Pelea por asegurarnos el coche

Por todos lados nos bombardean para que cambiemos de seguro del coche: dos por uno, descuentos del 50%, le devolvemos su dinero si lo encuentra más barato… Las aseguradoras están lanzadas a una guerra de precios, con enormes gastos en publicidad, para intentar crecer en un mercado estancado, donde hay 3 millones menos de coches asegurados que hace cinco años. De momento, las compañías aguantan el envite porque hay menos siniestros y reducen costes vendiendo seguros por Internet. Pero todo apunta a que se ha tocado suelo en esta guerra de precios y en 2012 podrían subir los seguros de coches. Con todo, ojo a mirar sólo el precio del seguro: no todos venden lo mismo y, muchas veces, lo barato es caro.

enrique ortega

El seguro del automóvil supone la quinta parte de todos los seguros y es el principal seguro en España: facturó 11.535 millones de euros en 2010, el tercer año consecutivo de bajada de primas, un hecho que se está repitiendo este año (-1,73% caída ventas en el primer semestre). La razón principal es que siguen cayendo los vehículos asegurados (en 2009 y 2010), hasta los 28,7 millones (3 millones menos que en 2005), debido a que el parque envejece y se venden pocos coches nuevos (este año, unos 800.000, la mitad que antes de la crisis). Pero hay otras causas de que el seguro de coches facture menos. Por un lado, la crisis, que obliga a  los conductores a reducir gastos y las coberturas de sus seguros, pasando muchos coches de todo riesgo a terceros. Y luego están las bajadas provocadas por  la guerra de precios.

Con menos mercado y una dura competencia, las aseguradoras llevan ya seis años de bajadas de precios: la prima media ha bajado un 13% desde 2004, pasando de 459 a 403 euros en 2010. Eso ha sido posible por la bajada de los siniestros (menos accidentes y menos pagos por daños) y por el recorte de costes que supone vender más seguros por teléfono y por Internet. De hecho, la venta directa de seguros supone ya el 18% de las primas, con lo que España es ya el cuarto país en venta directa de pólizas, tras Reino Unido, Holanda y Alemania.

Precisamente, Internet ha servido para azuzar la competencia en la venta de seguros, gracias a los comparadores de precios, que ya utilizan un 70% de clientes. La publicidad de seguros de coches ha crecido este año un 93% (un 117% en Internet) y todas las compañías se han lanzado a vender seguros por la red, con ofertas escaparate y descuentos del 30 al 50%. Y con ello, los conductores se dedican  a comparar precios y cambiar de compañía, una media del 20% de clientes (7 de cada 10, de compañías tradicionales).

Pero ojo, no todos los seguros de coches están bajando. Los mayores descuentos se dan en el seguro a todo riesgo con franquicia (para coches nuevos) y en el seguro a terceros ampliado (para coches viejos), pero sube el seguro a terceros básico (donde más pagan las compañías) y el todo riesgo sin franquicia, junto a lunas o asistencia. Además, lo importante es saber que no todas las ofertas son iguales: las coberturas son diferentes y una asistencia en viaje puede no valer para problemas en la ciudad o para coches de más de 10 años, por ejemplo. Hay que mirar bien lo que se contrata, la letra pequeña, no sólo la tarifa escaparate, el precio, la razón por la que un 60% de conductores se cambia de seguro.

Los expertos recomiendan contratar tres coberturas, además de la responsabilidad civil (obligatoria): asistencia en viaje (barata y muy útil), seguro del conductor (cuesta menos asegurar al conductor que al coche y la indemnización es elevada en caso de accidente) y la defensa jurídica (barata y muy importante). No aconsejan lunas (muy caro), defensa de multas o retirada del carnet (sólo para profesionales) ni el seguro a todo riesgo (salvo para coches nuevos y financiados), porque es muy caro y no cubre de verdad todos los riesgos. Y advierten del terceros ampliado (el que más ha crecido con la crisis) y lo que incluye de verdad. 

La guerra de precios en los seguros de coches podría estar tocando suelo (como en los móviles) por el estrechamiento de márgenes: este año ya, la rentabilidad técnica es negativa (por cada 100 euros que ingresa en primas pierde 1,5), por el aumento de siniestros, los mayores costes y los menores ingresos, por la guerra de precios y el contagio a los propios asegurados, que piden rebajas para no irse. Por eso, hay expertos que apuestan por subidas del seguro de coches en 2012. Y más en 2013, debido a una serie de factores nuevos que subirán costes: reforma del baremo de indemnizaciones (un herido o un muerto cuesta a las aseguradoras hasta diez veces menos que en el resto de Europa), subida de los seguros a las mujeres en enero de 2013 y bajada a los hombres (ahora, ellas pagan menos y la UE lo considera “discriminación”) y mayores exigencias de solvencia (7.000 millones más de capital) por la Directiva europea Solvencia II (2014).

