Peajes gratis y autovías de pago

Mañana se acaba la concesión de la autopista AP-1, entre Burgos y Armiñán (Álava), y el sábado 1 de diciembre será gratuita. Y el Gobierno Sánchez anuncia que también suprimirá los peajes de 3 tramos de autopistas en 2019 y 7 más en 2021 (si está en el Gobierno, claro). Pero, en paralelo, anuncia que estudia poner peajes a las autovías, para pagar su conservación, con lo que se supone que hará lo mismo con las autopistas cuya concesión termina. Una decisión polémica (los camioneros amenazan con huelgas), que implica pagar dos veces por unas autovías que ya hemos costeado con impuestos, aunque el uso de las vías rápidas se paga en casi toda Europa. Algo hay que hacer para pagar el mantenimiento de autovías y carreteras, abandonadas con los recortes. Y además, ya hemos pagado este año 1.800 millones por el rescate de 9 autopistas, acordado por Rajoy en 2017, que aún nos costará más. Sea como sea, nos tocará pagar más por viajar por carretera.

enrique ortega

El primer peaje que se cobró en España fue el túnel de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, inaugurado por Franco el 4 de diciembre (día de su cumpleaños) de 1963: costaba 30 pesetas (0,18 euros) y ahora pagamos 25 veces más, 4,50 euros por el tramo Villalba-San Rafael. El primer tramo de autopista se inauguró un año después, el 5 de diciembre de 1964, sólo 8,79 kilómetros entre Madrid y Santa Eugenia (Vallecas), el germen de la futura A-3. Y la primera autopista de peaje fue Barcelona-Mataró, la A-19 (hoy C-32), abierta el 2 de julio de 1.969, año en que también se abrió la A-17 (hoy C-33) entre Barcelona y Granollers. Y en octubre de 1971, el príncipe Juan Carlos inauguraba la autopista Bilbao-Eibar. A partir de ahí, hubo un “boom” de autopistas de peaje, empujado por una Ley de autopistas de 1972 con la que el franquismo favoreció el negocio de las autopistas, al permitirles dos privilegios: darles un aval del Estado para endeudarse fuera y un seguro de cambio para cubrirles el riesgo de divisas, dos beneficios que duraron hasta 1.988 y que nos costaron a los españoles 8.000 millones de euros.

Actualmente, España cuenta con 3.039 kilómetros de autopistas, autorizadas básicamente durante el franquismo (1.500 kilómetros adjudicados entre 1967 y 1976), con la UCD (700 kilómetros) y Aznar (unos 600 kilómetros), responsable de la “segunda generación de autopistas de peaje” (radiales de Madrid y provincias próximas), 9 de ellas rescatadas por quiebra en 2017. La mayoría de autopistas se concedieron por 20 ó 30 años, pero antes de terminar la concesión, los gobiernos de turno las ampliaron a 50 y hasta 75 años. Es el caso de la AP-6 (túnel de Guadarrama), que el franquismo concedió en 1968 por 50 años y que en 2008 Zapatero amplió hasta 2015 (“como mínimo”), a cambio de construir un tercer carril. O la autopista vasco-aragonesa (1975), cuya concesión vencía en 2011 pero Aznar la amplió hasta finales de 2026. Como la AP-66 (Campomanes-León, de 1983), cuya concesión terminaba en 2021 pero también Aznar la prorrogó hasta 2050. Un caso curioso es la Autopista del Atlántico, entre Fene y Tui, autorizada por el franquismo en agosto de 1973 hasta 2012. La primera prórroga se la dio UCD, hasta noviembre de 2012, luego Borrell (PSOE), 10 años más, y finalmente Aznar (otros 25 años), con lo que su concesión durará 75 años, el máximo legal. En otros casos, al finalizar la concesión, las autopistas han pasado a las autonomías, como la Bilbao-Behovia (revertida a las Diputaciones vascas en 2003) o las dos utopistas de Barcelona a Mataró y Granollers (que gestiona la Generalitat).

En 2016, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que el Gobierno Rajoy ya no iba a dar más prórrogas a las autopistas y que cuando finalizara la concesión las iban a licitar de nuevo. No era un cambio de postura, sino la consecuencia del veto de Bruselas a las prórrogas: la Comisión Europea cree que prorrogar una concesión es “una ayuda de Estado encubierta” y prefiere que la gestión de la autopista salga a subasta de nuevo. Pero el Gobierno Sánchez ha ido más allá: el ministro José Luis Ábalos dijo en el Senado que quitará los peajes de las autopistas cuya concesión termine. Y lo hace, como arma preelectoral y presionado por las autonomías socialistas con autopistas (sobre todo la Comunidad Valenciana y Aragón) y por los nacionalistas catalanes: todos quieren suprimir los impopulares peajes.

El primer peaje que va a suprimirse, este 1 de diciembre, es el tramo Burgos-Armiñón, 84,3 kilómetros de la AP-1 que gestiona Europistas (Itinere) y cuya concesión (adjudicada en 1974 por 20 años y ampliada 4 veces) vence el 30 de noviembre. En principio, se levantan este sábado las barreras y los conductores dejarán de pagar por este trayecto entre 12,23 (coches) y 25,30 euros (camiones). Esto va a suponer un tremendo aluvión de tráfico por este tramo de autopista (que siendo de pago recibía ya 20.000 vehículos diarios), ya que la Nacional I está muy saturada (y tiene muchos accidentes), sobre todo de camiones y turistas (marroquíes y europeos en verano). Y la concesionaria (participada por Sacyr, Arecibo, Abanca y Liberbank) dejará de ingresar 70 millones anuales.

El ministro de Fomento ha anunciado que también va a revertir al Estado la concesión de otros 10 tramos de autopistas que vencen en 2019 y 2021 (unos 1.000 kilómetros), aunque para ello el PSOE tendría que ganar las próximas elecciones y gobernar. El 31 de diciembre de 2019 vence la concesión de dos tramos de la AP-7 en la Comunidad Valenciana, adjudicada a Acesa, (225 kilómetros entre Tarragona y Valencia) y 148 kilómetros entre Valencia y Alicante) y el tramo de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (94 kilómetros), adjudicada a Aumar (Abertis). Y en agosto de 2021 vence la concesión de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (220 kilómetros) y cuatro tramos de la AP-7 (259 kilómetros), entre Barcelona-Tarragona, Tarragona-La Junquera, Montmeló-el Papiol y Mongat-Mataró, las cinco autopistas gestionadas por Acesa (Abertis).  Y también vence en 2021 la concesión de dos autopistas autonómicas, Barcelona Montmeló (la C-33) y Montgat-Palafolls (la C-32). Luego, hay otras 31 concesiones de autopistas que vencen entre 2026 y 2074 (ver listado).

