13 autonomías "hacen caja" con los pobres

Se confirma el escándalo: 13 autonomías (9 gobernadas por el PP) han aprovechado que el Gobierno central implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para “ahorrarse” parte del gasto que destinan a sus Rentas Mínimas (RMI): gastaron 448 millones menos entre 2020 y 2023 y ayudaron a 224.129 personas vulnerables menos. Ahora, apenas atienden al 5,9% de los pobres y 5 autonomías ayudan a menos del 2% de sus ciudadanos vulnerables (Madrid, al 0,8% de sus 886.475 “pobres). Mientras, el IMV avanza y ya beneficia a 2 millones de españoles (casi la mitad, niños pobres). Cáritas propone que las familias vulnerables puedan cobrar las dos ayudas (hay regiones donde son incompatibles), mientras la Comisión Europea alertó en diciembre sobre la pobreza en España, criticando el sistema de ayudas, por escaso y mal diseñado. Urge unificar criterios, reducir burocracia y aumentar las ayudas por hijo, porque la pobreza sigue ahí y se concentra en las familias con niños. No miren para otro lado.

                             Enrique Ortega

La economía española lleva 4 años creciendo con fuerza, tras la pandemia, pero los bajos salarios, el alto paro y la inflación hacen que muchas familias no lo noten. Por un lado, casi la mitad (el 46,4%) tienen problemas para llegar a fin de mes, según el INE. Y uno de cada cinco españoles (el 20,28%, 9.715.577 personas) están en situación de “pobreza”, según las estadísticas europeas, porque ingresan menos del 60% de la media (menos de 916 euros al mes los solteros o menos de 1.932 euros al mes las familias con dos hijos), según la Red Europea EAPN. Un porcentaje de “pobres” (20,28%) casi igual que antes de la pandemia (20,7%) y mayor que antes de la crisis financiera (19,8% en 2008), lo que nos coloca como el 6º país europeo con más pobreza (tras Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania), según Eurostat. Y somos líderes europeos en pobreza infantil, según Unicef: hay 2 millones de niños y adolescentes “pobres”, el 28% de los menores.

Frente a este grave problema de la pobreza, del que apenas se habla, las autonomías pusieron en marcha hace 35 años un sistema de ayudas (el País Vasco fue pionero, en 1989, y la última en sumarse fue Aragón, en 1993), las Rentas mínimas de inserción (RMI), que recibe distintos nombres según regiones. Eran poco más que “un parche” contra la pobreza, porque las ayudas eran bajas y muy dispares (entre 434 en Galicia y 800 euros mensuales en el País Vasco) y llegaban a menos de 800.000 beneficiarios (año 2.000), sólo al 9% de los “pobres” señalados por las estadísticas (9.713.242 en 2023). Pero algo ayudaba.

En junio de 2020, tras la grave crisis por la COVID-19, el Gobierno Sánchez puso en marcha otra ayuda, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), como complemento a las rentas mínimas autonómicas, para paliar la pobreza más inmediata. Su objetivo era ayudar a 800.000 familias y que llegara a 2.300.000 beneficiarios. Pero el IMV avanzó muy lentamente y a los dos años apenas había cubierto a la mitad de los pobres previstos. Tras varias reformas, recorte de burocracia y la inclusión de las ONGs como colaboradoras, el IMV ha cerrado 2024 con un buen balance: la reciben 673.729 hogares y beneficia a 2.047.755 personas, en su mayoría mujeres (el 53%), menores (44%) y personas de nacionalidad española (el 82,4% de los beneficiarios). La cuantía media del IMV era en diciembre de 470 euros al mes por hogar, con un complemento de 115 euros por niño.

Ya en 2020, al ponerse en marcha el IMV, muchas autonomías (sobre todo las gobernadas por el PP, como Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid) pensaron que podían aprovechar para recortar sus ayudas a la pobreza, su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI). En unos casos, obligaban a pedir a los solicitantes de estas ayudas (RMI) que solicitaran antes el IMV y si se lo concedían, no tenían derecho a la ayuda autonómica (caso de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria y Cataluña). Y en otras autonomías (como Madrid), se permitía cobrar las dos ayudas, pero lo percibido como IMV computaba como ingreso y eso reducía el importe de la ayuda autonómica. Todo por “ahorrar” a costa del IMV.

Al cabo de estos 3 años y medio, el balance es escandaloso, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: hay 13 autonomías que gastaron en 2023 un total de 447,89 millones menos en rentas de inserción autonómicas que en 2020. Son Madrid (-121,89 millones, una bajada del -91,11%), Andalucía (-88,79 millones, -65,41%), Asturias (-48,23 millones,-41,23%), Aragón (-45,89 millones, -96,24%), Castilla y León (-36,73 millones, -69,72%), Extremadura (-19 millones, -45,11%), Galicia (-18,96 millones, -35,76%), Cantabria (-17,47 millones, -55,14%), Cataluña (-11,36 millones, -2,66%), Navarra (-10,5 millones, -9,9%), Castilla la Mancha (-10,42 millones, -82,24%), Murcia (-10,10 millones ,-58,82%) y La Rioja (-8,6 millones, -64,47%). Solo gastan más en Rentas de Inserción (RMI) la Comunidad Valenciana (+47,28 millones en 2023 sobre 2020, +18,62%), Canarias (+44,10 millones, +103 %), Baleares (+18,04 millones, +74,68%) y País Vasco (+17,81 millones, +39,6%).

Al gastar ahora menos que en 2020, las autonomías atienden a menos “pobres”: en conjunto, las Rentas de Inserción autonómicas han pasado de beneficiar a 795.861 personas en 2020 a ayudar a 574.732 en 2023, una caída del 28,6% (-224.129 beneficiarios en tres años). La pérdida de beneficiarios se ha dado en 14 autonomías (incluyendo el País Vasco), pero se concentra en Madrid (-71.315 beneficiarios, -90,37%), Andalucía (-93.197 beneficiarios, -84,42%), Cataluña (-41.406 beneficiarios, -27,56%) y Asturias (-39.427 beneficiarios, -73,06%). Y son especialmente llamativos los casos de Madrid (ayudaba a 78.605 “pobres” en 2020 y sólo a 7.290 en 2023) o Andalucía, la región con más pobreza de España (el 30,5% de su población en 2023, frente al 20,2% de media), donde los beneficiarios de la ayuda regional han caído de 110.397 en 2020 a 17.200 en 2023. También hay una fuerte caída de beneficiarios en Murcia (de 19.783 a 4.614), la 6ª región con más pobreza (24,20%). Y también caen en Castilla la Mancha (de 7.159 a 2.765), la 4ª con más pobreza (25,50%), mientras aumentan los beneficiarios en las otras dos más pobres, Canarias (de 20.181 a 37.975) y la Comunidad Valenciana (de 77.825 a 163.101).

Con este recorte autonómico, de gasto y beneficiarios, las Rentas Mínimas autonómicas (RMI) cubren ahora al 5,9% de españoles considerados “pobres”, frente al 9% cubierto en 2020. Pero lo más llamativo es que hay 5 autonomías donde estas ayudas apenas llegan al 2% de las personas vulnerables: Castilla la Mancha (atiende al 0,3% de sus “pobres”, que son 531.441), Andalucía (atiende al 0,7% de sus pobres, un total de 2.618.164 personas) Madrid (ayuda sólo al 0,8% de sus pobres, un total de 886.475 personas, según datos del INE), Murcia (ayuda al 1,2% de sus 375.509 pobres) y Castilla y León (ayuda al 1,7% de sus 433.833 pobres), según el informe de los Directores de Servicios Sociales. No parece casualidad que 4 de estas 5 autonomías con menos ayudas las gobierne el PP.

