El ajuste que viene

La semana próxima, el 27 de julio, la Comisión Europea multará a España y Portugal por superar el 3% de déficit público. Y obligará al futuro Gobierno a aprobar un duro ajuste, que recorte entre 8.100 y 27.000 millones en 2016 y 2017. Eso  obligará a subir impuestos y  recortar gastos, en sanidad, ayudas sociales y pensiones. Y de paso, Bruselas quiere también reformas laborales. En una Europa estancada y con graves problemas, por el Brexit y la crisis bancaria, los “fundamentalistas” de Bruselas quieren "dar ejemplo" con España y Portugal e imponer la austeridad como única receta. Pero estos nuevos ajustes provocarán que la economía española se frene, cree menos empleo y recaude menos, no bajando el déficit. Ya pasó entre 2010 y 2013. Hay que explorar otro camino: recaudar más, que paguen más impuestos los que apenas pagan (grandes empresas, multinacionales y ricos) y con estos ingresos recortar el déficit y reanimar la economía y el empleo. No más austeridad.
 

enrique ortega

Tener déficit público, que el Estado gaste más de lo que ingresa, es una “enfermedad crónica” de la economía española, haya o no crisis. Como prueba, basta este dato: en los últimos 165 años, entre 1850 y 2015, España ha tenido siempre déficit público, salvo en 32 años que tuvo superávit, según las estadísticas de la Fundación BBVA. Y esa excepción fue a finales del siglo XIX y principios del XX, más los últimos años de la dictadura franquista, a partir de 1952 (según el libro de Comín), cuando Franco ya había pagado la guerra y no tenía déficits (porque teníamos una Hacienda raquítica, donde no se pagaban impuestos ni había casi gastos sociales y el crecimiento se financiaba obligando a bancos y Cajas a invertir donde les decían). Con la democracia, aumentan los gastos y el déficit, que alcanza el 5,82% del PIB en 1982, al llegar Felipe González al poder. Luego sube con la crisis hasta el 7,21% en 1985, baja hasta el 3,30% en 1989 y vuelve a subir al 7,34% con la segunda crisis (1993).

Con ese alto déficit público estamos cuando Europa se plantea alumbrar al euro, para lo que establece una regla rígida: nadie podrá entrar en la moneda única si tiene más de un 3% de déficit (y más de un 60% de deuda). Y el “examen” será en 1998. El Gobierno Aznar sabe que es una oportunidad histórica y fuerza la bajada del déficit en 1996 y 1997, con recortes y, sobre todo, con privatizaciones, vendiendo 70 empresas públicas, desde Repsol y Telefónica a  Iberia, Argentaria, Tabacalera, Red Eléctrica, Enagás o CASA. La operación tiene éxito y entramos en el euro “por los pelos”, con el 2,90% de déficit en 1998. A partir de ahí, los tipos bajos y la recuperación económica nos ayudan y el déficit sigue bajando hasta conseguir el equilibrio presupuestario en 2004 (déficit 0). Incluso, Zapatero consigue superávit entre 2005 (+1,20% del PIB) y 2007 (+2% del PIB), algo nunca visto en la democracia.

Pero en septiembre de 2008 estalla la gran crisis y con ella aumentan los gastos y baja la recaudación. El déficit salta de nuevo al -4,40% (2008) y se dispara al 11% del PIB en 2009, para quedarse en el 9,40% a finales de 2011, tras los primeros ajustes que fuerza Bruselas. Y ahí lo recibe Rajoy, que acelera el ajuste, con fuertes recortes (más de 20.000 millones entre 2012 y 2014) y la mayor subida de impuestos de la democracia. Logra bajarlo mucho, al 5,90% en 2014, pero luego ese recorte amaina en 2015, que cierra con un déficit público del 5,1% del PIB (-54.965 millones), ocho décimas más del 4,2% prometido a Bruselas.

Y Bruselas “monta en cólera”, no porque España haya incumplido otro año más sus promesas de recorte y superado el 3% de déficit (lo ha hecho los últimos 8 años, desde 2008), sino porque la Comisión Europea se siente “engañada” por Rajoy. Primero, porque el Gobierno del PP se ha dedicado a bajar impuestos, como baza electoral, en 2015 y 2016, en vez de subirlos para recortar el déficit. De hecho, de los 10.345 millones que se desvió el déficit en 2015, 4.800 millones son por culpa de haber bajado los impuestos, en enero y julio de 2015. Segundo, el Gobierno Rajoy se ha dedicado a devolver la extra de 2012 a los funcionarios, otra baza electoral, gastando en ello otros 1.000 millones que podían haber ahorrado para bajar el déficit. En tercer lugar, el Gobierno español ha permitido que las autonomías, la mayoría controladas por el PP, aumentaran sus gastos en los primeros meses de 2015, para ayudarles a ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2015 (que perdieron). Y por si fuera poco, Rajoy se ha dedicado a bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos, lo que ha restado 3.439 millones de ingresos a la SS durante la Legislatura, engordando en esa cantidad el déficit público final.

