Internet y móviles: guerra de ofertas

A la vuelta de vacaciones, las empresas de telecomunicaciones se han volcado en ofertas para “robarse clientes”, ofreciendo paquetes con fútbol y series. Y muchas son ofertas individualizadas, por teléfono, dirigidas a clientes concretos de determinadas compañías, lo que ha provocado denuncias. Incluso en octubre, las telecos siguen con esta “guerra de ofertas”, con la que han cambiado de compañía más de 3,5 millones de clientes este año. Y luego viene la campaña de Navidad. Pero no nos engañemos: la mayoría de clientes seguimos pagando lo mismo, que es más que antes, tras las subidas de 2016, 2017 y 2018, mientras en Europa las tarifas de móvil e Internet bajan. Y las tarifas volverán a subir en febrero o marzo, porque las telecos tienen que pagar sus enormes inversiones en fútbol, fibra óptica y redes. Pero poco podemos hacer, porque los clientes estamos “enganchados” a unos paquetes que nos ofrecen teléfono, Internet, móvil y TV. Ojo a la “droga digital”: hay que pagarla. 

enrique ortega

Las empresas de telecomunicaciones, aunque son un oligopolio (Movistar, Orange y Vodafone controlan el 90% de los accesos a Internet en los hogares  y el 81% de los contratos móviles), que sube las tarifas coordinadamente cada año (una detrás de otra), son de los pocos sectores que compiten “a degüello”, robándose clientes a golpe de ofertas. Y a la vuelta de vacaciones, las telecos han vuelto a la “guerra de ofertas”, iniciadas a mediados de agosto y principios de septiembre, para aprovechar la vuelta del fútbol y la Champions. Porque esta vez, la “guerra de las telecos” no se ha centrado en los móviles, sino en el acceso a Internet en los hogares, para ofrecer fibra y con ella TV la carta, sobre todo fútbol y series. 

La “guerra de ofertas” la inició Movistar, porque necesitaba recuperar con nuevos clientes la enorme inversión realizada con la compra de los derechos de emisión del fútbol por TV (Liga, Champions y competiciones europeas) para las próximas 3 temporadas, una subasta por la que pagó 4.000 millones de euros (aunque luego revendió los derechos de emisión a Orange). Sus ofertas se han centrado en la TV de pago, ofreciendo gratis por 6 meses (hasta enero 2019) el paquete Premium TV a los clientes que contraten el paquete Fusion +. Y a los clientes que cambiaran de otras telecos les ha ofrecido descuentos del 50% durante un año en los paquetes Fusion + Premium y los paquetes familiares Fusion.

Orange fue el segundo en lanzarse a la guerra de ofertas, a finales de agosto, ofreciendo a los clientes de otras compañías ofertas públicas para contratar fútbol (recomprado a Telefónica) y ofertas individualizadas, a clientes concretos, ofreciendo el 50% de descuento en sus paquetes de voz e Internet fijos y móviles más TV. Parece que muchas ofertas, tanto de Orange como de Movistar, se han hecho  de forma individualizada a “clientes futboleros” de Vodafone (son 350.000), que no compró fútbol esta temporada, lo que provocó que Vodafone denunciara a Movistar ante la Comisión de la Competencia (CNMC).

Vodafone, que esta temporada sólo ofrece los partidos de la Liga sin el Partidazo ni la Champions, se ha defendido de las ofertas de Movistar y Orange ofreciendo un año gratis de TV a la carta a viejos y nuevos clientes (hasta el 30 de septiembre) y descuentos del 50% por 2 años en sus paquetes de servicios (voz, Internet y móvil) a clientes de otras compañías.

En paralelo a esta “guerra de ofertas” de las primeras marcas, con el fútbol como “gancho”, se ha producido otra guerra de ofertas utilizando las segundas marcas, low cost, a partir del lanzamiento en España de O2 (low cost de Telefónica), que ha multiplicado las ofertas de las low cost de Orange (Jazztel, Amena y Simyo) y de Vodafone  (Lowi).

Y en medio de esta tremenda pelea comercial a la vuelta de vacaciones, MásMóvil, el cuarto operador de telefonía e Internet, ha tenido que enfrentarse sin fútbol a las ofertas de las tres grandes telecos y de sus compañías low cost. Y lo ha hecho, regalando gigas (duplica los gigas de sus tarifas móviles  a los clientes actuales y a los nuevos (que contrataran antes del 30 de septiembre), a la vez que mejora sus ofertas de fibra, tanto como Mas Móvil como a través de sus filiales low cost, como Pepephone, Yoigo o LlamaYA).

El resultado de esta guerra de tarifas ha sido un mayor “baile de clientes” entre compañías, que se suma al que ya se había producido antes. Así, en el primer semestre de 2018 cambiaron de operadora 3.670.000 clientes de móviles, el 7% del total de contratos (52,8 millones), una cifra récord  de traspaso de clientes, según las estadísticas de la Comisión de Competencia (CNMC). Y en el servicio de  acceso a Internet en los hogares, cambiaron de proveedor, entre enero y junio de 2018, casi un millón de familias, el 7% del total de contratos (14,5 millones).  El gran beneficiado de estos traspasos de clientes fue MásMóvil, que ganó en esos primeros 6 meses 363.200 clientes de móvil. Y en agosto y septiembre, la guerra de ofertas ha acelerado los trasvases de clientes y los ganadores han sido MásMóvil (ha ganado otros 90.000 clientes de móvil 35.000 de Internet en los hogares) y Movistar (+102.000 clientes de móvil y +22.030 de fibra entre agosto y septiembre), mientras han perdido clientes Orange (-60.960 de móviles y +10.600 de banda ancha) y sobre todo Vodafone, el gran “damnificado” por la guerra del fútbol, que perdió entre agosto y septiembre 154.420 clientes de móviles y 72.510 de Internet en los hogares.

