Coronavirus: Ojo a bajar la guardia

Tras 4 semanas de confinamiento y menos contagios nuevos, crece la presión por suavizar el encierro. Ojo: si se hace demasiado pronto, el repunte puede ser mortal, advierte la OMS. Porque no sabemos cuántos contagiados hay ocultos en casa: entre 1,8 y 19 millones, según el Imperial College. Averiguarlo exige hacer estudio epidemiológico a 30.000 familias. Y reforzar la sanidad. Pero la emergencia económica presiona contra el confinamiento: millones de empresas cerradas y 1 de cada 4 ocupados con su empleo perdido temporal o definitivamente. Un drama al que se destinan 128.288 millones, que hipotecan nuestro futuro en la mayor recesión mundial desde 1929. Y con sólo 60.000 millones en créditos de Europa, sin un Plan europeo de reconstrucción porque Alemania, Holanda y Austria tienen elecciones en 2021 y temen el avance de la ultraderecha si ayudan más al sur. Igual que el PP con Vox, lo que impide unos Pactos aquí. Pero eso sería después, para la reconstrucción. Ahora toca seguir en casa, hasta mayo, y salvar vidas. 

enrique ortega

Hoy, lunes 13 de abril, se cumplen 103 días de la aparición del coronavirus en Wuhan (China), una pandemia que ha contagiado ya a 1.800.791 personas en 185 paises, provocando 110.892 muertos. España es el 2º país del mundo con más contagios (166.019), tras Estados Unidos (532.339), por delante de Italia (156.363), Francia (130.730), Alemania (125.975), Reino Unido (85.175) y China (81.134 contagios), según la Universidad Jhons Hopkins. Y somos el 3º país con más muertos (16.972), tras EEUU (20.558) e Italia (19.899) y más que Francia (13.832), Reino Unido (10.612), China (3.343) o Alemania (2.871), aunque tenemos menos letalidad (muertos/contagiados) que muchos paises europeos: 10,22% frente al 14,75% de Francia, 12,79% de Italia, 12,50% de Reino Unido, 11,94% de Bélgica o 10,83% de letalidad en Holanda. Y tras cuatro meses de duro confinamiento, el ritmo de nuevos contagios ha bajado, del 32% que crecían el 14 de marzo al 2,57% que aumentaron ayer domingo.También se ha suavizado el número de hospitalizados (56.972 ayer), los enfermos en la UCI (4.868 frente a 6.092 el 1 de abril) y los muertos (de 950 el 1 de abril a 619 ayer), aunque siempre son “demasiados”.


Con todo, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus sigue siendo muy dispar por autonomías, concentrándose la pandemia en Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla la Mancha (azul más oscuro en el mapa), junto a Castilla y León, Aragón y Cataluña (azul medio) y con menor incidencia en Galicia, Levante, Extremadura y Andalucía (ver mapa). Los contagios han crecido en la última semana en Castilla la Mancha (415 por 100.000 habitantes) y Castilla y León (279), bajando en el resto, aunque siguen estando por encima de la media (185,48 por 100.000 habitantes) en la Rioja (520), Castilla la Mancha (415), Madrid (358), Navarra (299), Castilla y León (279), Cataluña (247) y País Vasco (227). Y siguen muy bajos en Canarias (36,8 por 100.000 habitantes), Murcia (38,6), Baleares (50), Melilla (57,8) y Andalucía (63), según los datos de Sanidad. Eso sí, mientras los hospitalizados bajan en la España con más contagios, suben en Andalucía, Balares, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana. Y también la ocupación de las UCIs en Cataluña, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana. En cuanto a los muertos, la mayor letalidad (muertes/contagiados) sigue en Madrid (13,47%), Extremadura (12,09%), y Castilla la Mancha (11,26%), todas por encima de la media española (10,22%), seguidas de Cataluña (10,11%), Castilla y León (10,07%) y Aragón (10,05%). 


Ahora, el doble objetivo de Sanidad es reducir el ritmo de nuevos contagios (que decrezcan) y que las altas superen a los nuevos enfermos (3.441 altas ayer frente a 4.167 nuevos contagios). Y en paralelo, seguir reforzando los hospitales (con más test al personal sanitario, equipos de protección, respiradores y camas de UCIs), tanto los de las regiones saturadas como los de las autonomías que están viendo subir los contagios y hospitalizaciones. Y a la vez, controlar las 5.417 residencias de ancianos que hay en España, sin medios para afrontar una pandemia que se ceba en los más mayores (el 86,2% de los muertos tienen más de 70 años).


A la vista de esta “cierta mejoría” de la emergencia sanitaria (no olvidemos que hay 619 muertos diarios), muchas voces piden suavizar el confinamiento, permitiendo algunas salidas a la calle (niños, hacer deporte, etc.) y abrir más actividades, con la vuelta al trabajo hoy en la construcción y algunas industrias (por presión indudable de las grandes empresas). Pero ojo: sería un grave error suavizar o levantar el confinamiento demasiado rápido, porque “el repunte de la enfermedad podría ser mortal”, como acaba de advertir la OMS. Y eso porque no sabemos el alcance real de la pandemia, sólo los 166.000 que han sigo oficialmente contagiados. Pero hay millones de españoles contagiados (asintomáticos) ocultos en sus casas, que si salen sin saberlo pueden provocar una segunda oleada de coronavirus. La única estimación disponible es la del Imperial College, que da una horquilla de 1,8 a 19 millones de españoles que pueden estar contagiados, con 7 millones de contagiados posibles. 


Para conocer el alcance real de la pandemia, Sanidad va a iniciar esta semana un Estudio epidemiológico a 30.000 familias en toda España (63.000 pruebas), cuyo resultado no se conocerá (hay que repetir la prueba en 3 semanas) hasta dentro de un mes. Por eso, todo apunta a que seguiremos confinados hasta el 10 de mayo. Recordemos que Wuhan ha estado confinado 11 semanas y que Italia lleva desde el 11 de marzo y lo ha ampliado otra vez hasta el 3 de mayo. Y la mitad del mundo está con medidas de confinamiento, con retraso sobre España y con menos dureza: sólo Italia, Francia y USA están en estado de emergencia y en la mayoría de paises se permiten algunas salidas de niños y deportistas (ver cuadro sobre las medidas de confinamiento por paises). Eso sí, el confinamiento es muy desigual, según el tamaño de las casas (España está en la media) y, sobre todo, según los ingresos de los confinados: en España, la tasa de hacinamiento de los más pobres es de 5, 21 frente al 1,01 de los más ricos, una brecha menor a la de Francia o Alemania, según la OCDE. Por favor, cuando le agobie el confinamiento, mire esta foto: un padre, una madre y dos hijos (6 y 15 años), peruanos, confinados en Madrid, los cuatro en una habitación de 2 metros de ancho por 4 de largo...


