Ley de Dependencia: un derecho sin recursos

Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones  y rebajando los servicios y ayudas, que reciben de momento 720.000 españoles. Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.

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La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos. La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.

A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%) ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%). De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda. Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.

Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago). Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales). Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones). Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio. Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 € por habitante, frente a 61 € de media), Baleares (29,66 €.), Murcia (31,08 €), Ceuta y Melilla (37,25 €), Galicia (34,53 €) Comunidad  Valenciana (41,08 €) y Madrid (54,06 €). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 €/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 €).

La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se” resuelven” con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido. Pero no sólo falta dinero. La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales. Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado. Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata. Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.  

Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad  Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%). En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad  Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8). Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo,  Madrid (2), Comunidad  Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian  por “el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia”.

Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria). En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos. Y habrá que ligar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas. Todo menos seguir haciendo demagogia con los ancianos. No valen derechos sin recursos. Hay que consolidar la Ley. Se lo debemos a nuestros padres y a nosotros mismos, para el día de mañana.   

Modernizar la Justicia,otra receta contra la crisis

Pleitos tengas…y los ganes. Pero en España, puedes tardar 6 años en ganar un pleito y mientras haber perdido los bienes o la empresa. La Justicia española es lenta y está colapsada, con más de 9 millones de asuntos al año para 5.000 jueces. Y funciona casi como en el siglo XIX, en medio de la desconfianza de los ciudadanos. La lentitud de la Justicia (salvo para el fútbol) paraliza aún más la economía y bloquea fondos de litigios por más de 6.000 millones de euros. La esperanza está en un Plan de Modernización y cuatro Leyes que esperan en el Parlamento a ser aprobadas este año, con consenso. Hace falta además, dinero y muchos cambios en los juzgados.

En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las obras de soterramiento de la M-30 de Madrid, con una sentencia favorable a un recurso de los ecologistas presentado… en 2005. Es papel mojado, porque las obras están terminadas y han costado más de 6.000 millones de euros. Pero es un claro ejemplo de la lentitud y la ineficacia de la Justicia, que a finales de 2010 tenía 3,2 millones de asuntos pendientes, de los 9,5 millones de litigios presentados el año pasado. Dos de cada tres son asuntos penales (lo que indica una alta conflictividad social), pero con la crisis han crecido los litigios por deudas e impagos, los mercantiles (suspensiones de pagos y quiebras) y los juicios por despidos.

España es el país de Europa con más litigios (205 por 1000 habitantes), quizás porque es el tercer país con más abogados (unos 120.000). Y los Juzgados no dan de sí a abordar una media de 8 litigios por juez y día laborable. El resultado es que el plazo medio de resolver una demanda en primera instancia son 300 días y lo normal es que, con apelaciones, se vaya a cuatro y seis años. Y esos retrasos suponen un alto coste para la economía, los particulares y las empresas. Sólo en la Sala de lo Contencioso están bloqueados, por litigios, fondos por más de 6.000 millones de euros. “La justicia retardada es injusticia manifiesta”, dice el refrán.

Los ciudadanos tienen una pésima imagen de la Justicia: un 48% piensa que funciona mal o muy mal (y un 28,7%, regular), según la última encuesta del CIS. Tres de cada cuatro piensa que los pleitos son tan caros y largos que no compensan y un 70% creen que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un  rico, Hacienda o la Administración. Y la mayoría cree que la Justicia está igual o peor que hace 3 años.

Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. Un duro diagnóstico contra el que se han unido todos los partidos, que han hecho un pacto en el Congreso para sacar adelante con urgencia cuatro Leyes claves. La principal, la Ley de medidas de agilización procesal, que busca agilizar los procesos y limitar las apelaciones en los tribunales civiles y contencioso-administrativos. Así, las sentencias en juicios civiles de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros) no se podrán recurrir y tampoco se podrá recurrir al Contencioso-administrativo o al Supremo las cuantías inferiores a 800.000 euros. Es una forma tajante de agilizar litigios, cortando apelaciones. Los abogados lo han criticado por indefensión y hablan de” justicia para ricos”, mientras el CGPJ dice que se quejan porque los abogados “cobran más cuanto más recurren”…Otra Ley, de Nuevas tecnologías, pretende acabar con el papel en los juzgados dentro de 5 años. La tercera, de creación de Tribunales de instancia, busca agrupar los juzgados en uno sólo por partido judicial, con jueces, personal y medios trabajando colegiadamente. Y la cuarta, la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles : con ella, las reclamaciones de cantidad inferiores a 6.000 euros deberán someterse a la mediación, como paso previo a ir a los tribunales.