Esta última “guerra de tarifas”, más la fuerte competencia comercial de los últimos años, han modificado el mercado telefónico en España. En móviles, donde se alcanzó en junio el récord histórico de 52.878.864 contratos (1,28 móviles por cada español mayor de 14 años), Movistar tiene 15,8 millones de clientes y el 30% del mercado (tenía el 43,90% en 2008), Orange tiene 13,9  millones  y ha subido al 26,30% (del 20,6% en 2008), Vodafone se le acerca con 12,8 millones de clientes y el 22,58% (en 2008 tenía el 31%) y el gran salto lo ha dado MásMóvil, que en menos de 2 años (empezó a operar en octubre de 2016) se ha hecho con el 10,80% del mercado de móviles (datos CNMC  junio 2018) y acaba de anunciar que ya tiene 6 millones de clientes de móviles.

Y en el mercado de acceso a Internet fijo (banda ancha), que ya llega a 14.570.000 viviendas y locales (7,6 millones por fibra óptica), un gran salto respecto a 2008 (estaban conectados 9,13 millones), es mucho mayor el control de Telefónica (por su gran inversión en fibra), que tiene aquí 5,95 millones de contratos, el 40,84% del mercado (56,4% en 2008), seguida de Orange (3,95 millones de contratos, el 27,1% del mercado, frente al 12,8% en 2008) y Vodafone, con 3,29 millones de clientes, el 22,58% de este mercado (frente al 4,3% en 2008, antes de comprar Ono, que le aportó el 15,2% de este negocio). Y lejos queda MásMóvil, con 755.330 clientes de banda ancha (5,18% en junio), pero conseguidos en menos de 2 años.

Ahora, todo apunta a que el mercado de móviles está bastante saturado y las telecos se van a volcar en el mercado de acceso a Internet en hogares y locales, el que más ha crecido estos años y donde se ve un gran potencial para hacer negocio, vendiendo la TV a la carta, series y cine, la estrategia en la que se está volcando Telefónica y Movistar. Ahí es donde se ha desarrollado la “guerra de ofertas”, no en móviles, gigas y velocidad como antes. Una “guerra de ofertas” que sigue este mes de octubre (Orange mantiene hasta el 5 de noviembre sus descuentos del 50% para los clientes que contraten fútbol y Movistar mantendrá su oferta de TV gratis a nuevos clientes hasta fin de año, mientras ofrece nuevas tarifas de Movistar Fusión con todo fútbol y fibra a 130 euros. Y así empalmarán con la habitual campaña de Navidad. 

Toda esta “guerra de ofertas” está dirigida a “robar clientes” de otras compañías, no a los clientes propios, que no han notado ninguna rebaja en sus tarifas, salvo más megas o más velocidad en algunos casos, para que no se vayan. La estrategia es gastar en promociones a costa de las subidas a los clientes que siguen, subidas que se iniciaron en 2016 y que han seguido, una o dos veces al año, en 2017 y 2018. De hecho, España va en esto a contracorriente de Europa, porque en otros paises han bajado las tarifas de Internet y móvil estos años, mientras en España suben. Y con ello, los españoles pagamos un 20% más por las tarifas de móviles e Internet que los principales paises europeos, según varios análisis.

Para el presidente de la Comisión de la Competencia (CNMC), pagamos más porque España es el único país europeo donde las telecos venden “paquetes” de servicios, donde nos cobran por recibir a la vez servicios de voz fija y móvil, acceso a Internet fijo y móvil, y TV de pago. Y al “paquetizar" estos servicios desde 2013, algo que no hacen en otros paises, el cliente paga más que si pagara sólo por los servicios que usa. Y las telecos tratan de ofrecer cada vez más cosas en estos paquetes (necesarias o no) para subir su coste mensual, ya elevado, asegurándose así unos ingresos fijos y una cierta fidelidad. En España, 14 millones de clientes tienen estos paquetes (diciembre 2017), según la CNMC, pero el que se ha disparado es el paquete quíntuple (teléfono fijo, móvil, Internet fijo y móvil más TV de pago), que tienen 5,5 millones de clientes (diciembre 2017), casi 2 millones más que en 2015 (3,6 millones). Y también crece, aunque menos, el paquete cuádruple (sin TV), que han pasado a tenerlo de 6,1 (2015) a 6,2 millones de clientes (2017), mientras se reducen los paquetes triples (sin móviles ni TV), de 0,6 a 0,2 millones, y sobre todo los dobles (solo teléfono fijo e Internet en casa), que han caído de 2,6 a 2,1 millones.

La estrategia de las telecos es que cada vez más clientes tengan el paquete quíntuple (con TV de pago), con el que más le “enganchan” y por el que cobran más: 96,60 euros de media al mes en 2017, según la CNMC (67,80 euros el paquete cuádruple). Y para eso, todas las telecos se empeñan en la batalla de la TV de pago, que ya tienen 6, 6 millones de españoles,  incluyendo más contenidos (Movistar va a incluir Netflix  para fin de año y las demás amplían acuerdos para ofrecer series y películas, el otro “gancho” junto al fútbol). Incluso MásMóvil se ha descolgado con que va a ofrecer una "TV de pago low cost", por 5 euros al mes, a partir de mediados de octubre, para "apuntalar su crecimiento". Y en paralelo a esta "guerra por la TV de pago", las telecos irán subiendo el precio de los paquetes convergentes, la próxima vez en febrero o marzo de 2019, como hicieron estos tres últimos años.

