Urge aprobar un Plan de empleo

Rajoy y su Gobierno se fueron de vacaciones eufóricos con el empleo, por la EPA y los contratos de julio. Pero al volver, el jarro de agua fría: agosto sufrió el mayor aumento del paro desde 2008. El empleo es un tobogán, con millones de contratos que se firman y luego se rescinden a la semana o al mes. Crece el empleo, pero es inestable y precario. Mientras, más de la mitad  de los parados no cobran nada y el 15 de agosto se suspendió el Plan Prepara, las ayudas a los parados “viejos” con familia. Urge aprobar un Plan de empleo con 4 patas: más ayudas a los parados, formación e incentivos a la contratación de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, reforma de las oficinas de empleo y medidas contra el empleo precario y el fraude en los contratos. Con más dinero para políticas de empleo, tras los recortes impuestos desde 2012. No podemos seguir con el doble de paro y el empleo más precario de Europa.



                                                                                                                                  enrique ortega

A finales de julio, el Gobierno Rajoy reiteró su habitual triunfalismo sobre el mucho empleo que estaban creando: 375.000 empleos en el segundo trimestre (EPA), más que el año anterior (+271.400), aunque eran menos que los empleos creados en la primavera de 2015 (+411.800) y 2014 (+402.400). Y luego mostraron su euforia con los contratos firmados en julio, al calor del récord turístico: 222.862 altas netas a la Seguridad Social. El jarro de agua fría vino con el final de agosto: el 31 de agosto se perdieron 313.141 contratos, el día con más pérdida de empleo de nuestra historia. Y con ello, el número de parados registrados creció en 46.000 personas, la mayor subida en agosto desde 2008.

¿Qué pasa? Pues que se crea empleo pero es muy inestable y vulnerable, porque el 92,5% del empleo que se crea es temporal, muy ligado a la temporada turística, a las rebajas, las tareas agrícolas o al calendario escolar. Y así, un mes se firman muchos contratos que se rescinden a la semana, al mes o al final de temporada. Y se hacen hasta 36 contratos por cada empleo. De hecho, la cuarta parte de los empleos temporales son por una semana o menos, según las oficinas de empleo (SEPE). Así que los datos de empleo son un tobogán: suben mucho unos meses y bajan mucho otros, generando enorme precariedad en las personas contratadas.

El Gobierno Rajoy presume de que lleva cuatro años creando empleo, más que en el resto de Europa. Y es verdad. Pero hay dos cosas que no dice. Una, que es uno de los pocos paises europeos que aún está lejos de recuperar el empleo perdido (también más que en el resto de Europa). Así, España perdió 3.802.800 empleos entre septiembre de 2007 y marzo de 2014. Y sólo se han creado1.678.100 nuevos empleos entre la primavera de 2014 y junio de 2017, así que quedan pendientes de recuperar 2.124.700 empleos, el 55,8% del empleo perdido. Y la otra cuestión que no dice es que la mayoría del empleo creado es precario: sólo el 5,6% de los contratos firmados en 2017, hasta agosto, son fijos y a jornada completa. Y lo mismo entre 2014 y 2016: el 95% de los contratos fueron temporales o a tiempo parcial.

De hecho, España es el segundo país europeo donde hay más asalariados con contratos temporales: un 26,8% en 2017 (4.206.100 trabajadores), tras Polonia (27,5% de trabajadores temporales), muy por encima de la media europea (14,2%) y de paises como Alemania (13,2% temporalidad), Francia (16,1%), Italia (14%) o Portugal (22,3%), según Eurostat. Pero además, la mayoría de estos trabajadores tienen un empleo temporal de forma forzosa, porque no encuentran un trabajo fijo. España es el 2º país europeo con más empleo temporal no deseado: un 91,4% de los trabajadores temporales, tras el 92,2% de Chipre y muy por encima del 62% de media en Europa. Y si hablamos de trabajos a tiempo parcial, por horas, los tienen el 15,25% de los trabajadores, menos que la media en Europa (19,5%), pero hay dos datos preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo parcial durante la crisis. Y el otro, que el 60% de los españoles que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.

Esta enorme precariedad se traduce además en salarios muy bajos: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680 euros frente a 24.746) y los que trabajan a tiempo parcial ganan un 63,7% menos que los empleados a jornada completa (9.794 euros brutos anuales frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que han aumentado los “trabajadores pobres: tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8 asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT.

