La economía bien, la política mal
Tras las vacaciones, España afronta un otoño muy
complicado, más en los temas políticos que en la economía. Los datos
oficiales revelan que hemos superado la triple crisis de la
pandemia, la guerra der Ucrania y la hiperinflación, con mejor nota que la
mayoría de Europa: crecemos el triple, creamos más empleo
(1,7 millones desde 2019) y la inflación ha bajado al 2,2%. Pero mucha
gente no nota esta mejora de la economía, porque sus salarios
apenas crecen y todo es más caro. Y les agobia pagar un alquiler, el colegio
o la universidad y una sanidad privada o una residencia. Y las autonomías
piden más recursos, mientras se enquista una reforma de su financiación.
Además, persiste el problema de la inmigración ilegal (manipulada por la
ultraderecha) y parece imposible que el Gobierno apruebe un
Presupuesto para 2025. Al final, la polarización y el enfrentamiento
político impiden mejorar la economía y los problemas que preocupan a los
españoles. Estamos ante el riesgo de una “Legislatura fallida”. Enrique Ortega
Tras cuatro años y medio de continuas crisis,
desde la pandemia a la guerra de Ucrania y la hiperinflación, la economía
española parece asentar su recuperación, a juzgar por los datos
oficiales. Por un lado, somos el país europeo grande que más crece: +0,8%
en el 1º y 2º trimestre de 2024, casi el triple que la zona euro y que la UE-27
(+0,3% de crecimiento los dos primeros trimestres) y también por encima de Francia
(+0,3%) o Italia (+0,3% en el primer trimestre y +0,2% en el 2º) y mucho mejor
que Alemania (su PIB creció un +0,2% en el primer trimestre y cayó un -0,1% en
el 2º), según
Eurostat. Y lo mismo pasó en 2021 (España creció un 6,4% y la
UE-27 un 6%), en 2022 (+5,8% frente al 3,4%) y en 2023 (un +2,4%,
cuatro veces más que el +0,6% UE-27), compensando con creces la mayor
caída que sufrimos en 2020 con la pandemia (-11,2% frente a -5,6% de caída en
la UE-27).
Así que ahora (2º trimestre 2024), España crece a una media
anual del 2,9%, cuando Europa está estancada y Alemania roza la
recesión. La clave del “éxito” económico español está en un fuerte tirón
del turismo (que superará este año los 90 millones de visitantes, con
un gasto récord de 128.000 millones de euros), en el mantenimiento del consumo
de las familias (por la fuerte creación de empleo: +1,7
millones desde 2019, más estable y mejor pagado), en el pulso de las
exportaciones, que se mantienen fuertes en los últimos años, a
pesar de la caída en 2024 (-2,4%, en España, menos del -3,2% que caen en UE-27) y por el empuje de los Fondos europeos: España ha
adjudicado ya el 55% del total asignado (38.604 millones de euros) y puede
adjudicar el resto hasta finales 2026.
Además de crecer más que la mayoría, España ha superado
también, como el resto de Europa, el grave problema de la hiperinflación: la
inflación anual ha bajado al 2,2% en agosto de 2024, según
el INE, como la eurozona (2,2%)
y muy lejos del 10,5% que subían los precios en agosto de 2022 (tras la guerra
de Ucrania y el tirón de los precios de la energía, las materias primas y los
alimentos).Y eso, a pesar de unos tipos de interés récord impuestos por
el BCE (en el 4,50%, aunque los
bajó en junio al 4,25%, todavía el tipo más alto desde 2008),
que han encarecido hipotecas y préstamos, debilitando la recuperación más que
la inflación.
A pesar de que “la economía va bien”, la
mayoría de los españoles “no lo notan”, según las encuestas del CIS.
La razón es evidente: tras dos años de fuerte subida de precios (2022 y 2023), todo
es mucho más caro ahora. Y a muchas familias les cuesta más llegar a fin
de mes, porque sus sueldos han subido menos que la inflación.
Es lo que pasa incluso este año: la inflación anual media sube un
+3,2% hasta agosto y la subida salarial en los convenios firmados (hasta
julio) es
del +2,9%. Así que los trabajadores con convenio pierden
poder adquisitivo (-0,3%) y los que no tienen convenio más. Y eso ha
pasado también en 2022 y en 2021. De hecho, los trabajadores
españoles han perdido un -5,16% de poder adquisitivo entre 2020 y agosto de
2024, según los datos del INE
y Trabajo.
