Más incentivos a retrasar la jubilación
Desde el 26 de agosto hay más incentivos para que un empleado
retrase su jubilación y siga trabajando (jubilación demorada) y
también para que un jubilado decida volver a trabajar y compagine sueldo y
pensión (jubilación flexible). Son medidas que pactaron en 2024
el Gobierno, sindicatos y patronal, para frenar el gasto en pensiones, que superará
los 200.000 millones de euros en 2026. Además, se mantienen otras medidas
para penalizar la jubilación anticipada y facilitar la jubilación activa
(cobrar parte de pensión mientras se trabaja). Gracias a esto, han bajado las
jubilaciones anticipadas (el 31,4%) y se demoran muchas jubilaciones
(el 11,8%), aunque todavía son pocos los jubilados que compatibilizan pensión
y trabajo: 79.475, de 6,5 millones de jubilados. Los expertos piden reducir
las exigencias para facilitar que muchos jubilados trabajen y campañas
de información para divulgarlo. Es importante porque a partir de 2027 se
jubila el grueso de la generación del baby boom (1958-1977) y en
2050 habrá 15,6 millones de pensiones, frente a 10,4 millones ahora.
Para afrontar este reto estructural, que se agravará
en los próximos años, los distintos Gobiernos han aprobado varias
reformas del sistema de pensiones. En 2011, el Gobierno Zapatero aprobó una primera reforma, con el
apoyo de sindicatos y patronal, para frenar el crecimiento del gasto en
pensiones, aumentando la edad de jubilación (hasta los 67 años en 2027: este
año son 66 años y 10 meses) y endureciendo los requisitos sobre años cotizados
para acceder al 100% de pensión. En 2013, el
Gobierno Rajoy aprobó una 2ª reforma, en solitario (sin el apoyo de
las fuerzas sociales), que apenas revalorizó las pensiones y estableció un
mecanismo para reducir las nuevas pensiones futuras (que se retiró en 2018). La
3ª reforma se pactó en noviembre de 2020, en el Pacto de Toledo, entre
sindicatos, patronal y la mayoría de partidos (sólo Vox votó en contra), con un
abanico de 20 medidas: pago por el Presupuesto de las pensiones no contributivas,
subida anual del IPC, creación Fondo de Reserva (“hucha”), revisión
cotizaciones y periodos exigidos, así como medidas para penalizar las
jubilaciones anticipadas y promover la compatibilidad entre trabajo y pensión.
En 2019, un 40% de los jubilados se retiraban
anticipadamente. Con las penalizaciones aprobadas a partir de 2020, esta
tendencia se ha frenado, porque la jubilación sólo se puede anticipar 2 años y se recorta la pensión entre el -3,26% (si se
anticipa 1 mes) y el -21% si se anticipa 24 meses (el recorte es menor para los
que han cotizado más de 38 años y 6 meses: un máximo del -19%). El efecto de
este cambio ha sido eficaz en poco tiempo: en
2025 hubo 104.655 jubilaciones anticipadas, un 27,9% del total de
jubilaciones (375.324 altas), bastante menos que en 2019 (40% altas).Y en
2026, hasta agosto, son el 31,4% de las jubilaciones.
La otra medida aprobada en los últimos años, favorecer el
retraso en la jubilación (“jubilación demorada”) también ha dado
sus frutos, gracias a los incentivos aplicados: aumento del 4% en la pensión
futura por cada año de retraso en la jubilación o pago único de un cheque de
4.400 euros a 13.800 por cada año de retraso o un incentivo mixto cuando se
retrasa más de 2 años . En
2025 hubo 40.952 jubilaciones demoradas, un 11,1% de las
altas de jubilación, más del doble que en 2019 (4,8% de altas demoradas,
apenas 14.000). Y este año, hasta agosto, son 25.762 altas demoradas, el 11,8%
del total de jubilaciones.
