jueves, 7 de junio de 2018

España, un país de bares y tiendas


La recuperación sigue ahí (el PIB volvió a crecer un 0,7% en el primer trimestre), a pesar de las turbulencias internacionales y políticas, pero está demasiado centrada en los servicios. De hecho, 2 de cada 3 empleos creados desde 2014 lo han sido en los servicios, sobre todo en el turismo, la hostelería y el comercio. Y España es el tercer país europeo donde más han crecido los servicios desde 2008, mientras perdía peso la industria: somos el país con más bares y tiendas de Europa mientras la mayoría de nuestra industria más competitiva son multinacionales extranjeras. El problema de los servicios es que aportan un empleo precario y mal pagado, muy estacional (ligado al verano y las rebajas), poco competitivo y muy vulnerable a futuras crisis. El reto es apostar por la industria, la tecnología y la economía digital y no por ser la California de Europa, una país de bares, hoteles, comercios y servicios. Cambiar el modelo económico español de aquí a 20 años. Recuperar hoy el Ministerio de Industria y crear un Ministerio de Ciencia puede ser un buen comienzo.

enrique ortega

La recuperación económica se ha traducido en 1.923.600 nuevos empleos creados en España desde marzo de 2014, según la EPA. Pero el 68% de este nuevo empleo (2 de cada 3) se ha creado en el sector servicios (1.311.400 empleos), sobre todo en la hostelería (+310.000), el comercio (+120.100), la sanidad y los servicios sociales (+172.900), la educación (+138.000) y las actividades administrativas (+56.800 empleos). En la industria sólo se crearon 377.800 nuevos empleos (1 de cada 5), en la construcción 209.800 y en el campo 24.700 nuevos empleos.

Si comparamos el empleo actual con el de antes de la crisis, todavía hay 1.772.700 españoles menos trabajando que en junio de 2008, cuando en España trabajaban 20.646.900 personas (frente a 18.874.200 en marzo de 2018). Eso se debe al pinchazo en el empleo de la construcción (trabajan 1.407.500 españoles menos) y de la industria (607.900 trabajadores industriales menos), mientras en el campo trabajan casi los mismos (+3.200) y donde hay más personas trabajando que antes de la crisis es en los servicios, con 239.600 empleados más hoy que en 2008. En la hostelería trabajan 77.400 personas más, en el comercio 304.200 menos (por el hundimiento del pequeño comercio frente a supermercados e híper) y donde más ha crecido el empleo respecto a 2008 es en la sanidad y servicios sociales (+311.200), la educación (+142.000) y la administración pública (+27.800).

Mirando más atrás, el gran cambio de España en los últimos 40 años ha sido pasar de ser un país con gran peso de la industria (aportaba el 38,87% del PIB en 1972) a un país donde las manufacturas aportan al crecimiento la tercera parte: el 26% del PIB en 1980, el 16,29% en 1995, a un mínimo del 12,15% del PIB en 2010 y el 13,06% que aportaron al crecimiento del PIB en 2017, según el INE. En contrapartida, los servicios han aumentado su peso y de representar menos del 50% del crecimiento en 1980 han pasado a aportar dos tercios, el 66,4% del PIB en 2017, según el INE. Y la construcción, que representaba el 8,59% del PIB en 1995 aporta ahora sólo el 5,21% y bajando. Así que somos, cada año más, un país de servicios, el verdadero motor del crecimiento y el empleo.

De hecho, España es el 9º país europeo con más peso de los servicios en la economía: trabajan ahí el 75,5% de los españoles (2017), por encima de la media del empleo en los servicios en la UE-28 (72%) y la zona euro (73,4%), así como de Grecia (73%), Alemania (71,1%), Portugal (70,3%) e Italia (70,1%), aunque nos gana Francia (75,8% de empleo en los servicios)  y Reino Unido (80,7%, por los servicios financieros), según los datos recientes de Eurostat. Pero lo más llamativo es que España es el tercer país europeo donde más han crecido los servicios desde 2008 (del 68,1 al 75,5%, un +7,4%), sólo por detrás de Croacia (+9,4%) y Portugal (+8,2%). O sea, que los servicios han crecido en toda Europa (+4,6%), pero mucho más en España .

De hecho, España es el país con más bares del mundo por habitante, 1 por cada 275 personas, según un estudio de Nielsen. En 2017 había 277.539 bares y restaurantes en España, según el INE, más de la mitad entre Andalucía (49.642), Cataluña (43.859) y Madrid (30.888). Y en cuanto a comercios, también estamos a la cabeza de Europa, con 462.450 comercios minoristas en 2016, según la patronal, a pesar de que la propia Comisión Europea denunciaba recientemente que somos el 2º país europeo (tras Francia) que más restringe el comercio: barreras para abrir nuevos establecimientos, horarios restrictivos, más impuestos específicos  y excesiva regulación autonómica.

¿Cuál es el problema de que los servicios pesen más en España? Básicamente, que el empleo en los servicios es más precario, está peor pagado y es más vulnerable. En los servicios se concentran el 71,7% de todos los contratos temporales (la cuarta parte ya, por menos de una semana de duración) y el 83,5% de todos los subempleados (los españoles que trabajan por horas porque no encuentran trabajos a tiempo completo). Y en consecuencia, el empleo en los servicios está peor pagado: el sueldo medio bruto en la hostelería es de 14.125 euros anuales (827 euros netos en 14 pagas), de 16.139 euros brutos en las actividades administrativas, de 19.781 euros brutos en el comercio y  de 22.289 euros brutos en la educación, frente a un sueldo medio en España de 23.156 euros brutos, un sueldo de 50.992 euros brutos en la energía (3,6 veces el de la hostelería) y 42.684 euros brutos en la banca y los seguros (el triple de lo que gana un camarero), según la encuesta de salarios del INE.

Además, los empleos en los servicios son más vulnerables, porque muchos son empleos de temporada (vinculados al verano, la temporada turística o las rebajas) y además son muy sensibles a la coyuntura, a los vaivenes del consumo y se destruyen con la misma facilidad que se crean, son menos estables que en la industria. Y encima, el sector servicios está más formado por empresas pequeñas, que tienen más difícil financiarse, vender y competir que las grandes: el 81,9% del comercio son empresas con 2 asalariados o menos y lo mismo en la hostelería, donde el 70,7% de los establecimientos tienen 2 empleados o menos.

Otro hándicap de los servicios es que son empleos que requieren poca formación y poca tecnología, con lo que aportan menos valor añadido, menos riqueza y poca productividad a la economía. De hecho, España está a la cola de Europa en productividad (ocupa el puesto 34 en el mundo, según el ranking del Foro Económico Mundial)  y uno de los factores es el mayor peso de los servicios de poco valor añadido, junto al menos peso de la industria y la tecnología, el mayor peso de las pymes y la escasa innovación.

