jueves, 19 de febrero de 2015

Universidad: el Gobierno devalúa los títulos


A nueve meses de las elecciones, el Gobierno Rajoy implanta  más cambios en la Universidad: aprueba las carreras de tres años, en vez de cuatro. Dice que lo hace para homologarnos con Europa. En realidad, lo hace para recortar gastos: tener un año menos estudiando a los universitarios ahorra al Presupuesto unos 600 millones al año. Y el que quiera estudiar más, que se pague un año o dos de master, que cuestan el doble del curso que ahora se quita. Las Universidades van a retrasar el cambio hasta 2017, pero Cataluña y algunas privadas quieren  implantarlo el próximo curso. Además de devaluar los títulos, la medida agrava las diferencias entre Universidades: ya no sabremos qué sabe un universitario, dependerá de dónde haya estudiado. Otro cambio más, junto a la subida de tasas, los recortes y la asfixia financiera de la Universidad, que ya no aguanta más. Y si cambia el Gobierno, habrá más cambios el año que viene.
enrique ortega

La mayoría de los que somos universitarios hemos estudiado carreras de cinco años. Pero en el curso 2010 se completó el sistema de títulos actual, derivado del Plan Bolonia (1999), que pretendía crear un Espacio Europeo de Educación Superior: España optó por un Grado de cuatro cursos (240 créditos) y un Master posterior de un año (60 créditos). El cambio es tan reciente que en el verano de 2014 salieron las primeras promociones con el “Grado Bolonia” y este verano  de 2015 acabarán los que hagan el Master complementario (el 20% de universitarios). Ahora, el Gobierno Rajoy cambia otra vez las titulaciones: ha aprobado un decreto (Consejo del 30 de enero) que permite reducir el Grado a 3 años (180 créditos), que se pueden complementar con uno o dos años de Master (60 y 120 créditos), manteniendo los 300 créditos (5 años) para hacer el Doctorado. Un cambio que afecta al 70% de las carreras, porque Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Salud seguirán como ahora (4,5 y 6 años).

El Gobierno deja libertad a las Universidades para aplicar el cambio o no. De momento, la asamblea de rectores ha optado por ganar tiempo y ha decidido, casi por unanimidad, aplazar la nueva reforma de los títulos dos cursos más, hasta 2017, para analizar mejor la aplicación del Plan Bolonia (aún es muy reciente) y ver cómo pueden implantar los cambios. Pero ya hay Universidades que quieren lanzar carreras de tres años el próximo curso, como algunas Universidades catalanas (con la pública Pompeu Fabra en cabeza) y varias privadas, entre ellas la Camilo José Cela de Madrid o la Universidad Católica de Murcia.

En paralelo, las autonomías, que son claves porque validan las titulaciones y financian el grueso de las Universidades públicas, también están divididas. Las dos gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, han dicho que no van a cambiar las titulaciones, mientras Ciu y la Generalitat catalana apoyan el cambio y las demás autonomías del PP están tratando de apuntarse a la moratoria de los rectores y buscando que todas las Universidades de su región adopten la misma decisión: o todos Grados de 3 años o todos de 4. En cualquier caso, el tema queda en el aire hasta ver los resultados de las elecciones autonómicas de mayo. Pero hay un riesgo claro: que no se adopte la misma decisión en toda España y cada Universidad fije sus títulos a su aire. Con lo que habrá un “galimatías” de universitarios: los que tengan un título de 5 años (todavía la mayoría), de cuatro y de tres años.

