Las subidas de precios de 2019

Año nuevo, subidas nuevas. Cada enero es igual: sube el precio de casi todo, más que nuestros sueldos o pensiones. Este 2019 ha empezado con la subida de los carburantes, un regalo de Reyes retardado que nos dejó Rajoy: supone pagar (sólo en 9 autonomías) entre 2,64 euros y 50 céntimos más por llenar el depósito. También suben las autopistas, el tren y los taxis, no los transportes públicos. Y volverán a subir la luz y el butano, mientras baja el gas. También será más caro mandar cartas o paquetes y las tarifas de móviles e Internet. Bajan las medicinas, unos céntimos, pero así corremos más riesgo de que falten. Y seguirán subiendo la vivienda, los alquileres y las hipotecas, tanto las nuevas como las revisiones anuales, porque sube el Euribor. Tras este rosario de subidas, el IPC puede ser más bajo este año, el 1,2%, gracias a un petróleo más barato. Ahí estará la clave de lo que finalmente suban los precios en 2019.

enrique ortega

La primera subida de 2019 la hemos notado al ir a la gasolinera, donde el 1 de enero subieron unos céntimos las gasolinas y el gasóleo. Es el regalo de Reyes retardado que nos ha dejado Rajoy, al incluir esta subida en el Presupuesto 2018, con efecto en 2019. Todo viene del famoso “céntimo sanitario” que muchas autonomías aprobaron cobrar con los carburantes para financiar la sanidad y que el Tribunal de Justicia de la UE rechazó en 2014. El Gobierno Rajoy lo sustituyó por un impuesto especial autonómico, que tampoco gustó a Bruselas y que creaba un “efecto frontera”, distorsionando el mercado: camiones y coches echaban gasolina en la autonomía de al lado, si era más barata. En el Presupuesto 2018, el ministro Montoro optó por seguir cobrándolo pero una cifra igual para todas las autonomías: 7,2 céntimos por litro (antes eran 2,4 céntimos estatales y entre 0 y 4,8 céntimos según las autonomías). Y se decidió que la norma entrara en vigor este 1 de enero.

Con ello, hay 7 autonomías donde los carburantes no han subido nada (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana), porque ya cobraban el máximo de impuesto especial (4,8 céntimos). Y otras 9 autonomías donde han subido los carburantes, porque cobraban menos de impuesto especial (entre 0 y 3,84 céntimos por litro): han subido 4,8 céntimos/litro en País Vasco, Cantabria, Castilla y León, la Rioja y Navarra, 3,1 céntimos/litro en Madrid, 2,4 céntimos/litro en Aragón, 0,96 céntimos por litro en Extremadura y 0,8 céntimos/litro en Asturias. Y en Canarias no cambia el precio, porque los carburantes tienen una fiscalidad propia.

En los próximos meses, quizás en abril, podrían volver a subir los impuestos de los carburantes, si el Gobierno Sánchez consigue aprobar unos nuevos Presupuestos para 2019, algo bastante difícil. Su intención es que el gasóleo pague el mismo impuesto que las gasolinas, como vienen pidiendo desde hace años la Comisión Europea y la OCDE. Eso supondría un alza adicional del gasóleo de 9,369 céntimos/litro en toda España, lo que supondría pagar 5,15 euros más al llenar un depósito de 55 litros. El coste de esta medida, si se aprueba, sería de 2.140 millones de euros y el objetivo del Gobierno Sánchez es repartirlo en 2 años, con una subida en 2019 y otra en 2020. Los transportistas y la oposición están en contra de la subida, que ha provocado las protestas de los chalecos amarillos en Francia, pero la ministra de Hacienda dice que sólo supondrá un coste de 3,3 euros mensuales al automovilista medio, el que hace menos de 15.000 kilómetros al año.

Mientras llega o no esta nueva subida, ya está en vigor la subida de las autopistas, un +1,67% de media, que ha sido mayor en 5 autopistas: la AP-66 Campomanes-León (subió el 1,71%), la AP-7 Alicante-Cartagena (+2,69%), la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas (+2,69%) y la AP-9 (+3,5%). Y subió algo menos (+1,65%) la AP-7 en el tramo Estepona-Guadiaro. Los que bajarán un 30% de media, desde el 15 de enero, son los peajes de las 9 autopistas privadas rescatadas por el Estado, que además serán gratuitas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana: las cuatro radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-41 Madrid-Toledo, la M-12 Eje Aeropuerto, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la circunvalación de Alicante.

Siguiendo con los transportes, este año 2019 hay elecciones municipales y autonómicas y quizás por eso no suben los transportes públicos (autobús y metro) en las ciudades, aunque sí suben los taxis en Madrid y Barcelona, lo que podría arrastrar subidas en Uber y Cabify. Tampoco suben las Cercanías de RENFE, aunque sí suben los billetes de tren en los trayectos regionales (+3,5%) y en los trenes Avant (trenes regionales más rápidos, que circulan por vías AVE), que suben un 7%, mientras Renfe espera a más adelante para subir el AVE (a la vista de lo que hagan las tarifas aéreas). De momento, no suben los billetes de avión, tras haberse congelado las tasas aeroportuarias (AENA) y haber bajado un 1,2% las tasas de navegación aérea (ENAIRE), aunque la clave estará en lo que haga el petróleo (si sube o no el queroseno), con precios muy volátiles.

