Más impuestos: toca pagar la pandemia

En junio toca presentar la declaración de la renta, mientras los impuestos son protagonistas de la política internacional: los paises del G-7 han subido al 15% el impuesto mínimo que paguen empresas y multinacionales, que ahora se escaquean en paraísos fiscales. Tras décadas de carreras para bajar impuestos, los paises se unen ahora para subirlos y pagar la factura de la pandemia. Y en julio, la Comisión Europea aprobará nuevos impuestos verdes, sobre los carburantes y vuelos. Entre tanto, Europa exige a España una profunda reforma fiscal, que se pondrá en marcha en 2023, cuando se afiance la recuperación. Subirán impuestos y no por ideología, sino porque no salen las cuentas: España ingresa 92.000 millones menos cada año que la media europea. Y así no se pueden financiar los servicios públicos y la modernización del país. Recaudamos poco porque muchos pagan menos de lo que deben: grandes empresas, bancos, multinacionales, inversores y los más ricos. Ellos tendrán que pagar más, no la mayoría de españoles, que saldremos ganando.

Para situarnos, empecemos por un poco de historia económica. En el siglo XX, el crecimiento y la mejora del Estado del Bienestar tras la 2ª Guerra Mundial fueron posibles gracias a los altos impuestos que pagaban las empresas y los más ricos, en Europa y EEUU (las empresas pagaban un 91% de impuesto de sociedades entre 1951 y 1961, con Eisenhower). En los años 80 triunfaron las posturas económicas neoliberales, que arrastraron a Thatcher y Reagan a un recorte del Estado y los impuestos (28% tipo sociedades en USA), con una carrera entre paises para bajar los tipos y atraer empresas e inversiones. Esta política fiscal multiplicó los déficits públicos y redujo el Estado del Bienestar en todo el mundo, provocando recortes y una tremenda desigualdad tras la crisis de 2008. Una política fiscal conservadora cuyo último aleteo lo dio Donald Trump, con su reforma fiscal de 2017, que bajó el impuesto de sociedades del 35 al 21% y, sobre todo, a las rentas más altas.

Han sido cuatro décadas donde la idea dominante ha sido bajar impuestos para relanzar la economía y fomentar la iniciativa privada frente al Estado. Pero llegó la pandemia y la crisis, la mayor del último siglo, ha obligado a multiplicar las ayudas públicas a ciudadanos y empresas, potenciando la sanidad y los servicios públicos. Sólo en Estados Unidos se han aprobado estímulos (ayudas a particulares y empresas) por valor de 4,8 billones de dólares en el último año (entre marzo de 2020 y marzo de 2021). Y en Europa, los estímulos concedidos ya (entre ayudas y créditos) superan los 1,5 billones de euros, especialmente en Alemania (750.000), Francia (400.000), Italia (150.000) y España (110.000). Y ahora empezarán a repartir los 750.000 millones de los Fondos Europeos “Next Generation”.

La pandemia ha provocado un cambio histórico: ahora todo el mundo mira a “papá Estado”, pidiendo ayudas y soluciones para salir de la emergencia sanitaria y económica. Y eso ha multiplicado el gasto público, disparando los déficits y la deuda de los paises. Y con ello, se ha empezado a pensar en “cómo pagar la factura de la pandemia”. Y, curiosamente, las mismas instituciones internacionales que defendían la bajada de impuestos y el recorte del Estado son las que hablan ahora de “subir impuestos”. Empezó en abril de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI): propuso “subir (temporalmente) impuestos a las rentas altas y a las multinacionales para pagar la factura de la crisis”. Y en mayo, la OCDE se sumó a esta propuesta, pidiendo además a los paises subir el impuesto a las herencias y donaciones, dos impuestos que PP y Ciudadanos llevan años queriendo rebajar en España.

