM). Y de estos interinos sin plaza, el 24% tienen contratos temporales por
menos de 6 meses (algunos por semanas y días: por guardia). Y la precariedad es aún mayor entre las enfermeras/os: más de un
tercio tienen contratos temporales.
Además de tener médicos
y enfermeras con contratos precarios,
están mal pagados: el personal
sanitario ha perdido un 25% de poder adquisitivo, según los sindicatos (CESM) Y el sueldo
medio bruto de los médicos, sobre
40.000 euros anuales (41.000-54.000 los especialistas) está muy por debajo del sueldo medio de los médicos en Reino Unido (129.000 euros
brutos), Alemania (125.000 euros), Francia (96.000) o Italia (80.000 euros). Y
además, hay enormes diferencias salariales por autonomías. Así, un médico especialista gana 54.148
euros brutos en el País Vasco frente a 40.908 en Murcia (y 37.631 euros frente
a 30.000 los médicos no especialistas), según un estudio de Adecco en 2017. Y
lo mismo las enfermeras especialistas: 29.219 euros en Euskadi frente a 22.094
en Murcia (y 25.087 frente a 20.087 el resto de enfermeras/os). Y encima, las mujeres
sanitarias (74,2% de las plantillas) ganan un 27,23% menos que los
hombres.
Este penoso panorama laboral en la
sanidad pública española se ha traducido en una falta de médicos, sobre todo médicos especialistas: hay muchos Centros de Salud sin pediatras, faltan médicos de familia y médicos rurales,
dermatólogos, cardiólogos, traumatólogos, radiólogos, internistas y urólogos y
hay hospitales donde se han anulado operaciones por falta de anestesistas. Y
esto sucede a pesar de que España tiene
más médicos por habitante que la mayoría de Europa: hay unos 212.000 médicos colegiados en
activo (sólo el 1,6% en paro), una media de 3,9 por 1.000 habitantes, frente a 3,4 médicos/1.000 en la OCDE, 4,1 en
Alemania, 3,8 en Italia, 3,3 en Francia y 2,8 en Reino Unido. El problema es que
la
gestión de personal del SNS
es pésima, con muchos “cuellos de botella”. El primero, que de
los 6.000 médicos que se licencian cada año, un tercio emigran, se van fuera de España a la vista de los
contratos y sueldos de aquí. Y muchos se van a la sanidad privada o se jubilan (sólo se sustituía al 10%).
Y los que quieren trabajar, se encuentran que tienen que hacer un MIR (4 ó 5 años) y no hay plazas suficientes (las autonomías los redujeron porque los
recortes les impedían contratar nuevos médicos).
Así que no hay
médicos suficientes, no porque no salgan de las Facultades, sino porque se
van (al extranjero, a la sanidad privada o a la jubilación) y los que se quedan
no encuentran plazas de MIR para prepararles. Y los que se forman, están
mal repartidos, porque buscan plazas en grandes ciudades y hospitales: no hay incentivos para dirigirles
donde hacen más falta. El problema se agravará, porque en la próxima década se van a jubilar un 40% de los
médicos especialistas actuales, con lo que perderemos otros 40.000 médicos para
2018. Y será peor en algunas autonomías, como Cataluña o Asturias. También se
jubilarán en la próxima década un 27% de las enfermeras/enfermeros actuales (hay 169.233 trabajando en el SNS), agravando el déficit que ya tenemos:
España tiene 5,3 enfermeras/os por 1.000 habitantes, frente a 8,5 en Europa, 9 en la OCDE, 9,9 en Francia o 13,3 por 1.000 habitantes en Alemania. Eso
significa que para tener tantos enfermeros/as como Europa, habría que contratar a 150.000 más, sin contar los necesarios para compensar las jubilaciones.
Los pacientes ya notamos
esta falta de médicos y enfermeras, en los centros de salud, en los hospitales
y al pedir cita para el especialista. Hasta ahora, los médicos y enfermeras tan tratado de “paliar la escasez”,
cubriendo bajas y turnos, pero el sistema “está al límite”. Y por
eso, muchos médicos y enfermeras han salido a la calle, en Andalucía,
en Cataluña
y en Galicia.
Y antes, en Madrid o Murcia. La crisis ha estallado por los médicos de familia y la atención primaria, “la primera línea de la sanidad pública”,
donde más se nota la falta de profesionales y el colapso en las consultas: cada
médico de familia ha de atender una media de 44 pacientes al día (menos de 10 minutos cada uno), más las tareas administrativas y las
urgencias y visitas a domicilio. Y al
fallar la atención primaria, “los cimientos de la sanidad”, se
colapsan las urgencias, las visitas a los especialistas y los hospitales.