Además, un factor clave es que las empresas del sector servicios sobreviven menos que el resto, “mueren” antes. Si la tasa de supervivencia de las empresas españolas es ya de las más bajas de la OCDE (a los 5 años sólo sobreviven el 40%), es menor aún entre las empresas del sector servicios. De hecho, de las empresas activas con menos de 2 años de antigüedad, el 26,8% se encuentran en la hostelería, el 19,9% en el comercio y el 22,2% en el resto de los servicios, mientras sólo un 12,9% son empresas industriales.

En definitiva, que el gran peso de los servicios explica en buena medida que España sea un país con empleo tan precario, con bajos sueldos, baja productividad y empresas que desaparecen en pocos años. Por eso, si queremos construir una economía más competitiva y que cree más riqueza y empleo, hay que apostar más por la industria y menos por los servicios. Sobre todo porque el peso de la industria no se recupera apenas y está por debajo de la media europea: aporta el 13,06% del PIB (2017), frente al 17% de la zona euro, el 15,3% de Reino Unido,  el 17,2% de Francia, el 23,4% de Italia o el 24% de peso de la industria en Alemania, según los datos de Eurostat (2017).

La ventaja del empleo industrial es que es un empleo menos precario, mejor pagado (26.698 euros de sueldo bruto frente a 14.125 euros brutos en la hostelería y 19.781 euros brutos en el comercio, según el INE) y más estable frente a las crisis, además de que produce más valor añadido y contribuye a la exportación (muchos servicios no). Por eso, la Comisión Europea ha lanzado el objetivo del 20% en 2020: que la industria europea aporte el 20% de la riqueza (del PIB) en el año 2020, un objetivo que ya han superado algunos países pero que parece muy difícil de conseguir para España.

La industria española tiene una serie de debilidades estructurales, señaladas en un reciente documento de CCOO. La primera, el reducido peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las industrias tradicionales (agroalimentaria, química, farmacéutica, automóvil y transporte suponen el 55% de la industria), lo que se traduce en una menor productividad y competitividad. La segunda, el elevado peso de las pymes: sólo el 15% de las empresas industriales españolas tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las alemanas. Y ese menor tamaño redunda en menos inversión, menos tecnología y peor acceso al crédito. La tercera debilidad es el atraso tecnológico, derivado de la baja inversión empresarial en tecnología (invierten la mitad que las empresas europeas: un 0,64% del PIB frente al 1,07% en la UE-28) y de los recortes de la inversión pública en Ciencia (es del 1,23% del PIB frente al 2,02% de la UE-28). La cuarta debilidad es la falta de financiación de la industria: los grandes inversores y la banca han “huido” de la industria, a los bonos y la especulación inmobiliaria. Y hay un quinto “hándicap”, la geografía: nuestras industrias están a 2.300 kilómetros de los mercados del centro de Europa, aunque están bien situadas como “puente” frente a América y África.

Todavía hay otras 2 debilidades muy importantes. Una, que las industrias españolas pagan la electricidad mucho más cara que la europea, lo que les resta competitividad: el precio del kilowatio industrial era de 0,083 euros en 2017 (sin impuestos), un 20,3% más caro que en la UE-28, un 29,7% más caro que en Alemania (0,064 euros/kw) y un 40,7% más caro que en Francia (0,059 euros/kw), según datos del Ministerio de Energía. Y la otra, que la industria española cuenta con una mano de obra poco formada: el 41,7% de los adultos españoles tienen una formación baja (la ESO o ni siquiera) frente al 22% en la OCDE y el 20% en Europa (15% en Alemania) y otro 22,6% tienen una formación media (Bachillerato o FP), frente al 44% en la OCDE y el 46% de adultos en Europa, según los preocupantes datos del informe de la OCDE “Panorama de la educación 2017”.

Eso sí, la industria española tiene una gran ventaja comparativa, con la que han estado jugando las empresas estos años: sueldos mucho más bajos. En todos los sectores, pero comparativamente menos en la industria: el coste por hora trabajada en España era de 23,3 euros en 2017, un 43% menos que el coste salarial en la industria de la zona euro (33,40 euros/hora) y un 17,6% que en la UE-28, según Eurostat. Y la diferencia salarial es aún mayor con Alemania (40,2 euros/hora sueldos en la industria, un 72,5% más que en España) y Francia (38,8 euros/hora, un 66,5% más), así como con Italia (27,8 euros/hora) y Reino Unido (24,2 euros/hora). Así que son los trabajadores, con sus bajos salarios, los que compensan en parte las debilidades y “hándicaps” de la industria española.

Si queremos un país que cree más riqueza, más competitivo y con un empleo más estable, hay que apostar por la industria y las nuevas tecnologías más que por los servicios. De hecho, en noviembre de 2016 ya sucedió en España algo inaudito: los sindicatos y las principales patronales firmaron un Pacto de Estado por la Industria, un acuerdo donde se pedían una serie de medidas para impulsar la industria en España: más apoyo a la tecnología y a la innovación, otra política energética, ayudas a la internacionalización de las empresas, más financiación, mejora de las infraestructuras y el transporte, políticas activas de formación, menos dispersión normativa en las autonomías y más ayudas fiscales a la industria. Y que el Gobierno crease una Secretaría de Estado de Industria, como motor de la reindustrialización. 

Ha pasado un año y medio y el Gobierno Rajoy no tomó ninguna medida para reindustrializar España, salvo desmantelar el anterior Ministerio de Industria y pasar las competencias al de Economía, como una secretaría general (ver organigrama). Y no se apoya a la Ciencia ni se recorta el coste de la electricidad industrial ni se asegura financiación. El ya ex presidente Rajoy ha seguido con la vieja política de la derecha conservadora: “la mejor política industrial es la que no existe”. Y mientras, siguen creciendo cada día los bares, hoteles y tiendas, que cierran al poco tiempo, como motor de una recuperación de base muy débil. Y así nos va, con un país muy precario y muy desigual. No podemos seguir apostando a ser “la California de Europa”. 