Otro problema de estas Rentas Mínimas autonómicas (RMI) es que son muy desiguales, desde los requisitos que se exigen (varía el tiempo exigido de empadronamiento) a las obligaciones que conllevan (no todas exigen inscribirse en el paro o participar en programas de inserción sociolaboral) , su plazo de duración (en 13 autonomías no hay límite y en el resto son por un año o dos prorrogables) y, sobre todo, su importe:  la cuantía media era de 559,36 euros en 2023 (el 51,79% del SMI), pero hay 8 regiones donde esta ayuda está por debajo de 500 euros mensuales: Melilla (328 euros), Galicia (469,2), Madrid (469,93), Asturias (473,27), Castilla y León, Cantabria, Murcia y la Rioja (480 euros). En Andalucía cobran 533 euros, en Extremadura y Ceuta 600, en Navarra 716,31, en Cataluña 717 y en el País Vasco 840,68 euros de media, según los datos del IMSERSO (2023).

Los Directores de Servicios Sociales creen que estas ayudas autonómicas (RMI) deberían ser “diferentes y compatibles” con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), destinándose esta ayuda estatal a cubrir las necesidades más básicas de las familias vulnerables (comida, ropa, alojamiento, recibos)  y las ayudas autonómicas a financiar proyectos de inserción social, desde cursos a empleabilidad. Por su parte, Cáritas lleva años proponiendo “armonizar” las rentas mínimas autonómicas y el IMV, para que puedan cobrar ambas ayudas las familias más vulnerables, sobre todo esos 4 millones de españoles en situación de “pobreza severa” (quienes ingresan menos del 40% de la renta media: menos de 560 euros al mes un soltero y menos de 1.176 euros una familia con dos niños).

Ahora, esta denuncia de que 13 autonomías han aprovechado la mejoría del ingreso Mínimo Vital para “hacer caja” y dedicar la mayor parte del dinero que gastaban en ayudar a los pobres a  otras cosas (¿a qué?, porque no parece que sea en Sanidad, Educación, Vivienda o Dependencia, donde hay tantas necesidades sin atender…) reactiva el debate sobre la política contra la pobreza en España, que es escasa y poco eficiente, según diversos análisis hechos en los últimos años por la OCDE y la Comisión Europea.

Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania, el 3,4% en Dinamarca o el 2,5% en Francia. Por otro, además de ser escasas, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre “el aumento de la pobreza en España” y sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza “tienen menos impacto que en otros paises”, debido en parte a “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo". Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la media de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), así como de Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, que son claves en las ayudas contra la pobreza) y dando entrada a las ONGs más destacadas, que son las que tienen experiencia y más conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez ha dicho que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Pero además de tener más recursos, la clave para que las políticas contra la pobreza funcionen es la colaboración entre el Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y no se da,  máxime si 13 autonomías aprovechan el IMV para “hacer caja” y gastar menos con los pobres. No es casualidad, porque hay una vieja idea en la derecha de que la ayuda contra la pobreza es una cuestión de “caridad y beneficencia”, no un derecho. Es más: hay dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la autonomía que sólo ayuda al 0,8% de sus pobres "oficiales") que declara que “la justicia social es un invento de la izquierda” y respalda a su portavoz cuando dice que “no ve pobres en Madrid”…

Cuando España tiene 1 de cada 5 ciudadanos “en la pobreza” (datos oficiales) y es líder europeo en pobreza infantil, resulta escandaloso que 13 autonomías recorten su gasto en ayudas y reduzcan drásticamente los beneficiarios. Porque la lucha contra la pobreza no es sólo “una prioridad moral” y de “justicia social” (no dejar a casi 10 millones de españoles atrás, mientras una minoría se hace cada año más rica). Es también una prioridad económica y política, porque la economía no puede aprovechar su potencial ni la democracia cuenta con apoyo suficiente (sí el populismo y la extrema derecha) cuando hay tantos millones de personas vulnerables y malviviendo  Así que la pobreza, lejos de ser “un invento de la izquierda”, es un cáncer social, que preocupa cada vez más a la OCDE, FMI y Comisión Europea, como nos alertó en diciembre. Por eso, urge que el PP y sus autonomías (y Ayuntamientos) dejen de “racanear” y alcancen un Pacto de Estado contra la pobreza, para dejar de ser un país líder. Debería avergonzarnos.

Telecos: subida de tarifas y muchos cambios

Hoy 13 de enero, Movistar sube sus tarifas, después de subirlas Vodafone el día 1 y antes de que suba MasOrange el 27 de enero. Es el 11º año consecutivo en que las telecos nos suben las tarifas de móvil, Internet y TV de pago, +41,2% de media, casi el doble que la inflación y los salarios. A la vez, las telecos siguen enzarzadas en su “guerra de tarifas”, con ofertas hasta de 15 euros mensuales para los que cambien de compañía. Con ello, sus ingresos se han estancado y les resulta difícil afrontar nuevas inversiones en redes y telefonía, obligándoles a reducir plantillas (5.600 despidos en 2024), buscar nuevos ingresos (alarmas, energía, seguros, banca) y fusionarse: en 2024, MásMóvil absorbió a Orange y creó la 1ª teleco de España, adelantando a Movistar. Además, los saudíes entraron como tercer accionista de Telefónica y Vodafone cambió de dueño. Las “movidas” empresariales seguirán, como las subidas y la “guerra de tarifas”, ahora por el fútbol y la TV, que es donde ingresan más.

                              Enrique Ortega

Otro año más, las telecos suben las tarifas de móviles, internet y TV de pago. Empezó Vodafone, subiéndolas el 1 de enero un +3% (menos que el +4,38% de 2024), justificándolo por la subida de la inflación. Es el tercer año que Vodafone aplica su cláusula de “revisión automática anual” de tarifas conforme al IPC, introducida en sus contratos en 2022.Ahora, la subida media es de 1,5 euros al mes por cliente, aunque será mayor en los contratos de fibra y móvil (+2,5 euros mensuales) y menor en contratos de sólo móvil (+0,6 euros). Y como contrapartida, ofrecen regalos y rebajas en suscripciones de antivirus y plataformas.

Movistar sube este 13 de enero sus tarifas, desde 0,10 céntimos (Mi Movistar base) a 3,10 euros (Mi Movistar Max) y hasta 4 euros el paquete de TV. Además, Movistar también sube sus tarifas de fútbol a los bares y locales de ocio. Y justifica estas subidas (algo mayores que en 2024, cuando subió de 1 a 3 euros mensuales) en “el aumento generalizado de costes” que ha tenido, especialmente de los proveedores de TV (Netflix subió sus tarifas en octubre y también han subido el resto de plataformas). Eso sí, Movistar da opción a sus clientes de darse de baja sin penalización, mientras Vodafone establece que los clientes con permanencia deben pagar una penalización si se dan de baja por estas subidas.

Los clientes de MasOrange, la compañía líder tras la fusión de MásMóvil y Orange (operativa desde abril), también tendrán una subida de tarifas, a partir del 27 de enero. Los paquetes convergentes Love, de fibra, móvil y TV, suben entre 2 euros mensuales (los más básicos) y 6 euros (los que incluyen TV y fútbol), mientras su marca Simyo sube entre 2 y 3 euros sus paquetes convergentes. En contrapartida, MasOrange duplicará la velocidad de la fibra más baja (de 300 a 600 Mbps) e incorporará en todos los contratos el servicio de ciberseguridad que ofrece el grupo. Las restantes telecos, como Digi, Avatel, Finetwork o Adamo no se suman a esta subida anual de las grandes telecos y seguirán con sus ofertas “low cost”.

2025 será el 11º año consecutivo en que las telecos suben las tarifas de móvil, Internet y TV. Empezaron en 2015, tras las fuertes bajadas hechas entre 2009 y 2014, tras la liberalización de las telecomunicaciones. En estos 11 años (contando la subida de 2025), las telecos han subido sus tarifas mensuales entre 30 y 44 euros de media, con lo que ahora pagamos entre 360 y 528 euros más al año por estar conectados, aunque no nos demos cuenta porque han sido muchas pequeñas subidas consecutivas (hasta hace poco, dos al año). En conjunto, las tarifas de móviles, Internet y TV han subido una media del +41,2% en estos 11 años, casi el doble de lo que han subido los precios (+26,3%Y y los salarios (+20%).

