Reforma Cajas: tardía, corta, cara y escandalosa

Penúltimo acto de la reforma de las Cajas de Ahorros, un culebrón que lleva año y medio entre fusiones, inyecciones de capital, salidas a Bolsa y nacionalizaciones, con un alto coste, que en parte pagamos los contribuyentes. Y los mismos directivos que hundieron a las Cajas, prestando sin control al ladrillo y a Gobiernos autonómicos, se han embolsado 120 millones en indemnizaciones y pensiones de lujo, sin que ninguno haya acabado en el juzgado. Lo peor es que la reforma se ha hecho tan tarde y tan mal que las Cajas que quedan están sin fuelle: no prestan, no hacen Obra social y encima nos suben comisiones. Y se teme que el próximo Gobierno tenga que hacer otro saneamiento, con más dinero público.

enrique ortega

Hace más de dos años, cuando EEUU y Europa recapitalizaron sus bancos, el Gobierno Zapatero no hizo nada, porque teníamos “los bancos y Cajas más saneados del mundo”. Pero en junio de 2010, con la crisis europea, se intenta el primer parche, aprobando una Ley de Cajas para que se fusionen contra reloj, pasando de 45 Cajas a 17, en un intento de que las buenas salven a las malas. En enero de 2011, el Gobierno cambia las normas y les exige más capital (10%), más que en cualquier país del mundo. En marzo, el Banco de España saca la lista de 9 Cajas (de las 15) que necesitaban sanearse y buscar capital en seis meses. Y por fin, el 30 de septiembre, nacionaliza tres Cajas que no han conseguido inversores privados  (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim), después de intervenir en julio la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en quiebra técnica.

No es casualidad que las tres Cajas nacionalizadas sean una gallega y dos catalanas. La Xunta y la Generalitat se han empeñado estos meses en no perder el control de las Cajas, su “juguete”, impidiendo fusiones que llevaran el control a otra autonomía (como las castellanas Caja Duero-Caja España, absorbidas por la andaluza UniCaja). Y el Banco de España se lo ha permitido. Resultado: ha habido que nacionalizarlas e inyectarlas 4.751 millones de euros, más  otros 2.800 millones para la CAM. Pero no es el único coste: anteriormente, el FROB (Fondo de Regulación Ordenada Bancaria) había inyectado 17.844 millones en 9 Cajas (CCM, Caja Sur, CAM, Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, BMN, Unnim y Banca Cívica), la mitad en capital (a ver cuánto se recupera) y la mitad en créditos (a ver cuántos se cobran). En total, 25.395 millones, un  dinero en parte nuestro, porque el Presupuesto aportó 6.750 millones al FROB.

Y queda colocar la CAM a finales de octubre, lo que nos va a costar al menos otros 17.750 millones más para encontrar un novio (BBVA, Santander, Sabadell…) que se quede con esta Caja y su agujero de créditos inmobiliarios irrecuperables. Y van ya 43.145 millones. Eso sin sumar lo que han costado al contribuyente las prejubilaciones de las Cajas: 12.000 empleados que salen a los 55 años y se prejubilan a los 63, otra factura de 1.100 millones a costa del INEM y la Seguridad  Social.

Lo peor es que después de haber enterrado casi 45.000 millones en intentar sanear las Cajas, una parte ha ido al bolsillo de los directivos que las hundieron : se estima que 70 ex directivos se han llevado en indemnizaciones y pensiones 120 millones de euros, la mayor parte en NovaCaixaGalicia (47 millones, 16,5 la jubilación del anterior director general) y en la CAM, donde la ex directora general, despedida, se ha llevado 370.000 € de pensión vitalicia, después de manipular las cuentas para engañar al Banco de España. Pero hay más: estos directivos se  concedieron créditos a sí mismos y a sus consejeros (76,2 millones NovaCaixaGalicia y 161 millones la CAM), así como a inmobiliarias y constructores afines (en la CAM, un promotor inmobiliario estaba al frente de la comisión de control que concedió 16.000 millones a promotores, incluido él mismo, la mitad irrecuperables), sin olvidar financiar a los Gobiernos autonómicos (dos días antes de ser intervenida, la CAM compró 200 millones de pagarés de la Generalitat), Ayuntamientos, sindicatos e instituciones… Todos ordeñaron la vaca.

Y claro, nadie vigilaba ni protestaba. Y ahora todos se echan las culpas del desaguisado. El Banco de España dice que no es cosa suya vigilar los sueldos de las Cajas, aunque los ha autorizado año tras año. Las autonomías tienen la tutela de las Cajas, pero “tampoco sabían nada”, a pesar de que la Xunta o la Generalitat tenían un representante en la comisión de control donde se veían los sueldos. Los consejeros, desde instituciones a sindicatos, tampoco se enteraron. Y los auditores, cobraban y firmaban (KPMG aprobó las cuentas de la CAM).

Al final, año y medio de una reforma cerrada en falso y con posibles sorpresas. Mejor hubiera sido intervenir las Cajas malas hace dos años y sanear por decreto: nos hubiera costado menos. Sobre todo, se hubiera evitado que las Cajas, la mitad del sistema financiero, lleven año y medio al ralentí, sin prestar a empresas (eran el oxígeno de las pymes) y particulares, perdiendo negocio en beneficio de la banca. Y los clientes lo pagan, ya que les están subiendo comisiones para sobrevivir. Y han recortado  a la tercera parte su Obra Social (de 2.000 millones en 2007 a 700 este año).