Con todo, la duda es quien empieza a subirlos y se arriesga a perder cuota. Por eso, lo que puede pasar es que siga la pelea de precios y las compañías lo compensen “por detrás”, con menos coberturas, peor servicio, reducción de bonificaciones y nuevas exigencias (como contratar un seguro de hogar para conseguir un seguro de coche barato). Y mientras, ganan los asegurados nuevos (en precio) y pagan los antiguos, al recibir un peor servicio. En esta guerra, habrá fusiones y cierres de aseguradoras y sobrevivirán  las más solventes y las que puedan reducir costes, con innovación y tecnología. Nosotros, como usuarios, tenemos que fijarnos en las coberturas, en el servicio, no sólo en el precio. Nadie da duros a peseta.

Reforma Cajas: tardía, corta, cara y escandalosa

Penúltimo acto de la reforma de las Cajas de Ahorros, un culebrón que lleva año y medio entre fusiones, inyecciones de capital, salidas a Bolsa y nacionalizaciones, con un alto coste, que en parte pagamos los contribuyentes. Y los mismos directivos que hundieron a las Cajas, prestando sin control al ladrillo y a Gobiernos autonómicos, se han embolsado 120 millones en indemnizaciones y pensiones de lujo, sin que ninguno haya acabado en el juzgado. Lo peor es que la reforma se ha hecho tan tarde y tan mal que las Cajas que quedan están sin fuelle: no prestan, no hacen Obra social y encima nos suben comisiones. Y se teme que el próximo Gobierno tenga que hacer otro saneamiento, con más dinero público.

enrique ortega

Hace más de dos años, cuando EEUU y Europa recapitalizaron sus bancos, el Gobierno Zapatero no hizo nada, porque teníamos “los bancos y Cajas más saneados del mundo”. Pero en junio de 2010, con la crisis europea, se intenta el primer parche, aprobando una Ley de Cajas para que se fusionen contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17, en un intento de que las buenas salven a las malas. En enero de 2011, el Gobierno cambia las normas y les exige más capital (10%), más que en cualquier país del mundo. En marzo, el Banco de España saca la lista de 9 Cajas (de las 15) que necesitaban sanearse y buscar capital en seis meses. Y por fin, el 30 de septiembre, nacionaliza tres Cajas que no han conseguido inversores privados  (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim), después de intervenir en julio la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en quiebra técnica.

No es casualidad que las tres Cajas nacionalizadas sean una gallega y dos catalanas. La Xunta y la Generalitat se han empeñado estos meses en no perder el control de las Cajas, su “juguete”, impidiendo fusiones que llevaran el control a otra autonomía (como las castellanas Caja Duero-Caja España, absorbidas por la andaluza UniCaja). Y el Banco de España se lo ha permitido. Resultado: ha habido que nacionalizarlas e inyectarlas 4.751 millones de euros, más  otros 2.800 millones para la CAM. Pero no es el único coste: anteriormente, el FROB (Fondo de Regulación Ordenada Bancaria) había inyectado 17.844 millones en 9 Cajas (CCM, Caja Sur, CAM, Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, BMN, Unnim y Banca Cívica), la mitad en capital (a ver cuánto se recupera) y la mitad en créditos (a ver cuántos se cobran). En total, 25.395 millones, un  dinero en parte nuestro, porque el Presupuesto aportó 6.750 millones al FROB.

Y queda colocar la CAM a finales de octubre, lo que nos va a costar al menos otros 17.750 millones más para encontrar un novio (BBVA, Santander, Sabadell…) que se quede con esta Caja y su agujero de créditos inmobiliarios irrecuperables. Y van ya 43.145 millones. Eso sin sumar lo que han costado al contribuyente las prejubilaciones de las Cajas: 12.000 empleados que salen a los 55 años y se prejubilan a los 63, otra factura de 1.100 millones a costa del INEM y la Seguridad  Social.

Lo peor es que después de haber enterrado casi 45.000 millones en intentar sanear las Cajas, una parte ha ido al bolsillo de los directivos que las hundieron : se estima que 70 ex directivos se han llevado en indemnizaciones y pensiones 120 millones de euros, la mayor parte en NovaCaixaGalicia (47 millones, 16,5 la jubilación del anterior director general) y en la CAM, donde la ex directora general, despedida, se ha llevado 370.000 € de pensión vitalicia, después de manipular las cuentas para engañar al Banco de España. Pero hay más: estos directivos se  concedieron créditos a sí mismos y a sus consejeros (76,2 millones NovaCaixaGalicia y 161 millones la CAM), así como a inmobiliarias y constructores afines (en la CAM, un promotor inmobiliario estaba al frente de la comisión de control que concedió 16.000 millones a promotores, incluido él mismo, la mitad irrecuperables), sin olvidar financiar a los Gobiernos autonómicos (dos días antes de ser intervenida, la CAM compró 200 millones de pagarés de la Generalitat), Ayuntamientos, sindicatos e instituciones… Todos ordeñaron la vaca.

Y claro, nadie vigilaba ni protestaba. Y ahora todos se echan las culpas del desaguisado. El Banco de España dice que no es cosa suya vigilar los sueldos de las Cajas, aunque los ha autorizado año tras año. Las autonomías tienen la tutela de las Cajas, pero “tampoco sabían nada”, a pesar de que la Xunta o la Generalitat tenían un representante en la comisión de control donde se veían los sueldos. Los consejeros, desde instituciones a sindicatos, tampoco se enteraron. Y los auditores, cobraban y firmaban (KPMG aprobó las cuentas de la CAM).

