Más muertos por trabajar: 2,2 diarios

En 2022 se dispararon los accidentes laborales y los muertos: 826 fallecidos al ir a trabajar o trabajando. Son 121 más que en 2021 y el mayor número de muertos desde 2009. La mayoría fallecieron por infartos y derrames, caídas, golpes, aplastamientos y accidentes de tráfico, sobre todo en la construcción, el transporte, el campo y la industria, especialmente en Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. Con ello, España se coloca como el tercer país europeo en muertos por trabajar, tras Francia e Italia. Y también han aumentado las enfermedades profesionales en 2022, aunque apenas se computa el cáncer de origen laboral ni las enfermedades mentales. Los sindicatos denuncian que las empresas han bajado la guardia y se incumple la normativa, con la ayuda de una escasa inspección y de mínimas multas y condenas judiciales (255) por accidentes mortales. Urge un Plan de choque contra los accidentes laborales, con más medios, formación y vigilancia. Hay que acabar con estas “muertes silenciosas” y conseguir “0 muertes” en el trabajo.

Enrique Ortega

Un trabajador de 42 años murió el viernes en Valencia, al caer al vacío tras desprenderse el andamio donde trabajaba en la construcción de un edificio. Es el penúltimo trabajador muerto este año por accidente laboral en España, tras los 826 fallecidos en 2022, en el trabajo (679) o yendo a trabajar (147 muertos “in itinere”), según los datos de Trabajo. Una cifra que dispara los muertos laborales de 2021 (705) y 2020 (708 fallecidos) y que supone 105 muertos más que antes de la pandemia (721 fallecidos en 2019). Hay que remontarse a 2009 para encontrar una mortalidad similar (831 muertos por accidentes laborales), que bajó después, por la crisis, hasta un mínimo de 558 muertos en 2013. Pero en 2014 volvió a subir, durante 7 años, estabilizándose con la pandemia. Y ahora, con la economía creciendo otra vez, volvemos a superar los 2 muertos diarios.

Empecemos por los datos de accidentes laborales, que crecieron un 5,17% en 2022: hubo 1.196.429, frente a 1.137.523 en 2021. Pero sólo la mitad fueron accidentes con baja (631.724 accidentes,+10,4%), porque en la otra mitad (564.701) el accidente fue leve y muchos trabajadores prefirieron no pedir la baja, para no tener problemas laborales (los sindicatos denuncian que estos accidentes sin baja crecen año tras año). Esta cifra de accidentes con baja está lejos del récord de accidentes de 2007 (1.022.067), en plena burbuja inmobiliaria, pero muy superior a la de accidentes en lo peor de la crisis (468.038 en 2013). Y es similar a la de antes de la pandemia (650.602 accidentes con baja en 2019).

El grueso de los accidentes laborales con baja de 2022 se produjo en el trabajo (552.173, el 87% del total) y el resto son accidentes “in itinere”, accidentes producidos al ir y venir de trabajar (79.551 accidentes con baja), que crecieron menos en 2022, tras ser los que más repuntaron los años anteriores. La mayoría de los accidentados en el trabajo son hombres (el 69%), pero, curiosamente, son las mujeres las que tienen más accidentes “in itinere” (el 53% del total), quizás porque se desplazan más por los hijos. Y la mayoría de los accidentados con baja fueron asalariados (94,5%), el resto autónomos (5,5%).

Del total de accidentes laborales con baja, 4.714 fueron accidentes graves, con muertos o heridos de importancia (el 0,74%, 142 más que en 2021). De ellos, 826 fueron accidentes mortales (121 más que en 2021), la mayoría hombres (751) y asalariados. Y esas muertes se repartieron entre las producidas en el trabajo (679, 104 más que en 2021) y las que se registraron al ir o volver a trabajar (147 muertes, 17 más que en 2021). Las principales causas de estas muertes laborales fueron los infartos y derrames cerebrales (285), los atrapamientos (103), los accidentes de tráfico (99), las caídas (89), los choques (32) y los ahogamientos (23), aunque en las muertes in itinere, la mayoría fueron por accidente de tráfico.

Las actividades más peligrosas, con más accidentes laborales (con baja) en 2022, fueron la industria (92.012 accidentes), construcción (81.525), sanidad y servicios sociales (70.000 accidentes: han crecido un +47,1% en 2022), comercio y reparación de vehículos (67.435), actividades administrativas y auxiliares (56.083) y hostelería (49.647 accidentes: han crecido un +37%). Pero ese es el ranking por número de accidentes. Si miramos la incidencia en porcentaje sobre los que trabajan, las actividades más peligrosas son las minas (6.185 accidentes por cada 100.000 trabajadores), la construcción (6.131), el agua y saneamiento (5.485), la industria manufacturera (4.375) y el campo y la pesca (4.140 accidentes). Ojo: los trabajadores agrícolas en España son los que sufren más accidentes en Europa, (incluido el vuelco mortal de tractores) según los datos de Eurostat. Y por autonomías, el ranking de accidentes por 100.000 trabajadores lo encabezan, curiosamente, Baleares (4.714 accidentes, por el salto en los accidentes turísticos), la Rioja (4.234), Cantabria (4.205), Castilla la Mancha (3.980), Navarra (3.717) y Asturias (3.410), estando a la cola Madrid (2.236 accidentes por cada 100.000 trabajadores), según los datos de Trabajo.

