jueves, 10 de mayo de 2018

Comer carne: subcampeones de Europa


Los problemas de cada día no deben impedirnos reflexionar sobre el mundo que vivimos y sobre este crecimiento poco sostenible, que pone en peligro el medio ambiente y nuestro futuro. El Cambio Climático ya está aquí y hay que afrontarlo en todos los ámbitos, también en la alimentación. Comemos demasiada carne y eso provoca una creciente ganadería industrial que emite muchos gases de efecto invernadero, consume demasiada agua y tierras de cultivo, deforesta y contamina. Y encima, perjudica nuestra salud, provocando enfermedades cardiovasculares y cáncer. España es el 2º país de Europa que más carne consume y la ganadería perjudica al medio ambiente la mitad que el transporte, con miles de granjas produciendo no sólo para nosotros sino para exportar (un tercio de la carne), aunque contaminan aquí. Habría que consumir menos carne y lácteos (no nos hacen falta tantas proteínas animales) y comer más verduras, hortalizas, legumbres y cereales, por nuestra salud y por la del Planeta. Es algo en lo que podemos ayudar todos.

enrique ortega

Cuando yo era niño y adolescente, en los años 50 y primeros 60, en España se consumía poca carne: un día por semana o en las fiestas. Luego, el consumo de carne aumentó, pero no se disparó hasta los años 90, con 100 kilos de media por español, alcanzando el máximo en 2002: 120 kilos por habitante al año. Habían cambiado los hábitos de consumo: si antes se comían “cosas con carne”, en este siglo se come “carne con cosas”. Y aunque la crisis hizo mella en el consumo de carne, bajando a partir de 2007, todavía comemos mucha: 94,04 kilos por habitante en 2013, según los últimos datos de la FAO (ONU) aportados por Greenpeace. Eso nos sitúa en 2º lugar en el consumo europeo de carne (85 kilos/habitante en la UE), por detrás de Luxemburgo. Y también consumimos mucha leche y derivados lácteos: 165,03 kg/habitante, aunque estamos por debajo de la media europea (260 kg/habitante).

El Ministerio de Agricultura (MAPAMA) rebaja estas cifras de consumo de carne a 50,13 kilos por habitante en 2016, pero es un dato parcial, porque sólo incluye la carne que compran las familias, no el consumo fuera de casa, que si recoge la estadística de la FAO, más completa. Pero el dato de compra de carne en el súper nos sirve para saber qué carne se compra: 74% carne fresca, 2,5% congelada y 23,5% transformada (desde embutidos a hamburguesas), el consumo que más crece. Y respecto a la carne fresca, en los últimos años se ha disparado el consumo de pollo (18,70 kilos por persona/año) y cerdo (14,40 kilos), estabilizándose en vacuno (7,55 kilos) y bajando el cordero y otras carnes (9,35 kilos). En total, el gasto en carne por persona fue de 320,22 euros en 2016, a los que habría que sumar otros 182,79 euros en leche y derivados lácteos. En total, comer carnes y lácteos supone un gasto anual de 503 euros por español, un tercio de todo el gasto en alimentación. La mayor factura.

Pero comer tanta carne y lácteos tiene otros costes, más preocupantes. El primero y fundamental, sobre la salud. Un polémico informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó, en octubre de 2015, del riesgo de un consumo excesivo de carnes procesadas (salchichas, embutidos, hamburguesas) y carnes rojas: puede provocar cáncer colorrectal. Además, otros estudios científicos revelaron que el consumo excesivo de carnes y lácteos favorece la obesidad y el sobrepeso, con riesgo de enfermedades cardiovasculares y la  diabetes tipo 2, las dos enfermedades de este siglo. Ya el Libro Blanco de la Nutrición en España alerta sobre los elevados consumos de carnes grasas y embutidos y un exceso de carnes y lácteos en la dieta, sobre todo en las ciudades y clases medias y altas.

El exceso de carne y lácteos en la alimentación no sólo perjudica el bolsillo y la salud. También atenta contra el Planeta, contra el medio ambiente. Y eso porque el consumo de carne (y lácteos) se ha disparado en el mundo, siendo este siglo XXI  “la era de la carne”. Si en 1950, la producción mundial de carne era de 50 millones de toneladas, en el año 2.000 ya se había cuadruplicado con creces (229 millones Tm) y en 2017 se ha multiplicado por más de 6 (322 millones Tm).Y se espera que alcance los 465 millones de toneladas para 2050. Ello se debe al fuerte aumento del consumo de los países occidentales (de 60 kilos por persona en 1964 a 96 kilos ahora), pero sobre todo al aumento de consumo de carne de los países en desarrollo, que están cambiando su dieta. Es el caso de China, que hace 20 años sólo consumía 5 kilos de carne por persona y año y hoy ya consume 50 kilos. En consecuencia, el consumo de carne se ha estabilizado en los países desarrollados (a niveles altos: 115 kilos/persona en EEUU) pero crece imparable en los países emergentes, lo que augura que el consumo total de carne en el mundo se duplique, pasando de los 45 kilos de media actuales a 80 kilos de media por persona en 2050 (y más de 100 kilos en los países ricos).

Este esperado salto en el consumo de carne (y lácteos) en el mundo va a disparar aún más la ganadería industrial, la opción elegida para hacer frente a la creciente demanda de carne en el siglo XXI: han desaparecido las explotaciones ganaderas pequeñas y familiares y se han sustituido por enormes granjas, con muchos animales por hectárea (maltratados) y un sistema industrial de producción, apoyado en piensos, hormonas y antibióticos. Baste decir que en el mundo se sacrifican más de 70.000 millones de animales cada año, 192 millones de animales sacrificados cada día. Sólo en España se matan cada año 886 millones de animales, casi 20 por cada español, una media de 1.700 animales sacrificados por minuto (1.482 pollos y aves, 90 cerdos, 90 conejos, 17 ovejas, 5 vacas y 2 cabras), según datos oficiales recogidos por Greenpeace. De hecho, la industria cárnica es la 4ª industria española (tras el automóvil, las petroleras y las eléctricas), con 86.000 empleos y más de 3.000 empresas, que facturaron 24.000 millones de euros en 2017, según la asociación Anice. Un poderoso "lobby", el de la carne, que financia incluso estudios (como el reciente de los médicos de familia) a favor del consumo de carne.

