Un fantasma recorre
Europa, el fantasma de la recesión.
Una amenaza que ya está aquí: las principales economías, desde Alemania a España pasando por Italia, Francia o Reino
Unido, han decrecido en el último
trimestre de 2011.Y el FMI
pronostica que Europa caerá en 2012,
superando los 25 millones de parados.
Este negro panorama ha hecho que la última Cumbre
europea haya hablado de crecimiento y
de empleo, por primera vez en dos años y 17 Cumbres. Un mínimo avance, ya que los dirigentes europeos se han centrado en aprobar una reforma de los Tratados
para prohibir el déficit público en las
Constituciones y sólo han dedicado palabras
y los restos de los Fondos estructurales a crear empleo. Frente a la recesión, más ajustes y ni un euro nuevo para el empleo.
Algunos llevamos más
de un año diciendo que por el
camino de los recortes, impuestos por Merkozy y los conservadores de
Bruselas, Europa acabaría estancada y en
recesión. ¡Que viene el lobo¡. Y aquí está: España decreció un
0,3% en el cuarto trimestre de 2011, como Alemania (-0,25%), Gran Bretaña (-0,2),
Italia, Francia y por supuesto, Grecia y Portugal. Y lo peor: el FMI
ha pronosticado que la Europa del euro
decrecerá -0,5% en 2012, con caídas fuertes en España (-1,7%), Italia
(-2,2%), Portugal y Grecia y
crecimientos mínimos para Alemania
(0,3%), Francia (0,2%) y Gran
Bretaña (0,9%), recesión que también continuará
durante el año 2013 en España (-0,3%) y en Italia (-0,3%). Con ello, el paro en Europa superará los 25
millones de parados a fin de año, 5,8
millones de ellos en España.
Con estos datos sobre la mesa, los dirigentes europeos debían haber centrado la Cumbre
de esta semana en cómo crecer y salir
del agujero, en cómo crear empleo.
Pero no, sólo han hecho declaraciones grandilocuentes a favor del empleo, los
jóvenes y las pymes y ni un euro nuevo
para reanimar la economía. Sólo van a dejar que se adelante el gasto de los
recursos
no consumidos del Fondo Social Europeo
2007-2013, unos 22.000 millones,
de los que 2.700 corresponderían a España. Servirían básicamente para programas de formación a parados, sobre
todo jóvenes. Calderilla para un
problema que afecta al 22% de los jóvenes europeos y al 48% de los españoles, que están en paro. Y la misma fórmula,
utilizar Fondos estructurales no gastados
(otros 60.000 millones), para financiar proyectos de pymes.
Poco
y poco concreto. Lo que sí ha sido concreto es el acuerdo para consagrar
el ajuste y la austeridad presupuestaria en la Constitución de los 27
(sólo lo rechazan Gran Bretaña y la República Checa): déficit máximo del 0,5% (Rajoy,
en España, ha ido más lejos y ha aprobado el déficit cero, rompiendo el pacto constitucional con el PSOE). Y el
que no lo cumpla, será sancionado por el Tribunal
de Justicia Europeo con multas
del 0,1% del PIB (1.000 millones € en el caso de España). Además, sólo los que
rebajen el déficit podrán resguardarse
bajo el paraguas del nuevo Fondo
de Rescate europeo, todavía no aprobado.
El problema es que
“hacer los deberes”, reducir el déficit público, es mucho más difícil con
recesión, ya que bajan los ingresos y suben las necesidades. Merkel y los conservadores de Bruselas
lo saben, pero no quieren suavizar los
objetivos, bajar la guardia, aunque
los ajustes nos estén llevando a la parálisis. Pero lo
tendrán que hacer, porque la realidad es tozuda y muchos países no van a poder cumplir con el déficit del 4,4 % en
2012 y el 3% en 2013. El primero España, que tendría que recortar 38.000 millones en 2012 (o más si entramos en
recesión), algo imposible. Tampoco
podrán cumplir Grecia y Portugal y por eso han vuelto los ataques de los mercados con la deuda lusa.
Y lo tienen muy difícil incluso Italia y
Francia, a pesar de sus planes de recortes y aumento de impuestos.
Mal de muchos,
podría forzar a Merkel y a los
fundamentalistas de Bruselas a suavizar
los recortes en la Cumbre de principios de marzo, ampliando un año los
objetivos y dejando el 3% para 2014. Eso sería
un alivio para unas economías en recesión, pero no resolvería el problema de fondo: hay que crecer y crear empleo.
Y sobre todo, lo necesita la Europa del
sur, en especial España, que
tiene el doble de paro: 22,9% frente
al 10,3% de la UE (y el 5,5% de Alemania o el 4% de Austria). Estamos en una situación insostenible,
que exige medidas para reanimar la
economía europea y española, fomentando
el empleo con urgencia, no
seguir con los recortes que nos han conducido a la recesión.
Esto pasa por hacer
un Plan
Marshall en Europa, movilizando
recursos públicos para fomentar la contratación, rebaja de cotizaciones,
formación, I+D+i, infraestructuras y educación, como ha hecho Obama en EEUU. Hay que mejorar la
liquidez y el crédito, para que haya más
financiación y más barata. Y los países del norte, con Alemania a la
cabeza, tienen que fomentar su consumo y
sus importaciones, para tirar de la Europa del sur. Y del resto del mundo, preocupado porque la recesión en Europa nos meta en una
recesión mundial.
