España pierde el tren de la ciencia (I+D+i)

Los recortes no han perdonado nada y tampoco a la ciencia. Y  tras cuatro años de tijera, el gasto público en investigación se ha reducido en un tercio y está a niveles de 2005.Eso ha provocado la paralización de múltiples proyectos y el paro y la fuga de investigadores. Con todo, lo peor es que el Gobierno Rajoy acaba de tirar la toalla en investigación: esta Legislatura congelará el gasto y retrasa hasta 2020 el que España alcance el actual nivel europeo de gasto en I+D+i  (2% PIB). Si no se remedia, España será entonces el  farolillo rojo de Europa en tecnología y nos superarán incluso muchos países emergentes. Algo grave, porque  ciencia e innovación son herramientas claves para salir de la crisis, competir y crear empleos estables. Hay que apostar por la investigación para ganar el futuro.

enrique ortega

Este año 2013, España dedicará menos de 6.000 millones de gasto público en investigación, un 7,21% menos que en 2012, año en que el Gobierno Rajoy le metió un recorte histórico al gasto en I+D+i: -25,5%. Aunque ahora parece menos, han hecho un Presupuesto 2013 que maquilla la realidad: por primera vez, casi dos tercios del gasto (62%) va a créditos (muchos para empresas que investigan) y el resto a subvenciones y gastos de la investigación pública (organismos y Universidades), que caen un 13,9%. Y como la mitad de esos créditos no se gastan, el dinero público realmente invertido en investigación (lo que no se gasta vuelve al Tesoro) podría quedarse en 4.000 millones. Lo que supondría un recorte real del gasto del -37%.

Con los Presupuestos completos, el gasto público en investigación (I+D+i) ha caído un tercio en los últimos cuatro años: de 9.773 millones en 2009 a 5.932 este año 2013 (-38,9%). Si contamos la inflación, España gastará en ciencia este año lo que gastaba en 2005, hace ocho años, según la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE). Un dato tremendo que se traduce en la paralización de proyectos de investigación, reducción del número de investigadores trabajando (20.000 menos que en 2009, según la COSCE), una caída del 70% en el número de doctores que inician su formación (por falta de becas) y  en una creciente fuga de cerebros al extranjero. Y eso, cuando España tiene sólo 9,6 investigadores por cada mil habitantes frente a 10,4 en Europa, 12,7 en Alemania o 20,8 en Finlandia.

Pero no son sólo los recortes. La obsesión de Hacienda por rebajar el déficit lleva a que el Gobierno Rajoy está retrasando pagos. Y bloqueándolos. Además, se acaba de inventar pagar los proyectos aprobados (a tres años) en cuatro plazos: si antes se abonaba en tres plazos del 40%+40%+20%, ahora se hará en cuatro del 7%+36,5%+36,5%+20%. Con esto, los investigadores tienen que buscar para empezar el proyecto un anticipo de su organismo o Universidad (no tienen un euro), porque con el 7% inicial no les da ni para pagar nóminas. Y como no lo tienen fácil, el resultado es que el proyecto se retrasa un año. Y más si el Ministerio no saca a concurso los proyectos de 2013, que debían haber salido en diciembre. Con todo, 2013 puede ser un año en parte perdido para la ciencia (mejorará el déficit).

Todo esto es más preocupante porque estos  recortes se dan en la investigación pública (organismos y Universidades), que es el motor de la investigación en España (44,5%), a diferencia de Europa, donde la mayoría de la investigación la hacen las empresas privadas (55% en la UE y 70% en Alemania, frente al 44,3% en España). Y aquí, también las empresas llevan reduciendo su gasto en I+D+i desde 2009. Y con ello, el gasto total de España en investigación cayó por primera vez en 2011 (último dato INE), hasta 14.184 millones de euros. Una cifra que supone gastar en ciencia un 1,33% de nuestra riqueza (PIB), frente al 2,03% de media europea (UE-27), el 2,50% de la OCDE, el 2,8% de Alemania o EEUU, el casi 3% de Finlandia o Suecia o el 3,4% de Japón y Corea del Sur.

La caída del gasto en investigación, que nos rebaja al puesto 16 en el ranking europeo, ha provocado el rechazo de todos los sectores científicos, que han salido a la calle en una docena de ciudades, firmando un manifiesto en defensa de la ciencia, además de una carta a Rajoy de 39 destacados científicos y una denuncia a la Comisaria europea de Ciencia. Y todo eso, en un momento donde los recortes de Bruselas también se han llevado por delante 10.000 millones del Presupuesto europeo de I+D+i  2014-2020, que contará con 70.000 millones (aunque es más que en 2007-2013), lo que no impedirá llegar a un gasto del 3% en 2020, para intentar competir con EEUU, Japón, China y países emergentes. Con todo, este menor presupuesto del esperado también afectará a España, que se llevaba el 8% de los proyectos europeos.