Lo que sí subirá en 2019 será la luz, que cerró el año 2018 con otra subida del recibo del 2,5%, la tercera mayor de la última década (tras 2012 y 2015): el recibo medio de una familia (4,4 kW de potencia y un consumo de 3.500 kW anuales) fue de 784 euros en 2018, 19 euros anuales más que en 2017 (765 euros). Una parte importante de esta subida fue por el encarecimiento de la luz en el mercado eléctrico (supone en 35% de la factura), debido a la falta de agua y viento y a la subida del impuesto por el CO2 que emiten las centrales de carbón, lo que provocó un precio medio en el mercado eléctrico de 57,31 euros, el 2º más elevado de la última década. Y además, seguimos pagando costes de más en la parte regulada del recibo (44% de la factura) y más impuestos (21% factura).

Cara a 2019, los expertos creen que la luz volverá a subir, aunque el Gobierno haya vuelto a congelar la parte regulada de la factura (ese 44%), por 5º año consecutivo. Pero los precios de los futuros en el mercado eléctrico anticipan nuevas subidas de la luz, hasta un 8%, por la climatología, la fuerte demanda y la subida de los pagos por emitir CO2. Eso sí, el gas natural ha bajado en enero (-4,6% de media) y podría seguir bajando en 2019, al haberse congelado también los “peajes” (pagos regulados). Lo que subirá será la bombona de butano, que todavía consumen 8 millones de familias: en noviembre subió un 4,93% y podría subir  lo mismo este 15 de enero, con lo que costará ya más de 16 euros la bombona, cuando costaba 13,50 euros en 2010. Y podría subir hasta 3 euros más para finales de 2019, debido a las subidas de la materia prima y los transportes en el mercado internacional.

Otra subida nos espera en 2019: las tarifas de los móviles e Internet, que suelen subir dos veces al año. De momento, Movistar sube este mes de enero en 5 euros los servicios de sólo fibra óptica y las tarifas de móvil #15 y #25, mientras sube 2 euros las tarifas de móviles #1,5, #4 y #8. Y ha anunciado que el 5 de febrero sube 5 euros mensuales sus paquetes de Fusión. Unas subidas que seguirán Vodafone y Orange, como ha pasado otros años.

Y aunque cada vez nos comunicamos menos por carta, han subido también los sellos y las tarifas de Correos, el 1 de enero: el franqueo de cartas y tarjetas sube un 9%, de 0,55 a 0,60 euros, el doble de lo que valía en 2007 (0,30 euros). Sin embargo, España es todavía uno de los paises con las tarifas postales más baratas de Europa, donde el coste medio del franqueo es de 1,02 euros, 0,95 euros en Francia, 0,76 en Reino Unido y de 0,70 euros en Alemania. El envío de paquetes (principal negocio de Correos) también sube un 0,88%, un aumento mucho más reducido, por el auge de la competencia, que en años anteriores (+11,1% en 2017, +7,1% en 2016 y +10,5% en 2015).

Las medicinas serán algo más baratas este año, tras una nueva rebaja de los precios de referencia, que entró en vigor el 1 de enero y que reduce el precio de 15.500 presentaciones farmacéuticas (de las 17.500 que se venden). Todas bajan unos céntimos y las mayores rebajas (ver listado con los nuevos precios) se notarán en algunos ibuprofenos (que bajan del 65 al 81%), medicamentos contra el colesterol (bajan del 5,25% al 48%), anticonceptivos y medicamentos contra el asma. La rebaja para los particulares será de 8,44 millones, pero los laboratorios recortarán sus ingresos en 248,25 millones en 2019, según Sanidad. Esta rebaja de los medicamentos parece “una buena noticia”, pero tiene dos riesgos. Uno, que a los laboratorios, con precios tan bajos (bajan desde 2010 y el  55% valen ya menos de 3,50 euros), no les compense seguir vendiéndoles aquí y los exporten a otros paises, donde se cobran hasta un 30% más caros, lo que provocaría más desabastecimiento de medicamentos (ya sucede: hay más de 400 medicamentos en falta, según se ve en esta web de la Agencia Española del Medicamento). Y el otro riesgo, hundir las cuentas de las 22.046 farmacias españolas, que dispensan más recetas y facturan menos.

La vivienda sube y seguirá subiendo en 2019. Ya en 2018, el precio de la vivienda de segunda mano subió entre un 7,2% (según el INE, con datos a septiembre), un 7,8% (según Fotocasa) y un  8,4% (según el Idealista), con un precio medio de 1.720 euros/m2. Y todos los expertos creen que seguirá subiendo en 2019, entre el 5% y el 6%. Lo más preocupante es la subida de los alquileres, que habrá sido del 9,3% de media en 2018, según el Idealista, con precios medios elevadísimos del alquiler en Madrid capital (16,4 euros/m2), Barcelona (16 euros/m2), San Sebastián (15,6 euros/m2) o Baleares (13,5 euros/m2). Y todo apunta a que los alquileres seguirán subiendo en 2019, aunque quizás algo menos que en 2018.

El Gobierno Sánchez aprobó el 14 de diciembre un decreto-ley para tratar de bajar el precio de los alquileres, con dos medidas: impedir que se cobre más de 2 mensualidades con las fianzas y que los nuevos contratos de alquiler pasen de 3 a 5 años (y las prórrogas pasen de 1 a 3 años). Estas medidas podrían provocar el efecto contrario al buscado, según muchos expertos: si el particular o la empresa tiene que alquilar por más tiempo, puede querer “cubrirse” subiendo más el alquiler inicial. Algunos, como Podemos, defienden que hay que controlar los precios, poner topes máximos al alquiler y la ministra de Hacienda dice que el Gobierno está “dispuesto a hacerlo”, por una Ley o en los Presupuestos 2019.