Así que las ofertas constantes y la “guerra de tarifas” no pueden hacernos olvidar que Internet y el móvil serán más caros cada año. Primero porque las telecos necesitan subir los precios, para compensar las enormes inversiones hechas en fibra óptica y red 4G, las inversiones que han de hacer en la telefonía móvil 5G y la disparatada factura del fútbol. Las telecos españolas han creado, a costa de enormes inversiones y de nuestro recibo, una enorme red de fibra óptica que es la tercera del mundo (tras Corea del Sur y Japón) y que cubre el 75% de los hogares (31,3 millones), una red tan grande como las de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas y donde han invertido más de 45.000 millones de euros. Pero, sobre todo, porque estas inversiones les permiten tener unas “autopistas digitales” muy potentes (envidia de otras telecos europeas), por donde pueden circular servicios muy potentes y de alto valor (TV, datos, Internet de las cosas), por los que cobrar cada vez más.

Las telecos no sólo necesitan subirnos las tarifas de Internet y móvil,  sino que además “pueden”hacerlo” sin demasiado riesgo, porque los clientes no tenemos alternativa (MásMóvil y las operadoras virtuales no ofrecen tantos servicios de calidad) y estamos totalmente “enganchados” al móvil y a Internet. Y totalmente predispuestos a pagar más, si a cambio nos dan los partidos de la Champions, la última serie de moda o podemos descargar rápidamente juegos y vídeos. En estos momentos, hay 7,6 millones de españoles que se consideran “adictos” al móvil, según un estudio de Rastreator, y un 20% lo usan más de 5 horas diarias. Y 39 millones de españoles se conectan a Internet, navegando 5 horas y 27 minutos diarios de media. Una adicción que se paga “sin problemas” ni apenas protestas, aunque suba cada año, porque “no podemos vivir sin ello”.

En definitiva, no se deje llevar por las ofertas de móviles e Internet, porque son como las de los seguros: me cambio y ahorro hoy pero mañana, una vez que sea cliente, me suben el recibo , porque las telecos necesitan ingresar más para pagar las inversiones hechas en fibra, 4G, 5G, el fútbol y las series. No se deje enredar por la publicidad y contrate solo lo que necesita, para no pagar de más. Ojo a la “droga digital”: hay que pagarla.

Revalorización de pensiones: ¿cómo se paga?

Tras casi 2 años de debates, todos los partidos han acordado revalorizar las pensiones con el IPC. Pero han olvidado un pequeño detalle: cómo pagarlo. Y cuesta 37.550 millones sólo en 5 años. Por eso, la ministra de Economía se opone al acuerdo y propone acordar “la viabilidad futura de las pensiones”, no sólo su revalorización. Hay que conciliar la subida de las pensiones actuales (apoyada por protestas en la calle) con asegurar las pensiones futuras de los que hoy trabajan (y no se manifiestan). Y no hay dinero para todo: se mantiene el déficit de la SS y crecerá más desde 2027. Sólo queda actuar en tres frentes: frenar el gasto (ampliando periodo cotización y jubilando a los 70), aumentar cotizaciones (ahora sólo pagan 12 años de pensión) y pagar parte con impuestos, recaudando más de grandes empresas, bancos y fortunas (no 12.000 millones menos, como promete Casado). No pactar subidas “para la calle” sino una reforma global que asegure las pensiones de padres (hoy) e hijos (mañana). 

enrique ortega

Hasta 2010, los pensionistas estaban relativamente tranquilos: sus pensiones eran bajas pero se revalorizaban cada año con la inflación, por una Ley de la Seguridad Social de 31 de julio de 1985 (renovada por otra de 15 de julio de 1997). Pero el 12 de mayo de 2010, Zapatero aprueba un Plan de ajuste, para evitar el rescate europeo, y congela la subida de las pensiones para 2011, por primera vez en 25 años. En 2012 y 2013, Rajoy las sube el 1%, la tercera parte que la inflación, pero en 2013 aprueba una reforma de las pensiones que fija una subida mínima del 0,25% para los 5 años siguientes (2014 a 2018). En esto, los pensionistas se lanzan a las calles (la inflación les ha comido un 5,8% de las pensiones entre 2011 y 2017) y el PNV presiona a Rajoy para que incluya una subida de las pensiones del 1,6% (no el 0,25% anterior) en los Presupuestos de 2018 y 2019 (Por cierto, la subida del 1,6% se aprobó, pero Rajoy se fue sin consignar esta subida en los Presupuestos 2018 y ahora la Seguridad Social estudia cómo seguir pagándola sin partida presupuestaria...). 

Pero las manifestaciones de pensionistas siguen. Y los partidos, reunidos en el Pacto de Toledo desde noviembre de 2016 sin lograr avances, buscan “un acuerdo que ofrecerles”: acuerdan por unanimidad (salvo ERC) que las pensiones se revaloricen con el IPC, como antes de 2010. Eso sí, no dicen cómo se va a pagar. Y es que esta revalorización costará 37.550 millones sólo entre este año (2.500 millones a los que sumar 690 porque el IPC subirá el 1,9% y no el 1,6%), 2019 (2.800 millones), 2020 (7.600), 2021 (10.500) y 2022 (13.460 millones más), según los cálculos de la Seguridad Social.