Los pacientes no sólo notamos que los Centros de salud están
colapsados sino que sufrimos largas esperas cuando necesitamos ir al especialista o operarnos, otra
consecuencia de los recortes y la falta de profesionales y medios. Las listas
de espera han mejorado en
2017 y 2018, pero son superiores a las de
muchos paises europeos, según el informe de la OCDE-CE. En junio 2018, había 584.018 españoles esperando una
operación (sobre todo de cataratas, artroscopia, cadera, hernia o
cirugía vascular), con una espera media
de 93 días (en Canarias eran 147 días, en Castilla la Mancha 137 y en Cataluña
132 días, mientras sólo esperan 47 días en Madrid y 48 en el País Vasco), según el Ministerio de Sanidad. Y la lista
de espera para el especialista afecta a 43 de cada 1.000 habitantes, más en
Cantabria (74/1.000 habitantes), Ceuta (66), Canarias (62,3) y Galicia (61,39)
y menos en el País Vasco (13,93 por cada 1000 habitantes), Melilla (18,49),
Castilla la Mancha (24,22) y Madrid (26,51), con una espera media de 57 días (en Canarias, 105 días).
Otro problema muy
serio de la sanidad española es la desigual atención por autonomías, fruto de los
distintos recortes (hay 8 autonomías que todavía hoy gastan menos en sanidad que en 2009: Cataluña,
Andalucía, Extremadura, Canarias, Galicia, Castilla la Mancha, Murcia y La
Rioja) y de que gastan más o menos en
sanidad: este año 2018, el País Vasco (1.695 euros/habitante) gastará en sanidad un 46% más que Andalucía
(1.158 euros/habitante). Y junto a los vascos (1.670 euros en 2017), los
que más gastan en sanidad son Navarra (1.635 euros en 2017), Asturias (1.586
euros), Extremadura (1.453) y Aragón (1.441). Y los que menos gastan, Andalucía
(1.108 euros/habitante en 2017), Madrid (1.179), Cataluña (1.192), la Rioja (1.199) y
Murcia (1.206).
Este gasto desigual, a lo largo de los años, se traduce en más o menos médicos
(2,39 especialistas/1.000 habitantes en Euskadi frente a 1,53 en Andalucía), enfermeras (4,42 especialistas/1.000
habitantes en el País Vasco frente a 2,67 en Andalucía), camas hospitalarias (4,66/1.000
habitantes en Cataluña frente a 2,49 en Andalucía), intervenciones en quirófano
(1.365 en Euskadi frente a 986 en Murcia) o el uso de las urgencias (mayor en las autonomías con menos gasto:
669/1.000 habitantes en Andalucía frente a 519 en Euskadi).Al final, evaluando distintos
parámetros, los médicos de la Federación en Defensa de la Sanidad pública
configuran un ranking de “4 Españas” sanitarias. Una sanidad “buena” en el
País Vasco (94 puntos sobre 118), Navarra (83), Aragón (80) y Castilla y León
(83 puntos). Una sanidad “regular” en Asturias (78), Castilla
la Mancha y Extremadura (77), La Rioja (76) y Madrid (73). Una sanidad “deficiente” en Baleares (72
puntos), Galicia (71), Andalucía (68), Cantabria y Murcia (66). Y una sanidad “mala” en Cataluña (65 puntos),
Valencia (63) y Canarias (53), estas dos últimas
las autonomías con peor sanidad desde 2010. Así que ojo a donde nos ponemos enfermos…
En definitiva, que tenemos una sanidad pública que es de las mejores del mundo, pero que
sufre problemas muy serios que la pueden hacer estallar en cualquier momento. Y las tensiones se van a agravar
en las próximas décadas, por dos razones de peso. Una, el envejecimiento de la población: si
ahora tenemos un 18% de mayores de 65 años, en 2029 serán el 25% y en 2050 el 36,3%, muy por encima de los demás paises (28% de media la OCDE, 30,7%
Alemania, 26,7% Francia y 25,4% Reino Unido). Y tener más mayores supone un
mayor gasto sanitario. Además, aumentarán los enfermos crónicos (hoy ya son 4 de cada 10 españoles y las
enfermedades complejas (ELA), más costosas de tratar. Además, aumentará el gasto farmacéutico, con nuevos tratamientos más costosos. Y se avanzará en la
tecnología sanitaria, más compleja y cara. Por todo ello, el gasto sanitario español podría duplicarse para 2025, según
algunas estimaciones como Esade y Antares. Y si hoy la sanidad se lleva un tercio del Presupuesto de las autonomías, en 2040 podría llevarse ya todo su presupuesto si no se toman
medidas, según ha advertido la OCDE.
Visto el panorama,
urge un gran Pacto sanitario para
resolver los problemas actuales de la
sanidad pública y asegurar su futuro.
Haría falta un gran acuerdo político y
social para actuar en 6 frentes.