La duración del confinamiento deberían fijarla los expertos y la emergencia sanitaria, para no perder lo ganado. Pero presionan para suavizarlo el cansancio de las familias y, sobre todo, las empresas cerradas, que temen no sobrevivir si el confinamiento económico se mantiene. De momento, los datos de la emergencia económica son tremendos. El Gobierno confirma, a través del ministro Escrivá, que se han presentado unos 400.000 expedientes, que suponen la pérdida temporal de empleo de 3 millones de trabajadores, más 850.000 autónomos que han pedido el cese temporal de actividad, según dijo Pedro Sánchez en el Congreso. Y a eso hay que sumar los 900.000 empleos perdidos (despidos) de marzo, a los que habrá que sumar otros 750.000 este mes de abril, según estima FUNCAS. En total, 5,5 millones de españoles que han perdido temporal o definitivamente su empleo. Más de 1 de cada 4 ocupados (había casi 20 millones) afectados en su trabajo y sus ingresos, una emergencia económica sin precedentes, que nos lleva a una recesión desconocida.


El Gobierno Sánchez ha reaccionado (tarde, como todos) con distintos paquetes de medidas, que se aplican más lentamente de lo que se necesita, lo que agobia a los afectados. Hasta ahora, las ayudas a las empresas (119.000 millones en créditos y moratorias), a la sanidad (4.600 millones), a los trabajadores afectados (3.400 millones) y a las familias (1.100 millones) totalizan ya 128.288 millones, según el balance presentado esta semana. Y se estudian más medidas, como el retraso hasta mayo de los impuestos a presentar en abril por empresas y autónomos o ayudas para los que no tienen derecho a subsidio (una renta básica transitoria). La factura de la pandemia sigue creciendo y obligará al Estado a endeudarse más, por encima del billón de deuda que ya teníamos. Una losa sobre el futuro, sin contar con el dinero que va a exigir reconstruir la economía cuando salgamos del confinamiento.


De Europa vamos a tener poca ayuda. Se ha avanzado la semana pasada, aprobando tres programas de ayuda, uno para la sanidad (240.000 millones del Fondo de rescate, el MEDE, sin condiciones y vigilancia, como exigían Italia y España), otro para las empresas (200.000 millones de créditos del Banco Europeo de Inversiones) y otro para los trabajadores afectados (100.000 millones de créditos de la Comisión Europea para pagar desempleo). Pero ojo, son créditos que habrá que repartir entre los paises (a España podrían tocarnos 60.000 millones, la mitad de las ayudas aprobadas ya) y devolver. España no gana mucho con recibir estos créditos europeos en lugar de endeudarse en los mercados (hoy pagamos poco), aunque nos da una seguridad si los inversores no nos prestan mañana o nos piden más intereses, como en 2012. Pero lo que más necesita España, como Italia, es que Europa gaste dinero (no créditos) en un Plan de reconstrucción europeo, con potentes inversiones.


Y los paises del norte, que acaban de aceptar “un parche” de créditos insuficiente, evitan aprobar un Plan de reconstrucción europea potente, como se ha visto en las reuniones de estas semanas y como se verá en la próxima Cumbre europea del 23 de abril. Eso exigiría “mutualizar la pandemia”, repartir los gastos y emitir “eurobonos”, para financiar con este dinero (más barato que si se endeuda cada país) la reconstrucción. Pero eso no lo acepta la Europa del norte, que se niega a ayudar a la Europa del sur, como en la crisis del 2008, aunque ahora la pandemia no sea culpa “de los vagos latinos del sur”. Es un problema de falta de solidaridad, de egoísmo, de negarse a pagar más para ayudar a los otros, de una vuelta al nacionalismo. Un sentimiento y una ideología alimentada por los populismos y la extrema derecha europea. Por eso no quieren ceder los gobiernos democristianos y liberales del Norte de Europa: porque tienen miedo de que les supere la extrema derecha en las próximas elecciones de 2021 (en marzo en Holanda y en octubre y diciembre en Alemania y Austria). Sobre todo cuando la extrema derecha es la tercera fuerza política en Holanda y Alemania y la segunda en Austria. Por eso no nos ayudan a Italia o España, aunque lo camuflen con argumentos económicos y financieros.


Y lo mismo pasa en España. El PP teme que Vox rentabilice el malestar contra el Gobierno que ha provocado el coronavirus, por el retraso en el confinamiento (menor que en la mayor parte de los paises y más duro que en Francia, Reino Unido o EEUU: ver cuadro), por la falta de medios sanitarios (como en todos los paises, donde faltan mascarillas, respiradores y UCIs), por falta de ayudas a empresas, autónomos y trabajadores (en todos los paises se pide más), y, como no, por los errores y bandazos (como todos los Gobiernos) . Y aprovechan todo esto para criticar cada día al Gobierno, buscando ser tan duro como Vox y negándose a acuerdos. Por eso, es impensable que el PP apoye esta semana ningún Pacto, porque tiene su mirada puesta en que no le supere Vox por la derecha y en utilizar el coronavirus para tumbar al Gobierno (al que nunca han considerado "legítimo"). Pero la patronal, los empresarios, no deberían seguir esta estela y necesitan unir sus fuerzas con los sindicatos para seguir salvando empresas y empleos, al margen de los politiqueos, con un pacto social diario y no firmado, que afronte la emergencia económica con el Gobierno, como los sanitarios afrontan unidos la pandemia.


Ahora, la prioridad debe ser salvar vidas y no tiene justificación poner a nadie en peligro de contagio por salir a hacer deporte, pasear al niño o abrir una tienda, aunque estemos todos muy hartos de estar en casa o hayamos perdido el trabajo o el negocio temporalmente. Esta pandemia es algo muy serio y seguimos sin los medios necesarios (equipos, material, UCIs y personal)  para combatirla, en los hospitales y en las residencias de ancianos. Y seguimos librando 17 batallas contra el coronavirus, autonomía a autonomía y no todos juntos como país: es impresentable que hasta el miércoles santo no se haya enviado un paciente grave de Soria a Logroño. Hay que volcarse en la emergencia sanitaria, esa debe ser “la guerra de todos”, al margen de críticas inútiles y actitudes políticas interesadas. Ya habrá tiempo para reconstruir la economía, a partir de junio o julio, con suerte, si paramos el segundo aluvión de la pandemia, que llegará cuando se levante el confinamiento. Pero ahora, sigamos en casa para salvar vidas.