En todos los casos, empezando por el más inminente de la autopista Burgos-Armiñón, el problema es que el Estado, al no renovar la concesión, tiene que asumir los costes de la autopista, empezando por pagar a sus empleados (121 empleados en el tramo Burgos-Armiñón y unos1.300 en total en las autopistas cuya concesión termina en 2019 y 2021) y siguiendo con los costes de mantenimiento de las autopistas (estimados en unos 350 millones de euros anuales para las 11 cuya concesión termina entre 2018 y 2021). Y también hay que añadir los ingresos fiscales que se dejan de recaudar (se estima que los peajes dejan un retorno fiscal del 43%) y los ingresos que el Estado deja de percibir si no se adjudican esas autopistas a otras empresas (al no re-licitarse). En total, un pico de costes que ahora tendrá que cargar el Presupuesto y que superarían los 500 millones anuales en 2021.

En paralelo a este problema de las autopistas que “le caen al Estado”, está el problema de las autovías, 12.296 kilómetros de vías rápidas gratuitas (construidas la mayoría durante los gobiernos de Felipe González, pero también con Rajoy), en las que apenas se hace mantenimiento tras los recortes y donde hay que invertir en modernización y conservación. Se estima que las autovías tienen un coste de mantenimiento anual de 11.000 millones de euros y que irá a más, porque se siguen ampliando trazados (hace unos días se inauguraba un enlace en la autovía A-52, en Pontevedra). El ministro de Fomento lo ha dicho bien claro: “el Gobierno está pensando en cobrar peaje por las autovías”, una petición que llevan haciendo las constructoras de Seopan (para aumentar su negocio) desde hace años. De momento, el Gobierno propone crear una subcomisión en el Congreso (donde participen autonomías, concesionarios, expertos y automovilistas) para estudiar fórmulas de peaje para 2020.

Lo normal sería que si se estudia un peaje para las autovías se extienda también ese peaje a las autopistas que queden libres de peaje y pasen al Estado, por el fin de la concesión, aunque el PP y Ciudadanos defienden que se vuelvan a licitar e empresas privadas. Los defensores del peaje reiteran que es la única vía para pagar el costoso mantenimiento de  autovías y autopistas y que con ello España haría lo que la mayoría de Europa: cobrar. Ciertamente, hay bastantes paises donde casi todas las autopistas y autovías son de peaje, como Francia, Italia, Portugal, Austria, Bélgica o Polonia, mientras Alemania introdujo el peaje en las autopistas nacionales en 2016. Pero también hay otros paises europeos sin peajes en autovías y autopistas, como Reino Unido (sólo hay un peaje en la M-6, en el centro), Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia o Finlandia.

El debate no es sencillo, porque también puede decirse que el peaje de las autovías sería un doble pago de los contribuyentes, que ya las hemos pagado con nuestros impuestos. Y además, que es socialmente más justo mantenerlas con cargo al Presupuesto (que cada uno pague según sus ingresos) que con cargo a un peaje que pagan todos por igual (ricos y pobres) y que penaliza más a los que más las usan, los que trabajan en la carretera. Por ello, las asociaciones de camioneros ya han amenazado con ira la huelga si se ponen peajes en las autovías y autopistas liberadas. Claro que un argumento indiscutible es que urgen ingresos para mantener autovías y autopistas (y el resto de carreteras, muy abandonadas) y que el Presupuesto no es de chicle. Así que habría que pensar en dejar los impuestos para pagar la sanidad, la educación, la Dependencia y las pensiones (sobre todo) y hacer que sean los conductores los que paguen las mejores carreteras, sean autopistas, autovías.

Otro problema que está ahí y que hay que resolver es cómo afrontar el futuro de la red de carreteras, como financiar las nuevas vías pendientes de construir. De momento, las licitaciones de nuevas carreteras han estado paradas  9 meses, por discrepancias entre Fomento y Hacienda por la nueva Ley de Contratos del Estado (una vía sibilina de no gastar y rebajar el déficit) y el Gobierno Sánchez promete sacar a principios de 2019 la licitación de 20 nuevos proyectos en 10 autonomías, por un importe de 1.700 millones, con cargo a los Presupuestos 2018. Y además, estudia adjudicar nuevos proyectos de carreteras y autovías en el primer semestre de 2019 (difícil si hay elecciones), por 1.200 millones más, que intentará los aporten las empresas privadas a cambio de un beneficio (el 3,48% de rentabilidad) y gestionarlas durante 10 años, dos condiciones del nuevo Plan de inversiones (PIC) de Fomento que no convencen ni a constructoras ni a los fondos de inversión.

Mientras el futuro de la red de carreteras está en el aire, el pasado nos pasa factura: este otoño, el Gobierno Sánchez ha pagado ya los primeros 1.800 millones de euros a las empresas concesionarias por las 9 autopistas de peaje que rescató y nacionalizó Rajoy en 2017, por estar en quiebra: las 4 radiales de Madrid (R-2,R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas, la AP-41 entre Madrid y Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Y esos 1.800 millones, que han disparado el déficit público este año, no serán la única factura, porque las empresas estiman que la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) puede ascender a 4.000 millones de euros, de los que se podrían deducir los costes extras de las expropiaciones. Además de este coste, esas 9 autopistas autorizadas por Aznar a comienzos de siglo, ya nos han costado mucho dinero a los españoles: unos 5.200 millones concedidos por Zapatero y Rajoy desde 2010 para impedir su quiebra. Y eso sin contar que esta nacionalización es la segunda que nos cargan: en 1984, Felipe González tuvo que nacionalizar 6 autopistas en apuros, que Aznar privatizó en 2003, cuando ya ganaban dinero, con un coste de 114 millones de euros para los contribuyentes.

En resumen, que tenemos una larga historia con las autopistas de peaje, que nos han costado mucho dinero y no sólo por usarlas. Ahora, urge clarificar el panorama, sin electoralismos y con perspectivas de futuro, sabiendo que tener autopistas y autovías tiene un coste y que alguien tendrá que pagarlo. Pero si finalmente tenemos que pagar peajes, lo que tenemos que exigir es que sean más bajos y sólo para pagar costes justificados, lo que se aseguraría con el control público de la gestión, no volviendo a concesiones para que constructoras y concesionarias hagan negocio no sólo con las autopistas sino con las autovías (y si les va mal, las recatamos). Más transparencia y equidad en los peajes, ya que nadie nos va a librar de pagarlos.