Junto a estas Leyes, hacen falta más medios. El Presupuesto en Justicia han crecido un 74% desde 2004 y el gasto por habitante está casi a nivel europeo, pero en 2011 ha sufrido también el ajuste (-6,9%), sobre todo en las 11 autonomías con competencias, que afrontan las dos terceras partes del gasto. Cataluña sufre los mayores recortes (se ha llegado a cerrar el Juzgado de Reus), pero también la Comunidad Valenciana y Madrid, donde hay una amenaza de huelga en el turno de oficio, por impagos. Y el propio consejero Granados ha hablado de devolver las competencias, porque la justicia en Madrid se ha convertido en “un carajal”…

La medida más urgente es aumentar el número de jueces, que son el embudo de la Justicia: España tiene 10 jueces por 100.000 habitantes, la mitad que la UE. Haría falta duplicar su número, otros 5.000, pero el acceso es lento y sólo entran 250 al año. Además, hace falta más personal, mejor formado y con incentivos, reduciendo la interinidad y la rotación. Y un mayor esfuerzo en la informatización. Pero no todo es dinero. Hay que organizar mejor los juzgados, con menos burocracia, menos castas y más eficacia. Y otra actitud con los ciudadanos, menos distante y prepotente, más accesible, con otro lenguaje: la justicia, como los curas, los médicos y los economistas defienden su status con una verborrea incomprensible para el gran público.

Modernizar y democratizar la justicia es un proceso largo, pero que debe acelerarse cuanto antes, porque es otra receta para salir de la crisis. El reto es agilizar una Justicia del siglo XIX y adaptarla a la sociedad y a la economía de hoy. A ver si este siglo lo arreglamos.

Subida de tipos: la puntilla para España

Se acabó el dinero barato. El BCE ha subido un 0,25% el precio oficial del dinero en Europa, tras casi dos años en el 1%.La medida es otra imposición de los conservadores europeos y la Europa del norte, preocupados por la inflación y no por el paro. Y supone otra vuelta de tuerca para España y la Europa del sur, que vamos a pagar más por la deuda, habrá menos consumo e inversión, creceremos menos y se creará menos empleo. Y además, forzará nuevos recortes de gastos en 2011 y sobre todo, en 2012. La subida de tipos, que continuará en los próximos meses, va a retrasar al menos seis meses la recuperación, hasta el verano de 2012.

La última Cumbre Europea dejó a Portugal a los pies de los mercados, que se han cobrado una tercera pieza (mercados 3 - Europa 0), a costa de grandes beneficios y un alto coste para los tres países, que tardarán una década en recuperarse. Merkel y los conservadores de Bruselas, que no han defendido a Portugal antes los mercados (como tampoco lo hicieron con Grecia o Irlanda), han dado “su tercer escarmiento” a la Europa del sur, que no es la culpable de la crisis (una crisis financiera) y sí quien más la sufre. Y ahora, el Banco Central Europeo, su policía monetaria, da la puntilla subiendo tipos. Una medida que pretende atajar la inflación (2,6% en la UE) pero que va a poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo. Algo que no les preocupa, porque Alemania crece en torno al 4% y la UE en torno al 2%, cuando España, Portugal, Grecia e Irlanda no crecen ni crean empleo. Y ahora menos.