El primero, asegurar una financiación suficiente para la sanidad: debería acordarse un gasto
sanitario del 7% del PIB (la media
europea), lo que supondría gastar
en sanidad 12.000 millones más cada año (algo que requiere una
reforma fiscal). Con más dinero, podría
actuarse en el frente laboral: garantizar unas plantillas mínimas a medio plazo, con contratos y salarios dignos,
sabiendo que en conseguir más médicos se tarda 10 ó 11 años (6 de Universidad
más 4 ó 5 de MIR). Tercer frente: homogeneizar
la sanidad, con un Fondo de compensación interterritorial, para que
tengamos la misma atención en toda España. Cuarto, configurar un sistema de atención sanitaria a los mayores (en
geriátricos, residencias y centros de día),
para descongestionar hospitales y
centros de salud. Quinto, dedicar más dinero y medios a la prevención, para reducir
enfermedades y hospitalizaciones. Y sexto frente, preparar un Plan sanitario para 2050, para hacer
frente al envejecimiento, las enfermedades crónicas, los nuevos
tratamientos y la renovación
tecnológica.
Tenemos muchos problemas
que atender, pero la salud es una
prioridad y no podemos dejar que empeore más. Hay que ponerse a ello, al
margen de las ideologías: reforzar los
cimientos de una sanidad pública envidiada
que está al límite y puede estallar.
Nos jugamos mucho.
“Hay que conseguir que
el crecimiento beneficie a todos. Hemos dejado a muchos fuera”. No lo ha
dicho un economista de izquierdas ni alguien del PSOE o de Podemos. Lo ha dicho en
Madrid el secretario general de la OCDE,
que integra a los 36 paises más industrializados del mundo. Su último informe
sobre España reitera que crecemos
pero “con mucha pobreza y desigualdad”, como ya dijo la Comisión Europea en
marzo. Y revela que España gasta poco y mal en políticas sociales, porque los impuestos y transferencias
ayudan más a los que más tienen, con lo que nuestra política social es la 4ª
peor de Europa, tras Grecia, Italia y Portugal. Lo dijo también la Comisión Europea, en su informe de
primavera: las políticas sociales
reducen menos la pobreza y la desigualdad en España que en Europa. Pero ni
Gobierno ni oposición se dan por enterados:
están a “otras cosas”. Y por eso, la
mayoría de españoles no notan la recuperación. Y crecen los populismos y extremismos o la abstención.
La economía española
sigue creciendo, pero menos (2,6% este año frente a 3,1%
en 2017) y aún crecerá menos en 2019 (2,2%), según el
último informe sobre España 2018 de la OCDE, presentado el 22 de noviembre.
Pero su mayor preocupación no es que España crezca más sino “conseguir que el crecimiento beneficie a
todos”, algo que no ha pasado con la recuperación iniciada en 2014. “Hemos dejado a muchos fuera”, reconoció en Madrid el secretario general
de la OCDE, la
organización que integra a los 36 paises del mundo más industrializados (salvo
China). Por eso, el informe señala que el gran reto de España es “conseguir que los retos de la recuperación
económica se compartan de forma más generalizada y que nadie quede excluido”.
Para ello, proponen “mejorar el bienestar
y reducir las desigualdades sociales y regionales” en España. Lo mismo dijo
en marzo la Comisión Europea, en su informe sobre España 2018: el
crecimiento no ha reducido la pobreza y la desigualdad, que son de las más
altas de Europa, y hacen falta políticas sociales eficaces para que la
recuperación económica llegue a todos.
En su Informe económico 2018 sobre España, la OCDE dedica muchas páginas a hablar de dos
problemas sobre los que casi nadie habla: la
pobreza y la desigualdad, porque considera que pueden “perjudicar el
crecimiento, la productividad y las oportunidades de inversión”. Empezando por la pobreza, la OCDE destaca que “no ha
dejado de crecer en España”, donde un
26,6% de la población (12.236.000 españoles) son “oficialmente pobres,
según la estadística europea AROPE: o ingresan menos del 60% de la media (familias con 2 hijos
que ingresan menos de 17.896 euros al año o solteros con menos de 8.522 euros)
o tienen poco empleo o privaciones materiales severas. Y la OCDE destaca la pobreza infantil en España, señalando que “se ha disparado durante la
crisis”: afecta al 22% de los niños
de menos de 18 años, casi el doble que en la OCDE (13% niños son pobres),
siendo España el tercer país con más niños pobres, tras Israel y Turquía (25%).Y
además, destaca el informe, 8 de cada 10 niños españoles en edad escolar sufren
“carencias materiales”, sobre todo en vivienda y educación, básicamente por el
paro o la precariedad laboral de sus padres.
En marzo, el informe de la Comisión Europea sobre España ya alertaba de la pobreza y destacaba que se cebaba en los niños (el 28,8% de los menores de 16 años son “pobres”), los parados (el 59,1% son pobres), las madres solas con niños
(47,9% están en riesgo de pobreza), los inmigrantes (40,8% de los que vienen de
Europa son pobres y el 58,7% entre los que vienen de otros paises), jóvenes
(34,8% entre 16 y 29 años) y mujeres (27,1% de tasa de pobreza frente al 26%
los hombres). Y también revelaba que muchos
trabajadores españoles son “pobres”: un 14,8% de los trabajadores son pobres, frente al 8% en la OCDE, lo que sitúa a España como el país con más trabajadores
pobres de la zona euro y el 7º de la OCDE (tras China, India, Costa Rica,
Turquía, Brasil y México).