Lo peor no es que llevemos 11 años pagando más por utilizar los móviles e Internet, sino que los usuarios sufrimos una política de tarifas “de locos”, que perjudica a los clientes antiguos “fieles” en beneficio de los clientes nuevos, que consiguen mejores tarifas de entrada al cambiarse de compañía. Lo que sucede desde 2015 es que los clientes antiguos sufren subidas anuales (+41,2% en 11 años), mientras las mismas telecos se dedican a lanzar “ofertas low cost” a través de segundas marcas, con las que “tiran precios” para conseguir nuevos clientes y sustituir a los cientos de miles que les roban cada año las nuevas telecos. Y así pagamos 85 euros al mes por un paquete de móvil, Internet y TV (más de 100 euros con fútbol), mientras esa misma teleco (a través de sus marcas low cost: O2, Lowi, Simyo) ofrece por 38 euros (y menos) un servicio básico de móvil e internet. Y mientras, hay compañías que “rompen el mercado”, como la rumana Digi, que sacó en octubre un Plan de fibra y móvil a 15 euros mensuales (y luego un Plan TV, con 100 canales) a 7 euros más al mes…

Esta “locura de tarifas” y las “ofertas” habituales en Navidad o verano (que complican aún más el mercado) son fruto de la tremenda competencia entre las telecos, tanto entre las tres grandes (MasOrange, Movistar y Vodafone) como entre ellas y las nuevas operadoras (Digi, Avatel, Finetwork o Adamo), que no tienen casi red y alquilan las redes de las grandes telecos para competir con ellas, aprovechando que tienen menos inversiones, costes y personal. Eso provoca cada año una espectacular “fuga” de clientes, de las grandes telecos a las pequeñas, las llamadas “operadoras móviles virtuales”.

En 2023, Vodafone perdió 598.000 clientes, Movistar otros 273.000 y Orange 176.000 más, ganándolos MásMóvil (+57.000) y sobre todo Digi (+598.000 clientes). En 2024, las cifras provisionales señalan que “la fuga” se ha intensificado: Vodafone cedió 518.000 líneas (414.000 contratos de móvil y 104.000 de banda ancha, Internet), MasOrange perdió 490.000 clientes (439.000 líneas de móvil y 51.000 contratos de Internet) y Movistar sólo perdió 82.000 clientes (-122.000 en Internet pero +40.000 contratos de móviles). Y la gran ganadora fue la teleco rumana Digi: ganó cerca de 1 millón de clientes (+737.000 contratos de móvil, donde opera a través de la red de Movistar, con quien renovó contrato por otros 16 años, y +183.000 contratos de banda ancha fija, donde tiene una red propia).

Además de perder clientes, la otra consecuencia negativa de la “guerra de tarifas” para las grandes telecos es que sus ingresos se estancan. Los datos son muy explícitos: los ingresos totales se han “estancado” entre 2017 (34.097 millones de euros) y 2023 (34.631 millones, según la Comisión de Competencia (CNMC). Y si vemos sólo los ingresos minoristas (de los clientes particulares), los ingresos percibidos por las telecos han caído, de 25.122 millones en 2017 a 24.336 millones en 2023. Y en 2024, los ingresos minoristas de las telecos volvieron a caer en el segundo trimestre (5.509 millones, -2,4%) y en el 3º (5.525 millones, 0,6% sobre 2023), según los datos de la CNMC.

Y las telecos, con esta caída de ingresos (tremenda en el negocio minorista), han tenido que afrontar enormes inversiones en redes de telefonía (5G) y fibra, que han soportado endeudándose. Pero el estancamiento de la facturación (y su caída “real”, contando la inflación) les ha obligado a buscar otras vías de salida:  reducir plantillas, vender activos, buscar nuevos negocios y, al final, fusionarse o vender la empresa para sobrevivir.

Las telecos son y han sido una fuente de despidos: sólo en 2024, redujeron sus plantillas en 5.600 empleados: 3.420 salieron de Telefónica, 900 en Vodafone (que hizo el 5º ERE en 11 años, tras la venta a Zegona), 650 personas en MasOrange (tras la fusión) y otros 674 trabajadores despedidos en Avatel, la 5ª teleco. Pero estos 5.600 empleos suprimidos en 2024 se inscriben en los despidos  hechos en la última década, unos 15.000. Y en total, desde la liberalización de 1997, se estima que las telecos han perdido 60.000 empleos.

La 2ª vía de “escape” a la caída de ingresos es vender lo que pueden, desde torres de telefonía a redes, además de firmar acuerdos con telecos competidoras para compartir redes o fibra. La tercera vía ha sido diversificar, meterse en nuevos negocios para “sacarles más partido” a sus 54 millones de clientes: venderles alarmas, energía (luz y gas), seguros de salud, banca y créditos.

Y la cuarta vía son las ventas y fusiones, con importantes operaciones cerradas en 2024. La más importante, la fusión de Orange y MásMóvil (que la absorbió), dando lugar a MasOrange. La operación se anunció en julio de 2022, pero se ha retrasado mucho por el permiso de Bruselas, que no llegó (condicionado) hasta el 20 de febrero de 2024. Y tras la autorización del Gobierno español (12 de marzo), las dos compañías empezaron a operar como una sola, MasOrange, el 1 de abril de 2024, consolidándose como la 1ª teleco española, adelantando a Movistar, con más de 30 millones de clientes (30 millones de líneas móviles, más de 7 millones de clientes de Internet y más de 2 millones de clientes de TV de pago. Y un 43% del mercado, frente al 28% de Movistar y el 22% de Vodafone.

La otra gran operación de 2024 ha sido la venta de Vodafone a Zegona, un fondo de inversión británico,  que compró en octubre de 2023 el 100% de Vodafone España por 5.000 millones de euros. Otra operación que se ha retrasado por la autorización de Bruselas, la CNMC y el Gobierno español, que la autorizó el 14 de mayo de 2024. Desde el 1 de junio, los ejecutivos de Zegona gestionan formalmente Vodafone España, imponiendo nuevos despidos (un ERE a 900 empleados, el 27% de la plantilla) y poniendo en marcha una agresiva política de tarifas y promociones, que ha frenado pero no impedido la fuga de clientes.

En 2024 se ha cerrado también la entrada en Telefónica de la operadora saudí STC (controlada por el Fondo soberano PIF) , anunciada en septiembre de 2023. Antes de autorizar esta entrada extranjera en una empresa estratégica, el Gobierno aprobó (diciembre 2023) la compra del 10% de Telefónica por la SEPI (la empresa pública que controla las participaciones estatales en empresas privadas), que ha costado unos 2.000 millones de euros. En paralelo, el 2º accionista de Telefónica, Criteria CaixaBank, ha aumentado su participación, del 6,03 al 9,99%, al que se suma el 4,83% del BBVA para asegurar mayoría española (24,82%). Y así, el 28 de noviembre pasado, el Gobierno autorizó a la saudí STC a tomar el 9,97% del capital de Telefónica (ampliando el 4,4% que tiene ahora), lo que la convertirá en el tercer mayor accionista de Telefónica, con un puesto en el Consejo.

Con todas estas “movidas”, el sector ha sufrido en 2024 un gran cambio empresarial, con un nuevo liderazgo, de MasOrange (MásMóvil, el 4º operador de 2023 es ahora el 1º), otro intento de “salvar Vodafone España” (tras varios cambios de gestión y tentativas de venta) y un nuevo rumbo para Telefónica, que ya no lidera en España y tiene que buscar su hueco en Europa y el mundo, evitando que su bajísimo precio en Bolsa (cotiza a 3,90 euros por acción, frente a los 30 euros de principios de siglo) le haga presa fácil de otra OPA (su valor total es bajo: 22.600 millones de euros). Y luego está la carrera imparable de la rumana Digi, que opera desde 2008 y que cerró 2024 con 8 millones de clientes (la tercera parte que Movistar) y una gestión muy agresiva, aunque le cueste bajos beneficios y un alto endeudamiento. 