Confinamiento con luz más renovable

El coronavirus ha desplomado el consumo de electricidad, un -30% hasta Semana Santa. Se debe al parón en la economía, porque las familias, confinadas en casa, gastamos un 20% más de luz. Y aunque el precio bajó en marzo, el próximo recibo subirá entre 16 y 26 euros, mientras la luz seguirá bajando hasta otoño. Un dato muy positivo: en marzo, el 50% de la luz que consumimos fue renovable, algo histórico, gracias al mayor peso de las energías eólica y solar. Eso sí, es una excepción, porque aunque las renovables suponen el 50% de la potencia eléctrica instalada, sólo supusieron el 38,5% de la energía consumida en 2019 y el 45,7% en el primer trimestre de 2020. Y eso porque las eléctricas utilizan mucho el gas, ahora que está barato, que también emite CO2 (menos que el carbón, en desuso). El Gobierno mandó a Bruselas, el 31 de marzo, el Plan contra el Cambio Climático, cuyas inversiones y empleos ayudarán a reconstruir el país. Renovables contra el coronavirus.

enrique ortega

El parón de la economía por el coronavirus se ha reflejado fielmente en una caída drástica del consumo de electricidad, según los datos de Red Eléctrica: el 14 de marzo, día de inicio del estado de alarma, la demanda eléctrica había bajado un -13,17% sobre el 2 de marzo y el 31 de marzo, tras la “hibernación” de la economía (salvo servicios esenciales), había caído un -17,60% en todo el mes de marzo. Y el 8 de abril (miércoles santo), la demanda caía ya otro -12, 3% en este mes, según REE, con lo que la reducción total de la demanda eléctrica por el coronavirus roza ya el -30%. Una caída que se podría atenuar algo la próxima semana, cuando vuelvan a funcionar algunas empresas “estratégicas”, al terminar los días de permisos retribuidos recuperables.


Ha habido menos consumo eléctrico de la economía productiva pero las familias han consumido más electricidad que nunca, al estar confinados en casa desde el 14 de abril (y los estudiantes antes). La estimación es que el consumo de los particulares, que supone un 40% de toda la demanda eléctrica, ha aumentado un +20%, al utilizarse mucho más la luz, las cocinas, los electrodomésticos, la TV (284 minutos por persona al día en marzo, con puntas de 344 minutos algunos días) y los aparatos conectados a Internet. Una parte de este mayor consumo se ha compensado por la bajada del precio de la luz en marzo, por la caída del precio en el mercado mayorista (28 euros MWh, cuando hace un año estaba en 49 euros), debido a la mayor utilización de las energías renovables y del gas (más barato). La estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC) es que la factura media haya bajado un -6,4% sobre febrero. Pero como se ha gastado de media un 20% más de luz, el próximo recibo que nos llegue vendrá con subida, entre 16 euros (hogar con 2 personas) y 26 euros (familia con 2 hijos), según cálculos de Selectra.


Como el confinamiento sigue, todo apunta a que el consumo eléctrico de las familias siga elevado, aunque los precios de generarla seguirán bajando (no tanto), al caer la demanda (no tanto como en marzo). Todo indica que los precios de producir  la electricidad seguirán bajando hasta el verano (incluso por debajo de los 25 euros MWh), aunque luego pueden recuperarse en el tercer trimestre, si sube la demanda, por recuperarse la actividad y por el frío.


La tarifa podría bajar mucho más si las eléctricas utilizaran más las renovables para generar la electricidad. El sistema eléctrico está ya preparado: a finales de  2019, la potencia eléctrica renovable instalada en España suponía ya el 50% del parque eléctrico, por primera vez en nuestra historia, cuando en 2016 sólo suponían el 46% del parque eléctrico y en 2008 el 34%,según Red Eléctrica (REE). En el primer trimestre de 2020, la potencia renovable ha seguido aumentando, hasta suponer el 50,14% del parque eléctrico, según los últimos datos de REE, gracias al tirón de la energía eólica (23,35% de la potencia instalada), la solar fotovoltaica (8,06% del total, frente al 4,52% en 2018), la solar térmica (2,09% del parque eléctrico),la  hidráulica (15,53%, como en 2019 y menos que en 2016-2018, porque llueve menos), otras renovables (0,97%) y los residuos renovables (0,14% del parque).


A pesar de que más de la mitad del parque eléctrico instalado son energías renovables, la mayoría de la luz que se genera no lo es. Así, en 2019, sólo el 37,5% de la luz producida era renovable (20,8% eólica, 4% solar fotovoltaica, 2% solar térmica, 9% hidráulica y 1,7% el resto de renovables y residuos) y el resto (62,5%) de la electricidad generada no era renovable. Eso se debe a que las eléctricas, aunque podrían producir más luz renovable, no lo hacen para utilizar su enorme parque de centrales de gas (centrales de ciclo combinado y cogeneración), que el Gobierno Rajoy les fue animando a instalar (remunerando esta electricidad con altos precios)  y que ahora les compensa aún más porque el precio del combustible, el gas natural, lleva meses bajando en el mercado internacional y más en 2010: costaba 3,04 dólares (por millón de termias) el 4 de enero de 2019, 2,17 dólares el 1 de enero de 2020 y 1,62 dólares el 6 de abril, casi la mitad que hace 15 meses. El resultado es que las centrales de ciclo combinado saltaron de producir el 12% de la luz en 2018 al 21,2% en 2019. Y las centrales de cogeneración se mantuvieron en el 11%. Y también utilizan al máximo  la energía nuclear (con instalaciones ya amortizadas por las eléctricas) pasaron de aportar el 20% en 2018 al 21,4% en 2019, mientras caía el peso del carbón (al tener que pagar cuatro veces más por las emisiones de CO2), de aportar el 14% de la luz (2018) al 5% (2019).


En el primer trimestre de 2020, las energías no renovables siguen dominando el mercado eléctrico: aportan el 55,3%, porque ha subido el peso de la energía nuclear al 24%, aunque el ciclo combinado (13%) y la cogeneración (11%) aportan menos y también el carbón (que sólo genera el 3% de la electricidad). Pero este año 2020 ha aumentado el peso de las energías renovables, según REE, hasta el 44,70% de la producción eléctrica, gracias sobre todo al mayor peso de la energía hidráulica (tras la sequía de 2019), que aporta el 15% de la electricidad, subiendo también la eólica (23%) y estabilizándose la solar fotovoltaica (4%) y bajando la solar térmica (1%). Lo más esperanzador es lo que ha pasado en marzo, en pleno confinamiento por el coronavirus: las renovables han aportado el 50% de la electricidad producida, gracias a la mayor producción de los molinos de viento y las centrales solares.


