Universidad: alumnos récord, financiación escasa
Más de 1,8 millones de universitarios han iniciado
otro curso, un récord histórico de alumnos, sobre todo en Masters y
Grados online. Pero las Universidades públicas están faltas de
recursos (secuela de los recortes desde 2010), incluso con problemas
para pagar nóminas (los 6 Rectores de Madrid han pedido 200 millones
a Ayuso), calefacción y servicios. Los rectores han pedido a las
autonomías, que financian el 65% de las Universidades, que firmen Planes
plurianuales, para asegurarles financiación suficiente y reforzar
plantillas (el 49% docentes son “temporales”) y estudios. Exigen que se cumpla
la nueva Ley de Universidades (LOSU), de 2024, que promete invertir un
1% del PIB en Universidades (frente al 0,76% actual), 3.596 millones más.
El problema es quien lo paga. Porque las autonomías “se
escaquean”, mientras las del PP apoyan nuevas Universidades privadas (13
en Madrid, 4 en Andalucía y 43 en toda España) .Y el Gobierno no
consigue aprobar el Presupuesto 2025, clave para aportar más fondos.
Urge apostar por la Universidad, financieramente asfixiada.
Con este récord histórico de universitarios para
2024-25, España se consolida como uno de los paises de Europa y del mundo
con más universitarios, mayores y jóvenes. En el conjunto de la
población (25 a 64 años), tenemos un 41,4% de universitarios, frente al 40,7% en
la OCDE y el 37,7% en la UE-25 (42,4% en Francia, 33,9% en Alemania y 21,3% en
Italia), según
el último informe educativo de la OCDE (datos 2023). Y si miramos sólo a
los jóvenes (25 a 34 años) el porcentaje de universitarios es aún mayor: 52%
en España, frente al 47,4% en la OCDE (51,85% en USA y más del 57% en
Japón, Irlanda, reino Unido o Noruega) y el 44,2% en la UE-25 (51,8% Francia,
38,5% Alemania o 30,75% Italia).
Este liderazgo universitario de España
contrasta con las quejas
constantes de falta de financiación de los rectores de las
Universidades españolas (CRUE). Según
sus informes, no se han recuperado todavía de los recortes
presupuestarios (-30% de transferencias) hechos a partir de 2009 por el Gobierno (ZP y sobre todo Rajoy) y por
las autonomías. Y aseguran que, descontando la inflación, hoy
reciben entre un 15 y un 20% menos que en 2009, aunque tienen 256.000 universitarios
más. Eso les ha obligado estos años a no cubrir jubilaciones, a hacer
contratos basura a los profesores (el 49% de los docentes universitarios
tienen contratos temporales, frente al 23% los camareros), a no poder
ampliar programas y Master y a tener problemas para pagar la luz o la
calefacción…
Un grave problema económico y financiero para la
Universidad que no se debe solo a los recortes sino a un problema
estructural: España financia menos la Universidad que otros paises. Así,
el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654
dólares en 2021 (último
dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y
33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más que
nosotros (27.756 dólares por universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963
en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando en todos
la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% de su PIB a
financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.
Pero no sólo financiamos menos la Universidad. También lo
hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión
pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y
matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el
67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84%
en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 28,8% del gasto universitario
es privado, frente al 19,2% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la
mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la
aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).
Otro problema de España es que hay una gran desigualdad
en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia
y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay una serie de autonomías
que transfieren a sus Universidades menos que la media (7.378 euros/universitario
en 2021-22) : Madrid (6.005 euros por universitario, -19,6%), Murcia
(6.712), Cataluña (6.756), Baleares (6.907) y Extremadura
(6.959 euros), según
el Informe CYD 2023. Y entre las autonomías que mejor financian sus
Universidades destacan La Rioja (10.068 euros/universitario), País
Vasco (9.995), Cantabria (9.775) y Navarra (9.625 euros). En
contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos
pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.009 euros/alumno), Cataluña
(1.970), Navarra (1.740) y Comunidad Valenciana (1.713 euros). Y mientras, hay
otras donde pagan en tasas y matriculas poco más de 1.000 euros (la
mitad que Madrid): Canarias (1.049), Galicia (1.059), Andalucía (1.150),
Baleares (1.157) y Asturias (1,190 euros/alumno).
A la vista de este panorama (más alumnos y
cursos y escasa financiación), la mayoría de las universidades públicas
tienen serios apuros económicos, otro Curso más. La situación
financiera más penosa se da en las 6 Universidades públicas de Madrid,
la autonomía que menos financia a sus universitarios (y la más cara). Los Rectores
acaban de lanzar un SOS:
necesitan 200 millones extras para seguir funcionando, para pagar sus
nóminas. Y piden al Gobierno regional que pague a sus profesores como
hace con el personal sanitario público y docentes de Colegios e institutos
públicos. Argumentan que las transferencias de la Comunidad son menores que las del resto (suponen un
0,4% del PIB regional, frente al 0,55% de media) y los gastos crecen cada año. Y
no saben todavía lo que les aportarán en 2025, porque no hay Presupuesto. Además,
temen que la presidenta Ayuso retrase concretar su aportación hasta que no
apruebe la Ley
de Universidades regional, con la que están enfrentados los
Rectores madrileños, porque creen que ”invade
su autonomía”.
Si la situación financiera de la mayoría de
Universidades es precaria, lo será más este Curso y los siguientes,
porque entra en vigor la nueva
Ley de Universidades, la LOSE, la 4ª de la democracia (BOE 22 marzo 2024).