Los líderes europeos
no acaban de ver las orejas al lobo y
mira que está cerca. Se han vuelto de Bruselas con su mensaje de austeridad y la palabrería del empleo. Pero ya
no sirve. La recesión avanza y
basta con ver nuestras tiendas, nuestros bares, nuestras empresas: no hay
demanda, no hay ventas. No es un tema de
reforma laboral, ni financiera. Es un tema de confianza
en el futuro, de decisión para que
la
política tire de la economía, de medidas
de estímulo y no más recortes. Porque el malestar social es creciente,
como han visto los líderes europeos con la huelga general en Bélgica. Y ya hay 115
millones de pobres en Europa. Por este camino, vamos de ajuste en ajuste hasta el fracaso final.
Los 6 millones de parados.
Ha sido, junto a la subida de impuestos, la decisión más polémica del Gobierno
Rajoy: recuperar la desgravación a la
compra de vivienda y mantener el IVA
superreducido, dos medidas que cuestan 6.000 millones de euros, lo que nos van
a subir los impuestos. Y todo para ayudar
a las inmobiliarias y a los bancos a vender
el stock de 750.000 viviendas. Una decisión
contraria a lo que defienden los organismos internacionales y el Banco de
España, que proponen ayudar al
alquiler, no a la compra. Pero Rajoy ha
quitado las ayudas al alquiler a los jóvenes y alquilar desgrava menos que
comprar. Con ello, España es el país
de Europa con menos alquileres y la mitad de los jóvenes viven con sus padres.
Comprar un piso tenía ayudas
fiscales desde 1.979, lo que ha contribuido a la burbuja inmobiliaria. Zapatero las quitó el 1 de enero de 2011, salvo para las rentas más bajas, y
ahora Rajoy
recupera la desgravación para la compra de vivienda habitual (desde el 1 enero 2011): se podrá deducir
el 15% de la hipoteca (intereses y capital), hasta un máximo de 9.040 euros al
año. Una medida que beneficia más a las
rentas más altas, las que más pueden invertir y deducirse (hasta 60.266
€ al año de pago de hipoteca). Además, el Gobierno mantiene el IVA superreducido del 4% para la compra de cualquier
vivienda nueva, sea la habitual o segunda o tercera vivienda, una
decisión que ya criticó Bruselas a
Zapatero.
Las dos medidas, que benefician
a unos 7 millones de españoles que pagan hipoteca, tendrán un coste anual de 6.000 millones de euros
(750 la rebaja del IVA y unos 5.200 millones la desgravación), que saldrán de la subida
de impuestos aprobada por Rajoy (6.200 millones) y que vamos a pagar
este año unos 13 millones de
contribuyentes.
El objetivo es conseguir vender más pisos y dar salida al stock de 750.000 pisos nuevos que
tienen inmobiliarias y bancos. Pero es
dudoso que se consiga así. Primero, porque la desgravación y la rebaja del
IVA van a frenar
la caída de precios (hasta un 8%, según el Banco de España), ya que con
ayudas se puede pagar más. Segundo, porque para que alguien compre un piso necesita tener un empleo y confianza
en el futuro: hay 5,27 millones de parados y un 16,9% de los españoles temen perder su empleo este año, según el CIS.
Y tercero, porque para comprar un piso hace falta tener un mínimo ahorrado (un 30% para la entrada y gastos, unos
45.000 euros para un piso de 150.000) y que un banco o Caja te den un crédito,
algo difícil (por la alta morosidad)
y caro: dedicar un tercio de los
ingresos a pagar la hipoteca implica ganar unos 2.000 € al mes y dos tercios de
los españoles son mileuristas.
En definitiva, que las
ayudas son caras y su efecto dudoso, según muchos expertos, como la OCDE, el FMI, la Comisión Europea y el Banco
de España, contrarios a las
ayudas a la compra de viviendas, porque alimentan la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Todos son
partidarios de fomentar el alquiler, pero el
Gobierno Rajoy ha hecho lo contrario, con dos medidas. Una, quitar
la ayuda de 210 euros para pagar el alquiler durante 4 años a los jóvenes que ganen menos de 22.000 €, lo
que perjudicará a 70.000 jóvenes cada
año (los 300.000 que cobran la ayuda la seguirán recibiendo hasta que acaben
los 4 años). La otra, quitar la deducción
por alquiler (el 60%) a los
propietarios que ganen más de 24.107 €. O sea, que para desgravar por compra de vivienda no importa lo que se gane y para
alquilar sí.
Además, se teme por
el futuro de la Sociedad
Pública de Alquiler (SPA), que gestiona 14.000 alquileres de
propietarios, a los que ya está endureciendo
los contratos, lo que ha provocado una campaña de reclamaciones judiciales de la OCU.
Y por el futuro de la vivienda pública
en alquiler, que en España es sólo del 2% cuando en Francia o Reino Unido
alcanza el 15% de la VPO. Y todo ello cuando estaban aumentando los pisos en alquiler, con la crisis y las mayores
facilidades jurídicas al desahucio por impago, bajando
los alquileres hasta un 8 % el último año, algo que ahora puede
frenarse con estas medidas, que perjudican sobre todo a los jóvenes y a las
rentas más bajas.