Al final, año y medio de una reforma cerrada en falso y con posibles sorpresas. Mejor hubiera sido intervenir las Cajas malas hace dos años y sanear por decreto: nos hubiera costado menos. Sobre todo, se hubiera evitado que las Cajas, la mitad del sistema financiero, lleven año y medio al ralentí, sin prestar a empresas (eran el oxígeno de las pymes) y particulares, perdiendo negocio en beneficio de la banca. Y los clientes lo pagan, ya que les están subiendo comisiones para sobrevivir. Y han recortado  a la tercera parte su Obra Social (de 2.000 millones en 2007 a 700 este año).

Con todo, el problema es que la costosa  reforma actual será insuficiente, porque la crisis va a deteriorar su nuevo capital (tienen 100.000 millones de créditos problemáticos) y van a tener problemas para financiarse en unos mercados cerrados, lo que puede obligar a una nueva inyección de capital (Merril Lynch habla de 23.000 millones más para las nacionalizadas NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, la CAM y las presumiblemente salvadas Bankia y Caja 3 ), una segunda oleada de fusiones ( lo defiende Montoro, del PP) o ventas a bancos (quedarían menos de 10 Cajas) y nuevos recortes de plantillas y oficinas. O sea, otro saneamiento en unos meses, con más dinero público. Vaya historia.

El penúltimo cartucho contra el paro

El paro ha vuelto a subir en septiembre, el peor dato en 15 años. Y seguirá subiendo, hasta superar los 5 millones de parados este año. El Gobierno aprobó en pleno agosto un paquete de medidas desesperadas para facilitar el empleo de los jóvenes, con contratos de formación y temporales. También ha autorizado ya a 50 empresas privadas de colocación a que colaboren con el SEPE (antiguo INEM). Y para fin de mes, el Gobierno se despide con ayudas a  la contratación de parados con más de 55 años y una Estrategia de Empleo a 3 años, que ha intentado pactar con las autonomías. Pero el PP dice que no quiere hipotecas y deja entrever que puede hacer recortes también en el desempleo, cuando el 42% de los parados no cobra ni un euro. El paro, la primera preocupación de los españoles, no permite peleas políticas ni esperar cuatro meses para tomar medidas. Hacen falta acuerdos ya.

ENRIQUE ORTEGA

El paro registrado llevaba bajando desde marzo, pero en agosto se rompió la racha y volvió a subir en septiembre, con 4.226.700 parados inscritos. Y falta conocer el 28 de octubre los parados estimados (EPA tercer trimestre), que incluye los que no se registran, y que podrían llegar a los 5 millones a fin de año. Con todo, lo más grave es que casi la mitad de estos parados (47,8%), 2.310.000 personas llevan más de un año parados (y la mitad de ellos, más de 2 años sin trabajo). Un drama que afecta a tres grupos: jóvenes (un millón), mujeres (otro millón, la mitad de las paradas, llevan más de un año) y mayores de 55 años. 

El Gobierno aprobó a finales de agosto tres medidas que luego sacó adelante en el Congreso en solitario (con la abstención de PP, CiU y PNV).La primera, un nuevo contrato de formación, de 1 a 3 años, para “jóvenes” de 16 a 30 años sin cualificación profesional, con un 75% de trabajo y un 25% de formación, un sueldo no inferior al mínimo (641 €) y donde la empresa deduce hasta el 100% de la Seguridad Social. En España hay 1.200.000 menores de 30 años sin la ESO o cualificación profesional, jóvenes que son más “estudiantes fallidos” que parados. “Mejor que hagan prácticas a que estén parados en casa”, se argumenta, pensando en colocar 100.000 al año.

La segunda medida es no poner trabas a encadenar contratos temporales. Hasta ahora, tras 2 años de encadenar contratos temporales, la empresa tenía que hacerle fijo o echarle (lo más usual). Ahora se permiten otros 2 años más de contratos temporales (se hacen medio millón cada mes) y se dan ayudas si luego lo hacen fijo. “Mejor temporal que parado”, es la reflexión. Y la tercera medida, ampliar 6 meses más la ayuda de los 400 euros a los parados que han agotado la prestación, a cambio de que hagan cursos de formación.

“Son medidas desesperadas”, dijeron los sindicatos. Ciertamente: medidas desesperadas para una situación desesperada. Otras son medidas obvias, como permitir que las empresas privadas de colocación ayuden al SEPE (antiguo INEM) a colocar a los parados. El 20 de septiembre se autorizó a la primera (Manpower) y ya son 50 las que pueden firmar convenios con las autonomías para orientar a los parados registrados. Ahora, el SEPE sólo coloca a un 3% de los parados, frente a un 14% las ETTs privadas, aunque el primer canal de empleo es Internet, utilizado por un 27% de las empresas y la mayoría de los parados. Queda reforzar sus medios: tiene 7.700 empleados, frente a 75.000 de Alemania o Reino Unido o los 40.000 de Francia. Y hay que remodelar la formación que ofrece, ya que sólo uno de cada cinco parados inscritos hace cursos cuando más de la mitad carecen de cualificación.

