UE: vía "medio libre" a la agricultura transgénica
La noticia ha pasado desapercibida: el Parlamento Europeo
aprobó en junio la utilización de semillas y plantas transgénicas, que llevan
décadas prohibidas en Europa (por presión de los ecologistas) mientras se
utilizan en el resto del mundo (apoyadas por los científicos). Con todo,
esta autorización conlleva muchas restricciones y no entrará en vigor
hasta julio de 2028. Pero los expertos creen que es un avance histórico
que mejorará la competitividad de la economía europea, al
permitir nuevas técnicas de edición genética (la tecnología CRISPR) para introducir
variantes de plantas más resistentes al calor, la sequía y a distintas enfermedades.
Una hibridación o selección de plantas que ha hecho el hombre de forma natural en
los últimos 10.000 años de agricultura y que ahora puede hacerse en horas y no
en décadas, sin riesgo para la salud y el medio ambiente, según los
científicos. España será uno de los paises más beneficiados
por los futuros transgénicos, para adaptar mejor nuestra agricultura a la
sequía y las altas temperaturas. Y para tener alimentos menos caros.
Maíz transgénico más resistente a la sequía, cultivado en España
Las plantas
transgénicas son aquellas semillas para cultivo que se han modificado
genéticamente para aumentar su rendimiento o su resistencia a las
plagas, aumentar su resistencia a la sequía o mejorar sus propiedades
nutritivas. Los agricultores de todo el mundo llevan 10.000 años
hibridando semillas y seleccionando variedades de forma natural, un
proceso que tarda décadas o siglos en alcanzarse. En las últimas décadas, los
científicos han descubierto sistemas para modificar genéticamente
semillas en el laboratorio (organismos modificados genéticamente, OMG) y en
los últimos años se ha descubierto una nueva técnica de manipulación genética, la
tecnología CRISPR, que es más fácil de utilizar y que consigue en días
una semilla modificada que no se distingue de la natural.
Las primera manipulación genética de semillas la protagonizó,
en los años 60 del pasado siglo, el ingeniero agrónomo norteamericano
Norman Borlaug : creó
una variedad de trigo (“variedad Borlaug”) que se
adaptaba mejor a la sequía y a las plagas, semilla
que donó gratis a toda América y a los paises en desarrollo de Asia y
África, lo que salvó
millones de vidas y le valió el Premio Nobel de la Paz en 1970. En 1983,
cuatro grupos de investigación (entre ellos la multinacional Monsanto)
anunciaron la creación de plantas transgénicas, en un largo proceso de
investigación que se acelera en 2003, con la proliferación de semillas genéticamente
modificadas y el posterior escándalo por la operativa de Monsanto:
vendía sus semillas modificadas a los agricultores de paises pobres, que
mejoraban sus cultivos a costa de pagar altos precios por la licencia, con
litigios por reutilizarlas sin permiso.
El auge de las plantas transgénicas y la imposición de su
monopolio por un reducido grupo de multinacionales provocó una protesta
internacional, que se concentró el 18 de julio de 2013 en 40 paises,
promovida por los ecologistas y en
especial Greenpeace, que considera a los transgénicos un
riesgo para la salud (habla de “comida Frankenstein”) y
para el medio ambiente. Enfrente, científicos
de todo el mundo y expertos en agricultura y alimentación rechazan estas
críticas y consideran que los transgénicos permiten mejorar
ciertos alimentos, como el
arroz dorado, una variante creada en 1999 para producir un arroz que
facilita la creación por el organismo de vitamina A (la OMS señala que su
carencia afecta a 250 millones de niños en el mundo, de los que 500.000 se
quedan ciegos cada año).
La realidad es que los transgénicos se han ido
desarrollando por todo el mundo en este siglo, desde EEUU y Canadá a México,
Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica, para extenderse después por Asia
y África. Actualmente China
acapara el 70% de las patentes de semillas “editadas” y también avanzan en
India, Filipinas, Japón y Australia. En África, en 2024 había una
docena de proyectos de edición genética de
plantas de cultivo, desde el sorgo (un cultivo esencial para los
africanos) a la judía carilla, con proyectos ya aprobados en Kenia, Nigeria y
Malawi y otros en trámite en Uganda y Etiopía.