España es uno de los países que más sufren por la subida de tipos. Primero, porque estamos muy endeudados (4,2 billones, con b, de euros) y ahora nos costará más caro devolver los créditos. A las empresas (las compañías del IBEX, con 238.000 euros de deuda, pagarán 400 millones más en intereses) y a las familias, por las hipotecas: el saldo vivo de deuda hipotecaria supera el billón de euros, un 94% a tipo variable (en Europa, sólo la mitad). De hecho, el precio del dinero en el mercado lleva meses subiendo y el Euribor ha superado el 2%, con lo que las hipotecas que se revisen en abril tendrán un mayor coste anual de 624 euros. También se encarece la financiación a bancos y Cajas (en plena reforma), con lo que el crédito será más caro y escaso (ya ha caído en 2011). Y al Estado se le encarecerá la deuda, con lo que tendrá que recortar gastos (o más déficit).

Dinero más caro se traduce en menos inversión y menos consumo, en un momento en que las ventas están cayendo y las familias tiran del ahorro para llegar a fin de mes, ahora más difícil con las subidas de los carburantes, la luz, el gas y el butano en abril. Una válvula de escape son las ventas al extranjero y el turismo, pero la subida de tipos también juega en su contra: el euro se revaloriza (ya ha subido un 8,6 % frente al dólar)  y eso encarece nuestros productos y las vacaciones en España. En suma, la subida de tipos, que llegarán hasta el 1,75% para fin de año, va a recortar aún más el crecimiento, este año (un -0,3%) y el próximo (otro -0,4%), retrasando unos seis meses la salida de la crisis, hasta el verano de 2012. El Gobierno se ha empecinado en mantener su previsión de crecimiento en el 1,3% este año, aunque la ha rebajado para 2012 y 2013. Pero tanto el Banco de España como la mayoría de los expertos apuestan por crecer la mitad en 2011, entre el 0,6 y el 0,8%.

Menos crecimiento, menos empleo. El Gobierno confía en bajar algo el paro este año, pero la mayoría de las previsiones apuntan a más paro (4,8 millones) y pérdida de empleo neto. Y el problema de fondo, reconocido por el ministro de Trabajo, es que España “necesita crecer un 2,5% para empezar a recuperar el empleo perdido”. Y eso no será hasta 2014, como pronto. Ese es el drama para uno de cada cinco españoles sin empleo. Pero hay más: si  crecemos menos por la subida de tipos, el Estado recaudará menos, con lo que tendrá que hacer nuevos recortes, este año y sobre todo en el Presupuesto 2012. Y esos recortes enfriarán el crecimiento y el empleo. Es lo que tiene reducir el goteo a un enfermo en la UVI.

En resumen, las recetas de Merkel y del BCE (tan diferentes a las de Obama y la Reserva Federal , con los tipos en el 0,25%) están pensadas para atajar la inflación en la Europa del norte, que crece y crea empleo, pero agravan la crisis en España y la Europa del sur, retrasando el crecimiento y la creación de empleo. Más desigualdad en una Europa a dos velocidades. Y pueden volver las tensiones a los mercados, porque los rescates no resuelven los problemas, sólo evitan la quiebra. La receta del ajuste puro y duro provoca crisis, estancamiento, costes sociales y paro. Y más con tipos altos, que forzarán más ajustes. Habría que buscar, en Europa y en España, un gran pacto para salir de la crisis, con otras recetas, reanimando al enfermo en lugar de mantenerlo en coma. Pero estamos en minoría y en el Club del euro mandan los conservadores. Por sus recetas, y por sus errores en el pasado, tardaremos una década en remontar la crisis. Y para entonces, la otra Europa irá más rápido y será más rica.

El derroche de las TV autonómicas y locales

Cada día, los habitantes de 13 autonomías y más de 100 grandes ciudades españoles pueden ver los programas de sus televisiones regionales o municipales, junto a TVE y las privadas. Pero no les sale gratis: ver la televisión propia les cuesta más de 120 euros al año por familia. Las TV autonómicas y locales tienen unos 2.000 millones de Presupuesto, el 70% del gasto del Ministerio de Educación. Y la mayoría son subvenciones de autonomías y Ayuntamientos, que no evitan unas pérdidas acumuladas de 1.500 millones de euros. Unas televisiones caras y muy politizadas, cuyo futuro se debate en estas elecciones. Unos quieren privatizarlas, otros quitarles la publicidad y otros cerrarlas. Algo habrá que hacer con ellas.