Ahora queda ver si marzo es una excepción y, en los próximos meses, las energías renovables no producen la mitad de electricidad, aunque puedan hacerlo. De ser así, será porque las eléctricas buscan rentabilizar al máximo sus centrales nucleares y sus centrales de gas (ciclo combinado y cogeneración), aunque esto tenga dos consecuencias negativas para los consumidores: la luz es más cara y más sucia. Ahora mismo, las energías renovables tienen un desarrollo tecnológico que las hacen muy competitivas en precio, aunque los usuarios paguemos más alto el recibo porque el precio que se fija en el mercado eléctrico es el de las energías más caras (fuel y gas). Y por si fuera poco, las energías renovables no emiten CO2 y son seguras, algo que no pueden decir las no renovables.


El gas y las centrales de ciclo combinado y de cogeneración “se venden” como centrales que contaminan menos que las de carbón y gas. Es verdad. Pero emiten CO2, aunque sea menos. Así, si una central de carbón emite 0,977 Tm de CO2 por MW generado y las centrales de fuel emiten 0,799 Tm, las de ciclo combinado emiten 0,383 TM por MW. O sea, emiten un tercio menos de CO2 que las de carbón, pero mucho más que las energías renovables, que no emiten nada. Y respecto a las centrales nucleares, aunque no emiten CO2, tienen un problema no resuelto de generación y tratamiento de residuos, además del riesgo de seguridad. Y estas energías sucias o inseguras, recordemos, aportan el 55% de la luz que consumimos.


Con todo, el aumento de las energías renovables es imparable y una muestra es que ya aportan el 44,7% de nuestra electricidad  cuando sólo aportaban el 7,6% en 2008. El problema es doble. Que se ha formado una “burbuja inversora” en energías renovables, de la mano de fondos de inversión y empresas que apuestan por estas instalaciones, de tal manera que la potencia instalada (34.300 MWh) y con permiso pero no conectada (111.500 MWh) es muy elevada (145.800 MWH) y supera incluso el total de potencia eléctrica instalada (110.000 MWH), que ya es más del doble de la demanda de electricidad (40.000 MWH) Y que es una “burbuja sobre otra burbuja”, al haber un exceso de renovables en un mercado con un exceso de oferta eléctrica. Así que la “burbuja renovable” puede explotar en cualquier momento, poniendo en peligro su futuro. Y el coronavirus puede ser un detonante, si se desploman los precios de la electricidad (eso haría los proyectos renovables menos rentables) o si los bancos e inversores dirigen ahora su dinero a otros destinos.


Pero el coronavirus también puede ayudar a las renovables. Y eso, porque la lucha contra el Cambio Climático (también en el sector eléctrico) puede ser uno de los caminos prioritarios  para reconstruir la economía y salir de la recesión, dado que va a movilizar ingentes inversiones y creará mucho empleo. Por eso, el Gobierno Sánchez, en pleno estado de alarma, el martes 31 de marzo, aprobó y envió a Bruselas el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), un programa que pretende movilizar 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030  (el 80%, privados y una parte también fondos europeos) para impulsar las energías renovables, medidas de ahorro energético y eficiencia, electrificación y redes. Y un Plan que generará entre 250.000 y 350.000 empleos en esta década, que van a ser cruciales tras la enorme pérdida de empleos que va a acarrear el coronavirus.


Bueno, como se ve, casi todo está conectado con el coronavirus y también nuestro recibo de la luz del mes pasado y el de abril, por lo menos. Pensemos, cuando demos la luz o usemos el ordenador o la TV, que estamos pagando una electricidad que es más cara y sucia de lo que podría ser. Y que cuando salgamos de esta, hay que exigir  al Gobierno y a las eléctricas a que generen una luz más barata y más limpia. La potencia renovable ya la tienen instalada y hay mucha más en espera. Ahora sólo falta que la utilicen.  

Coronavirus: la bolsa o la vida

España es el 2º país del mundo con más contagios y muertos por coronavirus: 12.418 fallecidos, el 60% mayores de 80 años. Un mazazo al que añadir los 900.000 despedidos sólo en marzo y unos 2 millones de trabajadores temporalmente sin trabajo (ERTEs).Una emergencia sanitaria, económica y social, pero no olvidemos el auténtico dilema: la bolsa o la vida. Tenemos que salvar vidas, alargando el confinamiento para vencer al coronavirus, aunque la economía entre en coma. Y mientras, seguir ayudando a parados, trabajadores, empresas y familias a subsistir. Pero ojo: papá Estado no es infinito. Cada español y cada empresa deben pensar cómo ayudar en esta emergencia, cargando con sus costes el que pueda y no limpiando plantillas a costa del Presupuesto. El coronavirus nos hace a todos más pobres, también a las empresas, y hay que asumirlo. Porque el dinero público no es infinito y luego habrá que pagar el déficit y la deuda, con poca ayuda de Europa. Pero ahora, la prioridad es salvar vidas. La bolsa, la economía, ya la recuperaremos.

A partir de una imagen de la película La invasión de los ladrones de cuerpos enrique ortega

El coronavirus avanza implacable por el mundo, con 1.224.375 contagios en 180 paises, y 66.503 muertos, según la Universidad Johns Hopkins. España se mantiene como el segundo país con más contagios, 130.759, tras Estados Unidos (311.654), más que Italia (124.632), Alemania (96.108), Francia (89.953) y Reino Unido (47.806 contagios). Y somos  también el 2º país con más muertos, 12.418 fallecidos (9,5% de letalidad), sólo por detrás de Italia (15.362, el 12,3% contagiados) y aún lejos de Francia (7.580 muertos, 8,42% letalidad), Alemania (1.446 muertos, el 1,5%), Reino Unido (4.313 muertos, el 10,31%) y Holanda (1.776 muertos, un 9,94%), ambos paises e Italia con más letalidad que España. De momento, el duro confinamiento de los españoles empieza a dar frutos. El ritmo de contagios ha bajado, del +24% hace dos semanas al +15% hace una semana, el 8% la última semana y el +4,82% que aumentaron ayer domingo, así que esta esta semana podrían estabilizarse. La entrada de enfermos en los hospitales también ha reducido su ritmo y lo mismo el aluvión en las UCIs (aún colapsadas), aunque se esperan muchos muertos varias semanas más.


