Suben los alimentos y el campo en apuros

Si el petróleo ha subido un 50%, los cereales se han encarecido un 80% en menos de un año. La mayor demanda de alimentos y las malas cosechas han disparado los precios de los alimentos en el mundo, asfixiando a los ganaderos españoles, que pagan los piensos un 30% más caros mientras les bajan la leche y las carnes. Entre tanto, los agricultores ven bajar o apenas subir los precios que cobran, aunque en los supermercados sólo vemos alimentos más caros. Al final, el campo no despega, la renta agraria se estanca y los jóvenes huyen del campo. Y para colmo, Bruselas va a reformar la política agraria y nos recortarán subvenciones. El campo ve negro su futuro y comer será cada vez más caro.

Los precios de los alimentos, sobre todo los cereales (trigo, maíz, cebada, soja) y el azúcar, se han disparado en los mercados internacionales por cuatro factores: un mayor consumo de los países emergentes (China, África, Oriente Medio) , malas cosechas provocadas por sequías (Rusia, Brasil) o inundaciones (India,Pakistán,Australia), la crisis del petróleo (que ha derivado alimentos, como el maíz o la caña de azúcar, a producir etanol y biocarburantes) y la pura especulación (los alimentos y materias primas como alternativa de inversión). La FAO considera que los alimentos seguirán subiendo hasta 2015, por el aumento del consumo y porque el cambio climático (ya se ha dado un récord de temperatura en un tercio del planeta en 2010) va a seguir trastocando las cosechas. Y más cuando la población mundial crecerá de 6.000 a 9.000 millones de personas para el año 2050.Luego comer será cada vez más caro y difícil (por eso China está comprando tierras en Africa).

En España, el primer efecto de la subida de los cereales es que los piensos para el ganado han subido un 30%. Además, a los ganaderos les ha subido un 63% el gasóleo y un 9,8% la luz. Y no han podido repercutirlo en los precios que reciben, que incluso han bajado en 2010, según datos oficiales: cordero (-21,2 %), huevos (-17%),  aves (-5,2%), vacuno (-4,5%) y leche (-0,6%). Sólo subió el cerdo (+4,2%). En consecuencia, han caído la producción y la renta de los ganaderos en 2010, se han endeudado más y muchos han tirado la toalla (50.000 en los últimos 3 años). Tras un rosario de manifestaciones, Bruselas ha accedido a importar cereales sin arancel hasta junio y el Gobierno español acaba de aprobar un Plan de choque que incluye créditos blandos, ayudas fiscales y el adelanto del cobro de 1.700 millones de ayudas europeas para 800.000 beneficiarios, medidas que el sector considera insuficientes.

El resto del campo, los agricultores, no lo tienen mejor. Les han subido los costes (la luz, el gasóleo, un 45 % los fertilizantes) y no han podido trasladarlo a los precios. Por un lado, por la competencia de importaciones de terceros países, desde el tomate marroquí a la carne brasileña (81 euros/100 kilos de peso vivo frente a 240 € en España). Por otro, por la presión de la industria agroalimentaria y la distribución, que les imponen sus precios. Así, en aceite o en leche, se está vendiendo en hipermercados por debajo de coste. Y en el caso del azúcar, por ejemplo, las importaciones a precios desorbitados tienen que paliar el recorte de cuotas aprobado hace años por Bruselas (también para leche, carnes o aceite)  y que provoca que España sólo produzca medio millón de toneladas mientras consume 1,3 millones.De hecho, Portugal, también con recorte de cuotas, ya tuvo que racionar en diciembre la venta de azúcar a dos kilos por persona.

El campo no consigue subir precios y los consumidores pagamos más cara la comida. La razón hay que buscarla en la distribución, que multiplica por 4,3 los precios en origen, según estudios de los consumidores. Las organizaciones agrarias llevan años pidiendo contratos con industrias y distribuidores, para fijar precios y condiciones, y el Gobierno ha prometido sacar en abril un Decreto para empezar a negociarlo con la leche. Pero el sector agrario tiene que organizarse y crear centrales de venta, a través de las 4.000 cooperativas existentes, para conseguir que las tres cuartas partes del precio que pagamos no se lo lleven otros.

Con todo, el mayor problema del campo está en la reforma de la política agraria europea (la PAC) para 2014-2020, que se negocia en Bruselas y se espera aprobar en julio de 2011. El objetivo, sobre todo de Alemania, es gastar menos (ahora, las ayudas al campo se llevan el 40% del presupuesto de la UE), gastarlo de otra manera (que reciban más ayudas los nuevos países) y liberalizar los mercados (menos precios de garantía, menos cuotas y más importaciones de terceros países). España, el segundo país que recibe más ayudas (7.400 millones de euros), tras Francia, tiene mucho que perder. Y también nuestros agricultores, para los que estas subvenciones son un tercio de sus ingresos anuales.