Como consecuencia de ambas medidas (penalizar la jubilación
anticipada y favorecer el retraso de la jubilación), se ha conseguido reducir
la edad efectiva de jubilación, a 65,3 años de media en 2025 y a 65,4
años en 2026, un año más tarde que en 2019 (64,4 años). Y todo apunta a
que esta tendencia seguirá en el futuro, frenando algo el gasto en pensiones.
Hasta esta última reforma de las pensiones, a partir de 2021,
la casi totalidad de los trabajadores se jubilaba a la edad que les tocaba
(65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses y a los 66 años y 10 meses en 2026 si
ha cotizado menos). Ahora, los trabajadores pueden elegir entre 4
tipos de jubilación. La primera, la jubilación parcial: a partir
de los 60-62 años, permite reducir la jornada y el salario antes de la
jubilación cobrando la parte proporcional de la pensión, cotizando a tiempo
parcial hasta la jubilación total. Y se cobra de pensión el porcentaje de
jornada que se reduce, muchas veces vinculada a la contratación de un joven (contrato
“de relevo”). La segunda es la jubilación demorada: el trabajador
retrasa su jubilación y sigue trabajando y cotizando, con vistas a cobrar una
bonificación en su pensión cuando finalmente se jubile. La tercera, la
jubilación activa: permite seguir trabajando (tras llegar a la edad legal
de jubilación), a jornada completa o parcial, mientras se cobra una parte de la
pensión (el 50%, que llega al 100% si es un autónomo con un empleado). Y la
cuarta opción, la jubilación flexible: permite a la persona jubilada volver
a trabajar, cobrando una pensión proporcional a su jornada de trabajo (del
50 al 75% de la jornada) y recuperando su pensión total cuando deje de
trabajar.
De momento, estas nuevas modalidades de jubilación son
minoritarias, menos usadas en España que en el resto de Europa.
Así, en julio de 2026, eran
79.475 los trabajadores que compatibilizaban salario y pensión,
a través de la jubilación activa y flexible, lo que supone sólo el 1,22% de
todos los jubilados (6,5 millones pensionistas cobran una jubilación),
aunque hace unos años la cifra era ínfima. Pero para impulsar estas
jubilaciones compatibles con trabajar, que ayudan al sistema de pensiones
(reducen la factura de las pensiones y aumentan las cotizaciones), el
Gobierno aprobó el 26 de mayo dos cambios, pactados en 2024 con los
sindicatos y la patronal, para incentivarlas, cambios
en vigor desde el 26 de agosto.
El primer cambio mejora
la jubilación flexible. Por un lado, se permite que puedan solicitarla
también los jubilados que vuelvan a trabajar como autónomos, cuando hasta
ahora sólo podían beneficiarse los que volvían a un trabajo asalariado a tiempo
parcial. Y además, se amplía la jornada en la que pueden trabajar, entre
el 33 y el 80% de la jornada habitual (ahora era del 25 al 75%), aumentando la
pensión entre un 15 y un 25% según jornada.
El segundo cambio que ha entrado en vigor el 26 de agosto mejora
además la jubilación demorada. Por una parte, se mejora el
incentivo, ya que ahora computará por los semestres que se retrase la
jubilación, no por años como hasta ahora. Y para las carreras más largas,
los que demoren la jubilación 9 o 10 años, se establece un sistema fijo de
incentivos: cobrarán un 4% más de pensión anual durante 5 años y otro 2%
adicional cada 6 meses.
Las medidas adoptadas para que los mayores sigan trabajando
y compatibilizando pensión y salario han provocado, junto a la mayor actividad
de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida, que aumenten los
trabajadores mayores en España, según un
estudio de Funcas. En 2025, el
53% de los que tenían entre 60 y 64
años trabajaban, la tasa
más alta desde los años 80. El salto se ha dado en las mujeres (de
trabajar el 10% con esa edad en 1970 se ha pasado al 48% en 2025), mientras baja
entre los hombres mayores (del 70% en 1970 han bajado al 58% trabajando en
2025). A pesar de este aumento, España tiene una tasa de empleo entre 60 y 64
años inferior a
la mayoría de Europa (donde hay 7 paises, Alemania entre ellos,
donde trabajan más del 70%, con un 45% en Francia y un 60% en Italia).