El coronavirus sigue atacando España de una manera desigual, según los datos oficiales, que quizás no revelan el alcance real de la pandemia y que no son homogéneos por autonomías. Pero al menos sirven para indicarnos que la emergencia sanitaria se ceba en 6 autonomías que superan la media de contagios del país (217 por 100.000 habitantes): La Rioja (611 contagios por 100.000 habitantes), Madrid (418), Castilla la Mancha (403), Navarra (348), País Vasco (296), Castilla y León (291) y Cataluña (277). Y la desigualdad es mucho mayor en las muertes por coronavirus, donde la media española es del 9,5% de los contagiados: es altísima en Madrid (13,14% de letalidad), Extremadura (10,64%) y Castilla la Mancha (10,51%), las tres por su elevada mortalidad en las residencias de ancianos, seguidas de Cataluña (10,12% de letalidad) y Castilla y León (9,68%), mientras sólo es del 1,40% en Galicia, el 4,77% en Murcia y el 5,80% en Baleares, regiones con pocos contagios. Eso sí, preocupan los elevados contagios y  la alta mortalidad en la España vaciada, como Soria (912 contagios por 100.000 habitantes y 61 muertos, el 7,6% letalidad) o Segovia (750 contagios por 100.000 habitantes y 107 muertos, el 9,32%).


Ahora, el problema más grave sigue centrado en la saturación de los hospitales y las UCIs, aunque sea menor que la semana pasada. Y aquí, el problema es que las 6.092 camas de UCIs que figuran en catálogo en la sanidad pública son insuficientes, sobre todo en Madrid, Cataluña, las dos Castillas, Comunidad Valenciana y País Vasco, lo que debería obligar a trasladar pacientes o máquinas de otras comunidades, algo que apenas se ha hecho. Y poner de una vez a disposición de los enfermos más graves las 2.200 UCIs de los hospitales privados, que no se están utilizando según aseguran ellos mismos. Además, urge generalizar los test de detección del coronavirus entre el personal sanitario, farmacéuticos, fuerzas de seguridad y, sobre todo, las residencias de ancianos.


Precisamente, hay un clamor para que se actúe de una vez en las residencias de ancianos, donde falta atención sanitaria y medios. En España hay unos 300.000 ancianos en residencias, el 72% de gestión privada, sin recursos humanos ni sanitarios para afrontar esta pandemia. Se estima que un 40% de los muertos por coronavirus son ancianos que estaban en una residencia, dado que se estiman 2.000 muertos más de los habituales sólo en Madrid y otros 2.200 en el resto de España, según la Cadena SER. Urge un Plan de choque residencia a residencia, pilotado por el Gobierno central, donde se hagan test a ancianos y empleados, se separen los contagiados y se les atienda con urgencia en centros específicos, en las mismas residencias o en hoteles y hospitales de campaña ad hoc. Hay que salvar vidas en este colectivo tan vulnerable: el 60% de los muertos por coronavirus tienen más de 80 años y el 87% tienen más de 70 años, según los datos de Sanidad.


Frenar el aumento de contagios y hospitalizaciones no significa haber vencido al virus. Hay que seguir afrontando la emergencia sanitaria, con más personal (no acaban de incorporarse los 52.000 nuevos sanitarios prometidos), más camas de hospital y más UCIs (urge preparar polideportivos y hospitales de campaña en todas las autonomías, no sólo en las hoy saturadas), más compras de equipos de protección y respiradores, para hacer frente a esa demanda que sigue sin cubrirse y para crear una reserva estratégica frente a lo que pueda venir este invierno. Ya lo ha dicho la OMS, la Organización Mundial de la Salud: no hay que bajar la guardia, no basta con el confinamiento, hay que seguir reforzando el sistema de salud y tratar de detectar los enfermos encubiertos entre sanitarios y ciudadanos. Y sobre todo, coordinar mejor esta guerra contra el coronavirus con las autonomías, porque a pesar del Estado de alarma y el mando único, da la impresión que hay 17 batallas, no una.


La semana pasada, la emergencia sanitaria, incluso el goteo dramático de muertos diarios, pasaron a un segundo plano al publicarse los 2 primeros datos de la emergencia económica, verdaderamente espeluznantes. Uno, los 900.000 empleos perdidos desde el 12 al 31 de marzo, despidos puros y duros, dos tercios (613.250) a trabajadores con empleo temporal, los más vulnerables. Una cifra de despidos en 19 días similar a la que se produjo al inicio de la crisis de 2008 (901.387), pero entonces en 100 días (octubre 2008-febrero 2009). Eso sí, con la gran diferencia que entonces, la mayoría de despedidos (temporales) no tuvieron derecho a paro y ahora sí. El segundo dato son los trabajadores temporalmente sin empleo, a los que su empresa ha hecho un ERTE (expediente de regulación de empleo temporal, por 6 meses) y cuyo sueldo lo paga ahora la Seguridad Social, no la empresa. De momento, el miércoles se habían registrado oficialmente 9.670 ERTEs, que afectaban a 620.000 trabajadores, pero hay muchos en marcha (unos 374.150 el viernes 3, con 1,84 millones de trabajadores, según Europa Press), por lo que los trabajadores temporalmente sin empleo serán unos 2 millones (más 500.000 autónomos que ya han solicitado el fin temporal de actividad por el coronavirus).


Son cifras impresionantes, que superan cualquier cifra conocida antes en la historia (en EEUU, 10 millones de norteamericanos han perdido su empleo en las últimas 2 semanas). El Gobierno aprobó la última semana un tercer paquete de medidas para tratar de ayudar a los trabajadores, empresas, autónomos y familias afectados, en un intento desordenado de “tapar agujeros” que siempre deja a alguien fuera, por lo que seguirán nuevas ayudas. Lo novedoso en esta ocasión es que se intenta que todos los parados tengan ayuda (aunque sean sólo 430 euros al mes), que las empresas y autónomos no paguen las cotizaciones y tengan créditos con aval para sobrevivir, que puedan no pagar hipotecas sobre locales y que las familias tengan ayudas para pagar el alquiler, moratoria en hipotecas (6 meses) y créditos al consumo (3 meses) y no poder cortarles luz, o agua por impago de recibos. Ver aquí una completa Guía con todas las medidas aprobadas por el Gobierno.