Con las autonomías, en los ochenta llegaron las primeras TV regionales (la vasca ETB en 1982, la catalana TV-3 en 1983, Tele Madrid  y la andaluza Canal Sur en 1989), que no han parado de aumentar (las últimas, en 2005, Canal Extremadura y la balear IB3). Hoy, 13 autonomías tienen TV propia, con 34 canales en total, más las correspondientes radios autonómicas. Y las cuatro autonomías sin TV institucional (Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja) subvencionan programas de TV privadas.

En 2010, el presupuesto de estas 13 TV autonómicas ascendió a 1.860 millones de euros, de los que la publicidad sólo cubre el 15%. El resto son subvenciones (813 millones) y pérdidas (775 millones), que acaban saliendo del presupuesto autonómico, del bolsillo de los ciudadanos. En 2009, las televisiones autonómicas costaban una media de 110 euros por hogar, según un estudio de Deloitte. Las más caras eran las TV de Baleares (219 euros por familia), Euskadi (191 €), Aragón (145€), Andalucía (121 €) y C. Valenciana (117 €).El problema es que tienen un alto coste, están sobredimensionadas de personal (10.000 personas, cuatro veces la plantilla de las TV privadas) y tienen poca publicidad (les ha caído un 39% desde 2006) por su baja audiencia, que además está cayendo con la TDT: sólo superan el 10% de share TV-3 (14,8%), Canal Sur(12,7%) y la TV de Galicia(12,3%). En consecuencia, viven de las subvenciones y acumulando unas pérdidas de 1.480 millones de euros.

En paralelo, unas 100 grandes ciudades españolas mantienen TV municipales, con más de 100 millones de presupuesto, en su mayoría con cargo a los Ayuntamientos, que cubren sus pérdidas. La mayoría están en Andalucía (más de 30 TV municipales, destacando Giralda TV en Sevilla, con 4 millones de presupuesto, Málaga o Cádiz con más de 2 y Jerez con 1,3 millones) y en Cataluña (con más de 18 TV municipales, la principal la barcelonesa BTV, con 18 millones de presupuesto y 1,6 millones de deuda). Son TV con más de 600 trabajadores, elevados costes y  una escasa audiencia (1,3% para todas las locales, incluyendo privadas) y con una publicidad que cayó un 40% en 2010.

Ante este panorama, la receta de las TV privadas es la misma que se aplicó a RTVE: quitarlas la publicidad y financiarlas con el presupuesto autonómico/ municipal o con un canon. Una mala solución a la vista de lo que ha pasado con RTVE: ha tenido que prejubilar a 4.000 empleados, ha recortado costes y aun así ha cerrado 2010 con un déficit de 47,1 millones porque no ha funcionado el sistema de financiación aprobado: las operadoras de telecomunicaciones y las TV privadas (junto a la tasa radioeléctrica) han aportado 142 millones menos de los previstos. Y además, una parte de estos ingresos están recurridos por Bruselas ante el Tribunal de Luxemburgo, con lo que el próximo Gobierno se puede encontrar con que ha de buscar otra vez como financiar a RTVE o hacer más recortes. Eso sí, los 500 millones de euros que facturaba RTVE por  publicidad  (que ahora se cubren con una subvención del Presupuesto de 579 millones) se los han repartido entre Telecinco (200 millones) y Antena 3 (104 millones), dos cadenas que han disparado sus beneficios en 2010 (+ 79,6 T5 y + 45,6% A3), gracias al desmantelamiento financiero de RTVE, un logro más en el balance de ZP.

Ahora, no debería repetirse este error estratégico (¿intencionado?) con las TV autonómicas y municipales. Está claro que algo hay que hacer, porque no es de recibo que Cataluña, por ejemplo, tenga un presupuesto de 481 millones para su RTV autonómica y tenga que cerrar los quirófanos por la tarde o tener los institutos a media luz  por su agujero presupuestario. O que un Ayuntamiento se gaste más en RTV que en servicios sociales. Son televisiones caras, poco independientes y muy politizadas, y con una programación discutible, más comercial que de servicio público, que puja por programas como la Fórmula 1 (Canal Nou) o la Champions (TV-3 o Canal Extremadura). El PP dice en esta campaña electoral que quiere cerrarlas o privatizarlas, pero está por ver que lo hagan, ya que son “un juguete” muy tentador. Otra opción (peligrosa) es externalizar los servicios, en manos de productoras de “amiguetes”. Pero algo hay que hacer tras el 22-M: sanearlas, dimensionarlas, hacer una programación sensata y centrada en la región o la ciudad. Y buscar un modelo de financiación realista y estable. Si no, la pelota de las pérdidas las abocará a la subasta o al cierre.