Con todo, el problema es que la costosa  reforma actual será insuficiente, porque la crisis va a deteriorar su nuevo capital (tienen 100.000 millones de créditos problemáticos) y van a tener problemas para financiarse en unos mercados cerrados, lo que puede obligar a una nueva inyección de capital (Merril Lynch habla de 23.000 millones más para las nacionalizadas NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, la CAM y las presumiblemente salvadas Bankia y Caja 3 ), una segunda oleada de fusiones ( lo defiende Montoro, del PP) o ventas a bancos (quedarían menos de 10 Cajas) y nuevos recortes de plantillas y oficinas. O sea, otro saneamiento en unos meses, con más dinero público. Vaya historia.

El penúltimo cartucho contra el paro

El paro ha vuelto a subir en septiembre, el peor dato en 15 años. Y seguirá subiendo, hasta superar los 5 millones de parados este año. El Gobierno aprobó en pleno agosto un paquete de medidas desesperadas para facilitar el empleo de los jóvenes, con contratos de formación y temporales. También ha autorizado ya a 50 empresas privadas de colocación a que colaboren con el SEPE (antiguo INEM). Y para fin de mes, el Gobierno se despide con ayudas a  la contratación de parados con más de 55 años y una Estrategia de Empleo a 3 años, que ha intentado pactar con las autonomías. Pero el PP dice que no quiere hipotecas y deja entrever que puede hacer recortes también en el desempleo, cuando el 42% de los parados no cobra ni un euro. El paro, la primera preocupación de los españoles, no permite peleas políticas ni esperar cuatro meses para tomar medidas. Hacen falta acuerdos ya.

ENRIQUE ORTEGA

El paro registrado llevaba bajando desde marzo, pero en agosto se rompió la racha y volvió a subir en septiembre, con 4.226.700 parados inscritos. Y falta conocer el 28 de octubre los parados estimados (EPA tercer trimestre), que incluye los que no se registran, y que podrían llegar a los 5 millones a fin de año. Con todo, lo más grave es que casi la mitad de estos parados (47,8%), 2.310.000 personas llevan más de un año parados (y la mitad de ellos, más de 2 años sin trabajo). Un drama que afecta a tres grupos: jóvenes (un millón), mujeres (otro millón, la mitad de las paradas, llevan más de un año) y mayores de 55 años. 

El Gobierno aprobó a finales de agosto tres medidas que luego sacó adelante en el Congreso en solitario (con la abstención de PP, CiU y PNV).La primera, un nuevo contrato de formación, de 1 a 3 años, para “jóvenes” de 16 a 30 años sin cualificación profesional, con un 75% de trabajo y un 25% de formación, un sueldo no inferior al mínimo (641 €) y donde la empresa deduce hasta el 100% de la Seguridad Social. En España hay 1.200.000 menores de 30 años sin la ESO o cualificación profesional, jóvenes que son más “estudiantes fallidos” que parados. “Mejor que hagan prácticas a que estén parados en casa”, se argumenta, pensando en colocar 100.000 al año.

La segunda medida es no poner trabas a encadenar contratos temporales. Hasta ahora, tras 2 años de encadenar contratos temporales, la empresa tenía que hacerle fijo o echarle (lo más usual). Ahora se permiten otros 2 años más de contratos temporales (se hacen medio millón cada mes) y se dan ayudas si luego lo hacen fijo. “Mejor temporal que parado”, es la reflexión. Y la tercera medida, ampliar 6 meses más la ayuda de los 400 euros a los parados que han agotado la prestación, a cambio de que hagan cursos de formación.

“Son medidas desesperadas”, dijeron los sindicatos. Ciertamente: medidas desesperadas para una situación desesperada. Otras son medidas obvias, como permitir que las empresas privadas de colocación ayuden al SEPE (antiguo INEM) a colocar a los parados. El 20 de septiembre se autorizó a la primera (Manpower) y ya son 50 las que pueden firmar convenios con las autonomías para orientar a los parados registrados. Ahora, el SEPE sólo coloca a un 3% de los parados, frente a un 14% las ETTs privadas, aunque el primer canal de empleo es Internet, utilizado por un 27% de las empresas y la mayoría de los parados. Queda reforzar sus medios: tiene 7.700 empleados, frente a 75.000 de Alemania o Reino Unido o los 40.000 de Francia. Y hay que remodelar la formación que ofrece, ya que sólo uno de cada cinco parados inscritos hace cursos cuando más de la mitad carecen de cualificación.