Pero poner topes a los alquileres no es una buena solución, porque retraería a muchos propietarios e inmobiliarias a poner sus pisos en alquiler y fomentaría un “mercado negro”, con alquileres pagados “bajo mano” y sin garantías. La verdad es que “no hay atajos” para frenar los alquileres: vivimos en un sistema capitalista y lo que funcionaría sería aumentar la oferta de pisos en alquiler. Y para eso hay dos caminos. Uno, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) para que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. El otro sería destinar suelo público y recursos a promover viviendas públicas (VPO) para alquiler, para destinarlas a alquileres sociales (de 150 a 300 euros al mes), como se hace en casi toda Europa (en Holanda hay 2,3 millones de viviendas públicas en alquiler). Estas VPO eran muy importantes antes (se hicieron  más de 100.000 al año entre 1957 y 1989 y 68.857 en 2008), pero se han desplomado con la crisis: sólo se entregaron 4.938 VPO en 2017. Habría que promover unas 100.000 VPO al año, no las 5.000 que propone ahora Fomento. Y conseguir que se alquilen otras 100.000 viviendas privadas vacías. Así, con 200.000 viviendas más en alquiler al año (1 millón en 5 años) sí bajarían los precios, no con controles de precios a la venezolana…

Al margen de los precios de venta y alquiler, muchos propietarios tendrán que pagar más impuestos por su vivienda en 2019, al revisarse el catastro en 1.179municipios (1 de cada 8 localidades) y actualizarse el valor sobre el que se paga el IBI, el impuesto municipal. El valor catastral subirá en 728 localidades (ver listado), un 5% (los que revisaron entre 1984 y 1.989), un 3% (los que revisaron entre 1990 y 2000) o un 2%) los que revisaron de 2001 a 2003. Y bajará en otras 449 localidades (ver listado), entre un 3% y un 7%, que son las que hicieron la anterior actualización en plena “burbuja inmobiliaria” (entre 2005 y 2013). Lo normal es que los Ayuntamientos esperen a actualizar el catastro después de las elecciones de mayo, pero lo importante es que tienen la autorización de Hacienda para hacerlo (BOE 29 diciembre). Y luego, pueden subir o bajar el tipo del IBI a aplicar sobre el valor actualizado. 

La compra de viviendas no sólo se va a encarecer porque suban los precios en 2019 sino porque suban las hipotecas. De hecho, ya han subido los tipos para compensar que, desde el 10 de noviembre, son los bancos los que tienen que pagar el impuesto (de actos jurídicos documentados). Así, el tipo medio de las hipotecas (TAE) ha subido del 2,13% en julio al 2,25% en octubre, según el portal del cliente bancario del Banco de España. Y hay bancos que también han subido comisiones. Además, la subida de tipos en EEUU está haciendo subir el precio del dinero en toda Europa, con lo que el Euribor, el tipo que se aplica para revisar anualmente dos de cada tres hipotecas (a  tipo variable) está subiendo desde abril y ha cerrado el año 2018 con un Euribor del -0,129%. Eso supone que quien tenga que revisar su hipoteca (120.000 euros a 20 años) en enero, pagará 2 euros más al mes. Y se prevé que el Euribor, que lleva 3 años en negativo, acabe 2019 en positivo (entre 0,10 y 0,20%), lo que tendrá dos efectos este año: las nuevas hipotecas serán más caras (Euribor+2%) y será más caro revisar las hipotecas actuales (5 euros más al mes, a finales de 2019). Y además, los bancos seguirán subiendo sus comisiones por casi todo en 2019.

A pesar de este rosario de subidas, los expertos apuestan porque los precios suban menos en 2019 que en 2018: la inflación anual en diciembre podría quedar en el 1,6% (más que el 1,2% en que acabó 2018, según el INE), pero la inflación media, que es la importante (para saber si salarios y pensiones pierden poder adquisitivo), podría bajar, del 1,7% en 2018 al 1,3% en 2019, según Funcas . Todo va a depender de lo que haga el petróleo: si sube más de lo previsto (hasta 80 dólares, cuando se espera que cueste 70 dólares de media en 2019), la inflación media subiría este año hasta el 1,8%, según Funcas, con lo que pensiones y salarios perderían poder adquisitivo. Y si sube menos (y cuesta 60 dólares), la inflación media anual subiría el 0,90% y todos ganaríamos poder adquisitivo. Así que para saber qué va a pasar finalmente con sus ingresos en 2019, miren lo que hace el petróleo. No se olviden. 

Jubilaciones duras y blandas

En diciembre, la industria del automóvil recibió un regalo de Reyes anticipado: el Gobierno Sánchez les permitió seguir rejuveneciendo sus plantillas, facilitando la jubilación parcial de sus trabajadores mayores a cambio de contratar a un joven. Suena bien. El problema es que sólo la industria puede hacerlo. El resto de españoles tienen que esperar a jubilarse a los 65 años y 8 meses en 2019, dos meses más tarde que en 2018. Y también suben 3 meses los años de cotización exigidos para cobrar el 100%. Pero como hay muchos mayores en paro y otros no se fían de lo que pase, siguen creciendo  los que se jubilan anticipadamente, aún perdiendo parte de pensión, sin los privilegios del automóvil: serán 146.000 los que se jubilen en 2018 con menos de 65 años, el 42,7% del total. Urge facilitar la jubilación a los parados mayores de 60 años (154.300) y fomentar el rejuvenecimiento de todas las plantillas. Pero antes, hay que asegurar más ingresos para las pensiones, porque su factura alcanzó un récord histórico en diciembre y ya cuestan un 35% más que en 2010.