El ministro Wert justifica la reforma en la necesidad de “homogeneizar los títulos españoles con los del resto de Europa”, porque la situación actual crea problemas para atraer estudiantes europeos y obtener dobles títulos con otras Universidades. Es cierto que el sistema español de títulos, acordado por el Gobierno Zapatero, es más rígido que el de la mayoría de Europa: de los 48 países incluidos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia), 39 países optaron por un sistema flexible, que permite titulaciones de Grado entre 180 créditos (3 años) y 240 (4 años) con Master de 90 créditos (por eso no reconocen los españoles de 60 créditos)  y 120 créditos. Y en este grupo, hay países como Francia, Finlandia, Italia, Bélgica o Portugal que tienen Grados de 3 años. Entre los 9 países con Grados de 4 años y Máster de 60 a 120 créditos, además de España están Grecia, Turquía, Chipre, Armenia, Georgia, Kazajstán, Rusia y Ucrania. También es cierto que en buena parte de EEUU y en Latinoamérica (con la que hay mucho trasvase de alumnos), los Grados son de 4 años. Lo  que no dicen es que en la mayoría de países europeos con Grados de tres años, el precio de los Master posteriores (que además son más largos, de 90 a 120 créditos)  es similar al de los Grados: en España cuestan el doble. Y muchos países europeos tienen tasas universitarias más bajas que España, mientras en Alemania es gratis estudiar en las universidades públicas.

El ministro Wert argumenta también que aunque los universitarios españoles estudien un año más de Grado que muchos europeos, eso no les sirve para encontrar mejor trabajo: el paro entre los universitarios (14%) es casi el triple que el de los universitarios occidentales (4%), según la OCDE. Eso es verdad, pero tiene que ver no tanto con la duración de los estudios como con el tipo de enseñanza que se da (poco práctica y desligada a lo que demandan las empresas, con pocos estudiantes en carreras técnicas) y al escaso empleo que crea nuestra economía, que tiene también el triple de parados totales (24%) que la media de países OCDE (7,1%).

En realidad, la verdadera razón por la que el Gobierno Rajoy ha aprobado rebajar los títulos a tres años es para recortar el gasto universitario. Dice Wert que estudiando un año menos, las familias se van a ahorrar 150 millones. Lo que no dice es que como el Presupuesto se hace cargo del 75% del coste de una carrera, el ahorro para el Estado de quitar un curso es de 600 millones al año, como mínimo. El problema es que al devaluar los Grados, quitando un año, muchos estudiantes se verán obligados a hacer un Master de uno o dos años (ahora sólo hacen un Master el 20% de los alumnos de Grado), para poder optar a un empleo. Y ese Master les costará el doble que el curso que quitan. Por ejemplo, en la Complutense de Madrid, un curso de Grado cuesta 1.980 euros y un año de Master cuesta 3.900 euros. Y en Barcelona, la Universidad más cara, el curso cuesta 2011 euros y el Master 3.924 euros.

Luego, los nuevos títulos ahorran dinero al Estado pero acabarán costando más a los alumnos, si quieren mantener una formación similar. El Gobierno dice que los Grados de 3 años “habilitan para trabajar”, incluso un año antes (a los 21 años y no a los 22), pero la realidad es que, dado el poco empleo que hay (110 demandas por puesto), las empresas cada vez exigen más, porque tienen mucho donde elegir. Y con el recorte de los títulos, se va a encarecer de hecho la enseñanza universitaria, lo que hará que los hijos de las familias más modestas se tengan que conformar con el Grado de 3 años, porque además se han recortado las becas. Y los hijos de familias con más ingresos puedan hacer los Master que hagan falta, cada vez más en Universidades privadas, que crecen (14 nuevas) a costa de las Universidades públicas.

Los rectores de las Universidades criticaron en 2006 que el Gobierno Zapatero no fuera “más flexible” y permitiera Grados de 3 y 4 años. Ahora sin embargo critican el cambio de Rajoy porque temen que la reforma les quite ingresos, si imparten un año menos de Grado. Y eso sería la puntilla para unas Universidades que están en bancarrota: la mayoría tiene graves problemas de liquidez, con deuda a proveedores, sin poder gastar ni en investigación, ni en material ni siquiera en calefacción, después de haber perdido 2.000 millones de euros tras los recortes y con 17.000 empleados menos (un 12% de la plantilla universitaria).