A finales de octubre, el Gobierno aprobará más medidas desesperadas. Una, la Estrategia 55 y más, para facilitar la contratación de parados mayores de 55 años: hay 380.000, la mayoría condenados a no trabajar nunca más. Se plantea bonificar a las empresas que los contraten hasta el 100% de la seguridad Social e incluso, si les ofrecen un sueldo menor al desempleo  que cobra (entre 838 y 1.397 euros), el SEPE le complementaría el salario o la cotización. Se ofrece al sénior ser mileurista a cambio de un trabajo y una pensión futura…

Otra novedad, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, que establece objetivos  de actividad, empleo, temporalidad en el trabajo e igualdad de género, buscando coordinar las políticas de empleo, donde se gastan 7.500 millones al año. Este Plan es una exigencia europea y un compromiso acordado en el pacto social firmado en febrero. Pero el PP, que gobierna la mayoría de las autonomías (tienen la gestión del desempleo) no ha querido ni entrar a discutirlo: “No queremos hipotecas”. De paso, lo que sí han insinuado (y luego retirado) es que si llegan al Gobierno, podrían revisar los subsidios.

Abrir el melón de recortes en el desempleo choca con que la cobertura es la más baja desde que empezó la crisis: se gastan 500 millones menos al mes en subsidios (2.500 millones) y hay 300.00 parados menos cobrando. Pero sobre todo, hay 2.048.800 parados (el 42,4%) que no cobran ni un euro del desempleo. Y de los 2.784.900 que cobran algo, sólo la mitad recibe una prestación (por la que han cotizado): 838,90 euros al mes de media. La otra mitad sólo cobra 400 euros al mes, la mayoría durante medio año. Y todo apunta a que en 2012 habrá menos parados cobrando, porque se les acaba a los muchos inscritos en 2009. 

A pesar de estas medidas de última hora, no pinta bien para el empleo, ya que se teme un menor crecimiento en 2011 (0,8%) y 2012 (1%), con  un ligero aumento del paro. Y la OCDE estima que España no creará empleo suficiente hasta 2016. Pero no podemos conformarnos ni tirar la toalla. Hay que acabar con las peleas políticas y sumar esfuerzos (sobre todo las autonomías, que gestionan los servicios de empleo) para luchar contra el paro. Desde ya, sin perder estos tres meses, pero sobre todo a partir del 20-N. Es la guerra de todos.

Catastrazo veraniego

Al volver de vacaciones, los vecinos de Madrid y otros 215 municipios españoles nos hemos encontrado con una carta del Catastro en la que nos anunciaban que nuestro piso valía más, que nos habían subido su valor catastral más de un 70%. Y  que en 2012 vamos a pagar más IBI, el principal impuesto municipal. Y también más basuras, transmisiones patrimoniales, renta y quizás, más en patrimonio. El año que viene, serán muchos más los municipios que revisarán el catastro, ya que la mayoría no lo ha hecho en los últimos 10 años. Pero ahora lo necesitan, porque las arcas municipales están vacías.

enrique ortega

El catastrazo veraniego afecta a 3,4 millones de viviendas, locales y garajes, de los que 2 millones están en Madrid y el resto en 215 municipios de toda España, entre ellos Castellón, Ciudad Real, Ibiza, Marbella, Móstoles, Roquetas de Mar, Águilas o Miranda de Ebro. La novedad este año es que puede conocer la revisión catastral por Internet, para reducir el gasto de comunicar los nuevos valores. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, sólo un 12% de propietarios ha accedido a la web del Catastro para saber el nuevo valor de su piso, con lo que hay que enviar otra carta al resto, lo que costará más de 6 millones de euros. Y en el resto de municipios ha pasado lo mismo.

La revisión ha subido el valor catastral de las viviendas por encima del 70% sobre el valor de hace 10 años, debido al boom de precios del periodo 2001-2007, ya que en los últimos tres años los pisos han bajado casi un 20%. En Madrid, la revisión media ha sido del 74% y los propietarios de viviendas pagarán un 5,7% más al año de IBI (impuesto de bienes inmuebles), lo que supone entre 24 y 60 euros más por recibo (y 127 millones de ingresos extras al Ayuntamiento). En el resto de España, la subida será similar, aunque hay Ayuntamientos (como Ciudad Real y Marbella) que prometen compensar la revisión bajando el IBI.

Con esta actualización, el valor catastral se acerca al 40% del valor de mercado. Por Ley, no puede superar el 50% y si algún propietario está disconforme con la nueva valoración, tiene un mes para reclamar ante el Catastro o ante el Tribunal Económico Administrativo, pero sólo un 5% de los propietarios lo hacen. Eso sí, el recurso no le libra de pagar el nuevo recibo del IBI, que le llegará en 2012.

La revisión del catastro no supone sólo pagar más en el IBI. Es la base para otros impuestos locales, autonómicos y estatales. Empezando por la tasa de basuras, que se calcula sobre el valor catastral (0,136% en Madrid) y que también subirá en 2012. Lo mismo el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, cuya base imponible se calcula como un porcentaje del valor catastral. O el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que paga el vendedor de un piso a las autonomías, que lo calculan a partir del valor catastral. Y en el IRPF, se imputa como ingreso el 2% del valor de la vivienda. Por último, la revisión también puede afectar a la próxima declaración del patrimonio, para rentas medias y altas.