La educación no se libra del ajuste

Los recortes de gasto no se limitan a las pensiones, el desempleo, los funcionarios, las inversiones públicas o la sanidad. También se está aplicando la tijera en el gasto educativo, que baja unos 2.500 millones este año, a pesar de que hay más alumnos. Al recorte del Presupuesto se suma el agujero de las autonomías, que soportan el 80% del gasto educativo y que están tratando de ajustar sus cuentas bajando sueldos de profesores, reduciendo plantillas, recortando becas y ayudas y cortando hasta de luz, calefacción y limpieza de colegios. Todo ello en un país que tiene el doble de abandono escolar que Europa, un nivel educativo de los más bajos de la OCDE (informe PISA) y la mayor tasa de paro juvenil . Por ello, hasta Bruselas ha censurado el recorte español en educación, que se va a agravar tras las elecciones autonómicas de mayo.

La educación fue una de las partidas del ajuste presupuestario para 2011, con un recorte del 8,1%, que se sumaba a tres ejercicios con el presupuesto congelado (unos 3.000 millones/año entre 2008 y 2010). Pero lo peor ha sido el recorte de las autonomías, que gestionan el 80% del gasto educativo y que han rebajado otro 5%. En total, y contando los últimos recortes de Cataluña y Baleares, el recorte en educación rondará este año los 2.500 millones de euros. El “ahorro” supone un tercio de lo que costará el tramo de AVE a Galicia entre Olmedo y Orense, que el Gobierno central ha comunicado a Bruselas que va a licitar este año.

La mayor parte del recorte educativo son sueldos, por la bajada del 5% a los profesores de centros públicos y concertados. Pero también hay recortes en instalaciones y nuevos centros, en becas y ayudas, en material (ordenadores) y hasta en gastos de funcionamiento (un 28% en Cataluña, donde hay centros con serios recortes en luz, agua, calefacción o limpieza). Y por supuesto, en profesores, tanto por recorte de plantillas de refuerzo como por no cubrir más que un 30% de las bajas con oposiciones (donde se convoquen), en un año de muchas jubilaciones, ya que es el último donde se admite la jubilación anticipada a los 60. Y todo ello en un curso con 140.736 alumnos más y donde los interinos llegan hasta el 20%.Además, las Universidades están en bancarrota, con un presupuesto al que le faltan 2.733 millones de euros,según un informe encargado por los rectores.

La comisaria europea de Educación censuró el 31 de enero estos recortes, recordando que España tiene un nivel dramático de fracaso escolar, el más alto de Europa (un 31,2% de los jóvenes deja de estudiar al acabar la ESO, frente al 14,4% de media en la UE) y que somos el único país de los 27 donde ha empeorado (un 7%) en la última década. Además, recordó  que el abandono escolar no es sólo un problema educativo, sino que implica un mayor riesgo de pobreza y un mayor coste en desempleo. Y eso es un drama mayor para España, con una tasa de paro juvenil del 43% (frente al 20% en la UE y un 8% en Alemania) y donde más de la mitad de los parados de todas las edades no han acabado la educación secundaria. Una educación que, además, deja mucho que desear, ya que el nivel de los jóvenes de 15 años en matemáticas, ciencias y lectura es inferior a la media de la OCDE (Informe PISA).

