jueves, 14 de marzo de 2024

La Inteligencia Artificial destruye y crea empleo

Este miércoles 13, el Parlamento europeo aprobó la 1ª Ley en el mundo sobre la Inteligencia Artificial (IA), que entrará en vigor en mayo y hasta 2026. Mientras, sigue la fiebre inversora por la IA y las grandes empresas empiezan a utilizarla, por temor a quedarse fuera de la mayor revolución tecnológica desde la electricidad. Y se perfila el gran temor ante la IA, la pérdida de empleos: un 40% del empleo mundial (1.360 millones) se verá afectado, según el FMI. En España, un estudio revela que perderemos 400.000 empleos netos los próximos 10 años: en realidad se perderán 2 millones, pero también se crearán 1,6 millones. Un problema muy serio, que afectará más a mayores y personas con formación, y que exige prepararse desde ya, aprobado ayudas a los que pierdan el trabajo y formando al resto para adaptarse a esta revolución tecnológica. España tiene “ la ventaja” de la escasa adopción de la IA (54,5% empresas no la utilizan), pero su uso crecerá exponencialmente. Urge prepararse.


La Inteligencia Artificial (IA) avanza imparable en todo el mundo, recibiendo millonarias inversiones para nuevos desarrollos y empresas (más de 50.000 millones de dólares en 2023) y con un uso cada vez más extendido entre las empresas (más de la mitad de las grandes empresas del mundo la están utilizando en 2024), por el temor a quedarse fuera y para aprovechar una tecnología que puede aumentar su productividad. Y con este avance, aumentan también los dos miedos que genera la Inteligencia Artificial (IA): que avance sin control y que suponga la destrucción de millones de empleos.

La Inteligencia Artificial (IA) busca que una máquina o una red de máquinas sean capaces de aprender y desarrollar tareas humanas, desde escribir o traducir a diagnosticar enfermedades, conducir un coche, investigar o invertir. Las primeras computadoras se crearon en EE. UU. en los años 40 y ya en 1950 se creó el primer experimento de Inteligencia Artificial, el proyecto Theseus: un ratón a control remoto capaz de encontrar la salida de un laberinto. En los años 90 aparecieron programas para juegos contra humanos y ya en 2012, el desarrollo AlexNet reconocía imágenes y objetos. En 2020 se avanza en el reconocimiento del comportamiento humano y el 1 de diciembre de 2022 aparece ChatGPT, un sistema de chat basado en modelos de lenguaje por IA que permite elaborar informes, traducción, artículos, fotos y vídeos, gracias al reconocimiento de voz e imágenes. Y actualmente, Google, X y otras grandes tecnológicas compiten cada día con nuevos desarrollos.

 Los expertos creen que, antes o después, se conseguirá que las máquinas (los ordenadores, solos o con robots) realicen (con menos coste y aceptable calidad) una gran parte de las tareas humanas, que exista “una Inteligencia Artificial a nivel humano”: un 50% de los científicos encuestados creen que esto sucederá antes de 2061 y el 90% están seguros que será “antes de 100 años”,  aunque muchos creen que se logrará “un gran avance” ya para 2050. Todo apunta a que la Inteligencia Artificial (IA) será la mayor innovación en la historia de la humanidad desde la electricidad (finales siglo XIX), permitiendo grandes avances en la Ciencia, sobre todo en energía, medicina, movilidad y sustitución de trabajos rutinarios y desagradables. Pero tiene dos graves incertidumbres: su efecto negativo sobre el empleo y el temor a un descontrol, que permita manipulaciones y controles de la sociedad.

El temor más inmediato es que la Inteligencia Artificial (IA) nos deje sin trabajo, sustituyendo a los humanos en muchos empleos, sobre todo los trabajos más cualificados y los más rutinarios, especialmente empleos administrativos, profesionales y técnicos, matemáticos, asesores financieros, periodistas, abogados, traductores y gestores. Todos estos empleos cualificados corren más riesgo con la IA que los empleos de baja cualificación, porque suelen tener salarios altos y la inversión para sustituirlos por IA compensa más que en empleos de baja cualificación (salvo los más rutinarios). A cambio, la IA también creará nuevos empleos, especialmente los ligados a la programación de las máquinas (“ingenieros de peticiones") y al tratamiento de datos.

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), de enero de 2024, cuantifica por primera vez los riesgos de la IA para el empleo: afectará al 40% del empleo mundial, a 1.360 millones de trabajadores, cuyo trabajo cambiará drásticamente o desaparecerá. Pero el efecto será diferente según los paises: en los paises desarrollados, el 60% de los trabajadores estarán expuestos a la IA, afectando al 40% en los paises emergentes y al 26% de trabajadores en los paises atrasados. También dependerá mucho de la cualificación:  los trabajadores más afectados por la IA serán los que tienen alta cualificación, junto a los mayores y parte de las mujeres. Otro informe anterior, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que las profesiones más afectadas por la IA serán los empleados administrativos (82% expuestos), las profesiones intermedias (27%), las  intelectuales y científicas (26%), los servicios directos a particulares, comerciantes y vendedores  (22%) y los directores y gerentes (14% afectados).

El informe del FMI señala que la IA tiene “un lado oscuro”, que supondrá la pérdida y reconversión de millones de empleos y agravará la desigualdad laboral y salarial dentro de los paises y también entre sectores y paises. Pero también la IA tiene “un lado muy positivo”: es una revolución tecnológica que aumentará la productividad de las empresas y el crecimiento del mundo, creando además nuevos empleos. Se trata, pues, de una gran oportunidad, como la que abrieron antes otras revoluciones tecnológicas, y el reto es aprovechar sus ventajas y reducir sus inconvenientes, que serán más visibles a corto plazo. De hecho, el FMI advierte que la IA puede agravar las tensiones sociales (como hizo la 1ª Revolución Industrial, en el siglo XIX) y ampliar la brecha de desigualdad entre paises desarrollados y paises pobres.

De momento, aunque la aplicación de la IA está empezando, ya han surgido los primeros despidos. Así, un 25% de las grandes empresas anticipan una reducción del 5% de su plantilla o más en 2024 por la IA, según una Encuesta realizada por la consultora PwC a 4.702 consejeros delegados de 105 paises y presentada en enero en el Foro de Davos. Y, en paralelo, otro 39% de grandes empresas encuestadas van a aumentar su empleo este año un 5% o más por la IA . Los sectores que van a recortar un 5% o más por la IA son los medios de comunicación y entretenimiento (lo harán el 32% de las empresas), bancos, mercados y aseguradoras (el 28%), el transporte y la logística (el 25%), las telecos y empresas de servicios (25% harán recortes). A cambio, el 60% de los directivos multinacionales consultados esperan que la IA les mejore sus productos y servicios, aumentando su productividad y permitiendo nuevas contrataciones a medio plazo.

En España, un reciente informe de Randstad (26 de febrero) se atreve a hacer un balance del coste laboral de la IA en los próximos 10 años (2023-2033): se perderán 2 millones de empleos (casi el 10%) y se crearán 1,61 millones de empleos nuevos, con un saldo neto de -390.000 empleos perdidos.  Profundizando más, el informe de Randstad refleja que el 9,8% de los empleos actuales (2 millones) corren el riesgo de ser automatizados, mientras otro 15,9% de empleos (3,25 millones) se mantendrán (aumentando su productividad,) y la mayoría (el 74,3% restante, 15,19 millones de empleos) no tendrán cambios significativos por la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA).