La Universidad española tiene un grave problema económico, de falta de recursos: España dedica unos 8.500 millones a la Universidad pública, un 0,85% del PIB, por debajo de la media europea (1,26% PIB), de Francia (1,35%) o Alemania (1,30%) y en línea con  Italia y Reino Unido (0,84% del PIB). Haría falta aumentar la financiación hasta el 3% del PIB, según la recomendación hecha en 2013 por el Comité de Expertos sobre la reforma universitaria. Eso supondría dedicarle 22.000 millones más al año, algo impensable a corto plazo.

Pero no sólo hace falta más dinero, aunque sea lo prioritario. La Universidad tiene que cambiar, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 Grados y 2.758 Master) y fusionando centros (hay 236 Campus de 80 Universidades, 48 públicas y 32 privadas, con ofertas similares a pocos kilómetros). Y orientar a los universitarios hacia carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas). Y fomentar el trasvase de jóvenes bachilleres a la FP Superior, que tiene más salidas. Además, hay que optimizar la inversión pública en la Universidad, mejorando la organización de los Campus (con  menos endogamia y más profesores ”de fuera”), ampliando la autonomía universitaria a cambio de auditorías externas de eficiencia y calidad. Y sobre todo, fomentar unas Universidades más ligadas a las empresas y más internacionales.

Todo ello exigiría un pacto político y educativo a veinte o treinta años, para que la Universidad no dependa de los cambios del Gobierno de turno. El de Rajoy-Wert ha entrado en la Universidad “como un elefante en una cacharrería”: subiendo tasas, recortando becas, quitando profesores, recortando Presupuestos y autonomía, fomentando 14 nuevas Universidades privadas… Pero si en noviembre próximo cambia, el siguiente Gobierno hará otros cambios. Y antes, las autonomías, que tienen en sus manos la gestión y los recursos de las Universidades públicas. Y así, no hay forma de que la Universidad funcione y forme a nuestros jóvenes. Hay que darles un marco estable, para muchos años, contando con ellos. Pero hoy por hoy, parece imposible.

lunes, 16 de febrero de 2015

Cae el crédito : demasiadas deudas


En Europa y en España hay liquidez de sobra y los bancos vuelven a presumir de beneficios, tras un costoso rescate. Pero el crédito ha vuelto a caer en 2014, como viene pasando desde 2008. Empresas y familias no piden créditos, sobre todo porque ingresan poco y porque están muy endeudados: lo que venden o ganan lo dedican a quitarse deudas. Por eso, para reanimar de verdad la economía, hace falta que el Gobierno ponga en marcha un Plan para reestructurar esta deuda privada, reduciendo tipos y ampliando plazos de devolución. Y además, hay que subir los salarios y potenciar la inversión pública y privada. No basta con presumir de “crecer más que Europa”: el empleo (escaso) es aún muy débil y ha vuelto a caer en enero, tras las Navidades. Por eso, hay que empujar la recuperación, facilitando que empresas y familias devuelvan sus créditos y pidan más. Y no dormirse en la propaganda.
 
enrique ortega

El crédito a empresas y familias cayó en 2014, por sexto año consecutivo. El saldo acumulado del crédito a empresas era 959.358 millones de euros (-3,4%) y el de las familias 745.793 millones (-4,7%). En los nuevos créditos de 2014, caen también los concedidos a empresas (-11,2%: se pidieron 353.507 millones, un tercio de los créditos solicitados  en 2007), pero subieron los de las familias (+3,4%: 60.813 millones concedidos). Con ello, se observa un mayor interés de los bancos por prestar, sobre todo a algunas pymes (para créditos inferiores al millón de euros) y a algunas familias (con empleo estable y vinculación con el banco), abriéndose una cierta “guerra comercial” para venderles hipotecas y créditos para el consumo.