La OCDE destaca que el otro gran problema de España es la desigualdad, mayor que la media de los 36 paises OCDE: la desigualdad
de ingresos en España (0,34 en el índice de Gini) nos coloca en el puesto 9º del ranking de desigualdad OCDE (índice
0,31), sólo con menos desigualdad que México, Chile, Turquía, EEUU, Israel, Reino
Unido, Nueva Zelanda y Letonia. Y eso es consecuencia de que los ricos son
ahora más ricos y los pobres más pobres, por el triple efecto del paro, el
subempleo y los bajos salarios. El dato que aporta la OCDE es muy explícito: el 20% de españoles más ricos gana
6,6 veces más que el 20% más pobre, cuando en la OCDE esa desproporción
es de 5 veces. Y además, ha empeorado con la crisis, porque la desproporción en
España era de 5,6 veces en 2008.Y el 10%
de los hogares acomodados posee ya la mitad de la riqueza total de España, mientras
que sólo un 20% de esa riqueza está en manos del 60% más pobre, según el informe de la OCDE.
Para la OCDE, lo preocupante no es solo que se hayan
agravado las diferencias de ingresos sino que la desigualdad se ha instalado en España en múltiples ámbitos: hay desigualdad por edades (los jóvenes tienen menos trabajo y más paro que los
adultos), por sexos (la mujer
trabaja y cobra menos), por nivel de
formación (las personas sólo con la ESO tienen un 15% menos de
posibilidades de encontrar trabajo, una brecha superior a la que existe en dos
tercios de paises OCDE) y por regiones
(el paro en Andalucía es el 22,85% y en Baleares el 7,16%), con un gran
desequilibrio de rentas entre autonomías (la riqueza por habitante en
Extremadura es de 18.283 euros, la mitad de la renta de Madrid, que fue de
36.276 euros por habitante en 2017, según el INE). Y todo
ello, sin olvidar la desigualdad de España con Europa: tenemos el 92%
de la renta media europea (26.700 euros/habitante) y ocupamos el
lugar 14º en el ranking de riqueza europeo, según Eurostat (2017), a
pesar de ser la cuarta mayor economía y
la tercera mayor de la zona euro.
Lo peor ya no es sólo que la pobreza y la desigualdad hayan
crecido en España a pesar de la recuperación. Lo más preocupante es que
España lo ha hecho mal al tratar de
corregirlo con los impuestos y transferencias, con la política social, según destaca el informe de la OCDE. Por un lado, revela que el gasto social en España es bajo respecto a la OCDE, salvo en
pensiones (porque somos el 2º país más envejecido del mundo) y desempleo
(porque somos líderes en paro, tras Grecia). De hecho, el gasto en protección
social en España supuso el 16,8% del PIB en 2016, unos 25.700 millones de euros menos de gasto social que la media europea (19,1%
del PIB en gasto social), según Eurostat. España gasta menos cada año en la vejez (9,2% del PIB frente a
10,2%), enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-28) y familia
(0,7% del PIB frente al 1,7% en la UE-28), gastando sólo más en desempleo (1,8%
del PIB frente al 1,3%), porque tenemos más del doble de parados.
Pero lo más llamativo del informe OCDE es que revela que España gasta mal lo poco que gasta en políticas
sociales. Por un lado, las transferencias en efectivo que
hace el Estado benefician más a las familias con más ingresos, con lo que agravan y no corrigen la desigualdad: el
20% más pobre de españoles reciben el 55% del pago medio por transferencias (en
la OCDE reciben el 119%) y el 20% de españoles más ricos reciben el 160% de la
media (el 95% en la OCDE). Eso supone que España es el cuarto país de la OCDE que
corrige peor las desigualdades, tras Grecia, Italia y Portugal, cuyas
políticas sociales son también “regresivas”, ayudan más a los que más tienen.
La clave de que esto pase son los impuestos, que están mal
orientados en España y no ayudan a corregir las desigualdades, según
detalla el informe de la OCDE. Sobre todo en el IVA, las exenciones y tipos reducidos restan ingresos pero no
ayudas a los más pobres sino a las clases más acomodadas y a sectores que no lo
necesitan (como el turismo, que se beneficia del 10% de IVA). También hay
deducciones y exenciones en el IRPF
que ayudan más a los que más tienen (Planes de pensiones, ahorro…). Y por
supuesto, lo poco que pagan las grandes empresas en Sociedades. La OCDE alerta
también de las rebajas en el impuesto de Sucesiones (herencias) hechas por varias
autonomías, que dicen “benefician a los más acomodados”. Y en general, señalan
que los impuestos están orientados en España a las rentas del trabajo (aportan
el 83% de los ingresos”) lo que agrava la desigualdad y “penaliza el
crecimiento y el empleo”, según la OCDE.