El informe concreta los sectores que se verán más afectados negativamente por la IA: el comercio (perderá 158.415 empleos netos), las actividades administrativas (-147.915 empleos netos), hostelería (-112.770) y transporte y almacenamiento (-47.490), teniendo un menor impacto negativo la agricultura, ganadería y pesca, industria y construcción.  Y los sectores más beneficiados por la IA en España, que ganarán empleo neto, serán la programación y consultoría (+76.364 empleos netos), actividades científicas y técnicas (+48.816 empleos netos),  telecomunicaciones (+8.995 empleos), medios y publicaciones (+3.576) . Mientras, la IA aumentará la productividad del 15,9% de empleos, sobre todo en programación y consultoría (mejorará el rendimiento del 40% de los empleos), los seguros (37% empleos) y finanzas (36%), medios y publicaciones (33%), actividades científicas y técnicas (27%) y telecos (subirá productividad 25% empleos).

El problema del trabajo en el futuro es que la IA va muy rápido y los trabajadores tienen menos tiempo para adaptarse que en las revoluciones tecnológicas anteriores, según otro estudio de la consultora Oliver Wyman. Lo que parece claro, añaden, es que en las próximas décadas, la Inteligencia Artificial (IA) “cambiará el papel de los trabajadores”: serán “un complemento” de los ordenadores y robots en la gestión de equipos, transmisión de mensajes y gestión de las emociones, desempeñando un papel más “humano y asistencial”. Parece claro que las máquinas necesitarán al hombre para ser “inteligentes” y que el trabajador seguirá siendo clave en las empresas, pero en muchos casos su papel cambiará radicalmente y en otros serán suplantados por la Inteligencia Artificial.

Esta nueva tecnología, la IA, ya está revolucionando la gestión de los recursos humanos hoy: el 40% de los responsables de recursos humanos, los que seleccionan y contratan personal, ya conocen y utilizan la IA para el cribado de currículos y la búsqueda de candidatos, según publica el Observatorio de RRHH de Randstad, que refleja que una de las primeras aplicaciones de la IA está siendo identificar el talento y las competencias a la hora de ampliar y definir las plantillas del futuro .¡Qué miedo! 

Parece claro que, a pesar de sus indudables ventajas, la IA va a traer una oleada de despidos en el mundo y en España. Los sindicatos ya lo están asumiendo, en la negociación del último ERE de Telefónica, por ejemplo. Saben que las nuevas tecnologías, acabarán con los trabajadores menos formados y más mayores, cuyo puesto cambiará drásticamente o desaparecerá. Y sólo queda una salida: ayudar a los que se van, con un desempleo que se alargue hasta la jubilación (incluyendo la ampliación del ingreso mínimo vital, como “una red de seguridad” frente a los despidos tecnológicos).  Sólo en otros casos, en algunos puestos y con trabajadores más jóvenes, hay otra salida: el reciclaje y la formación, algo por lo que deben apostar empresas y Gobiernos, según recomienda el estudio del FMI. 

El temor al despido por la IA va paralelo a su implantación, todavía lenta: sólo el 8% de las compañías mundiales utilizan la IA de forma proactiva en el día a día, según un informe de la consultora KPMG. Pero ojo: un 55% de los directivos de las grandes empresas mundiales consideran que la implantación de la IA será crucial para alcanzar sus objetivos en los próximos 3 años. En definitiva, que el proceso de implantación de la IA va a toda velocidad, en paralelo a las múltiples inversiones para poner en marcha nuevas versiones más accesibles y eficaces. Por eso, la IA va a crecer de forma imparable y afectará cada año más al empleo.

En España, tenemos “la ventaja” de que todavía son pocas las empresas que han implantado la IA en su día a día, aunque un 45,5% ya lo utilizan para tareas complementarias, como el análisis de datos, la automatización de procesos productivos o la optimización de tareas administrativas, según el estudio de Randstad. Pero también en España, la IA está “pisando el acelerador” y su uso se ha multiplicado por 5,7 en el 4º trimestre de 2023. Y hasta Microsoft acaba de anunciar que invertirá 1.950 millones de euros en España hasta 2025 para potenciar la Inteligencia Artificial.

El otro temor sobre la IA, su regulación para evitar que crezca de forma descontrolada, sigue ahí. De hecho, en marzo de 2023, más de 1.300 expertos y personajes públicos firmaron esta carta abierta para ralentizar (durante 6 meses) el desarrollo y aplicación de la IA, buscando “controlar los profundos riesgos para la sociedad y la humanidad”. Pero no ha habido ningún parón, sino una aceleración de inversiones y proyectos. Eso sí, a principios de noviembre de 2023, un total de 28 paises (entre ellos EE. UU., China, Europa, Japón, Corea y Brasil) firmaron en Oxford la Declaración de Bletchley para trabajar juntos en que la IA se atenga a “unos mínimos de regulación”. Pero la realidad es que EE. UU. y China mantienen una guerra tecnológica por la IA, sin transparencia ni controles.

Mientras, Europa, que está muy retrasada en cuanto a desarrollos e implantación de la IA, se ha convertido en el continente líder en la regulación, aprobando este miércoles 13 de marzo, en el Parlamento Europeo, la 1ª ley que regula la IA en el mundo, que entrará en vigor en 2026. El Reglamento de la IA, aprobado por los líderes europeos el 8 de diciembre, pretende “garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente”. Y, sobre todo, asegurar que los sistemas sean supervisados por personas, no por máquinas. Ahora se creará una Oficina Europea de IA para vigilar los distintos riesgos en la aplicación de la IA y la aplicación de la Ley (que no resuelve varios problemas claves) será progresiva, hasta mediados de 2026.

En paralelo, la Comisión Europea quiere que la UE recupere el terreno perdido en la IA frente a EE. UU. Y China, pensando en aprobar (después de las elecciones europeas de junio) un nuevo Plan económico (como el de Recuperación tras la pandemia) para relanzar las inversiones europeas en tecnología, digitalización e Inteligencia Artificial (IA). Entre tanto, en España, que creó en 2022 la 1ª Agencia Nacional de IA (en A Coruña), el Gobierno apuesta por promover la IA dentro del Plan de Recuperación (Componente 16), con una inversión pública de 560 millones de euros que busca movilizar otros 1.500 millones de inversión privada. El Plan pretende atraer inversiones internacionales (como la de Microsoft) y que tiren de la IA las grandes empresas españolas, para llegar luego a las pymes. Un reto, la IA, que debería ayudar a España a mejorar su productividad, inferior a la de la mayoría de Europa.