En definitiva, un cúmulo de despropósitos. Y encima, Rajoy anuncia en la campaña electoral para el 26-J que quiere volver a bajar los impuestos, incluso en enero de 2017. Es la puntilla para la Comisión Europea, sobre todo para Alemania, Holanda, Austria y paises del Norte, hartos de “la falta de seriedad presupuestaria de la Europa del sur”. Es hora de “dar un escarmiento”. El que no dieron el año pasado a Francia (“Francia es Francia”), cuyo déficit 2015 cerró en el 3,5%. Ni a todos los países que han incumplido el 3% de tope de déficit desde 1999: Francia (11 años lo ha superado), Grecia, Portugal y Polonia (10 años), Reino Unido (9 años), Italia y España (8 años), incluso Alemania (5 años). Se acabó “hacer la vista gorda”. Es la hora de la disciplina, de llamar al orden. Y qué mejor que hacerlo con España y Portugal, dos paises con poco peso político, que van a tener que “tomar el ricino sin rechistar”.

La Comisión Europea, en plena crisis tras el Brexit, los problemas de la banca italiana y el estancamiento económico del continente, quiere mandar un mensaje de “disciplina” a los 28 y a los mercados. Y así, la próxima semana prevé aprobar una multa a España y Portugal, que podría costarnos hasta 2.100 millones de euros (el 2% del PIB), aunque finalmente podría quedarse en menos (quizás 525 millones, el 0,5%). Y amenazan con quitarnos, a partir del 1 de enero, el 30% de los Fondos europeos, lo que nos restaría 1.200 millones que hacen mucha falta. Para evitarlo, la Comisión exige a España un nuevo ajuste y fijará nuevos objetivos de déficit, más duros: probablemente un 3,7% de déficit para 2016 (prevén que acabemos con un 3,9%) y un 2,5% para 2017 (estiman que si no se hace nada, quedaríamos en el 3,1%). Eso supone que nos exigirán un ajuste de 8.100 millones en dos años. Pero como 2016 es un año casi perdido (el déficit podría volver a superar el 5% este año), el ajuste que habría que hacer en 2017, sería de 27.000 millones de euros. Algo casi imposible.

Así que la negociación del futuro Gobierno español con Bruselas será un ajuste entre 8.000 y 27.000 millones, dependiendo de dónde nos pongan el listón del déficit y cuando se empiece a tomar medidas. El Gobierno en funciones ya ha prometido a Bruselas recortar 9.500 millones, pero con muchos “trucos”. Porque 6.000 millones serían aumentando los pagos a cuenta que hacen las 30.000 mayores empresas en el impuesto de Sociedades, unos anticipos que supondrían ingresos a corto pero que muchos habría que devolverles después. Y más porque el Gobierno Rajoy ha bajado a las empresas el impuesto de Sociedades (1.045 millones en 2015 y otros 2.641 millones en 2016), lo que ha provocado que la recaudación sea negativa este año (-539 millones hasta mayo, frente a los +1.814 millones recaudados en los cinco primeros meses de 2015). Un escándalo... Así que este “truco” sería “pan para hoy y hambre para mañana”, para tapar la caída de recaudación que ha provocado el regalo fiscal de Rajoy a las empresas.


Otros 1.000 millones los quiere conseguir Rajoy “luchando contra el fraude fiscal” (un deseo) y 1.500 millones más en ahorro de intereses de la deuda, algo que depende de los mercados (nerviosos tras el Brexit y los temores por la banca europea). Además, Rajoy promete a Bruselas cerrar el Presupuesto de 2016 en julio: no admitir nuevos gastos en los últimos 5 meses, lo que paralizaría la Administración (y el país), además de ser "otro truco contable" (guardar facturas por 1.000 millones de euros en los cajones hasta 2017). Y además, el problema del déficit de España no es tanto el gasto, sino que se han desplomado los ingresos, la recaudación, por la baja actividad y la inflación negativa (ya 2 años).