Pero el futuro pasa por ahí: menos subvenciones, más importaciones, más competencia. El millón de explotaciones agrícolas y ganaderas tendrán que reconvertirse, profesionalizarse, concentrarse, modernizarse, organizar grupos potentes para comprar y vender. Será la reconversión del campo, un sector cuya renta se ha estancado en los últimos quince años, con la mitad de ingresos que en las ciudades y menos equipamientos. Y donde uno de cada tres agricultores tiene más de 65 años. Hay que defender su futuro, porque nos jugamos la comida, en un mundo donde los alimentos van a ser cada vez más caros y escasos.

El recorte de la Sanidad, por la puerta de atrás

El gasto sanitario va a ser el próximo recorte en Europa, tras el gasto público y las pensiones. Ya lo han anticipado los ministros de Economía de los 27, que en diciembre recomendaron el copago y medidas de ahorro “para evitar la quiebra del sistema”. Pero entre tanto, en España, cada autonomía trata de tapar sus agujeros presupuestarios y ha empezado a meter la tijera en la Sanidad, que se lleva la tercera parte de sus presupuestos. A la chita callando, todas han recortado este año su gasto sanitario en una media del 4,11 %. Y se vuelve a hablar del copago. El problema es que la bola de la deuda sanitaria crece sin parar, porque gastan mucho y las transferencias de fondos son insuficientes. Y nadie le pone el cascabel al gato. No se trata de gastar menos, ya que España está a la cola de Europa en gasto sanitario. Se trata de ahorrar y gastar mejor para salvar nuestra Sanidad.

Ahora nos encontramos con un grave problema, que es doble. Por un lado, la pelota de la deuda sanitaria supera los 10.000 millones de euros, que las autonomías deben a los laboratorios y las farmacias (40%) y a los proveedores de servicios y tecnología, a los que pagan con meses de retraso, causándoles graves problemas. Por otro, como la sanidad se lleva un tercio del Presupuesto de las autonomías, todas buscan tapar sus agujeros recortando también el gasto sanitario. Así, para 2011, las autonomías han recortado el gasto sanitario per cápita en 55,37 euros (-4,11%), dejándolo en 1.288,58 euros, según la FADSP. Los mayores recortes los han hecho Canarias (-12,3%), Cantabria (-8,5%), Extremadura (-7,8%) y La Rioja (-6,6%), aunque los que más se han aireado son los recortes de Cataluña (850 millones en Sanidad), que va a recortar servicios y dejar de hacer 2 hospitales. Otros quieren cobrar las meriendas o van a cerrar quirófanos por las tardes para no pagar horas extras, por ejemplo.

Lo primero que hay que decir es que la sanidad española es buena y barata, según todos los estándares internacionales: el último ranking internacional de calidad del sistema sanitario elaborado por la revista Newsweek sitúa a España en el tercer lugar del mundo, tras Japón y Suiza y empatada con Suecia. Y nos cuesta 2.902 dólares por habitante, menos de la mitad que la de Estados Unidos (7.538) y menos que la sanidad de la mayoría de países europeos, desde Suecia (3.470) a Reino Unido (3.129),pasando por Francia (3.696) o Alemania (3.737). El problema es que nuestro gasto sanitario ha crecido mucho en los últimos años: un 6,6 % interanual en los últimos seis años. Y que desde que la sanidad está transferida a las autonomías (2002), se ha ido acumulando una deuda, debido a que las transferencias desde el Presupuesto han sido cicateras y a que ellos han gastado más de lo previsto.

Estos recortes son a la chita callando y cada autonomía por su cuenta. El PP intentó aprobar en el Senado, el 24 de enero, una moción para resolver la deuda sanitaria y garantizar la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se quedó sólo. El Gobierno trata de obviar el problema, pero antes o después le va a caer encima (y a nosotros). Primero, porque Europa presiona, con la amenaza del copago detrás. Y sobre todo, porque el gasto sanitario va a seguir creciendo, por dos razones: la tecnología sanitaria es cada vez más cara y la población vive cada vez más años, con lo que crecerá el gasto. Basten dos datos. En 2060, un tercio de la población española tendrá más de 65 años (17 millones frente a 8 hoy) y un 14% más de 80 años (8 millones frente a 2 ahora), según un informe de la UE.Y la OCDE estima que el gasto sanitario de los mayores de 65 años es cuatro veces superior a los de menos edad.