El paro y las 2 Españas (o tres)

El paro sigue siendo el mayor problema de España y duplica con creces (14,5%) la tasa europea (6,7%). Pero el paro se reparte de forma muy desigual, con lo que hay 2 Españas (o mejor, tres) para el desempleo: 3 autonomías más Ceuta y Melilla que superan o rozan el 20% de paro, 6 autonomías con menos del 10% y en medio, las 8 restantes. Y hay 12 provincias (7 de las 8 andaluzas) con un paro “desbordado” mientras otras 13 provincias tienen un paro “europeo”, entre ellas Soria, Lugo o Teruel. Este desequilibrio, fruto de la desigual economía de cada región, debería obligar a aprobar un Plan de choque contra el paro centrado en Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla, regiones que deberían ser prioritarias en las políticas públicas para compensar su retraso. Y urge promover políticas de movilidad laboral, para que los parados de Huelva (25,98% de paro) busquen trabajo en Guipúzcoa (7,75% paro) o Huesca (8,28%). Atacar el paro provincia a provincia, ciudad a ciudad.

enrique ortega

España ha bajado del 15% de paro (14,55% en septiembre, según la EPA), por primera vez desde diciembre de 2008. Pero todavía tenemos más del doble de paro que Europa (6,7% la UE-28 y 8,1% la zona euro) y cuatro veces el paro de Alemania (3,4%), lo que justifica que el paro siga siendo la primera preocupación de los españoles, según el Barómetro del CIS. Pero ojo, el problema del paro es desigual, según donde uno viva. Así, hay 3 autonomías que tienen una tasa de paro superior o rondando el 20%, según la EPA: Andalucía (22,85%), Extremadura (21,68%) y Canarias (19,64%), más Ceuta (30,79% de paro) y Melilla (24,01%). Y en el otro extremo, 6 autonomías con una tasa de paro por debajo del 10%: Baleares (7,16%), Cantabria (8,99%), País Vasco (9,42%), La Rioja (9,60), Navarra (9,65%) y Aragón (9,87%). Y en medio, las 8 autonomías restantes, con un paro “intermedio”: Cataluña (10,63% de paro), Castilla y León (11,30%), Madrid (11,86%), Galicia (12,24%), Asturias (13,45%), Comunidad Valenciana (15,29%), Murcia (16,33%) y Castilla la Mancha (16,71%).

Son “las 3 Españas” del paro. Y lo peor es que también había esas 3 Españas antes de la crisis, en 2007, y tras la debacle del empleo, en 2014. Y que son las mismas regiones las que tenían más paro y menos, como se deduce rebuscando en la EPA. Así, en 2007 (2º trimestre, cuando España tenía el 7,93% de paro), había 3 autonomías con más paro: Extremadura (12%), Andalucía (11,95%), Canarias (9,87%) más Ceuta (20,11%) y Melilla (21,70%), las mismas que ahora. Y en 2014, cuando el paro alcanzó el récord (25,93% de tasa de paro de España, el primer trimestre), esas mismas autonomías seguían siendo las que tenían más paro: Andalucía (34,94%), Canarias (32,55%), Extremadura (32,14%), Ceuta (31,56%) y Melilla (24,34%), acompañadas de otras tres que después han mejorado, Castilla la Mancha (30,3% de paro en 2014), Comunidad Valenciana (28,04%) y Murcia (27,71%). Y las regiones con menos paro, en 2007 y 2014, eran las mismas que hoy: La Rioja (5% y 19,58%), Navarra (5,18% y 17,22%), Aragón (5,36% y 22,85%), Baleares (5,55% y 26,70%), País Vasco (6,19% y 17,36%) y Cantabria (6,41% y 20,95%), salvo Cataluña (6,05% y 22,10%), Madrid ( 6,17% y 20,43%) y Murcia (6,49% y 27,71%), tres autonomías que tenían un paro muy bajo antes de la crisis y ahora lo tienen intermedio.

Si miramos las provincias, vuelve a haber 3 Españas, con algunas sorpresas, según la EPA. Así, hay 12 provincias con un paro que supera o ronda el 20%, de ellas 7 andaluzas: Huelva (25,98% de paro), Almería (25,53%), Córdoba (25,40), Cádiz (24,72%), Granada (24,53%), Jaén (23,18%), Sevilla (22,25%), Badajoz (23,03%), Las Palmas (19,8%), Tenerife (19,5%), Ceuta (30,8%) y Melilla (24,01%). Y 13 provincias con un paro reducido, casi europeo: Baleares (7,16), Guipúzcoa (7,75%), Soria (7,84%), Álava (7,99%), Huesca (8,28%), Lugo (8,34%), Teruel (8,41%), Lleida (8,61%), Girona (8,94%), Cantabria (8,99%), La Rioja (9,60%), Navarra (9,65%), y Valladolid (9,86%). Y todavía hay 5 provincias más que apenas superan el 10% de paro: León (10,10%), Burgos (10,14), Guadalajara (10,19%), Zaragoza (10,44%) y Barcelona (10,55%). En total, 18 provincias con poco paro. También aquí, Baleares, las provincias vascas y aragonesas, Rioja, Cantabria, Soria, Burgos, León, Guadalajara y Lugo eran provincias con paro muy bajo en 2007 y 2014.

Si bajamos a más nivel de detalle, hay 15 ciudades con paro muy alto, 12 de ellas en Andalucía, según el INE (2017): Linares (39%), Córdoba (33,2%), Sanlúcar de Barrameda (33,1%), La Línea de la Concepción (32%), Mérida (30,7%), Chiclana (30,4%), Alcalá de Guadaira (29,9%), Talavera (29,3%), Almería (29,2%), Telde (29%), Jaén (28,7%), Cádiz (28,7%), Granada (28,4%) y Dos Hermanas (28%). Y otras 15 con el paro más bajo, la mayoría en Madrid, Cataluña y País Vasco: Pozuelo de Alarcón (7,4%), Sant Cugat del Vallés (7,4%), San Sebastián (8,3%), Las Rozas (8,3%), Majadahonda (8,4%), Getxo (9,4%), Casteldefells (10,3%), Barcelona (11%), Alcobendas (11,1%), Irún (11,2%), Burgos (11,3%), Rivas-Vaciamadrid (11,4%), Cerdayola del Vallés (11,4%), Zaragoza (11,7%) y Vitoria (11,7%). Dos modelos de ciudades frente al paro.

¿Por qué hay tantas diferencias en la tasa de paro por regiones, provincias y ciudades? Básicamente, por el modelo económico que tienen detrás: más o menos industria (aporta empleo más estable), tamaño de las empresas, mas o menos exportación (aporta más empleo), formación y tecnología, turismo (crea empleo, pero muy volátil por meses), desarrollo agrícola, infraestructuras, inversión pública y política impositiva. Y también juegan mucho dos factores: la población y que haya más o menos inactivos, que muchos o pocos ciudadanos sean activos en buscar empleo o “se desanimen” y se queden en casa.