Centrándonos en las muertes laborales, las actividades más letales son la construcción (150 muertos en 2022, un +32%), el transporte y almacenamiento (111, -3%), la agricultura (95 muertes, un +43%) y la industria (95 muertes, +9%), el comercio y reparación de vehículos (62), las actividades administrativas (48), la administración pública (24) y la hostelería (22 muertes). Y por autonomías, destacan Andalucía (118 muertos), Cataluña (80), Comunidad Valenciana (76), Madrid (73), Galicia (67) y Castilla y León (50 muertes). Si ponemos estas muertes en relación con los que trabajan, la mayor letalidad se da en la minería (18,13 muertes por cada 100.000 trabajadores), el campo y la pesca (13,53), la construcción (11,28) y el transporte (11,01), todas muy por encima de la media (3,51 muertes por 100.000 trabajadores). Y por autonomías, las más letales laboralmente son Murcia (7,45 muertes por 100.000 trabajadores), la Rioja (6,95), Galicia (6,59%), Extremadura (6,28%) y Castilla y León (5,51%), estando a la cola Madrid (2,21), Cataluña (2,26) y País Vasco (2,48).

Los accidentes y muertes laborales preocupan también en Europa, donde se producen 3.300 accidentes mortales cada año y hasta 200.000 trabajadores mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo, según la Comisión Europea. España es el tercer país en accidentes laborales con 4 días de baja o más (307.949 en 2020), detrás de Alemania (638.894) y Francia (381.609) y delante de Italia (169.363), según Eurostat (2020). Pero como tenemos menos trabajadores, ocupamos el 2º lugar europeo en incidencia (2.384 accidentes por 100.000 trabajadores), sólo por detrás de Francia (2.597) y por delante del porcentaje de accidentes de Alemania (1.782) e Italia (1.036). Y en muertes por accidente laboral, la tasa en España (2,76 muertes por 100.000 trabajadores en 2020) era superior a la media europea (2,11) y a la de Alemania (0,96 muertes), aunque nos superaban en 2020 Francia (3,16 muertes) e Italia (3,03), a las que hemos superado en 2022 (3,51).

El trabajo no sólo provoca accidentes y muertes, también enfermedades profesionales, que  en muchos casos acaban inhabilitando o matando al trabajador en unos años. Y también crecen: en 2022 se contabilizaron 22.589 partes de enfermedades profesionales, un +10,83% más que en 2021 (20.381), según Trabajo. Entre las causas destacan los agentes físicos (19.598), seguidas muy lejos por las enfermedades de la piel (1.065), inhalación de substancias (814), agentes químicos (576), agentes biológicos (429) y agentes cancerígenos (sólo 107 partes de cáncer profesional, aunque son más del doble que en 2020 y 2021). Las actividades con más bajas por enfermedades profesionales son la industria (el 38,5%), la reparación de vehículos (14,1%) y las actividades administrativas y de servicios (10,2% de las bajas totales), siendo pocas en construcción (8,5%) y hostelería (7,3% del total).

Los sindicatos denuncian cada año el bajísimo reconocimiento del cáncer como enfermedad profesional (107 casos en 2022), que en la mayor parte de los casos se reconocen porque el trabajador acaba en los Tribunales. De hecho, la OIT y la OMS estiman que 9.550 personas mueren cada año en España por un cáncer originado en el trabajo (y 120.000 en Europa), lo que convierte este origen laboral en la 4ª causa de cáncer, motivado por la exposición a sustancias cancerígenas (el amianto, en la mitad de estos cánceres, y el formaldehido). A pesar de este alcance, los sindicatos denuncian que menos del 10% de los cánceres laborales son reconocidos e indemnizados (con la prestación correspondiente). Y su atención corre a cargo de la sanidad pública, en vez de costearlo la Seguridad Social. Además, los sindicatos piden revisar el catálogo de enfermedades profesionales, para dar entrada a las enfermedades psicológicas y mentales, que se han disparado en los trabajo.

¿Qué está pasando para que se disparen los accidentes y muertes laborales, así como las enfermedades profesionales?  Los expertos creen que hay dos causas claves. Por un lado, la pandemia y sus exigencias sanitarias ha retrasado las tareas de prevención y seguimiento de enfermos crónicos y con riesgos, lo que ha disparado los casos de infartos y derrames cerebrales en el trabajo (causa de 288 muertes en 2022, 1 de cada 3 muertes laborales), agravadas por la escasez de plantillas y el mayor trabajo. Y por otro, las empresas y los trabajadores “han bajado” la guardia ante los riesgos laborales, preocupados por olvidarse de la COVID y “volver a la normalidad”. Los sindicatos aportan una causa más: las empresas se preocupan menos ahora por la seguridad en el trabajo, destinando menos tiempo, formación y recursos a evitar accidentes laborales ahora que les suben los costes. Y sobre todo las pymes, las menos preparadas para evitar los accidentes laborales.