España gasta menos en Sanidad que el resto de Europa, pero las previsiones son que el gasto crezca mucho en las próximas décadas, aquí y en los demás países. El periodo crítico, según la UE, será a partir de 2030 y por eso piden medidas ya, con tiempo. Es mejor ponerse las pilas y no esperar a que nos lo impongan, como con las pensiones. Lo más urgente es sanear la sanidad, tapar el agujero de la deuda con un crédito extraordinario. Y a medio plazo, si queremos evitar el copago, hay que hacer un pacto sanitario para gastar menos y gastar mejor, con unos presupuestos realistas. Hay que reducir el gasto farmacéutico, que supone un 22% del gasto sanitario, con medidas para atajar el despilfarro de los medicamentos. Y hay que gestionar mejor la sanidad, desde la política de personal (aumentar horarios, reducir el absentismo y el exceso de contratos temporales, introducir incentivos y despolitizar la gestión) a la política de compras, pasando por reducir la sobreutilización de nuevas tecnologías y tratamientos (según la OMS, un 20-40% del gasto sanitario es ineficiente) y potenciar la atención primaria y la prevención.

Y por encima de todo, hay que pactar con las autonomías un Plan integral de Salud, que unifique servicios, costes y financiación. No es posible que haya 17 políticas sanitarias, que un médico andaluz reciba 45 pacientes al día y uno navarro atienda a 29, que en Valencia haya 2,69 camas por 1.000 habitantes y en Cataluña 4,50, que una embarazada tenga cubierta la atención dental en Extremadura y en el resto de España no, que un pensionista pueda comprar gratis determinado medicamento en cualquier farmacia menos en Galicia…Que el País Vasco o Navarra se gasten 560 euros más en sanidad por habitante (+56%) que Baleares o Madrid.

Hace falta poner orden en la sanidad, antes que lo hagan desde fuera. Y cuanto más tardemos, será peor, ya que los recortes se hacen cada día, los sufrimos todos  y empeoran nuestra sanidad. Habrá que esperar a que pasen las elecciones de mayo. Pero no mucho más

Hipotecas: el drama de los desahucios

Una de cada tres familias está pagando una hipoteca. Y con  la crisis, un 20% ha tenido que retrasar sus pagos. Otros, sencillamente no han podido pagar y se han quedado sin piso: son ya casi 300.000 embargos en los tres últimos años. Y 200.000 hipotecados más están tan apurados que pueden ser desahuciados en los próximos meses. Un drama para medio millón de personas y para otro medio millón de familias que les ha avalado. En muchos casos, no sólo se quedan sin piso, sino que tienen que seguir pagando su deuda a bancos y Cajas. Algunos jueces lo han puesto en duda, pero las leyes, el Gobierno y el PP están en contra, ya que encarecería las hipotecas y crearía inseguridad en los mercados de deuda. Pero algo hay que hacer para frenar los desahucios que, con el paro, los tipos al alza y los pisos a la baja, van a seguir creciendo.

En 2010 han saltado todas las alarmas: se ejecutaron 118.000 embargos de viviendas por impago de hipotecas, cuatro veces los embargos de 2007 (25.943) y el doble que en 2008 (58.686).Y ya van 278.000 embargos en los últimos tres años. Tres autonomías concentran casi la mitad de los embargos: Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Cara al futuro, el problema es que dos de cada tres familias dedican a pagos financieros más del 40% de sus ingresos y con el paro y la crisis, un 20% ha retrasado sus pagos en los últimos 6 meses (la mitad hasta tres veces) , según la Agencia Negociadora. Con ello, se estima que unas 200.000 familias con hipotecas están muy apuradas para pagar y pueden acabar desahuciadas en los próximos meses.

Este drama es el fruto de la burbuja inmobiliaria y de la barra libre del crédito en los años noventa:” Pida, pida, que el dinero es casi gratis. Y con el piso, le damos para amueblarlo y de paso, cambia de coche”. Con la crisis, las familias pierden uno o dos sueldos y no pueden pagar. Y su piso ha perdido entre un 20% y un 40% de su valor. Tal es así, que 320.000 familias deben al banco más de lo que vale su piso. Si no paga la hipoteca, la Ley obliga a subastarlo y si nadie puja, el banco se lo queda por el 50% del valor de tasación. Así que el moroso, está sin piso y tiene que seguir pagando al banco para liquidar su deuda.

En Gran Bretaña y EEUU, basta con que el hipotecado entregue el piso para cancelar su deuda (30 millones de norteamericanos han perdido así su casa desde 2007).Pero en España, la Ley Hipotecaria y el Código Civil establecen que el hipotecado tiene que saldar su deuda y si no llega con la casa, ha de responder con sueldos, bienes o avales. Pero en enero, una sentencia judicial de Navarra aceptó que la entrega del piso saldaba la hipoteca. Luego ha habido cinco sentencias en contra (también en Navarra) y otras tres a favor (Ciudad Real, Sabadell y Barcelona) y el tema está en el Supremo. Pero los afectados se han organizado y buscan 500.000 firmas para cambiar la Ley, algo que no ha conseguido una proposición de ICV-IU, rechazada por PSOE y PP, que por una vez se han puesto de acuerdo. 