enrique ortega

La mayoría de españoles con más de 50 años siguen muy preocupados por lo que va a pasar con su pensión. Y por eso, en cuanto pueden se jubilan, sin esperar a los 65 años, aunque pierdan dinero por anticipar su retiro. Es lo que viene pasando desde 2012, cuando el total de jubilaciones saltó a 308.400, tras la “reforma” (recortes) de Zapatero en 2011 (año con sólo 286.143 jubilaciones). Y luego dieron otro salto en 2013 (314.204, el récord), a raíz de la “nueva reforma” (más recortes) aprobada por Rajoy. Y así ha seguido, rondando las 300.000 jubilaciones anuales hasta 2017, año en que alcanzaron la segunda mayor cifra de la década: 309.709 jubilaciones. Y todo apunta a que este año 2018 se batirá el récord de jubilaciones, unas 330.000, a la vista de que van 309.472 jubilaciones hasta noviembre, según los últimos datos de la Seguridad Social. 

Crecen las jubilaciones pero sobre todo porque casi la mitad son jubilaciones anticipadas, hechas antes de los 65 años: concretamente 132.275 jubilaciones hasta noviembre, el 42,74% de las jubilaciones hechas en 2018, un porcentaje que ha crecido en los últimos años (eran el 41% de las jubilaciones en 2014, llegaron al 44,3% en 2016 y se mantuvieron en el 43,13% en 2017). El grueso de prejubilaciones se da a los 61 años (55.084 hasta octubre), 63 años (41.675) y 64 años (20.621), pero también las hay antes (3.225 personas se han jubilado en 2018 con menos de 60 años), por trabajadores despedidos por EREs. Con ello, la edad media de jubilación en España está en 64,2 años (igual que en 2014), por debajo de la media de los 35 paises industrializados de la OCDE, que se jubilan de media a los 64,3 años. Así que nos jubilamos antes y como además vivimos más años que el resto de occidentales (salvo Japón), nos crece más el gasto en pensiones año tras año.

Las causas de este aumento de las jubilaciones son básicamente tres. Una, el envejecimiento de la población: los mayores de 65 años han aumentado del 16,6% de los españoles en 2007 al 19,2% de la población en 2018. La segunda, que muchos mayores están sin trabajo y sin perspectiva de que les contraten por su edad, con lo que se jubilan en cuanto pueden. En septiembre de 2018 había en España 838.900 mayores de 50 años en paro, según la EPA, el triple que antes de la crisis (281.600 parados mayores de 50 años en 2007). Y de ellos, hay 154.300 parados con 60 a 64 años, muchos de ellos sin cobrar el paro (algunos parados con más de 55 años pueden cobrar 430 euros al mes hasta jubilarse), que son los primeros que buscan jubilarse anticipadamente como sea.

Pero hay una tercera razón que dispara las jubilaciones: el miedo a lo que pueda pasar con las pensiones, a la vista de lo que se comenta y de la entrada en vigor de las reformas de 2011 y 2013. En 2018 han crecido más las jubilaciones porque se sabía que el 1 de enero de 2019 entraba en vigor un nuevo sistema de cálculo, el llamado “factor de sostenibilidad”, aprobado por Rajoy en 2013: se vincularán las nuevas pensiones a la esperanza de vida de cada generación, que crece cada año, con lo que la pensión inicial bajará año tras año (“menos pensión durante más años”). Este “factor de sostenibilidad” iba a recortar ya las nuevas pensiones en 2019 un 0,5%, según los expertos del BBVA. Y otro tanto en 2020 y 2021, para recortarlas entre un 4 y un 6% hasta 2029. Al final, en abril de 2018, Rajoy firmó un pacto de pensiones con el PNV y se acordó retrasar este recorte hasta 2023. Pero no impidió que las jubilaciones crecieran un 22,7% en abril (el miedo previo al acuerdo) y luego un 10,3% en octubre y un 14,43% en noviembre.

Lo que no se ha cambiado es el endurecimiento de las jubilaciones en 2019, otro acicate más a que haya habido récord de jubilaciones en 2018, para evitarlo. A partir de enero, se amplía en 2 meses la edad de jubilación, hasta los 65 años y 8 meses, que irá aumentando paulatinamente hasta los 67 años en 2027. Y se endurece también en 3 meses el periodo de cotización exigible para cobrar el 100% de la pensión: 36 años y 9 meses. Esto repercute en los que se quieran jubilar anticipadamente, porque este año tendrán que tener 63 años y 8 meses (2 meses más que en 2018), además del requisito de haber cotizado un mínimo de 35 años y de ellos 2 al menos en los últimos 15 años. Y por supuesto, los que se jubilen anticipadamente deben saber que pierden entre un 6,50% y un 8% de pensión (según los años cotizados) por cada año que anticipen su jubilación (ver requisitos exigidos).

Estas son las condiciones de las jubilaciones y prejubilaciones de la gran mayoría de españoles, que se van a endurecer año tras año con las reformas de 2011 y 2013 (jubilarse más tarde y con menos pensión). Pero hay dos excepciones. Una, los afectados por los ERES de la pasada década (empleados de Telefónica, banca y grandes empresas), que han  estado cobrando el paro estos años y que se pueden jubilar este año 2019 sin los recortes aprobados por Rajoy en 2013, gracias a un decreto-ley que ha aprobado el Gobierno Sánchez a finales de diciembre para darles un año de prórroga. Algo que no convence a los afectados, porque fueron despedidos con unas condiciones de paro y jubilación (muy beneficiosas) que se les cambiaron después, con la reforma de Rajoy de 2013: se fueron pensando en poder jubilarse a los 63 años, por ejemplo, y de no haberlo cambiado ahora el Gobierno, tendrían que esperar a tener 66 años en 2021… Pero sufrirán el problema en 2020.