A pesar de este rosario de contrariedades, la peor noticia para la ciencia en España fue la aprobación por el Gobierno, este 1 de febrero, de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología a Innovación 2013-2020. Su objetivo; que el gasto en I+D+i pase del 1,31% PIB en 2011 al 1,48% en 2016 y el 2% en 2020, lo que Europa gastaba en 2011. La idea es congelar el peso de la aportación pública en I+D+i (0,61%) en esta Legislatura y subirla un poco en la próxima, confiando que hagan un mayor esfuerzo las empresas privadas. Y eso sabiendo que, con la crisis, la cuarta parte de las empresas españolas (y casi la mitad de las pymes)  han dejado de invertir en investigación e innovación. Y que las empresas españolas gastan la mitad en investigación que las europeas (y un tercio que las alemanas), según un documentado estudio de CCOO.

En definitiva, que por cumplir con el recorte del déficit (y encima no cumplimos), el Gobierno Rajoy ha tirado la toalla con la ciencia para esta legislatura y la próxima, mientras Europa gastará más, como la mayor parte del mundo. Y esto es especialmente grave por dos razones. Una, que la investigación y  la innovación son la base del crecimiento y la riqueza: los países que más invierten aguantan mejor las crisis (y lo mismo en España, donde el País Vasco y Navarra gastan en I+D+i el 2,10% de su PIB, como Europa, y son las autonomías más ricas y con menos paro). Y la otra, porque la ciencia necesita una apuesta mantenida en el tiempo y tarda en madurar, con lo que revertir los recortes de hoy nos costará de diez a quince años.

Pero para eso, habría que empezar ya, con un Pacto político para salvar el bache con Europa, gastando en I+D+i unos 7.000 millones extras en dos años (la sexta parte del dinero público entregado recientemente a la banca).Dinero que podría salir de la nueva tasa Tobin (impuesto sobre transacciones financieras y Bolsa, del que España espera ingresar 4.500 millones anuales), con objeto de gastar en ciencia el 3% del PIB en 2020. Se trata no sólo de gastar más sino gastar mejor, coordinando la gestión del Estado y las autonomías (es urgente crear la Agencia Estatal de Investigación, que debía estar desde junio) y conectando mejor la investigación básica con la empresarial, fomentándola con más beneficios fiscales. Y ampliando y renovando el personal investigador (edad media del CSIC supera los 58 años), recuperando los cerebros fugados.

España no puede tirar la toalla con la ciencia. Hay que sacar fondos debajo de las piedras para que la investigación, la innovación y la tecnología (junto a la industria) nos ayuden a salir de la crisis. Y hacerlo ya, porque los frutos tardan una década. Si no, no podremos competir en el mundo. Sembrar ciencia es sembrar empleo estable para nuestros hijos y nietos. No les robemos su futuro.

Pelea por la alimentación, del campo al súper

Cuando vamos al súper, no sabemos la pelea que hay detrás de los alimentos que compramos, entre los agricultores y ganaderos que los producen, las industrias que los transforman y los supermercados que nos los venden. Cada uno busca su margen, en una cadena que nos pone el carro de la compra por las nubes. Pero en esa pelea, los que venden al final son los que se llevan la mejor parte, porque son muy poderosos: cinco grandes supermercados controlan el 64% del mercado de los alimentos, un 27% sólo uno, Mercadona. Y con esa fuerza, imponen sus condiciones, marcas blancas y precios. Ahora, el Gobierno ha aprobado una Ley para evitar abusos, aplaudida por el campo y las industrias. Falta ver que no acabe subiéndonos más los precios a los consumidores, después que en 2012, con la recesión, haya caído el consumo de alimentos, por primera vez en dos décadas.

enrique ortega

Los españoles nos gastamos unos 60.000 millones de euros al año en comer y beber, unos 4.100 euros por hogar (7 de cada 100 euros del gasto familiar). Un pastel por el que se pelean cada día tres sectores: los que producen los alimentos, los que los fabrican y los que los venden. Una cadena con una fuerza muy desigual: frente a un millón de agricultores y ganaderos muy dispersos (en realidad sólo 330.000 producen efectivamente alimentos para vender) hay 30.000 industrias (la mitad pequeñas, con menos de 2 trabajadores, y sólo una decena venden más de 2.000 millones) y una docena de grandes distribuidores (híper y grandes supermercados) que les compran a ambos y controlan la venta final a los consumidores: qué se vende, con qué calidad y a qué precio. Son los que mandan.