El argumento para no cambiar es que la normativa española ha permitido tener hipotecas más accesibles. Y que si se acepta que el piso salde la deuda, bancos y Cajas darían menos hipotecas, de menos importe (50% del valor), más caras y con más exigencias (seguros y avales, con lo que no bastaría tampoco con entregar el piso).Y además, el cambio caería como una bomba en los mercados, donde los inversores tienen 524.000 millones en títulos hipotecarios, lo que agravaría los problemas de financiación de España y de bancos y Cajas.

Al final, el que presta manda. Pero el Estado algo ha de hacer para frenar la carrera de desahucios. Por un lado, hay que crear organismos de mediación, en autonomías y ayuntamientos (como se ha hecho en Cataluña), para ayudar a los afectados a negociar con bancos y Cajas, que no quieren convertirse en inmobiliarias y más cuando ahora se les obliga a provisionar  un 30 % los inmuebles que llevan más de dos años en su balance. Un tercio de los embargos se podrían evitar, según la Agencia Negociadora, ampliando plazos y renegociando tipos. O realizando nuevas tasaciones y que las entidades se las adjudiquen por el 100% de este valor. Para el resto, habría que buscar soluciones institucionales: mayor dinamismo en las subastas para elevar las pujas (muchas quedan desiertas o en manos de mafias, porque hay que adelantar el 30% del valor), renovar las ayudas a los parados con hipotecas (las que han estado vigentes dos años, hasta febrero, no han funcionado) y crear Agencias públicas que se hicieran cargo de las hipotecas impagadas y alquilaran el piso al propietario moroso.

El drama de los desahucios no puede dejarse en manos de los tribunales. Hay que paliar los efectos de las hipotecas basura, sobre todo entre los más débiles, los que han perdido su empleo y no tienen ingresos. Y más cuando la reforma de las Cajas, la subida de tipos (revisar la hipoteca ha subido ya  636 euros al año) y la bajada de los pisos (otro 20% al menos) van a seguir disparando los embargos. No podemos dejarles en la calle.

Merkel impone sus recetas de ajuste a Europa

La Cumbre europea del 11 de marzo ha sido una nueva vuelta de tuerca de Merkel y los conservadores europeos para imponer sus recetas a los países del euro: más ajustes y menos políticas sociales, a cambio de ayudas a los que lo están pasando mal ante los mercados. Y lo peor: las recetas no son para salir de la crisis, sino para siempre, ya que habrá exámenes anuales y sanciones a los que se desvíen y no cumplan. Con 11 años de retraso, se busca una política única para una moneda única, pero imponiendo la visión liberal conservadora que manda en la mayoría de Europa y en Bruselas. Zapatero no sólo ha pasado por el aro, como los líderes socialistas de Portugal y Grecia, sino que anuncia otro paquete anticrisis para la Cumbre europea del 24 y 25 de marzo. Más ajustes, menos crecimiento, menos empleo.

En mayo de 2010, tras la crisis griega, en una Cumbre europea como la de este viernes, Merkel y los conservadores europeos impusieron a Zapatero el primer plan de ajuste, con recorte de sueldos, pensiones y gastos sociales, en un intento de frenar los ataques de los mercados. Pero los ataques continuaron y cayó Irlanda en noviembre. Y siguieron los ataques contra Portugal y España. Merkel se negaba a hacerlos frente, ampliando y flexibilizando el Fondo de rescate, que suponía más aportaciones para Alemania .Hace un mes, pactó con Sarkozy un Pacto de Competitividad, que era una lista de duras tareas para los países del euro, a cambio de hacer frente a los mercados. Y para ayudar, la agencia Moodys bajó el rating de España y a Grecia, amenazando a Portugal. Esta semana, la tensión en los mercados era máxima, con Grecia al borde de la quiebra y nuevas presiones sobre Portugal, Irlanda y España.

Un ambiente propicio para que los países acepten el Pacto del Euro, una versión “suavizada” del Pacto de Competitividad, pero que contiene todas las pretensiones de Merkel: moderación de los salarios (ligada a la productividad), contención del gasto en pensiones (con retraso edad de jubilación) y prestaciones sociales, flexibilidad laboral y control por Ley del déficit público y de la deuda.  Además, Bruselas armonizará por ley el impuesto de sociedades (las empresas tendrán menos deducciones) y se creará un sistema ordenado de quiebra de bancos, a los que se harán test europeos de control. Cada país tendrá que concretar cómo va a cumplir con el Pacto y habrá exámenes anuales, con duras sanciones.