Eso explica que muchas familias no noten en sus bolsillos “la
mejora de la economía”. Eso contrasta con la situación de las empresas, que
han mejorado sensiblemente su facturación, márgenes y beneficios en estos
últimos cuatro años y medio. El margen bruto sobre ventas se ha
disparado: es el 13,5% entre abril y junio,
según el Observatorio de Márgenes Empresariales, lo que augura un tercer
año récord de márgenes, tras un +12,9% en 2023 y 12,1% en 2021, por encima
del 10% de 2020 y 11% de margen en 2019. Así que mientras las familias pierden poder adquisitivo, las empresas suben márgenes (a pesar del aumento de
costes), subiendo precios. Y eso les ha permitido aumentar sus
beneficios estos años. En 2024, de enero a junio, las
empresas cotizadas ganaron 32.099 millones, un +15,22% de aumento,
sobre todo las energéticas, eléctricas, bancos y distribución.
Las familias españolas tampoco notan que “la economía
va bien” porque siguen con problemas económicos preocupantes en su día a
día. Por un lado, los servicios públicos esenciales se
han deteriorado y les siguen costando dinero. Es el caso de la Sanidad,
donde crecen las listas de espera, no sólo para el especialista,
sino para ver al médico de familia, lo que se traduce en que contratan cada vez
más un seguro médico privado: 12,4
millones de españoles lo pagan cada mes, 1 de cada 4 personas (un 38,7%
en Madrid y un 32,4% en Barcelona). Y
también es costosa (y complicada) la educación de los hijos, desde
la guardería y el colegio (con gastos
crecientes en los concertados) a la Universidad y la FP (cada vez más
privada). Y lo mismo el atender a los dependientes (mayores), muchos en
espera de ayuda (331 días de media y 130.643
con derecho reconocido y en “lista de espera”) y otros sin atención y obligados a pagar caras
residencias (la mayoría privadas).
Así que tres servicios claves, Sanidad, Educación y
Dependencia funcionan “tensionados”, faltos de recursos y personal,
lo que obliga a las familias a gastarse dinero en cubrir sus necesidades
sanitarias, educativas y dependencia. Y estos servicios los gestionan las
autonomías, que se
quejan de falta de recursos de la Administración Central. Pero el Gobierno
asegura que les anticipará 147.412
millones de euros en 2025, a cuenta de los ingresos que les corresponden
por impuestos, un +9,5% sobre 2024 y la mayor aportación de la historia. Y
recuerdan que han
transferido a las autonomías 178.750 millones más (+40%) durante los
Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2023) que los recibidos con los Gobiernos de
Rajoy (2013-2017).
Este otoño volverá con fuerza el tema de la
reforma de la financiación autonómica, la petición urgente de todos los
Gobiernos regionales para contar con más recursos para atender a
los servicios públicos que gestionan (sanidad, educación, dependencia, ayudas y
servicios sociales, vivienda…). Una petición justificada porque el actual sistema
de financiación se aprobó en 2009 y debía haber sido reformado en
2014. El Gobierno Sánchez promete presentar una reforma a las
autonomías este año, pero el problema es la falta de acuerdo político
entre el PP (que gobierna en 11 autonomías, más Ceuta y Melilla, aunque no
tienen todas una postura común) y el Gobierno. Y eso, porque lo
que está en juego son los criterios de reparto de los ingresos que
corresponden a cada autonomía.
En el sistema de financiación actual, lo que
prima es la población de cada comunidad: las más pobladas reciben más
ingresos en el reparto de la recaudación total (también las autonomías más
ricas contribuyen con más ingresos). Y eso perjudica
a autonomías con menos población, que piden ahora un nuevo
sistema de reparto de la financiación que prime más el porcentaje de
población mayor o la diseminación de la población y el peso de la España
vaciada. Según los criterios que ser fijen, habrá autonomías que reciban comparativamente
más dinero que ahora y otras menos (aunque todas ingresarán más).
Con la financiación autonómica actual, hay 5 autonomías “infra
financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en
España (3.365 euros), según el
último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad
Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha
(3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).
Estas autonomías son las que más se quejan de falta de recursos, porque llevan
10 años ya recibiendo menos de lo que les correspondería con un sistema
“más justo”. Las 10 autonomías restantes están “sobre financiadas”, reciben
más que la media (3.365 euros por habitante). Las 4
regiones que se benefician más del actual
sistema son La Rioja (recibe 3.954 euros por habitante, 898
euros más que Murcia), Cantabria (3.944 euros), Baleares (3.877
euros) y Extremadura (3.809 euros por habitante), seguidas de lejos por
Canarias (3.696 euros), Castilla y León (3.573 euros), Aragón (3.529 euros),
Asturias (3.584), Galicia (3.448) y Cataluña (3.396 euros).