Al final, todo apunta a que Bruselas no se conformará con estas “promesas” de España y exigirá ajustes de verdad, por más de 12.000 millones de euros. Y eso obligará a tomar medidas en dos frentes: recortar gastos (en sanidad, gastos sociales y pensiones, lo de siempre) y aumentar ingresos, subiendo algunos impuestos (carburantes y algunos tipos del IVA). Y de paso, la Comisión Europea insistirá en sus “reformas”, que traducido significa que pedirán más “flexibilidad laboral”, es decir contratos con despidos con menos garantías y despidos más baratos, lo que lleva años pidiendo la patronal española. Y nuevas reformas en el sistema de pensiones, quizás con nuevos recortes a medio plazo.

Es más de lo mismo. Nos exigen más “austeridad”, la receta que los “fundamentalistas de Bruselas” llevan imponiendo desde 2010. Una receta que nos llevó a la segunda recesión (2012 y 2013) y que ha hundido la recaudación y el déficit: con los recortes y la subida de impuestos (2010-2013) se crece menos, se recauda menos y el déficit baja menos de lo previsto. Es “el círculo vicioso de la austeridad”, que no ha funcionado ni en Grecia, ni en Portugal ni en España. Incluso lo ha reconocido el FMI, la OCDE y hasta el ministro García Margallo (“nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad”). Pero es igual: Alemania y los políticos conservadores de la Comisión sólo tienen un mensaje: austeridad, austeridad y austeridad. Aunque económicamente sea un suicidio para Europa, como han demostrado EEEU, China, Japón y los países que han apostado por reanimar sus economías.

Habría que probar ir por otro camino: reanimar las economías, para que crezcan más y así recauden más. En el caso de España, tenemos un problema propio que resolver si queremos acabar con el histórico déficit público: España recauda menos que el resto de Europa, cuando crecemos y cuando hay crisis. Los ingresos fiscales suponen sólo el 38,2% del PIB (2015), frente al 46,6% del PIB que recaudan los paises del euro y el 44,9% que ingresa la UE-28, según Eurostat. Y recaudamos mucho menos que Alemania (44,9% de su PIB), Italia (48,2%) o Francia (recauda el 53,4% de su PIB). Eso significa, a lo claro, que si recaudáramos como los demás europeos, España habría ingresado 84.000 millones de euros más en 2015. No habría déficit (son 54.965 millones) y podríamos gastar más en reanimar la economía y el empleo.

¿Por qué ingresamos menos que la mayoría de Europa? Porque recaudamos peor, porque tenemos más fraude. La Comisión Europea estima que España deja de ingresar 12.000 millones cada año por el IVA (por tener tantos tipos bonificados). Y luego hay tres grupos que pagan (“legalmente”) menos impuestos de los que debían: las multinacionales (apenas pagan impuestos en España ni en Europa, gracias a una “ingeniería fiscal” que utiliza los paraísos fiscales), las grandes empresas (sólo pagan realmente un 7,3% sobre sus beneficios, la mitad que las pymes y la tercera parte que la mayoría de contribuyentes) y los más ricos (utilizan sociedades y SICAV para pagar menos impuestos, además de evadir a través de paraísos fiscales). Los técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman que estos tres grupos evaden (“legal” o ilegalmente) 60.000 millones anuales. Ya tenemos 72.000 millones menos de ingresos.

Frente a esta realidad (España recauda mucho menos que la mayoría de Europa), lo lógico sería recaudar más, haciendo que paguen más los que pagan poco. Pero Rajoy y Ciudadanos, el sostén del futuro Gobierno, defienden bajar impuestos, no subirlos. Y así no hay forma de reducir el déficit, salvo a golpe de recortes donde pueden hacerse (sanidad, educación, gastos sociales, pensiones e inversiones públicas). Y enfrente, en Bruselas, los políticos conservadores (afines ideológicamente a Rajoy) tampoco están mucho por subir impuestos, salvo el IVA. Así que todo apunta a que la próxima negociación, para recortar el déficit y aprobar el Presupuesto de 2017, será más de lo mismo: más recortes, más austeridad. Y eso volverá a frenar la recuperación, algo especialmente grave para un país que tiene el doble de paro que Europa.

Nos esperan unos meses duros, con recortes y reformas que afectarán más a los más desfavorecidos. Y sin poder contar con más ingresos para destinarlos a lo que hace falta, a promover gastos e inversiones necesarias, que tiren de la inversión privada y del empleo. Lo vendan como lo vendan, será un nuevo ajuste que frenará la recuperación y no servirá para subir la recaudación y bajar el déficit. Porque para recortar el déficit de verdad hay que subir los impuestos a la minoría que paga menos, en beneficio de la mayoría que necesita más gasto en formación, en inversiones, en políticas de empleo, en recomponer el Estado del Bienestar y las maltrechas cuentas de las pensiones. Esa debería ser la propuesta a Bruselas. Pero no es la propuesta que defenderá el futuro Gobierno de España. Así nos va a ir a todos.