España ha aumentado su población durante la crisis y la recuperación y eso no ha ayudado a bajar el paro, sobre todo en algunas regiones y provincias, según se deduce buceando en la EPA. Así, Entre 2007 y 2014, en lo peor de la crisis, la población española aumentó en +1.217,900 personas, un 2,72%. Más gente a los que dar trabajo. Y eso perjudicó a casi todas las regiones, sobre todo a  Andalucía (+336.900 personas, +4,2%), Baleares (+95.900,+9,46%) y Canarias (+152.000, +7,8%). Y benefició a Asturias, Castilla León y Galicia, que perdieron población, igual que Soria, Lugo, Teruel, Huesca, Vizcaya y Guipúzcoa. Y con la recuperación, entre 2014 y 2018, España volvió a ganar población, 349.500 habitantes más, lo que dificultó otra vez reducir el paro. Sobre todo en las regiones donde más aumenta la población, como Canarias (+5,78%), Madrid (+3,74%), Melilla (+3,43%) y Baleares (5,78), aunque ayudó la caída de población de Asturias (-3,3%), Castilla y León (-3,35%)y Extremadura (-2,70%), así como en Soria (-2,8%), Lugo (-3,7%), Teruel (-3,8%), Huesca (-1,7%) y Cáceres (-2,8%).

Otro factor clave para el paro es que las personas en edad de trabajar busquen empleo o se queden en casa, inactivas. En España, el aumento de inactivos (“desanimados”) es un hecho: aumentaron en 200.900 entre 2007 y 2014 y en 458.700 entre 2014 y 2018, según la EPA. Un “alivio”, porque si estos españoles no hubieran “tirado la toalla”, renunciando a buscar trabajo (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), hoy habría 659.600 parados más. De hecho, si la economía mejorara, muchos podrían cambiar de actitud, “animarse” y aumentar con ello la cifra de paro aunque crezca el empleo. Este aumento de inactivos ha “beneficiado” sobre todo a Andalucía (+119.700 “desanimados”), a Cataluña (+181.900), a la Comunidad Valenciana (+86.300), a Murcia (+42.500) y País Vasco (35.400), perjudicando al resto, sobre todo a Castilla y León (-84.200 inactivos), Asturias (-30.100), Extremadura (-27.500) y Castilla la Mancha (-24.400 inactivos), así como a Lugo (-22.300 inactivos ), Soria (-2.800), Huesca (-8.000) y Teruel (-7.800 inactivos).

Al final, el factor clave para bajar el paro es crear empleo. España lleva aumentando el empleo desde el 2º trimestre de 2014, según la última EPA. Entre junio de 2014 y septiembre de 2018 se han creado 2.577,400 empleos (+15,20%), 2 de cada 3 empleos perdidos durante la crisis (-3.802.800 entre el 3º trimestre de 2007 y el 1º de 2014). Sólo una autonomía, Baleares, ha recuperado ya el empleo de antes de la crisis (tiene 621.700 ocupados, frente a 537.000 en 2007), además de Ceuta (26.800 empleados ahora frente a 23.000 en 2007) y Melilla (30.700 empleos hoy frente a 23.500). El resto de España tiene aún que recuperar un tercio del empleo perdido. Donde más ha crecido el empleo estos años (2014-2018) ha sido en Baleares (+203.200 empleos, el 48,5%), Canarias (+171.700, el 23,2%), Melilla (+4.900, el 19%), Comunidad Valenciana (+306.900, el 17,5%), Andalucía (+420.000 empleos, el 16,07%), Castilla la Mancha (+112.300, el 15,9%) y Aragón (+79.200 empleos, el 15,8%), destacando por provincias Málaga (empleo ha aumentado un 29,5% desde 2014), Cádiz (+ 26,5%), Santa Cruz de Tenerife (+25,46%), Las Palmas (+21,4%), Melilla (+18,99% y Sevilla (+18,03%). Donde se ha creado menos empleo ha sido en Asturias (+23.300, el 6,27%), Ceuta (+1.600, el 6,3%), País Vasco (+69.900, el 8,2%) y Navarra (+23.500, el 9,02%), además de Almería (+3,8%), Ceuta (+6,3%) y Guipúzcoa (8,16%).

En resumen, que el paro y el empleo se han repartido desigualmente y configuran 2 ó 3 Españas, con problemas más y menos graves. Y lo peor es que, con crisis o con recuperación, “la España más parada” es la misma: Andalucía, Extremadura y Canarias, más Ceuta y Melilla, una cuarta parte de la población española. Estas autonomías han crecido menos que la media española estos años (2014-2017), y ahora podrían crecer lo mismo o más este año (2,6%) y el próximo (+2,4%), según la previsión de BBVA Research, que mejora el crecimiento de Extremadura (+2,8 y +2,6%), estabilizando en la media el de Andalucía (+2,3 y +2,4) y Canarias (+2,7 y +2,2%). Pero haría falta que crecieran más que el resto y crearan así más empleo para tener un paro más cercano a las otras 2 Españas.

Por eso, los políticos y el Gobierno (cualquier Gobierno) deberían acordar un Plan de choque contra el paro en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla, al margen del Plan de choque que necesita toda España. Un Plan que descienda incluso a nivel provincial y local, para tomar medidas eficaces allí donde está el problema. Eso exige un acuerdo con las autonomías afectadas y una reforma del servicio público de empleo, reforzando el SEPE en las provincias y pueblos con más paro, para preparar cursos de formación y trabajar de forma personalizada con los parados de larga duración, en colaboración con las empresas locales, a las que hay que ofrecer información, incentivos y ayudas para que colaboren en reducir esas bolsas de paro tan concentradas.

Otra medida clave es buscar una mayor movilidad de los parados, para intentar que los andaluces sin trabajo se vayan a buscar empleo al País Vasco, a Soria o a Lugo. Y para ello, una herramienta clave es Internet y las oficinas de empleo, que tienen que hacer fluir las ofertas en toda España. Y además, hay que poner en marcha ayudas autonómicas y locales, para facilitar vivienda en alquiler y colegios a los parados que se desplacen a buscar trabajo. Y a los jóvenes, facilitarles el cambio de instituto o Universidad y becas.

Un tercer frente de actuación es la Administración pública: el Estado, que tiene que volcarse en la España del paro, tanto en infraestructuras y transportes como en promoción industrial y tecnológica, para atraer empresas e inversores, con un objetivo a 20 años vista: que la España del paro no sea la misma en 2030 y 2050. Reducir los desequilibrios económicos, formativos y sociales, con ayuda de los impuestos y las inversiones públicas, del Presupuesto.

En definitiva, que tenemos mucho paro pero no en todos los sitios. Y lo más grave del paro se concentra en 12 provincias y 15 ciudades, donde hay que actuar con más firmeza y con más medios. Un reto que debería ser prioritario para todos, no sólo para las autonomías pobres. Porque sólo así tendremos algún día un paro “europeo” y una economía más moderna y competitiva, un país más igualitario y no 2 ó 3 Españas, como ahora y siempre.  