A finales de octubre, el Gobierno aprobará más medidas desesperadas. Una, la Estrategia 55 y más, para facilitar la contratación de parados mayores de 55 años: hay 380.000, la mayoría condenados a no trabajar nunca más. Se plantea bonificar a las empresas que los contraten hasta el 100% de la seguridad Social e incluso, si les ofrecen un sueldo menor al desempleo  que cobra (entre 838 y 1.397 euros), el SEPE le complementaría el salario o la cotización. Se ofrece al sénior ser mileurista a cambio de un trabajo y una pensión futura…

Otra novedad, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, que establece objetivos  de actividad, empleo, temporalidad en el trabajo e igualdad de género, buscando coordinar las políticas de empleo, donde se gastan 7.500 millones al año. Este Plan es una exigencia europea y un compromiso acordado en el pacto social firmado en febrero. Pero el PP, que gobierna la mayoría de las autonomías (tienen la gestión del desempleo) no ha querido ni entrar a discutirlo: “No queremos hipotecas”. De paso, lo que sí han insinuado (y luego retirado) es que si llegan al Gobierno, podrían revisar los subsidios.

Abrir el melón de recortes en el desempleo choca con que la cobertura es la más baja desde que empezó la crisis: se gastan 500 millones menos al mes en subsidios (2.500 millones) y hay 300.00 parados menos cobrando. Pero sobre todo, hay 2.048.800 parados (el 42,4%) que no cobran ni un euro del desempleo. Y de los 2.784.900 que cobran algo, sólo la mitad recibe una prestación (por la que han cotizado): 838,90 euros al mes de media. La otra mitad sólo cobra 400 euros al mes, la mayoría durante medio año. Y todo apunta a que en 2012 habrá menos parados cobrando, porque se les acaba a los muchos inscritos en 2009. 

A pesar de estas medidas de última hora, no pinta bien para el empleo, ya que se teme un menor crecimiento en 2011 (0,8%) y 2012 (1%), con  un ligero aumento del paro. Y la OCDE estima que España no creará empleo suficiente hasta 2016. Pero no podemos conformarnos ni tirar la toalla. Hay que acabar con las peleas políticas y sumar esfuerzos (sobre todo las autonomías, que gestionan los servicios de empleo) para luchar contra el paro. Desde ya, sin perder estos tres meses, pero sobre todo a partir del 20-N. Es la guerra de todos.

Catastrazo veraniego

Al volver de vacaciones, los vecinos de Madrid y otros 215 municipios españoles nos hemos encontrado con una carta del Catastro en la que nos anunciaban que nuestro piso valía más, que nos habían subido su valor catastral más de un 70%. Y  que en 2012 vamos a pagar más IBI, el principal impuesto municipal. Y también más basuras, transmisiones patrimoniales, renta y quizás, más en patrimonio. El año que viene, serán muchos más los municipios que revisarán el catastro, ya que la mayoría no lo ha hecho en los últimos 10 años. Pero ahora lo necesitan, porque las arcas municipales están vacías.

enrique ortega

El catastrazo veraniego afecta a 3,4 millones de viviendas, locales y garajes, de los que 2 millones están en Madrid y el resto en 215 municipios de toda España, entre ellos Castellón, Ciudad Real, Ibiza, Marbella, Móstoles, Roquetas de Mar, Águilas o Miranda de Ebro. La novedad este año es que puede conocer la revisión catastral por Internet, para reducir el gasto de comunicar los nuevos valores. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, sólo un 12% de propietarios ha accedido a la web del Catastro para saber el nuevo valor de su piso, con lo que hay que enviar otra carta al resto, lo que costará más de 6 millones de euros. Y en el resto de municipios ha pasado lo mismo.

La revisión ha subido el valor catastral de las viviendas por encima del 70% sobre el valor de hace 10 años, debido al boom de precios del periodo 2001-2007, ya que en los últimos tres años los pisos han bajado casi un 20%. En Madrid, la revisión media ha sido del 74% y los propietarios de viviendas pagarán un 5,7% más al año de IBI (impuesto de bienes inmuebles), lo que supone entre 24 y 60 euros más por recibo (y 127 millones de ingresos extras al Ayuntamiento). En el resto de España, la subida será similar, aunque hay Ayuntamientos (como Ciudad Real y Marbella) que prometen compensar la revisión bajando el IBI.

Con esta actualización, el valor catastral se acerca al 40% del valor de mercado. Por Ley, no puede superar el 50% y si algún propietario está disconforme con la nueva valoración, tiene un mes para reclamar ante el Catastro o ante el Tribunal Económico Administrativo, pero sólo un 5% de los propietarios lo hacen. Eso sí, el recurso no le libra de pagar el nuevo recibo del IBI, que le llegará en 2012.

La revisión del catastro no supone sólo pagar más en el IBI. Es la base para otros impuestos locales, autonómicos y estatales. Empezando por la tasa de basuras, que se calcula sobre el valor catastral (0,136% en Madrid) y que también subirá en 2012. Lo mismo el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, cuya base imponible se calcula como un porcentaje del valor catastral. O el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que paga el vendedor de un piso a las autonomías, que lo calculan a partir del valor catastral. Y en el IRPF, se imputa como ingreso el 2% del valor de la vivienda. Por último, la revisión también puede afectar a la próxima declaración del patrimonio, para rentas medias y altas.

