El ajuste que viene

La semana próxima, el 27 de julio, la Comisión Europea multará a España y Portugal por superar el 3% de déficit público. Y obligará al futuro Gobierno a aprobar un duro ajuste, que recorte entre 8.100 y 27.000 millones en 2016 y 2017. Eso  obligará a subir impuestos y  recortar gastos, en sanidad, ayudas sociales y pensiones. Y de paso, Bruselas quiere también reformas laborales. En una Europa estancada y con graves problemas, por el Brexit y la crisis bancaria, los “fundamentalistas” de Bruselas quieren "dar ejemplo" con España y Portugal e imponer la austeridad como única receta. Pero estos nuevos ajustes provocarán que la economía española se frene, cree menos empleo y recaude menos, no bajando el déficit. Ya pasó entre 2010 y 2013. Hay que explorar otro camino: recaudar más, que paguen más impuestos los que apenas pagan (grandes empresas, multinacionales y ricos) y con estos ingresos recortar el déficit y reanimar la economía y el empleo. No más austeridad.
 

enrique ortega

Tener déficit público, que el Estado gaste más de lo que ingresa, es una “enfermedad crónica” de la economía española, haya o no crisis. Como prueba, basta este dato: en los últimos 165 años, entre 1850 y 2015, España ha tenido siempre déficit público, salvo en 32 años que tuvo superávit, según las estadísticas de la Fundación BBVA. Y esa excepción fue a finales del siglo XIX y principios del XX, más los últimos años de la dictadura franquista, a partir de 1952 (según el libro de Comín), cuando Franco ya había pagado la guerra y no tenía déficits (porque teníamos una Hacienda raquítica, donde no se pagaban impuestos ni había casi gastos sociales y el crecimiento se financiaba obligando a bancos y Cajas a invertir donde les decían). Con la democracia, aumentan los gastos y el déficit, que alcanza el 5,82% del PIB en 1982, al llegar Felipe González al poder. Luego sube con la crisis hasta el 7,21% en 1985, baja hasta el 3,30% en 1989 y vuelve a subir al 7,34% con la segunda crisis (1993).

Con ese alto déficit público estamos cuando Europa se plantea alumbrar al euro, para lo que establece una regla rígida: nadie podrá entrar en la moneda única si tiene más de un 3% de déficit (y más de un 60% de deuda). Y el “examen” será en 1998. El Gobierno Aznar sabe que es una oportunidad histórica y fuerza la bajada del déficit en 1996 y 1997, con recortes y, sobre todo, con privatizaciones, vendiendo 70 empresas públicas, desde Repsol y Telefónica a  Iberia, Argentaria, Tabacalera, Red Eléctrica, Enagás o CASA. La operación tiene éxito y entramos en el euro “por los pelos”, con el 2,90% de déficit en 1998. A partir de ahí, los tipos bajos y la recuperación económica nos ayudan y el déficit sigue bajando hasta conseguir el equilibrio presupuestario en 2004 (déficit 0). Incluso, Zapatero consigue superávit entre 2005 (+1,20% del PIB) y 2007 (+2% del PIB), algo nunca visto en la democracia.

Pero en septiembre de 2008 estalla la gran crisis y con ella aumentan los gastos y baja la recaudación. El déficit salta de nuevo al -4,40% (2008) y se dispara al 11% del PIB en 2009, para quedarse en el 9,40% a finales de 2011, tras los primeros ajustes que fuerza Bruselas. Y ahí lo recibe Rajoy, que acelera el ajuste, con fuertes recortes (más de 20.000 millones entre 2012 y 2014) y la mayor subida de impuestos de la democracia. Logra bajarlo mucho, al 5,90% en 2014, pero luego ese recorte amaina en 2015, que cierra con un déficit público del 5,1% del PIB (-54.965 millones), ocho décimas más del 4,2% prometido a Bruselas.

Y Bruselas “monta en cólera”, no porque España haya incumplido otro año más sus promesas de recorte y superado el 3% de déficit (lo ha hecho los últimos 8 años, desde 2008), sino porque la Comisión Europea se siente “engañada” por Rajoy. Primero, porque el Gobierno del PP se ha dedicado a bajar impuestos, como baza electoral, en 2015 y 2016, en vez de subirlos para recortar el déficit. De hecho, de los 10.345 millones que se desvió el déficit en 2015, 4.800 millones son por culpa de haber bajado los impuestos, en enero y julio de 2015. Segundo, el Gobierno Rajoy se ha dedicado a devolver la extra de 2012 a los funcionarios, otra baza electoral, gastando en ello otros 1.000 millones que podían haber ahorrado para bajar el déficit. En tercer lugar, el Gobierno español ha permitido que las autonomías, la mayoría controladas por el PP, aumentaran sus gastos en los primeros meses de 2015, para ayudarles a ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2015 (que perdieron). Y por si fuera poco, Rajoy se ha dedicado a bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos, lo que ha restado 3.439 millones de ingresos a la SS durante la Legislatura, engordando en esa cantidad el déficit público final.