Europa se desinfla

Alemania, la locomotora de Europa, decreció en el tercer trimestre. Italia no creció nada, Holanda y Portugal crecieron menos y los demás paises, como España, crecieron igual. La Europa del euro está estancada: crece sólo el 0,2%, la quinta parte que EEUU y el menor crecimiento desde 2014. La Comisión Europea,el FMI y la OCDE acaban de rebajar las previsiones de crecimiento para  2018 y 2019. El proteccionismo comercial, Italia, el Brexit, la subida de tipos y del petróleo más la crisis de algunos paises emergentes hacen temer nuevas problemas en la zona euro, como en 2010, mientras no se descarta otra crisis mundial cercana. Pero Europa sigue sin completar una unión bancaria y fiscal que le permitan afrontar otra crisis. Urge ir hacía “más Europa”, algo difícil con el resurgir nacionalista y el parón que supondrán las elecciones europeas de 2019. En  España, donde crecen menos el consumo y las exportaciones, urge reanimar la economía, con o sin nuevo Presupuesto para 2019. Pero unas elecciones próximas también pueden frenar las medidas para evitar otra crisis.

enrique ortega

Tras cinco años de recuperación, Europa frena su crecimiento y sobre todo la zona euro. Si 2014 fue el primer año de crecimiento en la Europa del euro (+1,4%) tras la crisis (-0,4% de caída entre 2009 y 2013), la economía de los 19 países creció más en 2015 (+2,1%), 2016 (+1,9%) y sobre todo en 2017 (+2,4%), el año con el crecimiento más alto desde 2007. Pero en 2018 han cambiado las tornas y la Europa del euro se desinfla: en los dos primeros trimestres creció un 0,4%, casi la mitad que a finales de 2017 (+0,7%), y  en el tercero volvió a frenarse la actividad, creciendo sólo el 0,2%, el menor aumento en la zona euro desde 2014, según los datos de Eurostat.

Europa se desinfla porque “ha pinchado” Alemania, la locomotora de la economía europea (supone el 29,21% del PIB de la zona euro): este verano, su economía “decreció” un 0,2%, (tras crecer +0,5% y +0,4% los dos trimestres anteriores), una caída que no se veía desde 2015 y que está motivada por los problemas en su industria automovilística (las ventas cayeron un 30% en septiembre, por la nueva normativa de emisiones y la caída del diesel), la bajada del consumo y el frenazo en las exportaciones, por la guerra comercial con EEUU. Otro país clave, Italia (15,37% del PIB de la zona euro) no creció nada (+0,02%) en el tercer trimestre, lo que no pasaba en los últimos 4 años, debido también a la debilidad de las exportaciones y la demanda, ante la incertidumbre por el enfrentamiento del Gobierno con la Comisión Europea. Holanda (7% del PIB de la zona euro) crece menos de la mitad (+0,2% frente a +0,7% y +0,5% los trimestres anteriores) y lo mismo Portugal (+0,3% frente a +0,6 y +0,4%), con lo que más de la mitad de la economía del euro (53,2% del PIB entre estos 4 paises) se desinfla. Y los demás se estancan, salvo Francia (crece al +0,4% frente a +0,2 los dos trimestres anteriores): Bélgica (+0,4% frente a +0,3% los dos anteriores), Austria (+0,4% frente a +0,3% y +0,9%), Finlandia (0,3% frente a +0,3% y +1%) y España (+0,6% frente a +0,6% los dos trimestres anteriores). Sólo Irlanda, Chipre y 4 paises del Este que están en el euro (Estonia, Letonia, Eslovenia y Eslovaquia) crecen algo más, mientras otro, Lituania decrece (-0,4% en el tercer trimestre), según Eurostat.

Con este panorama, no es extraño que también se haya desinflado el euro, que cotizaba la semana pasada al mínimo del año frente al dólar, como reflejo de esta debilidad económica europea: 1,14 euros por dólar hoy, un 8,8% de caída frente al máximo del 1 de febrero (1,2503 euros/dólar). La depreciación del euro es teóricamente buena para ayudar a las exportaciones y el turismo europeos (los productos y viajes son un 9,5% más baratos), pero ni aún así remontan las exportaciones (por el proteccionismo y la debilidad del comercio mundial) ni el turismo (por la competencia de Turquía, Egipto y Túnez más la saturación de muchos destinos en España). Pero la caída del euro refleja algo preocupante: los capitales apuestan más por el dólar y EEUU que por Europa, al calor de su mayor crecimiento (USA creció +0,9% en el tercer trimestre frente al 0,2% la zona euro) y sus tipos más altos (2-2,25% frente al 0%). Y si los inversores se ponen nerviosos con Italia y el Brexit, se irán más de Europa.

Al final, la Comisión Europea acaba de reconocer que Europa desacelera su crecimiento y en sus previsiones de otoño (8 noviembre) ha recortado un 0,2% el crecimiento previsto para la zona euro en 2018 (del 2,3 previsto en julio al 2,1%  ahora) y 2019 (del 2% al 1,9% que esperan crecer ahora). Y lo mismo para toda Europa (UE-28), que esperan crezca lo mismo que la zona euro (2,1% este año y 1,9% en 2019). Con ello, el gobierno comunitario certifica que la Europa del euro crecerá este año un 0,3% menos que en 2017, debido sobre todo a que crecerán menos los grandes paises: Alemania y Francia (los dos, 1,7% frente a 2,2% en 2017), Italia (1,1% frente a 1,6%) y España (2,6% en 2018 frente al 3,1% en 2017), además de Reino Unido (el 1,1% frente al 1,7% en 2017). Toda la Europa del euro crecerá menos este año 2018 que el pasado, salvo Grecia (2% frente al 1,5% de 2017), Irlanda (7,8 frente al 7,2%), Luxemburgo (3,1% frente al 1,5%), Austria (2,7% frente al 2,6%), Eslovaquia (4% frente al 3,2%) y Finlandia (2,9% frente al 2,8%), según las previsiones de la Comisión Europea. Y la mayoría de paises volverán a crecer menos en 2019 (2,2% España).

Para la Comisión Europea, el menor crecimiento europeo se debe a que las exportaciones han perdido fuelle (por el proteccionismo y la debilidad del comercio mundial) y a la desaceleración del consumo, por la subida del petróleo y la inflación, mientras crecen poco los salarios. Para Bruselas, los riesgos que afronta Europa son las tensiones proteccionistas , la incertidumbre financiera internacional (crisis de Argentina y Turquía), el futuro de los precios del petróleo (que ha caído un 25% el último mes y medio, hasta los 62,80 dólares/barril de hoy, tras subir un 29% desde enero, cuando empezó el año costando 66,50 dólares), la amenaza de una mayor subida de los tipos y el dólar (si la rebaja de impuestos de Trump recalienta la economía USA y dispara la inflación y el déficit, podrían subir más los tipos de interés en EEUU y el dólar) , que podrían crear nuevas tensiones financieras en el mundo. Y por supuesto, el efecto negativo del Brexit y la complicada situación en Italia, cuyo coste de la deuda se dispara y podría acarrear otra crisis del euro, como en 2010.