En resumen, que la Inteligencia Artificial (IA) crece de forma imparable y ya sabemos que, además de mejorar la productividad de empresas y paises, va a provocar la pérdida de millones de empleos, 2 millones de ellos en España. No podemos perder este tren, como perdimos el de las anteriores revoluciones tecnológicas. Pero hemos de prepararnos para ayudar a los que caigan y a salvar a los que puedan reciclarse. No dejar a nadie atrás.

lunes, 11 de marzo de 2024

Vuelve la burbuja de las criptomonedas

En pocas semanas, 400.000 españoles han hecho cola en Centros comerciales para que les escanearan el iris a cambio de unas pocas criptomonedas (80 euros). Coincide con una nueva fiebre por la compra de bitcoins y otras monedas digitales, que cotizan otra vez a precios récords, tras casi 2 años de desplome, al estallar en 2021 la anterior burbuja, donde se perdieron 2 billones de dólares. Pero los inversores, la mayoría jóvenes, no aprenden, y han vuelto a las compras masivas, amparados por los nuevos Fondos en bitcoin y una anunciada reducción de la oferta: son 580 millones de personas las que tienen criptomonedas, 4,7 millones en España. El BCE se lo acaba de repetir: “el valor real del bitcoin es cero”. Es sólo especulación. Pero proliferan plataformas, webs y cajeros de compraventa, mientras Europa ha aprobado un Reglamento sobre criptomonedas que no entra en vigor hasta el 30 de diciembre. Ojo donde mete su dinero: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

                        Enrique Ortega, a partir de "El cambista y su mujer", de Marinus van Reymerswale   

Los últimos datos señalan que 580 millones de personas en el mundo eran usuarios de criptomonedas en 2023, un +34% que en 2022, según crypto.com. Más de la mitad (296 millones) han operado con Bitcoin, la cripto líder del mercado, y una cuarta parte (124 millones de usuarios) con Ethereum, a las que se suman, muy lejos, otras criptomonedas como Thether USDT, BNB, Solana, XRP, USDC o Cardano, las ocho con más capitalización. En conjunto, las criptomonedas alcanzan una capitalización (valor de mercado al precio actual) que ronda los 2,5 billones de dólares (más que el PIB español), de los que 1,35 billones corresponden al Bitcoin. En España, un 12% de los adultos poseen criptomonedas, unas 4.700.000 personas, según estima el Banco de España. Eso nos coloca como el 5º país europeo con más inversores en criptomonedas, tras Reino Unido, Francia, Alemania y Paises Bajos.

Los criptoactivos son monedas y activos digitales que emplean un cifrado para identificar a su dueño y poder realizar transacciones. Un 20% están respaldadas por activos como el oro, el dólar y otras monedas, pero la mayoría (el 80% del mercado) son criptoactivos sin respaldo detrás de un activo concreto, sobre todo criptomonedas, monedas digitales que no tienen detrás el respaldo de un país y un Banco Central sino que las fabrican y emiten miles de empresas privadas, que controlan también su distribución y mercado. Las criptomonedas se basan en una red mundial de ordenadores descentralizada, unos “mineros” (que generan informáticamente nuevas monedas) y las plataformas de compraventa, que permiten cambiar divisas por criptomonedas, almacenarlas en “billeteros digitales” y comprarlas y venderlas después, con altísimas comisiones.

Se trata de un mercado muy reciente, ya que la primera criptomoneda, el bitcoin, empezó a funcionar en enero de 2009 (ver historia criptomonedas) y a la que han seguido hasta 20.000 criptomonedas, 9.000 de ellas registradas actualmente. Al principio, su valor fue muy escaso, con pocos compradores, lo que hizo que el bitcoin cotizara en 2015 a 327 dólares. A finales de 2016 superó ya los 900 dólares y en 2017 dio el primer gran salto, cotizando a 19.345 dólares en diciembre. Hubo una corrección en 2018 y 2019, seguido de una caída por la pandemia (5.165 dólares en marzo 2020), para iniciar un fuerte repunte en octubre de 2020, que llevó al bitcoin a un primer máximo histórico: cotizó a 64.400 dólares el 12 de noviembre de 2021. A partir de ahí, empezaron las ventas masivas y se desinfló la burbuja, hasta alcanzar un mínimo de 15.409 dólares en diciembre de 2022.

Más de año y medio de caída de cotizaciones (”el invierno de las cripto”), entre mediados de 2022 y principios de 2024, que se llevaron por delante a millones de pequeños inversores, que perdieron más de 2 billones de dólares, y provocaron quiebras y cierres de empresas y plataformas de venta muy conocidas, como FTX, Terra (Luna), Three Arrons Capital, Celsius o Voyager, con historias de emprendedores digitales famosos ante el juez o en la cárcel.

Muchos pensaron que era el final de las criptomonedas, el fin de otra burbuja especulativa más, pero no ha sido así: la fiebre por el bitcoin y las demás cripto ha vuelto en el último mes y con fuerza: el 6 de febrero empezó este último “rally”, pasando el bitcoin de cotizar a 40.064 dólares a un máximo histórico de 68.562 dólares el 4 de marzo, para superarlo y cerrar en otro máximo histórico este viernes: 68.720 dólares (ver gráfico cotización). Y a su vera, se ha disparado también la cotización de otras criptomonedas, incluso las llamadas “memes”, unas criptomonedas con caras de perro o de la rana Pepe (¡ en serio¡) , como Dogecoin (apoyada por Elon Musk: ¡ya vale tanto como Telefónica!), Shiba Inu, Pepe Coín, Dogelon Mars, Samoyed Coín o Mona Coin, que se han revalorizado hasta un 1.000% en el último mes. La fiebre de compra ha vuelto, olvidando la debacle de 2022 y hay millones de inversores que meten dinero cada día en todo lo que huela a “criptomonedas”, por si acaso. Las llaman inversiones FOMO (“Fear of missing out”) : “miedo a quedarse fuera”…

Los expertos explican esta nueva “burbuja cripto” por tres causas. La primera, porque los inversores esperan una bajada de tipos de interés (en primavera o verano) y eso les hace buscar otras alternativas de inversión. La segunda causa, clave en la subida de cotización de las cripto estas últimas semanas, es que Estados Unidos aprobó, el 10 de enero, la comercialización de los primeros Fondos (ETF) en bitcoin, lo que permite ahora que muchos inversores “más serios” (Fondos, instituciones, bancos, grandes inversores) se lancen a poner su dinero en Fondos (ETF) que replican a bitcoin, pero que pueden comprar en instituciones “serias” (Fondos, gestoras y bancos de inversión) y operar con ellos sin problemas, sin tener que recurrir a billeteras virtuales y plataformas de bitcoin. Y pagando comisiones mucho más bajas que en las plataformas de criptos.

La autorización de 11 Fondos (ETF) en bitcoin la dio la Comisión del Mercado de Valores USA, la SEC (el equivalente a la CNMV española), que lleva años vigilando y criticando el bitcoin. Y lo hizo por imposición judicial, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Apelación de Columbia contraria a los expedientes de rechazo a la aprobación, tras múltiples litigios legales de poderosos Fondos y bancos de inversión, que querían unirse al negocio cripto. Pero la autorización de la SEC es forzada, como señaló su presidente al aprobar los nuevos Fondos (ETF) de bitcoin: “Hoy hemos aprobado determinados Fondos cotizados sobre el bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado al bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas”…

A pesar de esta “advertencia”, los grandes inversores han aprovechado la aprobación de Fondos (ETF) de bitcoin, que suponen un salto cualitativo para las criptomonedas, para entrar a saco en este nuevo mercado, disparando un 35% las cotizaciones del bitcoin ( y las demás cripto, hasta las “memes”…).  La ETF en bitcoin más popular, IBIT, comercializada por Black Rock (la mayor gestora de fondos del mundo) recibió hasta 10.000 millones de inversiones en las primeras 7 semanas, un récord histórico. Y hasta la fecha, los 4 mayores Fondos (ETF) en bitcoin han captado ya cerca de 20.000 millones de dólares.... Una carrera a la que se han apuntado los principales Fondos y bancos de inversión, salvo Vanguard, la 2ª mayor gestora USA, argumentando que “es más especulación que inversión”.