Habría que hacer mucho más, seguro, pero sobre todo hay que agilizar los procesos y flexibilizar los expedientes, para que los más vulnerables sobrevivan, a la espera de que se apruebe esa renta mínima vital que podría beneficiar a 5 millones de españoles. Pero ojo, hay que hacer una reflexión que nadie hace: papá Estado no es infinito, los recursos públicos son limitados. Hay que ayudar a los más vulnerables, algo que no hizo el Gobierno Rajoy en la anterior crisis. Pero no vale con decir “¿Qué hay de lo mío?”/ ”Quiero mis ayudas”. Algunos, los que pueden, también tendrían que decir:”¿Cómo puedo ayudar?" "Qué puedo hacer yo por mi país" Y eso pasa porque las empresas que ganaban dinero (algunas mucho) ni despidan ni pidan ERTEs ni soliciten ayudas si pueden sobrevivir a costa de menos sueldos de directivos, dividendos y beneficios (Es el ejemplo del Banco de Santander: ha prometido no hacer ningún ERTE). Y lo mismo las familias que puedan “aguantar el tirón”, porque hace falta concentrar los recursos en los más vulnerables. El coronavirus nos ha robado la bolsa, la cartera, y saldremos de esta emergencia más pobres, todos y también las empresas. Hay que asumirlo. Y saber que papá Estado no es infinito, que lo que gastemos en esta emergencia habrá que pagarlo después entre todos. 


Pero de momento, la prioridad es vencer al virus y salvar vidas. La vida, no la bolsa. Hay que tenerlo claro esta semana, tras haber decidido el Gobierno ampliar el confinamiento hasta el 26 de abril (de momento).También en Italia van a ampliar el confinamiento (iniciado el 9 de marzo) hasta el 11 de mayo. Lo recomiendan los expertos sanitarios: hay que bajar la curva de contagios y hospitalizaciones  y eso obliga a minimizar los contactos y seguir confinados, aunque tenga un altísimo coste para todos. Y seguir con la economía “en coma”, manteniendo sólo los servicios esenciales y la plantilla mínima en las empresas estratégicas para que no perezcan. Porque si abrimos la mano, si establecemos excepciones (aún con la “excusa” de los niños y sus paseos y la "emergencia económica"), podemos “dar marcha atrás” y eso nos supondría volver a la angustia sanitaria y a que mueran más españoles. La vida, no la bolsa.


Y entre tanto, pensar cada uno cómo podemos ayudar para reducir el coste público de la emergencia económica, especialmente las empresas, que no pueden agarrarse al coronavirus para “limpiar plantillas” a costa del Presupuesto (los ERTEs los pagamos los contribuyentes). Hace falta gastar “lo que haga falta” en afrontar la emergencia sanitaria, en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. Y gastar también “lo que haga falta” en atender a los españoles más vulnerables: los más pobres, los parados (ahora sin posibilidades de encontrar empleo), las madres solas con niños, los emigrantes y muchos jóvenes y ancianos que ya eran “pobres antes”. Y frente a la emergencia económica, concentrar las ayudas en los sectores más golpeados (turismo, hostelería, construcción, ocio) y las regiones que han perdido más empleo (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia), así como en las pymes y autónomos más vulnerables. Y el resto, sobre todo las grandes empresas, deberían aguantar al máximo, aprovechar su “músculo” para mantenerse, aunque ganen menos.


Porque algún día saldremos de la emergencia sanitaria y habrá que volcar todos los recursos en la emergencia económica. Y necesitaremos todo el dinero posible en la reconstrucción del país. Así que cuando más aguantemos ahora sin pedir (“qué hay de lo mío”), con los ahorros y beneficios que tengamos (quien tenga), mejor afrontaremos el futuro. Porque las ayudas actuales ya suponen unos 25.000 millones de gasto (un 2% del PIB). Y con eso y lo que hará falta para la reconstrucción, el déficit público se puede ir al 8 o al 10% del PIB (desde el 2,64% de 2019). Y para financiarlo sólo tendremos 2 vías: endeudarnos y subir impuestos. Así que los que ahora piden más gasto sin pensar (Casado: “el cese de actividad lo ha de pagar el Estado/ Vox: “que el Estado pague sueldos afectados 3 meses"), tendrán que dejar de criticar luego el aumento drástico del déficit y apoyar una subida de impuestos (siempre quieren bajarlos) a particulares y empresas para financiar los estragos del coronavirus. Sean coherentes.


Tendremos que endeudarnos y recaudar más en unos meses, porque de Europa no vendrá mucha ayuda. Ahora parece que Alemania y Holanda abren la mano a ayudar más a España e Italia, pero ojo, que no nos engañen: son créditos para pagar las ayudas y el desempleo, a bajo interés (menos que “los mercados”) pero habrá que devolverlos. Y eso porque la recesión se va a cebar en Europa, también en Alemania y la Europa del norte, no sólo en España (donde el PIB caerá este año entre el -3 y el -4%, según los expertos), con lo que estos 220.000 millones de créditos habrá que repartirlos entre 27 (nos tocarían 35.000 millones). Y lo que más falta nos hace, un Plan de reconstrucción europeo queda aún en el limbo. Y otro Plan en España, apoyado por un gran acuerdo político y social, similar a los Pactos de la Moncloa de 1977.


Pero todo esto será la prioridad en mayo o junio, cuando hayamos vencido al virus. Ahora, la prioridad debe ser salvar vidas. Hay que seguir con el confinamiento en casa y con la economía en coma, para seguir frenando el ritmo de contagios y hospitalizaciones, poniendo más recursos en reforzar la sanidad y las residencias de ancianos. El empleo y las empresas van a sufrir mucho. Pero no podemos dudar en la respuesta ante el terrible dilema: la vida, no la bolsa. Ya recuperaremos la economía. Lo importante es seguir vivos.

La Universidad estudia reconvertirse

Unos 10 millones de niños y jóvenes no acuden a clase por el coronavirus y todo apunta a que no volverán a las aulas hasta mayo, lo que complica su evaluación. Entre tanto, los rectores de las Universidades españolas están perfilando cómo debe ser la Universidad de 2030, para que no sea una “fábrica de parados” y garantice a los jóvenes un trabajo digno, dado que un tercio de universitarios están “subempleados”. Los rectores reconocen que hay un exceso de titulaciones y que deben “repensar” los estudios, porque las empresas se quejan de que no encuentran los profesionales que necesitan. Además, plantean desviar más jóvenes a carreras técnicas, porque ahora se concentran en los estudios con menos salidas. Y ligar la formación universitaria y profesional, con la FP dual. Pero sobre todo, piden más becas y más financiación pública, un 14,5% inferior a la europea. Mientras, el Gobierno retrasa hasta 2021 la nueva Ley Universitaria y prioriza mejorar las becas, abaratar las matrículas, mejorar los contratos de profesores y atajar el abandono universitario. Pero mejorar la Universidad cuesta dinero y nadie dice de dónde saldrá. Hay que hacerlo si queremos mejores universitarios y más empleo.

enrique ortega

España es un país con muchos jóvenes universitarios, más que la mayoría de Europa: un 44,3% de los jóvenes españoles (25-34 años) son universitarios, igual que la media de la OCDE (36 paises desarrollados) pero más que la media europea (42,9% en la UE-23) y que Italia (27,8% jóvenes son universitarios), Alemania (32,5%), Portugal (35%) o Finlandia (41,5%), superándonos sólo Reino Unido (50,85% jóvenes son universitarios) y Francia (46,85%), según los datos del “Panorama de la Educación 2019” (OCDE). Y en este curso 2019-2020 hay 1,6 millones de jóvenes estudiando en 82 Universidades (50 públicas y 32 privadas), cursando un Grado universitario (casi 1,3 millones), un Máster (220.000 alumnos) o un Doctorado (otros 90.000 universitarios), en su mayoría mujeres (el 55%) y españoles (sólo el 0,9% de los estudiantes de Grado son extranjeros, frente al 6,5% en Europa).