A los 6 días de anunciarse este acuerdo político, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se opone desde Luxemburgo a que las pensiones se revaloricen con el IPC y señala que hay que analizar la sostenibilidad de las pensiones teniendo en cuenta “una serie de variables”, no sólo el IPC, como la demografía, el empleo, los salarios, la cuantía de las pensiones y la marcha de la economía. Y su colega, la ministra de Trabajo, la contradijo un día después, defendiendo revalorizar las pensiones con el IPC. Entre tanto, el FMI ha advertido que "vincular la revalorización sólo al IPC puede hacer peligrar el sistema de pensiones". Vamos, que no se puede empezar la casa por el tejado: antes de pactar la revalorización de las pensiones hay que pactar los otros 21 puntos del Pacto de Toledo, desde cuantos años se toman de cotización, la edad de jubilación, la pensión mínima, cómo quedan las futuras pensiones y sobre todo, cómo se pagan. Y sobre estos temas de fondo, los partidos llevan casi 2 años debatiendo (desde noviembre 2016) sin acercar posturas ni pactar soluciones.

Y mientras, la Seguridad Social sigue con su déficit estructural (-18.500 millones en 2016, -18.900 en 2017 y hasta -19.500 millones esperados para 2018), porque las cuentas no salen: los gastos siguen creciendo (9.235 millones de euros en septiembre, otro récord), porque aumentan las pensiones (9,64 millones ya) y la pensión media (957,36 euros), aunque la reforma (recortes) de 2011 (Zapatero aumentó de15 a 22 años el computo para la pensión, de 35 a 37 años para conseguir el 100% de pensión y aumento de 65 a 67 años edad jubilación) lleva ya tres años recortando un 3% anual (-42 euros al mes) las nuevas pensiones. Pero los ingresos crecen menos (no llegan a 8.000 millones al mes), porque el empleo que se crea (menos ahora) es precario y con salarios bajos, por lo que cotiza poco.

El mayor problema es que este “agujero” estructural de las pensiones (iniciado en 2012) va a agravarse (ver este estudio Consejo General de Economistas), sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los muchos españoles nacidos en el “baby boom” (1960-1975).Y a partir de ahí, la demografía (muchos viejos y pocos jóvenes) y la economía (pocos empleos, por tener menos  jóvenes activos y la robotización) van a agravar la situación de las pensiones. Basten dos datos. Uno, las pensiones pasarán de las 9,64 millones actuales a 15 millones en 2050. Y si hoy hay 2  ocupados (19,34 millones) por cada pensión, en 2050 necesitaríamos 30 millones de ocupados para mantener ese nivel de 2/1. Y la Comisión Europea estima que no habrá más de 20 millones de españoles trabajando para 2050 (1,3 ocupados por pensión). Así no pueden salir las cuentas de las pensiones.

Todo esto es lo que no afrontan los políticos ni les cuentan a los pensionistas que se manifiestan.  Una situación preocupante, más por el futuro que por el presente, que exige tomar medidas cuanto antes en tres direcciones: frenar el ritmo de gasto, aumentar los ingresos por cotizaciones y pagar una mayor parte de las pensiones con impuestos.

Primer frente: frenar el ritmo de gasto en pensiones, no recortarlas a secas. La reforma de Zapatero en 2011 ya avanzó por esta vía, con tres medidas: aumentar el periodo de cómputo para las pensiones de 15 a 25 años en 2022 (ahora son 21), aumentar el número de años exigidos para cobrar el 100% de pensión (de 35 a 37 años para 2027) y aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años para 2027 (ahora son 65,1). Ahora habría que debatir si nos quedamos ahí, damos marcha atrás o vamos más lejos. Los expertos dicen que la medida más eficaz sería aumentar la edad de jubilación a 70 años, porque ahorraría hasta un 25% (tres años más cotizando y sin pagarles pensión). También ahorraría mucho tomar de cómputo toda la vida laboral, como hacen ya muchos paises europeos. 

Ambas medidas rebajarían las nuevas pensiones futuras, algo que ya va a pasar con las reformas de 2011 (ZP) y Rajoy (2013), hasta un -35% para 2040, Los que lo defienden recuerdan que las pensiones españolas son “las más generosas de Europa”, no en importe (son más bajas) sino en porcentaje sobre el último sueldo: en 2016, las nuevas pensiones suponían el 78,7% del último salario, mientras la media europea era el 46,3%, en Italia el 64,6%, en Francia el 45,4%, y en Alemania el 37,8%, según el informe Ageing Report de la Comisión Europea. Algunos defienden pensiones menores sobre el último sueldo (al principio, el 70-65%), a cambio de asegurarlas. Y con la esperanza de que los sueldos españoles (precarios y muy bajos) suban a nivel europeo y el porcentaje de la pensión, aunque menor, se traduzca en una pensión más digna.

Pero si no se quieren más recortes y se quieren asegurar las pensiones futuras, hay que cotizar más y complementarlo con impuestos. Y también para revalorizar las pensiones actuales hacen falta más ingresos. Entre otras cosas, porque los pensionistas españoles cotizan menos de la pensión que reciben, aunque digan en las manifestaciones que “nos roban”. La estimación es que un pensionista se paga cotizando sólo 12 años de la pensión que cobra (hasta los 77 años) y el resto de años que cobra (3,5 o 10 más, hasta los 87 años) son a cargo del sistema y su déficit. Eso significa que habría que cotizar más, para cobrar una pensión mejor y durante más años que vamos a vivir. Porque no se pagan con el aire.