La 3ª causa que ha disparado las cotizaciones de las criptomonedas es el inminente recorte de los bitcoins disponibles, un proceso que se repite cada 4 años para controlar la oferta y mantener los precios. Lo llaman el “halving” (“reducir a la mitad”) que consiste en reducir a la mitad la recompensa que los “mineros” (los que generan bitcoin) reciben por validar bloques en el blockclain de bitcoin. Su objetivo es recortar la oferta de bitcoin, que tiene un máximo (hay otras criptomonedas que no, lo que infla su oferta), para estabilizar los precios. Y los inversores saben que las tres ocasiones anteriores en que se ha recortado la oferta (noviembre de 2012, julio de 2016 y mayo de 2020), la cotización se disparó, porque suelen bajar los precios y es un buen momento para comprar y posicionarse a medio plazo. En el último recorte, la cotización saltó de 9.558 (mayo 2020) a 61.283 (marzo 2021). Y ahora, con el recorte que se espera para abril (no hay fecha: entre el 8 y el 22), creen que volverá a subir.

En medio de esta nueva euforia de muchos inversores (pequeños y grandes) por las criptomonedas, que olvida la reciente crisis, los expertos del sector apuestan porque la cotización del bitcoin supere este año los 100.000 dólares y alcance entre120.000 y 150.000 dólares en 2025, al margen de esperadas correcciones. Todo apunta a una nueva “burbuja cripto”, donde los grandes Fondos y bancos de inversión aprovecharán los picos y serán los primeros que abandonen el barco, en perjuicio de los pequeños inversores (muchos jóvenes), que sostienen el tinglado, pagando altas comisiones y perdiendo al final casi todo lo invertido Es lo que pasó en la anterior burbuja cripto y lo que volverá a pasar, porque se trata de un activo especulativo, no apoyado en ningún activo con valor real.

Lo ha dicho bien claro (22 de febrero) el Banco Central Europeo (BCE), al hilo de la fuerte subida del bitcoin: “reiteramos que el valor real del bitcoin es cero”, escribieron en el blog del BCE dos de sus economistas, Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf. Y añadieron: “tras 15 años, el bitcoin ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada y sus transacciones siguen siendo lentas y costosas, además de haber sido incapaces de combatir su uso por los ciberdelincuentes”. Estiman que el bitcoin se utilizó para blanquear 23.800 millones de dólares en 2023 y para que empresas y particulares pagaran 1.100 millones de dólares en chantajes de ciberdelincuentes (por “ransomware”, secuestro de datos). Los economistas del BCE reiteran que el bitcoin no tiene ningún activo real detrás, contamina el medio ambiente (su “minería” consume mucha electricidad) y su cotización es “un espejismo” que se desplomará a medio plazo, porque su valor real es cero. “Se trata sólo de especulación y habría que tomar medidas drásticas contra su uso”, concluyen.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 una primera propuesta para regular este mercado “salvaje” (según otro miembro del BCE), tan peligroso como lo fueron en su día las hipotecas de alto riesgo (las “subprime) que provocaron la crisis financiera de 2008. El Reglamento MiCA, la primera normativa europea para regular la operativa en criptomonedas, lo aprobó el Parlamento Europeo en abril de 2023 y el Consejo Europeo en mayo, publicándose el 9 de junio en el Diario Oficial de la UE. Pero se concede un periodo de adaptación a entidades y paises, con lo que la nueva normativa no entrará en vigor hasta el 30 de diciembre de 2024 (algunos temas, el 30 de junio de 2024).

Mientras, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han lanzado ya dos alertas a los inversores sobre las criptomonedas. En su 2ª alerta conjunta, publicada el 9 de febrero de 2022, ya advirtieron del “elevado riesgo de estas inversiones”, por la extremada volatilidad, complejidad y falta de transparencia. Además, recordaban a los inversores (sin éxito, por lo que se ve) que los criptoactivos “no están regulados, no tienen consideración de medios de pago ni tienen el respaldo de los Bancos Centrales ni están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones”. Y, tras insistir que son “instrumentos complejos, no adecuados para pequeños inversores”, alertaban que “son muy especulativos y se puede perder todo lo invertido”. Por si fuera poco, ambos organismos reiteraban que es un mercado con poca transparencia en la formación de precios, con poca liquidez (hay dificultades para venderlos) con muchos problemas para reclamar a plataformas que están en el extranjero, sin control.

En paralelo a estas “advertencias”, la CNMV ha regulado la publicidad de las criptomonedas, supervisando miles de webs, plataformas e influencers, lo que llevó a dar un “toque de atención” (en 2021) al futbolista Andrés Iniesta, por anunciar en sus redes sociales (38 millones de seguidores en Instagram) la plataforma de criptomonedas Binance. Y el Banco de España creó, en octubre de 2021, el primer registro obligatorio para las empresas que ofrezcan criptoactivos en España: hay registradas 89 empresas (36 en 2023), aunque el propio Banco de España reconoce que eso no significa que supervise su actividad: sólo podrá hacerlo a partir de 2025, cuando entre en vigor el Reglamento MiCA europeo.

A pesar de tantas advertencias, los inversores españoles siguen lanzados a operar con bitcoins y otras criptomonedas, sobre todo los más jóvenes. Un ejemplo reciente refleja esta “fiebre cripto” : unos 400.000 españoles (ojo: casi el 1% de la población), la mayoría jóvenes, han hecho cola en las últimas semanas en los stands de la empresa de Inteligencia Artificial de ChatGPT (Open AI) para que les escanearan el iris y les pagaran la información con 13 criptomonedas de WordCoin (80 euros), la nueva cripto creada por Sam Altman, el padre de Chat GPT. Con ello, la empresa mata dos pájaros de un tiro: consigue datos biométricos claves y a cambio relanzan una nueva moneda, cuya cotización se ha disparado un 35% tras esta operación que han realizado también en otros 36 paises, desde EE. UU. a Japón y desde Noruega o Turquía a Sudáfrica.