España es un país de
propietarios: 80 % de las viviendas
son en
propiedad y sólo hay un 16%
en alquiler, frente a una media del 40% en Europa
(y un 58% de alquiler en Alemania, un 42% en Francia o un 31% en Gran Bretaña,
donde más de la mitad de los alquileres son públicos). Una peculiaridad que tiene mucho que ver con la cultura
a favor de la propiedad (en 1.970, un 30% de la vivienda era en alquiler),
con los tipos de interés bajos y con
unas ayudas a la compra más generosas:
Alemania o Reino Unido han suprimido la
desgravación, Dinamarca o Suecia la han reducido y la mayoría de países OCDE
que la tienen sólo desgravan los intereses, no el principal de la hipoteca.
La apuesta de Rajoy
por la compra en vez de por el alquiler va en contra de 6 millones de jóvenes
que no consiguen irse de casa (el 54,2% vive con sus padres frente a un 46%
en Europa), contra la movilidad laboral
(clave para reducir el paro) y a favor
del endeudamiento
de las familias y el ladrillo, dos factores que han causado esta crisis. Por eso muchos expertos
critican estas medidas, que nos
costarán una subida de impuestos para ayudar a inmobiliarias y bancos a vender
sus pisos. Hay que cambiar
el chip, apostar por el alquiler y ayudar a los jóvenes a emanciparse.
También aquí, vamos por el camino
equivocado.
Tres semanas ha tardado Rajoy
en salir en ayuda de las autonomías, la mayoría gestionadas por
el PP. El riesgo de suspensión de
pagos de la Comunidad Valenciana ha disparado las alarmas y se ha aprobado una inyección de liquidez de 11.000 millones,
más créditos del ICO. Un parche para pagar nóminas y a algunos
proveedores, pero que no resuelve el
tema de fondo: poner orden en las
cuentas autonómicas. El Gobierno
aprueba este viernes una Ley para
controlar las cuentas públicas y aplicar sanciones, pero hay que revisar
también sus competencias y su financiación. Con todo, las autonomías
son culpables del 70% de desviación del
déficit y tendrían que recortar 15.000 millones este año. O 20.000 si entramos en recesión. Un recorte imposible.
Las autonomías engañaron al Gobierno Zapatero, a pesar
de las promesas
hechas a la ministra Salgado, en julio y en octubre de 2011, de que iban a recortar su déficit. A finales de año, Rajoy se encontró (¿no lo sabía, cuando el PP manda en 11 de 17 autonomías?) con que
el déficit público era del 8,2% (en
vez del 6%) y que las autonomías eran culpables
del 70% de la desviación (15.000 de 22.000 millones). Y nos
subió los impuestos a todos. Cuatro
autonomías son las culpables
de tres cuartas partes de la desviación:
Comunidad Valenciana (21%), Cataluña (15,5%), Andalucía (14%) y Castilla la
Mancha (11,4%).
Además de “descubrir”
el agujero, el Gobierno se encontró, los últimos días de diciembre, con el SOS de algunas autonomías. La Comunidad
Valenciana era un polvorín: no
podía devolver un crédito de Deutsche Bank ni pagar las nóminas y ya había
aplazado el pago de la Seguridad Social de sus funcionarios, a pesar de un
anticipo de 480 millones que les dio Elena Salgado antes de irse. El Gobierno
avaló de palabra la refinanciación de la deuda y Montoro adelantó
otros 110 millones para pagos urgentes. Baleares
también había pedido un crédito para pagar las nóminas. Y Cataluña no ingresó en diciembre ni las retenciones del IRPF ni las
cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios.
El Gobierno dejó
claro que no iba a dejar caer a ninguna
autonomía. Y así, aprobó la semana pasada una inyección
de liquidez de 11.000 millones de euros: 8.600 son anticipos de la
liquidación que les correspondía en junio y otros 2.400 son efecto de ampliar a
10 años la devolución de deudas con el Estado. Además, se pondrá en marcha en
dos meses una línea de crédito en el ICO
para que paguen parte de las deudas
a proveedores: 14.000 millones de euros, el 70% con laboratorios y
empresas sanitarias.
Dinero contante y
sonante y créditos a 5 años (al 3%) para evitar la suspensión de pagos de algunas
autonomías. No todas, ya que el
problema se concentra en cinco
: Comunidad Valenciana (la más
endeudada, 19,9% de su PIB, y la tercera con más déficit, un 4,2% según Fedea),
Cataluña (segunda más endeudada,
19,7%, y un déficit del 2,4%), Castilla
la Mancha (campeona del déficit, un 5,8% del PIB, y con un 18,3% de deuda),
Murcia (4,7% de déficit y un 10% de
deuda) y Baleares ( 4,1% de déficit y
16,8% de deuda).
Resueltos los pagos
más urgentes, queda hacer frente a la deuda
autonómica, 135.151 millones de euros (12,6% PIB). El problema ahora es refinanciarla,
a un interés elevadísimo, por encima del 8%. Cataluña y Comunidad Valenciana, las más endeudadas, ya han pedido al Gobierno que les avale o
que lance hispabonos, para pagar
menos intereses, pero Rajoy se lo está pensando, como Merkel con los eurobonos. También le piden emitir deuda sanitaria, para financiar la sanidad.
El salvavidas del dinero
llegará a las autonomías a finales de
enero y ahora falta que, a cambio, pongan
orden de verdad en sus cuentas. Cataluña
es la única que lleva dos años de recortes serios y ha aprobado un Presupuesto
2012, con ayuda del PP, que reduce 1.535 millones entre recortes y subida de impuestos
(con tasa turística y euro por receta). La Comunidad
Valenciana anuncia un ahorro de 1.075 millones, con recortes a
funcionarios y más impuestos. Y Castilla
la Mancha ha añadido otra rebaja de 350 millones a los 1.815 anunciados
hace cuatro meses y que no se acaban de concretar.