Y detrás le siguen otros operadores virtuales, con cuentas complicadas pero que crecen a costa de arriesgadas ofertas “low cost”. Avatel, la 5ª mayor operadora, fundada  hace 13 años por un pequeño operador de la Costa del Sol y que ha crecido absorbiendo 155 pequeñas operadoras regionales, con 1,43  millones de clientes (760.000 de Internet y 670.000 de móviles). O Finetwork, la 6ª mayor, propiedad en un 50% de un empresario de Elda (Alicante), que cerró 2024 con 1,3 millones de clientes (1 millón de móviles y 330.000 de Internet), coincidiendo con el cese de su consejero delegado. Y Adamo (200.000 clientes), controlada por el fondo francés Ardian, especializada en instalar fibra en zonas rurales.

Un mercado, las telecos, que sobrevuelan los fondos de inversión, buscando entrar y salir a corto plazo y conseguir plusvalías. Y un mercado donde van a seguir las fusiones, en España y a nivel europeo, porque no salen las cuentas si las telecos no ganan tamaño y clientes. De hecho, las empresas se quejan de que hay 98 empresas de telecomunicaciones en Europa, mientras en EEUU, China y Japón sólo hay 3 grandes, por lo que Deutsche Telecom, líder europea, tiene 40 millones de clientes, frente a 114 millones Verizon en USA y 900 millones China Mobile. Por eso, piden a la Comisión que facilite las fusiones europeas y a los Gobiernos que no favorezcan la entrada de nuevos operadores y limiten la competencia “desleal”.

Pero la “guerra de tarifas” va a seguir. Incluso las grandes telecos hacen polémicas ofertas “low cost”: en diciembre, Movistar quiso “robar clientes” a Vodafone ofreciéndoles (sólo a ellos) una tarifa de “todo fútbol” por 44,90 euros, 90 euros menos de lo que costaba al resto (incluidos sus clientes). Ahora, con ofertas de Internet y móvil a 15 euros, la gran batalla comercial está en la TV de pago y el fútbol: los operadores han visto que los usuarios cada vez gastan menos en móvil e Internet, por lo que los paquetes cuádruples (fijo, móvil internet fijo y móvil) cuestan una media de 42,10 euros al mes, el precio más bajo desde 2015. Pero con TV de pago (series, cine y fútbol), el precio medio de los paquetes “quíntuples” es ahora de 80,3 euros, la tarifa más alta por estos servicios desde 2022, según la CNMC. Porque dos de cada tres internautas utilizan plataformas de TV de pago Ahí está el negocio.

Transferencias en 10 segundos casi gratis

Desde hoy 9 de enero, ya podemos enviar o recibir una transferencia bancaria instantánea sin pagar tanta comisión (entre 1 y 12 euros). Entra en vigor un Reglamento aprobado por el Parlamento Europeo que obliga a 8.000 bancos de la zona única de pagos en euros (36 paises) a implantar "casi gratis" (de 0 a 6 euros) estas transferencias inmediatas entre cuentas, que se usan bastante en España y poco en Europa. Una medida clave para avanzar en la unión bancaria en un continente con demasiadas barreras a la circulación del dinero y las fusiones bancarias. En paralelo, bancos franceses, alemanes y belgas han creado una plataforma de pagos europea, Wero, que busca competir con Bizum, la 2ª mayor plataforma de pagos en Europa (tras la polaca). Así que cada vez será más fácil y barato hacer pagos, no sólo entre particulares, también entre empresas. En contrapartida, la banca busca compensar esta pérdida de comisiones por transferencias cobrándonos más por otros servicios (desde cuentas a tarjetas o Bolsa), ahora que bajan los tipos: 2025 será el año de las comisiones bancarias.

                                                                                                                                              ksltp.com

Europa es un continente que todavía mantiene fronteras bancarias, donde los bancos de cada país tienen sus propias reglas y comisiones en la operativa diaria y no promueven fusiones con bancos de otros paises, sólo entre bancos nacionales (como BBVA y Sabadell, mientras el italiano UniCredit ha visto bloqueado su intento de absorción de Deutsche Bank). Y así sucede que realizar una transferencia entre cuentas es una operación compleja, donde cada país tiene unos tiempos (24 horas o más si no es en euros) y cobra comisiones diferentes, dificultando pagos y la circulación de dinero en el continente. Por eso, dentro del proceso de agilizar la unión bancaria, la Comisión Europea decidió, en octubre de 2022, aprobar un Reglamento para agilizar la transferencias inmediatas en el continente, para que tuvieran más peso (eran sólo el 11% de las transferencias) y fueran más baratas (que fueran gratis o costaran como el resto de transferencias) y seguras.

Se inicia así un proceso de negociación entre la Comisión Europea, el Parlamento y los 8.000 bancos europeos (con 800 millones de cuentas bancarias) que componen la zona única de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), integrada por 36 paises,  los 27 paises de la UE más otros 9 paises europeos (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza, Ciudad de Vaticano y Reino Unido, que sigue ahí después del Brexit). El 7 de abril de 2023 hay ya un primer acuerdo, que se transforma en un Reglamento sobre las futuras transferencias rápidas en la zona SEPA, que se aprueba el 7 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo (599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones) y que aprueban los líderes europeos en el Consejo del 26 de febrero de 2024.

Este nuevo Reglamento sobre las transferencias rápidas entre los 36 paises SEPA, publicado en el DOUE del 19 de marzo, fija unas condiciones comunes para los 8.000 bancos implicados, a partir del 9 de enero de 2025 (con un periodo transitorio para los bancos de fuera de la zona euro): todos los bancos deben ofrecer transferencias instantáneas, en un máximo de 10 segundos (ahora, un tercio de los bancos europeos no las hacen, aunque parezca increíble), no pueden aplicar comisiones mayores que las que tienen las transferencias ordinarias, han de convertir las transferencias en otras monedas a euros, deben aplicar mecanismos sólidos y actualizados de detección de fraudes y evitar transferencias delictivas relacionadas con el terrorismo y el blanqueo de capitales.

En España, la entrada en vigor hoy de este Reglamento implica que cualquier cliente de banca podrá enviar o recibir en sus cuentas (hay 80 millones de cuentas bancarias) una transferencia rápida (de hasta 100.000 euros), que será efectiva en un máximo de 10 segundos, con un coste que deberá ser el mismo que tiene una transferencia ordinaria (que tarda normalmente 24 horas y más). Eso supone en la práctica que estas transferencias inmediatas serán "casi gratis" en España, porque lo son normalmente las transferencias ordinarias. Será un cambio para los clientes, porque hasta ahora, enviar dinero con una transferencia rápida (en el día) entre cuentas tenía un coste que oscilaba entre 1 y 12 euros: 0,95 euros cobraba el Sabadell, 1,25 el BBVA, 3,95 CaixaBank, 4 euros Openbank, 5 euros Unicaja, 6 euros Santander y 12 euros Bankinter, según HelpMyCash. 

Ahora, las entidades anuncian que no cobrarán estas transferencias instantáneas a los clientes vinculados, pero sí al resto, aunque la mayoría cobrarán una comisión baja: 0,40% sobre el importe enviado, con un mínimo de 6 euros la mayoría (CaixaBank, Santander o Sabadell). Y BBVA o Bankinter anuncian que serán gratis. Habrá que esperar unos días para comprobar las tarifas de estas transferencias rápidas, que serán otro motivo de "negociación" entre los bancos y sus clientes.