Tras este balance, 2015 podría ser el primer año de recuperación del crédito en España, porque hay liquidez suficiente y los bancos están más saneados. Por un lado, el BCE ya inyectó 400.000 millones de liquidez a la banca, que fue excesiva, porque los bancos sólo pidieron la mitad de ese dinero medio regalado. Además, en marzo, el BCE iniciará la compra de bonos privados y deuda pública europea, con lo que habrá aún más liquidez en Europa. Por otro, el rescate a las Cajas y bancos españoles (que ha costado 108.351 millones en ayudas públicas) ha saneado las entidades, que han mejorado sus beneficios en 2013 y 2014 (9.756 millones ganados por la gran banca, un 27,13% más). Pero aun así, no creció el crédito.

La culpa no es de la banca, porque su negocio es prestar y ganar prestando. En unos casos, no prestan porque el que pide dinero (empresa o familia) no es solvente y les da miedo aumentar la cifra de morosos (12,75% en 2014). Pero en la mayoría de casos, no hay crédito porque no se pide. Por ejemplo, 7 de cada 10 autónomos no fueron a un banco a pedir dinero en 2014, según el Barómetro de ATA. Y de los 3 que fueron, se lo concedieron a más de la mitad (53,78%), quizás porque pidieron poco (menos de 18.000 euros). Y se pide poco crédito porque empresas y familias están súper endeudadas y los ingresos que tienen (ventas y salarios) los dedican a quitarse créditos, a devolver deuda. No a pedir más crédito.

Las empresas españolas son las más endeudadas de Europa, a pesar de que se han quitado una cuarta parte de la deuda que tenían en 2008: de 1.273.637 millones de deuda (noviembre 2008) han pasado a 959.358 millones (diciembre 2014), tras devolver  314.279 millones (un 24,7%). Aun así, las pymes españolas triplican el endeudamiento de las pymes francesas o italianas, según el FMI. Y sólo las 35 empresas del IBEX acumulan unos 170.000 millones de deuda, más de cinco veces sus beneficios. Y lo peor: un 41% de todas las empresas españolas dedican el 100% de su beneficio a pagar deudas. Vamos, que trabajan para pagar a los bancos. Como para pensar en pedir más créditos.

Las familias lo tienen aún peor, porque España es un país de propietarios, donde el 83% de españoles tienen piso en propiedad (frente al 60% de media en Europa y el 44% en Alemania). Con ello, 1 de cada 3 familias españolas tiene pendiente el pago de su hipoteca, que se lleva hasta el 40% de los ingresos mensuales (en el caso de dos tercios de los hipotecados, según el Banco de España). Y por ello, 1 de cada 10 familias con hipoteca tiene graves dificultades para pagarla cada mes, 600.000 familias candidatas a un desahucio, que siguen creciendo mes a mes (+13,5% en 2014). Como para pedir más créditos.

Esta  deuda es una pesada losa para que empresas y familias salgan de la crisis, inviertan y consuman, la clave para que se recupere de verdad  la economía Y el mayor hándicap para que aumente el crédito. Por eso, si el Gobierno quiere que la economía crezca más, hace falta buscar una salida a la deuda de empresas y familias, asfixiadas por pagarla.

En el caso de las empresas, las grandes se van “buscando la vida”, vendiendo lo que pueden y renegociando sus deudas con la banca, como han hecho Telefónica, El Corte Inglés, FCC, ACS, Repsol  o muchas inmobiliarias. Pero las pymes lo tienen más difícil. Una solución sería comprarles estos créditos, a través del ICO y la banca, y cambiarlos por deuda a más largo plazo y tipos más bajos, costeando el Presupuesto la operación. Y para los autónomos, el Gobierno va a aprobar una Ley de segunda oportunidad, que exima del pago de las deudas que no se han podido afrontar a los tres años del cierre del negocio, aunque la norma va a exigir requisitos que se consideran “excesivos”, por lo que suena a una medida “electoralista”.