Hay que cambiar de modelo productivo, apostar por la industria, la tecnología y la innovación, por un crecimiento y un empleo más sólido y estable. Una tarea a 20 años vista, pero que hay que empezar ya. Un buen punto de partida puede ser haber recuperado hoy el Ministerio de Industria y que el presidente Sánchez haya apostado explícitamente por "visibilizar la potencia industrial de nuestro país" en su primera aparición ayer, al presentar su Gobierno. Falta seguir por ahí en los próximos meses y que le dejen.


lunes, 4 de junio de 2018

Renta 2018: ya pagamos más que en 2007


Otro año más, toca hacer la declaración de la Renta en junio, aunque sólo a 1 de cada 4 contribuyentes les sale a pagar, porque al resto ya les retuvieron de más el año pasado. El IRPF es el impuesto más importante, pero pagamos más cada día con otros impuestos sin darnos cuenta, como el IVA, carburantes o tasas. Eso sí, la Renta es el impuesto cuya recaudación más crece y ya pagamos más que antes de la crisis, mientras las empresas pagan la mitad que en 2007. El problema del IRPF es triple. Primero, recauda menos que en Europa  porque hay demasiadas  deducciones, que sólo benefician a algunos. Segundo, hay demasiadas diferencias al pagarlo,  según donde uno viva. Y tercero, el IRPF ayuda poco a reducir las desigualdades, porque los más ricos apenas pagan y se buscan otras vías para ahorrarse impuestos. Ahora que se cumplen 40 años del IRPF, habría que pactar una reforma fiscal más justa y que recaude más. Debería ser una de las prioridades del nuevo Gobierno. 

enrique ortega

Este 2018 se cumplen 40 años de la reforma fiscal aprobada en septiembre de 1978 por el Gobierno de UCD, un largo camino de recelos, campañas (“Hacienda somos todos”) y multas ejemplares (Lola Flores) que ha conseguido que los españoles paguemos impuestos como los demás europeos, pasando de 5 millones de declaraciones en 1979 a 10 millones en 1990, 15 millones en 1998 y las 19.945.359 declaraciones que se esperan este año 2018. De ellas, sólo una cuarta parte (5.246.011) son de contribuyentes que van a ingresar, porque los 14,7 millones restantes ya pagaron de más el año pasado (con las retenciones en sueldos y pensiones) y les sale negativa o con derecho a devolución (13,7 millones de contribuyentes). Este año, por primera vez, Hacienda devuelve menos (9.468 millones) de lo que va a ingresar con los contribuyentes a los que les sale positiva (pagarán 9.621 millones).

El Impuesto sobre la Renta, el IRPF, es el principal impuesto en España y recaudó 77.038 millones de euros en 2017, casi un tercio de toda la recaudación fiscal (198.100 millones), por delante de lo que pagamos con el IVA (63.647 millones) y los impuestos especiales a carburantes, tabaco y alcohol (20.308 millones). Y tras las subidas de impuestos aprobadas por Rajoy en 2012 (no compensadas por las rebajas fiscales de 2015 y 2016), el IRPF ya recauda más que antes de la crisis: 77.038 millones en 2017 frente a 72.614 millones recaudados en 2007. Algo que también pasa con el IVA (63.647 millones frente a 55.851 en 2007) y con los impuestos especiales (20.308 millones frente a 19.786 en 2007), pero no en el impuesto de sociedades, que pagan las empresas: sólo se recaudó 23.143 millones en 2017, casi la mitad de los 44.823 millones recaudados en 2007. Y eso que los beneficios de las empresas españolas son ahora 98.680 millones más que en 2008, según los datos del INE.

Este año no hay grandes cambios en el IRPF, que mantiene las rebajas fiscales hechas en 2015 y 2016 (tras las fuertes subidas de 2012, 2013 y 2014). Eso sí, Hacienda sigue sin descontar el efecto de la inflación a lo que ganamos, lo que supone una penalización de 33,24 euros por contribuyente (entre 18 y 1.321 euros), según los técnicos de Hacienda. Los principales cambios se dan en algunas autonomías, que han modificado mínimos exentos o deducciones, en medio de un enorme galimatías fiscal, que hace que haya 17 declaraciones de la renta distintas, según donde uno vida.

Cada autonomía tiene sus tipos, tramos y deducciones. El Gobierno central fija un tipo estatal del IRPF (del 9,50 al 22,50%) y luego se le suma el tipo autonómico, que va del 9,5 al 25,50%. Y así, sumando los dos tramos del IRPF sale el tipo a pagar, del 19% mínimo (hasta 12.450 euros) a un máximo del 48% (para más de 60.000 euros). Eso configura tres zonas fiscales, según el estudio de los economistas fiscales (REAF). Una, la España donde se paga más IRPF: Cataluña (21,5% mínimo y 48% máximo), Comunidad Valenciana, Andalucía y Asturias, (19,5% mínimo y 48% máximo). Dos, la España intermedia: Aragón (19,5% y 47,5%), Murcia (19,5% y 46%), Baleares y Extremadura (19% y 47,5%) y Canarias (19% y 46,5%). Y tres, la España con el IRPF más bajo: Madrid (19% y 43,5% máximo), Castilla y León (19% y 44%), Galicia y Castilla la Mancha (19% y 45% máximo).

Estas diferencias de tipos, más los diferentes tramos y deducciones, hacen que en la práctica paguemos más o menos IRPF según donde vivamos. Así, los que ganan menos de 32.000 euros al año (el 83% de los contribuyentes), donde más pagan es en Cataluña: 273 euros más IRPF que en Madrid  para alguien que gane 30.000 euros al año, según los cálculos de los economistas fiscales (REAF). Los que ganan entre 35.000 y 80.000 euros al año, donde más pagan es en Extremadura: paga 853 euros más en Badajoz que en Madrid un contribuyente que gane 60.000 euros. Y los más ricos, los que declaran más de 90.000 euros anuales, donde más pagan es en la Comunidad Valenciana: alguien que gane 600.000 euros paga en Valencia 24.263 euros más que en Madrid, la autonomía donde se paga menos IRPF, para todos los niveles de ingresos. En general, junto a Cataluña, Aragón, Andalucía y Murcia son las autonomías donde los contribuyentes de todos los niveles de ingresos pagan en el IRPF por encima de la media española, según el REAF.

Otro impuesto que se paga ahora es el impuesto sobre el patrimonio, una declaración que sólo tienen que presentar los contribuyentes con más de 800.000 euros de patrimonio (no se tienen en cuenta hasta 300.000 euros de vivienda habitual), por lo que se esperan este año 201.000 declaraciones, que pagarán 1.055 millones a Hacienda. Aquí también hay grandes diferencias entre autonomías, porque algunas bonifican el pago (en Madrid no se paga nada por el patrimonio y en la Rioja sólo el 25%) y varían las deducciones y mínimos exentos. Con ello, un contribuyente que tenga 4 millones de patrimonio, no paga nada en Madrid, 9.136 euros en la Rioja, 36.546 euros en Castilla y León, 41.943 euros en Cataluña  y 59.919 euros en Extremadura, según el estudio de los economistas fiscales (REAF).