Al final, el pasado 6 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió a Worlcoin seguir recogiendo datos del iris durante 3 meses ni utilizarlos, mientras va a investigar su operativa la Agencia de Datos europea. Pero el caso revela que el mundo cripto moviliza a los jóvenes, sea para lo que sea y aunque hayan tenido que hacer luego nuevas colas para cambiar estos criptos en cajeros,  que les han cobrado hasta el 25% de comisión…

Parece increíble, pero estamos ante una nueva burbuja cripto, con muchos inversores pequeños y jóvenes lanzados a este mercado como si fuera un casino, a pesar de las reiteradas advertencias del BCE, Banco de España, CNMV y múltiples expertos: ”es una estafa piramidal posmoderna” (Nobel P. Krugman), “es una herramienta de lavado de dinero y evasión fiscal“ (Nobel J. Stiglitz), “es como ir al casino” (Warren Buffet, uno de los mayores inversores del mundo). Y frente a un “lobby” poderoso de la industria cripto, que consigue enormes fortunas a base de comisiones y compraventas especulativas y opacas, a costa de sus clientes más vulnerables, que son los que se arruinan. Urge parar esta especulación, con normas, supervisión, multas y cárcel. Y quien piense entrar en este mundo cripto, recuerde: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

jueves, 7 de marzo de 2024

8-M: récord de mujeres trabajando

Mañana se celebra el 8-M y hablarán de la discriminación que las mujeres sufren todo el año. Hay avances: un récord histórico de mujeres trabajando (9,92 millones) y la brecha salarial con los hombres baja al -18,6%, la menor en 15 años. Pero sigue la discriminación: menos mujeres activas, menos trabajando (-1,4 millones que hombres), con peores contratos, puestos y sueldos (-4.341 euros de media), más paro, menos desempleo (cobran -16,28%), pensiones más bajas (-45% de jubilación) y sufren más la falta de ayudas a la Dependencia. La principal causa de su discriminación es que las mujeres cargan con “los cuidados” (hijos y dependientes), descuidando su profesión. Por eso, necesitamos enseñanza gratuita de 0 a 3 años y reforzar la Dependencia, para liberarlas. También aplicar Planes de igualdad en las empresas (2 de cada 3 no tienen). Y que los hombres ayuden en casa. Urge un Pacto nacional por la igualdad, desde la escuela al trabajo y los hogares, para mejorar la difícil situación de media España.

                    Enrique Ortega

Lo primero que choca es que la población femenina ha aumentado más que la masculina en España, según el Censo del INE, tanto en los últimos 5 años (+973.195 mujeres frente a +790.763 hombres, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2024) como en los últimos 16 años (+1.797.909 mujeres frente a +1.216.062 hombres entre 2008 y 2024). Pero ojo, al mirar la cifra de habitantes con más detalle, se ve que la cifra de mujeres nacidas en España ha bajado (-16.610 mujeres entre 2008 y 2024, frente a +44.287 hombres) y que si hay más mujeres censadas en España hoy es porque han venido muchas mujeres nacidas en el extranjero (hay +1.724.519 que en 2008, según el INE), sobre todo latinoamericanas, marroquíes y rumanas. Así resulta que, de las 24.875.363 mujeres censadas el 1 de enero en España, 4.528.894 nacieron en el extranjero (el 18,2%). 

A partir de aquí, de las mujeres que viven en España, analicemos su situación. La primera discriminación es que hay muchas más mujeres inactivas, que no buscan trabajo y se quedan en casa. De los 40.818.900 españoles en edad de trabajar (más de 16 años), a finales de 2023 (EPA),  20.996.800 son mujeres y 19.822.100 hombres. Pero casi la mitad de esas mujeres potencialmente activas decidieron quedarse en casa (9.543.400 mujeres “inactivas”, el 45,5%), frente a menos hombres (7.198.100 “inactivos”, el 36,3%). Y cuando se busca la causa, el 20% de mujeres inactivas lo justifica en que atienden a menores y dependientes (de 25 a 49 años suben al 29,4%), frente al 4,9% de hombres que lo aducen. En otros casos, las mujeres no buscan trabajo porque tienen menos formación, piensan que no lo encontrarán o porque han decidido “dedicarse a su hogar”.

Lo positivo es que ,en los últimos años, muchas mujeres se han lanzado al mercado laboral, para aportar ingresos al hogar (muchas de ellas, inmigrantes). Y así las mujeres activas, que trabajan o buscan empleo, aumentaron en +609.300 entre 2019 y 2023, mientras los hombres activos sólo crecieron en +309.400. Las que más se han lanzado a buscar trabajo son las mujeres mayores de 45 años, sobre todo entre 55 y 64 años (casi +500.000 activas), que buscan trabajo como cuidadoras o empleadas de hogar y en el comercio, la hostelería y la limpieza. Pero, aunque hay más mujeres en edad de trabajar, sólo hay 11.453.400 mujeres activas (trabajan o buscan trabajo) frente a 12.624.100 hombres, según la EPA.

La segunda gran discriminación es que estas mujeres activas encuentran menos empleo que los hombres. Los datos educativos revelan que las mujeres acaban más formadas que los hombres, pero encuentran más dificultades para acceder al primer empleo: hay menos chicas que chicos trabajando entre los 16 y los 24 años. Un factor importante es que los roles de género llevan a que las niñas y adolescentes opten más por estudios y carreras de humanidades frente a las de ciencias, que son “más de chicos”. Un estudio reciente revela que la segregación se da tanto en FP (sólo un 7% de chicas se gradúan en titulaciones técnicas frente al 52% de chicos) como en la Universidad (sólo hay un 14% de mujeres en Informática, un 27% en carreras técnicas y un 37% en matemáticas y estadísticas), lo que reduce su empleabilidad. Además, también cuenta la discriminación en las pruebas de selección, en las prácticas y becas y en “la cultura” de muchas empresas, que en igualdad de condiciones “prefieren contratar a un hombre que a una mujer”.

Al final, el resultado es que hay 1,4 millones de mujeres menos trabajando que hombres (aunque insisto, son más en edad de trabajar). A finales de 2023, había en España 21.246.900 personas ocupadas, 11.323.500 hombres (el 53,9%) y 9.923.400 mujeres. Un dato que refleja la discriminación laboral de la mujer, aunque también llama a la esperanza, porque las mujeres han conseguido una mayor parte de los nuevos empleos creados en España en 2023 (+437.200 de los 783.000 creados)  y entre 2019 y 2023 (+765.100 empleos, un 63,3% de los 1.208.500 creados en total). Con ello, el empleo femenino bate un récord histórico en España: nunca ha habido tantas mujeres trabajando (9.923.400 en diciembre de 2023) y son 1,2 millones más del anterior récord de empleo femenino (8.714.900 mujeres ocupadas en septiembre de 2008). Mientras, los hombres, aunque les ganan en empleos (11.323.500), todavía trabajan menos que en septiembre de 2007 (récord empleo masculino: 12.175.900). En 2024 se espera que trabajen en España más de 10 millones de mujeres, superando un listón impensable, aunque seguirá la discriminación mientras trabajen más hombres.

La tercera gran discriminación es que las mujeres tienen peores contratos, puestos de trabajo y categorías que los hombres. La reforma laboral (que entró en vigor el 31 de marzo de 2022) ha beneficiado a todos los trabajadores, reduciendo los contratos temporales y la precariedad, pero más a los hombres que a las mujeres, según los datos de la EPA. Así, el porcentaje de asalariados con contrato temporal ha bajado entre los hombres del 24,93% en 2019 al 14,2% a finales de 2023 (-10,73%) y del 27,37% al 18,9% entre las mujeres (-8,47%). Eso se debe, sobre todo, a que la mayor tasa de temporalidad se da en el sector público, donde hay más porcentaje de mujeres, sobre todo en sanidad y educación.