En el caso de las familias, habría que poner en marcha, con el ICO y la banca, un Plan de reestructuración de hipotecas, para renegociar plazos y tipos en los casos que pagar la mensualidad suponga más de un 25% de los ingresos familiares. Y en los casos más problemáticos (parados, familias sin ingresos), habría que “rescatar a las familias” (como se ha hecho con los bancos), buscándoles vivir en alquiler y creando un “banco malo” de hipotecas particulares, como hizo el presidente Rooselvet en EEUU en 1933. Si no se alivia la carga financiera de las hipotecas (las familias aún deben 745.793 millones), no habrá consumo ni recuperación. Y seguirán los desahucios y los fallidos en la banca.

España tiene un grave problema de deuda (pública y privada), el mayor del mundo tras EEUU, según el FMI. Y mientras no se alivie su pago, ni habrá más crédito ni habrá inversión ni consumo. Pero no basta con aligerar el pago de la deuda. Para salir de verdad de la crisis, hay que crecer más. Primero, porque no es verdad que seamos los que más crecemos de Europa: en 2014, crecimos (+1,4%) menos que Alemania (+1,5%) y que otros 7 países de la zona euro. Y en 2015, la Comisión Europea prevé para España un crecimiento (+2,3%) que es inferior al de 7 países de la zona euro (Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Eslovaquia van a crecer más). Y segundo, porque sí somos los que tenemos más del doble de paro (24,3% frente a 11,6%), que según Bruselas, no va a bajar del 20% hasta 2017. Y eso son 4,7 millones de parados dentro de dos años.

Por eso, habría que dejar de hacer propaganda con el crecimiento y apostar por crecer más y crear más empleo estable, porque el que se crea es muy volátil: en 2014 se crearon 433.900 empleos netos y sólo en enero se perdieron 199.902 empleos, al pincharse el tirón navideño. Para ello, además de aliviar el peso de la deuda a empresas y familias, hay que reanimar más el consumo (subiendo los sueldos, por encima del 0,6% que ofrecen los empresarios) y potenciando la inversión, de la mano de una mayor inversión pública. Y ello es posible si el Estado ingresa más, recortando el fraude y haciendo pagar más a multinacionales, grandes empresas y los más ricos: los expertos de FEDEA  creen que se podría ingresar 40.000 millones extras, para dedicar a reindustrializar, a tecnología y fomento de la inversión privada en sectores clave. Además, hay que dedicar más recursos a políticas activas de empleo, a colocar a los parados (todavía 5,45 millones), porque más de la mitad (3,35 millones) llevan más de un año en paro y sin perspectivas de encontrar trabajo. Es una vergüenza que hasta el 6 de febrero de 2015 no se haya puesto en marcha en el SEPE (antiguo INEM) un servicio de asesoramiento individualizado para cada parado (veremos su eficacia si faltan recursos, funcionarios/asesores y empleos).

Hace falta un “optimismo activo”, como dice el editorial de El País, que el Gobierno Rajoy, junto a tanta propaganda sobre “lo mucho que crecemos”, ponga en marcha medidas para reanimar de verdad la economía, lo mismo que Europa (todavía estancada). Porque tenemos una tasa de paro insoportable y hay millones de españoles (mayores de 45 años, mujeres y jóvenes) que no ven claro el futuro. Y así, un 84% de los españoles creen que la situación económica es igual o peor que hace un año, según el último Barómetro del CIS. ¡Basta de triunfalismos¡ .Hay que apuntalar la recuperación, con menos deuda, más salarios, más ingresos públicos y más inversión. Y sentar las bases de un nuevo crecimiento, asentado en la industria, la tecnología y los servicios. Nos hace falta otra política, tras cinco años de recortes.