¿Quién paga más y menos en el IRPF? En principio, se trata del único impuesto “progresivo”, que se paga según lo que uno gane, a diferencia de los impuestos indirectos, como el IVA, los impuestos especiales y las tasas, que los pagan igual los ricos que los pobres. Pero en la Renta, la progresividad se da más en las rentas bajas, que pagan comparativamente menos que el resto. Así, los que declaran ganar menos de 21.000 euros (el 66,9% de todos los contribuyentes) pagan el 16,1% de cuota íntegra cuando su base liquidable es el 31,7% (pagan menos de lo que corresponde a sus ingresos), según Hacienda. Pero las rentas medias, entre 21.000 y 60.000 euros (el 30% de los contribuyentes) pagan el 49,8% de cuota cuando tienen una base liquidable del 49,4 por 100. Es decir, no hay ajustes, no pagan comparativamente más de lo que ingresan. Y luego, los que ganan entre 60.000 y 120.000 euros (2,6% contribuyentes), pagan un 16,4% de cuota cuando su base liquidable supone un 10,5% del total, o sea pagan más y aquí el impuesto si es progresivo. Y lo mismo entre los que ganan más de 120.000 euros (un 0,6% de los contribuyentes), que pagan el 14,7% del impuesto cuando su base liquidable es el 7,9%. En definitiva, que el impuesto debería gravar más a los que ingresan entre 21.000 y 60.000 euros.

Al final, todos creemos que pagamos demasiados impuestos, pero en España se paga menos IRPF que en la mayoría de Europa. En concreto, España es el tercer país europeo con menos presión fiscal sobre los trabajadores (pagamos el 21,1%, entre impuestos y cotizaciones sociales), tras Irlanda (19,4%) y Estonia), según la OCDE. Y si tomamos sólo los impuestos sobre salarios, estamos también a la cola de Europa. Los solteros pagan una media del 14,7% de sus ingresos, frente al 16,8% que pagan de media en la UE-22 y el 15,7% en la OCDE (34 países). Y los casados con dos hijos (con ingresos de los dos cónyuges) pagan en España impuestos del 10,7% de sus ingresos frente al 12,5% de media en la UE-22, el 12,3% en la OCDE (34 países), el 11,1% en Francia o Alemania, el 12,8% en Reino Unido y el 15,1% en Italia, según el informe de la OCDE “Taxing Wages 2018”.

Por todo ello, España es el tercer país europeo que menos ingresa por IRPF (aunque nos duela pagarlo cada año), sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB frente al 10% del PIB de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y no porque paguemos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, hasta el 48%, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchas deducciones fiscales (familias, vivienda, planes de pensiones, inversiones…) que restan importantes ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Y la mayoría benefician sólo a unos pocos contribuyentes.

Precisamente, otra crítica al IRPF, además de que recauda poco y que no es suficientemente progresivo (las rentas medias deberían pagar más), es que no sirve para corregir las desigualdades: en España, los impuestos (y casi en exclusiva el IRPF) sólo reducen un 2,9% las desigualdades de renta, según otro estudio de Fedea. Lo que sí funciona para corregir las desigualdades (las reducen un 28,9%) son las prestaciones públicas: pensiones (lo que más, el 80% del total), prestaciones por desempleo, asistencia social y ayudas familiares. Y cuanto menor es la renta de las familias, más importantes son las prestaciones públicas: al 20% de los hogares más pobres, las prestaciones sociales les suponen el 67,7% de los ingresos. El problema es que estas prestaciones públicas se han recortado desde 2010 y el Gobierno Rajoy pretendía recortarlas aún más (del 16,89% del PIB en 2016 al 15,91% para 2020), lo que va a dificultar aún más corregir las desigualdades que no corrige el IRPF.

Aunque paguemos menos impuestos que otros países, las familias son las que cargan con la mayoría de los impuestos: el 83% de toda la recaudación la aportan las familias (con el IRPF, el IVA y los demás impuestos) y las empresas e inversores sólo aportan el 17% restante, según os datos de Hacienda. Por eso, si hay que recaudar más, tendrán que pagar más impuestos los que ahora pagan menos, en especial las grandes empresas (sólo pagan el 7,3% de sus beneficios), las multinacionales y los más ricos, que pagan pocos impuestos por otras vías que on son el IRPF (SICAV, empresas interpuestas y paraísos fiscales).

Hace poco comentaba en este blog que el problema nº 1 de España es que recaudamos menos que Europa: el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que si España recaudara como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año (o 91.929 millones más si recaudáramos como la media de los 19 países del euro donde estamos). Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

Para recaudar más, también en el IRPF, pero sobre todo en Sociedades, IVA, impuestos especiales y Patrimonio, hace falta una reforma fiscal profunda, como la de 1978, que busque recaudar más de una forma más justa, haciendo que paguen más los que hoy pagan menos (“legalmente”). Y eso requiere cambios legales y más medios, porque Hacienda sólo cuenta con 1 inspector por cada 2.081 contribuyentes, frente a 1914 en Italia, 1.176 en Reino Unido, 979 en Francia o 743 en Alemania.  Esa debería ser la gran tarea y no bajar los impuestos, como pretenden Ciudadanos y el PP, que no quieren forzar a los más poderosos a pagar más. Aunque dejan la herencia de sus Presupuestos 2018, esperemos que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no baje los impuestos futuros, sino que suba algunos, para recaudar más y poder así financiar mejor las pensiones, el Estado del Bienestar y las inversiones públicas necesarias.

Ahora que estamos agobiados por la declaración de la Renta, pensemos que es hora de repartir mejor los esfuerzos, reducir el fraude fiscal y conseguir más ingresos para modernizar España y conseguir un país menos desigual y más justo. Los impuestos son la clave, la mejor herramienta para hacerlo. Esa debería ser una de las prioridades económicas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Porque si no consigue recaudar más, serán pocas las mejoras sociales, económicas y políticas que pueda hacer.


jueves, 31 de mayo de 2018

Autonomías: la pelea por las herencias


Otras 6 autonomías han seguido a Madrid y han aprobado este año una drástica rebaja en el impuesto de sucesiones que se cobra a las herencias, una pelea fiscal por ver quien se lleva a los contribuyentes que legan y quien baja más los impuestos, cara a las elecciones de 2019. Resultado: las autonomías recaudarán 225 millones menos, en beneficio de las rentas medias y altas, mientras se quejan de que no tienen recursos y mantienen a 290.000 ancianos sin cobrar la Dependencia. Y nos suben otros impuestos para compensarlo, como el que se paga en la compraventa de viviendas. Hay una batalla política de fondo, encabezada por Ciudadanos, para suprimir este impuesto, que se cobra en la mayoría de países y que es la mejor vía para reducir la transmisión de la desigualdad, penalizando la riqueza que pasa de padres a hijos. Los expertos aconsejan mantenerlo y que haya condiciones homogéneas en toda España, sin privilegios. Y no hacer polítiqueo con los impuestos. 