La enorme precariedad laboral acarrea también otros graves problemas. Aumenta la incertidumbre sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3% sigue viviendo con sus padres, frente al 70% en Europa) y su capacidad para consumir y alquilar o comprar una vivienda. Pero, sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta las cotizaciones de la Seguridad Social, provocando un enorme déficit de las pensiones (-18.898 millones en 2016) y ensombreciendo su futuro. Y para los trabajadores precarios, se reduce su seguro de desempleo y su futura pensión.

Pero no sólo el empleo es mucho más precario en España. El paro español es el segundo más elevado en Europa: 17,22% de la población activa, tras el 21,7% de Grecia y muy por encima del 7,7% de la UE-28 y del 9,1% de la zona euro, por no hablar del 3,7% de Alemania, el 4,4% de Reino Unido, el 9,8% de Francia, el 11,3% de Italia o el 9,1% de Portugal, según Eurostat (julio 2017).Y tenemos otro problema: más parados “de larga duración”, que llevan mucho tiempo sin trabajar, lo que les aleja más de la posibilidad de ser contratados. De hecho, 2.135.600 parados, el 54,5% de los parados EPA, llevan más de un año sin trabajo (en la UE-28, son el 44%). Y de ellos, 1.593.000 llevan parados más de 2 años y casi 1,2 millones llevan más de 4 años, según un estudio de Fedea. Son una enorme bolsa de “parados crónicos”, que tienen muy difícil volver a trabajar algún día. Y más si tienen poca formación: el 63% de estos parados de larga duración sólo tienen la ESO o incluso menos.

Esta enorme bolsa de parados que llevan más de un año sin trabajo lleva a otro problema: a muchos se les ha acabado el paro y no cobran ningún subsidio. De hecho, en julio de 2017, había 2.063.125 parados que no cobraban nada, el 52,7% de los parados EPA (junio). Y de los 1.851.175 parados que sí cobraban algo, sólo un 41% tenían un subsidio contributivo, de 776 euros al mes (42 euros menos que en enero) y la mayoría tenían un subsidio asistencial de 426 euros. Este porcentaje de parados que no cobran (recordemos, el 52,7%) ha ido aumentando mes a mes desde 2012, ya que al llegar Rajoy a la Moncloa cobraban subsidio el 55,4% de los parados EPA y hoy lo cobran sólo el 47,3% de los parados estimados.

Y la situación ha empeorado en agosto, al paralizarse las ayudas del Plan Prepara, un programa creado en febrero de 2011 por el Gobierno Zapatero para los parados de larga duración con cargas familiares y del que se han beneficiado (400/450 euros al mes) 952.000 parados en estos años. Pero el 27 de julio, una sentencia del Tribunal Constitucional daba la razón a un recurso del Gobierno vasco, estimando que son las autonomías quienes han de gestionar el Plan, lo que ha llevado al Gobierno Rajoy a paralizarlo el 15 de agosto, con lo que ningún parado puede ahora solicitar esta ayuda (sí cobrarla los que la tenían, los 6 meses que les corresponde). Los sindicatos han  pedido al Gobierno que resuelva el problema y Empleo propone que las autonomías firmen una autorización para que las oficinas de Empleo (SEPE) lo gestionen hasta el 30 de abril y estos meses se aprueben nuevos Planes de ayudas, legalmente aceptables. Pero de momento, las ayudas del Plan Prepara están paralizadas.

La cuestión de fondo es que el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente las ayudas a los parados y a las políticas de empleo. Si en 2010 España gastaba 38.717 millones de euros, en 2017 gasta sólo 23.806 millones de euros, un 38,5% menos, a pesar de que sólo hay un 14,7% menos de parados (600.000 menos), según UGT. La mayor parte de esta factura se destina a prestaciones a parados, que han caído de 30.974 millones que se pagaban en 2010 a 18.318 millones que pagarán en 2017 (un 40,8% menos). Y también ha caído  mucho el dinero para  políticas activas de empleo (orientación a parados, formación, bonificación cotizaciones y SEPE), que ha pasado de 7.742 millones en 2010 a 5.487 millones este año, un 29,12% de caída (el doble de lo que cayó el paro). Comparado con otros paises, España gasta en desempleo un 2% del PIB, lo mismo que Francia (con el 9,8% de paro) y casi lo mismo que la zona euro y Alemania (gastan el 1,7% del PIB), cuando tienen la mitad y la quinta parte de paro. Y en políticas activas de empleo, en fomentarlo, España gasta el 0,5% del PIB, menos que Francia (0,9%), Alemania (0,64%) o Dinamarca (1,81), según datos de la OCDE.