La economía no sólo se desinfla en Europa sino que hay una desaceleración de toda la economía mundial, como reflejó el FMI en su Cumbre de Bali, a principios de noviembre. Allí redujo dos décimas el crecimiento de la economía mundial que había previsto en julio: del 3,9% al 3,7% en 2018 y 2019 (el mismo crecimiento que en 2017). Pero ese recorte no afecta a EEUU, China, Japón, Rusia o India (que van a crecer lo mismo) sino a dos zonas que crecerán menos de lo esperado: la zona euro (crecerá un 0,2% menos, el 2% en 2018, menos del 2,1% que espera la Comisión Europea) y Latinoamérica (crecerá un 0,4% menos, el 1,2% en 2018, por el pinchazo de Argentina, Brasil y México). La OCDE también acaba de rebajar dos décimas el crecimiento mundial (3,7% este año y 3,5% para 2019) y el de la zona euro, al 1,9% en 2018 (un 0,2% menos que la Comisión),  y el 1,8% para 2019, rebajando también dos décimas el crecimiento estimado para España: 2,6% este año y 2,2% en 2019.


Para el FMI, los grandes problemas del mundo son las guerras comerciales, la elevada deuda pública y privada (182 billones de dólares en total, el 60% más que en 2007), la subida del petróleo, las tensiones en los paises emergentes (acuciada por la subida de los tipos y el dólar) y los riesgos políticos derivados del Brexit, Italia y el auge de populismos y nacionalismos. Y la directora del FMI, Christine Lagarde, ha pedido a los paises que hagan reformas y se preparen, por si viene otra crisis: “El problema es que muchos paises no han aprovechado los días de sol para arreglar el tejado y si vuelven las lluvias pueden inundarse”.

Europa “tampoco ha arreglado su tejado” y si Italia, el Brexit o el bajo crecimiento desatan otra crisis financiera, la zona euro no tiene dispuestos los mecanismos que necesita para afrontarla. Falta culminar de verdad la unión bancaria y un eficaz mecanismo de rescate de bancos y depositantes. Falta un Tesoro europeo que asegure la financiación necesaria en caso de crisis (como el Tesoro USA) y garantice la deuda de los paises más vulnerables, con eurobonos. Falta una unión fiscal que asegure recursos para un verdadero Presupuesto europeo, la mejor palanca para reanimar la economía en un momento de desaceleración. En definitiva, falta avanzar en “más Europa”, la mejor arma contra cualquier crisis. El problema es que si vuelven los nervios a los mercados, si la zona euro vuelve a entrar en crisis, Europa no cuenta con muchas más armas que en 2010 y quizás esté más dividida, por el auge de los nacionalismos y populismos y el menor liderazgo de Alemania. Y pueden volver las tensiones, sobre todo a los paises más vulnerables por su alta deuda, como España, Italia y Grecia.

De momento, esta desaceleración europea ya afecta a España, que ha reducido su crecimiento: +0,6% en los tres últimos trimestres, según el INE, el más bajo desde la primavera de 2014, (que fue del 0,4%), aunque sea el país europeo de los grandes que más crece. Y eso por causas. Una, porque han “pinchado” las exportaciones, que de ser uno de los motores de la recuperación son ahora un freno (restaron -0,5% al crecimiento anual del tercer trimestre, que fue del 2,5%), porque nuestros paises clientes europeos ahora crecen y compran menos y por las tensiones proteccionistas en el comercio mundial. Y también se está “enfriando” el consumo, porque los precios suben (de 2014 a 2016, la inflación fue negativa) y se están comiendo las subidas de salarios y pensiones. Ya lo están notando los grandes almacenes, las ventas de coches y podría confirmarse la tendencia en las ventas de este Black Friday y esta Navidad, donde un informe de Deloitte prevé ya que el gasto bajará un 5%.

Si las empresas venden menos fuera y dentro y Europa se desinfla, mientras en el mundo crecen los temores de otra crisis, los próximos meses pueden ser complicados, con menos crecimiento y menos empleo. Por eso, urge tomar medidas, para evitar caer en otra crisis, en Europa y en España. Pero no parece fácil. Los gobernantes europeos están divididos, tras el auge de los nacionalismos y populismos, la contestación de Italia y varios paises del Este, la pérdida de Reino Unido (Brexit en marzo de 2019) y la falta de un liderazgo político claro, con el “bluff” de Macron y la marcha de Merkel en 2021, que genera más incertidumbre en Europa. Y además, la Comisión Europea, el gobierno comunitario, está “de retirada”, porque hay elecciones europeas el 26 de mayo. Si tienen que atajar antes una nueva crisis del euro, será más difícil que tomen ahora medidas de fondo que no han tomado en 5 años.

En España, la situación no es mejor. También podría haber elecciones a principios de 2019, con lo que será más difícil que los partidos, permanentemente enfrentados, pacten medidas en caso de que la economía empeore. Y habría que pensar ya en medidas para reanimar la economía: algo más de inversión y gasto público necesarios (para lo que urge recaudar más: se puede porque ingresamos 81.500 millones menos en impuestos que la media europea, según Eurostat), formas de reanimar el consumo (mejorando salarios y luchando por bajar la inflación en sectores monopolísticos, como energía, petroleras o telecos, y en la alimentación) y con un plan de choque para fomentar la exportación. Y sin dejar de mejorar la formación, la tecnología, el tamaño de las empresas, la digitalización, las claves para modernizar la economía, ser más competitivos y crecer más a medio plazo.

No sabemos si vendrá otra crisis, pero sí sabemos que los ciclos económicos terminan y todo apunta a que ahora, el crecimiento va a menos. Y además, Europa tiene un problema de fondo sin resolver: tener una moneda única pero 28 paises con políticas diferentes, un “pecado original” del euro que genera muchos problemas cuando hay turbulencias financieras. No sabemos si volverán las tensiones a la zona euro, pero si no es ahora será después, a no ser que se avance en una Europa más unida, con mecanismos eficaces para afrontar una crisis, que antes o después llegará. Lo mejor sería arreglar el tejado mientras hace sol. Es peor hacerlo cuando diluvie. Y eso vale también para España, porque seguimos con una economía muy vulnerable : tenemos 5 de los 14 indicadores económicos claves en situación de alerta , según acaba de decir Eurostat. Sólo Chipre está peor en Europa. Así que hay mucho tejado por arreglar..