Pero la gran novedad llega con el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, al proponer al resto de países, el 21 de mayo, una tasa mínima mundial del 15% en el impuesto de sociedades, propuesta que enseguida fue apoyada por Europa y los paises del G-7, que han aprobado la medida en la Cumbre del 11 de junio en Cornualles (Reino Unido). No es que Biden sea “un rojo peligroso” sino que trata de hacer de la necesidad virtud: necesita recaudar muchos billones de dólares para financiar sus estímulos y el Plan de reactivación de la economía (2,3 billones) y no puede arriesgarse a que si sube los impuestos, las multinacionales busquen pagar menos en otro país. Así que es mejor pactar con el resto del mundo un tipo mínimo realista del 15% (que se pague de verdad) para que todos ganen, recaudando más.

El tipo mínimo del 15% (que algunos paises, como Francia, quieren subir al 21%) es una revolución fiscal,  tras cuatro décadas de carrera por bajar el impuesto de Sociedades: la media mundial está en el 24% nominal, aunque con las exenciones, desgravaciones, “trucos legales” y paraísos fiscales, las multinacionales pagan un tipo real del 4% y menos. Ahora, cara a la próxima Cumbre del G-20, el 9 de julio en Venecia, los paises y la OCDE tienen que perfilar la propuesta. Y después, negociarla con 135 paises, para que tenga un alcance mundial y las multinacionales no encuentren vías de escape. Hay 2 temas claves. Uno, cómo se va a fijar ese 15%, sobre qué beneficios y cómo se miden. Y el otro, como conseguir que las multinacionales paguen parte de ese impuesto en los paises donde operan pero no tienen la sede. Cómo conseguir que Google o Amazon paguen en España una parte de ese impuesto de sociedades cuando ahora desvían su facturación a otros paises.

No va a ser un acuerdo fácil, tardará aún meses y habrá que ver la letra pequeña, los resquicios que puedan aprovechar los poderosos bufetes fiscales que asesoran a las multinacionales. Pero, por primera vez en 40 años, hay una amplia mayoría de paises que están de acuerdo en forzar a las grandes empresas y multinacionales a pagar más impuestos. Y eso, porque todos necesitan recaudar más y el impuesto de Sociedades es una gran fuente de fraude y “elusión fiscal” (no pagar impuestos “legalmente”). Según la OCDE, la “elusión fiscal” de las multinacionales resta a las arcas públicas de los paises 200.000 millones de euros cada año. Y el European Tax Observatory calcula que Europa recaudaría 48.000  millones de euros más al año con este tipo mínimo del 15%, 1.000 millones más España (y 175.000 millones más, 12.400 España, si el tipo mínimo subiera al 25%).

Mientras avanza esta batalla para las multinacionales paguen el 15% de sus beneficios, Europa prepara otra revolución fiscal, la de “los impuestos verdes”, para pagar el ambicioso Plan contra el cambio climático: recortar las emisiones UE un 55% para 2030. La Comisión Europea prevé aprobar el 14 de julio el paquete “Fit for 55”, una serie de subidas fiscales para financiar la ambiciosa reforma energética europea. Los principales cambios, que nos van a afectar a todos en los próximos años, serán subidas en los impuestos a los carburantes y la calefacción, así como la implantación de usa tasa sobre los vuelos europeos, que hasta ahora no pagan por el CO2 que emiten (como las industrias y las eléctricas). Y además, subirán las tasas al transporte (“euro viñeta”), buscando reducir las emisiones de camiones, furgonetas y turismos. Y podría subir también el impuesto de matriculación.

Mientras Europa aprueba unos mayores “impuestos verdes”, la Comisión Europea ya ha advertido a España que tiene que hacer una reforma fiscal en profundidad, como una de las tres reformas básicas (junto a la laboral y de pensiones) que nos exigen para recibir los 140.000 millones de Fondos europeos (72.000 a fondo perdido). Y además de la exigencia, nos han adelantado sus 5 prioridades fiscales: subir los impuestos verdes, reformar el impuesto de sociedades, poner orden en el IVA (exceso de productos y servicios con tipos reducidos y superreducidos), armonizar el impuesto de patrimonio y sucesiones y corregir el impuesto sobre la renta (quitando reducciones y aumentando su progresividad).