El IBI es el principal impuesto municipal, ya que aporta unos 10.000 millones de euros, el 18% de los ingresos locales. Y su recaudación ha crecido un 22,8% desde 2007, a pesar de la crisis. El impuesto se calcula aplicando un tipo al valor catastral, que va de un 0,4% mínimo a un máximo del 1,1%.Pero luego, muchos Ayuntamientos aplican recargos y contribuciones especiales. Y así, se producen muchas diferencias, siendo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Baleares las comunidades con más presión fiscal del IBI (cuota/PIB) y el País Vasco, Galicia y Aragón las que tienen menos. Por ciudades, las capitales con el IBI más alto son Valencia (0,97%, unos 86 euros por recibo), Sevilla (0,75%, 102 euros por hogar) y Barcelona (0,75%, 91 €), aunque el ranking lo encabezan Huelva (1.06%) y Cádiz (1,01%). En la cola están San Sebastián (0.18%), Vitoria (0,22%) y Pamplona (0,35%), mientras Madrid (0,58%) se mantiene en la media.

El valor catastral se revisa teóricamente cada 10 años, pero la mayoría de municipios no lo han hecho: de los 7.589 municipios españoles, un 58 % (4.387) no han revisado los valores en los últimos 10 años, según el Catastro. En Cataluña, por ejemplo, el 73% de los municipios no han revisado el catastro en los últimos 10 años. Y lo mismo el 60% de los municipios de la Comunidad Valenciana, incluidos Valencia (1998), Alicante y Castellón (1996). La razón es que no les hacía falta: el boom inmobiliario llenaba las arcas municipales (54% ingresos venían del ladrillo) sin tener que revisar el catastro. Pero ahora, con la crisis, la situación cambia y se espera un aluvión de revisiones. En 2010 y 2011 no ha habido muchas, por las elecciones municipales, que daban mala imagen a la revisión (de hecho, Oviedo y Tarrasa, que estaban en la lista de revisiones de este año, pidieron al Catastro que se pospusiera). Pero todo apunta a que se multiplicarán las revisiones catastrales en 2012, con subidas para 2013.

Con los Ayuntamientos en bancarrota, revisar el catastro y subir el IBI va a ser un hecho en los próximos años. Como el parque de viviendas apenas crece (las viviendas iniciadas han caído un 90% en los últimos tres años), la única solución es cobrar más impuestos a los 21 millones de propietarios de inmuebles urbanos (33,4 millones) y rústicos (40,6 millones). Un pastel  que vale 1,45 billones de euros y sobre el que van a seguir picando los Ayuntamientos, aunque nuestras casas valgan menos cada año. Pero lo más fácil es sacar impuestos de las casas, algo sencillo de cobrar y controlar. Algún día habrá que empezar a cambiar el esquema de impuestos municipales y pagar por lo que se usa, no por lo que se tiene.

Autonomías:recortes malabares y tijera tras 20-N

No hay día sin anuncios de recortes en las autonomías. Pero hay mucho “recorte escaparate”, de cara a la galería. Los gobiernos autonómicos tienen que recortar 12.000 millones de euros antes de fin de año, entre el 10 y el 20% del presupuesto. Un ahorro que no se consigue sin meter la tijera en las grandes partidas de gasto: sanidad, educación y gasto social, el 80% del presupuesto. Pero como esto hace mucho ruido, las autonomías del PP han optado por hacer malabarismos con los recortes y retrasar los grandes ajustes hasta después del 20-N, para no entorpecer el triunfo de Rajoy. Pero tendrán que hacer recortes duros  a fin de año, como Cataluña. Y también para 2012.

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A principios de septiembre se confirmó el temor: las autonomías seguían gastando a su aire: doce incumplían lo pactado con Bruselas y siete ya habían superado en junio el déficit previsto para todo el año (1,3% PIB). El caso más grave era Castilla la Mancha (4,16% de déficit), seguida de Extremadura (2,59%) y Baleares (2,11%). Otras cuatro estaban muy mal: Comunidad Valenciana (1,92%), Murcia (1,82%), Andalucía (1,49%) y Cantabria (1,40%). Y  cinco más superaban el déficit objetivo (0,75 % en junio): Asturias (1,37%), Castilla y León (-1,10%), Cataluña (1,01%), Galicia (0,92%) y Navarra (0,89%). Las demás tenían pequeños déficits, salvo el País Vasco, la única autonomía con superávit.

El Gobierno llamó a capítulo a las doce autonomías incumplidoras y todas prometieron recortes para cumplir a fin de año, salvo dos que lo tienen imposible: Castilla la Mancha y Cataluña (su déficit real subió en 2010 al 4,2% y de ahí tienen que bajar). Para poder conseguirlo, las autonomías tienen que recortar 12.000 millones de euros hasta diciembre, una cifra enorme (Zapatero recortó 15.000 millones en  2010), del 10 al 20% de sus presupuestos.