El IBI es el principal impuesto municipal, ya que aporta unos 10.000 millones de euros, el 18% de los ingresos locales. Y su recaudación ha crecido un 22,8% desde 2007, a pesar de la crisis. El impuesto se calcula aplicando un tipo al valor catastral, que va de un 0,4% mínimo a un máximo del 1,1%.Pero luego, muchos Ayuntamientos aplican recargos y contribuciones especiales. Y así, se producen muchas diferencias, siendo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y Baleares las comunidades con más presión fiscal del IBI (cuota/PIB) y el País Vasco, Galicia y Aragón las que tienen menos. Por ciudades, las capitales con el IBI más alto son Valencia (0,97%, unos 86 euros por recibo), Sevilla (0,75%, 102 euros por hogar) y Barcelona (0,75%, 91 €), aunque el ranking lo encabezan Huelva (1.06%) y Cádiz (1,01%). En la cola están San Sebastián (0.18%), Vitoria (0,22%) y Pamplona (0,35%), mientras Madrid (0,58%) se mantiene en la media.

El valor catastral se revisa teóricamente cada 10 años, pero la mayoría de municipios no lo han hecho: de los 7.589 municipios españoles, un 58 % (4.387) no han revisado los valores en los últimos 10 años, según el Catastro. En Cataluña, por ejemplo, el 73% de los municipios no han revisado el catastro en los últimos 10 años. Y lo mismo el 60% de los municipios de la Comunidad Valenciana, incluidos Valencia (1998), Alicante y Castellón (1996). La razón es que no les hacía falta: el boom inmobiliario llenaba las arcas municipales (54% ingresos venían del ladrillo) sin tener que revisar el catastro. Pero ahora, con la crisis, la situación cambia y se espera un aluvión de revisiones. En 2010 y 2011 no ha habido muchas, por las elecciones municipales, que daban mala imagen a la revisión (de hecho, Oviedo y Tarrasa, que estaban en la lista de revisiones de este año, pidieron al Catastro que se pospusiera). Pero todo apunta a que se multiplicarán las revisiones catastrales en 2012, con subidas para 2013.

Con los Ayuntamientos en bancarrota, revisar el catastro y subir el IBI va a ser un hecho en los próximos años. Como el parque de viviendas apenas crece (las viviendas iniciadas han caído un 90% en los últimos tres años), la única solución es cobrar más impuestos a los 21 millones de propietarios de inmuebles urbanos (33,4 millones) y rústicos (40,6 millones). Un pastel  que vale 1,45 billones de euros y sobre el que van a seguir picando los Ayuntamientos, aunque nuestras casas valgan menos cada año. Pero lo más fácil es sacar impuestos de las casas, algo sencillo de cobrar y controlar. Algún día habrá que empezar a cambiar el esquema de impuestos municipales y pagar por lo que se usa, no por lo que se tiene.

Autonomías:recortes malabares y tijera tras 20-N

No hay día sin anuncios de recortes en las autonomías. Pero hay mucho “recorte escaparate”, de cara a la galería. Los gobiernos autonómicos tienen que recortar 12.000 millones de euros antes de fin de año, entre el 10 y el 20% del presupuesto. Un ahorro que no se consigue sin meter la tijera en las grandes partidas de gasto: sanidad, educación y gasto social, el 80% del presupuesto. Pero como esto hace mucho ruido, las autonomías del PP han optado por hacer malabarismos con los recortes y retrasar los grandes ajustes hasta después del 20-N, para no entorpecer el triunfo de Rajoy. Pero tendrán que hacer recortes duros  a fin de año, como Cataluña. Y también para 2012.

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A principios de septiembre se confirmó el temor: las autonomías seguían gastando a su aire: doce incumplían lo pactado con Bruselas y siete ya habían superado en junio el déficit previsto para todo el año (1,3% PIB). El caso más grave era Castilla la Mancha (4,16% de déficit), seguida de Extremadura (2,59%) y Baleares (2,11%). Otras cuatro estaban muy mal: Comunidad Valenciana (1,92%), Murcia (1,82%), Andalucía (1,49%) y Cantabria (1,40%). Y  cinco más superaban el déficit objetivo (0,75 % en junio): Asturias (1,37%), Castilla y León (-1,10%), Cataluña (1,01%), Galicia (0,92%) y Navarra (0,89%). Las demás tenían pequeños déficits, salvo el País Vasco, la única autonomía con superávit.

El Gobierno llamó a capítulo a las doce autonomías incumplidoras y todas prometieron recortes para cumplir a fin de año, salvo dos que lo tienen imposible: Castilla la Mancha y Cataluña (su déficit real subió en 2010 al 4,2% y de ahí tienen que bajar). Para poder conseguirlo, las autonomías tienen que recortar 12.000 millones de euros hasta diciembre, una cifra enorme (Zapatero recortó 15.000 millones en  2010), del 10 al 20% de sus presupuestos.

¿De dónde van a recortar? Cataluña, que lleva meses haciéndolo, es la única que ha puesto en marcha un duro plan de ajuste, del 10%, con recortes en sanidad (1.000 millones), educación y gastos sociales. Las demás autonomías, en su mayoría gobernadas por nuevos políticos del PP, van mostrando poco a poco sus cartas, con más promesas y malabarismos que recortes reales. Dolores de Cospedal, la abanderada popular, ha prometido un recorte del 20% (1.815 millones), pero entre este año y el próximo (no vale: Bruselas nos va a examinar a fin de año).Y con recortes sin explicar, como el ahorro de 400 millones en Sanidad.