Este Reglamento europeo va a agilizar enormemente estas transferencias instantáneas, más en otros paises que en España, donde ya suponen el 53,6% de todas las transferencias, según los datos de Iberpay: en 2023 se hicieron en España 1.011 millones de transferencias instantáneas (+22,8% que en 2022), por importe de 119.400 millones de euros (+21,6%). Y su uso, a pesar de tener que pagar comisiones, se ha disparado: de 31,8 millones de transferencias hechas en 2018 a 103 millones en 2019, 569,6 en 2021 y los 1.011 millones de transferencias instantáneas hechas en 2023. Este enorme volumen contrasta con el menor uso de estas transferencias inmediatas en Europa: suponían el 15,46% de todas las transferencias en la UE, casi la cuarta parte que en España (53,62% del total).

La razón  básica de que España sea líder europeo en transferencias rápidas es el éxito de Bizum, la plataforma de envío instantáneo y gratuito de dinero a través del móvil (con un límite de 1000 euros, frente a los 100.000 de una transferencia rápida entre cuentas). La plataforma Bizum fue creada en España en 2015, por 20 bancos y tres infraestructuras de pagos, y su uso se ha popularizado: ha pasado de 6,25 millones de usuarios en 2019 a 28 millones en 2024, que han hecho 3.400 millones de transacciones, con 80.000 comercios donde se puede pagar y 11.600 organizaciones a las que donar.

Su éxito es tal que Bizum es la 2ª mayor plataforma de pagos rápidos en Europa, solo por detrás de Polonia (Blick tiene más de 30 millones de usuarios) y por delante de Francia (Paylib tiene más de 25 millones), paises nórdicos (Vipps tiene más de 12 millones de usuarios en Noruega, Dinamarca y Finlandia), Suecia (Swich tiene más de 9 millones) y Suiza (Twint tiene más de 5 millones). Con todo, son plataformas de pagos rápidos restringidas a cada país. Por eso, un grupo importante de bancos franceses, alemanes y belgas lanzaron en junio de 2024 la primera plataforma de pagos rápidos europea: Wero (“We Euro”), a la que se han sumado bancos de Luxemburgo y Paises Bajos, que pretende hacerse con el mercado europeo de pagos rápidos. Por eso, Bizum ha reaccionado y en 2025 ampliará sus pagos a Italia y Portugal, tras acuerdos con entidades de esos paises.

El Reglamento de pagos instantáneos va a acelerar las transferencias inmediatas entre paises, al margen de los pagos rápidos por móvil. El objetivo es que estas transferencias instantáneas se impongan en el resto de Europa (donde, recordemos, ahora se usan poco), sobre todo en los paises donde sean gratuitas (que ahora son pocos). El objetivo de la Comisión Europea es que estas transferencias instantáneas se generalicen no sólo entre particulares sino sobre todo entre empresas, que ahora apenas las usan por su coste. Esto podría facilitar y agilizar los pagos a proveedores y clientes, los pagos entre comercios y también los pagos a las administraciones públicas (desde impuestos a servicios).

En todos los casos, servirá para agilizar la tesorería y los flujos de dinero, mejorando la eficiencia de empresas e instituciones, aunque todo va a depender de la comisión que realmente se cobre. Porque hasta ahora, el retraso en las transferencias nacionales e internacionales (entre 1 y 2 días, incluso más si no son en euros) ha bloqueado enormes cantidades de fondos: la Comisión Europea estima que cada día hay 200.000 millones de euros “en el camino”, en el “limbo” de las transferencias, un dinero que no está disponible de inmediato para particulares y empresas. Y que ahora, con las transferencias instantáneas puede “liberarse” y generar un beneficio de 1.800 millones al año…

Para los bancos españoles (y europeos), este Reglamento que facilita y abarata las transferencias instantáneas es dinero que dejan de tener uno o dos días (a coste cero) y comisiones que pierden (aunque al final, intentarán seguir cobrándolas, más bajas). Pero no están demasiado preocupados, porque intentarán “cobrárnoslo por otro lado”: aumentarán el resto de comisiones, desde las que pagamos por las cuentas a las tarjetas o por administración de acciones y Fondos.

De hecho, los ingresos por comisiones llevan años disparados y siendo un componente fundamental de los abultados beneficios de la banca : los 6 grandes han ganado 23.656 millones de euros de enero a septiembre de 2024 (+19,7%) y han ingresado 20.048 millones de comisiones netas (+8,6% sobre 2023). Y en 2025, con la bajada de tipos, los bancos van a reducir sus márgenes, con lo que tendrán que compensarlo subiendo comisiones. Algo que ya han anunciado en las últimas semanas a muchos clientes, sobre todo a los que no tienen “vinculación” (nómina, pensión o tarjetas), que son los que pagarán más comisiones. Ahora, el coste medio de las comisiones por mantener una cuenta es 150,91 euros anuales, según el Barómetro de Asufín. Y hay entidades, como Santander o CaixaBank que cobran 240 euros, mientras BBVA cobra 160 euros. Y también han subido las comisiones bancarias por tarjetas, operativa o Fondos y valores.

En resumen, que la Comisión Europea ha dado un paso más para avanzar en la unión bancaria europea, agilizando y abaratando las transferencias instantáneas entre cuentas, que ahora serán "casi gratis" en España, como un Bizum pero permitiendo mayores importes. Un servicio que muy útil para particulares y más para las empresas, comercios e instituciones, que podrán gestionar mejor su tesorería. Pero a cambio, la banca lo compensará con nuevas subidas de comisiones, la mayoría sin que nos demos cuenta de que las pagamos. Así que 2025, aunque tengamos tipos más bajos y transferencias instantáneas "casi gratis", será un año en el que pagaremos más comisiones. Estamos “pillados” .

La luz sube otra vez

Cuando llegue el recibo de la luz de diciembre, veremos que ha subido otra vez, hasta 11 euros sobre el de noviembre, que ya fue el más caro del año. La luz cerró 2024 con precios altos, por la mayor demanda (el frío) y el clima (menos eólica, solar e hidráulica  y más gas, muy caro). Pero como el clima ayudó entre primavera y otoño, el precio medio en el mercado eléctrico fue el más bajo desde 2021, aunque la subida de impuestos hizo que nuestro recibo mensual fuera 1,54 euros más caro que en 2023, pero mucho más bajo que en 2022 y 2021. Y el auge de las renovables (generan el 56% de la electricidad) mantiene la luz más barata  que en Europa. Este 2025 se espera una luz cara hasta primavera y luego bajará en el mercado, aunque nos subirá por el IVA y los peajes: será entre 106 y 118 euros más cara. Y luego bajará y será “más limpia” entre 2026 y 2030.

                            Enrique Ortega

La luz cerró el año 2024 con fuertes subidas en el mercado mayorista de origen, mayores incluso que las de noviembre. En diciembre, el precio medio diario del mercado mayorista (donde las eléctricas venden la electricidad que generan) fue de 111,23 euros/MWh (con picos de 177/179 euros entre el 10 y 12 de diciembre y 172 euros/ MWh el 30 de diciembre). Ha sido, junto a noviembre (104,43 euros/MWh de media) el mes más caro de todo 2024, un año donde la luz fue muy barata en origen (mercado mayorista) en primavera (20,31 euros en marzo, 13,67 en abril y 30,4 euros/MWh en mayo), así como en verano y otoño, gracias a la mayor aportación de las renovables (más baratas). Pero en noviembre y diciembre, los precios en origen se dispararon por la mayor demanda (frío) y una menor aportación de las renovables (poco aire y lluvia y menos horas de sol) y de las nucleares (por recarga y fallos en Ascó I y II), obligando a utilizar más las centrales de gas (con un gas más caro). Y además, han subido los derechos por generar CO2.