enrique ortega

El impuesto sobre las herencias es uno de los más viejos del mundo y se remonta al Imperio Romano. En España, el antecedente es la llamada “manda pía forzosa”, un tributo sobre herencias, creado entre 1811 y 1845, para socorrer a las viudas y prisioneros de la Guerra de la Independencia: 12 reales de vellón que cobraban los sacerdotes en los entierros (recaudación “asegurada”). Durante el franquismo, en 1967, se estableció un impuesto de sucesiones que se modificó con la reforma fiscal de 1978, siendo un tributo estatal hasta que en 1983 se cede a las autonomías, que tienen competencias para fijar tipos y deducciones, con lo que en la práctica hay 17 impuestos de sucesiones distintos.

En 2017 se tramitaron en España 408.402 herencias, 1.119 diarias, según los datos de los notarios. En realidad, se trata de un impuesto marginal, que sólo recaudó 2.725 millones en 2017, un 3,5% del dinero que se llevaron las autonomías por el 50% del IRPF (les correspondió 38.500 millones) y un 4,2% de lo que ingresaron por el 50% del IVA (otros 31.800 millones). Y además, es un impuesto bastante estable, porque en los años buenos, como 2008, sólo recaudó un máximo de 2.915 millones. Pero aunque marginal, se ha convertido en un “impuesto escaparate”, que se utiliza políticamente para poner en marcha una campaña de “bajada de impuestos”. Primero lo hizo el PP, en la Comunidad de Madrid, y este año lo ha hecho Ciudadanos, forzando bajadas en otras 6 autonomías este año 2018.

En 2006, el gobierno de Esperanza Aguirre fue el primero que rebajó drásticamente el impuesto de sucesiones, aprobando una bonificación del 99% que hacía que muchas herencias no tributaran prácticamente nada. El impuesto se calcula aplicando un tipo a la base imponible que se hereda  (valor neto de lo que se transmite menos deudas y gastos deducibles), tipo que oscila del 7 al 34% según el importe y el grado de parentesco. Sobre el resultado a pagar, se aplican deducciones y bonificaciones y aquí es donde entra la bonificación del 99% de Madrid, que hace que finalmente sólo se pague el 1% de lo que corresponda.

Este año 2018, otras 6 autonomías han seguido a Madrid en una carrera por ver quién cobra menos a las herencias. La más importante, Andalucía, que ha elevado el mínimo exento de pagar sucesiones a 1 millón de euros (antes era 250.000), con lo que no pagarán nada el 95% de las herencias, gracias a la presión de Ciudadanos, que ha obligado a aceptarlo al PSOE para aprobar los Presupuestos 2018 (Susana Díaz llevaba años criticando la rebaja de Madrid). Otra autonomía gobernada por el PSOE que se suma a bonificar el 99% de las herencias es Extremadura, al igual que Asturias, que ha elevado el mínimo exento de 200.000 a 300.000 euros y que bonifica algunas herencias el 95%. La cuarta en rebajar sucesiones, con una bonificación del 90%, es Cantabria. Y las dos restantes, gobernadas por el PP, son Murcia (aumenta la bonificación del 60 al 99%, beneficiando a 15.000 herencias al año, que se ahorrarán 75 millones de euros) y Castilla y León, que además eleva el mínimo exento de 300.000 a 400.000 euros.

En esta carrera autonómica por ver “quien cobra menos a las herencias”, Madrid no ha querido quedarse atrás y la ex presidenta Cifuentes aprobó en marzo de 2018 otra rebaja a las herencias: una bonificación del 15% en sucesiones y donaciones entre hermanos y otro 10% a las herencias entre tíos y sobrinos (de haberse aprobado antes, el presidente de El Corte Inglés, sobrino del anterior, se habría ahorrado muchos millones. Pero ya habrá otros “sobrinos” que se beneficien...). Estos nuevos “regalos fiscales” en Madrid beneficiarán a 10.900 declarantes al año, que se ahorrarán 32,5 millones de euros.

Al final, con esta “carrera de rebajas” a las herencias, el panorama del impuesto es un galimatías, con 17 impuestos diferentes, como señala este informe del Consejo General de Economistas de España. Y demuestran que se paga muy distinto según donde se herede. Así, un soltero que hereda 800.000 euros (200.000 de una vivienda) no paga nada en Andalucía (antes del cambio, en 2017, pagaría 164.049 euros), sólo 134 euros en Canarias, 1.586 euros en Madrid, 1.587 euros en Extremadura (antes del cambio, en 2017, pagaría 158.796 euros) y 1.640 euros en Murcia (antes del cambio, en 2017, pagaría 65.619 euros), las 5 autonomías donde menos se paga por una herencia. Y donde más pagaría sería en Aragón (155.393 euros), Asturias (103. 135 euros este año, frente a 134.643 antes de la rebaja), Castilla y León (81.018 este año, frente a 125.643 antes), la Comunidad Valenciana (63.193 euros) y Castilla la Mancha (31.759 euros). En las cinco autonomías restantes, esta herencia pagaría entre 15.040 euros (Galicia) y 3.175 euros (La Rioja).

Al margen de estas rebajas, muy ligadas a que en 2019 habrá elecciones autonómicas, España tiene un impuesto de sucesiones en línea con Europa. En los países occidentales, hay impuesto de sucesiones en 19 de los 34 países de la OCDE y España es el 6º país con el tipo máximo más alto (34%), por detrás de Japón (55%), Corea del Sur (50%), Francia (45%), Reino Unido (40%) y EEUU (34%), muy por encima del tipo medio de la OCDE (15%), según un estudio de Tax Foundation. Pero estos son “tipos escaparate”, ya que luego entran en juego las deducciones y bonificaciones que rebajan drásticamente lo que se paga. Y por ello, resulta más revelador la comparación de lo que se ingresa por sucesiones: España ingresa un 0,2% del PIB, en la media de Europa, menos que algunos países como Bélgica (ingresa el 0,7% de su PIB por sucesiones), Francia (el 0,5% del PIB), Bulgaria y Holanda (0,3%), igual que Alemania, Dinamarca Luxemburgo, Malta o Finlandia (0,2% del PIB todos) y más que Irlanda o Grecia (ingresan por herencias el 0,1% del PIB), según Eurostat.