La otra excepción, menos justificable, es el regalo que hizo en diciembre el Gobierno Sánchez a la industria del automóvil: otro decreto ley  les permite seguir 4 años más con los contratos de relevo, una modalidad que se terminaba el 1 de enero de 2019 y por la que pueden seguir rejuveneciendo plantillas a costa de la Seguridad Social. Estos contratos de relevo eran muy habituales en España y suponen que un trabajador mayor reduzca su jornada y a cambio entre a trabajar uno joven al que forma antes de jubilarse. Lo normal es que el trabajador mayor coja una jubilación parcial, por la que cobra un 25% de sueldo y el 75% restante como pensión. El “truco” es que, a raíz de una sentencia del Supremo, podrían concentrar las horas en unos meses o años, con lo que el trabajador mayor se acababa jubilando antes, como si fuera una jubilación anticipada, sin ninguna penalización (con el 100% de pensión) y sin tener que formar al joven que le “releva”. Y con ello, muchas industrias utilizaban este sistema para cubrir con esos jóvenes vacaciones y picos de producción.

Al plantearse la reforma de las pensiones de 2011 y 2013, se acordó acabar con esta jubilación parcial encubierta porque era muy costosa. Baste decir que se han acogido a ella unos 340.000 trabajadores entre 2003 y 2018 (el 70% en los servicios, no sólo en la industria), con un coste para la Seguridad Social de 30.000 millones de euros, según un estudio de FEDEA. Por ello, se dio a las empresas una prórroga para acabar con estas jubilaciones parciales el 1 de enero de 2019. Y así ha sido, con una excepción: la industria y principalmente la industria del automóvil, a la que un decreto ley aprobado el 7 de diciembre permite seguir con estas jubilaciones parciales 4 años más, hasta enero de 2023. El resto de empresas españolas ya no pueden hacer estas jubilaciones anticipadas sin penalización.

La industria del automóvil llevaba meses pidiendo esta excepción, siempre con el mismo argumento: la necesidad de rejuvenecer las plantillas para que “no se ponga en riesgo la competitividad futura de las plantas de fabricación y montaje”, como hace suyo el propio texto del decreto-ley. En realidad es “un chantaje” en toda regla: o nos dejáis cambiar mayores por jóvenes a costa de que la SS pague un 75% de sus horas o nos podemos llevar la fabricación de los nuevos modelos a Europa del Este, Asia o México. Y lo pueden hacer. Además, es un “detalle” del Gobierno Sánchez ante una industria que se siente amenazada por el fin del diesel y la gasolina en 2040. La medida, que salió adelante en la convalidación del Congreso gracias a la abstención del PP, Ciudadanos y Podemos, podría beneficiar a 24.015 trabajadores jóvenes hasta 2026 y costará 1.778 millones a la Seguridad Social, aunque otros cálculos estiman que será más (sólo en 2017, el contrato de relevo en el automóvil costó a la SS unos 2.200 millones de euros).

Los sindicatos apoyan este contrato de relevo, pero critican que rompe la equidad de trato con el resto de empresas y han pedido por carta al presidente Sánchez que se extienda a todas las empresas del país, como herramienta para luchar contra el elevado paro juvenil (hay 934.500 parados con menos de 30 años, el 28% del total). Está claro que rejuvenecer plantillas y cambiar empleados mayores por jóvenes en paro bien formados sería una buena medida para mejorar la competitividad de la economía y reducir el paro juvenil de España, el 2º mayor de Europa. Y no sólo en la industria, sino en sectores muy envejecidos, como la sanidad, la educación y las plantillas públicas (los Ayuntamientos tienen un personal con 60 años de media), así como en el transporte, el comercio, la hostelería, las oficinas y los trabajadores de la limpieza, sectores donde la mayoría de trabajadores tienen más de 50 años.

Pero hay un gran problema para generalizar este contrato de relevo: su elevadísimo coste. Se estima en 120.000 euros de media por jubilado, lo que significa que relevar a 100.000 trabajadores mayores costaría a la Seguridad Social 12.000 millones de euros. Y probablemente, si se abriera la mano, se querrían ir más de un millón, lo que haría quebrar a la Seguridad Social. Así que la medida es buena, pero no se puede pagar y menos con una SS que tiene un déficit crónico (será de -17.000 millones de euros en 2018). Así que lo lógico sería no hacer excepciones (automóvil) y si se hacen sea con un Plan para todos los sectores, estableciendo prioridades y haciendo que las empresas beneficiadas paguen una parte. Y en paralelo, dar una salida a los españoles que necesitan jubilarse anticipadamente, en especial a los parados de 60 a 65 años (154.300 en septiembre, según la EPA).

Y no olvidarse de los parados de 52 a 55 años, que siguen sin poder cobrar un subsidio de paro desde que se lo quitó Rajoy en 2013. Ya hay un acuerdo, incluido en el pacto del Gobierno y Podemos, para que esos 114.000 parados puedan cobrar un subsidio asistencial (430 euros al mes) hasta que se jubilen, como hacen los parados mayores de 55 años, y para que se cotice por ellos el 120% de la base mínima hasta que se jubilen (Rajoy lo bajó al 100%), dos medidas que cuestan 323 millones al año. Pero el problema es que para aplicarlo, al Gobierno Sánchez no le vale un decreto Ley sino que necesita incluirlo en el Presupuesto para 2019, cuya aprobación es casi imposible.