A pesar de las fuertes subidas de noviembre y diciembre, el mercado eléctrico español ha cerrado 2024 con un precio medio de 63,19 euros/MWh, más bajo que el de 2023 (88,27 euros) y muy inferior a los de 2022 (167,52 euros/MWh, por la guerra de Ucrania y el gas disparado, que llevó a un máximo histórico de 544,98 euros/MWh el 8 de marzo de 2022) y 2021 (119,93 euros), aunque esté todavía por encima del precio habitual antes de esta crisis energética (33,96 euros/MWh en 2020 y 47,41 euros en 2019). Otro año más, nos han salvado las energías renovables, que han generado el 56% de la electricidad, según REE, gracias a la aportación de la eólica (23%), la solar fotovoltaica (17%) y la hidráulica 13%).

En Europa, las renovables han generado sólo el 48% de la electricidad en 2024, lo que explica que el precio medio de la electricidad en el mercado europeo haya cerrado en 82 euros/MWh, más cara que en España (63,10 euros), aunque más barata que en 2023 (97 euros/MWh en el mercado europeo) y el precio más bajo desde 2021, según Eurelectric. Una electricidad, en Europa y en España, más barata y “más limpia” : las emisiones de CO2 por la producción de electricidad bajaron un 13% en 2024 sobre 2023 (y un -59% sobre 1990). En España, las emisiones del sector eléctrico (27 millones TM CO2) bajaron un -16,4% sobre 2023.

Estos fueron los precios de la electricidad en origen en 2024. Pero a nosotros, los consumidores, nos influyen otros factores en el recibo, además de este precio mayorista. Una parte, el 40% del recibo, depende de nuestro contrato. Si tenemos una tarifa “libre” (como 21,8 millones de consumidores), que han pactado con una comercializadora (generalmente por un año), estos vaivenes del mercado mayorista y la rebaja media de 2024 no la notarán  hasta que revisen la tarifa (como las hipotecas). Pero si tenemos una tarifa “regulada” (llamada PVPC), como 8,6 millones de consumidores, un 40% del recibo varía con los precios diarios (y por horas) del mercado mayorista de la electricidad. Así que en 2024, tendríamos que haber pagado menos por la luz, ya que el precio medio en origen ha sido un 28,4% más bajo (63,19 euros/MWh frente a 88,27 euros). Y encima, una reforma implantada el 1 de enero, obligaba a las eléctricas a vendernos un 30% de la luz comprada en el mercado a plazo (no en el mercado diario), que es más barato.

Pero la realidad es que el recibo medio de la luz ha subido algo en 2024, 1,54 euros mensuales para la tarifa regulada, según la OCU. Y también la contrataron más cara los usuarios que están en el mercado “libre”, porque una parte importante de la factura (un 15%) son impuestos. Y el 40% restante son costes de transporte y distribución más pagos regulados por la Administración para financiar el parón nuclear, las renovables, la electricidad en las islas o la deuda eléctrica acumulada, que también subieron (poco) en 2024.

Por todo ello, aunque la electricidad en origen fue más barata en 2024, la pagamos algo más cara, sobre todo por la subida de 3 impuestos. Entre febrero y mayo de 2024, el IVA de la electricidad subió del 10 al 21% (al estar por debajo de 45 euros los precios en origen), aunque el resto hemos pagado el 10%. También subió el impuesto especial a la electricidad (del 0,5% al 2,5% en el primer trimestre, el 2,8% en el segundo y el 5,11% desde julio) y el impuesto a la generación de electricidad, que pagan las eléctricas pero nos lo repercuten en el recibo (se suprimió en 2021 y volvió al 3,5% en el primer trimestre de 2024, al 5,25% en el segundo y el 7% desde julio). Se estima que habremos pagado 7,50 euros extras cada mes en el recibo en 2024 por estas subidas de impuestos. Todos, tengamos la tarifa que tengamos.

Al final, entre la bajada del precio en origen y la subida de impuestos y peajes, el recibo medio de los que tienen una tarifa regulada (8,6 millones de consumidores) habrá subido 1,54  euros de media al mes durante 2024, según los cálculos de la OCU, que estima un recibo medio de 61,88 euros en 2024 (aunque sea de 85,57 euros en diciembre frente a 74,60 euros en noviembre, después de empezar el año en 63,10 euros y bajar hasta 48,85 euros en el recibo de abril), frente a 60,34 euros pagados de media en 2023. En el caso de los recibos contratados en el mercado “libre” (tarifas “planas”), también habrán notado la subida de los 3 impuestos (esos 7,50 euros de media).

Ahora, en 2025, todo apunta a que la luz seguirá subiendo en origen hasta primavera, aunque quizás menos que en noviembre y diciembre, porque quizás mejore algo la aportación de la energía hidráulica (lluvia) y eólica (viento). Y luego, en primavera y verano, se espera que las energías renovables (mucho más baratas) sigan creciendo y no haya que tirar del gas natural (más que en horas y días puntuales), lo que permitirá volver a bajar el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en 2025. De hecho, la electricidad en el mercado de futuros apunta a un precio de 50 euros/MWh entre abril y junio de 2025 (cuando estaba a 122,34 euros/MWh el viernes 3 de enero). Y eso beneficia a los que clientes del mercado “regulado”, porque las comercializadoras están obligadas en 2025 a que un 40% de la electricidad que les vendan la compren en el mercado de futuros (y un 55% en 2026).

Pero eso no indica que el recibo baje en 2025, sino que se espera que la luz suba más que en 2024 (subió 1,54 euros), otra vez por la subida de impuestos y también por una mayor subida de los costes regulados, dos factores que afectan a todos los contratos. Veámoslos con detalle.

Por un lado, sube uno de los tres impuestos de la luz, el IVA, que es el clave. Pasa del 10 al 21% definitivamente, lo que puede suponer una subida del recibo, por esta sola causa de +7,50 euros al mes. Se mantiene en el 5,11% (de finales de 2024) el 2º impuesto, el impuesto especial sobre la electricidad (IEE), que este año no nos subirá el recibo. Y el tercer impuesto, sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) electricidad (el 7%) está pendiente de la pelea política en el Parlamento: el Gobierno quiere mantenerlo, pero PP y Junts (con apoyo de Vox, ERC y PNV) quieren anular este impuesto, creado por Rajoy en 2013 y con el que se recaudan 1.500 millones al año. El debate sigue abierto y el Gobierno reitera que quiere mantenerlo, aunque no tiene mayoría para hacerlo.

Además de la subida del IVA (y la recuperación o no del IVPEE), el recibo de 2025 incluye también la subida de los costes regulados por la Administración, que aumentan un 33% este año. Estos costes que también suben son los peajes eléctricos (el coste del transporte y la distribución de electricidad, una parte fija y otra según el consumo), los cargos varios del sistema eléctrico (primas a las renovables, ayudas al pago electricidad en las islas, costes de la CNMC, coste parón nuclear y déficit eléctrico acumulado) y la financiación del bono social eléctrico: un descuento del 25 al 40% en la factura, del que se benefician 1.627.000 familias pero cuyo coste (que crece) pagamos el resto de consumidores (3,8 euros por cliente).

En conjunto, entre la subida del IVA y los costes regulados, el recibo de 2025 podría subir 106 euros al año (+8,83 euros al mes) para los consumidores con tarifa “regulada” y 118 euros anuales (+9,83 euros al mes) para los que tienen una tarifa “libre”, según la OCU. Y eso, al margen de que el precio de la electricidad en origen suba o baje (debería bajar algo) o de la evolución del petróleo y el gas natural. Si una guerra o cualquier otro problema (frío intenso o fuerte demanda) vuelven a disparar la energía, el recibo subiría mucho más.

Hay un factor clave para ser relativamente optimistas con el recibo en los próximos años, sobre todo a partir de 2026, cuando ya no suba el IVA ( culpable de +7,50 euros de subida mensual del recibo en 2025) : la creciente importancia de las energías renovables, donde España es líder en Europa. El gran objetivo del Plan nacional de energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) es que las energías renovables generen el 81% de la electricidad en 2030 (frente al 39,2% que aportaron en 2019 y el 56% en 2024). Eso permitirá tener una electricidad más limpia y más barata. De hecho, el Banco de España estima que las energías renovables pueden reducir los precios de la luz un 50% para 2030. Y con ello, España tendría una tarifas entre un 20 y un 30% más baratas que Europa.