También han crecido los españoles que trabajan con 65 a
69 años: trabajan el 14%, la tasa más alta desde 1981, cuando en el año
2.000 trabajaban sólo el 2,5% de estos mayores. Y en esta edad, son más los
hombres que trabajan (el 13,5%) que las mujeres (11%). En este caso, España
también está a la cola de Europa en trabajadores de 65 a 69 años, sólo
por detrás de Rumania, Croacia, Francia (10%) y Bélgica, lejos de Alemania (el
28% de las personas de 65 a 69 años trabajan) e Italia (trabajan el 23%), según
Funcas.
Así que todavía hay
margen en España para aumentar el trabajo de los mayores, tanto de los
que tienen entre 60 y 64 años (que no pueden jubilarse y no encuentran empleo)
como los de 65 a 69 años (retrasando su jubilación o compatibilizándola con el
trabajo). Eso aumentaría la tasa de empleo (tenemos 1 millón largo de
ocupados menos que la media europea) y frenaría el crecimiento de los
pensionistas y el gasto en pensiones. El problema es resolver
el salto de la actividad a la inactividad, que en Europa es más
progresivo y en España es más brusco: a los 60 años trabajan el 71% de los
hombres y el 55,5% de las mujeres, pero el porcentaje cae a la mitad a los 64
años (trabajan el 37,5% de los hombres y el 31,6% de las mujeres) y el trabajo es
“testimonial” a los 69 años (trabajan el 5,5% de los hombres y el 2,8% de las
mujeres), según el
estudio de Funcas.
Ahora, con las 4 modalidades de jubilación y las recientes
mejoras en la jubilación flexible y demorada, se espera conseguir que más
trabajadores alarguen su vida laboral (retrasen su jubilación) y que una parte
creciente de los jubilados vuelvan a trabajar. Para conseguirlo, la OCDE
recomendó a finales de 2025 a
España que “suprima los obstáculos que todavía persisten para que los
trabajadores de más edad se mantengan en su empleo”, señalando que hay
problemas de burocracia y exigencias administrativas, además de una falta de
información a los mayores y jubilados sobre las ventajas de seguir trabajando. Otro
estudio, de Santa Lucía, propone que se unifiquen criterios y
requisitos, que ahora crean confusión, para facilitar que más mayores sigan
trabajando. Sobre todo en actividades de baja carga física y trabajos “intelectuales”
como educación, sanidad, consultoría o distintos profesionales.
Es importante que esta parte de la reforma de
pensiones (retrasar voluntariamente jubilación y compatibilizarla con
el trabajo) funcione y se utilice más, porque vienen unos años
donde se disparará el gasto en pensiones, al jubilarse a partir de 2027
el grueso de la
generación del baby boom, los nacidos entre 1957 y 1.978 :
más
de 600.000 nacidos cada año en esos 22 años, frente a los 321.164 nacidos
en 2025 y los 350.000 que nacerán hasta 2075. El pico de estas jubilaciones se dará entre 2040 y 2045, disparando el
gasto en pensiones. Y como aumenta el envejecimiento y la esperanza de vida (de
84 años ahora a 87 años en 2050), aumentarán drásticamente las pensiones, de
los 10,4 millones actuales (6,5 millones de jubilación) a 15,6
millones de pensiones en 2050.
Se podrán pagar, pero eso exigirá aumentar ingresos y
cotizaciones, así como frenar el número de pensionistas alargando los años de
trabajo, porque mucha gente puede trabajar después de los 67 años. Claro que
eso exige un cambio de actitud de las empresas (que no
quieren “trabajadores mayores”) y compatibilizar esta demora
de la vida laboral con más
trabajo para los jóvenes. Un reto difícil que obligará a más
acuerdos sobre el futuro de las pensiones.
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