A cambio de este nuevo ajuste, Merkel  se ha comprometido a ayudar a los países atacados por los mercados (con condiciones : otro duro ajuste a Grecia y presiones a Irlanda) , ampliando y flexibilizando el Fondo de rescate, para que pueda comprar deuda. Pero primero quiere ver que hacen los deberes y traen nuevas medidas a la Cumbre europea del 24 y 25 de marzo. Portugal ya anunció el mismo viernes un nuevo recorte de 5.000 millones de euros (con un nuevo impuesto a los pensionistas). Y Zapatero (que mandó una carta a la Cumbre aplaudiendo ligar la subida de salarios a la productividad) anunció que “seguramente habrá más ajustes y reformas”. Buen alumno.

Con la amenaza de los mercados, Merkel y los conservadores europeos han impuesto sus recetas políticas a la Europa del sur (gobernada por socialistas) y al resto de países del euro. Van a seguir los ajustes y el recorte del Estado del bienestar, desde las pensiones a la sanidad, pasando por las inversiones públicas. Y lo peor: los países van a perder autonomía para afrontar sus problemas. Por Ley, ningún Gobierno, de ningún signo, podrá incurrir en déficit o en deuda. Un dogmatismo ideológico que impide que los Estados puedan tomar medidas anticíclicas cuando vienen mal dadas y no hay inversión ni consumo (adiós Keynes).

España, como los demás países de la Europa del sur, no ha entrado en crisis por manirrotos. Hay que dejar claro que la deuda pública y el déficit son la consecuencia de la crisis, no la causa. España tenía, hasta 2008, superávits en sus cuentas públicas y menos deuda que Alemania (aún tiene menos). Ha sido la crisis financiera la que nos ha llevado al hoyo de la crisis y ha disparado los gastos sociales y el pago de la deuda, recortado los ingresos. Y si nos hemos endeudado demasiado, mucha culpa es de Alemania: entre 2002 y 2009, dos tercios del ahorro alemán se dirigió en gran parte a España, Irlanda, Portugal y Grecia, para alimentar la burbuja del crecimiento y que viviéramos por encima de nuestras posibilidades. Y ahora, la  que nos vendió la droga nos exige que nos desenganchemos de golpe.

Nadie está en contra de hacer reformas, pero las reformas no crean empleo a corto plazo. Lo que sí provocan son recortes, de gastos y derechos. Y en muchos casos, eso conlleva menos crecimiento, más paro. No es casualidad que España, Portugal, Grecia e Irlanda sean los países que menos han crecido en 2010 y los que menos crezcan (o decrezcan) en 2011. España no es Alemania, que crece y crea empleo. El primer problema para los ciudadanos en España es el paro, el doble que en Europa y el triple que en Alemania. Y con este Pacto y los ajustes (pasados y futuros), con el presupuesto desmantelado, no se crece ni se crea empleo. Y menos cuando suban los tipos de interés en abril. Hace falta hacer otra política, reanimar la economía, fomentar el consumo y la inversión, consolidar y no desmantelar las políticas sociales. Pero ya nadie puede hacerlo en Europa, so pena de sanción. Merkel ha impuesto un su camino para salir de la crisis. Pero ni yo ni la mayoría de los europeos la hemos votado.

No culpen a los salarios de la crisis

Este mes de marzo se va a librar la batalla de los salarios, en dos frentes. Por un lado, la canciller Merkel intenta imponer a sus colegas europeos un Pacto de Competitividad que prohibiría subidas de sueldos vinculadas a la inflación. Por otro, en España, sindicatos y patronal buscan ponerse de acuerdo sobre la negociación de los convenios, incluyendo si se mantienen las cláusulas de revisión ligadas al IPC, como quieren los sindicatos. Si no hay acuerdo para el 19-M, el Gobierno amenaza con legislar por su cuenta (miedo me da). En el fondo está el debate de cuánto deben subir los salarios y si son culpables de nuestra baja productividad y competitividad. Una vieja polémica donde se esconden muchos datos y que protagonizan expertos y políticos con sueldos millonarios.

 La canciller Merkel, apoyada por Sarkozy, va a proponer en la Cumbre europea del 11 de marzo un trato a sus colegas europeos: Alemania y Francia, los que más pagan, aceptan ampliar el Fondo de rescate europeo y flexibilizar su uso (para reducir las tensiones de la deuda, ahora con Portugal) a cambio de que los demás países de la UE acepten un Pacto de Competitividad de 6 puntos: límite de la deuda y déficit público por Ley en cada país, aumento de la edad de jubilación, armonización del impuesto de sociedades, reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral en Europa, nuevos mecanismos de resolución de crisis bancarias y la prohibición de que la subida de salarios se vincule a la inflación.