Lo primero que choca es que el número de estudiantes universitarios haya crecido con la crisis (+5% entre 2008 y 2017, según las estadísticas de la CRUE), a pesar de que hay menos jóvenes en edad de ir a la Universidad, un 22% menos que en 2008 (por la caída de la natalidad en los años 90). El “milagro” está en la estrategia de las Universidades, que ante los drásticos  recortes del Estado y las autonomías, han visto la urgencia de “atraer alumnos” como fuera, multiplicando la oferta de títulos y Máster (sobre todo las Universidades privadas: 23 nuevas desde 1998), que han sido una extraordinaria fuente de ingresos a partir del tremendo aumento de tasas (+30% hasta 2018), autorizado en 2012 por el Gobierno Rajoy. En definitiva, al caer la financiación pública, las Universidades han necesitado captar más alumnos cada año para sobrevivir, “pedalear más para no caerse”. A costa de un exceso de alumnos y una “inflación de títulos”, en Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a casi 3.000 títulos este curso) y sobre todo en Másteres (de 1.736 a más de 3.600), un “exceso de oferta”, que ha devaluado la enseñanza universitaria. 


Los rectores niegan esta estrategia, al señalar en su reciente informe “La Universidad española en cifras” que “no hay un exceso de universitarios ni de Universidades”. Pero los datos indican que el porcentaje de jóvenes (19-24 años) matriculados en la Universidad es mayor en España (31,6% en el curso 2017-2018) que en la media de la OCDE (29,1%) y que en Reino Unido (25,3%), Alemania (26,6%) y Francia (26,8%). Y reconocen que se han aumentado un 20% las titulaciones desde 2008, más que los universitarios (+5%). En cuanto al número de Universidades, España tiene 1 Universidad por cada 718.462 habitantes, menos que Francia (1 por 562.185 habitantes), Reino Unido, EEUU, Canadá, Japón o Corea del Sur y más que Alemania (1 Universidad por 998.795 habitantes) e Italia.


Los rectores también destacan que la Universidad española es eficiente y su rendimiento equiparable e incluso mejor que la Universidad de la mayoría de paises. Por un lado, la tasa de abandono de los estudios en el primer año (18,7%) es similar a otros paises, salvo Reino Unido, Canadá y Suecia, los tres paises con las Universidades más eficientes. Y por otro, la tasa de finalización de los estudios en el tiempo teórico es en España del 49% de los alumnos, mejor que en Finlandia (43%), Suecia (42%), Francia (41%) o USA (38%), y sólo peor que 5 de los 23 paises analizados por la CRUE: Reino Unido (71% universitarios finalizan en plazo sus carreras), Irlanda (63%), Israel, Japón y Corea.


Además, los rectores quieren “quitar hierro” al hecho de que España no tenga ninguna Universidad en el top 100 del ranking de Shanghái 2019 de las mejores Universidades del mundo. De hecho, la mejor situada, la Universidad de Barcelona, figura en el puesto “151 al 200” y hay otras 12 Universidades españolas entre las 500 mejores. Los expertos consideran que este ranking valora sobre todo las Universidades más antiguas y más grandes, con premios Nobel y fuertes presupuestos, lo que penaliza a las españolas. Pero si se comparan en aéreas concretas de conocimiento, España tiene 10 Universidades entre las 50 mejores (y 17 entre el top 200) del ranking QS, que valora la reputación académica y empleabilidad.


Eso sí, España tiene una gran diferencia con otros paises: aquí, los universitarios estudian pocas carreras técnicas, las titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las que consiguen más empleo. España es el país europeo grande donde menos alumnos se matriculan en titulaciones STEM: un 23,4%, frente al 28,1% en la UE-23, el 25,5% en Italia y Francia, el 30,5% en Reino Unido y el 37,5% de alumnos matriculados en Alemania, según los datos de los rectores (CRUE). Y además, las matrículas en estas carreras técnicas han caído un -6,1% entre 2013 y 2017, sobre todo en ingenierías (-15,7%, que llega al -60% en ingeniería civil) y telecos (-2,9%), aunque han crecido las matrículas (todavía bajas) en matemáticas (+17,1%), Informática (+8,6%) y Ciencias (+6,1%). 


Y otra importante diferencia, como revelan las estadísticas del CRUE, es el mayor coste de las Universidades españolas: somos el 11º país (de 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas. De los grandes, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido y en Italia, mientras no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, entre ellos Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros por año en Grado pero con una gran diferencia entre titulaciones y autonomías: se pagan unos 2.000 euros por Grado en Cataluña, 2,8 veces el coste de estudiar en Galicia (700 euros). Y además, el sistema de becas es muy insuficiente (2.000 euros anuales de media, según la CRUE), porque se han recortado en la última década y dejaron fuera a 45.000 universitarios, al exigirles una nota media de 6,5 puntos (desde 2018 son 5,5 puntos), lo que preocupa extraordinariamente a los rectores, porque, junto a las tasas,  lleva a un sistema universitario “excluyente”.


Con todo, el mayor problema de la Universidad española es, para muchos, que es “una fábrica de parados”, algo que rechazan explícitamente los rectores, aportando los datos de que los universitarios españoles tienen menos paro y más empleo que el resto de españoles. Y es verdad. Pero los datos también reflejan otros 2 hechos incontestables. Uno, que los universitarios españoles tienen el 2º nivel más alto de paro entre los universitarios europeos: el 8,4% de paro frente al 3,9% de media en la UE-23 y en la OCDE, sólo mejor que Grecia (14%) y muy lejos del 2% del paro universitario en Alemania. Y el otro dato, que la tasa de empleo de los universitarios españoles en la tercera más baja de Europa: trabajan el 81,6% de los titulados, frente al 86,1% en la UE-23, el 90% empleados en Suecia o Paises Bajos, el 89,5% en Alemania o el 85% en Francia, sólo menos que en Grecia (74,5%) e Italia (81%), según los propios datos de los rectores. Eso sí, de los 2.016.000 empleos creados en España entre 2015 y 2019, el 56% han sido para titulados universitarios.