Y se puede hacer, porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016) frente al 13,3% en la UE-28 y el 15,3% en la eurozona, mucho menos que el peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7%), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7% del PIB), según Eurostat. Eso significa que si en España se cotizara como la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina, para no dañar mucho al empleo: ingresar 20.000 millones más por cotizaciones en un horizonte a 4 años. Y luego más. La otra opción es que como las pensiones futuras van a ser mucho más bajas, los trabajadores tendrán que pagarse una pensión privada. Parece mejor que paguen ese algo más a la SS, como sus empresas.

En paralelo, la Seguridad Social podría ingresar ya hoy más por cotizaciones con tres medidas. Una, suprimir  las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las “tarifas planas”, que son poco útiles para crear empleo según la mayoría de expertos y con las que se pierden 3.700 millones en cotizaciones al año. La segunda, pagar el subsidio a más parados (el 51% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde: otros 3.000 millones al año. Y la tercera, quitar el tope de cotización a los sueldos más altos (por encima de 3.751 euros de sueldo no se cotiza). “Destopar” los sueldos altos y hacer que se cotice por todo lo que se gana supondría a la SS ingresar 4.470 millones más al año, 3.728 millones que pagarían las empresas y 742 millones estos trabajadores privilegiados. Y no sería para tanto: alguien que gane 75.000 euros al año cotizaría 111 euros más al mes… En total, con estas tres medidas, la SS recaudaría 11.170 millones más al año. Y si dejara de pagar el coste del Ministerio de Trabajo (un anacronismo que pagan las pensiones y no los Presupuestos como otros Ministerios) serían 4.000 millones más. En total, 15.170 millones más, para tapar el 80% del déficit de la Seguridad Social.

Más ingresos  a corto y más cotizaciones no bastan seguramente para asegurar el futuro de las pensiones. Por eso, muchos expertos apuestan por actuar en un tercer frente: trasvasar impuestos a pagar pensiones. Ya se hace hoy, aunque mucha gente no lo sabe: un 25% de todas las pensiones (nada menos que 2,38 millones)  tienen “complementos de mínimos”, porque el pensionista no ha cotizado lo suficiente para asegurarle una pensión mínima contributiva (656 euros). Para ello, los Presupuestos 2018 han trasvasado 7.329 millones a la Seguridad Social. Y así cada año. Ahora, para evitar recortes futuros y cubrir unas pensiones futuras más altas de lo que serían si se financiaran sólo con cotizaciones, haría falta trasvasar a la SS entre 15.000 y 45.000 millones extras al año, en el horizonte 2040. Y a la vez nos harán falta impuestos para pagar  sanidad, educación, Dependencia, tecnología, inversiones públicas y modernizar la economía.

¿Se pueden recaudar más impuestos? Sí, porque España recauda menos que la mayoría de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que una parte de las pensiones se pueden pagar con impuestos pero para eso hay que hacer una reforma fiscal, para ingresar más. ¿Cómo? Haciendo que paguen más impuestos no la mayoría (el 82% de la recaudación la aportan las familias) sino los que pagan poco, en especial las grandes empresas (pagan un tipo efectivo del 6,14%, cuando el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 25%), bancos (tienen 60.000 millones de deducciones fiscales) multinacionales (no pagan casi impuestos en España), los sueldos altos (en el IRPF, España recauda 23.436 millones menos al año que la media UE, según los técnicos de GESTHA), la energía (carburantes y medio ambiente), inversores (23% por intereses y dividendos) y grandes fortunas (utilizan sociedades pantalla, paraísos fiscales y SICAV para no pagar).

Así que buena parte del debate de pensiones (cómo pagarlas) se traslada al debate de los impuestos (cómo se ingresa más). Y aquí chocamos con que los dos grandes partidos conservadores, PP y Ciudadanos, proponen bajar los impuestos, no subirlos (como PSOE y Podemos), con lo que impiden buscar esta salida al debate de las pensiones. De hecho, Pablo Casado ha prometido en el Foro ABC (un lugar muy oportuno) que si el PP llega al Gobierno bajará los impuestos y suprimirá Patrimonio y Sucesiones, una “revolución fiscal” con la que el Estado ingresaría 12.000 millones menos. Así que ya lo saben, si gobierna el PP o Ciudadanos, los impuestos no podrán ayudar a mejorar su pensión.

Así las cosas, el debate sobre el futuro de las pensiones supone buscar un equilibrio entre mejorar las pensiones actuales (con subidas anuales decentes y mejoras extras para ese millón largo de pensionistas que cobran menos de 600 euros al mes) y asegurar las pensiones futuras, garantizando que tengan un nivel digno que se pueda financiar con cotizaciones sobre todo y un complemento de impuestos. No se debería oír sólo lo que quieren los 8.762.772 pensionistas actuales (por mucho que protesten y voten) sino que también hay que asegurar las pensiones futuras de sus hijos y nietos, 19,3 millones de españoles que trabajan, cotizan y temen por su pensión futura (sin manifestarse). Un difícil equilibrio donde hay que compensar sacrificios: no hay dinero para todo.