La mayoría de la Eurocámara ha criticado la propuesta, pero más por las formas (se ve como una imposición franco-alemana), que por el contenido, salvo el tema de los salarios, que de entrada rechazan Bélgica, Luxemburgo, Austria, Portugal y teóricamente España, aunque Zapatero y el ministro de Trabajo no juegan claro: no quieren contradecir a Merkel (que tiene en sus manos calmar a los mercados con el nuevo Fondo de rescate) pero no quieren crear mal ambiente en el diálogo social, donde los sindicatos no aceptan la prohibición alemana.

De entrada, hay un hecho claro: la subida de los salarios vinculada a la inflación retroalimenta la subida de precios. Los trabajadores recuperan algo de poder adquisitivo (no todos), pero se pierde competitividad y empleo. De hecho, entre 1999 y 2009, los costes salariales subieron en España una media del 3% anual, mientras en Alemania crecían un 0,7 %, en Francia un 2% y en la UE un 1,9%. Y en 2008-2009, en plena crisis y con una fuerte pérdida de empleo, los salarios subieron en España un 3,6 y un 2,3 %, cuando bajaban en otros países. El efecto ha sido pan para hoy y paro para mañana. Un mal camino que se ha cortado en 2010, con una subida de salarios del 1,3 % y una inflación del 3%, con lo que se ha perdido poder adquisitivo (sin crearse todavía empleo).

Moderar las subidas de salarios en el país con más paro de Europa parece algo evidente. Pero hay muchas cosas que no se dicen. Primero, que sólo la mitad de los trabajadores tiene una cláusula de revisión salarial ligada a la inflación: la tienen un 75% de los asalariados con convenio, que son 11 millones de los 15,3 millones de asalariados (uno de cada cuatro trabajadores no tiene convenio). Segundo, que dos de cada tres cláusulas de revisión están ligadas a la inflación futura (del año siguiente), no de la pasada, lo que es menos inflacionista. Tercero, que los salarios en España son la mitad que en Alemania (21.500 euros brutos frente a 40.000) y un 20% inferiores a la media de la UE. Y cuarto, que en Alemania existe un gran peso de las grandes y medianas empresas, lo que permite ligar mejor las subidas salariales a la productividad, pero en España, un 75% de las empresas son pymes con menos de 6 trabajadores, muchas sin convenios ni experiencia de negociar productividad.

España es un país donde la mitad  de los asalariados cobran 1.000 euros o menos al mes, según la Agencia Tributaria. Con estos sueldos, no se puede quitar de un plumazo la cláusula de salvaguardia, y más con los precios subiendo al 3,6%.La batalla de culpabilizar a los salarios es antigua y yo siempre me fijo en los sueldos de los que piden moderación: Gobernador del Banco de España: 165.026 euros al año. Presidente del BCE: 360.000 euros. Presidente del Bundesbank: 388.000 euros. Y así podríamos seguir con expertos y políticos. Muchos de ellos se olvidan de pedir moderación a los márgenes y beneficios empresariales, que también han subido con fuerza en España en la última década, ganando peso en el pastel de la renta. Y de pedir contención en los salarios de directivos empresariales y en los bonus. Choca que insistan en la contención salarial y no mencionen que los sueldos de los altos directivos de las empresas del IBEX subieron un 19.14% en 2010. Y que los beneficios de las empresas del IBEX subieron el año pasado un  21,5%.

Volviendo a la propuesta de Merkel, parece evidente que hay que ligar la subida de los salarios a la mejora de la productividad, aunque sin liquidar de un plumazo la revisión por el IPC . Pero la mejora de la productividad no depende sólo de los salarios. Hay que hablar también de la organización del trabajo y de la gestión de las empresas, de los horarios, del reparto y creación de empleo, de la formación (sólo el 24% de los convenios incluyen planes de formación), de la mejora de infraestructuras, de la tecnología y la innovación (Alemania gasta el doble que España en innovación). No hablemos sólo de salarios. Hay muchas otras teclas que tocar para ser más competitivos. Que no nos hagan culpables.   