Para la mayoría, la primera fórmula de recorte es no pagar, retrasar el pago a proveedores: las autonomías deben 10.000 millones a laboratorios y suministradores, pagan con uno o varios meses de retraso a las farmacias, no pagan a clínicas concertadas o geriátricos, retrasan el pago a ancianos y discapacitados por la ley de Dependencia y hasta dejan de pagar el IBI de edificios públicos (Castilla la Mancha). Otra vía es retrasar obras e inversiones hasta 2012 (que será 2013). La tercera, recortar las transferencias a los Ayuntamientos, el eslabón más débil. Y la cuarta, recortar ayudas a empresas (incluso para formación, como Navarra) y a familias.

Todo esto hace poco ruido, aunque afecta a millones de personas, muchas veces los más débiles. Pero como buscan dar imagen de rigor, muchas autonomías han empezado por “recortes escaparate”, mediáticos pero con poco ahorro: reducción de consejerías y altos cargos (0,04% del presupuesto de Castilla la Mancha), reducción de coches oficiales (los conductores se quedan), reducción de liberados sindicales (89 en Baleares, con un ahorro del 0,09%). Más efecto tiene la reducción de empresas públicas (1.895 en las autonomías), aunque eso lleva aparejado pérdida de empleos, de momento interinos. Y no se tocan aún las televisiones autonómicas (1.500 millones de gasto) ni las “embajadas” en el extranjero.

La mayoría de los dirigentes autonómicos, salvo Cataluña, no han tocado de verdad las grandes partidas de gasto: sanidad (40%), educación (24%), gastos sociales (7%), transportes (7%), ayudas a vivienda y empleo (4%). Y tampoco las plantillas, que suponen el 45% del gasto corriente (el empleo autonómico creció en 254.000 personas entre 2007 y 2011).Y sin tocar estas partidas, es imposible recortar 12.000 millones para diciembre. Pero hacerlo es muy impopular, por lo que las autonomías del PP tienen una consigna: dejar los recortes más duros para después del 20-N, para no entorpecer el esperado triunfo de Rajoy.

Con todo, es muy poco tiempo y demasiado déficit para hacer sólo recortes. Habría que conseguir más ingresos, pero eso es un tabú ideológico para las autonomías del PP, que han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones (sobre las herencias), que recaudaba 2.500 millones. Resulta una provocación que Artur Mas quitara el impuesto de sucesiones a los 100 días de llegar al poder (perdiendo 150 millones de ingresos en 2011) y ahora cierre quirófanos y ambulatorios o deje de pagar la asistencia a ancianos. Otra vía de ahorro sería revisar el Estado autonómico y eliminar duplicidades (de servicios y gastos) con el Estado y los Ayuntamientos. Pero haría falta un gran pacto político y nadie está por la labor.

Entre recortes de verdad y otros maquillados, el tiempo pasa y la Comisión Europea ya ha advertido a España que no se cree que cumplamos este año (ni en 2012) con el recorte del déficit prometido a Bruselas, por culpa de las autonomías. Y tampoco se lo creen los mercados. Ni las agencias de calificación: creen incluso que con los recortes, las autonomías van a crecer menos, van a ingresar menos y no van a poder recortar tanto el déficit ni pagar su abultada deuda (133.172 millones). Vamos, que a Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares o Cataluña les puede pasar como a Grecia: que tanto ajuste les meta más en la UVI. Pero si no lo hacen, tendrá que recortar más el Estado y será peor para todos. Un siniestro dilema. Lo seguro es que con estos recortes autonómicos, que hay que hacer, España crecerá menos y tendrá más paro, este año (sólo en septiembre, la Seguridad Social ha perdido 65.000 afiliados entre personal autonómico, docentes y sanitarios) y el que viene. Por eso, Bruselas y el próximo Gobierno tienen que reanimar la economía con urgencia.

Ley Concursal: tercer intento de salvar empresas

En el último Pleno de la Legislatura, el Congreso aprobó la nueva Ley Concursal, la tercera norma en los últimos 7 años que intenta impedir que empresas con deudas se liquiden. Hasta ahora, la crisis ha disparado los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque las empresas recurren a ellos mucho menos que en otros países, porque son poco útiles para sobrevivir. Ahora, la nueva Ley busca favorecer los acuerdos con acreedores (sobre todo bancos y Cajas)  y acortar plazos y costes. Pero se retrasa seis meses aprobar una norma para regular el pago de deudas de particulares, que ha disparado los embargos por impago de hipotecas .

                                                 Ilustración: Enrique Ortega

Con la crisis se dispararon los concursos de acreedores, a partir del otoño de 2008: de una media de 1.000 concursos anuales entre 2005 y 2007 se saltó a 6.197 en 2009 y se espera batir el record este año 2011, con unos 7.000 concursos. El concurso es el último recurso de una empresa agobiada por las deudas, aunque también se ha abusado y hay empresarios que lo han utilizado para escapar de pagar a sus acreedores. El problema es que las dos normas anteriores (Ley Concursal de 1993 y real decreto 3/2009) no han servido y el 90 % de las empresas en concurso acaban liquidándose.