jueves, 12 de febrero de 2015

Las pensiones y el gasto crecen menos


En 2014 han crecido menos los nuevos pensionistas y el gasto en pensiones, por primera vez en esta crisis. Es el fruto de los recortes aprobados en las pensiones, por Zapatero y por Rajoy. Pero aun así, el gasto en pensiones sigue creciendo y no se cubre con las cotizaciones, porque los nuevos empleos cotizan poco, por los bajos sueldos y los trabajos temporales. Por eso, el Gobierno Rajoy ha tenido que echar mano de ”la hucha” de las pensiones, por tercer año consecutivo. Y tendrá que seguir haciéndolo en 2015 y hasta 2020 (se la gastará antes). Las cuentas no salen, porque crecen más los pensionistas y el gasto que los cotizantes e ingresos. Hay que plantearse de una vez una reforma de las pensiones que no se dedique a recortarlas (el 40% son menores de 625 euros) sino a conseguir más ingresos, vía impuestos, lucha contra el empleo sumergido y más cotizaciones. Será uno de los grandes retos del futuro Gobierno.
 
enrique ortega

Las tres “reformas” de las pensiones (una de Zapatero en 2011 y dos de Rajoy en 2013) empiezan a dar sus frutos. El primero, que crece menos el número de nuevos pensionistas: en 2014 fueron 112.791, un 1,35% más, el porcentaje de aumento más bajo desde 2007. En 2013, con todo el debate sobre la reforma de las pensiones de Rajoy, fueron muchos los mayores que aceleraron su jubilación, alcanzándose un récord de 133.714 nuevos pensionistas, el mayor crecimiento desde 2009. Pero el año pasado, las nuevas jubilaciones crecieron menos por un doble efecto: el aumento del periodo de cotización y de  la edad de jubilación a 65 años y dos meses (reforma Zapatero febrero 2011) y las dificultades impuestas por Rajoy (decreto 1 abril 2013) a la jubilación anticipada (exigencia de más tiempo de cotización y un 8% de recorte por cada año que se anticipa la jubilación).

El segundo fruto de las “reformas” (recortes) es que el gasto en pensiones crece menos: la nómina anual en 2014 fue de 96.170 millones, un 3,2% más que en 2013, el menor crecimiento en diez años (+4,7% en 2013 y +6,5% en 2004). Incluso en enero de 2015, el gasto en pensiones creció menos que un año antes (+3,1% frente a +3,2%), aunque la cifra fue récord (8.164 millones de euros). El gasto crece porque aumenta el número de pensionistas y porque los nuevos pensionistas entran cobrando una pensión más alta (porque han cotizado por sueldos más altos): 1.356 euros era la media de las nuevas jubilaciones en enero 2015, un 37% más altas que en 2007. Pero el gasto total crece menos porque la segunda reforma de Rajoy (que entró en vigor en 2014) puso un tope a la revalorización de las pensiones, que ha sido de un 0,25% en 2014 y lo mismo entre 2015 y 2017, una medida que supondrá un “ahorro” para el sistema de 30.000 millones de euros hasta 2022.

Los pensionistas y el gasto crecen menos, pero también los ingresos de la Seguridad Social, porque aunque se creó empleo en 2014 (+ 417.574 afiliados), los ingresos por cotizaciones cayeron un 2,86%, algo que viene sucediendo desde 2010 (en años anteriores la caída osciló entre -1,63% de 2010 y -0,22% de 2012). Y eso se debe a que los nuevos contratos son de asalariados peor pagados, que no cotizan apenas por horas extras (las hacen gratis) y que en muchos casos cotizan sólo por media jornada o por horas. En este sentido, los contratos precarios y mal pagados están haciendo “un roto” a las cuentas de la Seguridad Social. Otro “roto” se lo hacen las “tarifas planas”, esas excepciones que se hacen a empresarios (sólo 100 euros por empleo estable creado) y autónomos (tarifa plana de 50 euros) y que suponen dejar de ingresar entre 1.500 y 2.500 millones al año.