Para conseguirlo, la clave es seguir promoviendo la energía solar, la eólica (que va algo retrasada, por una cierta rigidez normativa, una creciente “judicialización” de proyecto y un retraso en las adjudicaciones en algunas autonomías) y otras renovables, mejorando su eficiencia y desarrollando más el almacenamiento, porque una parte de la energía renovable no se puede guardar (almacenar en baterías gigantes) y se pierde. En paralelo, urge modernizar la red de distribución, para afrontar los picos de demanda y evitar cortes: el 11 y 12 de diciembre, Red Eléctrica (REE) tuvo que cortar la luz a las industrias (desde las 18,30 a las 21 horas), para asegurar el servicio al resto del país, con lo que hubo 5 días de corte parcial a la industria en 2024. Algo que podría repetirse en 2025, si la demanda de electricidad sigue creciendo (+1,4% en 2024, tras caer en 2022 y 2023).

Entre tanto, las eléctricas aprovechan los altos precios de la luz en noviembre y diciembre (y los que todavía tendremos hasta la primavera) para abrir una “guerra de tarifas” y bombardear con anuncios a los usuarios para que se pasen a tarifas “libres”, con el señuelo de que ahora están más bajas. De hecho, 1 de cada 4 hogares han cambiado su contrato de luz, de la tarifa regulada al mercado libre, en los dos últimos años, según la Comisión de la Competencia (CNMC). Son 4,8 millones de hogares que las eléctricas han captado para sus tarifas “planas”. Durante los años 2021 y 2022, con el mercado eléctrico en precios máximos, han podido acertar. Pero no tanto en 2023 y 2024, donde el recibo regulado ha bajado. Y lo mismo pasará en los próximos años: la electricidad subirá en 2025, pero bajará a partir de 2026. Así que ojo a las “ofertas”, que ofrecen hoy luz más barata por un año, pero que pueden subir al revisarla anualmente.

Con todo, sea tarifa regulada o “libre”, no se deje influir por los titulares de lo cara a barata que esté la electricidad tal día o a tal hora. Es importante que sepamos que la clave está en el clima, en que si llueve o no, si hace sol y viento o no, eso resulta clave para nuestro recibo. Y que hay mucha diferencia entre los precios según la hora del día o el día de la semana (la luz es más barata los fines de semana y cuando no hay industrias trabajando). Y que en los próximos años, gracias a las renovables, la luz costará mucho menos, sin contar los impuestos. Así que el recibo de la luz nos dará menos “sustos” en el futuro.

Año 2025: cierta normalidad y muchos riesgos

El año 2024 ha sido mejor de lo esperado (con más crecimiento y menos inflación). Y 2025 podría ser otro año de “recuperación”, tras cuatro años de crisis (2020-2023) por la pandemia y la inflación disparada. Pero hay demasiadas incertidumbres, que pueden convertirlo en un año “gris” o “negro”: las guerras abiertas en Ucrania y Oriente Medio, la llegada de Trump y su amenaza de aranceles, el temido repunte de la inflación y la energía, la enorme deuda mundial, el freno a la necesaria inmigración y, sobre todo, el avance imparable de la Crisis Climática. En Europa, la crisis política en Alemania y Francia dificulta el avance de una economía estancada y poco competitiva. Y en España, la economía “va bien” (aunque muchos no lo notan), pero la parálisis política impide aprobar los necesarios Presupuestos y las reformas que nos exige Europa, poniendo en peligro la recuperación. Y mejorar los servicios públicos o afrontar el grave problema de la vivienda, los grandes retos de 2025.

Los que hacen previsiones económicas coinciden: 2024 ha sido un año mejor de lo esperado. El mundo ha crecido, el empleo sigue fuerte, la inflación ha bajado y ha permitido reducir los tipos de interés, sosteniendo el consumo y la inversión, consolidando una “recuperación suave” de las economías tras cuatro años muy difíciles (2020 a 2023), por la pandemia y sus secuelas, la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Ahora, esos mismos expertos creen que 2025 puede ser otro año de “cierta normalidad”, donde se mantenga el crecimiento y el empleo, siga bajando la inflación y se recuperen más el consumo y la inversión, apoyados por una energía a precios estables. El problema es que hay “demasiadas incertidumbres” en el horizonte, desde los conflictos geopolíticos a la llegada de Trump, el exceso de deuda, el freno a la inmigración o el avance de la Crisis Climática. Y en Europa, desde Alemania y Francia a España, la crisis política que dificulta la recuperación económica.

Empezando por el crecimiento, la última previsión del FMI apuesta porque la economía mundial va a crecer en 2025 lo mismo que en 2024, un +3,2%. Sin embargo, las economías “avanzadas” tendrán un crecimiento bajo (+1,8%, lo mismo que en 2024), debido al estancamiento de Europa, que crecerá sólo +1,5% (casi el doble que en 2024: +0,9%), menos que EEUU (+2,2%, algo menos del +2,8% que creció en 2024). Este bajo crecimiento de los paises “desarrollados” vendrá compensado por un fuerte crecimiento de los paises “emergentes y en desarrollo”, que crecerán un +4,2% en 2025 (como en 2024), gracias al mayor crecimiento de los principales paises de Asia, Latinoamérica, África y Oriente Medio, aunque este año crecerán algo menos China (+4,5% frente al +4,8% en 2024), India (+6,5% frente al +7%) y sobre todo Rusia (+1,3% frente al +3,6% en 2024).

Así que se espera un crecimiento mundial similar, que permitirá mantener altos niveles de empleo y tasas de paro a la baja en la mayoría de paises. Y con una inflación mundial controlada, que puede subir al 3,5% a finales de 2025, tras cerrar el año 2024 en el 3,2%, muy lejos ambos de la inflación récord de 2022 (+9,4% en el verano de 2022). En EEUU también bajará la inflación (del 2,4% al 2,1% en 2025), lo mismo que en Europa (del 3,1 al 2,4%, para acercarse al ansiado 2% en 2026). Y con un crecimiento sostenido y menos inflación, se espera continuar las bajadas de tipos de interés (más en Europa, al 2% en 2025, y menos en EEUU, al 3% a finales de año, porque la demanda crece más).

En esta “bola de cristal” sobre 2025, Europa aparece como el continente que menos crecerá, un +1,5%, aún menos la zona euro (+1,2%), según el FMI. Y eso porque Alemania, la tradicional “locomotora” europea, apenas crecerá (+0,8%, aunque saldrá de 2 años en recesión) y Francia también crecerá muy poco (+1,1%, lo mismo que en 2024), como Italia (+0,8%, frente a +0,7% en 2024), siendo España el país occidental al que se vaticina un mayor crecimiento en 2025: +2,1%, tras cerrarse 2024 con un crecimiento del 3% (también superior al del resto de paises desarrollados, incluido EEUU). Esta “ligera recuperación europea” en 2025 se puede acompañar de una cierta creación de empleo y una baja tasa de paro (el 6,1 bajará al 5,9%), una menor inflación (el BCE augura una inflación del 2,4% en la zona euro a finales de 2024 y el 2,1% en diciembre de 2025, para bajar del 2% en 2026) y tipos de interés más bajos (del 3% actual al 2% en 2025).

Una vez disipada en el mundo “la niebla de la inflación” , aparecerán en 2025 los viejos problemas de la economía internacional y europea: el bajo crecimiento (menos al que había antes de la pandemia), los reajustes en las relaciones comerciales mundiales (menos globalización y más peso de los bloques y regiones) y el auge del proteccionismo, el alto endeudamiento mundial (la deuda global supera los 100 billones de dólares) y el aumento de los déficits fiscales de los paises, tras años de aumentar las ayudas por la pandemia y la inflación. Y los viejos retos: nuevas tecnologías,  Inteligencia Artificial, digitalización, baja productividad en la mayoría de Occidente y, sobre todo, el creciente impacto de la Crisis Climática, con un aumento de la temperatura, emisiones y desastres naturales.