El problema de esta cadena alimentaria es que al final se produce un embudo: los alimentos han de pasar por el control de los distribuidores, que son los que los venden. Y son pocos y con mucho poder. Cinco de ellos controlan el 64 % de la distribución (2011), según un estudio de The Battle Group: Mercadona (27%), Carrefour (12,2%), grupo Eroski (9,6%), Día (9,4%) y grupo Auchan-Alcampo (5,8%). Y ese poder les ha llevado a imponer sus condiciones de compra a agricultores, ganaderos e industrias alimentarias. Incluso fijando condiciones abusivas, según denunció la Comisión de Defensa de la Competencia (CNC): pagos y condiciones especiales por vender productos, retraso en los pagos, publicidad ilícita y gestión desigual de marcas… Y han utilizado técnicas de vender a pérdidas “productos gancho”(leche, aceite, conejo), tirando precios y hundiendo a agricultores y ganaderos.

Con todo, el gran cambio ha sido el lanzamiento de las marcas blancas de estos distribuidores, convertidos así en “juez y parte”: venden artículos de marca de productores e industrias y venden a la vez sus marcas blancas. Y ayudan a sus marcas con prácticas que se consideran abusivas y que desvela un informe de The Battle Group: les cargan menores márgenes que a las marcas de fabricantes (entre 2 y 28 veces menos), les colocan mejor en sus estanterías y les dan un mejor trato en compras y pagos. El resultado ha sido el boom de las marcas blancas, apoyado en su bajo precio y alta calidad: ya suponen el 36,7 % de la cesta de la compra (eran el 22% en 2004), según Nielsen. En alimentación, las marcas blancas acaparan ya el 43,5% del mercado, en bebidas el 20%, en droguería y limpieza el 50,8% y en perfumería e higiene el 22,4% de las ventas.

Las marcas blancas se han consolidado en nuestras compras (España es el cuarto país donde tienen más peso en Europa), pero eso ha dado una fuerza tremenda a los cinco grandes distribuidores, en especial a Mercadona, la que más crece. Y están pasando tres cosas. Una, que las marcas blancas están hundiendo a muchas industrias y marcas de fabricante, expulsando competidores. Y con ello, han podido subir los precios de sus marcas blancas,  como demuestra el estudio de The Battle Group. Y la tercera, que su política de compras (y ventas a pérdida, con “precios escaparate”) está hundiendo el campo.

Por ello, agricultores, ganaderos e industrias llevan años pidiendo medidas al Gobierno, acusando a los grandes distribuidores de oligopolio, sobre todo en algunas autonomías (Mercadona controla el 41,6% de las ventas alimentarias en la Comunidad Valenciana y el 32,4% en Andalucía, mientras Eroski controla el 46,3% de las ventas en Euskadi, donde va a entrar ahora Mercadona, con 25 nuevos supermercados). El Gobierno Zapatero sacó una Ley de la cadena alimentaria en julio de 2011, pero no pudo aprobarse por el adelanto electoral. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado una nueva versión, muy similar, que está en el Congreso y podría salir en julio, unos meses antes de que Bruselas apruebe una normativa comunitaria para dar transparencia al mercado alimentario.

La Ley que se debate en el Parlamento obliga a productores, industria y distribuidores a hacer contratos por escrito en la compra de alimentos y productos, prohibiendo las ventas a pérdida y las prácticas comerciales abusivas, así como la gestión ilícita de marcas. Y establece multas de 3.000 a 1 millón de euros. Además del palo de la Ley, habrá la zanahoria de “Códigos de buenas prácticas” en los contratos alimentarios, todo ello supervisado por una Agencia de Control Alimentario y un Observatorio que vigilará conductas y precios. Una Ley aplaudida por las organizaciones agrarias y la industria alimentaria, porque traerá más control y transparencia, aunque el gran poder de las distribuidoras está ahí. Y como ahora tendrán más complicado imponerlo, puede que las nuevas normas (criticadas por la CNC) se acaben traduciendo, para los consumidores, en futuras subidas de precios de los alimentos.

Pero algo había que hacer, porque las marcas blancas y los grandes supermercados están cambiando nuestros hábitos de consumo. Con el gancho de comprar más barato, tenemos menos donde elegir y hay menos innovación en los alimentos (son las marcas de fabricantes las que lanzan el 80% de los nuevos productos, según un estudio de ESADE). Además, han desaparecido las tiendas tradicionales (28% ventas) y han caído incluso los híper (16%), que se han dejado juntos un tercio del negocio en beneficio de los grandes supermercados (47% ventas), por  el tirón de las marcas blancas.

