Plan de vivienda: muchas trampas y poco dinero

El Gobierno ha aprobado el Plan de vivienda 2018-2021, dicen que “el más social de la historia”. Pero está repleto de “trampas”, para gastar lo menos posible, un 43% menos que su anterior Plan 2013-2016. Para ello limitan las ayudas a alquileres de 600 euros (o 900), que apenas hay, con limitaciones de ingresos que dejan fuera a muchos. Y se aprueba tarde, sin aportación autonómica este año. Resultado: 88 euros de ayuda al mes para medio millón de españoles. Menos de lo que cuesta rescatar las autopistas. El Plan debería volcarse sólo en el alquiler y actuar sobre la oferta, no sobre la demanda: si los alquileres están disparados es porque hay pocos. La solución es doble: incentivos fiscales para que se alquilen parte de los 3 millones de pisos vacíos y dedicar el triple de dinero para  promover viviendas públicas en alquiler. Poner en el mercado 1 millón de alquileres más, una parte públicos y a bajo precio, como en Europa. No un Plan engañoso, que "racanea" ayudas y hará subir los alquileres.

enrique ortega

La vivienda preocupa cada vez más a los españoles que no tienen piso propio. Y es normal, porque los precios de las casas llevan años subiendo sin parar (más de un 20%) y en 2017 se han encarecido otro 6,2%, la mayor subida en 10 años. Y los alquileres suben aún más, un 25% en los dos últimos años,  con lo que alquilar un piso en una gran ciudad cuesta ya entre 900 y 1.500 euros (si se encuentra). Un alto coste que ha disparado los desahucios de familias que no pueden pagar el alquiler: 35.666 desahucios en 2017, 150 cada día laborable, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y mientras, los jóvenes y las familias recién creadas tienen contratos precarios y sueldos mileuristas, con lo que no pueden comprar ni alquilar, obligando a muchos (el 80,6% de los jóvenes) a vivir con sus padres.

En medio de este panorama, el Gobierno Rajoy aprobó el 9 de marzo el Plan de Vivienda 2018-2021, con 15 meses de retraso y una prórroga en 2017 del anterior Plan 2013-2016. Y lo ha “vendido” a todo trapo como “el Plan más social de la historia” (PP dixit), que intenta ayudar a los españoles a alquilar o comprar una vivienda. Pero el Plan está repleto de “trampas”, porque tiene un objetivo de partida: gastar lo menos posible. De entrada, el Plan de vivienda 2018-21 contempla un gasto del Estado de 1.443 millones de euros, dicen que un 62,4% más que el Plan anterior. Primera “trampa”: lo comparan con el gasto realmente hecho en esos cuatro años (888,21 millones), no con el Presupuesto que tenía el anterior Plan (2.311 millones), como debe ser. Y entonces resulta que van a gastar un 43% menos. Y eso si lo cumplen, porque este año está medio perdido y las autonomías, que son las que gestionan el Plan, no aportarán un euro este año, porque ya tienen aprobados y en marcha sus Presupuestos. Además, las autonomías gobernadas por el PSOE se quejan del reparto de las ayudas por autonomías, por "opaco" e injusto.

Se trata pues de un Plan “social” para la galería pero casi con la mitad de dinero que el anterior, gracias a que ponen “trampas” por todos lados para gastar menos. Por un lado, las ayudas al alquiler son para alquileres de no más de 600 euros al mes (apenas hay), que pueden subir a 900 euros en algunas  ciudades (hay 3.800 alquileres de 900 euros en Madrid y Barcelona, según el portal Idealista.com, el 1% del total). Por otro, en la letra pequeña del BOE (no lo dijo el ministro al “vender el Plan) han incluido una limitación a los beneficiarios de la ayuda al alquiler de 35 a 65 años: no pueden ganar más de 806,76 euros al mes (si viven solos), más de 1.075 euros si son dos y no más de 1.344 euros al mes si son tres, lo que deja a muchos españoles fuera. Y a la hora de ayudar a los jóvenes a la compra de pisos, sólo aportan 10.800 euros (el 10% de una casa de 100.000, el tope que permiten) y sólo incluyen viviendas en ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde únicamente viven el 11% de los jóvenes españoles (cuyo problema es comprar o alquilar en grandes ciudades).