Esta  gigantesca industria de la carne, en el mundo y en España, subvencionada además con Fondos europeos, provoca graves daños al medio ambiente y al Planeta. En primer lugar, la ganadería emite un 14,5% de los gases de efecto invernadero (GEI), responsables del Cambio Climático, casi tanto como el transporte, según los informes de la ONU y la FAO. El ganado es responsable de un 37% de las emisiones de metano (al hacer su digestión) y del 65% de las emisiones de oxido nitroso (por el estiércol), dos gases más peligrosos para el clima que el CO2. Y provoca dos tercios de las emisiones mundiales de amoniaco (por el estiércol), culpable de la lluvia ácida. Además, producir carne masivamente lleva a talar bosques para pastos y cultivos para el ganado y esta deforestación causa el 9% de todas las emisiones mundiales de CO2. Por eso, desde 2008, la ONU lleva recomendando consumir menos carne para ayudar a frenar el Cambio Climático.

En España, la ganadería emitió en 2015 más de 86 millones de Tm de CO2, según los cálculos de Greenpeace, que estima que la ganadería y la agricultura son el 4º emisor de gases de efecto invernadero, produciendo el 13,35% de las emisiones totales. Y el primer emisor de metano y de oxido nitroso, más dañinos que el CO2. Las granjas que más emiten son las de cerdos (por las emisiones de los piensos para alimentarles y por los purines, el estiércol) y las de vacas (por los forrajes y piensos y por el metano de su digestión).

 Además de emitir gases peligrosos, la ganadería industrial consume mucho forraje, cereales y piensos, que obliga a cultivar muchas tierras para la alimentación animal y no para  producir alimentos a los humanos (que en muchos lugares pasan hambre). Así, producir 200 gramos de carne se lleva 45 cuencos de cereales que podrían alimentar a 20 personas, según la FAO. De hecho, en España, la ganadería industrial requiere destinar el 77% de toda la superficie agrícola  (18 millones de hectáreas) a plantar forraje y cereales para el ganado, además de importar cada año 15 millones de Tm de cereales y leguminosas para alimentar al ganado, según los datos de Greenpeace. Precisamente, la gran necesidad de piensos ha hecho que España utilice cultivos transgénicos para el ganado, el 95% de todos los de la UE.

Si la ganadería industrial necesita tierras para alimentar a los animales, necesita también mucha agua, una barbaridad: consume más de 48.000 millones de metros cúbicos al año, el consumo de todos los hogares españoles durante 21 años. Recuerde: producir un filete de 200 gramos exige tanto agua como darse una ducha, según Greenpeace. Y además, esa ganadería industrial contamina gravemente el agua, con los excrementos y purines (hay 50 millones de cerdos en España, que producen purines para llenar 66 piscinas olímpicas de excrementos cada día…), que ya han contaminado los acuíferos y las aguas de consumo en Aragón, las dos Castillas y sobre todo en Cataluña, donde la mitad del territorio tiene contaminadas las aguas subterráneas por la ganadería industrial, según denuncia Greenpeace.

Pero además del agua, la ganadería industrial también contamina el aire. Por un lado, las granjas emiten a la atmósfera amoniaco (por los purines y fertilizantes), 54.493 Tm en 2016, que al oxidarse produce también oxido nitroso. Pero además, está demostrado que en las áreas próximas a grandes granjas ganaderas hay contaminación por partículas en suspensión (PM 2,5), gases y endotoxinas, que pueden provocar problemas respiratorios y cáncer, según han advertido las autoridades sanitarias en Europa.

Y hay otra contaminación aún más preocupante, la de los antibióticos y hormonas que se utilizan en la ganadería industrial, para fomentar la cría y engorde o prevenir enfermedades. Y aquí, la situación en España es preocupante, porque somos el país europeo que más los utiliza: 3.029 toneladas de antibióticos vendidos para la ganadería en 2015, según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un 36% de todas las ventas en Europa (30 países). El riesgo es doble: se han detectado antibióticos en las aguas subterráneas y en el agua corriente y puede provocar problemas en los humanos, favoreciendo la resistencia a los antibióticos, una gran preocupación de la OMS, que piensa causará más muertes que en cáncer en 2050. Además, después, al procesarse muchas de estas carnes, se les añaden productos que pueden ser nocivos: conservantes y aditivos, antioxidantes, excipientes y mucha sal (el 75% de la sal que consumimos viene de alimentos procesados, no está en el alimento original: una hamburguesa, por ejemplo, tiene 13 veces más sal que un filete normal).

Tras este repaso a sus efectos sobre la salud y el Planeta, quizás mire la carne de otra manera. Pero además, hay otra cosa a tener en cuenta: mucha de la carne que se produce en España, la tercera parte, es para exportar, pero sus efectos negativos sobre el medio ambiente se quedan aquí. España exportó en 2017 más de 2,3 millones de toneladas de carne, superando por primera vez los 6.000 millones de euros de ingresos. Somos el 4º productor mundial de carne de cerdo (tras China, EEUU y Alemania) y el 2º productor europeo de ovino y caprino, tras Reino Unido. Y el 4º país europeo en productos cárnicos elaborados, tras Alemania, Italia y Francia. O sea que, aunque redujéramos el consumo interno de carne, las grandes granjas de animales seguirían ahí, para exportar  carne y lácteos a todo el mundo. Y destrozarían nuestro clima, nuestras aguas y nuestro aire para mantener ese potente negocio.