Esta crítica de la OCDE a la política social en España se suma a la que hizo la Comisión
Europea en marzo, en su informe sobre España 2018, donde señalaba que “la capacidad redistributiva de los impuestos y las prestaciones sociales
es baja en comparación con otros paises europeos”. Y daba este dato: las políticas sociales en España sólo
reducen las desigualdades un 34,5%, mientras en Europa las reducen un 40% de
media. Y señalaba varias causas, además de unos impuestos poco progresivos:
baja cobertura del desempleo y por poco tiempo (el 45% de los parados EPA no cobra ningún subsidio), pocas ayudas familiares y unas ayudas públicas a los más pobres (rentas mínimas) que llegan a poca
gente (314.562 beneficiarios) y
que pagan poco (434 euros de media, con
grandes diferencias entre los 300 euros mensuales de Murcia o los 385 euros de
la Comunidad Valenciana y los 672 euros que paga el País vasco o los 600 euros
de Navarra). Y la Comisión llamaba la atención sobre el bajo
gasto público español en prestaciones familiares (el 1,3% del PIB frente al
2,4% en la UE-28), que explica en gran medida el aumento de la pobreza infantil.
Con este panorama de mucha desigualdad y pobreza y bajas
ayudas sociales poco eficaces, no es extraño que la mayoría de los españoles (el
70%, según el Informe FOESSA 2017) digan que “no notan la recuperación”. Y que un
93,2% de españoles consideren la actual situación económica como muy mala (15,2%), mala (33,9%) o regular (44.1%), según el Barómetro del CIS, aunque
llevemos 5 años creciendo más que los grandes paises de Europa. El problema es,
como reiteran la OCDE y la Comisión Europea, que este crecimiento no es “inclusivo”.
A lo claro: que beneficia a algunos pero no a la mayoría. Y eso perjudica a la recuperación, como advierte ahora la OCDE y antes la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien cree que la pobreza y la
desigualdad son uno de los tres grandes desequilibrios económicos de España,
junto al paro y la deuda, porque tener a
tantos españoles malviviendo (12,2
millones) reduce el consumo y frena el
crecimiento y el empleo, rebaja la
recaudación fiscal y deteriora las cotizaciones y el déficit de las pensiones.
Así que crecer de
forma desigual no es sólo injusto
socialmente sino que pone en peligro la recuperación económica, además de fomentar el desinterés
por la política y engrosar los populismos y radicalismos. Por ello, la OCDE propone a España “un crecimiento más inclusivo” , utilizando para ello
diversas palancas. La primera, la
política de empleo, fomentando (con una reducción de cotizaciones) la
contratación estable de los trabajadores con salarios más bajos, jóvenes,
mujeres y parados de larga duración, favoreciendo los trasvases de personas entre las regiones con más paro y menos. La
segunda, la política
educativa, para reducir el abandono escolar (18,3%) y los repetidores
(tenemos la segunda mayor tasa de la OCDE), mejorando la formación de jóvenes y
adultos. La tercera, la política de apoyo a la familia, con más ayudas a las familias con hijos y a las
guarderías- La cuarta, una política de vivienda que facilite el alquiler, una losa para las familias: se
llevan el 40% de los ingresos del 38,4% de familias más pobres en España y del
36% en Europa. Y la quinta y clave, otra
política fiscal y social, que consigan recaudar más (España ingresa 81.456 millones menos cada año que la media
europea) y gastar mejor, haciendo
pagar más impuestos a los que más tienen y concentrando las ayudas sociales
en las rentas más bajas.
Este reciente informe
de la OCDE sobre España está ahí,
como el informe de la Comisión Europea de marzo. Pero el
Gobierno y los políticos no los hacen ningún caso: están a lo suyo, a sus peleas diarias y a preparar las próximas elecciones. Y mientras, el crecimiento se debilita y se
reparte de manera muy desigual, año tras año. Y, como dijo el secretario general de la OCDE, muchos
“se quedan fuera” de la
recuperación. Y no sólo es socialmente injusto, sino que pone en peligro la
recuperación y el empleo, además de fomentar el desencanto político y los populismos extremos. A ver cuántos informes más
necesitamos (y cuantos "avisos" como el de las elecciones en Andalucía) para tomar medidas y crecer de forma más sana y justa.
El Gobierno Sánchez aprobó el viernes pasado un Plan de choque por el empleo joven, que Rajoy debió aprobar en 2012 o en 2014. Como no se ha hecho nada, la situación de los jóvenes españoles
es penosa: un tercio está en paro (el doble que en Europa) y los
que trabajan lo hacen con más precariedad que los adultos: un
57% tienen contratos temporales y un 28% trabajan a tiempo parcial. Y su sueldo, ni siquiera mileurista, ha caído entre el 9 y el 28%
sobre 2008. Por eso, el 81% de jóvenes siguen
viviendo con sus padres. Un negro panorama que les provoca “precariedad
vital” y desconfianza ante el futuro. Urge centrarse en su formación (peor que la de los jóvenes
europeos, aunque no se diga), incentivar su contratación, que tengan salarios
dignos y ayudarles con la vivienda
y a crear una familia. El Plan de choque es un punto de partida, pero Gobierno y
oposición deberían volcarse en medidas más ambiciosas para mejorar la penosa situación de nuestros jóvenes.