Además, y para enfadar aún más a los jubilados, el nuevo Plan de Vivienda tiene otra “trampa” escondida: quita el pago de 200 euros que se estaba dado a algunos mayores de 65 años que tenían piso en propiedad, para ayudarles a pagar la comunidad o algunos recibos. Con todo ello y con un abanico de requisitos muy estrictos en todas las ayudas (al alquiler, la compra y la rehabilitación), el Plan prevé “ayudar” a 557.109 beneficiarios en cuatro años. Si a los 1.443 millones que pone el Estado sumamos lo que van a poner las autonomías (un 30%, a partir del año que viene), otros 328 millones, el gasto total en el Plan de vivienda 2018-2021 será de 1.771 millones de euros, lo que da una ayuda media por beneficiario de…88 euros al mes. Una “miseria” como para ayudar de verdad a comprar o alquilar. Y con ello, el Gobierno Rajoy dedicará a la vivienda menos dinero del que nos costará rescatar las autopistas de peaje privadas (mínimo: 2.500 millones de euros).

El Plan de vivienda 2018-2021 tiene tres patas. La primera y fundamental son las ayudas al alquiler, que varían según la edad del que las solicite. Para los jóvenes (menores de 35 años) y mayores de 65 años, se les subvenciona por tres años el 50% del coste del alquiler, pero con el tope de 600 euros (y 900 en algunas ciudades). Eso sí, la condición es que ganen menos de 22.558 euros al año. En el caso de familias desahuciadas, se les subvenciona el 100% del alquiler, pero hasta un máximo de 400 euros (dónde hay alquileres de 400 euros?: otra trampa más). Para los españoles de 35 a 65 años, la ayuda es menor, del 40% del alquiler, y sólo se les da si ganan entre 11.182 (solteros) y 18.798 euros (3 personas), lo que restringe mucho. Y además, hay una novedad: por primera vez el Plan subvenciona a los promotores privados que hagan viviendas para alquilar (con 350 euros/m2), una buena iniciativa que puede fracasar, como ha pasado con las ayudas a las viviendas de protección oficial (VPO), si no se facilita esta construcción privada, quitando burocracia y poniendo suelo público en manos de los promotores privados. También se ayuda a los promotores que construyan pisos con servicios comunes para alquilar a mayores, otra buena idea que algunos promotores critican  porque está llena de restricciones.

La segunda pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes, poco más que “simbólicas”, porque las restringen a viviendas en ciudades de menos de 5.000 habitantes, donde sólo viven el 11% de los jóvenes, según el portal idealista.com. Y otra limitación: la ayuda tiene un tope de 10.800 euros, un 10% del precio máximo de coste de la vivienda, 100.000 euros (UGT dice que la ayuda “es un espejismo: no da ni para pagar el notario y los gastos). Los expertos critican que se ayude a la compra, cuando un joven debería dedicar un 61% de sus ingresos (898,35 euros de media, según el Observatorio de la Juventud) a pagar una hipoteca, algo que les invalida como clientes ante los bancos. Y algunos creen que el Gobierno sólo busca con esta ayuda dar salida a los pisos que no consiguen vender los bancos y la SAREB (el “banco malo”), situados muchos en pequeños municipios.

La tercera pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la rehabilitación, “una guinda” para decorar el Plan, que contempla ayudas del 35 al 40% de la inversión, incluyendo por primera vez las viviendas unifamiliares y rehabilitar viviendas aisladas, no edificios enteros. Esta ayuda tampoco ha funcionado en el Plan anterior (25.880 actuaciones en 2016), pero podría ser una buena salida para familias con viviendas antiguas, aunque no sea la prioridad.

Al final, la primera crítica que puede hacerse al Plan de Vivienda 2018-2021 es que tiene recursos muy escasos, un 43% menos que el Plan anterior. Y además, tiene tantas “trampas” y requisitos por todos los lados, que lo normal es que no se gaste lo presupuestado (el Plan 2013-2016 gastó solamente el 38,43%). Pero aunque se gastara todo, sería un esfuerzo mínimo: 1.771 millones en cuatro años, 442 millones anuales, el 0,04% del PIB, un porcentaje ridículo comparado con lo que gastan la mayoría de países en subsidios a la vivienda, según la OCDE: 1,41% del PIB Gran Bretaña, 0,83% Francia, 0,59% Alemania o 0,45% Suecia. Y Eurostat acaba de publicar las ayudas públicas a la vivienda y equipamientos colectivos en Europa en 2016: 0,6% de media en la UE-28, 1,1% en Francia o  0,7% en Gran Bretaña o Italia  frente al 0,5% en España y  0,4% en Alemania. Y un dato más: sólo la ciudad de Viena gasta cada año en vivienda social 600 millones de euros, más que toda España al año con este Plan 2018-2021.