Recopilando, vemos que las jubilaciones siguen creciendo y que casi la mitad se anticipan, antes de los 65 años y 8 meses legales, porque la gente tiene miedo de esperar y mañana jubilarse peor. Y mientras, la industria del automóvil se beneficia en solitario de unas ayudas para jubilar parcialmente a sus trabajadores mayores que vendrían bien a todas las empresas e instituciones del país, pero no se puede pagar. Por eso, rejuvenecer plantillas y dar empleo a los jóvenes exige aumentar los ingresos de la Seguridad Social, no sólo para pagar unas pensiones dignas y asegurar las futuras sino para que más trabajadores mayores, empleados o en paro, puedan jubilarse. Está todo unido y pasa por aumentar cotizaciones (empresas y trabajadores pagan menos que la media europea) y por transferir más ingresos públicos a la SS, lo que exige una reforma fiscal, no para que paguemos más la mayoría, sino para que paguen más los que pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos.

Pero iniciamos nuevo año, con la factura de las pensiones en máximos históricos (9.317 millones en diciembre 2018, un 35,6% más que en diciembre de 2010) y sin que nadie aporte soluciones ni se aborde una reforma de las pensiones, sólo “parches” como la subida del 1,6% o la “paguilla” para compensar la deviación del IPC en 2018 (3.000 millones más de gasto extra en pensiones para 2019). Es irresponsable dejar pasar los meses sin abordar la reforma de las pensiones, mientras los españoles “se buscan la vida”, jubilándose en cuanto pueden por lo que pueda pasar. Si hay elecciones, 2019 será otro año perdido para las pensiones. Y si no las hay, el ambiente de enfrentamiento político constante impide cualquier pacto, la única salida posible. Hagan algo, por favor.

¿Cuánto vamos a ganar en 2019?

Este mes de enero, casi 14 millones de españoles van a ganar algo más. A los 8,8 millones de pensionistas les suben este año un 1,6%, como en 2018. Y cobrarán  además, en febrero, una “paguilla” de 13,43 euros, para compensarles de inflación extra en 2018. Los 2,55 millones de funcionarios cobrarán un 2,25% más, que puede llegar al 2,5%.Y los 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán una subida del 22,3% y ganarán 900 euros al mes. El resto, 14 millones de asalariados más,  tendrán que negociar la subida 2019 con su empresa, aunque patronal y sindicatos han pactado una subida del 2% para este año, que no se cumplió en 2018. Son más ingresos para muchos, lo que ha provocado quejas de las empresas, por un aumento de costes, pero sus beneficios llevan años subiendo mientras trabajadores y pensionistas han perdido poder adquisitivo. Lo bueno es que estos mayores ingresos de las familias harán subir el consumo y compensarán el menor crecimiento previsto para 2019. Eso sí, seguimos con sueldos un 21% más bajos que los de Europa.

enrique ortega

Los primeros en notar la subida serán los pensionistas, que serán ya 8,8 millones de personas este mes. Al cobrar la pensión de enero, verán que les sube un 1,6%, lo mismo que en 2018, tras el pacto que firmó del Gobierno Rajoy con el PNV, en marzo. Será un aumento mensual medio de 15,37 euros al mes, teniendo en cuenta que la pensión media son 960,98 euros (diciembre 2018). Y los que cobran pensiones mínimas  tendrán una subida del 3%, también como el año pasado. Esta subida de pensiones, que será mayor que la inflación prevista (1% de inflación media para 2019), tendrá un coste extra para la Seguridad Social de 2.343 millones en 2019. 

Además, todos los pensionistas van a cobrar "antes de abril" (quizás en febrero) una “paguilla” para compensarles de la mayor subida del IPC sobre lo previsto en 2018: habrá subido de media un 1,68% entre diciembre 2017 y noviembre de 2018, subida que se redondea al 1,7%. Y como las pensiones subieron un 1,6% en 2018, se les compensa ese 0,1% de diferencia, lo que supondrá un pago único de 13,43 euros (0,95 de desviación por 14 pagas), según la Seguridad Social. Otro extracoste para el sistema de pensiones, de 257 millones de euros en 2019 (128,6 millones por la paguilla y otros 128 adicionales porque se consolida en la pensión de este año). 


En total, entre subida anual y "paguilla", serán 2.596 millones de gasto extra para la Seguridad Social en 2019, lo que complica aún más sus cuentas y su agujero (-17.000 millones de déficit previsto para  2018). Para compensarlo en parte, el Gobierno Sánchez ha aprobado una subida de las bases de cotización mínimas (+22%: 1.500 millones más de ingresos) y máximas (+7%: otros 850 millones más), lo que supondrá 2.350 millones de euros más de ingresos por cotizaciones en 2019.  

Los empleados públicos, 2.553.505 personas en 2018, también verán subir desde este mes su sueldo, una media del 2,25% para todos, más otro 0,25% que se negociará con las distintas Administraciones (estatal, autonómica y local) para pagar homologaciones retributivas o planes de pensiones. Incluso podrían subir otro 0,25% más si la economía crece este año 2019 un 2,5%, algo que ningún experto ni organismo internacional creen (se apuesta por un crecimiento del 2,2%). Curiosamente, lo que hace el Gobierno Sánchez con esta subida es aplicar el acuerdo al que llegaron los sindicatos de funcionarios y el Gobierno Rajoy en marzo de 2018, poco antes de salir de la Moncloa. Fijaba una subida salarial mínima del 1,75% en 2018, 2,25% en 2019 y 2% en 2020, más las homologaciones retributivas (0,20% en 2018, 0,25 en 2019 y 0,30% en 2020) y otro 0,25% de aumento salarial si la economía crece un 2,5% en 2019 o 2020, algo bastante difícil de conseguir.