Así que no es cierto que las herencias paguen más en España que en otros países: estamos en la media, aunque hay 15 países OCDE donde no pagan nada (como Suecia, Noruega, Austria, Portugal o Hungría, en Europa). Tampoco es cierto, como señalan los defensores de suprimir este impuesto, que los altos tipos hayan aumentado el número de herencias que se rechazan: 42.987 en 2017, un 10,5% del total, un porcentaje que ha bajado respecto a los peores años de la crisis (20% herencias rechazadas en 2012 y 2013). Muchos renuncian a una herencia porque son viviendas o negocios que llevan aparejadas deudas y no les compensa aceptarlas, no por el impuesto a pagar. Y otros, porque el renunciar a la herencia pasa directamente a los hijos y se reparte entre ellos, con lo que no tributan o pagan menos. Y también favorece los rechazos que sólo se dan 6 meses para pagar este impuesto.

Otra “leyenda urbana” de los opuestos a pagar por las herencias es que han motivado un trasvase de contribuyentes, de las autonomías que más cobran a las que menos. El PP andaluz dijo en 2017 que “40.000 andaluces se mudan cada año a Madrid para heredar sin tributar”. Si fuera cierto, Andalucía se habría despoblado en la última década (400.000). Además, la Ley establece que se aplica la norma tributaria de la autonomía donde el difunto haya vivido más tiempo “en los últimos 5 años”, no vale un cambio repentino.

Pero el hecho es que el impuesto sobre las herencias generó en 2017 un “movimiento social en contra”, apoyado en la Plataforma “Stop Sucesiones”, que organizó numerosas manifestaciones contra el impuesto en Andalucía y Asturias, antes de la rebaja, promovidas en muchos casos por Ciudadanos. “Es un impuesto obsoleto que hay que suprimir”, ha señalado Albert Rivera, quien asegura que es un impuesto que pagan las clases medias porque “los más ricos lo sortean”. Otra crítica es que el dinero heredado tributa dos veces, algo que no es así, según los expertos fiscales, porque el impuesto "grava una transferencia de riqueza que va de unas manos a otras”.

Un hecho demostrable es que suprimir el impuesto de sucesiones beneficiaría sobre todo a los más ricos. Los técnicos de Hacienda (GESTHA) hicieron un estudio en 2017 donde señalaban que la eliminación del impuesto beneficiaría sólo al 0,7% de los contribuyentes, a los herederos de los 181.778 españoles que más ganan (más de 60.000 euros anuales), con una herencia media de 3 millones de euros que ya no pagarían nada. Y perjudicaría al 72,4% de los contribuyentes, a los herederos de esos 14 millones de españoles que ganan entre 6.000 y 60.000 euros anuales.

Y sobre todo, los técnicos de Hacienda advertían de algo evidente: si las autonomías suprimen el impuesto de sucesiones o lo reducen al mínimo, tendrán que compensar esos 2.750 millones que ingresaron por herencias en 2017. Y lo harán subiéndonos otros impuestos, como ya están haciendo, por ejemplo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se cobra en las compraventas de vivienda: su recaudación ha subido de 5.637 millones en 2013 a los 9.000 millones previstos en 2018. 

Pero además, es un contrasentido que las autonomías se quejen al Gobierno central de que les falta financiación, de que no les llega con los impuestos cedidos cuando se dedican a una carrera de recortes en sucesiones, en las herencias, donde las rebajas de 2018 van a mermar la recaudación este año en 225 millones, hasta los 2.500 millones. Menos ingresos por querer beneficiar a algunos contribuyentes cuando les faltan recursos para casi todo. No es de recibo que Andalucía pierda este año 50 millones de euros de recaudación en herencias cuando tienen 88.676 ancianos con derecho a una ayuda a la dependencia que no la cobran. Y que Murcia pierda otros 26 millones cuando tienen 5.000 ancianos esperando ayudas (y 290.000 en toda España, según los datos del Imserso). Y lo mismo podría decirse de la falta de recursos en sanidad, educación y ayudas sociales.

España es un país que recauda poco por impuestos, 81.500 millones de euros menos cada año que la media europea, según Eurostat. Y por eso, es un lujo inadmisible que las autonomías se lancen a una carrera por bajar el impuesto de sucesiones a las herencias. Sobre todo, porque es una vía para “redistribuir la riqueza” y “luchar contra la creciente desigualdad”, uno de los pocos caminos para evitar que los hijos y los nietos de los muy ricos hoy lo sean también mañana y se mantenga o crezca la desigualdad. Por eso hay que mantener el impuesto, eso sí, con cambios, como han defendido los 21 expertos que realizaron, en julio de 2017, un informe sobre la futura financiación autonómica. Proponían introducir unos niveles mínimos de tributación, que debería fijar el Estado para toda España (entre el 4 y el 5% y entre el 10 y el 11%, según el grado de parentesco, y un nivel máximo (que no detallan). Homogeneizar el impuesto para que no haya tantas diferencias, pero no suprimirlo porque “tiene una gran capacidad de redistribución de la riqueza”, decían.

Lo mismo piensan los técnicos de Hacienda (GESTHA), que defienden una subida y equiparación de tipos, no una bajada, y piden más flexibilidad en el pago, para que no se tenga que pagar en sólo 6 meses y se pueda incluso fragmentar el pago. Y los sabios que propusieron en 2014 las bases de una reforma fiscal, proponían que aumentara el número de personas que pagan por las herencias aunque con tipos más bajos. Pero tampoco proponían suprimir el impuesto ni desvirtuarlo con bonificaciones, como han hecho varias autonomías y también Madrid con el impuesto sobre el Patrimonio (bonificado al 100%).