Su objetivo es reorganizar las Universidades, mejorando y
estabilizando las plantillas docentes, mejorar los programas e
internacionalizarlas. Objetivos que supondrán una mejora de la calidad y la
formación universitaria pero tendrán más coste. Sólo el tema de regularizar
plantillas (el 49% de los docentes son temporales), cubrir vacantes y
jubilaciones les supondrá a las Universidades un
coste extra de 843 millones de euros, según los Rectores (CRUE). Y
luego están los costes extras de las mejoras docentes y los programas de investigación
e internacionalización. Los rectores insisten en que, hoy, no
saben quien lo va a pagar ni cuándo. Y temen que su situación vaya a peor.
La propia LOSU establece, en su artículo 55, que “las
Administraciones públicas dotarán a las Universidades de los recursos necesarios,
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”, pero
no concreta ni quién ni cuándo. Sí concreta el cuánto: “dedicar
como mínimo el 1% del PIB en gasto
público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora ese
gasto es del 0,76% del PIB, subirlo al 1% supone gastar 3.596 millones
adicionales (con el nuevo PIB de 2023). Pero sigue
sin concretarse quien lo paga, aunque el Gobierno ha propuesto que
cada Universidad firme un Acuerdo Plurianual con su Gobierno
regional y que el Presupuesto del Estado lo complete.
Pero de momento, casi ninguna autonomía (salvo
Andalucía) ha firmado ningún acuerdo de financiación a medio plazo con
sus Universidades, que insisten en saber cuanto antes el dinero con que pueden
contar para planificar su gestión, desde la política de personal (que se lleva
dos tercios del gasto) a los nuevos programas. Y, en paralelo, el Gobierno Sánchez
no
consigue aprobar los Presupuestos 2025, con lo que va a tener difícil
aportar más recursos. De momento, ha aprobado 1.300 millones para becas
universitarias en 2024-25 (que benefician a medio millón de
universitarios), pero queda
reformar el sistema de becas, porque los umbrales son demasiado altos para
muchas familias (con la inflación) y la dotación es insuficiente (con el aumento de costes
del alquiler). Otra medida que sí está en marcha es el
programa María Goiri, por el que el Estado y las autonomías van
a financiar 5.600 plazas de profesores y ayudantes doctores en las
Universidades públicas españolas.
Pero la mayor parte de la nueva financiación de las
Universidades, obligada por la LOSU, “sigue en el aire”,
aunque el Curso 2024-25 lleve un mes en marcha. El problema concreto es que la
mayor parte de la financiación pública (el 82%) la aportan las autonomías y las
11 gobernadas
por el PP no están de acuerdo con la
LOSU y no quieren financiarla ni poner más recursos para las
Universidades públicas. Y varias autonomías del PP se están dedicando a
promover y autorizar Universidades privadas.
El caso más llamativo es Madrid:
tiene 6 Universidades públicas y 13 Universidades privadas, con
la intención de aprobar este otoño la Universidad privada nº 14 (la
Universidad Abierta de Europa, virtual), a pesar del voto negativo de 10
miembros (7 del PP) en la última Conferencia de Política Universitaria estatal.
Y hay otras 4 Universidades privadas que esperan su turno… (serían 18).
En
Andalucía, se acaba de aprobar el desembarco de la 4ª Universidad
privada en los últimos 10 meses (a las que habría que sumar una 5ª, la
entrada de la Universidad de Comillas). Canarias tiene otras 4, Castilla
y León 5, País Vasco 3, Aragón 2 y Cataluña sigue con 7,
mientras tienen 1 Universidad privada las restantes (salvo Asturias,
Baleares, Extremadura y Castilla la Mancha, donde no se ha autorizado ninguna
privada). En total, 43
Universidades privadas, frente a las 17 en 1977, mientras se mantienen
(desde 1.998) las 50 Universidades
Públicas.
El exministro Castell aprobó en 2021 un Decreto
para garantizar la calidad de las nuevas Universidades que se aprobaran, para
evitar la proliferación de Universidades privadas poco profesionales, sobre
todo virtuales, sin medios ni programas ni profesorado. Pero las nuevas
Universidades han sabido adaptarse y conseguir aprobar nuevos proyectos, que la
mayoría de los Rectores critican duramente, considerándolas de baja calidad.
Por eso, el Gobierno estudia
ahora cambiar el Decreto, para frenar la proliferación de
Universidades privadas “low cost”. Pero el PP y sus Gobiernos las apoyan,
como al resto de enseñanza concertada y privada. Y, además, muchos están bajando
impuestos y reduciendo recaudación, con lo que no están a favor de
aumentar mucho su financiación a las Universidades públicas.
Pero la Universidad española, básicamente la pública,
tiene un problema estructural: va a tener cada año más alumnos,
al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075
niños, 160.000 menos que los nacidos en 2006 y que ingresan
ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder
competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o
los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en
la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado
central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más
recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos
paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades sigan en
pérdidas.
Aumentar la financiación a las Universidades públicas es un requisito básico para mejorarla y que no
quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas).
Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han
de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000
licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen
más trabajo y menos paro que los jóvenes que no son universitarios, pero
todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado,
sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está
trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el
89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según
la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un
9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.
Corregir este “drama”, que la Universidad
siga siendo “una
fábrica de parados”, exige no sólo tener más financiación sino
hacer un cambio estructural, con múltiples medidas:
derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los
planes de estudio con la colaboración de empresas e instituciones, reducir la
endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e
instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en
empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio
a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la
enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos y los años de
enseñanza sean más eficaces. Parte de estas medidas se incluyen en la LOSU,
pero el resto deben ser fruto de una
mayor implicación de la Universidad con la economía y la sociedad.
Podemos estar orgulloso de ser líderes en universitarios, pero también lo somos
en parados. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar
los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.
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