Con todo, el dato clave para explicar gran parte de la discriminación laboral de la mujer es que siguen aumentando los contratos a tiempo parcial (por horas o días): se hicieron +87.600 nuevos en 2023, +75.400 de ellos a mujeres. Eso refleja lo que pasa: las mujeres encuentran más trabajo que antes, pero la mayoría es a tiempo parcial. De hecho, de las 2.869.300 personas ocupadas a tiempo parcial, el 74% son mujeres (2.121.000). Y ojo, no es porque lo quieran así: la mitad de ellas dicen que es porque no encontraron un trabajo a jornada completa y de la otra mitad, solo un 10% eligió esa jornada, el 40% restante lo hace para cuidar a hijos y mayores dependientes.

Además de tener peores contratos, las mujeres se concentran en sectores con trabajos peor pagados y en categorías laborales más bajas, al margen de su formación. Unos ejemplos del INE: encargados (7,6% de los hombres y 4,7% de las mujeres), mandos intermedios (7,8% frente a 6,7%), directores de pequeña empresa o sucursal (8,3% frente a 4,9%). Además, el INE indica que sólo había un 34,8% de mujeres en cargos directivos (directoras o gerentes) de empresas en 2023. Y en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX sólo hay un 37,3% de mujeres consejeras, un 20% en cargos ejecutivos, un 26% en la alta dirección y sólo un 11,8 % son presidentas.

Todas estas discriminaciones laborales, en los contratos, puestos de trabajo y categorías, se traducen en una 4ª discriminación, la más visible: las mujeres ganan menos que los hombres. Hay dos maneras de medir esta “brecha salarial”, las dos con datos del INE: una, el sueldo principal que refleja la EPA (último dato 2002) y la otra, la Encuesta de Estructura Salarial (último dato 2021). Según la primera estadística, el sueldo medio de los hombres fue de 27.642 euros brutos en 2022 y el de las mujeres 23.301 euros, 4.341 euros menos. Es una “brecha salarial” (lo que debería subir el sueldo de la mujer para equipararse) del -18,63%, alta, pero la menor en los últimos 15 años en España, según CCOO, que recuerda que ha bajado del -31,4% máximo en 2014 al -22,6% en 2019 y al -20,9% en 2021. Si nos atenemos a la estadística de salarios, en 2021, el salario medio bruto de los hombres era de 28.388 euros frente a 23.175 euros las mujeres, 5.213 euros menos,  una “brecha” del -22,5% según CCOO (no el 18,4% que dice el INE), porque es el porcentaje que tendría que subir el sueldo de la mujer para equipararse al hombre. Y esa brecha, medida con esta otra estadística, también ha mejorado y es la menor desde 2008 (-28%).

¿Por qué ganan menos las mujeres? Un informe de CCOO responde que el 70% de esta discriminación salarial se debe a que tienen un exceso de contratos a tiempo parcial (el 74% del total), contratos por horas o días en los que ganan menos de la mitad de lo que ganarían con un contrato a jornada completa (11.650 euros frente a 28.185, según el INE). Según el sindicato, si las mujeres tuvieran el mismo porcentaje que los hombres de trabajo a jornada completa, la brecha salarial bajaría del -18,6 al -5,7%, a menos de la tercera parte.

 Y otro factor que, según CCOO, pesa muy negativamente es que las mujeres cobran muchos menos complementos que los hombres y eso aumenta la brecha salarial final, que no es tan grande en el salario base. Así, las mujeres no suelen cobrar complementos como los que se abonan por esfuerzo físico, penosidad, nocturnidad o disponibilidad horarias, que suelen estar “masculinizados”. También cobran menos complemento por antigüedad, dado que la maternidad acorta sus carreras profesionales. Y en paralelo, como tienen menos puestos directivos, cobran también menos pluses y bonus discrecionales ligados a tareas directivas.

Hay otro factor más que explica los menores salarios de las mujeres: los sectores en los que trabajan mayoritariamente, que tienen sueldos más bajos. Así, el 42% de las mujeres asalariadas se concentran en 7 sectores que pagan un salario por debajo de la media (2.128 euros mensuales en 2022, según la EPA): empleo doméstico (cobran 981 euros brutos de media), hostelería (1.390 euros), agricultura, ganadería y pesca (1.477), actividades administrativas y auxiliares (1.567), actividades artísticas y recreativas (1.598), otros servicios, entre ellos los cuidados (1.599 euros) y comercio (1.771 euros).

Y llegamos a la 5ª gran discriminación: hay más mujeres que hombres en paro, debido a que aumentan las que buscan trabajo y la mayoría de empleos se los llevan los hombres. A finales de 2023, en España había 2.830.600 parados (EPA), de los que 1.530.000 eran mujeres (13,3% de tasa de paro) y 1.300.600 eran hombres (10,30% de tasa de paro sobre activos). Y se ha reducido menos el paro entre las mujeres que entre los hombres, tanto en 2023 (-93.000 frente a -100.400) como respecto a 2019, antes de la pandemia (-128.800 frente a -205.500 que redujeron el paro los hombres). La mayor parte del paro femenino se concentra en mujeres que trabajaban en la hostelería (144.600), el comercio (116.000), sanidad y servicios sociales (66.200), administrativas y servicios auxiliares (61.600), la educación (52.800) y la Administración Pública (-51.400), aunque la mayoría son paradas que perdieron su empleo hace más de 1 año (620.500).

Y estas mujeres paradas sufren la 6ª gran discriminación: el seguro de desempleo les cubre menos (porque muchas, por los cuidados, han interrumpido su cotización o no han cotizado) y les paga un subsidio menor. En 2023, había 983.997 mujeres beneficiarias del desempleo (sólo 408.000 con prestación contributiva, según lo cotizado y 574.729 con prestación asistencial), frente a 790.537 beneficiarios hombres (391.823 con prestación contributiva y 398.874 asistencial), según el SEPE. Pero como hay más mujeres paradas que hombres, la tasa de cobertura de las mujeres (el porcentaje que reciben alguna ayuda) fue del 63,3% de media frente al 75,7% los hombres. Y además de estar menos cubiertas, cobraron menos de subsidio contributivo (el asistencial son 480 euros mensuales, iguales para todos):  888 euros de media mensual las mujeres frente a 1.032.6 los hombres. Otra “brecha”, en el cobro del desempleo, del -16,28% (-20,29% para paradas de 50 años a 60 años y -23,20% para paradas mayores de 60 años), según los datos del SEPE.

Como las mujeres trabajan menos, ganan menos e interrumpen sus carreras de cotización o cotizan menos años (por los cuidados), también tienen pensiones más bajas que los hombres, la 7ª mayor discriminación de la mujer: la pensión media de las mujeres, el 1 de febrero de 2024, era de 1.020,93 euros, frente a 1.506,02 los hombres, según la SS, una “brecha” en todas las pensiones del -47,51%. Y en el caso de las pensiones de jubilación (que cobran 2.639.170 mujeres, frente a 3.811.619 hombres), la diferencia es también enorme: 1.132,89 euros de jubilación cobran de media las mujeres frente a 1.647,8 euros los hombres, otra “brecha” del -45,45%. La mayor brecha, fruto de las brechas de una vida…

Y queda otra discriminación más, la 8ª: la discriminación en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más que los hombres (85,8 años de media frente a 80,3) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 63,11%). Y por eso sufren más los problemas de retrasos en las ayudas (hay 158.198 dependientes reconocidos “en lista de espera” para recibir las ayudas, lo que provoca que 70 dependientes mayores mueran cada día sin recibirlas, 44 de ellos mujeres) y de falta de medios y atención, desde la ayuda a domicilio a la teleasistencia y la falta de residencias.