¿De dónde van a recortar? Cataluña, que lleva meses haciéndolo, es la única que ha puesto en marcha un duro plan de ajuste, del 10%, con recortes en sanidad (1.000 millones), educación y gastos sociales. Las demás autonomías, en su mayoría gobernadas por nuevos políticos del PP, van mostrando poco a poco sus cartas, con más promesas y malabarismos que recortes reales. Dolores de Cospedal, la abanderada popular, ha prometido un recorte del 20% (1.815 millones), pero entre este año y el próximo (no vale: Bruselas nos va a examinar a fin de año).Y con recortes sin explicar, como el ahorro de 400 millones en Sanidad.

Para la mayoría, la primera fórmula de recorte es no pagar, retrasar el pago a proveedores: las autonomías deben 10.000 millones a laboratorios y suministradores, pagan con uno o varios meses de retraso a las farmacias, no pagan a clínicas concertadas o geriátricos, retrasan el pago a ancianos y discapacitados por la ley de Dependencia y hasta dejan de pagar el IBI de edificios públicos (Castilla la Mancha). Otra vía es retrasar obras e inversiones hasta 2012 (que será 2013). La tercera, recortar las transferencias a los Ayuntamientos, el eslabón más débil. Y la cuarta, recortar ayudas a empresas (incluso para formación, como Navarra) y a familias.

Todo esto hace poco ruido, aunque afecta a millones de personas, muchas veces los más débiles. Pero como buscan dar imagen de rigor, muchas autonomías han empezado por “recortes escaparate”, mediáticos pero con poco ahorro: reducción de consejerías y altos cargos (0,04% del presupuesto de Castilla la Mancha), reducción de coches oficiales (los conductores se quedan), reducción de liberados sindicales (89 en Baleares, con un ahorro del 0,09%). Más efecto tiene la reducción de empresas públicas (1.895 en las autonomías), aunque eso lleva aparejado pérdida de empleos, de momento interinos. Y no se tocan aún las televisiones autonómicas (1.500 millones de gasto) ni las “embajadas” en el extranjero.

La mayoría de los dirigentes autonómicos, salvo Cataluña, no han tocado de verdad las grandes partidas de gasto: sanidad (40%), educación (24%), gastos sociales (7%), transportes (7%), ayudas a vivienda y empleo (4%). Y tampoco las plantillas, que suponen el 45% del gasto corriente (el empleo autonómico creció en 254.000 personas entre 2007 y 2011).Y sin tocar estas partidas, es imposible recortar 12.000 millones para diciembre. Pero hacerlo es muy impopular, por lo que las autonomías del PP tienen una consigna: dejar los recortes más duros para después del 20-N, para no entorpecer el esperado triunfo de Rajoy.

Con todo, es muy poco tiempo y demasiado déficit para hacer sólo recortes. Habría que conseguir más ingresos, pero eso es un tabú ideológico para las autonomías del PP, que han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones (sobre las herencias), que recaudaba 2.500 millones. Resulta una provocación que Artur Mas quitara el impuesto de sucesiones a los 100 días de llegar al poder (perdiendo 150 millones de ingresos en 2011) y ahora cierre quirófanos y ambulatorios o deje de pagar la asistencia a ancianos. Otra vía de ahorro sería revisar el Estado autonómico y eliminar duplicidades (de servicios y gastos) con el Estado y los Ayuntamientos. Pero haría falta un gran pacto político y nadie está por la labor.

Entre recortes de verdad y otros maquillados, el tiempo pasa y la Comisión Europea ya ha advertido a España que no se cree que cumplamos este año (ni en 2012) con el recorte del déficit prometido a Bruselas, por culpa de las autonomías. Y tampoco se lo creen los mercados. Ni las agencias de calificación: creen incluso que con los recortes, las autonomías van a crecer menos, van a ingresar menos y no van a poder recortar tanto el déficit ni pagar su abultada deuda (133.172 millones). Vamos, que a Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares o Cataluña les puede pasar como a Grecia: que tanto ajuste les meta más en la UVI. Pero si no lo hacen, tendrá que recortar más el Estado y será peor para todos. Un siniestro dilema. Lo seguro es que con estos recortes autonómicos, que hay que hacer, España crecerá menos y tendrá más paro, este año (sólo en septiembre, la Seguridad Social ha perdido 65.000 afiliados entre personal autonómico, docentes y sanitarios) y el que viene. Por eso, Bruselas y el próximo Gobierno tienen que reanimar la economía con urgencia.

Ley Concursal: tercer intento de salvar empresas

En el último Pleno de la Legislatura, el Congreso aprobó la nueva Ley Concursal, la tercera norma en los últimos 7 años que intenta impedir que empresas con deudas se liquiden. Hasta ahora, la crisis ha disparado los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque las empresas recurren a ellos mucho menos que en otros países, porque son poco útiles para sobrevivir. Ahora, la nueva Ley busca favorecer los acuerdos con acreedores (sobre todo bancos y Cajas)  y acortar plazos y costes. Pero se retrasa seis meses aprobar una norma para regular el pago de deudas de particulares, que ha disparado los embargos por impago de hipotecas .