Por eso, la mayoría de empresas con problemas no utilizan el concurso, sobre todo las grandes: el 68,4 % de las concursadas son pymes, empresas con menos de 2 millones de negocio y menos de 10 empleados, aunque los casos más sonados hayan sido grandes inmobiliarias (Martinsa Fadesa, el mayor concurso de la historia, con 7.000 millones de pasivo, Habitat, Nozar, Tremon, Sacresa, Aifos, Llanera, Labaro…), agencias de viajes (Marsans), aerolíneas (Air Comet, Futura,Gadair, Quantum), textiles (Musgo, Coronel Tapioca, Torero, Festa), Nueva Rumasa y hasta 23 equipos de fútbol (12 están en concurso esta temporada). Con todo, España es el país de Europa con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: frente a los 7.000 esperados este año, en Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año).

La nueva Ley Concursal, que entra en vigor en enero de 2012, intenta facilitar la renegociación de las deudas y agilizar el proceso, para evitar la liquidación de la empresa. La mayor novedad es que fomenta acuerdos entre la empresa y una mayoría de sus acreedores (60%), cuando ahora sólo se admitían si aceptaba el 100%. La medida puede evitar que una empresa llegue al concurso, aunque se critica que favorece a bancos y Cajas, que van a imponerse al resto de acreedores. También se facilita a las entidades financieras que aporten dinero fresco a las empresas con problemas, ya que esta financiación tendrá prioridad de cobro. Y se acortan plazos y costes en los concursos sencillos, para que no duren 3 ó 4 años como ahora. Además, los Clubs de fútbol que tengan deudas con jugadores y otros Clubs al 31 de julio de 2012 bajarán automáticamente de categoría.

Otro cambio importante es que en vez de tres administradores concursales habrá uno (economista, abogado, titulado mercantil o auditor), con más poder y más medios, aunque se abre este campo a las sociedades, a los grandes bufetes y auditoras, algo que se ha criticado por tema de incompatibilidades: suelen tener como clientes a bancos y posibles acreedores y acabarían siendo juez y parte. Otro tema polémico es la elección de administrador, que está en manos del juez. En la mayoría de concursos, el administrador cobra poco o nada, pero en los grandes hay una elevada minuta en juego (5 millones de euros en Martinsa o 2,1 millones en Habitat). Y ya se ha denunciado connivencia entre jueces y algunos administradores, que pululan por los juzgados ofreciendo sus servicios (como los visitadores médicos...), con lobbies de economistas y abogados que ofrecen conferencias pagadas a jueces que les nombran como administradores. Por eso, se pedía clarificar el proceso y hacer oposiciones.

Para muchos, esta tercera reforma legal llega tarde, cuando la mayoría de empresas con problemas ya han caído. Y habrá que ver si dura: el PP (que no consiguió incluir muchas enmiendas) ya dijo el mismo día que se aprobada que “probablemente haya que reordenarla”…Con todo, el mayor problema es que no resuelve las deudas de los particulares y familias, a los que sigue tratando como a empresas (el juez tiene que autorizar, por ejemplo, el pago del colegio o el cobro de la pensión del concursado). El Congreso ha aprobado que el futuro Gobierno apruebe una norma en 6 meses, para hacer frente a un problema peliagudo: los impagos de las familias (hay 400.000 hipotecas con morosidad) y los embargos  por impago de hipotecas (que han crecido un 36 % este año).

La Ley es un avance, pero será insuficiente si no se reforma la Justicia, ya que los juzgados mercantiles están colapsados, con pocos medios y pocos jueces, algo que busca arreglar la modernización de la Justicia aprobada también en el último Pleno. Pero sobre todo, para evitar la quiebra de empresas, hace falta que consigan vender, que tengan financiación, que les baje la morosidad para que ellos también puedan pagar y no entren en concurso. Y con la economía estancada, creciendo menos del 1 por 100, sin consumo y con la exportación más difícil por la crisis europea, muchas empresas seguirán siendo carne de concurso también en 2012. Por eso, hace falta que la Ley funcione y las salve del cierre.

La guerra de los móviles

Hay más móviles que españoles. Y una feroz competencia entre compañías para robarse clientes: medio millón cambian cada mes, con el gancho de un móvil gratis o mejores tarifas. La novedad es que las grandes compañías han entrado este verano en la guerra de tarifas, con ofertas de 6 céntimos minuto, que cuestan más por la letra pequeña. Todo apunta a que la guerra de precios seguirá, pero no mucho más. Las operadoras necesitan hacer grandes inversiones en redes, que sólo pueden salir de los clientes, además de intentar cobrar a Google y las redes sociales. Llamar será más barato, pero nos cobrarán más por Internet, datos, vídeos y aplicaciones.

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La telefonía móvil genera unos ingresos de 14.000 millones de euros, 2,5 veces los de la telefonía fija y el 58% del negocio de las telecomunicaciones. En España hay 55,7 millones de líneas de móviles  y casi 32 millones de usuarios, el 92% de los españoles entre 16 y 75 años. Un servicio donde los precios han caído a la mitad en los últimos diez años, debido a la feroz competencia entre operadoras. Si antes estaba sólo Telefónica (Movistar) con Vodafone y Orange, hace cuatro años se forzó la entrada de Yoigo (la sueca Telia Sonera) y los operadores móviles virtuales (Mas Móvil, Simyo, Jazztel, Pepephone, Happy Móvil , Labara,  Eroski móvil,  Carrefourline...), que ofrecen servicio sin tener red (alquilándola a los grandes).