Algo habrá que hacer. En la Cumbre del Clima de París (2015), 195 países ya se comprometieron a reducir sus emisiones (a partir de 2020) entre el 20 y el 30% para 2030. Y eso exige tomar medidas en la energía, los transportes, las viviendas y la industria, pero también en la alimentación, reduciendo el consumo de carne. Greenpeace ha lanzado un objetivo mundial: reducir el consumo de carne un 50% para 2050: de 45 a 20 kilos/persona y año). Y en el caso de España, trazan dos objetivos: reducir el consumo  de 94 a 24 kilos de carne en 2030 (y de 165 kg de lácteos a 57 kilos) a 16 kilos de carne y 33 de lácteos en 2050. Serían 300 gramos de carne a la semana (suficientes para las proteínas necesarias), frente a 1,8 kilos hoy, quizás un objetivo imposible. Pero habría que bajar el consumo. Y para ello plantean medidas en dos frentes. Por un lado, más control y exigencias a la ganadería industrial, forzando la reducción de emisiones y contaminación y no autorizando macrogranjas (la de Noviercas, en Soria, tendrá 20.000 vacas y será la granja más grande de Europa). Y por otro, educación a las personas y a los niños, para consumir menos carne (y sobre todo menos carne procesada y roja) y menos lácteos y más cereales, verduras, hortalizas y legumbres, la “dieta mediterránea”.

Comer menos carne no es una moda ni un “invento ecologista”, es una necesidad si queremos cuidar nuestra salud y la del Planeta, además del bolsillo. Es importante obligar a las empresas a informar al consumidor de “la huella de carbono”: así sabremos que producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. O que producir 1 kilo de vaca se lleva 10 kilos de pienso y 15.000 litros de agua, además de emitir 7.275 gramos de CO2 (ver este cuadro con las emisiones de CO2  que genera  producir los alimentos). Un despropósito y un despilfarro. Y más cuando  hay 791 millones de personas que pasan hambre mientras el mundo cultiva para alimentar a los animales. No puede ser. A todos nos gusta la carne, pero habrá que comerla menos, dos veces a la semana, modificando la dieta y comiendo más sano. Y más sostenible. Ser subcampeones de Europa en comer carne es una locura. Tenemos que cambiar.

lunes, 7 de mayo de 2018

Rajoy y las pensiones: el que venga detrás...


Las pensiones han sido moneda de cambio para que Rajoy asegure la Legislatura: a cambio de los 5 votos del PNV, acepta subir todas las pensiones un 1,6% este año y en 2019, algo que consideraba “imposible” hasta ahora. Y lo más importante: retrasa hasta 2023 la reforma (recortes) que impuso en 2013, “para asegurar el futuro de las pensiones”. Dos “parches” que no afrontan el problema de las pensiones, cuyo déficit se agravará si no se toman medidas. La fundamental: no hacer más recortes sino conseguir más ingresos, entre 20.000 y 50.000 millones extras a 20 años, con ahorros, más cotizaciones y más ingresos fiscales, sobre todo de los que menos pagan (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). España recauda 81.000 millones menos al año que Europa y así no hay quien financie las pensiones ni lo demás. Urge dejarse de “politiqueos” con las pensiones y afrontar una reforma de fondo. Porque si no, la solución será peor después.


enrique ortega

“Me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Porque es muy fácil decir: suba las pensiones, ¿cuánto?, lo que quiera. Pero si luego no hay recursos para pagarlo, lo que estaremos es tomando el pelo a la gente”.
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Mariano Rajoy. Bruselas, 23 febrero 2018

Así pensaba Rajoy hasta hace poco: no se pueden subir más las pensiones. No salen las cuentas. Pero de repente salen: cuando el PNV le ofrece apoyar sus Presupuestos, este año y el que viene, y salvarle la Legislatura. Entonces sí hay dinero: 3.300 millones extras a gastar en las pensiones este año (1.500 millones más de lo dicho) y el que viene (1.800 más), para que todas las pensiones suban lo que el IPC, un 1,6% en 2018 y en 2019, a cobrar con efecto retroactivo desde enero de este año (unos 10 euros extras al mes, de media). Además, se mantiene la subida ya prevista del 3% para las pensiones mínimas (600 millones de gasto extra) y la subida de la base reguladora (del 52 al 56%) de las pensiones de viudedad (otro gasto de 400 millones). En total, 2.500 millones de gasto extra en pensiones en 2018 (y 2.800 en 2019) que hace unos días eran “imposibles”.

Pero hay más. El acuerdo del PP con el PNV, para que le apoye los Presupuestos 2018 con sus 5 diputados, tiene una cláusula de más calado que este dinero extra para las pensiones: se retrasa de enero de 2019 a enero de 2023 (4 años) la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una reforma que el Gobierno Rajoy aprobó en 2013 para tratar de frenar el importe de las futuras pensiones y recortarlas, hasta un 30% para 2050. En su momento, el Gobierno del PP “vendió” esta reforma como un cambio necesario “para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones”: como los españoles vivimos más años, se trataba de rebajar el importe inicial de las nuevas pensiones, ya que las íbamos a cobrar más años. Según algunos cálculos, eso supondría rebajar desde 2019 todas las nuevas pensiones un porcentaje cada año, de tal manera que serían un 29,8% más bajas para 2050 (la nueva máxima pasaría de 2.561 euros a 1.797 euros y lo mismo las demás.

Ahora, Rajoy tira por la borda su reforma y las nuevas pensiones no se ajustarán hasta 2023. Rajoy ha apostado por salvar esta Legislatura y “el que venga detrás que arree”…No es que los recortes del “factor de sostenibilidad” fueran la solución  al grave problema de las pensiones (la clave está en aumentar los ingresos de sistema de pensiones, no en recortar los gastos), pero el Gobierno Rajoy sí lo creía y lo defendía… hasta que le ha tocado elegir entre mantenerse en el Gobierno o sanear las cuentas de las pensiones. Y con las elecciones de 2019 y 2020 por delante, no quiere perder el voto de casi 9 millones de pensionistas.