                                                 Ilustración: Enrique Ortega

Con la crisis se dispararon los concursos de acreedores, a partir del otoño de 2008: de una media de 1.000 concursos anuales entre 2005 y 2007 se saltó a 6.197 en 2009 y se espera batir el record este año 2011, con unos 7.000 concursos. El concurso es el último recurso de una empresa agobiada por las deudas, aunque también se ha abusado y hay empresarios que lo han utilizado para escapar de pagar a sus acreedores. El problema es que las dos normas anteriores (Ley Concursal de 1993 y real decreto 3/2009) no han servido y el 90 % de las empresas en concurso acaban liquidándose.

Por eso, la mayoría de empresas con problemas no utilizan el concurso, sobre todo las grandes: el 68,4 % de las concursadas son pymes, empresas con menos de 2 millones de negocio y menos de 10 empleados, aunque los casos más sonados hayan sido grandes inmobiliarias (Martinsa Fadesa, el mayor concurso de la historia, con 7.000 millones de pasivo, Habitat, Nozar, Tremon, Sacresa, Aifos, Llanera, Labaro…), agencias de viajes (Marsans), aerolíneas (Air Comet, Futura,Gadair, Quantum), textiles (Musgo, Coronel Tapioca, Torero, Festa), Nueva Rumasa y hasta 23 equipos de fútbol (12 están en concurso esta temporada). Con todo, España es el país de Europa con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: frente a los 7.000 esperados este año, en Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año).

La nueva Ley Concursal, que entra en vigor en enero de 2012, intenta facilitar la renegociación de las deudas y agilizar el proceso, para evitar la liquidación de la empresa. La mayor novedad es que fomenta acuerdos entre la empresa y una mayoría de sus acreedores (60%), cuando ahora sólo se admitían si aceptaba el 100%. La medida puede evitar que una empresa llegue al concurso, aunque se critica que favorece a bancos y Cajas, que van a imponerse al resto de acreedores. También se facilita a las entidades financieras que aporten dinero fresco a las empresas con problemas, ya que esta financiación tendrá prioridad de cobro. Y se acortan plazos y costes en los concursos sencillos, para que no duren 3 ó 4 años como ahora. Además, los Clubs de fútbol que tengan deudas con jugadores y otros Clubs al 31 de julio de 2012 bajarán automáticamente de categoría.

Otro cambio importante es que en vez de tres administradores concursales habrá uno (economista, abogado, titulado mercantil o auditor), con más poder y más medios, aunque se abre este campo a las sociedades, a los grandes bufetes y auditoras, algo que se ha criticado por tema de incompatibilidades: suelen tener como clientes a bancos y posibles acreedores y acabarían siendo juez y parte. Otro tema polémico es la elección de administrador, que está en manos del juez. En la mayoría de concursos, el administrador cobra poco o nada, pero en los grandes hay una elevada minuta en juego (5 millones de euros en Martinsa o 2,1 millones en Habitat). Y ya se ha denunciado connivencia entre jueces y algunos administradores, que pululan por los juzgados ofreciendo sus servicios (como los visitadores médicos...), con lobbies de economistas y abogados que ofrecen conferencias pagadas a jueces que les nombran como administradores. Por eso, se pedía clarificar el proceso y hacer oposiciones.

Para muchos, esta tercera reforma legal llega tarde, cuando la mayoría de empresas con problemas ya han caído. Y habrá que ver si dura: el PP (que no consiguió incluir muchas enmiendas) ya dijo el mismo día que se aprobada que “probablemente haya que reordenarla”…Con todo, el mayor problema es que no resuelve las deudas de los particulares y familias, a los que sigue tratando como a empresas (el juez tiene que autorizar, por ejemplo, el pago del colegio o el cobro de la pensión del concursado). El Congreso ha aprobado que el futuro Gobierno apruebe una norma en 6 meses, para hacer frente a un problema peliagudo: los impagos de las familias (hay 400.000 hipotecas con morosidad) y los embargos  por impago de hipotecas (que han crecido un 36 % este año).

La Ley es un avance, pero será insuficiente si no se reforma la Justicia, ya que los juzgados mercantiles están colapsados, con pocos medios y pocos jueces, algo que busca arreglar la modernización de la Justicia aprobada también en el último Pleno. Pero sobre todo, para evitar la quiebra de empresas, hace falta que consigan vender, que tengan financiación, que les baje la morosidad para que ellos también puedan pagar y no entren en concurso. Y con la economía estancada, creciendo menos del 1 por 100, sin consumo y con la exportación más difícil por la crisis europea, muchas empresas seguirán siendo carne de concurso también en 2012. Por eso, hace falta que la Ley funcione y las salve del cierre.

La guerra de los móviles

Hay más móviles que españoles. Y una feroz competencia entre compañías para robarse clientes: medio millón cambian cada mes, con el gancho de un móvil gratis o mejores tarifas. La novedad es que las grandes compañías han entrado este verano en la guerra de tarifas, con ofertas de 6 céntimos minuto, que cuestan más por la letra pequeña. Todo apunta a que la guerra de precios seguirá, pero no mucho más. Las operadoras necesitan hacer grandes inversiones en redes, que sólo pueden salir de los clientes, además de intentar cobrar a Google y las redes sociales. Llamar será más barato, pero nos cobrarán más por Internet, datos, vídeos y aplicaciones.