Quizás sea ir contra corriente poner orden en el mercado alimentario, pero si no apoyamos al campo, cada vez habrá menos agricultores y ganaderos dispuestos a producir alimentos (no les compensa y cierran, como han hecho 40.000 de los 60.000 productores de leche que había hace una década). Hay que ayudarles a que se organicen y monten cooperativas fuertes, que puedan negociar con los grandes distribuidores (hoy, las 4.000 cooperativas españolas venden casi lo mismo que las cuatro grandes cooperativas de Holanda). Hay que ayudar a la industria alimentaria española, para que compita con transparencia, innove y exporte, porque es algo con lo que podemos competir fuera. Y todo ello, simplificando y haciendo transparente la distribución, porque no es de recibo que los alimentos tripliquen y cuadrupliquen su precio del campo al súper, según demuestra cada mes el Observatorio de precios.

Precisamente, los precios altos y la recesión han dado la puntilla al consumo de alimentos, que ha caído en 2012, según Nielsen, por primera vez en varias décadas. Hay que cambiar el modelo, aprovechando la nueva Ley. Sin reglas claras y precios transparentes en la alimentación, sufriremos todos, menos los grandes distribuidores. Y con la comida no se juega.

Se dispara la factura del petróleo

En plena recesión, España consume más energía que nunca: en 2012 nos hemos gastado 45.500 millones en importar petróleo y gas, la mayor factura de nuestra historia. Y no sólo eso: gastamos en energía siete veces más que en 2005, importamos las tres cuartas partes (y el 99,8% del petróleo y gas) mientras Europa importa sólo la mitad  y la gastamos peor, con menos eficiencia que los países con los que competimos. Bruselas está obsesionada con que Europa ahorre un 20% de energía para 2020, pero el Gobierno Rajoy está haciendo recortes en los planes de ahorro y no cumple con las Directivas europeas. La factura energética, 125 millones al día, es un lastre para salir de la crisis. Hay que ahorrar energía (en transporte, coches, industria y viviendas) y fomentar energías propias (hidráulica, nuclear y renovables), para que la factura energética no se coma lo que ingresamos por turismo.
 

enrique ortega

España ha sufrido 5 crisis energéticas serias (1973, 1979, 1990, julio 2008 y febrero 2011), pero sigue consumiendo energía como si nada. En 2012, hemos importado petróleo, gas, carbón y electricidad por valor de 61.948 millones de euros, la cuarta parte de todas las importaciones españolas. Y contando la energía exportada, el agujero, la factura energética ha sido de 45.507 millones de euros, un 13,9% más que en 2011. Un récord histórico, causando porque hemos importado más petróleo (+12,5% en Tm) antes que porque se haya disparado su precio (subió 2,5 dólares/barril en 2012). Con ello, la energía nos cuesta ya más que la educación (44.000 millones), casi el doble que el desempleo (28.800 millones) y cerca del coste de la sanidad (55.000 millones). Y dedicamos a pagarla más divisas de las que ingresamos por el turismo (43.307 millones netos en 2012).

El problema no es sólo que la energía suponga una factura desorbitada. Además, se ha disparado en las dos últimas décadas: de 5.810 millones en 1995 a 33.815 millones en 2007 y 45.503 en 2012. O sea, se ha multiplicado por 7,8 veces, cuando la economía sólo ha duplicado su tamaño (PIB: +49,1%). Y España tiene un déficit energético del 4,5% de su producción (PIB), el doble que la media europea (2,2%). Y eso, porque, a pesar de la crisis, importamos el mismo petróleo que en 2008 (58.697 Tm) y lo pagamos al triple de precio (112 dólares a finales 2012 frente a 36 dólares a finales 2008).

Otro problema es que además de consumir mucha energía y cara, las tres cuartas partes viene de fuera, hay que importarla: un 75,6% (2011), mientras que en Europa sólo importan un 50%. Eso se debe a que algunos países tienen petróleo (Reino Unido, países nórdicos) o gas (Holanda, Noruega) y en otros hay un mayor peso de energías propias, ya sea nuclear (41,2% de la energía en Francia), renovables (24,8% en Austria) o un mix de ambas (Alemania, Suecia). Pero en España, el petróleo y el gas suponen un 70 % de la energía consumida y se importan en un 99,8%. Con ello, somos el quinto país europeo con más dependencia energética del exterior. Y además, estamos en manos de países geopolíticamente peligrosos: importamos un 58% del petróleo y un 71% del gas de África (Nigeria, Libia, Argelia) y Oriente Medio (Arabia Saudí, Irak, Irán y Quatar), dos zonas potencialmente conflictivas.

El tercer problema es que además de consumir mucha energía importada, la gastamos mal: necesitamos más energía que el resto de Europa para producir lo mismo, somos un 15% más ineficientes que la media UE. Y las industrias españolas consumen tres veces más energía que las de los grandes países con los que competimos (Alemania, Francia o Italia).

Una factura energética desmesurada e ineficiente que no se va a rebajar en los próximos años vía precios: se espera que el consumo de energía siga creciendo en el futuro (por la mayor demanda de China y países emergentes), con lo que el petróleo (y el gas) seguirá subiendo, hasta los 200 dólares barril en 2030 (ahora está en 112), según la AIE.