El resultado es que Yoigo tiene 2,5 millones de clientes y los operadores virtuales casi 3 millones más. Y han arrebatado ya casi un 11% de cuota de móviles a Telefónica (40,82%), Vodafone (28,15%) y Orange (20,09%). En junio, los grandes reaccionaron entrando en la guerra de precios, que empezó Movistar bajando a 6 céntimos minuto. Un gancho que tiene “truco”, ya que hay que sumar el establecimiento de llamada (sale así un mínimo de 17,70 céntimos por llamada), una cuota mensual (6 €) y un consumo mínimo, además de mucha letra pequeña. En julio, la guerra se trasladó a las tarifas de Internet móvil, el negocio que más crece (somos el país líder en Europa y 10 millones de usuarios acceden ya a Internet desde el móvil, la tablet o con el pincho del portátil). Y en agosto, Movistar y Orange lanzaron la guerra de tarifas en ADSL, buscando matar dos pájaros de un tiro: mantener cuota en banda ancha y contratar más móviles.

El gancho de las ofertas de los grandes no es la nueva tarifa, sino cambiar gratis de móvil. Los operadores  se gastan casi 2.000 millones al año en subvencionar terminales (financian así a Apple o Samsung), más de lo que invierten en redes, una política que empieza a cuestionarse, aunque tiene su sentido: están financiando teléfonos inteligentes (Smartphone), que les interesan más porque son los que van a consumir los servicios más caros (datos, vídeo, aplicaciones). Con el gancho de cambiar de teléfono, medio millón de usuarios cambian de compañía cada mes (6,6 millones en 2010), manteniendo su número (portabilidad), lo que nos convierte en el país más infiel de Europa.  A partir de junio de 2012, el plazo para cambiar pasa de 4 días a 1, con lo que las operadoras tendrán menos tiempo para contra ofertar (ahora, 4 de cada 10 se quedan) y habrá menos fugas.

Ojo al cambio por conseguir un nuevo móvil: muchas veces se acaba pagando más, entre 216 y 296 euros al año, según un estudio de Doctor SIM. Y eso, por la exigencia de contratar una costosa tarifa de datos o una tarifa de voz inadecuada,  junto a la obligación de permanencia (18 y 24 meses), cuestionada por alguna sentencia judicial y que lleva a cargar con unas tarifas que enseguida se quedan obsoletas.

La guerra de tarifas va a seguir y hay quien apuesta por caídas de precios del 30%, hasta 2,5 céntimos minuto (que ya cobra Pepephone). Margen hay porque España es uno de los países con las tarifas más altas de Europa (en Lituana están por debajo de 1 céntimo minuto). Pero no sólo hay que mirar la tarifa escaparate, sino la letra pequeña y sus trampas: cuota mensual, consumo mínimo, requisitos, recarga mínima (tarjetas), coste SMS (15 céntimos), alto precio consumo datos, límites en la navegación…

Las grandes compañías no podrán bajar mucho más los precios, porque necesitan ingresos para invertir en redes, para que no se colapsen con el auge de Internet móvil y para ofrecer Internet móvil de alta velocidad (4G). Su problema es que han inoculado al cliente un virus, el teléfono inteligente (Smartphone), que consume muchos datos y vídeo (You Tube) y amenaza con saturar la Red. España es el país donde más se valora Internet en el móvil y ya hay 12 millones de Smartphone (un tercio de los vendidos en 2010).

El problema es europeo, ya que las operadoras tendrán que invertir 150.000 millones en redes hasta 2020. Telefónica y otras 40 operadoras han presentado una propuesta a la Comisión Europea, para que una parte de la inversión la paguen los grandes usuarios: Google, Twitter, Facebook y Apple, que sacan millonarios beneficios de usarlas. Y otra parte, los clientes, según lo que usen la red (el 80%, poco). Las operadoras estudian una doble tarifa: una más barata para la mayoría y otra más cara para empresas y proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos.

En definitiva, hay mucho truco en esta guerra de tarifas. Ojo a los regalos envenenados (móviles inteligentes que gastan más).Recordar que a veces lo barato es caro por falta de calidad y servicios. Y que la era de los precios bajos se está acabando, porque Bruselas y los Gobiernos van a ayudar a las operadoras a invertir en redes, a costa de nuestra factura. Lo que hace falta es que se reparta mejor de verdad y que paguen más los que más consumen, empresas y algunos profesionales, no el internauta de a pié.

España se tira de la moto

España es el único país que acoge cuatro grandes premios  de motociclismo y que tiene 3 campeones mundiales. Sin embargo, las fábricas de motos están en una profunda crisis y han cerrado ya  tres de las cuatro multinacionales instaladas en España. Y eso porque las ventas de motos han caído a la mitad en estos últimos cuatro años. Y no sólo por la crisis y la competencia de las motos asiáticas. El sector culpa de la caída de ventas al Gobierno, por la normativa implantada para dificultar que adolescentes y jóvenes conduzcan motos, debido a la alta siniestralidad, que sigue disparada. El futuro pasa por la fusión de pequeñas marcas españolas y por la moto eléctrica, sobre todo el scooter.