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La telefonía móvil genera unos ingresos de 14.000 millones de euros, 2,5 veces los de la telefonía fija y el 58% del negocio de las telecomunicaciones. En España hay 55,7 millones de líneas de móviles  y casi 32 millones de usuarios, el 92% de los españoles entre 16 y 75 años. Un servicio donde los precios han caído a la mitad en los últimos diez años, debido a la feroz competencia entre operadoras. Si antes estaba sólo Telefónica (Movistar) con Vodafone y Orange, hace cuatro años se forzó la entrada de Yoigo (la sueca Telia Sonera) y los operadores móviles virtuales (Mas Móvil, Simyo, Jazztel, Pepephone, Happy Móvil , Labara,  Eroski móvil,  Carrefourline...), que ofrecen servicio sin tener red (alquilándola a los grandes).

El resultado es que Yoigo tiene 2,5 millones de clientes y los operadores virtuales casi 3 millones más. Y han arrebatado ya casi un 11% de cuota de móviles a Telefónica (40,82%), Vodafone (28,15%) y Orange (20,09%). En junio, los grandes reaccionaron entrando en la guerra de precios, que empezó Movistar bajando a 6 céntimos minuto. Un gancho que tiene “truco”, ya que hay que sumar el establecimiento de llamada (sale así un mínimo de 17,70 céntimos por llamada), una cuota mensual (6 €) y un consumo mínimo, además de mucha letra pequeña. En julio, la guerra se trasladó a las tarifas de Internet móvil, el negocio que más crece (somos el país líder en Europa y 10 millones de usuarios acceden ya a Internet desde el móvil, la tablet o con el pincho del portátil). Y en agosto, Movistar y Orange lanzaron la guerra de tarifas en ADSL, buscando matar dos pájaros de un tiro: mantener cuota en banda ancha y contratar más móviles.

El gancho de las ofertas de los grandes no es la nueva tarifa, sino cambiar gratis de móvil. Los operadores  se gastan casi 2.000 millones al año en subvencionar terminales (financian así a Apple o Samsung), más de lo que invierten en redes, una política que empieza a cuestionarse, aunque tiene su sentido: están financiando teléfonos inteligentes (Smartphone), que les interesan más porque son los que van a consumir los servicios más caros (datos, vídeo, aplicaciones). Con el gancho de cambiar de teléfono, medio millón de usuarios cambian de compañía cada mes (6,6 millones en 2010), manteniendo su número (portabilidad), lo que nos convierte en el país más infiel de Europa.  A partir de junio de 2012, el plazo para cambiar pasa de 4 días a 1, con lo que las operadoras tendrán menos tiempo para contra ofertar (ahora, 4 de cada 10 se quedan) y habrá menos fugas.

Ojo al cambio por conseguir un nuevo móvil: muchas veces se acaba pagando más, entre 216 y 296 euros al año, según un estudio de Doctor SIM. Y eso, por la exigencia de contratar una costosa tarifa de datos o una tarifa de voz inadecuada,  junto a la obligación de permanencia (18 y 24 meses), cuestionada por alguna sentencia judicial y que lleva a cargar con unas tarifas que enseguida se quedan obsoletas.

La guerra de tarifas va a seguir y hay quien apuesta por caídas de precios del 30%, hasta 2,5 céntimos minuto (que ya cobra Pepephone). Margen hay porque España es uno de los países con las tarifas más altas de Europa (en Lituana están por debajo de 1 céntimo minuto). Pero no sólo hay que mirar la tarifa escaparate, sino la letra pequeña y sus trampas: cuota mensual, consumo mínimo, requisitos, recarga mínima (tarjetas), coste SMS (15 céntimos), alto precio consumo datos, límites en la navegación…

Las grandes compañías no podrán bajar mucho más los precios, porque necesitan ingresos para invertir en redes, para que no se colapsen con el auge de Internet móvil y para ofrecer Internet móvil de alta velocidad (4G). Su problema es que han inoculado al cliente un virus, el teléfono inteligente (Smartphone), que consume muchos datos y vídeo (You Tube) y amenaza con saturar la Red. España es el país donde más se valora Internet en el móvil y ya hay 12 millones de Smartphone (un tercio de los vendidos en 2010).

El problema es europeo, ya que las operadoras tendrán que invertir 150.000 millones en redes hasta 2020. Telefónica y otras 40 operadoras han presentado una propuesta a la Comisión Europea, para que una parte de la inversión la paguen los grandes usuarios: Google, Twitter, Facebook y Apple, que sacan millonarios beneficios de usarlas. Y otra parte, los clientes, según lo que usen la red (el 80%, poco). Las operadoras estudian una doble tarifa: una más barata para la mayoría y otra más cara para empresas y proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos.

En definitiva, hay mucho truco en esta guerra de tarifas. Ojo a los regalos envenenados (móviles inteligentes que gastan más).Recordar que a veces lo barato es caro por falta de calidad y servicios. Y que la era de los precios bajos se está acabando, porque Bruselas y los Gobiernos van a ayudar a las operadoras a invertir en redes, a costa de nuestra factura. Lo que hace falta es que se reparta mejor de verdad y que paguen más los que más consumen, empresas y algunos profesionales, no el internauta de a pié.