Sólo quedan dos caminos para rebajar la factura energética: gastar menos (ahorrar energía) y fomentar las energías propias (hidráulica, nuclear y renovables: solar, eólica, biomasa…). Bruselas está obsesionada con que Europa ahorre y ha trazado un objetivo: recortar un 20% el consumo para 2020. El Gobierno Zapatero se despidió (julio 2011) aprobando un Plan de Ahorro 2011-2020, que pretendía ahorrar 7.800 millones al año invirtiendo 4.500 en ahorro y eficiencia (500 la Administración). Un Plan modesto que el Gobierno Rajoy está frenando con sus recortes: en enero y febrero ha suprimido 200 millones de ayudas a programas de ahorro y ha quitado otros 150 millones a otros cofinanciados con las autonomías. Además, boicotea las normas europeas de ahorro: no ha traspuesto la Directiva europea que obliga a las viviendas a tener una etiqueta de eficiencia energética desde 2007 (Bruselas ha llevado a España al Tribunal de Luxemburgo) y en octubre de 2012 votó en contra de una nueva Directiva de eficiencia en edificios públicos, alegando el déficit público.

La consecuencia es que está ahogando a una incipiente industria, las empresas de eficiencia energética, que ofrecen su servicio sin coste: hacen planes de ahorro y cobran de lo que se ahorren de luz, gas y petróleo la Administración, empresas y particulares. Si el Estado no apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, menos las empresas y los particulares, ahogados con la recesión. Y menos si el Gobierno no fomenta el ahorro de electricidad, para proteger a las eléctricas: si se reduce el consumo de luz, el sistema ingresa menos y sube el déficit de tarifa, con lo que el Gobierno tendría que subir la otra mitad del recibo (los costes regulados) para compensarlo. Y no es políticamente correcto. Así que si no baja el consumo de luz, mejor porque así el Gobierno tiene que subirla menos.

Para ahorrar energía, hay que ver quién la consume: un 39,3 % el transporte, un 30% la industria, un 17% las viviendas, un 10% los servicios y un 3,7% la agricultura. El mayor esfuerzo hay que hacerlo en el transporte, no sólo porque gaste más, sino porque el 95,9% de su consumo es petróleo (99,8% importado). Las medidas a tomar son claras: menos camiones (83% transporte mercancías en España y 45% en la UE-27), más tren (3% frente a 10,7% en Europa) y más barco (10% frente a 37,2% en la UE), además de renovar el parque de automóviles (40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más) y potenciar las flotas públicas y empresariales de coches híbridos y eléctricos. En las industrias, más ayudas a la reconversión energética. En las viviendas, subvenciones al aislamiento, bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Y en las administraciones y el alumbrado público, planes decididos de ahorro. En todos los casos, la inversión se paga con el ahorro conseguido.

Hay que tomarse en serio la cruzada contra el gasto de energía: no podemos gastar 125 millones al día en comprar fuera petróleo, gas y electricidad. Es un lastre para el Estado, las empresas y los consumidores que nos dificultará aún más salir de la crisis. Hace falta un pacto político para rebajar la factura energética, tan necesario como los pactos por el empleo y la defensa del Estado del Bienestar (sanidad, educación y dependencia). Y hay que hacerlo ya, porque las medidas surten efecto en diez o veinte años. Y si no lanzamos ya esta cruzada energética, la sexta crisis energética (que llegará) nos pillará a contrapié. Y será tan grave como la de las hipotecas basura o la del ladrillo. Ya la sufrimos en 1973 y 1979. Evitémos que sea peor esta vez. 

Transporte aéreo: la crisis llega a los cielos

Las huelgas de Iberia (que perdió casi 1 millón al día en 2012) son un síntoma de la grave crisis por la que atraviesa el sector aéreo. En todo el mundo, pero más en Europa y sobre todo en España. Aquí, a los problemas de caída de pasajeros, subida del carburante, exceso de aviones y dura competencia de los vuelos low cost se suma un problema propio : las tasas aeroportuarias han subido más de un 50% y eso encarece tremendamente los billetes y hunde más a unas compañías aéreas que han perdido 10 millones de viajeros en 2012. Por eso, las aerolíneas han demandado al Gobierno ante Bruselas. Mientras, todas las compañías españolas están inmersas en una dura reconversión, con despidos y recortes de sueldos, costes y vuelos, para sobrevivir, porque pierden más de 400 millones al año. Es  clave que salgan adelante, porque 8 de cada 10 turistas llegan a España por el aire. Nos jugamos mucho.

enrique ortega

La crisis ha puesto plomo en las alas al sector aéreo en todo el mundo, salvo Asia: caída de pasajeros, subida del carburante (+65% desde 2008), exceso de deuda y aviones (también ha habido “burbuja aérea”), demasiado personal con altos sueldos y un exceso de compañías, que no han aguantado la mayor competencia de Internet (comparadores de precios) y las compañías de bajo coste (low cost). Y han tenido que hacer un aterrizaje forzoso, con duros ajustes, recortes de rutas y fusiones, para intentar remontar el vuelo.