Así que tenemos un doble problema: se crea un empleo mucho más precario que en Europa y tenemos el doble de paro, con unos parados que en su mayoría no cobra y a los que destinamos menos recursos, tanto en ayudas como en políticas de empleo para colocarlos. Habría que dejarse de triunfalismos y aprobar con urgencia un Plan de empleo con cuatro patas: aumentar el número de parados que cobran ayudas, mejorar las políticas de empleo para colocar a los parados que lo tienen más difícil (jóvenes, mujeres y mayores de 45 años), reformar a fondo las oficinas de empleo y luchar contra la precariedad laboral.

El primer objetivo del Plan, que cobren más parados, exige unificar los distintos programas de ayuda que hoy existen (Prepara, Programa de activación en el empleo, Renta activa de inserción) y ampliar las ayudas a muchos parados que hoy no las cobran, al menos a 1 millón de parados de los 2.063.125 parados EPA  que hoy no cobran nada.  Eso supone un gasto adicional de 5.000 millones anuales, para que haya menos “parados pobres”. Eso debería complementarse con la segunda pata del Plan, más políticas activas de empleo para ayudar a que los parados consigan un empleo: más formación y orientación profesional, incentivos a la contratación y coordinación con las empresas y entre autonomías. Eso exigiría gastar unos 2.500 millones más en promover mejor el empleo, sobre todo de jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, especialmente en las 5 autonomías con más del 22% de paro (Melilla, Extremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha).

La tercera pata del Plan sería la reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE). No funcionan (sólo encuentran trabajo al 1,8% de parados, frente al 10% en Europa), no asesoran ni orientan (sólo al 8,7% de parados), no dan formación (sólo el 5% de parados dan cursos) y además no tienen medios: cada empleado atiende a 473 parados cuando en Alemania atienden a 47 y a 22 parados en Reino Unido. Haría falta ampliar plantilla y modernizar su gestión, con al menos 1.000 millones más al año. Y la cuarta pata del Plan debería ser luchar contra la precariedad laboral, con el palo y la zanahoria. El palo de la inspección de Trabajo, para frenar los abusos en la contratación, acabar con esos contratos temporales que son para puestos fijos o contratos por 4 horas donde se acaba trabajando 10 y cobrando 8. Eso exige también reforzar la Inspección de trabajo, donde hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados, la mitad que en Europa (1 inspector por cada 7.300 trabajadores). Y la zanahoria serían incentivos (fiscales y de cotización) para fomentar la contratación estable.

En total, habría que gastar unos 10.000 millones más en este Plan de empleo. Y en paralelo, reanimar la economía para crecer más y crear más empleo, porque al ritmo actual harían falta todavía 50 meses para recuperar el empleo perdido con la crisis, hasta el otoño de 2021. Demasiado tiempo. Por eso, además de aprobar un urgente Plan de empleo, Gobierno y oposición deberían pactar un Plan para reanimar la economía, no seguir con el ajuste previsto por Rajoy para 2018 (recortando el déficit al 2,2%, por debajo incluso del 3% que es el tope de Bruselas). Eso obliga a gastar más en lo que hace falta (infraestructuras, tecnología, educación y formación, industrialización y medio ambiente), para reanimar la inversión pública y privada y que tiren más del empleo. Y subir más los salarios, por encima del 2%, para reanimar el consumo y el empleo.

Este Plan de empleo y esta política para reanimar la economía tienen un coste, unos 30.000 millones de euros extras, pero se pueden financiar si España recauda mejor, como el resto de Europa: hoy recaudamos el 37,5% del PIB, frente a 46,1% Europa, según Eurostat. O sea, que Hacienda ingresa 94.000 millones de euros menos cada año que el resto de europeos. Se podrían recaudar 40.000 millones más cada año, para gastar en crecer más y recuperar el empleo, sólo con reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más los que pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), sin subir los impuestos a la mayoría.

El empleo y el paro son la primera preocupación de los españoles, no Cataluña ni el terrorismo yihadista. En ello deberían volcarse el Gobierno y la oposición. No se puede seguir con el triunfalismo de unos y la parálisis de los otros, mientras España es el segundo país europeo con empleo más precario y con más paro, a pesar de la cacareada recuperación. La precariedad de los que trabajan y  la angustia de los parados (que en su mayoría no cobran) piden a gritos soluciones, aprobar un urgente Plan de empleo con dinero y medidas eficaces. Es la gran tarea pendiente de este otoño.