Pero es todo un parche para salir adelante ahora, sin preocuparse del futuro. Y además, un parche pactado entre Rajoy y el presidente del PNV, al margen del Parlamento y de donde tiene que pactarse la reforma de las pensiones, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (47 miembros). Y como todo parche, no afronta una reforma en profundidad del sistema de pensiones, reforma pendiente desde que se renovó el Parlamento en 2016 (y antes). De momento, Montoro sólo ha lanzado “globos sonda”, como que el gasto extra en pensiones (los 1.500 millones nuevos pactados con el PNV, no los 2.500 millones más presupuestado en 2018) van a salir de “un nuevo impuesto” que quiere poner a las tecnológicas (Google, Apple o Amazon), algo difícil de aplicar en un solo país y que la Comisión Europea estudia pero que está aún “muy verde” para que permita ingresar más este año (y serían sólo 600 millones, frente a 2.500 millones de gasto extra).

El Gobierno Rajoy trata de “ganar tiempo” y no afrontar una reforma a fondo de las pensiones, algo que tampoco agobia a “la oposición”, mientras millones de españoles están muy preocupados por sus pensiones. Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones. Ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para 2018, los expertos creen que se mantendrá en 17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (somos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.396 euros las nuevas en marzo 2018). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizaban (antes del pacto con el PNV) un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 50% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016), frente al 13,3% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7% del PIB), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7%), según Eurostat . Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que el dinero extra se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra vía es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medio ambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones. Y todavía quedaría, para mejorar la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas y bancos, multinacionales y los más ricos.. Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino un resumen de las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y sin politiqueos. Y sabiendo que cuanto más se tarde en conseguir nuevos ingresos, más fácil será que nos impongan recortes más duros. No pidamos sólo subidas de las pensiones. Exijamos que pacten reformas de fondo ya para asegurar el futuro de las pensiones. No pierdan más tiempo. 

jueves, 3 de mayo de 2018

Banca: más crédito a familias y más comisiones


Por primera vez en su historia, el crédito supuso menos de la mitad del negocio bancario en 2017. Se dedicaron más a la compraventa de deuda, futuros, Bolsa y derivados, Fondos y seguros. Y mientras, el crédito a empresas y familias sigue por debajo de 2008, a pesar de la recuperación. Ahora, la banca ha abierto la mano en el crédito a las familias, sobre todo los préstamos al consumo (con tipos muy altos) y las hipotecas. Pero siguen sin dar préstamos a las empresas, sobre todo a pymes, mientras sí se los dan en Europa. Con todo, los bancos ganaron un 51% más en 2017, gracias al cobro de comisiones (por casi todo, algunas "abusivas"), a los créditos a familias, el recorte de gastos (despidos y cierre de sucursales) y a menores saneamientos. Y nos siguen “breando” a comisiones mientras fomentan las tarjetas, que baten récords. Hace falta más transparencia en las comisiones y que la banca se moje en la recuperación, dando créditos para crear empleo no sólo para comprar coches o pisos.



                                                                                                                                         enrique ortega

El negocio de la banca es coger dinero con una mano (lo más barato posible) y prestarlo con la otra (lo más caro posible). Pero la crisis de 2008 lo cambió también drásticamente, porque los bancos se vieron inundados de créditos incobrables y los clientes, empresas y familias, se dedicaron a devolver los préstamos y tratar de no endeudarse más. El resultado es que el crédito que daba la banca, el 60% de su negocio en 2008, cayó en picado: de 1.842.000 millones de euros en 2008 a 1.469.000 millones en 2013 y a 1.273.000 millones en 2017, donde ya supuso el 49,9% de su negocio, menos de la mitad por primera vez en su historia, según los datos del Banco de España. El mayor desplome se ha dado en el crédito a las empresas, que ha caído casi a la mitad (de 950.724 millones en 2008 a un saldo vivo de 519.941 millones en 2017). Le sigue el crédito a la vivienda, las hipotecas, que han pasado de 649.714 millones en 2008 a un saldo de 483.169 millones en 2017. Y por último, los créditos al consumo, que han pasado de 224.935 millones en 2008 a 175.431 en 2017.

La banca española ha tenido que hacer frente a este desplome del crédito, que les ha quitado un 31% de su negocio, buscando otras vías alternativas para operar: compra y venta de deuda pública (el déficit público de España, tan criticado, ha sido “un buen negocio” para la banca española) y también deuda privada, operativa en Bolsa, derivados y futuros, ingeniería financiera internacional, Fondos, Planes de pensiones y sobre todo, seguros, “colocar” seguros entre los clientes. Además, han recortado costes de forma drástica: han cerrado el 40% de sus oficinas (de 45.662 en 2008 a 27.320 en 2017) y se han quitado a un tercio de la plantilla (81.000 trabajadores), recortes que van a seguir. Además, han aprovechado la bajada de tipos para coger dinero sin casi pagar por él: así, en enero de 2018, la banca española pagaba un 0,04% de interés en las cuentas corrientes y libretas, un 0,17% en los depósitos a un año (la banca europea, el 0,37%) y un 0,10% en los depósitos a 2 años (0,72% en Europa), según los datos oficiales publicados por el Banco de España.

Y luego están los ingresos por comisiones, muy importantes. En 2017, por ejemplo, la banca española tuvo unos beneficios netos de 12.060 millones, un 51,3% más que en 2006. Pues bien, de todos los ingresos conseguidos (margen de intereses), 59.009 millones, casi un tercio fueron por comisiones netas: 19.107 millones, un 7,2% más que en 2016, según la AEB. Y en el caso de los 5 grandes bancos, el aumento de comisiones supuso más de la mitad del aumento de beneficios. El líder en comisiones es el Santander (subió el ingreso por comisiones un 16,4%), seguido del Sabadell (+10,3%), CaixaBank (+6,3%), BBVA (+5,5%) y Bankia (+5,3%). Y en 2018, las comisiones también están ayudando mucho a mejorar beneficios: más de una cuarta parte (el 28,3%) del margen bruto de los 10 grandes bancos se debe a los ingresos por comisiones.