España tiene que hacer una reforma fiscal  y no solo porque nos lo exige Europa, aunque la derecha (PP y Ciudadanos) siga con la bandera de “bajar impuestos”. Hay que poner orden en los impuestos, subiendo algunos, no por ideología sino por realismo, por un hecho incontestable: España recauda mucho menos que el resto de Europa. Y no ahora, sino en las últimas dos décadas (incluso antes). Veamos el dato. Entre 2011 y 2020, los ingresos públicos en España han sido del 38,7% del PIB, frente al 46,1% de media en la UE-27, el 52,8% en Francia, el 47,1% en Italia o el 45,5% en Alemania. Eso quiere decir (“a lo claro”) que España recaudó en 2019 (sin pandemia) 92.000 millones menos que la media de Europa. Y 175.000 millones menos que Francia, 104.500 millones menos que Italia y 97.000 millones menos que Alemania. Y así cada año, desde hace décadas. Por eso también gastamos menos (44,9% del PIB frente al 48,6% en la UE-27) y tenemos más déficit público.

¿Por qué España recauda menos que el resto de Europa? Porque ingresamos menos en todos los impuestos, como demuestran muchos estudios. En el impuesto de la Renta, somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. En IVA, recaudamos 23.400 millones que la media UE, según la Comisión. En Sociedades, recaudamos el 2,3% del PIB, frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 4.912 millones de beneficios fiscales en 2020 (según Hacienda). En los impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes, ingresamos el 2,5% del PIB, frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. En impuestos verdes, recaudamos 3.500 millones menos que la media europea. Y con las herencias, otros 3.250 millones menos.

España recauda menos porque tiene demasiadas deducciones y exenciones fiscales, demasiados productos y servicios con IVA reducido y superreducido y porque las multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos pagan menos de lo que debían. Así, las 10 grandes tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron sólo 29,52 millones de euros en 2018. Significa que estas multinacionales pagan un 2,23% de impuestos sobre su teórica facturación en España.  Las grandes empresas pagan un 8,3% sobre sus beneficios y en el caso de grandes grupos y bancos, un 4% (frente al 25% de impuestos que pagan las pymes). Los inversores pagan, por intereses y dividendos, de un 19 al 23%, menos que el tipo medio del IRPF. Y las grandes fortunas declaran a través de sociedades y SICAV (tributan el 1% de sus beneficios anuales). Además, España tiene todavía mucho fraude fiscal, por el enorme peso de la economía sumergida (17,2% del PIB, según el FMI) y a la falta de inspectores (hay 4 veces más en Francia o Alemania).

Ahora, el Gobierno Sánchez ha prometido a la Comisión Europea que aprobará una reforma fiscal en 2022, para aplicar los cambios impositivos en 2023, no antes, para no poner en peligro la esperada recuperación. Y los cambios se basarán en el informe que entregue al Gobierno, en febrero de 2022, un Comité de Expertos que ya trabaja en la reforma. El único cambio que podría aprobarse este año, para aplicarse con el Presupuesto 2022, sería el tipo mínimo del 15% en sociedades, si se aprueba en el mundo este año. Un cambio muy importante, porque con el impuesto actual se recaudó 15.858 millones en 2020, menos de la mitad que en 2007 (44.823 millones), aunque las empresas ganan ahora más que antes de la anterior crisis. Si el tipo medio que pagan las multinacionales (2,23%) y grandes empresas (8% y en algunos casos el 4%) sube al 15%, el aumento de recaudación podría ser superior a los 2.000 millones de euros en 2022, una cifra muy importante.