Mientras los políticos van “a lo fácil”, desatascando primero la revalorización de los pensionistas que protestan, no avanzan en las grandes decisiones para el futuro: qué sistema de pensiones queremos y cómo se financia. Y si hay elecciones pronto, como parece, la solución al grave problema de las pensiones se retrasará otro año más. Entre tanto, los españoles de a pie están muy preocupados por sus futuras pensiones y siguen optando por lo seguro: jubilarse lo antes que pueden. Así, de enero a agosto se ha batido el récord histórico  de nuevas jubilaciones (219.837, 20.196 más que en ese periodo de 2015), debido al envejecimiento de la población, a que muchos mayores no consiguen trabajar y, sobre todo, al miedo de que si retrasan el retiro mañana será peor. Y se jubilan en cuanto pueden, el 42% sin cumplir los 65 años (la media se está jubilando a los 64,2 años, aunque la edad legal sea ahora 65,1 años), perdiendo una parte de la pensión con tal de jubilarse.

Estamos ante un problema muy serio, donde sobra la demagogia y falta un análisis serio, con datos contrastados y proyecciones de futuro realistas. Y los jubilados de hoy tienen que pensar que cualquier reforma debe centrarse no sólo en ellos sino en sus hijos y nietos. Seamos serios y justos al buscar soluciones. Y urge no perder más tiempo.

Drogas: España, en cabeza del consumo europeo

Cada día son más los conductores pillados por conducir drogados. Y basta acudir a conciertos o fiestas populares para oler la marihuana o ver cómo se consume cocaína impunemente. España es una de las puertas de entrada de la droga en Europa: el país líder en incautaciones de cannabis, el 2º en alijos de cocaína y el 3º en heroína y pastillas.  Y los españoles son los segundos consumidores europeos de cocaína, los cuartos de marihuana y los quintos de éxtasis y anfetaminas. Los españoles ya gastan más en drogas que en alcohol, según el INE.Y las drogas  crecen entre los más jóvenes: el 12% de los menores españoles (14-18 años) ha consumido cannabis el último año y el 1,1% cocaína. Hay que tomarse en serio esta lacra, que causa graves problemas familiares, sanitarios y sociales, aumentando el gasto en prevención y tratamiento, de los más bajos de Europa. Un Pacto contra las drogas, entre familias, colegios, empresas  y toda la sociedad.

enrique ortega

Europa se ha convertido en la última década en un gran mercado para toda la droga que se mueve por el mundo. Y además, en los últimos años, una parte de la droga que se consume se produce en el continente, desde plantas de cannabis a nuevas drogas sintéticas que se fabrican en el centro y este de Europa. Y junto a los mercados físicos, la venta directa, está aumentando la venta online, a través de  ”la Internet oscura”, con nuevas redes que canalizan la venta por Internet de nuevas drogas y opiáceos sintéticos muy peligrosos. Se estima que el negocio de las drogas mueve en Europa unos 32.000 millones de euros, según Interpol (con datos de 2013): 9.300 millones de euros el cannabis (38%), 7.000 millones  las pastillas de MDMA (éxtasis y estimulantes sintéticos, el 22% del mercado), 6.800 millones la heroína (21%) y 5.700 millones la cocaína (18%), repartiéndose el 10% restante las nuevas drogas.

La mayor parte de esta droga entra en Europa por tres grandes rutas. La primera, la que llega de Asia a través de Turquía y los Balcanes, por el Este de Europa. La segunda, la vía que conecta Latinoamérica y los grandes puertos del centro y sur de Europa. Y la tercera, la vía del norte de África, a través de Marruecos, Libia y España.  Y una muestra de la pujanza de estas rutas es que crecen año tras año las incautaciones, más de 1 millón en 2016, según las últimas estadísticas publicadas en 2018 por el Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA). El 71% (763.000 incautaciones) son aprehensiones de cannabis (40% hierba, 29% resina de hachís y 2% plantas), el 9% cocaína y crack (98.000), 5% anfetaminas (34.000), 4% heroína (38.000), 3% MDMA (pastillas) y un 8% todas las demás drogas.

España es líder en incautaciones de cannabis (158.810 de hierba y 169.538 de resina, 548 toneladas en 2016), según el Informe de Drogas 2018 del EMCDDA, por delante de Francia (31.736 incautaciones de hierba y 77.466 de resina, 71 toneladas), Reino Unido (103.695 incautaciones de hierba y 12.093 de resina, 18,8 toneladas) y Turquía (35.848 incautaciones, pero con 156 toneladas).  En cocaína, España es también líder en incautaciones (41,531 en 2016) pero 2º en cantidad decomisada (15,6 Tm), tras Bélgica (30,3 Tm) y por delante de Reino Unido (5,7 Tm). En heroína decomisada, España ocupa el tercer lugar europeo en incautaciones (7.205) y cantidad decomisada  (253 kg), muy por detrás de Reino Unido (11.075 decomisos y 844 kg) y Francia (4.312 decomisos y 1.085 kg), aunque el líder es Turquía (8.179 decomisos y 5.585 kilos incautados). En MDMA (pastillas), España es el 2º país europeo en incautaciones (3.486 y 394.211 comprimidos), por detrás de Dinamarca (4.015 y 2,2 millones de pastillas), aunque el líder vuelve a ser Turquía (3,7 millones pastillas incautadas).Y en anfetaminas, España ocupa el tercer lugar en incautaciones (5.004), tras Alemania y Finlandia y el 5º en cantidad incautada (520 kg), tras Turquía (3.631 kg), Reino Unido (1.356), Alemania (1.533) y Polonia (961 kilos).

