La nueva Ley del
aborto que prepara Gallardón obliga
legalmente a que las mujeres traigan al mundo a un discapacitado, pero no se ponen los medios para que tenga una
vida digna: que estudie, trabaje y viva como los demás. Mientras, la
crisis se ha cebado en los discapacitados: sólo trabajan uno de cada cuatro en edad de hacerlo y su tasa de paro,
el 35%, rondaría el 70% si
buscaran trabajo como los demás. Y están discriminados desde
pequeños, al educarse: dos terceras
partes tienen estudios mínimos, lo que les dificulta trabajar. Y las empresas no cuentan con ellos: dos de cada tres grandes no cumplen la obligación de contratar a un 2% de
discapacitados. Un drama para 3,3
millones de familias, que también ven
recortadas
las ayudas a la discapacidad.
Gallardón reconoce que los
discapacitados necesitan más ayudas,
pero dice que tendrán que esperar a que
el Gobierno “tenga un Presupuesto suficiente”. Mientras, les condenan a ser
“ciudadanos de segunda”.
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| enrique ortega |
Lo primero que llama la atención es que no
hay una estadística única de discapacitados. El último dato del
INE, la Encuesta de Integración Social 2012
(diciembre 2013), fija en un 16,7%
los españoles de más de 15 años con algún tipo de discapacidad: son 6.616.188 españoles, la mitad mayores de 64 años. Pero muchos
de ellos son enfermos o personas con limitaciones
no permanentes, con lo que otra estadística también del INE, la Encuesta
de Discapacidad (EDAD 2008) rebajaba
el porcentaje de discapacitados a la mitad, al 8,5% de la población: 3.847.900 españoles. Y esta es la cifra que se utiliza habitualmente. Pero no todos se han
registrado oficialmente como discapacitados, por lo que la Base
de datos de personas con discapacidad (IMSERSO, Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales) cuantificaba en 3.367.456 españoles (diciembre 2011) los que tenían reconocida alguna discapacidad. Y de ellas, 2.552.880 tenían un certificado de
discapacidad superior al 33%.
Pues bien, de estos “discapacitados
oficiales”, 1.450.800 tenían en 2012
entre 16 y 64 años, la edad para trabajar. Y según el INE, sólo uno de cada cuatro estaban ocupados:
355.500 discapacitados trabajaban en
2012 (hoy serán menos), el 1,8% de
los asalariados. La mayoría son hombres
(6 por 4 mujeres), con poca formación
(20,9% sólo tienen primaria) y empleados en los
servicios (80%) y la industria
(12,7%). Otros 176.100 estaban parados
en 2012, una tasa del 33,1% que hoy
supera ya el 35% (26,03% tasa de paro
general). Pero en realidad, la tasa de paro es mucho mayor, porque la mayoría de discapacitados no busca siquiera
trabajo: su tasa de actividad es el
36,6% (75% la de toda España). Si sólo la mitad de los discapacitados buscara trabajo, su tasa de paro sería del 51%. Y hay expertos que señalan que su
tasa de paro ronda el 70%.
La crisis se ha cebado sobre los discapacitados.
Por un lado, entre un 35 y un 40% han
perdido su trabajo desde 2007, según
Randstad. Y su tasa de paro ha
crecido un 100% en los últimos cinco años, según
Empleo. Además, tienen muchas más
dificultades para encontrar trabajo. Primero, por su baja formación: dos tercios sólo tienen educación secundaria de
primera etapa o inferior (44% entre personas sin discapacidad) y sólo un 14,5%
tienen estudios superiores (31,7% entre personas sin discapacidad), según el INE. Y segundo, porque
la mayoría de los discapacitados que buscan empleo no han trabajado nunca: sólo
un 7% de parados ha tenido un empleo antes, según una encuesta
de Randstad. Con menos formación y sin experiencia, no
salen del paro (6 de cada 10 son parados de larga duración).
En 2012, sólo el
1.06% de los contratos fueron para discapacitados, según un informe
del Ministerio de Empleo. Y la
contratación de discapacitados cayó el triple que el resto. Eso, a pesar de
que la Ley 13/1982
obliga a las empresas con más de 50
trabajadores a reservar un 2% de sus
empleos a discapacitados. Pero sólo
lo
cumplen un tercio de las empresas, según la asociación de discapacitados
COCEMFE. Muchas se acogen a alternativas
que contempla la propia Ley, como contratar con un Centro Especial de Empleo
(70% discapacitados) o hacer un donativo a Fundaciones ligadas a la
discapacidad. Y eso que contratar a un discapacitado viene
con ayudas debajo del brazo (ver
vídeo): 3.900 euros de subvención autonómica, 5.000 euros de bonificación a
la Seguridad Social y deducción de 6.000 euros en el impuesto de sociedades.