Otro problema clave de este otoño, que afectará a las
autonomías y a todos nosotros, será la aprobación de los Presupuestos para
2025. El Gobierno
promete presentar un proyecto este mes de septiembre, pero no cuenta con
mayoría para sacarlo adelante, a la vista de que Junts (el partido de
Puigdemont) ya
votó en contra del techo de gasto que aprobó el Gobierno en julio (y
amenaza con sumarse al PP y Vox en el veto a los Presupuestos de 2025). Si el
Gobierno no consigue el apoyo de Junts (y de ERC, el PNV, Bildu o Podemos),
tendrá que prorrogar
los Presupuestos actuales de 2024 (que ya prorrogaron los de 2023) para
2025, al igual que se prorrogaron los de 2018 (en 2019 y 2020). El problema
es que la
prórroga obligaría a gastar menos (-22.288 millones), porque el techo
de gasto sería el de 2023 (173.065 millones) y no el propuesto para 2025 (195.353
millones). Así que no aprobar el Presupuesto para 2025 supone gastar 22.288
millones menos, que se traduce en menos recursos públicos para sanidad,
educación, Dependencia o inversiones que tanta falta hacen…
Pero no se
puede hacer demagogia, porque la mayoría de la inmigración se hace
por cauces controlados: en
2023, España recibió 639.000 inmigrantes netos, lo que permitió
aumentar la población y proveer de mano de obra a muchos sectores (el 40% del nuevo
empleo lo consiguen extranjeros). Y en España viven (censados) 4.394.900
extranjeros de fuera de la UE, el 6,4% de la población total (en Europa,
los extranjeros no comunitarios son el 9,1%).
Está claro que hay
que regular la inmigración, facilitando la llegada de extranjeros
de forma legal y limitando la vía de la inmigración ilegal (que no parará). De
hecho, España necesita la llegada de 200.000 extranjeros cada año para cubrir
trabajos claves, en el campo, el turismo, la construcción y muchas industrias y
servicios. Y para pagar impuestos, cotizar y financiar las pensiones y los
servicios públicos, algo de lo que no se habla cuando se identifica a la
inmigración con inseguridad y costes. Un debate que
debería no ser político y sectario, para primar la humanidad, los derechos humanos y la
economía.
Otro debate clave, más prioritario, es la
grave situación de la vivienda
en España, que no sólo afecta a los que buscan un techo
(jóvenes y nuevas familias) sino a toda la economía, porque hay
muchas actividades muy afectadas por la falta de vivienda para sus
trabajadores (turismo, industrias, sanidad, colegios y Universidades,
servicios…). El problema de fondo está claro: faltan viviendas para
vender y alquilar y eso está disparando los precios. Sobre todo del alquiler.
Su precio se ha disparado un 30% desde 2019 y cuesta 1.206 euros de media (13,4
euros/m2 en junio), según
Idealista, llegando a 1.800 euros en Barcelona y 1.782 euros en Madrid. Cantidades
imposibles de pagar para muchos sueldos y que revelan el problema de fondo:
la
falta de oferta (se ha reducido un 41% desde 2019, por el trasvase a
pisos turísticos y de temporada, más ventas) y el tirón de la demanda (se
ha duplicado con creces estos años).
La solución pasa por aumentar
la oferta de viviendas, aumentando la promoción de viviendas nuevas (se
terminaron 80.473
viviendas “libres” en 2023, frente a 356.000 en 2009) y facilitando a los
propietarios que pongan su vivienda en alquiler (no “asustándoles” con
controles). Y sobre todo, alcanzar
un gran Pacto entre Gobierno, Ayuntamientos, autonomías, promotores
y bancos para promover 150.000 nuevas viviendas al año, la mayoría para
alquilar.
En resumen, “la economía va bien”, pero las familias
españolas lo podrían notar más si la política se preocupara de resolver sus
problemas cotidianos, desde la mejora de los salarios y el empleo de
los jóvenes a la sanidad, la educación a la vivienda y la lucha contra el
cambio climático. Pero estamos metidos en una política de “polarización”
y enfrentamientos constantes que perjudican
a la economía, como la peligrosa deslegitimación
del Gobierno y las instituciones democráticas. Y así resulta imposible
sentarse y tratar de buscar una solución a la sanidad, la vivienda, la
financiación autonómica o la inmigración, aprobar medidas entre todos que
mejoren la vida de la gente. Todo apunta a que, si no hay
Presupuestos 2025 ni acuerdos en los problemas básicos, estamos ante “una
Legislatura fallida”. Y ante un “parón” político que acabará dañando
la economía.
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