Otro dato importante es que los universitarios ganan más que el resto de españoles, según confirman las estadísticas de la CRUE: un adulto con título de Grado gana un 52% más que una persona con Bachiller (en la OCDE ganan un 44% más) y un empleado con un Máster gana un 85% más (en la OCDE ganan +91%). Además, la brecha salarial por género es menor  entre los universitarios españoles: las mujeres ganan un 18% menos (-21,9% entre todos los ocupados). Y es inferior a la brecha universitaria en Europa (-24% de media) que oscila entre el -30% en Italia, el -29% en Francia y el -26% en Alemania, según la OCDE.


Para los rectores, el problema más grave de la Universidad española es su escasa financiación, tanto pública como privada. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar la Universidad, frente al 1,5% de media en la OCDE (y el 2% en EEUU). Y si miramos sólo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% del PIB en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. Traducido, significa que le faltan 2.400 millones de euros al año (1.600 públicos). Y no es sólo que se financie peor que en otros paises, es que además, el esfuerzo público (% sobre PIB) para financiar la Universidad es hoy menor que hace 22 años, según los rectores. 


Y además, esta financiación pública  por universitario está muy mal repartida por autonomías: hay Gobiernos autonómicos que aportan mucho más que la media (6.210 euros por universitario), como la Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800) y Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros), y otras que financian mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario, Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por alumno). Así que depende de la región, unas Universidades están peor financiadas que otras.


Pero todas las Universidades han perdido recursos, dado que el gasto por alumno universitario ha caído de 8.595 euros en 2008 a 8.063 euros en 2017, según la CRUE. El mayor recorte en la financiación  lo ha hecho el Estado (de aportar el 11% del gasto en 2008 a aportar un 5,6%, 451,90 euros por universitario en 2017), seguido de las autonomías (aportaban el 80% del gasto y ahora financian el 77%, 6.210 euros por alumno en 2017), mientras los alumnos ahora pagan más: si financiaban el 9% en 2008, en 2017 aportan ya el 17,4% del gasto total, 1.400 euros de media por alumno. 


Estos recortes y la menor financiación frente a Europa han obligado a las Universidades a hacer múltiples ajustes, que han deteriorado la calidad de la enseñanza, máximo si ahora ofrecen un 20% más de títulos. Por un lado, entre 2008 y 2017 se perdieron 8.288 puestos de personal docente e investigador, que fueron suplidos con personal contratado en condiciones muy precarias, lo que ha permitido mantener la plantilla total (98.362 empleados en 2017) pero con mucha más inestabilidad laboral y docente. Además, no se ha podido invertir apenas en infraestructura y equipamiento, con un enorme deterioro físico de la Universidad. Y se ha sufrido en primera línea el ajuste en Ciencia, donde, tras un recorte del 22% en I+D+i (2009-2018), España invierte la mitad que Europa.


En consecuencia, lo primero que piden los rectores para perfilar la Universidad de 2030 son más recursos, sobre todo públicos pero también privados. Y, en contrapartida, ofrecen realizar un reajuste en las titulaciones y en los contenidos de la enseñanza universitaria. Reconocen que hay un exceso de oferta de títulos y Máster y que además, “no se corresponde con lo que piden las empresas”. Es hora de que la Universidad española abra sus estudios a los que necesitan las empresas, que se quejan de que los universitarios que les llegan (salen 114.000 nuevos licenciados cada año) no tienen la preparación que necesitan. No es que estén mal formados, sino que “les faltan habilidades cognitivas, motivacionales, sociales e instrumentales”, según lo que trasladan a los rectores. Y por eso, resulta clave una enseñanza universitaria “más práctica”, además de abrir “pasarelas” entre la enseñanza universitaria y la formación profesional, con proyectos de FP dual para universitarios, como las 14 nuevas titulaciones que van a ofrecer las 3 Universidades vascas. 


La reconversión universitaria también tiene que llegar a los alumnos, que no pueden seguir matriculándose de carreras sin salida laboral y huir de las titulaciones STEM. Todos los alumnos de Bachillerato que dudan sobre qué estudiar deberían conocer este estudio de Ivie y la Fundación BBVA, que analiza cómo les ha ido 4 años después a los universitarios que acabaron en 2014. Demuestra que los titulados de las ciencias de la salud y las ingenierías han encontrado más trabajo, más estable y mejor pagado que los estudiantes de humanidades y ciencias sociales. Dos ejemplos extremos: medicina (92,1% trabajando, 99,7% como licenciados, con base cotización 34.290 euros) y turismo (65,5% trabajan, sólo el 14% como licenciados y con 19.861 euros de base imponible). Y lo mismo, para bien, los que han estudiado óptica, farmacia, ingenierías y matemáticas. Y para mal, los que estudiaron comunicación, arte y Bellas artes, comercio, relaciones laborales, geografía, arqueología, diseño, publicidad o sociología. Habría que ponerlo en el tablón de Secretaría…


Mientras la Universidad se “autoanaliza”, el nuevo ministro de Universidades declaró en el Congreso que no lanzará el debate sobre una nueva Ley de Universidades hasta 2021, con lo que no entraría en vigor hasta el curso 2022-2023 como pronto (la actual es de 2001 y reformada parcialmente en 2007). Antes, el Gobierno tiene otras prioridades: reformar la política de becas (más recursos, mayores importes y que lleguen a más familias, subiendo el ingreso familiar: frente a los 13.909 actuales, los rectores proponen 18.629 euros), aprobar un nuevo Estatuto del personal docente (para acabar con los falsos asociados y reducir la enorme precariedad de un tercio de las plantillas), un Plan para atajar el abandono universitario y, sobre todo, reducir las tasas universitarias para volver a los costes anteriores a 2012. Aquí, los rectores “tiemblan”: las Universidades no pueden bajar tasas si el Estado y las autonomías no aumentan su aportación. Y nadie habla de hacerlo, de financiar más. Algo difícil mientras no se reforme la financiación autonómica y aumente la recaudación.


En resumen, que tenemos un diagnóstico que explica por qué la Universidad española no funciona bien, básicamente por falta de dinero y por unos planes de estudio que no ayudan a trabajar. Es hora de afrontar los cambios necesarios, con un Pacto entre políticos, autonomías, Universidades, docentes, empresas y alumnos, para acordar un marco estable que alumbre la nueva Universidad 2030. Nos hace mucha falta.