Por si fueran pocas estas discriminaciones laborales, las mujeres sufren también otra discriminación en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de hijos y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante, aunque compartida. Eso supone que el 80,82% de las mujeres cargan con las principales tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres  (casi 10 millones) confiesan que hacen poco o nada, según la última Encuesta del INE (2021). Un 40,2% de las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% se encargan mayoritariamente del cuidado de los mayores, frente al 20,5% de los hombres.

En resumen, que aunque su ocupación mejora y baja la brecha salarial con los hombres, la situación de las mujeres en 2024 sigue siendo muy preocupante. Para CCOO, el problema de fondo es que hemos relegado a la mujer a los cuidados (de niños y padres o familiares dependientes) y con eso la hemos condenado a interrumpir su carrera laboral y tener más problemas para optar a mejores puestos, fomentando el trabajo a tiempo parcial y los bajos salarios. Se ha avanzado con la reforma laboral y las subidas del salario mínimo (que favorecen más a las mujeres), pero las desigualdades siguen ahí, de fondo, porque las mujeres siguen “atadas” a los cuidados. Por eso, muchos expertos apuestan por tomar 2 medidas claves para “liberarlas en parte”: aprobar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años (pendiente Presupuestos 2024) y mejorar la atención a la Dependencia, para que haya más ayudas y recursos, más atención pública a los dependientes en el hogar, en centros de día y en residencias.

En paralelo, los sindicatos se quejan de que las empresas, sobre todo las pymes, no se han tomado en serio los decretos que obligan a llevar un registro de salarios (obligatorio) y a aprobar Planes de igualdad, que son obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores desde el 8 de marzo de 2022. Han pasado 2 años y CCOO estima que no existen estos Planes en el 66% de las empresas. Y tampoco el sector público, desde los Ayuntamientos a las autonomías, Ministerios y empresas públicas, está dado ejemplo. Y falta una política de racionalización de horarios, desde las empresas a los restaurantes, locales de ocio y TV, que permita a las mujeres conciliar su trabajo con su familia. Y queda la gran asignatura pendiente, el reparto de tareas en el hogar, donde los hombres tienen que hacer mucho más (no sólo “ayudar”…) Y también los chicos adolescentes.

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, pero se avanza poco, poniendo parches a un problema muy complejo, como pasa también con la Crisis Climática. Y a este paso, la igualdad de la mujer tardará 135 años, según el Foro de Davos. Urge pactar acuerdos legislativos, económicos, laborales, educativos, sociales y familiares, para afrontar uno de los grandes retos de este siglo, al margen de las ideologías: lograr la igualdad para media España. Ganaríamos todos.

lunes, 4 de marzo de 2024

España: menos productivos, menos ricos

España creció más que la mayoría de Europa en 2023. Pero ojo, la OCDE acaba de alertarnos de un dato preocupante: la renta per cápita de las familias españolas es menor ahora que en 2007. ¿Cómo es posible? Porque hemos tenido que repartir el crecimiento entre más gente (+3,8 millones) y porque la inflación se ha comido el aumento. Pero hay una causa de fondo: España produce menos por habitante (y por trabajador) que otros 16 paises europeos, la mayoría más pequeños. Somos menos productivos, por 2 motivos: aquí trabaja menos gente y trabaja peor, con menos eficiencia, por culpa de la peor formación, menor tecnología, innovación y digitalización, menos inversión, pequeño tamaño empresas, escaso peso de la industria y la exportación, deficiente gestión empresarial y organización del trabajo, más una falta de financiación y un exceso de burocracia. En marzo, el Gobierno creará el Consejo Nacional de Productividad, para intentar ser más productivos y conseguir así vivir mejor. Una asignatura pendiente desde hace décadas (o siglos). 

                    Enrique Ortega 

España volvió a crecer en 2023 más que la mayoría de Europa: el PIB aumentó un +2,5%, cinco veces el aumento de la UE-27 y la zona euro (+0,5%), por encima de Francia (+0,9%), Italia (+0,7%) y sobre todo de Alemania (cayó un -0,3%), incluso de Reino Unido (+0,1%). Con ello, España se consolida como la 4ª mayor economía de la UE, con una producción (PIB) de 1.462.070 millones de euros en 2023, sólo por detrás de Alemania (4.121.160 millones), Francia (2.639.092 millones e Italia (1.946.079 millones). Y si tomamos toda Europa, seríamos la 5ª mayor economía europea, porque Reino Unido es la 2ª (2.953.557 millones de PIB). A España le siguen, de lejos, Paises Bajos (1.032.841 millones), Polonia (654.594 millones), Bélgica (554.044 millones) e Irlanda (506.582 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la renta y la riqueza de cada país. Y aquí, la situación cambia drásticamente: España produjo 30.253 euros por habitante en 2023, un 83% de la media UE-27 (36.419 euros), un 62% que Alemania (48.853 euros per cápita), un 78% que Francia (38.770 euros) y un 91% que Italia (33.075 euros). Pero producimos casi la mitad que Paises Bajos (57.980 euros por habitante) y menos de la mitad que Dinamarca (63.162 euros), Irlanda (97.474 euros) y Luxemburgo (117.468 euros), los 3 paises más productivos de Europa.

Este dato tampoco es el real, porque hay que tener en cuenta la inflación de cada país, para medir el PIB per cápita según el poder de compra. Eurostat no ha publicado el dato de 2023, pero en 2022 España ocupó el lugar 17º en el ranking de producción por habitante, descontando la inflación: produjimos el 86% de la media europea (UE-27), algo más que en 2021 y 2020 (83%), pero peor que antes de la pandemia (91% en 2019) y que en 2017 (93%). Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos un PIB por habitante que era el 76% de la media europea y en el año 2000 rozamos la media (98%), para superarla por primera vez en 2002 (101%), alcanzando nuestro máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y manteniéndonos por encima en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009 (101%). Con la crisis financiera y de deuda, nos dimos un batacazo en 2010 (el PIB por habitante bajó al 96% de la UE-28), para seguir cayendo después, hasta un mínimo en 2020 y 2021 (83%), por la pandemia, que apenas se recuperó en 2022 (86%: la “brecha” con Europa de 1990).

Esto significa que España, aunque sea la 4ª mayor economía de la UE, está por detrás de 16 paises europeos en producción por habitante y renta. En 2022, había 11 paises UE que producían más por habitante que la media UE-27 (índice 100) y por eso son los más ricos, según Eurostat: Luxemburgo (256% del PIB por habitante europeo, porque tiene un alto PIB y poquísima población censada), Irlanda (235%, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y producen en otros paises), Dinamarca (produce un 136% del PIB medio UE), Países Bajos (130%), Austria (124%), Bélgica (120%), Suecia (119%), Alemania (117%), Finlandia (110%), Malta (104%) y Francia (100% PIB por habitante UE).