Los precios se comen salarios y pensiones

La inflación anual sigue en el 2,3%, la más alta en los últimos dos años y medio. Y esta subida de precios, que acabará el año sobre el 2%, se come con creces la subida de pensiones (1,6%) y salarios (0,5%), con lo que millones de españoles perderán poder adquisitivo, como en 2017. Los pensionistas podrían recuperarlo en enero, a costa de 375 millones más de déficit de la SS, pero los asalariados no. España sigue creciendo (menos) pero los salarios no despegan: crecen la quinta parte que en Europa y el sueldo por hora es un 29% inferior al de los paises euro, mientras aumentan los beneficios empresariales. Algo que es no sólo injusto sino también malo para la economía: si los salarios no suben más, se frena el consumo, la inversión y el empleo, se recauda menos y no hay dinero para las pensiones. Urge subir más los salarios, al menos como la economía (+2,6%). No podemos ser la China de Europa.

enrique ortega

En octubre, la inflación anual se mantuvo en el 2,3% de septiembre, el mayor aumento de precios de los últimos dos años y medio (desde el 2,6% de abril de 2016), según el último IPC publicado por el INE. Los culpables de esta subida, que contrasta con la bajada de precios de 2014 a 2016, son la energía (carburantes y electricidad) y los alimentos. Y todo apunta a que el año 2018 acabe con una inflación anual rozando el 2%, una décima por encima de la inflación europea, que también sube (2,2% anual en octubre). Y bastante más que en diciembre de 2017, cuando el IPC cerró el año con una inflación del 1,1%.

Aunque la subida media de 2018 (no la de diciembre, sino la media de los 12 meses), la que debe tomarse, sea algo menor, sobre el 1,8%, está claro que los españoles volverán a perder poder adquisitivo este año, como les pasó en 2017. Por un lado, los 8.771.782 pensionistas, que han tenido una subida media del 1,6% en su pensión, perderán un 0,4% de poder adquisitivo en 2018, unos 53 euros anuales la pensión media (958 euros). Si el Gobierno Sánchez les quiere compensar esta pérdida, como sugirió, tendrá que abonarles en enero una compensación, que costará 375 millones de euros, más el coste futuro de subir la base sobre la que se calcularán las subidas futuras. Más déficit para una Seguridad Social que cerrará 2018 con otro agujero de -18.000 millones.

Peor lo tienen los 16.433.000 trabajadores asalariados. La subida pactada en convenio este año, hasta octubre, es del 1,69% de aumento, para 8,2 millones de trabajadores en un millón de empresas, según las estadísticas de Trabajo. Pero esa subida no incluye los aumentos de la otra mitad de trabajadores, los que no han firmado un convenio porque son de empresas pequeñas o porque es un personal fuera de convenio. Por eso, el mejor dato es el aumento de costes salariales que da el INE y que señala un aumento salarial anual del 0,5% en junio de 2018 (lo mismo que subió en 2017). Ello supone que los trabajadores perderán este año un 1,3% de poder adquisitivo, que se sumará al 6,30% de poder adquisitivo perdido entre 2008 y 2017.

Los salarios apenas suben este año y lo mismo pasó en 2017, cuando el coste laboral por hora subió en España un 0,5%, la quinta parte que en la zona euro (+1,9%) y menos aún que en toda Europa (+2,3% en UE-28), según Eurostat. Y con ello, España fue el tercer país europeo con menor aumento de sueldos en 2017 (+0,5%), tras Reino Unido (-4,1%, por el Brexit), Finlandia (-1,5%) y Suecia (+0,3%), muy alejado de las subidas en Alemania (+2,6%), Francia (+1,1%), Italia (+0,8%) o Portugal (+3%). Y con ello, el sueldo español se aleja del europeo: tomando sólo el coste salarial (sin SS ni otros costes), en España se pagan 15,9 euros por hora trabajada, un 29,1% menos que en la zona euro (22,42 euros/hora) y un 22% menos que en la UE-28 (20,36 euros/hora). Y muy lejos de los 34.10 euros/hora que se paga en Alemania (+40%), los 36 euros en Francia (+34,6%), los 21,33 euros de Reino Unido (+25,5%) o los 20,38 euros de Italia (+22%), según Eurostat.

Este es el resultado de una devaluación de los salarios españoles, motivada por la crisis y agudizada con la reforma laboral de Rajoy en 2012. El dato que acaba de publicar el INE es muy llamativo: el salario medio bruto de los españoles sólo ha subido 38,7 euros entre 2012 (1.850,3 euros) y 2017 (1.889 euros), un 2,09%. Y como la inflación media ha subido un 2,5% estos años, los trabajadores han perdido un 0,41% de media, 455 euros en estos cinco años. Pero eso es la media: muchos españoles ganaron menos en 2017 de lo que ganaban en 2012, según el estudio Decil de salarios del INE. Concretamente, ganan menos los jóvenes (de 25 a 34 años), los poco formados (con la ESO o menos), los que trabajan en construcción, minería, agua, gas y servicio doméstico, los empleados en empresas de 11 a 19 trabajadores y los asalariados de Extremadura, Canarias y Comunidad Valenciana.

Además, los datos del INE revelan que hay tres grandes bloques de trabajadores, cuyos salarios se han distanciado más con la crisis. El sueldo medio bruto en España es de 1.889 euros (1.550 euros netos por 12 pagas), pero hay un 30% de asalariados (4,70 millones en 2017) con sueldos bajos, que ganan menos de 1.230,9 euros brutos (menos de 1.000 euros netos al mes). Y entre ellos, un 10% (1,56 millones) ganan menos de 717 euros brutos y otro 10% ganan entre 717 y  1001 euros brutos al mes. Otro bloque, el 40%  (6,27 millones de asalariados) tienen sueldos medios, entre 1.230,9 y 2.136 euros brutos (entre 1.000 y 1.750 euros netos). Y sólo el 30% restante de asalariados (4,70 millones) tienen sueldos más “altos”, ganan más de 2.136 euros brutos al mes (1.750 euros netos), según el INE.

Pero además, hay múltiples diferencias salariales por sexo, edad, tipo de contrato, sector, categoría o autonomía, según revelan los datos del INE. Así, las mujeres ganan un 20,18% menos que los hombres (1.668,7 euros brutos frente a 2.090,6 euros), habiendo más mujeres que hombres en el bloque de sueldos bajos (los cobran el 40,3% de las mujeres y el 20,6% de los hombres). Los jóvenes también ganan menos: de 16 a 24 años ganan 1.065 euros brutos (el 56% del salario medio, 1.889 euros brutos en 2017) y de 25 a 34 años ganan 1.557 euros brutos de media (el 82%). También ganan menos los trabajadores peor formados (el 41,3% cobran sueldos bajos, menos de 1.230 euros brutos) y los que tienen menos antigüedad (el 58% de los que llevan menos de un año tienen bajos salarios). Pero sobre todo juega el tipo de contrato: los trabajadores temporales ganan el 64,4% que los indefinidos y los que trabajan a tiempo parcial ganan el 34,5% de los que trabajan a jornada completa, según el INE.