El Gobierno
aprueba este viernes una Ley
de estabilidad presupuestaria, para controlar el déficit, que incluirá sanciones para las autonomías que
incumplan. Y habla incluso de reformar
el Código penal para meter en la cárcel a los gestores manirrotos, una “ocurrencia”
de cara a la galería, ya que lo que
hacen falta son controles previos, que eviten más engaños y “sustos”: el ministro de Economía propone el control
previo de los Presupuestos autonómicos, como exige Merkel en Europa para los Presupuestos nacionales.
Más control sí, pero hay
que ir al fondo de la cuestión
autonómica: cuánto deben gastar y
cómo se financian. Definir con
claridad sus competencias, suprimiendo
duplicidades con el Estado central y los Ayuntamientos (incluida la supresión de la mayoría de sus 2.359
empresas públicas). Y revisar el sistema
de financiación, del que se
quejan la Comunidad Valenciana y Cataluña (por no primar suficiente la
población) y Galicia, Murcia o Aragón,
por primarla demasiado, Después, habrá que forzar
a las autonomías que quieran gastar más, a pagarlo con más impuestos propios,
no que tengamos que pagar los demás
la Fórmula 1 o los desmanes urbanísticos de Camps,
por ejemplo.
Al final, el problema es que las autonomías, manirrotas o
no, van a tener que hacer las tres
cuartas partes de los recortes
de España en 2012. Tendrán que recortar
de sanidad, educación, gastos sociales, infraestructuras y ayudas a empresas y
empleo, dos tercios de sus gastos.
Unos 15.000 millones para cumplir con
Bruselas, que podrían ser 20.000 si entramos en recesión.
Una
cifra imposible para las autonomías. Eso es lo primero que hay que
revisar. Salvo que queramos que cierren.
Nacer mujer en
España es tener muchas papeletas para no
trabajar y si lo hace, tener un peor puesto, ganar menos que un hombre y no llegar a directiva, cobrando también
menos paro y menos pensión, además
de trabajar el doble en casa, según
un demoledor informe del Consejo Económico y Social (CES). Las mujeres
están sufriendo más la crisis, con más paro y más precariedad. Las políticas de igualdad se han quedado
sin Ministerio y sin subvenciones, por los recortes.
Y con pocos Planes de igualdad en las
empresas, aunque son obligatorios. Pero la igualdad no es un lujo: es un derecho que empieza en casa y sigue en
la educación, las empresas y en todo el país.
El primer problema es que un 48% de las mujeres no
trabajan ni buscan trabajo, frente a un 32% de hombres. Muchas de ellas dejaron
de trabajar para cuidar a sus hijos o padres y luego no han podido volver. De hecho,
un 41,3% de las mujeres españolas no buscan
empleo por razones familiares (frente al 3,8% los hombres), cuando en
Europa sólo son un 25%.
Pero las que lo intentan, lo tienen más difícil. En España
hay 8,2 millones de mujeres trabajando
(2 millones menos que hombres) y la mayoría ha
tardado más en empezar: los hombres encuentran empleo cuatro meses antes
que las mujeres, según el informe del CES.
Y eso, a pesar de que las mujeres están
mejor preparadas: hay menos mujeres sólo con la ESO, menos abandono escolar
femenino, más mujeres en secundaria y más
universitarias (45,9% frente a 35,7% varones), que se licencian antes y con
más rendimiento. Pero quizás estudian
carreras con menos salidas, como Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud,
y menos carreras técnicas.
El hecho es que acaban teniendo un menor abanico de empleos: la mitad se concentran en 6 trabajos
(14,5% empleadas domésticas y limpieza, 10,1% cuidadoras y servicios
personales, 8,4% dependientas comercio, 6,4% gestión administrativa, 6,1%
hostelería y 4,6% auxiliares administrativos), cuando la mitad del empleo
masculino se reparte en 13 ocupaciones. Y con contratos muchos temporales (26,1 % mujeres frente a 23,9%
hombres), sobre todo entre las jóvenes (58,4% temporales), y muchos contratos
a tiempo parcial (23,2 % mujeres y sólo 5% hombres), no porque quieran
sino porque no encuentran a tiempo completo.
Empleos con poca
cualificación (a pesar de su mayor formación) y contratos precarios, junto
a la necesidad de atender a sus hijos (jornadas reducidas, menos antigüedad, puestos de menor
responsabilidad) llevan a peores
sueldos: las mujeres ganan un
22% menos que los hombres, según la encuesta
de salarios 2009. Unos 5.300 euros menos al año, según GESTHA.
Y la brecha salarial es mayor entre
las mujeres con estudios superiores y directivas
(-32%).
Las mujeres, además, hacen peor carrera en las empresas:
sólo suponen el 29% de los directivos (35% en la UE). Y en las grandes
empresas del IBEX 35, sólo hay un 11% de consejeras, aunque la Ley de
Igualdad planteaba el objetivo del 40% para 2015. La Comisión Europea ha dado un ultimátum
hasta marzo de 2012 para tomar medidas y conseguir un 30% de mujeres en los
Consejos de las empresas europeas para 2015.