La banca da pocos créditos y los tipos que cobra son más bajos que nunca, porque el precio oficial del dinero es el 0%, con lo que su “margen” se deteriora y tiene que buscar “otros negocios” y cobrar más comisiones a particulares y empresas. Este año 2018, muchos grandes bancos (Bankia, BBVA, Santander y Caja España entre ellos) han anunciado que subían en enero las comisiones por mantenimiento de cuenta, tarjeta o descubierto. Pero son muchas las comisiones que pagamos cada día “sin enterarnos”. En general, la política de los bancos es tratar de que domiciliemos las nóminas y recibos y que contratemos tarjetas, ofreciéndonos a cambio no pagar comisiones. Y si no lo hacemos, nos cobran por casi todo: por mantenimiento de cuenta (45 euros de media al año, según Facua), por apunte (0,36 euros), por tarjeta de crédito (de 30 a 45 euros anuales), por transferencia (0,3%, con un mínimo de 3 euros), por operar en Bolsa, por Fondos y Planes y una comisión por descubierto, que afecta a 1 de cada 7 clientes (hay una doble comisión: una fija por la reclamación, de 25 a 45 euros, y otra variable, del 2 al 4,5% del importe y un mínimo de 15 a 18 euros).

Mientras la banca no deja de “ordeñar” las comisiones para ajustar sus cuentas, en los dos últimos años ha visto un nuevo resquicio de negocio: los créditos al consumo, para comprar coche, vacaciones, gastos de casa o estudios, al amparo de que hay más españoles con trabajo (2 millones más que en 2014) que ahora pueden pagar un crédito. Así, han multiplicado su oferta de pequeños créditos a los clientes y el importe ha dado un gran salto: de los 12.811 millones de euros concedidos en 2012 se pasó a 24.706 en 2016 y a 29.121 millones en 2017, según el Banco de España. Son créditos al consumo fáciles de conseguir (si se justifica un trabajo, claro), rápidos, y que se devuelven en 1 a 5 años. Eso sí, el coste es elevado, con lo que son un gran negocio para la banca (que consigue el dinero casi al 0%): el tipo medio era del 8,52% en enero 2018 (5,21% de media en la UE), según el Banco de España.

La otra vía de prestar dinero a corto, aún más rentable, son las tarjetas de crédito, que han batido todos los récords: había 52,35 millones de tarjetas de crédito a finales de 2017, casi 10 millones más que en 2007 (43,49 millones). Y una buena parte son las llamadas “tarjetas revolving”: en lugar de pagar al mes siguiente todo lo gastado, operan como un crédito y se paga una cantidad establecida cada mes, a cambio de pagar un elevadísimo interés, de hasta el 20% anual (1,5% mensual). Por este sistema, la banca española ha financiado compras por importe de 13.290 millones de euros en 2017 (la mitad que con los créditos al consumo), un gran salto desde los 8.343 millones financiados en 2012, según el Banco de España.

En paralelo a este tirón de los préstamos al consumo (directamente o a través de las tarjetas), la banca ha explorado en 2017 otra vía de negocio: volver a dar hipotecas, tras las malas experiencias de impagos y stock de pisos desde 2008. El año pasado, el saldo vivo de hipotecas (las que se amortizan menos las nuevas concesiones) volvió a caer (-13.166 millones), pero las nuevas hipotecas crecen más cada año: de 21.853 millones concedidos en 2013 a 36.506 millones de euros en hipotecas nuevas en 2017, según el Banco de España. La banca aprovecha el buen momento del mercado de la vivienda y la fuerte subida de los alquileres (teniendo que pagar 900 euros de alquiler, mucha gente vuelve a pensar en comprar) para volver a “colocar hipotecas”, ahora que los tipos están bajos: el tipo medio estaba en enero en el 2,66%, según el INE.

En estos meses de 2018, la banca “ha abierto la mano” en la concesión de hipotecas, según reconoce textualmente el Banco de España, que no está especialmente preocupado, porque se conceden unas 28.000 al mes (febrero 2018), la cuarta parte que en los años de la burbuja (103.250 al mes en 2007). Todo indica que 2018 va a ser el año de “la guerra de las hipotecas” y ya hay entidades (como BBVA) que han bajado sus “tipos escaparate” (Euribor +0,89 = 0,70% el primer año), como “gancho. Pero la mayoría de los bancos llevan años comentando a sus clientes que “los tipos van a subir” y que les conviene contratar hipotecas a tipo fijo (al 3% y más), para prepararse a los futuros tipos altos (algo no recomendable). La campaña parece haber tenido éxito, porque un tercio de todas las hipotecas están ya a tipos fijos (del 3,05% de media), lo que son ganancias fijas mientras los tipos no suben.

Las hipotecas tienen otra ventaja adicional para la banca, si las hacen con cuidado y mirando mucho al cliente, como ahora sucede: “atan” al cliente con la entidad. Porque generalmente le “obligan” a domiciliar la nómina y los recibos y, últimamente, a contratar tarjetas y un seguro de vida. Todo ello son más comisiones futuras, sin olvidar que la propia hipoteca es una fuente de comisiones: de estudio, de apertura (hasta del 1% y considerada nula por "abusiva" en una reciente sentencia de la Audiencia de Castellón), de cancelación parcial o total…Claro que también les reportan muchos conflictos: la asociación de consumidores ADICAE va a presentar casi 60 demandas colectivas a los Tribunales para intentar recuperar los gastos hechos en la formalización de 6 millones de hipotecas, gastos considerados “abusivos”.