En Estados Unidos, han suspendido pagos 40 compañías desde el 11-S, una de ellas American Airlines (2011), que acaba de fusionarse con US Airways para crear la primera aerolínea del mundo. Con ésta y otras fusiones, cuatro compañías se reparten ahora el 80% del mercado norteamericano, que lleva ya dos años con beneficios. Mientras, en Europa, el sector aéreo perdió 880 millones de euros en 2012, con dos de los tres grandes grupos aéreos en pérdidas: -957 millones (enero-septiembre 2012) el grupo Air France (Air France-KLM) y -39 millones IAG (British Airways e Iberia), mientras ganaba 488 millones el grupo Lufthansa (con Swissair, Austrian Airlines y Brussels Airlines). En Europa, la crisis aérea es más grave porque las compañías sufren dos problemas propios: el elevado coste de operar en los aeropuertos europeos y la ineficacia en la gestión del tráfico aéreo: las compañías tienen que volar en zigzag, por lo nudos de control (hay 67 zonas), al no existir (tampoco) un cielo único europeo (previsto para 2020). Y eso duplica el coste medio por vuelo respecto a EEUU.

En España, la situación es aún peor, porque a los problemas anteriores, las compañías aéreas han de sumar la reciente subida del IVA (que encareció los billetes un 3%) y, sobre todo, la fuerte subida de las tasas aeroportuarias: +5% en 2011, +10,2% de media en julio de 2012 (y mucho más, entre el 12,9% -Palma o Málaga- y el 53,6% -Barajas- en los 7 grandes aeropuertos que tienen las tres cuartas partes del tráfico aéreo) y +6,3% en 2013. Las compañías han presentado una denuncia a la Comisión Europea, argumentando que les toca pagar a ellos (y a nosotros, en el billete) las fuertes inversiones (17.211 millones)  de AENA en la “burbuja aeroportuaria” (47 aeropuertos, 19 sin apenas tráfico), una deuda de 14.000 millones que ahora se quiere enjugar con las tasas. AENA dice que aun así, las tasas aeroportuarias son un 34% más bajas en España, pero el sector (y la industria turística) dicen que no hay que comparar Barajas, Palma o Málaga con Londres o Frankfort sino con Atenas, Estambul, Croacia o Túnez, aeropuertos con menos tasas y que nos quitan vuelos y turistas. Y para colmo, la bajada de tarifas del AVE acaba de dar la puntilla a Vueling e Iberia.

Al final, el resultado es que los billetes suben y con la recesión, se vuela menos, sobre todo en España: en 2012, mientras en Europa aumentaban los pasajeros un 2,9%, aquí se perdieron más de 10 millones de pasajeros (-5%), sobre todo en vuelos interiores (los pasajeros cayeron un 12,5%, a un nivel que no se veía desde hace 10 años). Y en enero de 2013, las compañías han perdido un millón de viajeros más. Con ello, las aerolíneas españolas pierden más de 400 millones de euros (más de 300 Iberia). Y se espera que sigan con pérdidas en 2013 y 2014, en medio de duras reconversiones, acuciadas por la tremenda competencia de las compañías low cost : ya suponen un 36% de todos los vuelos y en 2012 trajeron el 58% de los pasajeros extranjeros, sobre todo británicos y alemanes. De hecho, Ryanair ya transporta 28,91 millones de viajeros (1 de cada 5 que pasan por los aeropuertos españoles), más que Iberia y Vueling juntas.

En este contexto, Iberia ha presentado un Plan de reestructuración para sobrevivir, como han hecho Air France (5.120 despidos) o Lufthansa (3.500 despidos), tras cerrar en 2012 la compañía búlgara Malév. Pretende despedir a un 19% de la plantilla (3.807 despidos), recortar los sueldos del 25 al 35%, vender aviones y sustituirlos por otros de dos motores (A330) que consumen menos, reducir sus vuelos un 15% y centrarse en media y larga distancia, dejando los vuelos nacionales y muchos europeos a su filial low cost, Iberia Express. Todo con el objetivo de abandonar cuatro años de pérdidas (-952 millones entre 2009 y 2012, casi 1 millón de euros al día en 2012) y ser rentable en 2015.