En conjunto, España batió en 2017 el récord de incautaciones de drogas, con 477 Tm. aprehendidas, un 28% más que en 2016, el 80% en Andalucía (49% en Algeciras y zona de Cádiz), según la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Han aumentado sobre todo las incautaciones de marihuana (+63%), especialmente las plantas de cannabis (más de 1 millón incautadas) y de cocaína (+162%). Y a la vista de las incautaciones récord hechas ya este año (sobre todo de cocaína y marihuana), 2018 será otro año récord.

A pesar de la creciente eficacia en los controles de fronteras, la mayor parte de la droga consigue entrar en Europa y cada vez se fabrica más dentro. Con ello, año tras año aumenta el consumo de drogas: 92 millones de europeos han probado alguna vez drogas ilegales (56 millones hombres y 36 millones mujeres), algo más del 25% de la población europea adulta, según el “Informe europeo sobre drogas 2018”, elaborado por el  EMCDDA. Son 21 millones más de los estimados por esta Agencia europea antes de la crisis: 71 millones de europeos adultos (un 22%) habían probado las drogas alguna vez en 2008.

La droga ilegal más consumida en Europa es el cannabis, que reconocen haber probado 87,6 millones de adultos europeos (15-64 años), un 26,3% de esa población, según el informe europeo 2018 del EMCDDA. El consumo medio es de 5,5 días a la semana y un 55% de los fumadores lo consume a diario (más del 60% en España), el 1% de los adultos europeos. España es el 4º país que más cannabis consume (el 31,5% de los adultos lo ha probado alguna vez), por detrás de Francia (41,4% lo han fumado), Dinamarca (38,4%) e Italia (33,1%). Si atendemos a los adultos jóvenes (15-34 años) que han consumido cannabis en el último año, son el 14,1% de los europeos. Siendo España el 4º consumidor (17,1% adultos jóvenes lo han fumado último año), tras Francia (21,5%), Italia (20,7%) y República Checa (19,4%). Lo preocupante es que España es el 2º país con más consumo de cannabis en jóvenes de 15 y 16 años: lo han fumado alguna vez el 31%, sólo por detrás de la República Checa (37%), a la par que Francia y muy por delante de Bulgaria (27%), Eslovaquia (26%), Estonia (25%), Polonia (24%), Holanda (22%), Reino Unido, Irlanda, Alemania o Italia (19%).

La segunda droga más consumida en Europa es la cocaína: la han probado alguna vez 17 millones de adultos europeos (15-64 años), el 5,1% de esa población. Y es más consumida en el sur y oeste de Europa, con Reino Unido (9,7% adultos la han probado) y España en cabeza (9,1%), seguidos de Irlanda (7,8%), Italia (6,8%) y Dinamarca (6,4%). Y en el último año, 2,3 millones de europeos jóvenes (15-34 años), el 1,9% de esa edad, siendo Reino Unido el país con más consumo  (3% de la población joven probó cocaína en el último año), seguido de Dinamarca (3,9%), Holanda (3,7%) y España (3%), con una media de consumo de 4,1 días por semana y a diario el 24% de los consumidores. Es muy preocupante el consumo de cocaína entre adolescentes (15 y 16 años), porque España está en tercer lugar europeo (el 3% la han probado alguna vez), sólo por detrás de Bulgaria (el 5%) y Polonia (el 4%) . Otro dato impactante: el análisis de los residuos de cocaína en las aguas residuales de 60 ciudades europeas revela que la ciudad con más consumo en 2016 fue Barcelona, por delante de Ámsterdam, Bruselas, París o Londres.

La tercera droga más consumida en Europa, según el estudio del EMCDDA 2018 es la llamada MDMA (3,4-metilendioxi-metanfetamina o éxtasis, normalmente en comprimidos aunque también en polvo o cristal), que han probado alguna vez 13,5 millones de europeos adultos, el 4,1% de la población de 15 a 64 años, siendo los paises líderes Holanda e Irlanda (9,2% la han probado), Reino Unido (9%), República Checa (7.1%), Hungría (4%) y España (3,6%). En el último año, han consumido MDMA un 1,8% de los europeos jóvenes (15-34 años), encabezados por Irlanda, Reino Unido y República Checa, pero con España bastante lejos (consumieron el 1,3%). Pero el consumo de pastillas empeora entre los adolescentes de 15 y 16 años: el 2% de los chicos españoles lo han probado alguna vez, sólo por detrás de la República Checa (5%), Irlanda (4%) y Reino Unido (3%). Y al analizar las aguas residuales, Barcelona vuelve a ser líder en residuos de consumo de MDMA.

La cuarta droga más consumida en Europa son las anfetaminas, un estimulante prohibido que han probado alguna vez 11,9 millones de europeos adultos  (15-64 años), el 3,6% de esa población, según el EMCDDA, siendo los países líderes Reino Unido (9,2%), Dinamarca (7%), Holanda (5,3%), Irlanda (4,1%) y España (3,6%). En el último año, el 1% de los europeos adultos de 15 a 34 años (1,2 millones) consumieron anfetaminas, el 34% a diario, ocupando España el 9º lugar de este ranking de consumo (el 1%), encabezado por Holanda (consumieron  el 3,6%), Estonia (2,5%), Finlandia (2,4%) y Croacia (2,3%). Eso sí, al analizar los residuos de esta droga en aguas residuales, destacan Barcelona y Valencia entre las ciudades europeas.