El debate sobre el impuesto a las herencias volverá en la primavera de 2019, cuando lleguen las elecciones autonómicas y todos se apunten a hacer rebajas fiscales, en este y otros impuestos. Pero en economía no hay milagros. Si se quieren servicios, y las autonomías gestionan los más importantes (sanidad, educación, dependencia y ayudas sociales), hay que pagarlos con impuestos. Y no se pueden hacer rebajas, menos a los más ricos. Y menos en las herencias, que es una forma de penalizar la desigualdad y reducirla para el futuro. No hagan politiqueo con los impuestos en beneficio de unos pocos, aunque digan lo contrario. Menos demagogia.

lunes, 28 de mayo de 2018

El petróleo frena la recuperación


El petróleo ha sido clave para ayudar a la economía española a salir de la crisis, al caer su precio de 114 dólares en 2014 a 46 en 2015 y 28 dólares en 2016. Pero el petróleo sube desde el verano y ha superado los 80 dólares, mientras también cae el euro, con lo que el coste del barril se ha encarecido un 18% desde enero. El viernes, el crudo bajó a 76,50 dólares, ante el anuncio de Rusia y la OPEP de que podrían subir la producción, por temor a un colapso del mercado ante la crisis de Venezuela e Irán. Pero el petróleo seguirá caro y corre peligro la recuperación mundial y más en España, uno de los países más dependientes del crudo importado. El Gobierno estima que si sigue caro, la economía crecerá este año un 0,7% menos y se crearán 150.000 empleos menos. Porque suben los carburantes y la inflación, baja el consumo y suben los costes de las empresas y el país. Urge tomar medidas para reanimar la economía ahora que soplan vientos en contra desde fuera: petróleo, tipos de interés, proteccionismo, crisis en Italia, bajo crecimiento Europa... Y más con la inesperada crisis política en España. No vale esperar y ver. Pero no está el patio político para pensar en la economía.
enrique ortega

El mundo tiene una gran dependencia del petróleo y su precio agrava o mejora los ciclos económicos. En 2008, tras la crisis financiera en EEUU, el petróleo se contagió de los temores mundiales y saltó a 146 dólares el barril, el máximo histórico reciente, agravando la recesión. Luego, ante las medidas para reanimar las economías, suavizó su precio, por debajo de los 80 euros en 2009 y 2010. A partir de ahí volvió a subir, en torno a los 110 dólares en 2011 y 2014. Y tras marcar otro máximo en junio de 2014, 114,81 dólares por barril, empezó una bajada durante año y medio, a 46,59 dólares en enero de 2015 y 27,88 euros, el mínimo histórico reciente, en enero de 2016. Una caída del precio del 75% en año y medio, que ayudó decisivamente a la recuperación de la economía mundial, y, sobre todo, de España (junto a la bajada de tipos y del euro, no por la política de Rajoy, como dice).

El petróleo se mantuvo estable, en torno a los 50 euros, otro año y medio, todo 2016 y la primera mitad de 2017. Pero el verano pasado comenzó a subir y cerró el año en 66,7 dólares. Y la subida ha seguido este año 2018, sobre todo en mayo, cuando el día 17 superó los 80 dólares por barril, el precio más alto desde hacía tres años y medio (noviembre de 2014). Luego se mantuvo por encima de los 79 dólares, hasta que el viernes 25 bajó a 76,50 dólares barril, tras el anuncio de la OPEP y Rusia de que estudiaban producir más petróleo, "para evitar un shock del mercado", ante la crisis de producción en Venezuela e Irán. Aún con esta bajada, que podría continuar esta semana, el petróleo cuesta un 15,05% más que en enero. Y si añadimos que el petróleo hay que pagarlo en dólares y que el billete verde también ha subido (un 2,90% frente al euro desde enero), el barril nos cuesta ya un 18% más que en enero.

¿Por qué ha subido tanto el petróleo? El último detonante ha sido Donald Trump, al denunciar en mayo el acuerdo nuclear con Irán y anunciar nuevas sanciones, entre ellas la prohibición de comprarles petróleo. Irán es el 5º productor mundial (produce 3,82 millones de barriles al día) y, tras el acuerdo con Obama de 2015, estaba exportando entre 500.000 y 1,5 millones de barriles al día: la mitad podrían no llegar ahora al mercado mundial. Otro problema geopolítico que resta barriles es Venezuela (el 10º productor mundial, con 1,44 millones de barriles al día), con serios problemas de bombeo que le suponen producir 500.000 barriles diarios menos. Y también ayuda a recortar la producción mundial de crudo la tensión política en Yemen (con terroristas pro-iraníes que amenazan las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita), Libia (ha recuperado su producción de 1 millón de barriles al día, pero es un país muy inestable) y Angola (el 9º productor mundial), con serios problemas de bombeo que le han hecho perder 300.000 barriles al día desde finales de 2017.

Estos distintos problemas geopolíticos han agravado un problema anterior: el recorte de producción acordado por la OPEP y Rusia en 2016 y 2017. El 30 de noviembre de 2016, los 14 países de la OPEP (liderados por Arabia Saudita, el 3º productor mundial, tras EEUU y Rusia) y Rusia (el 2º) acordaron recortar la producción de crudo en 1,8 millones de barriles día desde enero de 2017. En mayo de 2017 extendieron el acuerdo y el 29 de noviembre de 2017, se sumaron a este acuerdo de la OPEP y Rusia otros 10 países productores no OPEP, entre ellos México, Nigeria y Libia, acordando extender ese recorte de la producción (-1,8 millones barriles/día) a todo el año 2018. Y lo están cumpliendo.

Así que el problema de fondo, más que la crisis con Irán o Venezuela, es que la oferta de petróleo se ha recortado drásticamente en el último año, mientras, a la vez, aumenta la demanda de crudo, un 5% en los últimos tres años, por el tirón de la recuperación. Y se prevé que la demanda crezca más este año 2018, superando los 100 millones de barriles al día, por primera vez en la historia reciente, según la Agencia Internacional de la Energía (AEI). Y además, los países y las empresas se encuentran con bajas reservas de crudo, con lo que el déficit oferta/demanda tira al alza de los precios. Y lo seguirá haciendo en los próximos meses, con lo que varios expertos auguran un petróleo a 100 dólares en 2019. La clave estará en lo que decidan la OPEP y Rusia en su Cumbre del 22 de junio, donde podrían "suavizar" sus recortes actuales y producir algo más en la 2ª mitad de 2018, porque tienen miedo "que el mercado colapse" por la caída de producción en Venezuela y las nuevas sanciones a Irán. 

Llegue a 100 dólares o se quede en torno a los 75 dólares,  el petróleo costará este año más de lo previsto (entre el 10 y el 15% más) y eso afecta muy negativamente a toda la economía mundial, a Europa y muy especialmente a España, porque somos uno de los países con mayor dependencia del petróleo importado. Así, España importa el 71,9% de toda la energía que consume, frente al 53,6% de media en la UE-28, el 35,3% de Reino Unido, el 47,1% de Francia, el 63,5% de Alemania y el 77,5% de Italia, según los últimos datos de Eurostat (2016). Y si nos centramos en la dependencia del petróleo, España importa el 99,2%, frente al 86,7% de media europea, el 33,9% de Reino Unido, el 91% de Italia, el 96,4% de Alemania y el 97,5% de Francia: somos el 2º país europeo más dependiente del petróleo, tras Grecia (importa el 99,6%).