La crisis se cebó especialmente en los jóvenes españoles.
Lo dicen claramente las estadísticas oficiales :
de los 3.802.800 empleos perdidos en
España entre 2007 (3º trimestre) y 2014 (1º trimestre), el 72,15% (2.744.000 empleos) fueron empleos perdidos por los jóvenes
(de 16 a 29 años), según la EPA. Y lo peor es que la recuperación ha beneficiado también menos a los jóvenes: de los 2.577.400 empleos creados entre 2014 y
2018 (3º trimestre), sólo 484.900 son de
jóvenes (16 a 29 años), el 18,8% del
total. O sea que 3 de cada 4 empleos perdidos con la
crisis fueron de jóvenes y ahora
solo consiguen 1 de cada 5 nuevos empleos creados con la recuperación. Y todavía hay 2.259.100 jóvenes menos trabajando hoy que en 2007, así que los
jóvenes tienen pendiente todavía recuperar un 45% de sus empleos perdidos.
Y este penoso balance, de la crisis y la
recuperación, podría ser peor para los
jóvenes si no hubieran contado con “una gran ayuda”: la pérdida de
población, hay menos jóvenes. Si en 2007 había 8.377.400 jóvenes españoles (16 a 29 años), se produjo una fuerte
caída en 2014 (había ya 6.764.600 jóvenes), que continúa hoy (6.584.300
jóvenes), según el INE. Así que hay 1.793.100 jóvenes
menos hoy que en 2007 (se han perdido
1 de cada 5 jóvenes: si no hubiera caído esa población joven, la situación
de los que quedan sería peor: serían más a repartirse el poco empleo
existente. Además, España ha tenido “otra ayuda”: con la crisis, muchos jóvenes en paro o sin perspectivas de empleo han
vuelto a estudiar, con lo que además de haber menos jóvenes (por la
caída de la población), ha habido menos jóvenes “activos”, buscando trabajo: si
en 2007 había 5.637.700 jóvenes activos
(trabajando o parados buscando trabajo), en 2018 hay 3.702.900 jóvenes (16 a 29
años), según el INE, casi 2 millones de “activos”
menos, lo que también ha “aliviado”
el mercado de trabajo. Y la explicación es que muchos jóvenes, en vez de
buscar un trabajo casi imposible, han vuelto a estudiar.
A pesar de estas dos “ayudas” (menos jóvenes y menos
buscando trabajo), ha habido poco empleo
para los jóvenes (sólo se han llevado
1 de cada 5 nuevos empleos) y por eso ha
crecido el paro juvenil, que, a pesar de la recuperación, duplica todavía hoy el de 2007: es del 45,43%
entre 16 y 19 años (era del 29,19% en 2007, aunque llegó al 70,16% en
2014), del 30,10% entre 20 y 24 años
(14,78% en 2007 y 52,86% en 2014) y del 19,31%
entre 25 y 29 años (frente al 8,09% en 2007 y 32,76% en 2014), según la EPA, el
doble y el triple que el paro total en España, que es del 14,55% (7,93% en 2007 y
25,93% en 2014).
Y lo peor es que el
paro juvenil en España se ha alejado del
europeo, tanto con la crisis como con la recuperación. Si en 2007, el paro de los jóvenes españoles (15 a 29 años) era del 12,9%, muy parecido al de Europa (12% la UE-28
y 12,1% la zona euro), en 2014, tras
la crisis, se había distanciado
enormemente y lo duplicaba con creces: 39,7% de paro juvenil (15 a 29 años)
en España frente a 17,7% en Europa (UE-28) y el 19,6% en la zona euro. Y aunque
ha bajado con la recuperación, en 2017
la distancia con Europa es el doble que
en 2007: tenemos un 29,4% de paro juvenil (15-29 años), frente al 13,2% en
la UE-28, el 15,4% en la zona euro, el 5,8% de Alemania, el 8,4% de Reino
Unido, el 17% de Francia o el 26,7% de Italia, siendo superados sólo por Grecia
(35,6%), según Eurostat. Y si tomamos sólo el paro
de los menores de 25 años, tenemos más del doble que Europa: 34,9% de paro juvenil en octubre 2018, frente a 15,3% en la UE-28, 17,3% en la zona
euro, 6,2% en Alemania, 10,9% en Reino Unido, 21,4% en Portugal, 21,5% en
Francia y 32,5% en Italia, superándonos solo el paro juvenil de Grecia (32,5%),
según la última estadística de Eurostat.
El problema de los
jóvenes no es sólo que haya muchos
en paro (934.500 parados en septiembre 2018, el 31,6% de los jóvenes activos) sino que los pocos que trabajan (2.768.500
en septiembre 2018, el 44% de los jóvenes
en edad de trabajar) lo hacen con
mucha precariedad: dos tercios de
los jóvenes empleados (66%) tienen
un contrato temporal y/o a jornada parcial, frente a un
tercio (30%) los mayores de 30 años, según un estudio de Comisiones Obreras. Y lo peor es que la
crisis ha aumentado la precariedad de los jóvenes, hoy mayor que en 2006.