Con la subida de 2019 (que costará 3.625 millones, 2.100 millones a cargo de las autonomías), más la subida del año pasado y la de 2020, los empleados públicos aumentarán su sueldo un 6% en tres años (que llegará al 6,75% para algunos colectivos, por la homogeneización de sueldos) , con lo que no recuperarán ni la mitad del poder adquisitivo perdido desde 2010, un -14%, tras la bajada de sueldos de mayo de 2010 (-5%), la congelación salarial de 2011 a 2015 y la mínima subida de 2016 y 2017 (+1%).

El tercer colectivo en subir sus ingresos serán los trabajadores que cobran el salario mínimo,  2,5 millones de asalariados. El pacto presupuestario entre el PSOE y Podemos se ha traducido en un decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona, por el que se sube el salario mínimo un 22,3% este año, de 735,90 a 900 euros mensuales (en 14 pagas o 1.050 euros en 12 pagas). Una subida que beneficiará a 1.327.000 asalariados del régimen general que cobran el salario mínimo (20% trabajan en el comercio y la reparación de vehículos, 14% administrativos y personal de empresas de servicios, 10,8% en hostelería, 6,8% en sanidad y servicios sociales, 6,8% en servicios públicos y el resto en ciencia y tecnología, educación e industria), más de 750.000 trabajadores eventuales del campo y temporeros y 400.000 empleadas de hogar. En estos dos últimos casos, la subida afecta al pago por horas y sube también el 22,3% (de 5,76 a 6,90 euros/hora).

Esta abultada subida del salario mínimo (SMI), la mayor desde 1977, puede provocar problemas en tres colectivos donde su aplicación tendrá que ajustarse. El primero, en el campo, entre temporeros y trabajadores eventuales, donde el decreto del Gobierno permite ahora pagar el SMI por horas (hasta ahora estaba referenciado a la jornada legal), lo que abre el riesgo de “prácticas indeseadas que conllevarían una mayor inseguridad de estos colectivos”, según denuncia CCOO, preocupada porque algunos empresarios agrícolas utilicen el nuevo sistema para contratar por horas y tratar de pagar menos, algo que también preocupa a la Seguridad Social. El segundo problema puede saltar entre los trabajadores discapacitados: hay 481.000 discapacitados trabajando y la mayoría cobran el SMI, con lo que muchas empresas pueden tener la tentación de despedirlos ahora que son “más caros”, creándose un problema a los 1.992 “centros especiales de trabajo” (donde el 75% de los empleados son discapacitados), que reciben un 50% del sueldo de estos discapacitados en subvenciones de las autonomías, que ahora deberían aumentar.

El tercer problema, el más peliagudo, son las contratas que tiene el sector público (Estado, autonomías y Ayuntamientos) con empresas privadas de limpieza, seguridad y mantenimiento, subcontratas que ya han pedido renegociar  los contratos al haberles subido los costes un 22,3%. Incluso algunas están estudiando llevar a la Administración a los Tribunales si no les compensa del extracoste. De momento, parece que la decisión de Hacienda es que se revisen los contratos uno por uno y asumir una parte del extracoste, pero no todo, obligando a las subcontratas a asumir otra parte (si no quieren perder el contrato). Pero la patronal CEOE quiere una solución única para todas estas subcontratas y que la Administración asuma en sus cuentas el aumento del salario mínimo.

Además de estos problemas concretos, la fuerte subida del salario mínimo ha provocado una avalancha de duras críticas, de la ortodoxia económica y los empresarios. Primero, la Comisión Europea estimó que la subida provocará que España cree 75.000 empleos menos entre 2019 y 2020. Y el Banco de España (cuyo gobernador gana 183.000 euros anuales) asegura que la medida costará 150.000 empleos. Mientras, el premio Nobel estadounidense Josep Stiglitz les replica que subir el salario mínimo “no daña el empleo” y que hay datos abrumadores que lo confirman (lean este interesante artículo del catedrático Carlos García Serrano). En cualquier caso, sepamos que, aún con 900 euros (1.050 en 12 pagas), el salario mínimo en España es más bajo que en la mayoría de Europa: se pagan 1.999 euros en Luxemburgo, 1.614 en Irlanda, 1.578 en Holanda, 1.563 en Bélgica, 1.499 en Francia, 1.498 en Alemania y 1.463 en Reino Unido, según datos de Eurostat para julio 2018 (SMI en 12 pagas), estando sólo por debajo los salarios mínimos de Malta (748 euros), Grecia (684 euros), Portugal (677) y 11 paises del Este, mientras en Italia, Dinamarca, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia no hay salario mínimo.

Junto a estos tres colectivos (jubilados, empleados públicos y trabajadores que cobran el salario mínimo), 13,85 millones de españoles que van a ganar más desde este mes, hay otros 14 millones de asalariados que tienen que negociar con su empresa la subida de 2019. En principio, muchos han firmado ya sus convenios, con una subida media del 1,7% en los negociados hasta noviembre. Y la patronal y los sindicatos firmaron, en julio de 2018, un pacto salarial, dentro del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por el que los sueldos subían un 2% en 2018, 2019 y 2020, más otro 1% variable según las mejoras de productividad. Además, pactaron un sueldo mínimo de 1.000 euros para 2020.