Mientras los créditos personales se disparan y las hipotecas despiertan, no mejoran los préstamos de la banca a las empresas: en 2017, el saldo vivo (reembolsos menos nuevos créditos) volvió a caer otros 13.166 millones de euros, porque las empresas siguen reduciendo su deuda. Por dos razones. Una, porque están escaldados de la crisis y no quieren endeudarse, sólo financiarse día a día. Y la otra, porque la banca tampoco quiere financiar a las empresas, sobre todo a las pymes, porque no se fía que se hayan saneado. El resultado es que la banca no ha abierto la mano del crédito a las empresas ni estas piden más, lo que sí pasa en Europa, según dice el Banco de España. Y así, mientras el crédito empresarial se recupera en Europa, aquí sigue cayendo, aunque tengamos menos empleo y más del doble de paro. Y encima, cuanto menor es el préstamo, mayor es el tipo (1,51% de interés los créditos de más de 1 millón y 2,33% los de menos de 250.000 euros), lo que perjudica más a las pymes: pagan de media un 2,35% (y el 4,10% las microempresas de menos de 10 trabajadores), frente al 2,2% que pagan las grandes empresas.

En resumen, la banca española, tras ser saneada con mucho dinero público irrecuperable (56.803 millones de euros), ha “bandeado” la crisis y mejora sus beneficios (+15% en 2018 los 5 grandes), a costa de subirnos las comisiones (los 5 grandes ya han ingresado con ellas 5.394 millones en estos tres primeros meses, un 4,6% más)  y de los créditos a las familias, que han vuelto a endeudarse para consumir y comprar vivienda. Pero no "tira" el crédito a las empresas, que debería ser uno de los motores de la modernización del país y del empleo futuro. Y mientras, los clientes pagamos más por una atención personal que se deteriora, por el tremendo cierre de oficinas. Tal es así que la mitad de los municipios del país no tienen ya una oficina bancaria: 4.114 de 8.117 pueblos, según un estudio de IVIE, con datos del Banco de España, lo que deja sin servicio directo a 1.256.590 españoles, sobre todo en Castilla y León (79,7% de municipios sin banco), Navarra (55,9%) y la Rioja (50%). De hecho, los bancos se están pensando abrir oficinas conjuntas, sin marca, para recuperar parte de este negocio rural perdido.

Ahora, la banca espera como agua de mayo que suban los tipos de interés en Europa, en 2019 y 2020, como en EEUU, una mala noticia para la economía (España es uno de los países más endeudados del mundo y el Estado, las empresas y las familias tendrán que pagar más intereses) pero buena para la banca, que espera así subir sus tipos y márgenes de beneficios, aún a riesgo de que muchas familias puedan verse otra vez “pilladas”. Además, la banca va a continuar cerrando oficinas y despidiendo plantilla, en un proceso de digitalización del negocio que va muy atrasado y donde la competencia es muy poderosa: Amazon, Google, Apple y las grandes telecos (Orange lanzará su banco en España a principios de 2019) ya se están posicionando para manejar nuestro dinero. Y son muy eficaces, además de tener mejor reputación que la banca española, acosada por la “mala imagen” generada en la crisis, el aumento de quejas (les han presentado más de un millón de reclamaciones en 2017) y las demandas de clientes que colapsan los Juzgados (165.000 demandas hipotecarias presentadas sólo en 2017).

Lo dicho: la banca española se recupera, pero ojo a las comisiones que les cobran y a los créditos que les dan, porque muchos están pagando demasiado mientras el dinero no fluye a la inversión productiva y al empleo. Si queremos consolidar la recuperación, modernizar la economía y hacer más competitivas e innovadoras las empresas, la banca tiene que mojarse, con garantías públicas. Hace falta que financien el futuro y no sólo coches o casas. Es un negocio, pero tienen una función económica y social clave. Cumplan con ella. Porque sólo para darnos una tarjeta o facilitar los pagos puede haber otros. La banca debe ser “otra cosa”. Y si no, en vez de privatizar Bankia en 2019, utilícenla, con el crédito oficial (ICO), para configurar una potente banca pública que financie el futuro del país. Así de claro.

lunes, 30 de abril de 2018

Máquinas : 1 de cada 3 empleos peligran


Mañana es el 1º de mayo, un gran “puente” antes que una jornada reivindicativa, a pesar de que el trabajo es más escaso, precario y peor pagado que nunca. Y tampoco nos preocupa mucho el trabajo futuro, aunque podría ser peor: las máquinas inteligentes pueden quitar muchos trabajos que hoy hacen las personas. España es el 8º país que más empleos perderá con la Cuarta Revolución Industrial, hasta un 36% de los empleos actuales (casi 7 millones). Y no sólo se perderán empleos, sino que aumentará la precariedad de los menos formados, en beneficio de una minoría de trabajadores superpreparados, la élite de la digitalización. No vale con lamentarse ante las máquinas inteligentes, habría que prepararse, como hacen otros países: más formación, cambio drástico de la enseñanza, regulación de los nuevos empleos y redes y una mayor redistribución social, para que los que acaben al margen de esta revolución tecnológica no se queden “tirados”. Pero nuestros dirigentes están a otras cosas.


enrique ortega

Estamos en la antesala de “la Cuarta Revolución Industrial” (ver vídeo). La Primera revolución industrial se produjo a finales del siglo XVIII, entre 1768 y 1830, con la máquina de vapor y el ferrocarril, provocando el pánico entre los obreros que temían que los telares les quitaran su trabajo. La Segunda Revolución Industrial se produjo a finales del siglo XIX, a partir de 1881, con la introducción de la electricidad y el petróleo, seguida del telégrafo, el teléfono y la producción en cadena (1908). La Tercera Revolución Industrial se produjo a mediados del siglo XX, a finales de la década de los 50 y en los 60 y 70, con la llegada de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones.  Y ahora estamos en los albores de la Cuarta Revolución Industrial, que madurará a mediados de este siglo XXI, basada en la combinación de máquinas y procesos digitales a través del Internet de las cosas.