España, al borde de la deflación

A finales de julio, España podría estar en deflación: 12 meses seguidos con la inflación en negativo. En realidad, llevamos dos años con la inflación en negativo, excepto tres meses en que subió una décima o cero. Y somos el 5º país europeo con menos inflación. Un indicador claro de que la economía sigue enferma, que no salimos de la crisis y las empresas necesitan “tirar los precios” para vender. Algo bueno para las familias y los pensionistas (no pierden poder adquisitivo) y para exportar, pero muy malo para el país: la inflación negativa desalienta la inversión y el empleo, cuesta más pagar las deudas (Estado, empresas y familias) y se recauda menos. Por eso, el BCE sigue preocupado por la baja inflación en Europa, aunque ya está en el +0,1%, mientras en España seguirá negativa este año. Sólo reanimando la economía, el consumo y la inversión se pueden reanimar los precios y asegurar más crecimiento y más empleo. Pero eso exige otra política, en Europa y en España.
 

enrique ortega

La inflación siempre ha sido un  problema en España: teníamos una economía y unas empresas que necesitaban vender más caro para poder subsistir. Y cuando venía una crisis internacional, los precios se disparaban: llegaron al 26,4% en 1977. Con la entrada en el euro y la mayor apertura comercial al exterior, las empresas se vieron obligadas a ajustar sus precios para competir, a costa de recortar plantillas y sueldos. Y la inflación bajó en torno al 3% desde 1999. Con la actual crisis, las empresas hicieron más ajustes de sueldos y plantillas para bajar aún más los precios, que se pusieron en negativo en 2009 (entre marzo y octubre), por primera vez en nuestra historia. Luego se recuperaron algo, hasta llegar a un pico del 2,1% en junio de 2013, pero como la crisis seguía ahí volvieron a bajar. Y se pusieron por segunda vez en negativo en julio de2014 (-0,3%). Desde entonces, son dos años con la inflación anual en negativo, salvo tres meses (+01% en junio y julio 2015 y +0% en diciembre). En junio, el último dato del INE, los precios estaban en el -0,8% y si siguen en negativo este mes de julio, serán ya 12 meses seguidos con la inflación negativa o cero. Y España estará "oficialmente" en deflación.

En realidad, la inflación está en negativo en España por la bajada del precio del petróleo, que ha provocado una bajada de dos bloques con mucho peso en el IPC: el gasto en vivienda, que baja un 5,5% anual (por las bajadas de la luz y la calefacción) y un 4% que baja el gasto en transporte (por la rebaja de los carburantes). Y también baja el gasto en ocio y cultura (-1,6%) y los medicamentos (-1%). Todo lo demás del IPC ha subido en el último año: un 1,5% los alimentos (sobre todo aceite, patatas, pescado, frutas, legumbres, azúcar y refrescos), el teléfono (+1,8%), los hoteles, bares y restaurantes (+0,9%) y la enseñanza (+0,5%). Otro factor que ha desplomado los precios es la fuerte caída de los salarios en España, de un 10 a un 20% sobre 2008: gracias a esta tremenda devaluación salarial, las empresas han podido bajar precios. Y más que el resto de Europa, porque los salarios españoles son un 39% más bajos que la media de la zona euro (15,8 euros/hora frente a 21,8 euros), según Eurostat.

Pero la clave de la bajada de precios es el bajo consumo, que fuerza a las empresas a tirar precios para mantener o subir sus ventas. Es el reino de los “precios low cost”. Un fenómeno que ha llegado para quedarse y la prueba es que España lleva ya 34 meses consecutivos con la inflación más baja que en Europa, desde septiembre de 2013. O sea: las empresas se han dedicado a ajustar costes, salarios y calidades para bajar precios como sea, para ser la China de Europa y poder vender mejor dentro y fuera. Y así, tenemos una inflación anual (últimos 12 meses) del -0,8% en junio, según el INE, que contrasta con la de Europa, que ha conseguido ya subir la inflación al +0,1%, tras varios meses en negativo. Y ahora, somos el quinto país de la UE-28 con menos inflación, sólo por delante de Rumanía (-3%), Bulgaria (-2,5%), Chipre (-1,9%) y Croacia (-1,2). Y lejos de la inflación positiva de Bélgica (+1,6%), Suecia (+0,8%), reino Unido (+0,3%), Francia (+0,1%) o Alemania (+0%), según Eurostat.