La quinta droga más consumida en Europa son los opioides, destacando entre ellos la heroína, aunque crece el consumo de opioides sintéticos (metadona, buprenorfina y fentanilos). Los han consumido alguna vez 1,3 millones de europeos adultos (15-64 años), el 0,4% de esa población y su consumo se concentra en Reino Unido (7,9/8,4 casos por 1.000 habitantes), Irlanda (6,1/7 casos), Austria (5,3/5,6), Malta (5,1/6) e Italia (4,6/5,9), quedando España en el lugar nº 14 de Europa (con 1,6/3 casos por 1000 habitantes). El problema de esta droga es que su consumo es muy frecuente (el 63% adictos consumen a diario), muy peligroso  y hay 117.000 europeos en tratamiento que han reincidido.

Al Observatorio europeo de Drogas (EMCDDA) le preocupa el aumento de las nuevas drogas sintéticas, que además se fabrican en laboratorios clandestinos en Europa (sobre todo en Holanda, Bélgica y República Checa), que importan componentes base de China y los envasan con diseño y marketing atractivos, sobre todo para jóvenes, con una creciente distribución a través de “la Internet oscura”. Sólo en 2017 se detectaron 670 nuevas sustancias psicoactivas en Europa, desde cannabinoides sintéticos a estimulantes, opioides, benzodiacepinas (contra la ansiedad, de las que se incautaron medio millón de comprimidos en 2016) y derivados del fentanilo (“escondidos” en vaporizadores nasales o jarabes). El consumo es todavía bajo pero las autoridades europeas alertan porque son drogas muy peligrosas y que se esconden bajo forma de medicamentos falsos en Internet.

El creciente consumo de drogas preocupa especialmente por los jóvenes, que acceden cada vez antes: en España, a los 15 años el cannabis y a los 15,2 años de media la cocaína y a los 14 años los hipnosedantes y alucinógenos sin receta, según el informe Estudes 2016 hecho entre adolescentes de 14 a 18 años. El 12% de los encuestados reconoce que ha fumado marihuana en el último año, el 1,1% que ha consumido cocaína, el 0,7% spice (cannabinoide sintético) y el 0,5% salvia o ketamina. Y quizás lo más preocupante: el 30% de estos jóvenes (14-18 años) han consumido más de una sustancia en el último mes ("policonsumo": alcohol, drogas o tabaco), o sea mezclan drogas y alcohol, un coctel muy dañino para su salud. Y lo peor: muchos jóvenes creen que "fumar un porro no hace daño". Pero no es así: el cannabis daña más el cerebro de los adolescentes que el alcohol, según un estudio recién publicado en The American Journal of Psychiatry.

Pero el problema de las drogas no está sólo en los jóvenes, aunque preocupe más: lo grave es que su consumo se ha extendido mucho en España. Un dato: en 2017, los españoles se gastaron 5.936 millones de euros en narcóticos, más que en alcohol (5.563 millones), según los últimos datos del INE, que lleva dos años evaluando el alcance económico del gasto en drogas en España, un 0,90% del gasto total de los hogares. Otro indicador claro del alza y generalización del consumo de drogas son los controles de tráfico: en 2016, más de 100.000 conductores dieron positivo en los controles de droga y alcohol y ahora Tráfico está más preocupado por la conducción con drogas (marihuana y cocaína) que por el alcohol. Y el 43% de los 589 conductores fallecidos en accidentes de tráfico analizados por el Instituto Nacional de Toxicología tenían presencia de alcohol, drogas o psicofármacos. Y lo mismo el 32% de los peatones muertos por accidente.

El consumo de drogas no sólo causa muertes (8.000 en Europa en 2016, según el informe del Observatorio Europeo EMCDDA, 390 de ellas en España), sino que provoca enfermedades (VIH y hepatitis graves) y trastornos en la salud, afectando muy negativamente al desarrollo psicosomático de los adolescentes y provocando un elevado gasto sanitario, económico y sobre todo social, al destruir a los drogadictos y sus familias. Frente a este auge del consumo, sobre el que apenas se habla, España es uno de los paises europeos que menos gasta en luchar contra las drogas, menos del 0,05% del PIB (menos de 583 millones al año), muy lejos del 0,2% del PIB que gasta Reino Unido ( 4.650 millones de euros anuales) o del 0.06-0,19% de gasto público en drogas que dedican Francia, Alemania, Italia y Holanda, según el último informe  del EMCDDA europeo. Hacen falta más recursos para campañas de prevención dirigidas a toda la población y especialmente a los jóvenes (colegios, Institutos y Universidades), reiterando los daños reales de las drogas que parecen “menos peligrosas”, como la cocaína o la marihuana (cada vez más potente, con más concentración de THC: un porro de hoy es como 5 porros del año 2.000, según los expertos). Y más recursos y medios para que la sanidad pública ayuda a prevenir el consumo y consiga un tratamiento temprano.

Tenemos una sociedad que ha salido de esta crisis (muchos todavía no notan la recuperación) con mucho estrés, mucha tensión y muchos problemas sin resolver. Y sin ver claro el futuro, sobre todo los jóvenes. Un terreno abonado para que aumente el consumo de drogas, la promesa de evadirnos de la realidad unas horas. Pero la realidad no cambia por eso y a cambio destrozamos nuestro cuerpo (más los adolescentes), nuestra mente y nuestro bolsillo. Es hora de afrontar el problema de las drogas, en Europa y España, como una "epidemia social". Sin paños calientes y con medios. Tenemos que ganar esta batalla.