Además, sindicatos y expertos alertan que el alto grado de siniestralidad laboral en España tiene mucho que ver con la alta precariedad laboral, con un mayor porcentaje de trabajadores temporales (ahora, tras el primer año de reforma laboral, son un 17,91% frente al 14% en la UE-27). De hecho, los trabajadores temporales tienen en 41,4% de los accidentes de trabajo (y el 42% de las muertes), cuando son el 28% de los asalariados. Y además, los trabajadores con menos de un año de antigüedad concentran el 46% de los accidentes (y el 41% de las muertes). Así que a más precariedad y menos formación, más riesgo de accidentes y muertes. Y más cuando muchas empresas no invierten en prevención y la subcontratan fuera. UGT añade otra causa a los accidentes: el exceso de carga de trabajo y los plazos ajustados para los pedidos, que obliga a muchos empleados a “trabajar contra reloj”.

El aumento de accidentes y muertes laborales en 2022 es especialmente preocupante, porque certifica el fracaso del Plan de choque contra los accidentes laborales presentado por el Gobierno en diciembre de 2021 y que se puso en marcha durante todo 2022. El Plan consistía en utilizar los datos de siniestralidad laboral disponibles para centrar la tarea de la inspección de Trabajo en los sectores y empresas más peligrosas, cuya seguridad se iba a vigilar con lupa el año pasado: empresas de demolición y preparación de terrenos (128 muertos por cada 100.000 trabajadores), transporte de mercancías y mudanzas (88 muertes), la pesca (82), la recogida de residuos (48), la construcción de edificios (31,5), las instalaciones eléctricas y de fontanería (28,6), la producción ganadera (25,5), la captación, depuración y distribución de agua (23,5) y los cultivos perennes (21,33 muertes por 100.000 trabajadores), aunque la mayor vigilancia se iba a concentrar en las empresas de trabajo temporal (ETTs), que sufren 138 muertes por cada 100.000 habitantes.

Evidentemente, el Plan de choque ha fallado, ya que ha habido más accidentes (+59.276 accidentes con baja) y más muertes (+121 trabajadores fallecidos) que en 2021. Los sindicatos ya advirtieron al aprobarse que el Plan de choque les parecía “insuficiente”, porque no llevaba aparejado un Presupuesto que permitiera contar con más medios para prevención e inspección. Y recordaban que la Inspección de Trabajo sólo tiene 858 inspectores y 173 subinspectores, una plantilla exigua (1 funcionario por cada 13.000 trabajadores, frente a 1 por 10.000 en la UE) para el ingente trabajo que tienen (desde vigilar la contratación y el cumplimiento de la reforma laboral  a la seguridad en el trabajo).

Ahora, el Gobierno, los sindicatos y la patronal tienen que aprobar la Estrategia Española de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2022-2027, que lleva un año de retraso, para cumplir con el Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027 aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021. Los sindicatos quieren aprovechar la ocasión para reforzar la política de seguridad laboral, dotando con más medios a la formación y la prevención, así como a la vigilancia de la Inspección de Trabajo. Que se cree una figura estatal para la prevención de riesgos laborales, similar al actual delegado territorial. Y que se acabe con la actual impunidad penal de los accidentes laborales: en 2021 hubo sólo 426 sentencias judiciales  por siniestralidad laboral, 255 de ellas condenatorias. Por ello, la Fiscalía del Estado, los jueces (CGPP) y los Ministerios de Trabajo, Justicia e Interior firmaron en noviembre un Convenio de colaboración para coordinarse mejor y tratar de evitar la impunidad de las empresas responsables de los accidentes y muertes laborales.

En definitiva, se trata de contar con más medios para vigilar el cumplimiento de las normas de riesgos laborales y castigar con más dureza (multas y penas) a los culpables, porque tanto los sindicatos como los expertos creen que no hacen falta más normas, sino que se cumplan. Y, sobre todo, que las empresas (y los trabajadores) apuesten por la seguridad en el trabajo, no sólo por sentido común sino porque “es rentable”: los accidentes laborales le cuestan cada año a Europa un 3,3% de su PIB, según la UE, entre bajas, gastos médicos e indemnizaciones, lo que supone un coste global de 480.000 millones de euros (a España le cuestan unos 40.000 millones anuales). Y se estima que por cada euro invertido en seguridad, la empresa obtiene algo más del doble en productividad.

Hay que acabar con esta lacra de los accidentes y muertes por trabajar, 826 muertos “invisibles” de los que no se habla, al contrario que los muertos por tráfico (1.148) o por violencia de género (48). Una factura humana inadmisible y escandalosa, más en el siglo XXI. Hay que alcanzar un gran Pacto social, como país y empresa a empresa, con un solo objetivo: conseguir “muertes cero” en el trabajo. No podemos consentir que el trabajo mate.