Petróleo: el parche de las pegatinas a media luz

Desde el lunes 7 de marzo, no se podrá circular a más de 110 km/h en unas autovías y autopistas que, como las demás carreteras, estarán a media luz para ahorrar energía. Una medida polémica que se suma a otras medidas más efectistas (como cambiar las ruedas a los coches) que eficaces, aunque algo ahorren (un 5%, dicen). El Gobierno ha vuelto a buscar un atajo en vez de afrontar de una vez el grave problema de la energía, que lleva 40 años y cinco crisis sin resolverse: España es uno de los países europeos más dependientes del petróleo y gastamos más energía, lo que nos hace muy vulnerables y obliga a  pagar una gran factura y endeudarnos. No vale sólo con cambiar bombillas: hace falta un gran Pacto energético para ahorrar energía. Y fomentar las renovables. Tomar ya medidas de fondo, para que den fruto de aquí a 20 ó 30 años.

Ahora, el problema del petróleo no es Libia, aunque haya puesto el crudo en 115 dólares/barril. El petróleo llevaba meses rondando los 100 dólares porque ha subido el consumo de los países emergentes, ha hecho un frío invierno y el crudo se ha convertido en una inversión especulativa, que distorsiona su cotización. Y todo apunta a que dos de estos tres factores seguirán algún tiempo, con el riesgo añadido de que la crisis de Libia se repita en otro país de Oriente Próximo (Yemen, Bahréin, Omán, Qatar) o de África (Argelia, Nigeria), de donde proceden las dos terceras partes del petróleo y del gas que consume España.

Pero el problema energético de España es más de fondo. Hemos sufrido 5 crisis energéticas serias (1973, 1979,1.990, julio 2008 y la actual) y sin embargo, seguimos dependiendo del petróleo y del gas como antes: un 77% de la energía se importa, lo mismo que en 1980. Consumimos menos petróleo (48,8% frente al 72% en 1980), pero a cambio consumimos más gas (23,8 % frente al 2,3%), una energía también cara, con riesgo de abastecimiento (32% viene de Argelia y 20% de Nigeria) y vulnerable, ya que sólo podemos almacenar gas para 12 días, en caso de corte de suministros. Esta dependencia energética de España es muy superior a la media europea (53% de la energía es importada en la UE) y sólo nos superan países como Irlanda, Portugal, Grecia o Italia.

Dependemos más que Europa de la energía importada y además, consumimos más que ellos: un 26% más por unidad de producto que la UE-27.Y no ahorramos. Baste decir que entre 1990 y 2008 (con dos crisis energéticas recientes), España aumentó su consumo de energía un 56,6%. El consumo bajó en 2009 y 2010, con la crisis, pero aun así, la factura energética de 2010 fue de 34.500 millones de euros (petróleo y gas), dos tercios de nuestro agujero comercial, un gasto que se come con creces las divisas que aporta el turismo (27.000 millones netos).Una factura que crece en 6.000 euros/año por cada 10 euros que suba el crudo.

No tenemos energía y la gastamos a espuertas, con lo que pagarla nos obliga a endeudarnos. Algo hay que hacer y no basta con las 20 medidas aprobadas para salir del paso, como bajar la velocidad, cambiar el alumbrado o los neumáticos. Hay que atajar el problema de fondo en dos sentidos. Uno, ahorrar energía de verdad. Y el otro, fomentar las energías propias: hidráulica y renovables (9,4%) y nuclear (23,8%). En la hidráulica, poco se ha hecho, por la polémica ecológica, pero hay campo en “minisaltos”. En renovables, hay que resolver el problema del almacenamiento (tecnología) pero sobre todo acabar con la desorientación normativa, que está frenando la eólica y solar (no es normal que Alemania tenga más energía solar y eólica que España).Y en nucleares, además de ampliar la vida útil de las centrales a 60 años, hay que planificar ya qué se hace para 2050.

En ahorro energético, hay que poner orden en el transporte y sobre todo en la carretera, que consume el 34% de toda la energía (96% es petróleo). ¿Medidas? Menos mercancías por camión (83% en España y 45% en la UE-27) y más por tren (3% frente a 10,7% en la UE) y por barco (10% frente a 37,2% en Europa). Y a los particulares, ayudas para renovar el parque de coches, ya que el 40% tienen más de 10 años y consumen un 15% más que los nuevos. Y promover de verdad el coche híbrido y eléctrico, de los que sólo se venden 850 al mes. Luego, hay que ahorrar en la industria (30% consumo), con ayudas ya que es difícil que inviertan en eso con la crisis. Y también en las viviendas (17% consumo), con ayudas a la rehabilitación. Y hay mucho campo en las administraciones públicas y en el alumbrado, donde España  gasta más que otros países (116 kW por habitante frente a 91 en Francia y 43 en Alemania).