Con empleos más precarios, hay más mujeres paradas que hombres: 2.212.621 a
finales 2011 (frente a 2.209.738 hombres), habiendo aumentado más el paro femenino,
sobre todo entre las jóvenes (+9,48% mujeres frente a +3,52% hombres). Con
ello, la tasa de paro femenino
(21,5% frente al 20,9% la masculina) es la
más alta de toda Europa (9,7% paro femenino frente al 9,3% el
masculino). Y lo peor es que, en el desempleo, también las mujeres cobran un 15% menos: 760 € de media frente a 895 € los
hombres, por sus menores bases de cotización. Además, menos de la mitad de los
beneficiarios del desempleo son mujeres (44,9%, cuando en paro son 50/50) y de
los parados que cobran prestaciones
contributivas, sólo un 39% son
mujeres.
Empezar a trabajar más tarde, con bajos sueldos, contratos
precarios y carreras profesionales interrumpidas por la maternidad llevan a que
las mujeres tengan también pensiones más
bajas: 614,24 € de jubilación frente
a 1.034,15 € los hombres, que son casi el
doble (3,28 millones con jubilación frente a 1,73 millones de mujeres),
mientras las mujeres cobran sobre todo viudedad (96%). Y lo peor, un tercio de todas las pensiones que cobran
las mujeres están por debajo del mínimo (1,5 millones de mujeres
pensionistas). Además, la última reforma
de las pensiones perjudica más a las mujeres.
Con este panorama, las mujeres enfrentan peor su vejez, ya que además viven más que los hombres (85 años
frente a 78). De hecho, dos tercios de los beneficiarios de las ayudas a la Dependencia
(741.713 a finales 2011) son mujeres, que van a sufrir más los recortes y el
parón de la Ley. Y con ellas, sus
hijas: los mayores de 80 años dependientes son atendidos en un 40,7% por
sus hijas y sólo en un 8% por sus hijos. Más mujeres sin poder trabajar.
Al final, la crisis
ha frenado los avances en la igualdad de las mujeres. Pero el origen de
muchas desigualdades empieza en casa, en la falta de conciliación entre hombres y mujeres: ellos dedican sólo 2,28 horas a las tareas del hogar, frente a 4,25
horas las mujeres. Y en la creencia machista
de que los hijos son un tema de la mujer, que es la que pide las bajas de maternidad
(sólo 1,8% hombres), las excedencias
(hombres 4,5%) o las reducciones de
jornada (3,5% hombres frente a 22,7% mujeres). Y si hay que dejar
el trabajo por los niños, lo hace
la mujer: un 23% lo han hecho, frente a un 4,8% de hombres. También falta
un entorno
público propicio, con más guarderías
y más apoyo público a la familia,
que en España es la mitad que en Europa (1% del PIB frente al 2% en la UE).
La igualdad no es
sólo cuestión de cuotas y leyes,
aunque Bruselas
está empeñada en avanzar y queda mucho por hacer en las empresas, donde sólo un
5% de los convenios la contemplan. Es
sobre todo un tema de educación y de
hechos, compartiendo hijos y tareas.
Y peleando en empresas e instituciones, a pesar de la crisis. Hay que conseguir que nuestras hijas y nietas sean
más iguales que nuestras mujeres, madres y abuelas. Es lo mínimo.
La ciencia y la
innovación no se han librado de los recortes:
600 millones en una primera tacada, a
la espera del Presupuesto 2012. El Gobierno
Rajoy ha optado por la economía del
ladrillo (recuperando las ayudas a la compra de vivienda) en lugar de
apostar por la nueva economía para
salir de la crisis. Llevamos ya tres
años de recortes, mientras los países punteros de Europa gastan más en
innovación. Ahora, la clave es poner en marcha la nueva Ley de Ciencia, aprobada por consenso, y gastar mejor el dinero disponible: uno de cada cuatro euros no se
gasta por falta de proyectos. Y es que las
empresas, con la crisis, están reduciendo
sus inversiones en I+D-i. Nos estamos jugando
el futuro.
Los Gobiernos
no han sabido qué hacer con la ciencia y
la innovación desde que en 1998 arrancó el primer Plan nacional de I+D+i.
Primero estuvo en el Ministerio de
Educación y Ciencia (con Rajoy de ministro entre 1999 y 2000), después pasó
a ser de Ciencia y Tecnología (2000),
más tarde volvió a ser de Educación e
Investigación (2004), con ZP, que
le dio de nuevo autonomía en 2008, llamándolo
de Ciencia e Innovación. Ahora ha
pasado al Ministerio de Economía y
Competitividad, como una Secretaríade Estado de I+D+i,
lo que desagrada a la comunidad científica, que teme que se primen los criterios económicos sobre los científicos, la
innovación sobre la investigación.
Al margen de la pérdida del Ministerio, la peor noticia ha sido el recorte
de 600 millones en el Presupuesto para 2012 (8.000 millones), a la espera
de si hay un nuevo recorte en el
Presupuesto definitivo de marzo. Con ello, habrá muchos organismos
públicos de investigación (como el CSIC o el CIEMAT) que no podrán
realizar proyectos y tendrán que despedir a investigadores, reduciéndose subvenciones
y créditos a empresas para que innoven. Una opción política que contrasta con otra
decisión del Gobierno Rajoy: recuperar
las subvenciones a la compra de vivienda y mantener el IVA superreducido,
dos medidas que costarán unos 6.000 millones de euros, casi el presupuesto en I+D+i.
Luego se opta por apoyar al ladrillo más
que por modernizar la economía.