Los precios están más bajos en España, sobre todo los alimentos y bebidas no alcohólicas: su precio está por debajo de la media europea (92 sobre 100 en la UE-28) y solo hay 10 países con los alimentos más baratos que en España, todos paises del Este, según datos de Eurostat. Eso sí, el pan y los cereales son más caros aquí (104 frente a 100 de media en UE-28), pero es más barata la carne (85 frente a 100 en UE-28), la leche y los huevos (96 frente a 100). Y sorprende que sean mucho más baratos los “vicios”: somos el 6º país europeo con el alcohol más barato (81 frente a 100 en UE-28), sólo por detrás de cinco paises del Este, y el país 14º con el tabaco más barato (84 frente a 100 UE-28), sólo por detrás de Grecia, Portugal, Chipre y 10 paises del Este. Todo ello, porque aquí, alcohol y tabaco pagan menos impuestos.

Con todo, a pesar de tener los precios más bajos, como también han caído más las rentas en España que en Europa, nuestro consumo por habitante ha caído más con la crisis. Y así, España tiene un poder de compra de 88 frente al 100 de media de la UE y muy por debajo del 124 de Alemania, 116 de Reino Unido, 111 de Francia o 97 de Italia, los más ricos. Este indicador de bienestar, de consumo, nos coloca en el puesto 16 de la UE-28, sólo por delante de Grecia, Portugal, Malta, Chipre y 11 países del Este, según Eurostat.

En definitiva: tenemos precios más bajos pero como también tenemos ingresos y salarios más bajos (un -39% sobre la media UE-28, según Eurostat), nuestro poder de compra, nuestro bienestar, sigue por debajo del europeo. Eso sí, tener una inflación negativa (-0,8%) permite no perder poder adquisitivo a los trabajadores (cuyos sueldos subirán este año el 1,2%) y a los pensionistas (su pensión ha subido sólo un 0,25%). Y también los precios negativos ayudan a las empresas a exportar mejor, un “desahogo” importante cuando tiran poco las ventas  en España. Pero los efectos negativos sobre la economía son mucho mayores y por eso el BCE lleva dos años luchando contra la inflación negativa en Europa, inundando los mercados de dinero barato, buscando que los precios suban hasta el objetivo del 2% anual.

La inflación negativa es mala para la economía por tres razones. La primera y fundamental, porque desincentiva la inversión y el empleo, algo especialmente grave para un país como España con el doble de paro (19,8%) que Europa (10,1% zona euro) (y el quíntuple que Alemania, con el 4,2% de paro). Si un consumidor ve que los precios están bajos, puede pensar en retrasar sus compras, a la espera de que bajen más. Y las empresas, si ven que los precios están bajos, ven recortarse sus márgenes y tienen menos incentivos para invertir y aumentar plantillas. En segundo lugar, los precios a la baja reducen los ingresos públicos, sobre todo el IVA, recortando la recaudación y dificultando bajar el déficit público, lo que puede obligar a hacer más recortes. Y en tercer lugar, la inflación negativa es mala para los que tienen deudas, un grave problema en España, donde están muy endeudados el Estado (más de 1 billón de euros), las empresas (deben 910.769 millones) y las familias (718.595 millones de deuda, sobre todo hipotecas). Ahora, aunque los tipos están muy bajos, al ser la inflación negativa, el tipo real sube. Por ejemplo, si España pagaba en 2011 por la deuda a 10 años un tipo del 6% y la inflación estaba en el 3%, el tipo real que pagaba era el 3%. Ahora, aunque los tipos a 10 años hayan bajado al 1,95%, hay que sumar el -0.8% de inflación, con lo que el tipo real que pagamos es el 2,75%. Y lo mismo con los préstamos e hipotecas de empresas y familias.

En definitiva, que un dato que parece bueno, que los precios no suban y bajen, tiene más inconvenientes que ventajas, sobre todo para España. Y por eso la cruzada del BCE contra la inflación baja en Europa, que debería contagiar al Gobierno de España. Sobre todo porque todas las previsiones apuntan a que España seguirá con inflación negativa todo este año, para cerrar 2016 con una inflación media del -0,1% (Banco de España) al -0,3% (previsión de Funcas). Y no se espera una inflación positiva hasta 2017, del +1 al +1,6%, y eso siempre que los precios del petróleo no vuelvan a bajar de 45 dólares barril (están en 50$ ).