En definitiva, un cúmulo de despropósitos. Y encima, Rajoy anuncia en la campaña electoral para el 26-J que quiere volver a bajar los impuestos, incluso en enero de 2017. Es la puntilla para la Comisión Europea, sobre todo para Alemania, Holanda, Austria y paises del Norte, hartos de “la falta de seriedad presupuestaria de la Europa del sur”. Es hora de “dar un escarmiento”. El que no dieron el año pasado a Francia (“Francia es Francia”), cuyo déficit 2015 cerró en el 3,5%. Ni a todos los países que han incumplido el 3% de tope de déficit desde 1999: Francia (11 años lo ha superado), Grecia, Portugal y Polonia (10 años), Reino Unido (9 años), Italia y España (8 años), incluso Alemania (5 años). Se acabó “hacer la vista gorda”. Es la hora de la disciplina, de llamar al orden. Y qué mejor que hacerlo con España y Portugal, dos paises con poco peso político, que van a tener que “tomar el ricino sin rechistar”.

La Comisión Europea, en plena crisis tras el Brexit, los problemas de la banca italiana y el estancamiento económico del continente, quiere mandar un mensaje de “disciplina” a los 28 y a los mercados. Y así, la próxima semana prevé aprobar una multa a España y Portugal, que podría costarnos hasta 2.100 millones de euros (el 2% del PIB), aunque finalmente podría quedarse en menos (quizás 525 millones, el 0,5%). Y amenazan con quitarnos, a partir del 1 de enero, el 30% de los Fondos europeos, lo que nos restaría 1.200 millones que hacen mucha falta. Para evitarlo, la Comisión exige a España un nuevo ajuste y fijará nuevos objetivos de déficit, más duros: probablemente un 3,7% de déficit para 2016 (prevén que acabemos con un 3,9%) y un 2,5% para 2017 (estiman que si no se hace nada, quedaríamos en el 3,1%). Eso supone que nos exigirán un ajuste de 8.100 millones en dos años. Pero como 2016 es un año casi perdido (el déficit podría volver a superar el 5% este año), el ajuste que habría que hacer en 2017, sería de 27.000 millones de euros. Algo casi imposible.

Así que la negociación del futuro Gobierno español con Bruselas será un ajuste entre 8.000 y 27.000 millones, dependiendo de dónde nos pongan el listón del déficit y cuando se empiece a tomar medidas. El Gobierno en funciones ya ha prometido a Bruselas recortar 9.500 millones, pero con muchos “trucos”. Porque 6.000 millones serían aumentando los pagos a cuenta que hacen las 30.000 mayores empresas en el impuesto de Sociedades, unos anticipos que supondrían ingresos a corto pero que muchos habría que devolverles después. Y más porque el Gobierno Rajoy ha bajado a las empresas el impuesto de Sociedades (1.045 millones en 2015 y otros 2.641 millones en 2016), lo que ha provocado que la recaudación sea negativa este año (-539 millones hasta mayo, frente a los +1.814 millones recaudados en los cinco primeros meses de 2015). Un escándalo... Así que este “truco” sería “pan para hoy y hambre para mañana”, para tapar la caída de recaudación que ha provocado el regalo fiscal de Rajoy a las empresas.


Otros 1.000 millones los quiere conseguir Rajoy “luchando contra el fraude fiscal” (un deseo) y 1.500 millones más en ahorro de intereses de la deuda, algo que depende de los mercados (nerviosos tras el Brexit y los temores por la banca europea). Además, Rajoy promete a Bruselas cerrar el Presupuesto de 2016 en julio: no admitir nuevos gastos en los últimos 5 meses, lo que paralizaría la Administración (y el país), además de ser "otro truco contable" (guardar facturas por 1.000 millones de euros en los cajones hasta 2017). Y además, el problema del déficit de España no es tanto el gasto, sino que se han desplomado los ingresos, la recaudación, por la baja actividad y la inflación negativa (ya 2 años).

Al final, todo apunta a que Bruselas no se conformará con estas “promesas” de España y exigirá ajustes de verdad, por más de 12.000 millones de euros. Y eso obligará a tomar medidas en dos frentes: recortar gastos (en sanidad, gastos sociales y pensiones, lo de siempre) y aumentar ingresos, subiendo algunos impuestos (carburantes y algunos tipos del IVA). Y de paso, la Comisión Europea insistirá en sus “reformas”, que traducido significa que pedirán más “flexibilidad laboral”, es decir contratos con despidos con menos garantías y despidos más baratos, lo que lleva años pidiendo la patronal española. Y nuevas reformas en el sistema de pensiones, quizás con nuevos recortes a medio plazo.