Así, el porcentaje de jóvenes con contrato
temporal era en 2017 del 57,50%,
frente al 55% en 2006 (y el 44% en 2009), mientras en el conjunto de
trabajadores españoles se ha reducido (del 34% de temporales en 2006 al 27% en
2017). Y lo mismo pasa con los contratos
a tiempo parcial: los tenían un 28,17%
de jóvenes (16-29 años) en 2017, frente al 15,4% de contratos a tiempo parcial
en 2006, según CCOO.
Y esto es el balance
de precariedad de todos los
jóvenes empleados, porque los contratos
que se hacen ahora son aún más
precarios: el 90% de los nuevos contratos hechos en 2018 son temporales y un 35% a tiempo parcial. Y sólo el 4% de los contratos nuevos de los
jóvenes son “de calidad”: indefinidos
y a tiempo completo. Además, cada vez hay más rotación: si en 2007, cada asalariado joven firmaba una
media de 3,4 contratos al año, en 2017 se firmaron 5,7 contratos de media por
joven (16-29 años). Y los contratos temporales de los jóvenes son por
menos tiempo: en 2017, un tercio fueron por menos de un mes. Y eso les
llevó a estos jóvenes a firmar hasta 46
contratos temporales en 2017, según el informe de COOO.
Con tanto paro y tanta precariedad, el salario de los jóvenes es
muy bajo: el salario medio anual de los jóvenes menores de 20 años fue de 7.182
euros brutos (508 euros/mes netos en 12 pagas), el de los jóvenes de 20 a 24 años fue de 11.316 euros brutos (801 euros/mes
netos en 12 pagas) y el de los jóvenes de
25 a 29 años de 19.339 euros brutos
(1.369 euros/mes netos en 12 pagas), según la última estadística del INE (sueldos 2016). Eso supone que el
sueldo de los jóvenes es el 31% (16-19 años), el 49% (20-24 años) o el 68%
del sueldo medio de todos los trabajadores (23.156 euros brutos en 2016). Y
son tan bajos porque los sueldos de los
jóvenes se han reducido con la
crisis, se han devaluado entre
2008 y 2016: cayeron un -20% los
sueldos de los menores de 20 años, un
-15% los de 20 a 24 años y un -9% los sueldos de los jóvenes de 25 a
29 años, mientras aumentaban un +6% en el total de trabajadores, según la Encuesta anual de estructura salarial del INE.
Con estos sueldos, muchos
jóvenes no llegan ni a “mileuristas”
y tienen serios problemas para sobrevivir. De hecho, con la crisis han crecido los jóvenes “pobres”, considerados así por la estadística europea AROPE cuando ingresan menos del 60% de la media española (menos de
8.522 euros anuales los solteros y menos de 17.896 euros anuales las familias
con 2 hijos): son ya pobres un tercio de
los jóvenes de 16 a 29 años (el 34,8% en 2017), un 12% más que en 2008
(22,8% de los jóvenes eran pobres). Y esta tasa
de pobreza juvenil es mucho mayor que la media española (26,6% son pobres) y que en el resto de las
edades (25% de pobres entre 30 y 44 años o 16,4% de pobres entre los mayores de
65 años).
Con tanto paro, tanta precariedad y unos sueldos tan bajos,
los jóvenes españoles viven en lo que CCOO llama “la precariedad vital”: su objetivo es vivir al día, sobrevivir, sin
demasiadas esperanzas de mejorar. Saben que tienen
muy difícil cosas “normales” para sus padres, como alquilar o comprar un
piso y formar una familia. Y tampoco irse de casa: el 80,6% de los jóvenes españoles
menores de 30 años vivían con sus padres
en 2017, nada menos que 5.236.860 jóvenes, 4
de cada 5 en esas edades, según el Observatorio del Instituto de las Juventud. Y hay 8 autonomías donde
suben del 82% los jóvenes no emancipados: Andalucía, Extremadura, Murcia,
Asturias, Cantabria y el País Vasco. Un dato que contrasta con el 70% de jóvenes no emancipados que
hay en Europa.
Si el presente de los jóvenes es difícil, a pesar de la
recuperación, el futuro se presenta aún más problemático, por dos
razones. Una, porque para 2030, un tercio de los empleos actuales (34%) están en riesgo, por la robotización de la economía, según un
reciente estudio de la consultora PWC hecho en 27 países, que señala a España como el 4º
país más afectado por la automatización del trabajo, tras Eslovaquia (perdería
el 44% de los empleos actuales), Italia (-39%) y Alemania (-37%). Y la otra,
porque el empleo del futuro será más especializado y el 70% de los
nuevos empleos que se creen en 2025 requerirán una “alta formación”, según la Comisión Europea.