Pero con el alto paro que España tiene, no deberíamos esperar a 2017 para que la inflación volviera a subir, tras dos años bajando. La lucha contra la deflación debería ser una tarea urgente del futuro Gobierno. Y para ello, debería actuar en varios frentes. Por un lado, tratar de reanimar el consumo y la inversión pública, en gastos necesarios que reanimen la actividad y el crecimiento, desde el I+D+i hasta las infraestructuras, algunos empleos públicos y la formación. Y por otro, debería promover la subida de los salarios y del salario mínimo, a cambio de una mejora de la productividad en las empresas, para reactivar el consumo, también con medidas para fomentar un empleo más estable y menos precario. Y, en paralelo, España debería forzar en Bruselas un relanzamiento del Plan Juncker de inversiones europeas, con más recursos (sólo 21.000 millones nuevos de los 315.000 previstos), para impulsar el crecimiento europeo. Y a la vez, alinearnos con Portugal, Italia, Francia y Grecia para presionar a Alemania y la Europa del norte a que aumenten sus inversiones y su gasto público (tienen superávit) para que “tiren” del crecimiento, el empleo y los precios en  Europa, como ha pedido el FMI.

En resumen, los precios altos son malos pero los bajos, la deflación, es aún peor: es un claro síntoma de que la economía está estancada, que el pulso del enfermo sigue débil. Y con esos precios tan bajos, a las empresas no les compensa invertir ni crear más empleo. Es el estancamiento con deflación (“estanflación”) que ha asolado varias décadas a Japón y que ahora preocupa a Europa, aunque se hable poco de ello en España, el país más perjudicado por la baja inflación al tener el doble de paro. Habría que abrir este debate y promover un cambio de política, en España y en Europa. Una cruzada contra la deflación. Porque con los precios en caída libre (dos años ya), la economía y el empleo no despegarán. Al menos con la fuerza que necesitan los 4,7 millones de españoles sin trabajo (los parados de la EPA, los de verdad, no los 3,7 millones apuntados en las oficinas de empleo, una estadística de paro registrado engañosa y que no se utiliza en ningún país europeo).

Empresas sin vacantes y sueldos más desiguales

España ha crecido algo menos esta primavera, por la incertidumbre electoral y la crisis mundial. Y a pesar de que bajen los parados registrados (estadística engañosa), se está creando menos empleo: sólo en hostelería, turismo y comercio, un empleo muy precario y con salarios que han bajado un 0,2% en el primer trimestre. Y se agravan las diferencias salariales: hoy, un trabajador temporal (92% de los nuevos contratos) gana un 36% menos que uno indefinido. Y los que trabajan por horas (35% nuevos empleos)  ganan un 63% menos que los de jornada completa. Todo ello, porque hay muchos parados (4,7 millones) y pocos empleos: el 93,7% de las empresas no tienen vacantes y no piensan contratar. Y somos el tercer país de Europa con menos empleos vacantes, tras Grecia y Portugal. Con ello, los parados de larga duración aumentan. Un círculo vicioso que sólo se puede romper creciendo más y con políticas activas de empleo, con más formación y una profunda reforma de las oficinas de empleo. Ese es el gran reto de esta Legislatura.
 

enrique ortega

Seis meses de parón político en España a la espera de las segundas elecciones y  una crisis internacional que no mejora han pasado factura a la economía, como no podía ser de otra manera: las empresas han paralizado inversiones y empleos y el crecimiento ha bajado una décima, al 0,7% en el segundo trimestre, según la previsión del Banco de España. Y ahora, el Brexit, los resultados electorales del 26-J y la indefinición política y económica en Europa no van a ayudar a crecer ni a crear empleo en los próximos meses. Las empresas ya anticipan un cierto parón en la contratación: un 93,7% aseguran que no tienen vacantes, que no necesitan trabajadores, según la última encuesta trimestral de coste laboral del INE, publicada el 16 de junio. De hecho, reconocen que sólo tienen 69.028 vacantes, casi todas ellas (88,5%) en el sector servicios (hostelería, turismo y comercio). Y la mitad de ellas en Madrid, Cataluña y Andalucía, más en pymes que en medianas y grandes empresas.

Las empresas reconocen que no tienen puestos vacantes porque no necesitan más empleados, a la vista de las ventas. Esta situación contrasta con el resto de Europa, donde las empresas tienen más empleos vacantes, un 1,8% en la UE-28 frente al 0,7% en España, según datos de Eurostat. De hecho, España es el tercer país europeo con menos empleos vacantes en las empresas, sólo por delante de Grecia (0,2%) y Portugal (0,7%) y muy por detrás de Bélgica (2,6% vacantes), Alemania o Suecia (2,5%) o Reino Unido (2,4%). En definitiva, que las empresas españolas no están pensando en contratar y de ahí que los nuevos contratos que se hacen sean temporales y para cubrir huecos, no porque las ventas o las ampliaciones del negocio justifiquen aumentar las plantillas.