                                  Ilustración: Enrique Ortega

España fue una potencia en la fabricación de motos en los años sesenta y setenta, con más de 100 marcas, la mayoría instaladas en Cataluña. Marcas míticas como Montesa, Bultaco, Ossa, Sanglas, Derbi, Lube, Rieju, Gas Gas…, nacidas en los años cuarenta y que consiguieron  vender aquí y en el resto del  mundo (Bultaco vendió 25.000 motos en EEUU en 1974), convirtiendo a España en el segundo fabricante europeo, tras Italia.

En los ochenta llegó la crisis y las fábricas españolas no supieron reaccionar y fusionarse: cerró Ossa, cerró Sanglas tras la llegada de Yamaha, Honda se hizo con Montesa y Rabassa vendió Derbi a la italiana Piaggio. Ahora, con la nueva crisis y la dura competencia de las motos asiáticas, tres de las cuatro multinacionales han cerrado sus fábricas españolas en los dos últimos años. A finales de 1999, Honda cerró su fábrica de Santa Perpetua (160 trabajadores) y se fue a Italia. En enero de 2010, Yamaha se fue al norte de Francia, tras cerrar su fábrica cerca de Barcelona (430 trabajadores). Y en marzo de 2011, la multinacional Piaggio se llevaba a Italia la fábrica de Derbi de Martorelles (220 trabajadores). Sólo queda la factoría Suzuki en Gijón, con un ERE en 2010, tras reducir su fabricación a la cuarta parte. Y España ha pasado a ser el sexto fabricante de motos en Europa, exportando el 81%.

Choca esta debacle empresarial con el auge de la moto como deporte, un negocio global que mueve 800 millones de euros al año y donde España tiene mucho que decir: único país que acoge cuatro grandes premios, con 3 campeones del mundo en las tres categorías (Jorge Lorenzo, Toni Elías y Marc Márquez) y un récord de pilotos (22), licencias (6.225) y equipos (13). Eso sí, la empresa que organiza el Mundial, Dorna, tampoco es ya española: era una filial de Banesto que en 1998 se vendió a CVC (Ecclestone, el patrón de la F1) y luego, en 2006, a la firma de capital riesgo Best Point (65%), aunque la gestión la llevan directivos españoles (35% capital). En 2010, Dona facturó 200 millones (con 70 de beneficio), aunque acaba de renegociar 420 millones de deuda. En este millonario circo del Mundial tampoco hay una moto GP española. Se intentó con un modelo de Inmotec, que hizo pruebas en Jerez pero que no llegó a competir. Para fabricar una moto así hay que invertir 40 millones y tiene que haber luego un mercado de grandes cilindradas donde vender.

La venta de motos está cayendo en toda Europa (un 6% este año), por la crisis y la competencia de China, India y Tailandia, países que han desplazado a Japón. Pero donde más están cayendo las ventas, tras Grecia, es en España: en el primer semestre se han matriculado 74.629 unidades, un 16,7% menos que en 2010 (cayeron otro 4,72%). Ya son cuatro años seguidos de caída y se espera vender este año la mitad de dos ruedas que en 2007 (135.000 frente a 269.500).

El desplome de ventas se está dando sobre todo en ciclomotores (-31,6%), por varias causas: aumento de los seguros, subida del IVA, recorte y encarecimiento créditos (70% ventas son financiadas), exigencia de ITV y sobre todo, el cambio en el carnet: desde finales de 2009, la edad subió de 14 a 15 años y muchos adolescentes esperan a los 16 para comprar ya una moto de 125 cc, las únicas con las ventas estabilizadas. Han caído también las ventas de motos medias y grandes, por la fiscalidad (en verano 2008 subieron los impuestos a las más potentes) y por el cambio en el carnet: ahora hay que esperar dos años con el A1 para poder conducir una moto de gran cilindrada. Y desde final de año, además, habrá que hacer un curso de 17 horas (1.000 euros) y una evaluación. El Gobierno se ha adelantado y ha endurecido la Directiva europea que entrará en vigor en 2013, por lo que la patronal de motos estudia denunciar a España ante la Comisión Europea.

Los fabricantes y vendedores acusan al Gobierno de haberse cargado el sector con una normativa que restringe el acceso a la moto a los jóvenes. Y Tráfico argumenta que lo hace por seguridad, ya que están aumentando los motoristas muertos en accidente (183 hasta septiembre), tres de cada cuatro en carretera y la mayoría (2/3) con grandes motos. Pero los motoristas piden más inversiones en guardarrailes, frenadas por la crisis: el primer Plan, para instalar 1.600 km. hasta 2010 está en un 85%, y el segundo no ha empezado.

El futuro se presenta negro para la moto española, que busca reanimar algunas marcas (Ossa) y posibles fusiones, aunque no consiguen ayudas públicas. Otra salida puede ser la moto eléctrica: el primer scooter eléctrico español (MIUS 40), de Rieju, ya está en producción y la primera moto eléctrica española, de Volta Motorbikes (Figueras) se comercializará en 2012. Y habrá que solventar los problemas de carnet y seguridad, para conseguir entre todos salvar la moto española, un sector con muchos emprendedores, mucha afición y mucho futuro como alternativa al petróleo caro y unas ciudades contaminadas. A darle gas.