Pero ni por esas. Y la Administración
Pública, que está obligada a reservarles un 7% de empleo público, tampoco
ayuda a emplearles, porque apenas hay ofertas de empleo ni oposiciones. Sólo
les queda acudir a un Centro
Especial de Empleo (hay 60.000 discapacitados trabajando
en estos centros de integración) o a la ONCE y sus empresas, los
únicos que están creándoles
empleo hoy día.
La discapacidad
es un problema para 3,3 millones de
hogares españoles (1 de cada 5), que tienen uno o más discapacitados en la familia, lo que supone un gasto extra por discapacitado de
2.874 euros, el 9% del presupuesto familiar, según la Encuesta EDAD 2008. El problema
es que, con la crisis, se han congelado
o recortado
las ayudas. Por un lado, sólo el
54% de los discapacitados en edad laboral (788.400 en 2012, según el INE), reciben una prestación de la Seguridad Social
(la mayoría, por incapacidad laboral). Y de los que están parados, menos de la mitad reciben subsidios.
Además, hay muchas familias pendientes de recibir ayudas
a la Dependencia (190.503 discapacitados están en lista de espera) y sólo hay 753.842
discapacitados
con ayudas, la cifra más baja desde que se implantó la ley de Dependencia
(2007), mientras suben
los copagos por los servicios a discapacitados.
El Gobierno Rajoy
aprobó en noviembre 2013 una Ley
General de Discapacidad, con 15 meses de retraso, para adaptar la normativa española a la
Convención sobre Discapacidad de la ONU. Sólo agrupa normas anteriores, sin
apenas novedades, y no avanza en la Estrategia
Española contra la Discapacidad 2020, aprobada por el Gobierno Zapatero en 2011, con tres objetivos básicos: aumentar
la tasa de ocupación de los discapacitados (que trabajen o busquen empleo
el 75%, en vez del 36% actual), mejorar
su educación (reducir su tasa de abandono escolar del 53,8% actual al 15%) y reducir su pobreza
y exclusión social (del 30,5% actual al
22,9%, sacando de la pobreza a 265.000
discapacitados para 2020).
Mejorar el empleo y
el nivel de vida de los discapacitados pasa por actuar en cuatro frentes.
El primero, la educación: los niños
discapacitados deben recibir una atención especial en los centros y continuar
su formación en la adolescencia, especialmente en la ESO y FP (sólo el 0,3% de alumnos de Formación Profesional son discapacitados), para facilitar su empleabilidad. El
segundo, la formación y Planes de empleo
específicos
(con incentivos y Planes de la inspección
de trabajo, para que las empresas cumplan la Ley), con el objetivo de duplicar su tasa de ocupación.
En tercer lugar, diseñar un Plan de ayudas
para evitar la pobreza y la exclusión social: está
demostrado que la pobreza aumenta los
riesgos de discapacidad y la discapacidad
eleva el riesgo de caer en la pobreza.
Y el cuarto, establecer Planes para
resolver problemas complementarios de los discapacitados: atención
psicosanitaria, facilitar su movilidad, ocio e integración social.
Hoy por hoy, tener un hijo o familiar discapacitado
es un grave problema para él y su familia: el entorno
social les relega a ser “ciudadanos de
segunda”, sin casi ayudas públicas. Por eso, choca que el Gobierno Rajoy quiera modificar
la Ley del aborto, para que las malformaciones del feto queden ahora fuera
de los supuestos legales para abortar. Por un lado, se obliga legalmente a que las mujeres traigan al mundo a un
discapacitado, pero no se ponen los medios para que tenga una vida digna. El
ministro Gallardón ha
reconocido que “es necesario ampliar
las ayudas a la discapacidad”, aunque ha limitado la propuesta “a un futuro en el que el Gobierno tenga
presupuesto suficiente”… O sea que los
discapacitados y sus familias tendrán
que esperar a que baje el déficit público y salgamos de la crisis. ¡Cuánta hipocresía¡
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