No es sólo que se recorte el gasto en educación con la crisis. España es uno de los países europeos que menos gasta en enseñanza, un 4,35% del PIB frente al 4,96 % de UE-27, menos que Francia (5,59%), Reino Unido (5,39 %), Portugal (5,30%) o Suecia (6,69%),según los últimos datos de Eurostat. Y aunque ahora ha subido al 5 % del PIB, el gasto español en educación, unos 51.000 millones de euros en 2011, apenas ha crecido desde 2008. “España está lejos de invertir lo que es necesario en educación. Y quien no tenga formación una formación cualificada, será carne de ERE”. La frase es del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y con ella trataba de convencer a la Generalitat y a las autonomías, de que la austeridad no afecte a la educación, algo de lo que no ha convencido a ZP.

El problema no son sólo los recortes que están en marcha, sino los que se avecinan tras las elecciones autonómicas de mayo. Hay 9 autonomías con una gran deuda y que no cumplen el  objetivo de déficit (-2,4%) presentado a Bruselas: Castilla la Mancha (-6,47%), Murcia (-4,95%), Baleares (-4,16%), Cataluña (-3,86%), Navarra(-3,50%),C.Valenciana(3,47%),La Rioja (-3,26%),Aragón(-3,07%) y Andalucía (-2,99%). Y los nuevos Gobiernos  tendrán que recortar el agujero autonómico en 16.000 millones de euros más en 2011 para cumplir los objetivos de déficit ante el Gobierno y ante Bruselas. Sólo podrán hacerlo subiendo impuestos (no parece) o recortando gastos. Y aquí, la educación, que supone un 24,3% del gasto autonómico, no va a librarse, este curso y sobre todo el próximo.

Si lo hacen, si se vuelve a recortar el gasto en educación, España será carne de crisis por muchos años. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos.

Ahora nos riñen por ahorrar

Mi madre me enseñó a ahorrar desde pequeñito, con la paga de los domingos. Pero España no ha sido, tradicionalmente, un país ahorrador. En parte, porque no podíamos y sobre todo porque los ahorros se iban en comprar piso: somos el país con más viviendas en propiedad de Europa. Y en las dos últimas décadas, cuando crecíamos más que nadie, lo hemos hecho a base de endeudarnos, no ahorrando. Con la crisis, nos hemos asustando y España se convirtió en el país más ahorrador de Europa. Ahora, el Gobierno nos pide que ahorremos menos y gastemos más, para que la economía crezca. Pero las familias no hacen caso, porque ingresan menos y tienen que tirar de la hucha para llegar a fin de mes, con lo que el ahorro está bajando. Pero volver a ahorrar es clave para crecer sano.

En los últimos veinte años, el ahorro ha caído en los países desarrollados (del 22,9% de la renta en 1989 al 18,9% en 2009), mientras subía en los países emergentes (del 22 al 24,8%). Los países ricos se han dedicado a gastar y a endeudarse, con menos ahorro por el mayor envejecimiento de la población. Y los países en desarrollo, más jóvenes y con fuerte crecimiento, se han dedicado a ahorrar y a financiar a Occidente. Es el contraste entre Estados Unidos (14% de ahorro) y China (54% de ahorro). Con la crisis, el ahorro ha subido en todo el mundo y la previsión es que crezca hasta 2020, para bajar a partir de 2025, por el mayor consumo de los países emergentes y el envejecimiento de los países desarrollados.

Hasta la crisis de 2007, España era el país que menos ahorraba de la zona euro: un 11,3 % de la renta disponible, por debajo de Alemania (16%), Francia (15,4%) o Italia (15,6%). Y si no ahorrábamos, en la década de los ochenta y los noventa, era porque nos endeudábamos, sobre todo para invertir en una vivienda. Así, España es el país europeo con más viviendas en propiedad (83%), muy por encima de Italia (72,5%), Francia (63%), Reino Unido (70%), Alemania (57%) o la media de la UE (73,5%). Tras la crisis, los españoles ven las orejas al lobo  y el ahorro crece en España, entre 2007 y 2009 más que en ningún otro país europeo (del 11,3 al 18% de la renta), salvo Irlanda. Pero en 2010, tras tres años de crisis, el ahorro ha vuelto a caer (13,1%), porque las familias han tenido que tirar de la hucha para sobrevivir.