El avance por el mundo de las semillas transgénicas (el
maíz resistente a infecciones, el mijo perla que no se oxida al molerlo, los cacahuetes
refractarios a los hongos cancerígenos, el arroz que ayuda a incorporar la
vitamina A…) se aceleró en 2012, cuando se empezó a utilizar en la agricultura
la
tecnología CRISPR, que permite apagar o modificar genes propios de la
planta (nuevas técnicas genómicas, NGT) y también agregar ADN de otras
especies (lo que da un organismo modificado genéticamente o transgénico). La
primera modificación produce una semilla idéntica a la natural (indistinguible
de la original) y es la más utilizada. Esta nueva tecnología CRISPR ha
permitido dar un gran salto a los investigadores de nuevas semillas en África y otros paises pobres, por dos razones.
Una, que es una tecnología barata y fácil de usar. La otra, que no
requiere disponer de material genético extraño: puede introducirse en la
planta una variante genética que ya existe en la naturaleza. Se
trata de hacer en el laboratorio los “cruces de semillas” que llevan haciendo
10.000 años los agricultores de todo el mundo, pero ahora se puede conseguir en
el laboratorio esa “hibridación natural” en minutos y no en décadas como ha
sucedido a lo largo de la historia. Y así se producen semillas más resistentes
a sequía a enfermedades, con más alimento o más productivas.
Europa ha estado al margen de todos
estos avances en la producción de nuevas semillas, ha sido “una isla sin
transgénicos”, debido a la fuerza de las asociaciones ecologistas, que
han contagiado
sus recelos a los agricultores europeos y a los despachos de Bruselas. Ya
en 2001, la Comisión aprobó una Directiva 2001/18
que prohibía la utilización de semillas transgénicas, a la que siguieron dos
Reglamentos en 2003, otro Directiva 2009/41 y otra
Directiva 2015/412. La UE sólo permitió, en 2004, el cultivo de un tipo
de maíz modificado (el maíz BT, variedad MON 810, resistente a la plaga del
“taladro”), que prácticamente solo se
cultiva en España (y un poco en República Checa y Rumania): tenemos sembradas
107.000 hectáreas de este maíz modificado, sobre todo en el Valle del
Ebro (el 60% en Aragón) y también en Cataluña, Extremadura y Andalucía, lo que nos ha permitido ahorrar 193 millones
en importaciones, según
la Fundación Antama.
Tras la aparición en 2012 de la tecnología CRISPR, muchos científicos
y agricultores pidieron a Bruselas que revisara su prohibición a las
semillas modificadas genéticamente. Pero no hizo cambios. Es más, en julio de
2018, el Tribunal de Justicia de la UE lanzó un jarro de agua fría
contra los transgénicos al emitir una sentencia (tras una “consulta” de agricultores
franceses, apoyados por su Gobierno) donde señaló que “los organismos editados
con CRISPR podían presentar los mismos riesgos para la salud humana y el medio
ambiente que supuestamente presentaban los transgénicos” (sin ninguna
evidencia).
La comunidad científica rechazó esta sentencia
y pidió
a la Comisión Europea que revisara su política, porque estaba
impidiendo a los agricultores europeos de los beneficios que ya reportaba la
edición de semillas en el resto del mundo. Finalmente, la Comisión reaccionó
3 años después, en abril de 2021, con un informe donde reconocía por
primera vez el problema y anticipaba que debía actualizarse la legislación
europea para incorporar nuevas técnicas de edición genética como CRISPR. Y
añadía que debería realizarse una consulta pública entre todos los implicados.
Pero la UE no tuvo prisa en reaccionar y hasta julio de 2023 no elaboró
una propuesta de normativa, que tardó otros tres años más, hasta abril
de 2026, en ser aprobada por el Consejo Europeo. Y finalmente, la
apertura a los transgénicos se aprobó en el Parlamento Europeo el 17 de
junio, con los votos en contra de Verdes y La izquierda.