Es lo que también se llama Industria 4.0 (ver clásico libro de Klaus Schwab). No se trata sólo de incorporar máquinas a los procesos productivos (los robots llevan ya décadas entre nosotros).Lo novedoso es combinar nuevas herramientas que están despuntando en los últimos años: procesos digitales, análisis de datos, sensores, tecnología digital, robots, comunicaciones, nanotecnología, biotecnología, drones, impresoras 4D, Internet de las cosas, redes y, sobre todo, inteligencia artificial (que las máquinas puedan “pensar” y comportarse como humanos y hasta mejor). Todo ello, interrelacionado, podría crear redes inteligentes que dirigieran los procesos y se controlaran a sí mismas, con mínima participación humana.

Puede parecer “ciencia ficción”, pero cada día aparecen avances que muestran que esta Cuarta Revolución industrial avanza muy rápido y es imparable. Y por eso, ya hay numerosos estudios que alertan de su negativo efecto sobre el empleo del futuro. En enero de 2016, el Foro Económico Mundial publicaba en Davos su estudio “The Future of Jobs”, donde estimaba que, con la Cuarta Revolución Industrial, se perderían 5 millones de empleos en 15 países industrializados sólo para 2020. Y, lo más importante: que el 35% de los empleos y las competencias que se exigen iban a “cambiar de modo significativo” para 2020. Poco después, en junio de 2016, un estudio de la OCDE alertaba de que Occidente iba a perder “el 9% de sus empleos con la automatización”, revelando que España iba a ser el tercer país más afectado (11,8% empleos perdidos), tras Alemania y Austria (12%). Y hace poco, en abril de 2018, la misma OCDE estimaba que “se van a perder el 15% de los empleos actuales en diez años” (el 20% en España) y que un tercio de todos los empleos (el 32%) van a verse sometidos a “cambios considerables”.

Los cambios están ya ahí y se notarán mucho más para 2030, según todos los expertos. En un par de años, para 2020, la automatización digital se llevará por delante un 3% de los empleos en España (y entre el 1 y el 4% en el mundo), 570.000 puestos de trabajo, según un estudio de la consultora PwC “¿Robarán los robots nuestros empleos”?, publicado en febrero de 2018. Para 2025, la pérdida de empleo en España será del 21% (4 millones de empleos). Y para 2030, cuando la Cuarta Revolución Industrial esté más avanzada, se habrían perdido ya el 34% de los empleos (6,5 millones). El estudio, realizado en 27 países industrializados (incluidos Rusia y Singapur), señala que España será el 8º país más afectado por la automatización digital, por detrás de Eslovaquia (44% empleos en riesgo), Eslovenia y Lituania (42%), República Checa (40%), Italia (39%), EEUU (38%) y Alemania (37%). Y los que menos, los países del norte de Europa (22% Finlandia, 25% Suecia y Noruega, 30% Dinamarca), Rusia (25%), Singapur (26%), Japón (24%) y Corea del Sur (22% empleo en riesgo).

Los sectores que perderán más empleo, según este estudio de PwC, serán el transporte, la logística y la industria (entre el 42 y el 52%) y los que menos la educación (85), con la alimentación y la distribución en medio (-34% empleo). Y la pérdida de empleo con la automatización será mayor entre los hombres (39%) que entre las mujeres (28%), porque trabajan más en la educación, la sanidad y los servicios. Y perderán más el empleo los trabajadores poco formados (44% empleos en riesgo), menos los medio formados (-39% y poco los trabajadores con alta formación (-14%).

En marzo de 2018 se ha publicado el estudio más detallado sobre los efectos de la automatización en España, elaborado por BBVA Research y la Universidad de Valencia (Ivie), a partir de los datos de la EPA. Y la conclusión coincide con el informe de PwC: en España están en riesgo por la Cuarta Revolución Industrial el 36% de los empleos, casi 7 millones. El estudio señala los sectores más vulnerables a la sustitución de trabajadores por procesos digitales mecanizados: trabajos administrativos, ventas y servicios, transportes, agricultura, industria, comercio, hostelería, finanzas e inmobiliarias. Y los que menos empleo van a perder son la educación, la sanidad, los servicios sociales, la energía, las TIC y actividades científico-técnicas, además de la Administración pública. En cuanto a los trabajadores más vulnerables, este estudio señala los asalariados sin responsabilidad y con tareas rutinarias, los menos formados y los que peor dominan el teletrabajo y las nuevas tecnologías, salvándose mejor los más formados y los que tienen puestos de trabajo de responsabilidad. Todo esto será más importante que el sexo, la edad o el tipo de contrato, que también contarán: las mujeres saldrán mejor paradas, los jóvenes peor (hasta los 27 años) y también los mayores de 55 años, los que tienen contratos precarios y los inmigrantes, más los que trabajan en pymes.

Los distintos estudios son unánimes: la Cuarta Revolución Industrial provocará la pérdida de empleo, desde ya y más en 2030 y después. Pero también creará nuevos empleos, muchos todavía hoy inexistentes. El problema es que resulta difícil estimar cuántos nuevos empleos se van a crear con la economía 4.0 y qué empleos serán. El principal temor es que esta Cuarta Revolución Industrial va a un ritmo frenético y se pueden perder empleos con tal velocidad que no dé tiempo a reciclar a los trabajadores para que consigan otros. Dos ejemplos. Hace unas décadas se decía que las máquinas no iban a ser capaces de competir con los humanos. Pero en mayo de 1997, un ordenador, el Deep Blue de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Kasparov. Otro caso. En el año 2000, un estudio de la Universidad de Harvard citaba el automóvil como uno de los sectores que tardarían más en ser dirigidos por máquinas. Y sin embargo, el coche autónomo ya es casi una realidad.