En este contexto, el Gobierno nos pide ahorrar menos y consumir más: “si la tasa de ahorro bajase en dos puntos, la economía crecería un 1% más”, señaló el 1 de marzo el Secretario de Estado de Economía. Y es cierto: el consumo de las familias aporta  la mitad del crecimiento del país. Pero a pesar de estas llamadas de atención, los españoles siguen sin consumir. Y ahorrando menos, porque tienen menos ingresos y muchas deudas que pagar. De hecho, hay más de 15 millones de españoles que lo están pasando mal: 4,7 millones de parados, 3 millones de funcionarios a los que les han bajado el sueldo y 8 millones de jubilados con la pensión congelada. Y un tercio de los hogares tiene problemas para llegar a fin de mes. Muchos, porque tienen que pagar la hipoteca, que se ha encarecido en la última revisión.

En consecuencia, la renta disponible de las familias ha caído y va a seguir cayendo: entre un 1 y un 1,7% en 2011, tras haber caído entre un 3,9% y un 5% en 2010. Con menos renta, las familias no pueden ahorrar e incluso tiran de la hucha, con lo que la previsión es que el ahorro vuelva a caer en 2011 (al 12,1%) y 2012 (11,7%), a niveles de antes de la crisis. Pero ese ahorro no irá a consumir más, sino a sobrevivir y tapar agujeros, sobre todo deudas (el endeudamiento de las familias asciende a 1,78 billones, con b, de euros). Además, la subida de precios y de los tipos de interés dificulta más el ahorro. Y cara al futuro, el envejecimiento de la población española: entre 2010 y 2050, los mayores de 65 años se van a duplicar (de 7,7 a 15,3 millones de personas). Y a más viejos, menos ahorro.

Sin embargo, España necesita que ahorremos, para no estar tan endeudados (4,2 billones, con b, de euros) y no tener que financiarnos con el ahorro externo y los mercados. Pero para eso, hace falta volver a crecer, recuperar el nivel de ingresos y ayudar al ahorro, no penalizarlo fiscalmente como se hace desde los años ochenta. Diga lo que diga el Gobierno, obsesionado sólo con el corto plazo, yo voy a seguir ahorrando y estoy enseñando a mis hijos a ahorrar. Y todos deberíamos hacerlo, al menos por tres razones: nos va a hacer falta dinero para la jubilación, nos están recortando el Estado del bienestar (habrá que dedicar más dinero a sanidad privada y a educación) y cuando seamos viejos, habrá que seguir ayudando a nuestros hijos, con empleos e ingresos precarios. Así que habrá que pensar en el futuro y ahorrar más (el que pueda).

Una Europa a dos velocidades

La Cumbre Europea del 24 y 25 de marzo ha dejado a Portugal a los pies de los mercados, sin ayuda y con exigencias. Merkel ha vuelto a imponer su voluntad y se aplaza hasta junio la reforma del Fondo de rescate, a la espera de que los países hagan sus deberes y sus ajustes. Zapatero ha vuelto a ser un alumno aventajado y ha presentado a Bruselas un tercer catálogo de medidas. La principal, que va a recortar el gasto público por Ley, lo que se suma a la obligación de que la Unión Europea dé el ok previo a los Presupuestos de 2012. La Cumbre ha aprobado el Pacto del Euro, por el que 23 países aceptan las recetas económicas impuestas por Merkel y los conservadores europeos. Unas recetas que obligan a un duro ajuste a los países del sur, que van a crecer poco y no van a crear empleo, mientras los del norte crecen y exportan. Una Europa a dos velocidades, con un alto coste para los más débiles.

Portugal vuelve de la Cumbre de Bruselas sin apoyo de sus socios europeos ante la durísima presión de los mercados. No les preocupa que caiga, incluso parecen provocarlo al hablar el presidente del Eurogrupo de que el rescate podía cifrarse en 75.000 millones de euros. Pero  han dejado claro que “gobierne quien gobierne en Portugal, tendrá que hacer recortes”. Es un mensaje claro a los portugueses: da igual a quien votéis en las próximas elecciones, porque la política la dictamos en Bruselas. Es precisamente este mensaje, el hecho de que Sócrates informara antes a la Comisión que a su Parlamento del cuarto Plan de ajuste el que le ha forzado a dimitir. Porque si es por recortes, Portugal ya no puede hacer más de los que ha hecho. ¿Y para qué? Para llevar seis meses desangrándose en los mercados. Y todo porque Merkel y la Comisión no resuelven el problema de fondo, como tampoco lo hicieron antes con Grecia e Irlanda: hacer un frente común ante los mercados, establecer un Fondo de rescate flexible, que compre deuda y ayude de verdad a los países en dificultades.