Luego hay un 2º grupo de paises comunitarios que están por debajo de la media de productividad de la UE-27 y cuya renta es inferior a la de los paises más ricos, liderados en el puesto 12º por Italia (97% del PIB medio UE, que perdió en 2014) y con España en el puesto 17º (86% del PIB por habitante UE en 2022), tras ser “adelantada” en los últimos años por 5 paises pequeños: Malta (nos superó en 2014 y tiene el 102% del PIB por habitante de la UE-27), República Checa (nos adelantó en 2019 y ahora tiene el 90% del PIB por habitante europeo), Chipre (94%), Eslovenia (90%) y Lituania (89%), tres paises que adelantaron a España en 2020. Y tenemos cerca a Estonia (85%), que superó a España en 2021, quedando más lejos Portugal y Polonia (79% del PIB por habitante UE). En 2023, según los datos del FMI, España habría ganado dos puestos, hasta el puesto 15º del ranking UE-27, adelantando a Lituania y República Checa (dudoso), pero colocándose en el puesto 21º en el ranking mundial de los paises más productivos (y más ricos).

El problema de la menor productividad de España viene de lejos y explica que, aunque crezcamos más, los españoles no lo noten apenas, porque este mayor crecimiento se reparte entre más población y la mayor parte se lo come la inflación. Es lo que revela un reciente estudio de la OCDE: la renta real de los hogares españoles era a finales de 2023 inferior (-2,4%) a la renta que tenían en 2007, antes de la crisis financiera. El PIB ha crecido en 386.531 millones de euros en estos 16 años (+35,93%), pero ha crecido mucho la población española (hay 3.808.250 habitantes más para repartir) y los precios han subido un +39,7% (comiéndose el crecimiento del PIB). Eso explica que la renta real (descontando la inflación) de los españoles haya caído desde 2007 mientras subió un +22% en los 34 paises que integran la OCDE. Junto a España (-2,4%), también cae la renta real en Grecia (-20,9%) e Italia (-6,8%), 3 de los 4 paises que sufrieron los ajustes tras 2010 (pero en Portugal sube un +10,5%). Los paises que han ganado más renta per cápita desde 2007 son Polonia (+65,9%), Hungría (+50,7%), Estados Unidos (+26%), Eslovenia (+23,7%), Dinamarca (+23,2%) y República Checa (+22,3%), junto a Paises Bajos, Finlandia y Alemania (+13%).

Es tremendo: la renta real de los españoles es hoy algo más baja que en 2007. Un dato, como el PIB por habitante frente al resto de Europa (puesto 17º), que refleja que España crece, pero con poco potencial, con poca productividad. ¿Qué pasa? Básicamente hay 2 causas de fondo que explican que seamos menos productivos y por ello tengamos menos renta que dos tercios de los europeos: en España trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente: hay menos personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) era del 65,7% (tercer trimestre 2023), frente al 70,4% en la UE-27, el 77,3% en Alemania, el 74,3% en Francia o el 66,1% en Italia (y el 81,5% en la República Checa o 78,6% en Lituania, por ejemplo), según Eurostat. Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 2,2 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la de Alemania, en España trabajarían casi 4 millones más.

Segundo, los que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Esta pérdida de productividad en las últimas dos décadas no se debe a la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas), que ha crecido una media anual del +0,7% (menos que el +1,1% en la UE), sino a la caída de la productividad del capital (valor añadido generado por el capital disponible), que ha bajado un -1,2% anual. Y eso, por el exceso de inversión inmobiliaria, que ha supuesto un lastre para la productividad del capital en España, por el exceso de activos inmobiliarios poco productivos acumulados por las empresas. Y también por la baja inversión de las empresas españolas en “activos intangibles”, claves para aumentar la productividad: I+D+i, software y bases de datos, diseño, imagen de marca, formación y organización y gestión.

Es un mito decir que la caída histórica de la productividad en España se debe al gran peso de los servicios, el comercio y el turismo. En realidad, la caída afecta a casi toda la economía: cayó un -19% frente a Europa (entre 1995 y 2019) en todos los sectores, un -20% en la industria y un -26% en las actividades profesionales y servicios. Y sólo mejoró la productividad en el campo (+14%), según este estudio de Fedea. Y hay una gran desigualdad en la productividad por regiones: superan la media española (índice 100) el País Vasco (122,4), Madrid (119,5), Navarra (113,4), Cataluña (105,1), la Rioja y Baleares (100,9), las autonomías más ricas, y muy por debajo Extremadura (82,2), Murcia (83,5), Canarias (87,7), Andalucía (87,8) y Castilla la Mancha (89,1), según este otro estudio de Fedea.

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar. De hecho, el 80% de las empresas españolas tienen menos de 3 trabajadores y sólo hay 5.273 empresas (el 0,18%) con más de 250 trabajadores. Pero resulta que cuando se comparan las empresas españolas con las alemanas, francesas o italianas, todas producen entre un 10 y un 20% menos, independientemente de su tamaño.

Por eso, estos expertos argumentan otras causas con más peso. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Por un lado, el 48% de la población activa española carece de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales y las empresas españolas, con salarios más bajos, atraen menos “conocimiento”. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados muchos en el “ordeno y mando” y sin capacidad de innovación organizativa y gerencial.

La 2ª causa, igual de importante, es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i se redujo en 2022 al 1,44% del PIB, frente al 2,24% de media en la UE-27. Y esta baja inversión en tecnología es aún menor en las empresas (0,7% del PIB, la mitad que las empresas europeas). Eso conlleva fabricar productos poco complejos, de bajo valor añadido y con un empleo poco estable. Y, además, las empresas invierten poco en digitalización, big data, e-commerce, teletrabajo, redes sociales e inteligencia artificial. Y también en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además de inversiones en bienes no tangibles (software, bases de datos, marca, diseño…).

Un tercer factor que juega contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas de la baja productividad se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron 11.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Al final, la reflexión es que el crecimiento de España se ha basado en el esfuerzo, en el trabajo (se hacen más horas que en otros paises) y el capital tangible (maquinaria, naves e infraestructuras) más que en el progreso tecnológico, la innovación y la inversión en intangibles (desde la imagen de marca al big data). Urge avanzar por un triple camino: mejorar la productividad del trabajo (empleados mejor formados), mejorar la productividad del capital (invirtiendo en tecnología que permita producir más) y mejorar la organización y gestión de las empresas, para ser más productivos con el trabajo y el capital disponibles. Tareas que exigen cambios de fondo en la enseñanza (de la escuela a la Universidad), en el reto tecnológico y digital, la comercialización y exportación, la organización del trabajo y las políticas públicas, que deben promover la productividad.

Para avanzar en estos retos, el Gobierno anuncia que en marzo creará el Consejo Nacional de Productividad, un organismo que recomendó Bruselas en 2016 y que tienen todos los paises europeos, salvo España, Italia y Estonia. El objetivo será “conseguir empresas más grandes, más productivas y competitivas”. Podría ser un instrumento clave para reorientar la economía y dirigir los 83.000 millones de créditos pedidos por España como adenda al Plan de Recuperación, apoyados por la futura empresa pública de Transformación Tecnológica (SETT), donde se agruparán las participaciones públicas en empresas tecnológicas. Todo hará falta para conseguir que, en las próximas 2 décadas, España sea más productiva, con más empresas competitivas. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica. Es nuestra gran asignatura pendiente.