Y nuestros jóvenes
(25-34 años) tienen todavía baja formación, aunque un tercio largo sean
universitarios, según el último informe educativo de la OCDE: el 35% tienen
baja
formación (sólo tienen la ESO o ni siquiera) frente a menos de la mitad
en la OCDE (16%) y en Europa (15% en
UE-22 y 13% en Alemania, Francia y Reino Unido), con lo que somos
el país europeo con más porcentaje de jóvenes poco formados y el
tercero de la OCDE, tras Turquía (45% jóvenes poco formados) y México (53%). En
un nivel medio (con Bachillerato y
FP) están el 24% de los jóvenes
españoles, frente al 42% en la OCDE
y el 40% en la UE-22. Y eso sí, tenemos casi tantos jóvenes universitarios (41%
como la OCDE (43%) y más que Europa (40% en UE-22).
Así que es verdad
que tenemos “los jóvenes mejor
preparados de la historia”, pero también es verdad que están “peor formados que los jóvenes europeos”. Y no es porque los jóvenes sean vagos y no estudien, sino porque muchos abandonaron el colegio o el
Instituto para trabajar en los años del ladrillo (sin acabar su formación)
y otros han dejado las aulas “por imposible”, con una tasa de “fracaso escolar” que es la 2ª mayor de Europa, tras Malta (tenemos un 18,3% de jóvenes entre 18 y 34 años
que han abandonado sus estudios, frente al 10,6% de media de la UE-28). Pero no es
verdad que los jóvenes españoles “ni estudian ni trabajan”: sólo son
“ni-nis”
realmente el 8% y el 92% restante están trabajando, estudiando, buscando
empleo, de cuidadores o trabajando en el hogar, según el informe de CCOO, que rechaza “culpabilizar
a los jóvenes” de su situación. Y también que estén en paro por estar “sobrecualificados”:
no trabajan porque el modelo productivo español no es capaz de darles empleo,
no porque estén demasiado formados,
señala CCOO.
Visto el panorama y el futuro de los jóvenes, habría que haber tomado medidas hace años,
pero el Gobierno Rajoy no hizo casi
nada, salvo apuntarse (con una mala gestión) a un Plan europeo de
Garantía Juvenil, aprobado en 2013, que ha resuelto poco: sólo 419.606
jóvenes habían encontrado un trabajo (precario) entre 2014 y principios de
2018, según el Ministerio de Trabajo. En septiembre, el presidente Sánchez prometió un Plan de choque por el Empleo joven, cuyo borrador (ha
habido 18) se envío a las autonomías (que lo tienen que
gestionar), los sindicatos y la patronal CEOE (que puso inicialmente "pegas" y ahora lo apoya), que le han dado el visto bueno el 5 de diciembre, con lo que se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 7 de diciembre. Ahora, son las autonomías las que han de aplicarlo, cada una a su ritmo, y se espera que lo pongan en marcha para marzo de 2019.
El Plan de choque por el empleo joven es un
“parche”, porque sólo contará con 2.000 millones de gasto en tres años (665
en 2019,666 en 2020 y 668 en 2021), casi lo que ya se ha pagado (1.800 millones) a las 9 concesionarias de autopistas por rescatarlas de la quiebra.
Pero “bienvenido
sea” a la vista de la penosa
situación de los jóvenes. El grueso del Plan (1.138 millones) se gastará en formación de los jóvenes, para recuperar a 100.000 sin título de la
ESO, formar a 80.000 en idiomas y otros 226.000 jóvenes en temas digitales.
Otra partida importante (616,5 millones) irá a bonificar la contratación de los jóvenes, pagando cotizaciones a
empresas y autónomos. Y la “medida estrella” es contratar a 3.000 orientadores laborales, para que ayuden a los
jóvenes a colocarse desde las oficinas de empleo (en 2012, Rajoy despidió a 3.000 orientadores
del SEPE). Además, El Plan de choque incluye aprobar un Estatuto del becario y becas para jóvenes
que no terminaron la ESO. El objetivo es bajar el paro juvenil (16-24 años) del 33% actual al 23,5% en 2021.
Además de este Plan, hay que tomar otras medidas en tres frentes para ayudar a los jóvenes, como propone CCOO. Uno, el educativo, ampliando
la educación infantil de 0 a 3 años (los “cimientos” de la formación),
extendiendo la educación obligatoria a los 18 años, apostando por la Formación Profesional y mejorando las becas. El segundo, el laboral, con un Estatuto del becario,
una mejora de los contratos de formación, reducir la precariedad (con más inspecciones de Trabajo), unos salarios dignos y
una “carrera profesional” para los jóvenes. Y un tercer frente de mejora de su calidad de vida, con ayudas
al alquiler, parque público de viviendas para jóvenes y ayudas a la
emancipación, junto al fomento de la familia y la natalidad, claves en un país
que va a un “suicidio demográfico” (menos jóvenes y más viejos). Todo esto y más debería ser
objeto de un gran Pacto por la juventud, que deberían apoyar todas las fuerzas
políticas y sociales, al margen de ideologías. Porque se trata de “dar una salida” a los jóvenes, la clave del presente y futuro de España.
Nada menos.