Sin embargo, no parece que este pacto salarial se haya cumplido en 2018, a la vista de la subida pactada en los convenios (+1,7% en los firmados hasta noviembre) y del aumento anual de los costes salariales que refleja el INE hasta septiembre: +1,2%. Y eso se debe a que muchos trabajadores no tienen convenio y hay muchas pymes que no tienen sindicatos y cuyos directivos no acatan este pacto salarial. Por eso, todo indica que la subida salarial de los asalariados será inferior al 2% en 2019, aunque ganarán poder adquisitivo (se espera que la inflación media suba el 1%). La subida salarial podría ser menor si el enfriamiento de la recuperación, en Europa y en España, ralentiza ventas y exportaciones y algunas empresas ven reducidos sus beneficios en 2019.

Pero no es justo que las empresas "racaneen" con los salarios. Primero, porque los beneficios empresariales se han recuperado con creces de la crisis, pero los salarios no: los beneficios de las empresas han aumentado 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.000 millones se los han quedado las empresas y 15.663 millones han ido a sus accionistas, como dividendos) mientras los salarios totales se reducían en 10.214 millones, según el INE. Y con ello, las empresas han aumentado “su trozo” en el reparto del pastel de la renta: si en 2008 se llevaban el 41,7% de la riqueza generada, en 2017 se llevaron el 42,5%. Y los trabajadores “han perdido pastel”: del 50,1% que se llevaban en 2008 al 47,3% de 2017, según el INE (el resto, hasta el 100% se lo llevan los impuestos).

Además, las empresas no pueden argumentar que ya pagan salarios altos, porque con la “devaluación salarial” sufrida por los trabajadores españoles (el salario medio bruto subió sólo un 2,09%, 38,70 euros, entre 2012 y 2017, un 0,41% menos que el IPC, según el INE), el coste de la mano de obra es mucho menor en España que en los grandes paises de Europa con los que competimos. Así, el coste por hora trabajada en España era de 21,2 euros en 2017, un 21% menos de lo que se pagaba en Europa (26,8 euros en la UE-28) y un 29% menos que el sueldo por hora en la zona euro (30,3 euros), según Eurostat. Y muy inferior  al sueldo de Suecia (38,3 euros/hora), Francia (36 euros), Holanda (34,8), Alemania (34,1), Italia (28,2) o Reino Unido (25,7 euros/hora).

España y nuestras empresas no pueden aspirar a ser “la China de Europa”, a competir en base a tener los sueldos más bajos. Y menos quejarse de que ahora tengan que pagar un mínimo de  900 euros al mes a cualquier empleado: poco eficiente y competitivo es un negocio si no da para pagar ese mínimo sueldo. Y tiene poco futuro, así que su problema no es que tenga que pagar ese salario mínimo sino quizás su modelo de negocio. Además, las empresas tienen también otros costes no salariales, que son mucho más altos en España que en Europa y de los que no se quejan tanto. Unos, los costes energéticos: la electricidad les cuesta a las empresas en España un 20% más cara que la media europea (0,083 euros/kwh sin impuestos en 2017 frente a 0,069 euros/kwh), un 29% más cara que en Alemania (0.064 euros/kwh) y un 40% más cara que en Francia (0,059 euros/kwh), según Eurostat. Y lo mismo los créditos: en España cuestan de media el 4,72% (tipos a más de 5 años), el doble del 2,36% que cuestan en la zona euro, según el Banco de España.

Otro grave problema de que los salarios suban poco es que las familias ingresan menos y consumen menos, sobre todo si sube la inflación (como pasa desde 2017), lo que ralentiza el crecimiento de la economía y el empleo, además de reducir la recaudación de impuestos (IVA y Renta) y los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social (más gente trabajando con sueldos bajos igual a menos ingresos y déficit). Por eso, y a pesar de las críticas, la subida del salario mínimo, los sueldos de los funcionarios  y las pensiones van a servir para reanimar el consumo y el crecimiento en 2019, un año que soplarán “vientos en contra desde fuera de Europa y del mundo (por lo que el crecimiento bajará del 2,5 al 2,2%). Además, ayudará a Hacienda a recaudar algo más, que falta hace (para gastar más en tantas cosas y reducir el déficit). Y, sobre todo, mejorará las cuentas de la Seguridad Social: sólo la subida del salario mínimo aumentará las cotizaciones en 1.500 millones. Y si esa subida tiene “un efecto arrastre” sobre todos los salarios, como “temen las empresas, la recaudación de la SS podría subir hasta 3.000 millones en 2019, algo que hace mucha falta a las pensiones.

Bueno, hay muchos españoles que ganarán algo más este mes y este año. Ahora, lo que hace falta es que esos mayores ingresos se traduzcan en mejoras de productividad en las empresas y en las Administraciones públicas y en mayores ingresos de Hacienda y la Seguridad Social. Y a partir de ahí, tengamos claro que si queremos ganar más, los españoles tendremos que ser más productivos, para lo que tenemos que mejorar la formación  y conseguir unas empresas más competitivas, en un país más innovador, moderno y eficiente. No podemos tener unos salarios de subdesarrollo pero si queremos tener los sueldos de la Europa rica, tenemos que mejorar a fondo nuestra formación, nuestra tecnología, nuestro trabajo y nuestras empresas, para que produzcan más y con más valor y más empleo. Una buena petición para los Reyes Magos.