En el resto del sector aéreo español, donde en enero de 2012 desapareció Spanair (con una deuda de 508 millones, tras inyectarle en vano 150 millones de dinero público la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona), todo son ajustes. Air Nostrum (familia Serratosa), franquiciada de Iberia para vuelos regionales, perdió 40 millones en 2012 y, tras ajustes de líneas y plantilla el año pasado, se plantea ahora recortar salarios del 25 al 50%. Air Europa (grupo Globalia), que perdió otros 38 millones, va a recortar un 15% los sueldos de pilotos y personal, para hacer frente a una caída del 15% en su facturación. Incluso Ryanair, la líder, ha reducido vuelos, al recortarles muchas subvenciones autonómicas (Cataluña y Canarias), mientras Easyjet ha reducido vuelos y abandonado su base de Madrid, por la subida de tasas. Sólo Vueling (46% de Iberia) se salva de la quema, aprovechando el cierre de Spanair: ha casi triplicado sus beneficios en 2012 (28,3 millones) y potenciará sus vuelos en España y centro-norte de Europa.

Un duro proceso de reconversión aérea, donde España se juega la supervivencia de sus compañías aéreas, en especial Iberia. Un sector clave, no sólo para la economía sino sobre todo para el turismo, porque un 80% de turistas llegan a España por avión. España es ya el cuarto país del mundo en tráfico aéreo (tras EEUU, China y Reino Unido). Podemos aprovechar nuestra estratégica posición geográfica, con aeropuertos claves para las conexiones entre América, Europa, Asia y África. Pero para eso, debemos contar con unas aerolíneas saneadas y unos aeropuertos atractivos. Ello obliga al Gobierno a trazar un Plan estratégico de apoyo al sector, con colaboración sindical, rebajando tasas y costes a las compañías, al menos mientras mejora la coyuntura y vuelven los pasajeros. No pueden ponerles  más plomo en las alas. Hay que ayudarles a despegar.

Exportaciones al ralentí, por la crisis europea

Rajoy y su Gobierno han echado las campanas al vuelo: España ha reducido a mínimos históricos su déficit comercial con el exterior. Y es verdad. Lo que no dicen es que se debe, sobre todo, a la caída de las importaciones, porque las exportaciones van al ralentí: han crecido sólo un 3,8%, la cuarta parte que en 2010 y 2011. Un dato preocupante, ya que la exportación es la salvación de muchas empresas y muchos empleos. Pero está sufriendo la recesión en Europa, donde van dos tercios de nuestras ventas. Y la dura competencia de los países emergentes. Con ello, la cuota de mercado de España ha caído al 1,59%, su mínimo histórico. Además, los exportadores se encuentran sin crédito y sin avales para vender fuera, lo que complica más su existencia, junto a los recortes de las ayudas públicas. Hay que volcarse en la exportación, porque es uno de los motores para salir de la crisis, junto a la industria. Hay que duplicar las ventas de España fuera para asegurar más empleo dentro.

enrique ortega

Las exportaciones españolas han pinchado en 2012, al crecer sólo un 3,8%, frente a los fuertes crecimientos de 2010 (+16,8%) y 2011 (+15,2%). Y si descontamos la inflación (2,9%), casi se han estancado. La causa principal es la recesión en Europa (donde van el 70,6% de nuestras exportaciones), que ha reducido las compras de nuestros principales clientes: -6,2% Francia (16,2% total exportaciones), -3,1% Italia (7,4% exportaciones) y -5% Portugal (6,6%), no compensadas por las mayores compras de Alemania (+6,7%), nuestro segundo cliente (10,5% de nuestras exportaciones) y Reino Unido(+0,2%, el 6,2%). Y el resto de nuestras ventas han sufrido el pequeño crecimiento internacional y del comercio mundial en 2012.

La recesión en España ha frenado mucho más nuestras compras fuera, las importaciones, que han caído un 2,8 % en 2012, tras aumentar en 2010 (+16,5%) y 2011 (+9,6%). Ello ha reducido el agujero comercial de España con el exterior, un déficit que está ahora en -30.754 millones de euros, la tercera parte que antes de la crisis. Y tenemos, por segundo año consecutivo, superávit comercial con la Unión Europea: les vendemos más de lo que les compramos. Una buena noticia que encubre otra mala: un tercio de las importaciones son necesarias para renovar instalaciones y material de nuestras empresas y para poder exportar luego más. Y este frenazo en las compras exteriores indica que no se están poniendo los cimientos de la futura recuperación. Además, por desgracia, lo único que sube es la factura energética (+13,9%): 45.503 millones de euros, lo que ingresamos por turismo.