No hay atajos: gastar menos energía y gastarla mejor son miles de medidas, a 20 o 30 años vista. Pero hay que empezar ya y eso exige un gran Pacto político e institucional, que por desgracia sólo se hará cuando otra crisis nos ponga a los pies de los caballos. Entre tanto, el petróleo pone más negra la salida de la crisis en 2012, con más gasto, más inflación, menos consumo, menos crecimiento, menos empleo y el riesgo de que el BCE suba los tipos, lo que sería la puntilla para España. Pero, con todo, lo más grave sería esperar la sexta crisis del petróleo sin tomar medidas rigurosas, pactadas y durante muchos años.

Innovación: España, en la cola de Europa

La crisis ha frenado drásticamente el gasto en innovación y tecnología de España, con tres años consecutivos de menos presupuesto en I+D+i. Con ello, nos hemos estancado a la cola de la Unión Europea en innovación. Y lo peor es que el gasto tecnológico está cayendo sobre todo en las empresas, que ya invierten en tecnología menos que el Estado, al contrario que en la mayoría de los países. Y sobre todo, cae el gasto en innovación en las pymes. En resumen, no sembramos en innovación y así no podremos mejorar la productividad y la competitividad, no podemos recoger crecimiento y empleo estables. En vez de hablar sólo de salarios, es hora de tomar medidas para innovar en las empresas y en la economía.

España se ha colocado en el puesto 18 de 27 en el ranking europeo de innovación ,sólo por delante de Grecia, Malta y 7 países de la Europa del Este. Tenemos un índice de innovación de 0,395, muy por debajo de la media europea (0,517), la mitad que Alemania (0,696) y menos que Suecia,el líder (0,750). Y España destina el 1,38% de la riqueza (PIB) a invertir en I+D+i, frente a un 2,01 % de media de la Unión Europea en 2009 (Y un 2,5% en Alemania) . Un nivel bajo si se tiene en cuenta que el objetivo de la Agenda europea de Lisboa era gastar en innovación y tecnología un 3% en 2010, objetivo que ya ronda Estados Unidos y que la Unión Europea ha dejado para tratar de cumplirlo en 2020.

España lleva haciendo un cierto esfuerzo en innovación desde principios de los años 90, pero la crisis ha obligado a recortar presupuestos tres años seguidos, desde el 2009 hasta el 2011, año en que el Presupuesto en I+D+i cae un 7%, quedando en 7.518 millones de euros. En 2009, último año con datos del INE, la inversión en innovación y tecnología cayó por primera vez en 15 años, debido sobre todo al pinchazo en la inversión en I+D+i de las empresas, que cayó un 3,6 %. Pero lo peor es que en las pymes, el 99% del tejido empresarial, cayó un 12%.Y con este ajuste, las empresas ya invierten en tecnología menos que el sector público, al contrario que en otros países desarrollados, donde las empresas gastan 2 de cada 3 euros en innovación (68% en Alemania y 43% en España).

Aquí está la clave del problema: no es sólo que España gaste menos en innovación (que lo es), sino que nuestras empresas dedican menos dinero a innovar y además, no aprovechan bien los recursos públicos : de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la innovación, según un estudio de Alma Consulting. Además, hay mucha desigualdad entre regiones, ya que sólo Navarra, Madrid y País Vasco invierten en innovación por encima de la media europea. Curiosamente, son las comunidades con menos paro.

La innovación se ha incluido como un capítulo en el reciente pacto social, como una cobertura más al recorte de las pensiones. Pero sobran declaraciones grandilocuentes a favor de la innovación. Hacen falta medidas y más presupuesto. Y hace falta movilizar a las empresas, desde las patronales, para hacer una apuesta por la reconversión tecnológica, aprovechando los últimos recursos europeos.Hay que incorporar las nuevas tecnologías al día a día de las empresas, desde que tengan una Web al comercio electrónico o la innovación en los procesos de fabricación y distribución. Hay que simplificar el catálogo de ayudas, haciéndolas más sencillas y transparentes.Hay que implicar a las empresas españolas en proyectos europeos de innovación (ahora sólo lideran el 11 %). Hay que movilizar financiación y capital riesgo para que la innovación tenga recursos. Y, sobre todo, hay que apostar por la educación, invirtiendo en capital humano, reduciendo el fracaso escolar (32 % dejan la Secundaria) y favoreciendo las carreras técnicas (sólo el 25% de los universitarios).

Este sí es un pacto pendiente: el Pacto por la innovación, para que la tecnología mejore la productividad y la eficacia de las empresas y la economía.No sólo hay que hablar de salarios : hablemos de dar un salto tecnológico, de sembrar el empleo estable.¿Queremos ser como Alemania?. Vale, pues sepamos que ellos gastan el doble que España en innovación: 872 dólares por habitante, frente a 401 dólares en España, según el Informe COTEC 2010. Y a pesar de la crisis, han aumentado su gasto en I+D+i en 2011, lo mismo que Francia o Reino Unido. Copiemos también eso de Europa.