El resultado es que los ingresos de la Seguridad Social no cubren los gastos (aunque se hayan moderado). Y en 2014, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a tirar de “la hucha” de las pensiones (Fondo de Reserva), de la que sacó 15.300 millones de euros, a sumar a lo que sacó en 2013 (11.648 millones) y en 2012 (7.003 millones). En total, ha sacado ya 27.803 millones de una hucha creada en el año 2.000 y en la que llegó a haber (entre aportaciones e intereses) un máximo de 66.815 millones a finales de 2011, de los que “han volado” ya más de un tercio de fondos. Hay que decir que este Fondo de Reserva español es el único que se está reduciendo en Europa, según un informe de la OCDE. Y lo peor es que habrá que seguir “tirando de la hucha”, este año y los próximos, unos 10.000 millones al año, según el informe de la Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal. De ser así, como sólo quedan 41.355 millones, nos habremos quedado sin hucha para 2019.

Pero el problema de las pensiones no es coyuntural sino estructural: no salen las cuentas porque crecen más los pensionistas y el gasto que los cotizantes y los ingresos. Una relación que se ha deteriorado con la crisis: si en 2007 había 2,71 cotizantes por cada pensionista, en 2014 había 2,25 cotizantes (el nivel más bajo desde el año 2.000). Y si quitamos a los parados, cuya cotización la paga la seguridad Social (con lo que no es un ingreso real), la relación hoy es de 1,97 cotizantes por pensionista. Y con el envejecimiento de la población y la baja natalidad, en 2050 la situación será mucho peor: sólo habrá 1,2 empleados por cada pensionista. Y así, no hay sistema de pensiones que aguante.

Frente a este panorama, los gobiernos de Zapatero y Rajoy han optado por los recortes: repartir los ingresos menguantes entre más pensionistas, medio congelando las pensiones actuales y recortando las pensiones futuras: los que se jubilen a partir de 2019 recibirán entre un 5,8% menos de la pensión inicial actual (los que ahora tienen entre 50 y 60 años) y un 23,2% menos (los que ahora tienen entre 20 y 30 años). Pero hay otra vía de ajustar las cuentas: ingresar más. Para ello hace falta actuar en dos frentes. Por un lado, creando más empleo y aumentando los futuros cotizantes, mejorando la natalidad (haría falta que nacieran 280.000 niños más cada año para asegurar el relevo generacional). Y por otro, aumentando los ingresos de la Seguridad Social, por varias vías: destinando una parte de los impuestos a pagar pensiones (20.000 millones al año propone el PSOE), reducir el fraude (empresas que no cotizan por sueldos reales, horas y otros pagos) y subir cotizaciones en los tramos que se pueda (sin afectar al empleo), incentivando fiscalmente a los que hagan cotizaciones extras voluntarias: ¿por qué se desgravan los que pagan un plan de pensiones privado y no se estudia  que desgraven los que coticen voluntariamente más para fortalecer el sistema público de pensiones?. No es de recibo que la Seguridad Social esté en números rojos mientras los españoles, por miedo al futuro, han quintuplicado sus aportaciones a Planes de pensiones privados en 2014.

Los Gobiernos han elegido el sistema más fácil, el de los recortes, que son injustos por un doble motivo: España gasta menos en pensiones que la mayoría de Europa (destinamos el 10% del PIB, frente al 12,2% de la eurozona y el 11,3% de la UE-28) y además, un 40% de los pensionistas recibe menos de 645 euros al mes. Y la pensión media en España es de 1.010 euros (enero de 2015), dos tercios de la pensión media europea. Y además de injustos, los recortes son insuficientes: son un parche que no resuelve el problema de fondo, la insuficiencia de recursos, que obliga a tirar de la “hucha de las pensiones”.

Por eso, cara a las futuras elecciones y Gobiernos, hace falta avanzar en otra dirección, la de ingresar más, con más empleo y más nacimientos, más  trasvase de impuestos (con más ingresos de los que hoy apenas pagan) y más cotizaciones (obligatorias y voluntarias), para salvaguardar las pensiones en el futuro. Porque las pensiones son sagradas.