Con todo, el mayor
problema es que Rajoy sigue la senda de Zapatero y ya llevamos tres años de recortes en I+D+i (un 30% entre 2010, 2011 y 2012), tras una congelación del gasto en 2009, después de 16 años de apuesta continuada
por la investigación (desde 1992). Con ello, España
se ha estancado, dedicando sólo un 1,36% de su PIB a investigación,
mientras Europa está en el 2,01% y los países punteros han aumentado estos años
su esfuerzo en investigación, tanto Alemania (2,82%) como Francia (2,25%) o Reino
Unido (1,87%). Y seguimos en
el furgón de cola de la UE: el 6º país que menos apuesta por la I+D+i.
El problema no es sólo que el gasto público en investigación
se recorte sino que la crisis ha
reducido también el gasto en I+D
de las empresas, que sólo financian
el 43% de la investigación española, cuando Bruselas planteó en la Agenda
de Lisboa 2010 que deberían suponer dos tercios y en los países punteros,
como Alemania, las empresas privadas
realizan hasta el 70% del gasto en I+D.
En España, la investigación depende
demasiado del sector público y por eso ahora, con los recortes, la caída es
mayor.
De hecho, 5.369 empresas
han dejado de innovar en 2010, según
el INE, la mitad por el recorte de
las subvenciones del Estado y las autonomías y la otra mitad por la crisis
y la falta de crédito. Con ello, el porcentaje
de empresas innovadoras en España (43,5%) es inferior a la media europea (51,5%) y a países como Alemania (70%
empresas). Y las tres autonomías con mayor porcentaje de empresas innovadoras (La Rioja, Navarra y País Vasco) son
precisamente las que tienen menos tasa de
paro. No es casualidad.
Los recortes y la
crisis son un grave hándicap para la
investigación y la innovación, pero faltan
más proyectos que dinero: 1 de
cada 4 euros del Presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en 2010
no se gastó, porque empresas y
autonomías pidieron sólo el 60% de los créditos públicos disponibles. Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las
ayudas a la investigación, según un estudio de Alma Consulting. Tampoco
funcionan los incentivos fiscales a la
I+D. Todo porque la crisis hace que las empresas
no se metan en proyectos de investigación o innovación ni en créditos que han
de devolver.
Ahora, la clave
es aprovechar la nueva Ley
de la Ciencia, una de las pocas aprobadas con consenso entre PP y PSOE, y relanzar la investigación y la innovación, con recortes y sin Ministerio.
Hay tres tareas urgentes. La
primera, poner en marcha la Agencia Estatal
de Investigación, un organismo independiente (con presidente elegido por 5
años) que debe estar protegido de los vaivenes políticos. La segunda, aprobar un nuevo Plan Nacional de I+D+i
2012-2015, que marque objetivos y prioridades y que consiga aunar los esfuerzos públicos y privados en
investigación e innovación. Y la tercera, agarrarse como una lapa a Europa, para aprovechar los crecientes fondos
europeos (80.000
millones) y los proyectos comunitarios del futuro programa
Horizon 2020, que quiere apostar por relanzar
la investigación en Europa, retrasada frente a Estados Unidos y Japón.
La investigación e
innovación no es sólo cuestión de dinero, aunque hace falta más (hay una campaña de firmas para recabar más fondos). Hay que inocular la I+D+i en la educación, fomentarla en las empresas (sobre todo en las pymes), simplificar las ayudas, unificar
esfuerzos, potenciar las compras públicas,
implicar más a las empresas y a la Universidad, obsesionarse con no
perder el tren tecnológico de Europa… Y sobre todo, marcar una estrategia a medio plazo,
porque la I+D+i necesita tiempo y estabilidad. Pero hay que apostar por la
innovación para salir de la crisis. Como dice Juan
Lerma, “hay que hacer más economía
con ciencia en vez de economizar con la ciencia”. Amén.
Más de 10 millones
de españoles pagan unos 50 euros al mes para tener un seguro médico privado, junto a la sanidad pública. Es el seguro que más crece, por las listas
de espera y el temor a los recortes en la sanidad. Las compañías se han lanzado
a una guerra de precios para captar nuevos clientes, pero a los que
ya tienen les brean a subidas: más de un 10% este año. Y tanto las subidas como los
contratos (leoninos) han disparado las
quejas de los asegurados. Médicos y hospitales
se quejan de las condiciones que imponen a una sanidad privada en crisis, con
muchas empresas vendiéndose a extranjeros. Ahora, las aseguradoras piden al Gobierno que pagar
un seguro privado desgrave.
A pesar de la crisis y
de tener una sanidad pública de las
mejores del mundo, España es el cuarto
país de Europa con más peso de los seguros médicos privados, tras Holanda,
Alemania y Francia. Concretamente, 10.677.961
españoles tienen algún tipo de seguro
privado de salud : 1 millón son
seguros que pagan las empresas
(desgravan 500 € por empleado en Sociedades) y otros 2 millones son seguros a funcionarios, que pueden elegir entre
ellos o la sanidad pública (el 85% elige los privados). El 70% de pólizas
se hacen en Madrid, Cataluña, Andalucía y
Comunidad Valenciana, sobre todo los que viven en grandes ciudades. Hay 55 compañías, pero dos tercios del mercado se concentra en las cinco
grandes: Adeslas (24%), Sanitas (16,8%), Asisa (13,7%), Mapfre
(6,3%) y DKV (6,2%).