Como no hay mucho empleo y sí muchos parados (4.791.400, según la EPA, la única estadística seria y homologada en Europa, por lo que los 3.767.054 parados registrados de junio son una estadística engañosa, que no contempla todo el paro real), el poco empleo que ofrecen las empresas es muy precario (92% temporal y 35% a tiempo parcial) y con bajísimos salarios. De hecho, el coste salarial ha bajado un 0,2% en el primer trimestre de 2016, según el INE, y se sitúa en 1.635 euros brutos al mes (poco más de 1.300 euros netos). Y hay sectores, como la hostelería (donde más crece el empleo) donde los salarios han bajado (un 1,6% en 2014, según el INE).

Los salarios bajan o se estancan porque los nuevos empleos se están concentrando en el sector servicios (4 de cada 5 nuevos empleos), sobre todo en la hostelería, el turismo y el comercio, donde casi todos los contratos son precarios, o bien temporales (92%) o a tiempo parcial, por horas (el 35% de los nuevos contratos). Y precisamente, estos contratos son los peor pagados. Así, un trabajador con contrato temporal cobra de media un 36,64% menos que un trabajador con contrato indefinido (15.680 euros brutos frente a 24.746 euros), según las recientes estadísticas del INE (para 2014). Y un trabajador empleado por horas gana un 63,68% menos que uno contratado a jornada completa (9.794 euros brutos frente a 26.965 euros). Y esto no se debe sólo a que trabaje menos horas, es que además le pagan mucho menos la hora trabajada. Así, un trabajador de hostelería a tiempo completo gana 9,23 euros por hora y a tiempo parcial cobra 8,85 euros por la misma hora. Y lo mismo en comercio: 11,7 euros la hora a tiempo completo y 9,05 euros la hora a tiempo parcial, según el INE.

El resultado de la falta de vacantes y el escaso empleo disponible es que los que encuentran ahora trabajo tienen contratos muy precarios y cobran mucho menos que sus colegas de empresa con contratos antiguos más estables. La consecuencia es que ha aumentado la desigualdad salarial en España como nunca antes, según datos del INE. No sólo entre hombres y mujeres (ganan, de media, un 23,26% menos: 19.744 euros brutos frente a 25.727 euros los hombres), sino sobre todo entre temporales y fijos, entre a tiempo completo y a tiempo parcial, entre sectores (13.636 euros brutos en hostelería y 19.771 euros en comercio frente a 51.034 euros de sueldo medio en las eléctricas o 40.696 euros en la banca) y entre los puestos directivos (52.512 euros brutos) y los empleos sin cualificación (12.199 euros).

Y al final, como un 25% de todos los que trabajan (18.029.600 españoles) tienen ya empleos precarios, el sueldo medio de los españoles es muy bajo: el sueldo más frecuente era en 2014 (último dato del INE) de 16.490,80 euros brutos al año, que traducido en neto (menos cotizaciones y retención IRPF), supone ganar 942 euros en 14 pagas. O sea que somos un país donde el sueldo más frecuente es el de mileurista. Y los salarios españoles se alejan de Europa: si en 2008 cobrábamos el 32% menos que los europeos, en 2015 cobramos un 39 por 100 menos (15,8 euros por hora frente a 21,8 euros en la eurozona, según Eurostat). Y eso supone que la mayoría de las familias tienen problemas para llegar a fin de mes y consumen lo justo. Y por ello, las empresas apenas aumentan ventas y no invierten en nuevos proyectos. Y no tienen vacantes: mantienen sus plantillas, salvo para tapar huecos. No contratan.

Y mientras, hay 4.791.400 españoles en paro, esperando un empleo que no llega y teniéndose que conformar con empleos por horas, días o semanas, muy mal pagados. Eso provoca que cada vez haya más parados de larga duración, con más tiempo sin trabajar, lo que reduce mucho sus posibilidades de ser contratados. El paro de larga duración (más de 1 año) alcanza ya a más de la mitad de los parados: son 2.763.600 parados, el 57,67% del total (EPA marzo2016). Y de ellos, 2 millones llevan ya más de 2 años parados y un millón y medio más de tres años, la mayoría sin cobrar el desempleo (el 55% de todos los parados EPA, 2.643.867 parados, no cobraban el paro en marzo de 2016).