Esta enorme dependencia del petróleo importado hace que España sea muy sensible a los vaivenes de precios. Y si entre 2014 y 2017 nos ahorramos 13.000 millones en la factura del petróleo (un regalo del 1,3% de crecimiento extra del PIB), ahora nos tocará pagar más: la factura del petróleo (que costó 30.326 millones de euros en 2017) podría subir hasta 9.000 millones más en 2018, si los precios siguen como hasta ahora. Y esta factura la pagaremos todos, sobre todo las empresas (más costes) y los ciudadanos (carburantes más caros y una subida generalizada de precios).

Las primeras consecuencias del petróleo caro ya las estamos sufriendo en los carburantes, que suben desde marzo. La gasolina roza los 1,40 euros por litro (1,38 euros la semana pasada), el máximo desde hace tres años. Y el gasóleo ronda los 1,30 euros por litro (1,28 la semana pasada), el precio más alto desde diciembre de 2014. Con ello, llenar un depósito cuesta ahora entre 5 y 8 euros más que hace unos años, un dinero que las familias no podrán gastar en otra cosa. Y la subida del petróleo, si se mantiene, también subirán los precios del transporte (sobre todo, los billetes de avión), el comercio (sobre todo online, por encarecerse las entregas), la industria y los alimentos, haciendo subir el IPC (en vez del 1,6% podría acabar el año por encima del 2%), con lo que salarios y pensiones perderían poder adquisitivo. Y a las empresas les subirán los costes, con lo que se reducirán sus beneficios, salvo que recorten otros costes (salarios) o frenen inversiones y empleo.

La subida del petróleo encarece costes y precios y la consecuencia es que las familias consumen menos y las empresas venden e invierten menos, con lo que se reduce el crecimiento y el empleo. El propio Gobierno ha estimado que si el petróleo sigue en torno a los 80 dólares barril, la economía española crecería este año un 0,7% menos de lo previsto (2% en vez de 2,7%) y se crearían 150.000 empleos menos (unos 300.000). Y eso en un escenario “moderado”, sin “sustos” en Irán, Corea del Norte o Venezuela. Además, con menos crecimiento, habrá menos recaudación y no se podrá recortar tanto el déficit público. Y con menos empleo, habrá poco aumento de cotizaciones para pagar las pensiones.

Pero no sólo el petróleo juega en contra de la recuperación. Otra amenaza es la subida de los tipos de interés en Europa, que está a la vuelta de la esquina tras varios años de tipos 0 que han ayudado a España (uno de los países más endeudados del mundo) a salir de la crisis. Ahora, si el petróleo dispara la inflación, EEUU volverá a subir los tipos (quizás en junio, tras subirlos 6 veces desde diciembre 2015) y el BCE podría adelantar la subida prevista para dentro de un año, lo que supondría otro frenazo en el crecimiento, sobre todo para España (encarecería los intereses de la deuda pública y los créditos de empresas y familias). Una subida del 1,25% en el precio del dinero podría reducir el crecimiento del PIB un 1% a medio plazo, lo que supondría crear otros 125.000 empleos menos al año.

Y también juega en contra de España la debilidad de la recuperación en Europa, donde Alemania creció sólo un 0,3% en el primer trimestre (la mitad que en los anteriores) y Francia un 0,3% (también la mitad), mientras Reino Unido sufre ya las consecuencias del Brexit (con un exiguo crecimiento del 0,1%) e Italia (+03% crecimiento) está paralizada por su política interna y el extraño Gobierno que han formado, que ya encarece su deuda (y la de España), con peligro de detonar otra crisis del euro. Y todo ello puede frenar las exportaciones españolas, que ya han caído en marzo (-2,4%), afectadas por la atonía europea y el aumento del proteccionismo en el mundo (promovido por Trump). Y recordemos que las exportaciones han sido otro de los motores de la recuperación en España, junto al petróleo y los tipos.

Así que el problema no es sólo que suba el petróleo sino que lo hace cuando empiezan a subir los tipos de interés, se frena la economía europea y crecen las tensiones comerciales que dificultan las exportaciones. O sea, que los vientos que nos han favorecido estos años, “soplando a favor de la recuperación, soplan ahora de frente”, en contra. Y por si no fuera suficiente, estalla la crisis política en España, a raíz de la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura presentada por el PSOE, que provocan una enorme incertidumbre económica, otra amenaza (interna) para la recuperación.

Antes de este "shock político", el Gobierno Rajoy no hacía caso al cambio en los "vientos exteriores" y seguía con su política favorita: “esperar y ver”. Pero habría que tomar medidas porque la subida del petróleo y el resto de la incertidumbre económica internacional nos afectan muy directamente, recortando el crecimiento y el empleo y empobreciendo a los ciudadanos, tanto a los trabajadores (salarios) como a los pensionistas, que volverán a perder poder adquisitivo este año. Por eso, Gobierno y “oposición” deberían acordar un Plan de choque, para empujar la economía desde dentro ahora que “vienen mal dadas” de fuera. Pero claro, "no está el patio para pactos", aunque la pelea política agrave aún más los problemas económicos externos.

Pero si pasa la tormenta política, quien gobierne y la oposición deberían impulsar cuanto antes medidas urgentes. El Plan de choque debería  empezar por recaudar más, para poder financiarlo. Y eso pasa por subir el IVA (como acaba de pedir el Banco de España), reduciendo los artículos que pagan sólo el 10% y el 4%,  y subir los impuestos a los carburantes (como llevan años pidiendo la Comisión Europea, la OCDE y el FMI), no sólo para recaudar más sino para reducir las emisiones de CO2 (que han subido un 7,4% en 2017). Con ambas medidas se podrían conseguir 4.000 millones extras en un año y dedicar esos recursos a aumentar las inversiones públicas que hacen falta (tecnología, formación, infraestructuras, digitalización, ayudas a la exportación), tratando así de mantener el crecimiento y el empleo. Y en paralelo, habría que forzar una mayor subida de salarios (en torno al 3%), para que no caiga tanto el consumo con la subida de precios. Y a medio plazo, plantearse un Plan de ahorro energético, para sustituir petróleo por otras energías (en el transporte, generación de electricidad y viviendas), para que los vaivenes del petróleo no nos hundan periódicamente la economía.

En resumen, que el petróleo y otros problemas exteriores van a frenar la recuperación y habría que intentar contrarrestarlo, no sentarse a ver cómo evoluciona el barril, los tipos de interés, Italia, Irán, Corea o las guerras comerciales. Algo se puede hacer aquí para “empujar a la economía desde dentro”. Para eso están el Gobierno, los políticos y las empresas. Aunque ahora estén todos "en otras cosas". Pero ojo: peligra la recuperación.