El seguro
de salud es el segundo que más
dinero mueve, tras el de automóviles: unos 6.550 millones de primas en
2011. Y el que más crece (+5,6% en 2010 y +3,5% en 2011). En la
última década, las primas se han
multiplicado por 2,5 y desde que estalló la crisis hay 1,1
millones de españoles más con seguro sanitario. Se lo hacen por las listas de espera de la sanidad pública,
para acudir a algunos especialistas como el ginecólogo (69 días de espera media),
el oftalmólogo (63 días), el cardiólogo o el urólogo (57 días) y el
traumatólogo (44 días), aunque en la sanidad privada también hay esperas (de 8
a 22 días, según la OCU).
También para tener una habitación individual
en el hospital. Pero en el último año y
medio han crecido por el miedo a los
recortes en sanidad, la tercera
preocupación de los españoles, tras la economía y los políticos, según el
Barómetro del CIS.
Las aseguradoras han
visto el negocio y llevan año y medio lanzadas a una guerra
de ofertas y seguros low cost,
desde 15 euros por persona si se
contrata por Internet. El truco es ofertar pólizas
muy básicas (microseguros), adaptadas a un cliente en crisis. Y para bajar
precios, se rebajan coberturas, se aumentan
los copagos y se multiplican las limitaciones. Todo con tal de ofrecer un precio
atractivo que publicitar, como en los seguros
de coches. Se trata de robar
clientes en un mercado con mucha
movilidad: si antes los asegurados estaban 15 años con la compañía, ahora
no pasan de tres o cuatro.
El problema es que cuando
el cliente ya está dentro, pagando
unos 2.400 euros al año por familia, le llega al año siguiente una fuerte
subida (en mi caso, +34%). Y después, a poco que se use el seguro, las subidas superan el 10% (en mi
caso, este año, +11,2%). Y así seguirán, porque los costes sanitarios (tecnología, material, personal) están creciendo el doble que el PIB en
todo el mundo. De hecho, los seguros médicos son de los que tienen menos retorno
para las compañías: 7,3% sobre primas frente al 8,5% en automóviles o el
14,8% en multirriesgos.
Los seguros médicos son los segundos con más quejas y reclamaciones,
duplicadas en 2010. Y no sólo por las
fuertes subidas de precios. Los
asegurados se quejan de las condiciones
leoninas de los contratos (meses de espera para tener derecho a
hospitalización o parto, obligación de estar un año, preaviso de 2 meses para
cambiarse, restricciones de atención, copagos, limitaciones de las pólizas) y
de que puedan echar a un asegurado por edad, porque usa mucho la póliza o tiene
determinadas enfermedades, no cubriendo
algunas (VIH,
drogodependencias, crónicas).
Otros que se quejan
son los 16.000 médicos y 255 hospitales
a los que pagan sus servicios las aseguradoras, imponiendo precios y condiciones. De hecho, el 62% de los ingresos de la sanidad privada procede de los seguros
médicos (otro 26% de los conciertos con la sanidad pública). Una sanidad
privada cuyas cifras impresionan:
483 hospitales (el 51%), 54.000 camas (33%), 253.000 profesionales (56.000
médicos), 31 % de las operaciones y 20% de las urgencias, el 27,5 % del gasto
sanitario total. Pero un sector con
graves problemas financieros, que han llevado a muchas ventas (1.000 millones en 2011) y que está pendiente de vender grupos
tan importantes como USP (13
hospitales y 19 clínicas), Quirón (7
hospitales), Ribera Salud (6
hospitales) o Clínica el Pilar, por
los que pujan fondos de capital riesgo británicos,
franceses y norteamericanos, que ya controlan gran parte de la sanidad privada
española. Su objetivo es ganar tamaño
para negociar mejor con las aseguradoras.
Cara al futuro, las aseguradoras
han pedido al nuevo Gobierno que permita desgravar
el 15% de las primas de los seguros privados a los que ganan menos de 30.000
euros, con lo que captarían otro millón
más de clientes. Y si no, piden una
ayuda de las autonomías (400 € por asegurado), por descargarles de gastos
sanitarios (dicen que ahorran
a la sanidad pública 1.448 € por asegurado al año). Lo consigan o no,
parece claro que Rajoy y las autonomías van a reducir el actual catálogo
de prestaciones de la sanidad pública, con lo que habrá más negocio para la privada. Será más necesario que ahora
tener un seguro médico privado. Y será aún más caro. Con la salud si se juega.
Las Universidades
españolas no se han librado del ajuste y han perdido más del 10% de sus
ingresos entre 2010 y 2012, con graves
problemas de impagos, falta de
inversiones, despido de profesores y endeudamiento. Y eso cuando se ha
batido este curso el récord histórico de
alumnos: 1.650.000 universitarios. Nuestra Universidad está sobredimensionada, en Facultades, títulos y alumnos, que apenas pagan un 15% del coste
de sus estudios. La Estrategia 2015
pasa por subir las matriculas, sobre
todo a los repetidores, aumentar las
becas, reducir títulos, fusionar Universidades y conseguir más ingresos
privados. Los esfuerzos hay que concentrarlos en Formación profesional, Secundaria
y Educación infantil, ya que España
tiene más universitarios que Europa,
con el doble de paro.