Es más de lo mismo. Nos exigen más “austeridad”, la receta que los “fundamentalistas de Bruselas” llevan imponiendo desde 2010. Una receta que nos llevó a la segunda recesión (2012 y 2013) y que ha hundido la recaudación y el déficit: con los recortes y la subida de impuestos (2010-2013) se crece menos, se recauda menos y el déficit baja menos de lo previsto. Es “el círculo vicioso de la austeridad”, que no ha funcionado ni en Grecia, ni en Portugal ni en España. Incluso lo ha reconocido el FMI, la OCDE y hasta el ministro García Margallo (“nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad”). Pero es igual: Alemania y los políticos conservadores de la Comisión sólo tienen un mensaje: austeridad, austeridad y austeridad. Aunque económicamente sea un suicidio para Europa, como han demostrado EEEU, China, Japón y los países que han apostado por reanimar sus economías.

Habría que probar ir por otro camino: reanimar las economías, para que crezcan más y así recauden más. En el caso de España, tenemos un problema propio que resolver si queremos acabar con el histórico déficit público: España recauda menos que el resto de Europa, cuando crecemos y cuando hay crisis. Los ingresos fiscales suponen sólo el 38,2% del PIB (2015), frente al 46,6% del PIB que recaudan los paises del euro y el 44,9% que ingresa la UE-28, según Eurostat. Y recaudamos mucho menos que Alemania (44,9% de su PIB), Italia (48,2%) o Francia (recauda el 53,4% de su PIB). Eso significa, a lo claro, que si recaudáramos como los demás europeos, España habría ingresado 84.000 millones de euros más en 2015. No habría déficit (son 54.965 millones) y podríamos gastar más en reanimar la economía y el empleo.

¿Por qué ingresamos menos que la mayoría de Europa? Porque recaudamos peor, porque tenemos más fraude. La Comisión Europea estima que España deja de ingresar 12.000 millones cada año por el IVA (por tener tantos tipos bonificados). Y luego hay tres grupos que pagan (“legalmente”) menos impuestos de los que debían: las multinacionales (apenas pagan impuestos en España ni en Europa, gracias a una “ingeniería fiscal” que utiliza los paraísos fiscales), las grandes empresas (sólo pagan realmente un 7,3% sobre sus beneficios, la mitad que las pymes y la tercera parte que la mayoría de contribuyentes) y los más ricos (utilizan sociedades y SICAV para pagar menos impuestos, además de evadir a través de paraísos fiscales). Los técnicos de Hacienda (GESTHA) estiman que estos tres grupos evaden (“legal” o ilegalmente) 60.000 millones anuales. Ya tenemos 72.000 millones menos de ingresos.

Frente a esta realidad (España recauda mucho menos que la mayoría de Europa), lo lógico sería recaudar más, haciendo que paguen más los que pagan poco. Pero Rajoy y Ciudadanos, el sostén del futuro Gobierno, defienden bajar impuestos, no subirlos. Y así no hay forma de reducir el déficit, salvo a golpe de recortes donde pueden hacerse (sanidad, educación, gastos sociales, pensiones e inversiones públicas). Y enfrente, en Bruselas, los políticos conservadores (afines ideológicamente a Rajoy) tampoco están mucho por subir impuestos, salvo el IVA. Así que todo apunta a que la próxima negociación, para recortar el déficit y aprobar el Presupuesto de 2017, será más de lo mismo: más recortes, más austeridad. Y eso volverá a frenar la recuperación, algo especialmente grave para un país que tiene el doble de paro que Europa.

Nos esperan unos meses duros, con recortes y reformas que afectarán más a los más desfavorecidos. Y sin poder contar con más ingresos para destinarlos a lo que hace falta, a promover gastos e inversiones necesarias, que tiren de la inversión privada y del empleo. Lo vendan como lo vendan, será un nuevo ajuste que frenará la recuperación y no servirá para subir la recaudación y bajar el déficit. Porque para recortar el déficit de verdad hay que subir los impuestos a la minoría que paga menos, en beneficio de la mayoría que necesita más gasto en formación, en inversiones, en políticas de empleo, en recomponer el Estado del Bienestar y las maltrechas cuentas de las pensiones. Esa debería ser la propuesta a Bruselas. Pero no es la propuesta que defenderá el futuro Gobierno de España. Así nos va a ir a todos.