Así que puede parecer que hay trabajos que “nunca” van a poder hacer las máquinas y luego resulte posible en muy poco tiempo. Y sobre todo, el ritmo de las investigaciones hace que sea difícil programar los trabajos del futuro en las Universidades de hoy, lo que hace muy vulnerables a los trabajadores actuales (que no saben cómo formarse), sobre todo a los jóvenes que van a trabajar en 2030. Eso sí, está claro que esta Cuarta Revolución Industrial va a exigir formarse en las carreras llamadas STEM (siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés) más biotecnología, análisis de datos, programación y digitalización. Y que los trabajos del futuro requerirán una “formación permanente”.

La Cuarta Revolución Industrial no sólo va a provocar una pérdida de empleos actuales y la creación de otros nuevos, sino que va a aumentar las desigualdades entre los trabajadores, según los expertos. Porque habrá una mayoría de trabajadores poco formados, que harán trabajos poco especializados y en riesgo (mal pagados), y una minoría de trabajadores “superespecializados”, los que alimentarán a las máquinas y programarán los procesos digitales, que disfrutarán de los mejores empleos y salarios. Eso provocará además importantes “migraciones laborales” hacia las regiones y ciudades que sean líderes de la Economía 4.0. Y podrían estar en una parte de EEUU y Asia, sobre todo en China: actualmente ya, 9 de las 15 ciudades económicamente más importantes del mundo están en China (en Europa, sólo Londres figura en este ranking).

Hay otro tema de fondo que provocará la Cuarta Revolución Industrial, el “darwinismo tecnológico”: quien no se adapte a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos, y quede fuera de las grandes redes que controlarán el mundo, quedará al margen laboral y socialmente. Si los humanos, durante miles de años, han sido necesarios para la economía y para la guerra, ahora, con las máquinas haciendo muchos de sus trabajos, “perderán valor”. Esa amplia masa de trabajadores que no se adapten será “la clase inútil”, como les llama Yavul Noah Harari, el autor del extraordinario libro “Sapiens”, en su segundo libro sobre el futuro, “Homo Deus” (muy recomendable), donde plantea el problema de una futura sociedad donde unas élites humanas (incluso mejoradas genéticamente y con aditamentos digitales incorporados) podrían dominar sobre la gran masa de la población y las instituciones económicas y políticas. La cuestión que plantea es clave: qué ocurrirá con los humanos cuando manden los algoritmos y las grandes redes inteligentes (uno o varios Googles superpoderosos") controlen la economía, el mundo y nuestras vidas.

Mientras esto llega  o no (la mayoría no lo veremos), resulta más importante afrontar lo más inmediato, esa pérdida de un tercio del empleo en sólo 12 años. Hay países que llevan ya varios años preparándose, sobre todo Alemania, que trabaja en la Industria 4.0 desde 2011, con la colaboración del Gobierno y sus multinacionales. Y lo mismo Estados Unidos, Japón, Reino Unido, los países nórdicos, Corea del Sur, Singapur y China, que puso en marcha un plan para digitalizar sus industrias básicas ya en 2008. De hecho, los expertos de Google han advertido que China superará a EEUU en inteligencia artificial para 2025.

Entre tanto, España sigue con su retraso digital y sin invertir en Ciencia, a pesar de las advertencias internacionales. Un informe de la Comisión Europea sitúa a España en el pelotón de cola de la Industria 4.0, entre los países que llama “titubeantes”, junto a Italia, Portugal, Polonia, Estonia, Croacia y Bulgaria. Y la OCDE critica que falten iniciativas de empresas punteras en economía digital, en automatización e inteligencia artificial, por falta de apoyo público y de inversión privada (capital riesgo), como se da en USA, Asia y parte de Europa. Y además, añade el informe de BBVA Research e Ivie, un tercio de los jóvenes españoles “no están preparados para los retos de la transformación digital”.

España tiene que “ponerse las pilas” y sumarse a los países que afrontan los retos de la Cuarta Revolución Industrial”, para que sea una oportunidad de futuro no sólo un riesgo. Habría que crear una Comisión oficial, como ha hecho Theresa May en Reino Unido, para estudiar el futuro del trabajo y las medidas a tomar. Por un lado, aprobar un Plan de modernización digital con presupuesto y medios (no la inútil Agenda Digital aprobada en 2013), con participación pública y de las empresas privadas. Por otro, resulta clave actuar en tres frentes, como propone el informe de BBVA Research e Ivie. Uno, el educativo: reformar a fondo las enseñanzas universitarias, para enseñar los empleos del futuro, reformando toda la formación de parados y ocupados, para reciclarlos a fondo. Otro frente es la regulación del mercado laboral, para adaptarlo a un tipo de trabajo distinto, más flexible pero que debe ser regulado (caso de las plataformas de servicios hoy), asegurando derechos frente al todo poderoso mundo digital. Y el tercero, la protección social y la redistribución: muchos van a quedar por el camino y eso obliga a ayudarles desde el Estado (renta básica), que debe resolver el problema de recaudar más con menos empleos. Y eso plantea también un dilema a la supervivencia de las pensiones y el Estado del bienestar en el futuro.

El futuro asusta a cualquiera, pero más si no se prepara. No podemos ir contra las máquinas inteligentes, como los obreros no podían ir contra los telares y las cadenas de montaje. Hay que intentar sacar lo más positivo posible de la tecnología y que mejore el mundo y nuestras vidas, no lo destruya. Pero eso exige reciclarse, adaptarse, como personas y como país. Otros lo están empezando a hacer y España no. Corremos el riesgo de perder este tren y quedar en el pelotón de países de segunda fila, que no protagonicen el futuro. Pero también en esto, nuestros políticos están al margen. Y los sindicatos y la mayoría de empresas y trabajadores. Urge afrontarlo.