La Universidad se
lleva un 20,7% del gasto en educación,
unos 10.000 millones al año. Y lleva ya tres años consecutivos de recortes, un 3%
el año pasado (unos 300 millones), siendo España uno de los seis únicos países que recortaron el gasto
universitario en 2011 (con Grecia, Irlanda, República Checa, Eslovenia e
Italia), mientras crecía en el resto, sobre todo en Francia y Alemania. Este
año 2012, las autonomías (que financian el 70% de las Universidades) han vuelto a
hacer recortes, entre el 2 y el 5%,
con lo que ya se acumulan rebajas de más
del 10% desde 2009, sobre todo en Madrid,
Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Galicia y Navarra. Ello está
provocando problemas de tesorería, pago de nóminas, deudas a
proveedores, despido de profesores y falta de inversiones y equipamiento.
Esta penuria
económica coincide con un récord
histórico de alumnos, 1.650.000 este curso, el cuarto que crecen después de ocho de descensos. Y eso, por la
crisis, que está llevando a muchos jóvenes
sin trabajo a la Universidad. Con ello, se da la paradoja que España tiene tantos universitarios como
Francia o Gran Bretaña y casi tantos como Alemania, con mucha menos
población. De hecho, hay más
estudiantes de Derecho en Madrid que en todo el Reino Unido. Y tenemos un 29% de universitarios, más que Francia
(25%), Alemania (25%) y la media de la UE (27%). Eso sí, en cambio, casi la
mitad de la población tiene un nivel
de formación de la ESO o inferior (48,2% entre 25 y 64 años, frente al
23,2 % en Europa) y un 22,1% tiene un
nivel medio (Bachillerato o FP de grado medio) frente al 48,9 % en Europa.
En suma, que nos sobran
universitarios y nos falta formación básica y media, sobre todo en Bachillerato y FP, así como guarderías.Por eso, hay que destinar los recursos escasos a estas enseñanzas y poner orden en la inversión universitaria, aunque todavía es inferior a la europea (1,1% del PIB, como Alemania, pero inferior
al 1,4% de Francia o el 1,5% de la OCDE). Una inversión poco rentable socialmente, ya que la crisis ha convertido a la Universidad en una fábrica
de parados, titulad@s que
reparten pizzas o trabajan de cajeras, con una tasa de paro del 12,4% frente al 6% de desempleo entre los
universitarios europeos. Y España es el país europeo con más trabajadores sobrecualificados: 31% (frente al 19% UE) tienen un empleo por debajo de su nivel.
Hay quien dice que sobran
Universidades, ya que se han duplicado desde 1985 y tenemos 78
(50 públicas y 28 privadas), con 236
Campus, en casi todas las ciudades
con más de 50.000 habitantes. De hecho, en Levante hay tres Universidades
(Elche, Alicante y Murcia) a pocos kilómetros de distancia, lo mismo que las 6
de Madrid o las 7 de Barcelona. Con todo, el mayor problema es que todas ofrecen casi lo mismo: las 5
Universidades de la Comunidad Valenciana ofrecen Medicina y hay 41 Facultades para estudiar Periodismo,
19.000 alumnos y 3.000 licenciados al año que van la mayoría al paro. De hecho,
se ofrecen 2.338 grados y 2.429 másteres,
una oferta
tan excesiva que el 47,7 % de las enseñanzas tienen menos de 75 estudiantes
nuevos matriculados cada año (y el 28,7% menos de 50 alumnos). Un despilfarro que obliga a tener más
profesores que otros países: 9 por cada 100 universitarios en España frente a 6
profesores en Europa. Un extra coste de
2.100 millones al año.
Pero eso no es todo. Un 30%
de universitarios abandonan sus estudios
y otro 40% son repetidores, lo que cuesta otros 3.000 millones al año. Muchos
creen que si pagaran más, se esforzarían
más: ahora pagan
un 15% del coste de su enseñanza, unos 1.000 euros sobre 8.500 (y 2000 en
los Master).Este curso, las Universidades han
subido las matriculas entre el 3,6 y el 7,6%, con mayores aumentos para repetidores, lo que ha provocado una oleada
de protestas. La Estrategia
2015, apoyada por los Rectores, pasa por actualizar tasas (más a partir de 2013) y que los repetidores
paguen del 50% al 100% del coste (3ª vez). A cambio, aumentarán las becas,
menores en España (0,08% PIB frente al 0,25% en la OCDE).
Menos títulos,
menos profesores, más ingresos de
los alumnos que puedan pagarlo y una fusión
entre Universidades, con una mayor
especialización y más colaboración con los investigadores y las empresas,
para conseguir otras fuentes de ingresos,
promoviendo los Campus
de Excelencia Internacional. Por ahí va la Universidad del futuro, que
deberá competir en Europa (Bolonia) y en un mundo global, donde hoy no
tenemos ninguna Universidad en el Top
100 mundial (la primera, la Universidad
de Barcelona, está en puesto 176 del QS
World Universities Ranking).
Apostar por la
Universidad es apostar por el futuro y por eso, el nuevo Gobierno y las autonomías
deberían suavizar los recortes. Pero
hace falta poner orden, fomentar los
estudios que tengan salida (hay demasiados alumnos
en Ciencias Sociales y Jurídicas y pocos en carreras técnicas), sanear las
cuentas cobrando más a los alumnos que puedan pagarlo y consiguiendo más
ingresos de las empresas y la investigación. Concentrar los esfuerzos (públicos y privados) en menos Universidades, más competitivas y de más calidad. Y que los universitarios aprovechen mejor su
oportunidad, sacando el máximo partido de unos estudios que pagamos todos. Y
que han de sacarnos de la crisis.