El problema de los parados de larga duración es grave, porque muchos de ellos tienen más de 45 años y corren el riesgo de no trabajar nunca más. De hecho, el paro de larga duración se concentra en las mujeres (52% del total), los mayores de 45 años, los parados con poca formación, los que trabajaron antes en la construcción  y los jóvenes sin experiencia. España es, con Grecia, Portugal, Italia e Irlanda, uno de los cinco paises la zona euro con más parados de larga duración y uno de los 10 paises UE-28 que superan el 50% de “paro viejo”, mientras en Bruselas no toman medidas para buscar una salida a este grave problema que afecta a casi la mitad (48,2%) de los 21 millones de parados europeos, según Eurostat.

El tema de fondo es que buena parte de este paro de larga duración no tiene salida si no se implanta en Europa (y sobre todo en España) una política decidida para reciclar a estos parados, con cursos de formación y políticas activas de empleo, que requieren recursos y medios que Europa no busca. Y mientras esto pasa, un 40% de las empresas europeas se quejan de que no encuentran los trabajadores que necesitan, según datos aportados por la Comisión Europea. Y eso, porque un 40% de la población europea carece de conocimientos digitales básicos, mientras 70 millones de europeos (el 14%) no tienen suficiente capacidad de lectura, escritura y cálculo, según datos de Eurostat.

En España también hay empresas que se quejan de que no encuentran los trabajadores que buscan, mientras 4,7 millones de parados no encuentran empleo. Y esto tiene mucho que ver con su baja cualificación: 2 de cada 3 parados españoles no tienen la ESO acabada, según la EPA. Y un 45% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 paises más desarrollados), y muy lejos de Suecia (12% de adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%), según datos de la OCDE. Así, a los parados y al resto, les resulta difícil acceder a los pocos nuevos empleos que se ofertan: un 42,4% de las ofertas de empleo hechas el último año exigían titulación universitaria y del resto, un 21,6% exigían Formación Profesional y otro 16,8% Bachillerato, requisitos que no cumplen muchos de los parados ni de los jóvenes españoles. Y entre los universitarios, hay ofertas para los que han estudiado Administración de empresas (ADE), Informática, Comercio y Marketing e Ingenierías pero no para los universitarios con Periodismo, Sociología, Ciencias Sociales o Derecho, según un reciente estudio de Adecco.

Así que nos encontramos con un país donde el 20% de los adultos está en paro y con poca formación para encontrar trabajo y donde las empresas tienen pocas vacantes y además no encuentran el trabajador formado que buscan, por lo que hacen contratos precarios y muy mal pagados, aprovechando que hay muchos parados que llevan mucho tiempo sin trabajar y no ingresan nada. Es una situación explosiva, que en nada ayuda a la recuperación de la economía y del empleo: los salarios precarios no mejoran el consumo y el crecimiento, el empleo es muy inestable y los ingresos fiscales y las cotizaciones apenas crecen, complicando las cuentas públicas y el futuro de las pensiones. Así lo resumía yo en la ETB vasca el pasado 20 de junio:

                                         Javier Gilsanz en la ETB, 20 junio 2016

¿Qué se puede hacer? Por un lado, hay que reanimar la economía, con empleos y salarios más dignos, a cambio de mejoras en la productividad de las empresas. Y una política del Gobierno de gastos e inversiones públicas, que tiren del consumo y la inversión privada, para crecer más que el resto de Europa porque tenemos el doble de paro.  Y por otro, España tiene que apostar por políticas activas de empleo, que dediquen recursos y medios a mejorar la formación y la empleabilidad de los parados. Y eso pasa por más cursos de formación, asesoramiento a los parados y, sobre todo, una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), que sólo colocan al 1,7% de los parados. Reforma que debe incluir más recursos y más personal: España cuenta con 1 funcionario del SEPE por cada 269 parados, frente a 1 por 47 en Alemania (con el 6% de paro), 1 por 36 en Dinamarca o 1 por 22 en Reino Unido. Y además, hay que reformar a fondo la educación, para que los españoles estudien la FP y las carreras que buscan las empresas, no educar para fabricar más parados.

En definitiva, España está metida en un bucle siniestro: las empresas no tienen vacantes, no piensan en ampliar plantillas porque no ven claro el futuro y las ventas crecen poco. Y los pocos empleos que crean son precarios y muy mal pagados, con lo que somos un país de mileuristas, con muchas familias que no pueden consumir ni comprar. Y así estamos en un círculo vicioso de poco empleo, bajos salarios, escaso consumo, poca inversión y poco empleo. Un bucle que debería romper el Gobierno, fomentando el consumo y la inversión pública necesarios, el empleo estable y los salarios dignos, para salir del atolladero. Y, sobre todo, volcándose en la formación de los parados y los jóvenes. Si no, no tienen futuro. Y España tampoco.