Pero además de estas “asignaturas pendientes”, la economía internacional tiene en 2025 importantes “incertidumbres” y “riesgos”, que pueden acabar con la “recuperación” de 2024 y sumergirnos en otra crisis en cualquier momento. La más inmediata, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, el 20 de enero. Un político “extremista” e “impulsivo”, cuya gestión puede trastocar la política y economía mundial. Su programa es tremendamente contradictorio y habrá que ver si sus amenazas y bravuconadas se transforman en hechos o no. Por un lado, su política de “bajar impuestos” (a los más ricos) y “desregulación” (dar más poder a los gigantes de Internet, las finanzas y las grandes empresas) podrían reanimar la económica USA y la del resto del mundo, aunque subiría la inflación y no bajarían más los tipos de interés. Pero, sus amenazas de aranceles al resto del mundo y las restricciones a la inmigración frenarían el crecimiento (sobre todo en Europa y China) y aumentarían la inflación.

Lo que más teme el mundo de Trump es que imponga aranceles, un impuesto a las importaciones que lleguen a USA de México y Canadá (+25%), de China y de Europa (+10% sobre los aranceles actuales), aunque en su anterior mandato amenazó con hacerlo y no lo hizo. En el caso de Europa, un 20% de sus exportaciones mundiales van a EEUU y ahora pagan un arancel medio del 2%. Subirlo al 10% dañaría especialmente a la industria química europea, aparatos ópticos, muebles, bienes de equipo y material de transporte. Y los paises más afectados serían Irlanda, Alemania e Italia, siendo España el 4º país europeo menos afectado (tras Rumanía, Eslovaquia y Croacia), según CaixaBank Research. Pero nos afectaría: el coste sería de 1.388 millones de euros, el 0,1% del PIB.

Otra incertidumbre en 2025 es que aumente el enfrentamiento comercial USA-China y ver si el gigante asiático puede reordenar su economía, que crece menos porque ha reducido sus exportaciones (a EEUU y a Europa) y no recupera su consumo interno, con un aumento de la deuda. Si Trump y China entran en “guerras comerciales”, lo pagará Europa (y España).

Otro enorme riesgo de 2025 son los conflictos geopolíticos, las guerras en Ucrania y Oriente Medio, que no terminan y obligarán a Europa a gastar más en armamento, tras la retirada de Trump de parte de sus compromisos con la OTAN. Y las guerras siempre complican los precios de la energía y las materias primas, lo que podría reavivar la inflación. De momento, el petróleo y el gas cotizan a precios razonables (salvo rachas de subidas del gas en Europa, por el frío o problemas de aprovisionamiento). Y los expertos apuntan a un petróleo más barato en 2025 (73 dólares barril frente a 82 en 2024), por la esperada caída de la demanda (más en China) y el exceso de oferta (a pesar de los recortes de la OPEP y Rusia). Y el gas natural, clave para el precio de la electricidad, está en 48,79 dólares y cotiza a la baja en las compras para primavera y verano, pudiendo cerrar 2025 a 46,72 dólares.

Con todo, el principal riesgo que sigue ahí, aunque apenas se cite, es la Crisis Climática: 2024 ha sido el año más cálido en milenios, con una temperatura media 1,5 grados más alta que en el periodo preindustrial (1.850-1900). Y las emisiones de CO2 vuelven a crecer, lo que provoca una concentración de gases de efecto invernadero de 422 partes por millón, un 50% más que en 1750, antes de utilizarse los combustibles fósiles. Y todo ello ha multiplicado estos años la proliferación de “desastres climáticos” (sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes, incendios, hambrunas…), que provocan cuantiosos daños humanos y materiales, especialmente en los paises pobres y en el sur de Europa. Y frente a este gravísimo problema, los paises apenas recortan su consumo de combustibles fósiles y crecen los políticos “negacionistas”, especialmente en EEUU (Trump podría salirse otra vez del Acuerdo del Clima) y Europa (con el auge de la extrema derecha y la derecha negacionista).

Centrándonos en las “incertidumbres” en Europa, el principal problema es que cuando EEUU vira a la extrema derecha y se concentra en sí mismo, Europa no tiene la fortaleza política para ser una referencia mundial, porque el continente está también muy polarizado, con un auge de la extrema derecha y la derecha tradicional, que dominan la Comisión Europea. Y por si fuera poco, los dos motores políticos y económicos de la UE, Alemania y Francia,  están “gripados”. En Alemania, la derecha democristiana podría volver al poder en las elecciones del 23 de febrero. Y en Francia, el nuevo Gobierno impuesto por Macron no consigue avanzar y resolver los graves problemas económicos pendientes (como la falta de reformas y el déficit disparado, que hacen que Francia tenga que pagar la misma prima de riesgo que Grecia: 0,84% más que Alemania y mucho más que el +0,68%  de España o el +0,47% de Portugal). Con esta debilidad política, resulta difícil que Europa pueda tomar las medidas que urgen (Plan Draghi) para mejorar su competitividad y peso político mundial.

Y queda hablar de España en 2025. Las previsiones de todos los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) apuestan porque seguiremos siendo el país occidental con más crecimiento, un +2,1%, aunque será inferior al de 2024 (+3%). Pero será suficiente, según la previsión del Gobierno, para crear otros 548.000 nuevos empleos en 2025 (tras los 556.132 que se habrán creado en 2024), lo que supondría crear tanto empleo como Francia y Alemania juntos.

Este aumento del empleo, junto a otra rebaja de la inflación (1,9% de media anual en 2025, frente al 2,8% de subida media en 2024), podrían servir para reanimar el consumo de las familias, uno de los 4 motores del crecimiento este año, junto al turismo, la llegada de inmigrantes y la mejora de la inversión (empujada por los 48.000 millones de Fondos europeos, a los que se sumarían otros 20.000 más en 2025, entre el 5ª pago de subvenciones y los primeros créditos del Plan de Recuperación). Y eso contando que no se podrá aumentar el gasto público y que las exportaciones ayudarán menos en 2025.

Pero también en España hay muchas “incertidumbres” para 2025. La primera, si el Gobierno será capaz de pactar unos Presupuestos para 2025, que serían claves para poder recaudar más y así gastar más en los servicios públicos (Sanidad, Educación y Dependencia) y en la política de vivienda, la primera preocupación de los españoles (CIS diciembre), que exige un Pacto político entre el Gobierno central, las autonomías y los Ayuntamientos para conseguir suelo y financiación para promover 250.000 viviendas al año (frente a las 90.000 de 2024). El grave problema de la vivienda sólo se puede resolver promoviendo más viviendas (VPO y “libres”), la mayoría para alquiler, no empecinándose en imponer una Ley de Vivienda que ahuyenta a los propietarios y no consigue más suelo y más financiación para construir.

Pero quizás la mayor incertidumbre de 2025 es la política: la actual polarización y estancamiento político, que frenan cualquier reforma e impiden cualquier acuerdo (como el de la vivienda). La economía va bien, aunque muchas familias no lo noten, porque sus sueldos son bajos y la inflación y el deterioro de los servicios públicos se han comido parte de sus ingresos y tienen problemas para llegar a fin de mes. Pero la macroeconomía funciona, se crece y se crea empleo, se exporta y llegan inversiones extranjeras. El problema es que la incertidumbre política es tal que no ayuda a la economía, la lastra e impide reformas urgentes, desde la mejora de la sanidad o la educación a la construcción de viviendas o la atención a la Dependencia. El bloqueo político no ayuda a resolver los problemas de la gente. Y esta crispación política acabará dañando a la economía. Ese es el mayor riesgo para España en 2025, junto a Trump y al desconcierto en Europa.

Ojalá que estos riesgos se disipen y todo vaya bien. ¡Feliz 2025¡