También cuenta mucho el sector donde se trabaje: en finanzas y seguros, los sueldos (3.371 euros brutos) son 4,3 veces los del servicio doméstico (776 euros) y más del doble que en hostelería (1.211 euros brutos), según el INE. Y el puesto de trabajo: un director o gerente gana 2,2 veces el salario medio (4.155 euros brutos), más del doble que un administrativo (1.801 euros brutos)  y casi 4 veces el sueldo de un trabajador no cualificado (1.083 euros brutos). Hay muchas diferencias salariales por el tamaño de la empresa: en las grandes ganan de media el doble (2.640 euros brutos) que en una pyme de menos de 10 empleados (1.363 euros brutos). Y los que trabajan en la Administración ganan un tercio más (2.598 euros brutos) que los trabajadores del sector privado (1.719 euros). Y hay muchas diferencias salariales por autonomías: se gana menos en Extremadura (1.583 euros brutos), Canarias (1.606) y Comunidad Valenciana (1.677,8) y más en el País Vasco (2.208 euros brutos), Madrid (2.191,7) y Navarra (2.178). Y las diferencias regionales se han agravado: si un extremeño ganaba un 25,15% menos que un vasco en 2012, en 2017 ganaba un 28,3% menos.

Tras este repaso, queda claro no sólo que los sueldos españoles suben poco y son muy inferiores a los europeos sino que hay enormes diferencias entre los trabajadores, más cada año. Y se demuestra que los sueldos no se han beneficiado de la recuperación, al contrario que los beneficios empresariales. Basten dos datos. Uno, que los beneficios empresariales han aumentado 98.680 millones de euros entre 2008 y 2017 (82.000 millones se los han quedado las empresas y 15.663 han ido a sus accionistas, como dividendos) mientras los salarios totales se reducían en 10.214 millones. El otro, que las empresas han mejorado su trozo en el pastel de la renta con la crisis: si en 2008 se llevaban el 41,7% de la riqueza generada, en 2017 se llevaron el 42,5%. Y los trabajadores han perdido pastel: del 50,1% al 47,3%, según el INE (el resto, hasta el 100%, se lo llevan los impuestos).

Así que los salarios pierden peso en el reparto de la riqueza del país, en beneficio de las empresas y accionistas. Y la consecuencia es que tenemos unos salarios muy bajos, muchos mileuristas y demasiados “trabajadores pobres”: España es el país europeo con más trabajadores pobres, un 14,8 % de los hogares (2,75 millones de familias), el doble que la media OCDE (8% trabajadores pobres). Un panorama salarial que no sólo es injusto sino que también atenta contra la recuperación de la economía, porque si los trabajadores ganan poco y además pierden poder adquisitivo (2017 y 2018), gastarán menos, caerán las ventas (ya está pasando) y España crecerá menos y se creará menos empleo. Además, si los salarios no suben, será difícil aumentar la recaudación fiscal (reducir el déficit y la deuda pública) y las cotizaciones a la Seguridad Social (y reducir así el tremendo agujero de las pensiones).

Y que nadie diga que los salarios han de seguir siendo bajos para competir cuando el coste de la hora de trabajo es un 29,1% inferior al de los paises euro y un 40% menor al de Alemania. Y además, para competir hay que tener en cuenta otros costes, como la energía (las empresas pagan la luz un 20% más cara que en Europa), los costes financieros, digitales o logísticos, superiores en España y casi nadie dice nada. Y hay otros factores que explican nuestra menor productividad y no son los salarios: el pequeño tamaño de nuestras empresas, la menor innovación y tecnología, la baja digitalización y el modelo económico.

Al final, la gran pregunta es ¿por qué no suben más los salarios si hay recuperación? Es una cuestión que preocupa no sólo en España sino que se debate en toda Europa, en EEUU y en el resto del mundo. Para el Banco de Pagos de Basilea (BIS), la causa principal de que los salarios no despeguen es la globalización: las multinacionales tienen un gran poder para presionar a la baja los salarios (yéndose de un país a otro) y los trabajadores no tienen poder de negociación y están menos sindicados (en EEUU, la sindicación ha caído del 25% en 1980 al 10,7% en 2017). Para el BCE, otra razón de peso es que hay mucho “paro encubierto”: personas “subempleadas” y “desanimadas” (lo llaman “holgura laboral”), que junto a los parados pueden suponer el 18% de los europeos (el doble que el 9,5% de parados UE), un ejército laboral que favorece que las empresas contraten barato.

En España, este factor del subempleo (el 58% de los que trabajan a tiempo parcial querrían trabajar a jornada completa) y los muchos “desanimados” (hay 16 millones de "inactivos", mujeres, jóvenes y mayores que ni trabajan ni buscan trabajo) presionan mucho para que los salarios no suban, según un reciente análisis del Banco de España, que señala otros factores culpables de que no suban más los salarios: el elevado paro y la baja inflación (negativa) que teníamos hasta 2017. Pero ahora, con los precios subiendo y el paro EPA por debajo del 15%, los salarios deberían subir.

¿Qué se puede hacer? Lo primero, que más empresas, sobre todo las que tienen beneficios, cumplan lo pactado entre patronal y sindicatos en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en julio 2018: que los sueldos suban el 2% más un 1% variable si mejora la productividad y alcanzar un sueldo mínimo de 1.000 euros en los convenios para 2020 (que beneficiará a 2,2 millones de trabajadores que cobran menos). Todo indica que el acuerdo se pactó por arriba, pero que muchas empresas están subiendo menos los sueldos (el 1,69% las que firman un convenio y un 0,5% el conjunto).

Otra medida clave es subir el salario mínimo, algo que el Gobierno Sánchez ha prometido hacer (tras pactarlo con Podemos) por decreto-ley, para el 1 de enero 2019, de 735,90 a 900 euros (+22%). La medida ha provocado una dura reacción, no sólo de la derecha política y los empresarios sino de la “ortodoxia económica”: el Banco de España (cuyo gobernador gana 183.000 euros anuales) asegura que la medida “costará 150.000 empleos”, mientras la Comisión Europea estima que creará 75.000 empleos menos entre 2019 y 2020… Mientras, el premio Nobel  estadounidense Joseph Stiglitz les replica que subir el salario mínimo “no daña el empleo” y que hay datos abrumadores en EEUU que lo confirman. Por encima de todo, hay un argumento claro: poco eficiente y competitiva es una empresa si no puede pagar 900 euros al mes a sus trabajadores. Y tiene poco futuro, así que su problema de fondo quizás no sea pagar este salario mínimo sino su modelo de negocio.

Y sobre todo, para mejorar los salarios en España hay que mejorar la calidad del empleo, reduciendo el enorme porcentaje de contratos temporales y a tiempo parcial (el 93,4% de los contratos hechos en 2018). Y también ayudaría mucho mejorar la formación de los trabajadores y parados y mejorar la eficiencia de las empresas, para que vendan más y productos y servicios con más valor añadido, más calidad y tecnología. Y por supuesto, modernizar la economía y las empresas, para que no compitamos por ser la China de Europa. Tiene que terminar la devaluación salarial. Hay que conseguir sueldos decentes, por justicia pero también  para consolidar la recuperación económica y el empleo. Y más ahora que ha despertado la inflación.