El problema de fondo es que Merkel y la mayoría de conservadores que gobiernan en Europa quieren hacer cargar la crisis de la deuda sobre los países deudores, sin reconocer su parte de culpa, la de los países y los bancos (como los alemanes), que han prestado alegremente y han provocado también la burbuja de esta crisis. Y así, en lugar de buscar una solución conjunta, que pasaría por renegociar la deuda, tipos y vencimientos, han querido salvar sus bancos a costa de los países deudores. Y les imponen unos planes de ajuste de caballo que van a dificultar su salida de la crisis y el propio pago de la deuda (lean este  artículo : "El error Merkel", de Antón Costas).

España ha conseguido una tregua con los mercados, pero es sólo algo temporal. Si cae Portugal o si los especuladores aprecian la más mínima duda en Bruselas o en Madrid, volverán a oler sangre y a conspirar contra la deuda. Sobre todo hasta junio, cuando se espera aprobar los cambios en el Fondo de rescate, que ya serán tardíos e insuficientes. Mientras, lo que si se ha aprobado es el Pacto del Euro, que obliga a los países a presentar en abril unos Planes para aplicar las recetas económicas impuestas por Merkel y los conservadores de Bruselas: recorte de déficits y deuda, salarios ligados a la productividad, saneamiento de la banca, recorte de la edad de jubilación y reformas en los sistemas de protección social.

Zapatero, siempre haciendo méritos, no ha querido esperar y ha sido uno de los cuatro países (junto a Alemania, Francia y Bruselas) que ha presentado en la Cumbre un paquete de medidas para cumplir con el Pacto. Unas están en marcha, como el recorte de las pensiones, la reforma de las Cajas o el esperado acuerdo de negociación colectiva que modere los salarios. Entre las nuevas, la más importante es el anuncio de una Ley para recortar el gasto público, vinculándolo al crecimiento: tanto creces, tanto gastas. Una decisión por la que ningún Gobierno podrá hacer frente a una crisis gastando más, para luchar contra la recesión, como se ha hecho siempre desde Keynes. Y eso conlleva a que cualquier Presupuesto que apruebe el Parlamento tendrá que tener el visto bueno (previo) de Bruselas. Se acabó la autonomía de la política económica.

Otra medida anunciada es un Plan contra la economía sumergida. Pretende aflorar el empleo irregular, con un doble objetivo: reducir las cifras de paro y recaudar más. La idea es buena, pero hay que ir con cuidado: la economía sumergida (17% del PIB) ha crecido por la crisis y combatirla ahora puede llevar a que muchas empresas despidan a los ilegales  o cierren por no poder pagar cotizaciones o impuestos (sobre todo las pymes).

La Cumbre Europea se ha saldado con el triunfo de las políticas conservadoras en Europa y la idea de que los países del sur, manirrotos y poco competitivos, han de ajustarse para salir de la crisis. Pero no son España, Portugal, Grecia o Irlanda los que han  provocado esta crisis, sólo los que más la sufren. Y con los recortes que nos imponen, ayudados por los mercados, se reduce el consumo, la inversión y el crecimiento (no dejen de leer este artículo del Nobel Krugman : "La falsa ilusión de la austeridad"). No en vano, Alemania y la Europa del norte está creciendo y creando empleo mientras España y los países presionados por los mercados apenas van a crecer este año (en algunos,caerá el PIB) y van a perder empleo. Es el fruto de dar ricino a un enfermo que está en la UVI, en lugar de reanimarle. De nuevo, una Europa a dos velocidades, donde ha triunfado el ajuste a costa de los países más débiles. Así saldremos más tarde de la crisis, con un alto coste para la mayoría de los españoles. Esta no es la Europa que soñábamos.