Pero la principal crítica de fondo al Plan de Vivienda 2018-2021 no es que “racanee” con las ayudas y gaste poco: es que está mal orientado. El problema de la vivienda, sobre todo del alquiler, no está en la demanda, sino en la oferta: hay pocos pisos en alquiler y por eso los alquileres se han  disparado. Por eso, ayudar al alquiler acabará traduciéndose en nuevas subidas de los alquileres, como denuncian los portales inmobiliarios y han demostrado algunos estudios universitarios: si el propietario sabe que ahora le subvencionan al inquilino el 40 o el 50% del coste, tenderá a subirlo, porque no se notará tanto con la ayuda. Así que el dinero público del Plan acabará en el bolsillo de los arrendadores. La alternativa es gastar ese dinero en aumentar la oferta, en ampliar el número de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, lo único que bajaría los precios y ayudaría de verdad a los inquilinos.

Hay dos vías para actuar y conseguir que haya más pisos en alquiler. Una, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) a que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno Rajoy, que en mayo de 2015 rebajó la deducción fiscal a los propietarios que alquilaban, del 100% al 50% del alquiler, y se la quitó a los inquilinos. Hay que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos se alquilen, no por la fuerza, obligando al dueño (eso nunca funciona) sino convenciéndole de que le sale rentable (y “garantizándoles” el cobro de los alquileres). La otra vía es crear un parque público de viviendas en alquiler, a partir de las viviendas protegidas (VPO) vacías (15.000), las viviendas del “banco malo” SAREB (76.000), viviendas que se compraran a bancos y particulares a precios razonables y nuevas viviendas que podrían promover Ayuntamientos, autonomías, ONGs y Fundaciones si tuvieran ayudas, lo que apenas se contempla en este Plan de Vivienda. Podrían ser otras 500.000 viviendas en 4 años.

Y con ellas, tendríamos un parque de 1 millón de nuevas viviendas para alquilar, que forzarían a la baja los alquileres, la mejor ayuda. Y en la parte de las viviendas públicas, podría reservarse una parte para familias sin casi recursos, alquileres sociales de 150 a 400 euros, que no se contemplan en este Plan. Crear un gran parque público de viviendas en alquiler no es una propuesta “de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, para permitir que alquilen los que no pueden pagar un alquiler de mercado. Holanda tiene 2.300.000 viviendas públicas en alquiler, el 32% del mercado, Austria el 24%, Dinamarca el 19%, Suecia el 18%, Reino Unido el 18%, Francia el 16%, Irlanda el 9%, Alemania el 2% (1 millón de viviendas) y España… el 2%, unas 300.000 viviendas, según datos oficiales. 

Menos gasto público y menos ayudas a la vivienda cuando en España hay un problema grave de alojamiento para tres colectivos: jóvenes, ancianos y pobres. El 80,6% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres: son 5.236.856 jóvenes que no pueden emanciparse. Dar alojamiento a la cuarta parte supone buscar alquiler para 1.300.000 jóvenes. De los mayores de 65 años, el 91% es propietario de su vivienda, pero el resto, unos 800.000 mayores, viven de alquiler y algunos con dificultades. Ayudar a la cuarta parte supone buscar alojamiento a 200.000 mayores. Y hay 10,5 millones de españoles en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media), de ellos 3 millones de pobres en situación precaria. Buscar alojamiento a la mitad supone sumar 1.500.000 personas más a la lista de los que tienen más problemas de vivienda, 3 millones de españoles en total. Y el Plan de vivienda 2018-2021 pretende ayudar a sólo 557.000, en el mejor de los casos.

Necesitamos un Plan de vivienda más ambicioso, que al menos triplique los beneficiarios (1,5 millones, la mitad de los que realmente necesitan ayuda) y el gasto en vivienda, hasta los 5.000 millones de euros en cuatro años. No es un objetivo descabellado si España recaudara más impuestos, como el resto de Europa (ingresamos 72.000 millones menos cada año por el mayor fraude fiscal y porque pagan poco grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). Y si destinamos las ayudas, no a financiar a los arrendadores sino a poner en alquiler viviendas vacías y crear un parque público de 500.000 nuevas viviendas en alquiler, para los que no pueden pagar los alquileres de mercado. Todo lo demás son “trampas” y “demagogia”, disfrazados de un Plan de vivienda  “el más social de la historia". Otro engaño más.