Una, las
NGT-1, plantas con un número limitado de
cambios genéticos (hasta 20 letras), que podrían haberse
producido mediante la mejora tradicional (hibridación de semillas por los
agricultores) y donde la tecnología CRISPR crea una semilla “indistinguible”
de la original (pero con múltiples ventajas sobre ella). Por eso serán tratadas
como plantas “convencionales” y los alimentos elaborados con ellas ya no informarán
del cambio, aunque se mantendrá un listado público de estas nuevas semillas y
alimentos. Además, las plantas diseñadas para que tengan más tolerancia a
herbicidas o a producir sustancias de autodefensa (insecticidas) no podrían
inscribirse como plantas NGT1, que tampoco podrá utilizar la agricultura
ecológica. Dos restricciones que rechazan
los científicos y muchos expertos, como la limitación a modificar
sólo 20 letras de los genes, por injustificadas y no existir en otros paises.
La segunda variante que se regula, las
plantas NGT-2, son plantas que han sufrido modificaciones
genéticas más extensas o complejas , por lo que van a tener una
regulación mucho más restrictiva: deberán estar sujetas a una evaluación de
riesgos y deben obtener una autorización previa antes de
comercializarse en la UE. Además, la trazabilidad y el etiquetado
informativo seguirán siendo obligatorios en la UE, no sólo para las
plantas originarias de Europa sino para las semillas y alimentos importados del
resto del mundo.
A pesar de estas restricciones, los científicos y muchos
expertos creen que es
un avance histórico para la agricultura en Europa, que podrá ser
más innovadora y competitiva sin perder seguridad (aunque habrá que esperar a
2028), permitiendo a los biólogos y agricultores acceder a las herramientas
CRISPR para mejorar semillas y plantas, para desarrollar variantes que
resistan más la sequía y las plagas o que sean más resistentes a las enfermedades
y requieran menos pesticidas (plantas NGT-2). Eso sí, con
más limitaciones que los agricultores de otros paises
con los que compite Europa y con retraso, ya que no se
podrán cultivar estas plantas modificadas antes de julio de 2028.
España va a ser uno de los paises más beneficiados
de estos cambios europeos sobre la modificación genética de plantas, no
sólo porque somos “la despensa de Europa” (con un récord
de 19.500 millones en alimentos exportados en 2025) sino porque nuestra
agricultura sufre más los daños del cambio climático, desde la sequía a
las lluvias torrenciales o los fenómenos extremos (heladas, pedrisco, etc.). Los
expertos
reiteran que las nuevas herramientas CRISP permiten crear variedades
de frutas y cereales que requieren menos agua y soportan mayores temperaturas,
lo que debería aumentar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura
(y ganadería: también permite modificar genéticamente vacas para que produzcan
más leche a pesar de las olas de calor…). Y también señalan los científicos que
se pueden desarrollar plantas más resistentes a plagas y enfermedades,
lo que reduciría el gasto en productos fitosanitarios (los agricultores
gastan 2.500 millones de euros al año), reduciendo su presencia (antibióticos)
en los alimentos finales.
Además, España es un
país con gran potencial en biotecnología, con numerosos
laboratorios y empresas de investigación, que deberían aprovechar estos dos
años de “tregua” para investigar nuevas variantes para la agricultura y
ganadería, para
aprovechar este retraso normativo para tener listas las nuevas
variantes en julio de 2028, apoyados por la Administración y las
Universidades. Y además, podría abrirse con ello un nuevo mercado de
exportación de semillas modificadas, al resto de Europa, África, Asia y
Latinoamérica.
En paralelo, Europa
y España deben garantizar a agricultores y ganaderos el acceso a las
nuevas variantes modificadas de semillas y animales, tanto con unos precios
asequibles como con unas condiciones y contratos que no sean “leoninos”
(evitar el “ejemplo Monsanto”) y que permitan la reutilización accesible de
semillas modificadas. Además, la
transparencia debe regular
todo el proceso, desde el origen al supermercado,
para que el consumidor conozca la trazabilidad y seguridad de los alimentos “transgénicos”,
apoyada en informes científicos que nos certifiquen su seguridad para la salud
humana y el medio ambiente. Han sido décadas en que ecologistas y
agricultores nos han hecho recelar de estos productos como para que ahora
los aceptemos a la primera. Europa y España deben hacer
campañas públicas a favor de
los alimentos modificados genéticamente, sus ventajas y
bondades. Y a partir de ahí, avanzar en este segmento de la agricultura
innovadora que podría traernos más alimentos y menos caros. Esperemos.
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