Este año 2.013, el Gobierno confía en que la exportación nos vuelva a sacar las castañas del fuego, con un crecimiento del 6% (cinco veces el previsto este año, +1,6%), algo bastante difícil según muchos expertos. Y eso, porque el crecimiento en Europa será otra vez muy débil (-0,3% la zona euro, según la Comisión Europea), como el comercio mundial. Y no ayuda el tener un euro fuerte, que se ha revalorizado desde el verano un 10% frente al dólar, 6% frente a la libra y 30% frente al yen. Y hay dos factores más de preocupación para 2013: la falta de crédito (los exportadores no encuentras avales para apoyar sus ventas) y los recortes presupuestarios. El Gobierno ha reducido otros 100 millones (-20,5%) los programas para la internacionalización de nuestras empresas. Y el ICEX, la agencia estatal que promueve las exportaciones, reduce su presupuesto un 24,5%: se queda en 83 millones, menos de la tercera parte que en 2008 (264 millones) y la dotación más baja desde hace 25 años. Y cae a la mitad la ayuda al desarrollo, clave para “vender la marca España”.

A pesar de este difícil panorama, las exportaciones españolas han aguantado mejor que la mayoría de Europa: entre 1999 y 2011, España perdió un 8,9% de cuota exportadora, menos que Alemania (-12%), Italia (-30%) o Francia (-40%), según un informe del BBVA. Eso sí, hemos caído al puesto 17º del ranking exportador, superados por India y Taiwán, con una cuota del 1,59% del comercio mundial, la más baja de nuestra historia. Pero las exportaciones han ganado peso en la economía (del 28 al 32% del PIB) y han ayudado decisivamente a salvar empleo (22%) y a que la recesión no sea más profunda.

Ahora, España debe dar un salto en sus exportaciones. Y tiene potencial, ya que somos la quinta economía de Europa pero el séptimo exportador (nos ganan Holanda y Bélgica, países más pequeños). Y con una economía similar a la de Italia, exportamos la mitad que ellos. Estamos bien en la exportación de servicios (3,30% de cuota, frente a 3,82 de Francia, 2,61% de Italia o 6,31% de Alemania), pero por debajo de la mayoría en la exportación de bienes, de productos (1,95 % de cuota frente a 2,88% de Italia, 3,51% de Francia, 7,95% de Alemania), según un estudio de ESADE. Y sólo exportan de forma habitual 37.250 empresas, el 1,1% del total, la mayoría medianas y grandes, muy pocas pymes.

El reto es conseguir duplicar las empresas que exporten y que vendan más. Las claves para exportar son cinco, según un documentado estudio del BBVA: tener más tamaño (las empresas de más de 250 trabajadores tienen un 65% más de productividad y exportan mejor), tener tecnología e innovación (un 80% de las empresas que invierten en I+D+i exportan), tener personal cualificado, tener capital extranjero (exportan nueve veces más que las que tienen sólo capital español) y tener crédito suficiente y pocas deudas.

En consecuencia, las medidas a tomar parecen claras: fomentar fusiones para conseguir empresas de mayor tamaño (sólo 0,2% tienen más de 200 empleados: tenemos la quinta parte de grandes empresas que Alemania), volcarse en la formación y en la tecnología (sólo hay recortes en  ambas), fomentar la inversión extranjera en España y volcarse en financiar a las empresas exportadoras, con créditos y avales públicos (ICO y CESCE). Además, hay que reducir los trámites burocráticos (España ocupa el lugar 55 en el ranking mundial de facilidades a la exportación), mejorar los incentivos fiscales y laborales (bajada cuotas S. Social) y apoyar más a la internacionalización de las pymes, mejorando y ampliando todo el entramado de oficinas comerciales en el exterior (faltan en Asia y África).

Además, España tiene por delante dos grandes retos: diversificar lo que exporta y dónde lo vende. La mayoría de lo que exportamos son productos de tecnología baja (alimentos, ropa y calzado) y media (plásticos, metales y automóviles), mientras Alemania, el tercer exportador del mundo, vende más productos de alta tecnología (industriales), con más valor añadido, que no compiten tanto en precio como en innovación, diseño y calidad (ventas más estables). El otro reto es exportar más fuera de Europa (destino del 70,6% de nuestras exportaciones), sobre todo a Latinoamérica (6,2%), Asia (8,5%) y África (6,8%). Ahora, se está poniendo el acento en un grupo de países con gran potencial: Brasil, México, China, India, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Argelia, Marruecos, Angola, Nigeria, Sudáfrica, Turquía y Australia.

Al final, exportar no es sólo una necesidad por la recesión interna, sino un modelo de crecimiento: un país y una empresa sólo tendrá futuro si vende fuera la mitad de lo que produce. Es la única garantía de un empleo estable dentro. Hay que cambiar el modelo del ladrillo y las finanzas por la industria y las exportaciones, algo que no se hace en un año pero que hay que apuntalar ahora con firmeza, para que sean el motor de la esperada recuperación. Hay que mimar la exportación, invirtiendo sin recortes para asegurar el futuro. Nos jugamos el empleo de las próximas dos décadas.