El resto de cambios fiscales quedarían para entrar en vigor en 2023, algo difícil (Sánchez tiene una débil minoría para aprobar estos cambios en el Congreso) al ser un “año electoral”. Se auguran 6 grandes cambios fiscales, además del de Sociedades. En el IVA, reduciendo los productos y servicios con el tipo reducido (10%) y superreducido. En los impuestos especiales (quizás ya para 2022, si Bruselas aprueba nuevos impuestos), subiendo los impuestos del gasóleo, para homologarlo al de la gasolina (ahora paga 59 céntimos por litro frente a 70). En los impuestos verdes, porque España es el 3º que menos recauda sobre el PIB, incluyendo el impuesto sobre matriculación (España es el país UE que menos ingresa por el coche: 1.068 euros por vehículo frente a 1.911 en Francia o 1.963 en Alemania). En el Impuesto sobre la Renta, revisando deducciones y subiendo tipos a los que ganan más de 150.000 euros. En el impuesto de patrimonio, homogeneizando tipos (no se paga nada en Madrid, poco en Rioja o País Vasco y mucho en Extremadura, Aragón Y Cataluña). Y en el Impuesto de Sucesiones (herencias y donaciones), donde hay una pelea entre autonomías a ver quien baja más los tipos (hay “dumping fiscal”, como en Patrimonio).

Al final, España arrastra desde hace décadas un “agujero fiscal”, por recaudar menos que Europa, que hay que tapar cuando antes, para financiar los enormes gastos de la pandemia (que nos dejan un elevado déficit público y una histórica deuda), el reto del cambio climático y la modernización y digitalización de la economía. Para poder gastar más (“nos hace falta de todo”), España tiene que recaudar más. Y eso obliga a aprobar cambios fiscales para que paguen más los que ahora pagan menos de lo que deben: multinacionales, grandes empresas, bancos, inversores y los más ricos. El resto, la mayoría de españoles que vivimos de una nómina o una pensión, también pagaremos algo más (IVA, carburantes, energía, coche…), pero no mucho. Los paganos de las futuras subidas de impuestos será esa minoría que ahora paga poco. Y serán los que emprendan “la cruzada” contra la subida de impuestos. Que no nos arrastren. La mayoría tenemos más que ganar.

Despiertan el petróleo y la inflación

Los precios se han disparado en España y la inflación anual está ya en el 2,7%, después de ser negativa la mayor parte de 2020, por la pandemia. Y este repunte de precios se da en Europa (+2%), EEUU (+4,2%) e incluso en China, por una subida récord de la energía, con el petróleo superando los 72 dólares por barril, lo que ha disparado el precio de los carburantes, mientras no deja de subir la luz. Hay un temor en el mundo a que se dispare la inflación y eso obligue a subir los tipos de interés, ahogando la recuperación. Pero los bancos centrales creen que es un repunte coyuntural, sólo por la energía, y que los tipos no subirán hasta 2023 o 2024. Ahora, la subida extra de precios obligará a abonar una “paguilla” a los pensionistas en 2022 y forzará mayores subidas de salarios este año y el próximo. Hay que vigilar la inflación, pero la prioridad es la recuperación y el empleo.

Enrique Ortega

La subida de precios, la inflación, es una mala noticia, porque “se come” parte de nuestros sueldos y pensiones. Pero es también un indicador de que la economía está activa, de que crecemos y hay una demanda que tira de los precios. Por eso, cuando hay crisis, los precios caen y la inflación acaba siendo negativa. Es lo que ha pasado con la pandemia en España: la inflación, que estaba ligeramente por encima del +1% en 2019, bajó y fue negativa desde abril (-0,7%) y mayo (-0,9%) a diciembre de 2020 (-0,5%). Pero este año 2021, con las vacunas y las incipientes señales de recuperación, los precios se han despertado y suben con fuerza, desde el +0,5% en enero al +1,3% en marzo, el 2,2% en abril y un +2,7% en mayo, la inflación más alta en España desde febrero de 2017 (+3%), según el INE.

Este repunte de la inflación no se ha dado sólo en España. En Europa, los precios se han disparado también, pasando la zona euro de tener una inflación negativa en diciembre (-0,3%) a un 2% en mayo, cuando un año antes era del +0,1%, según Eurostat. La subida es general en todos los paises, más en Luxemburgo (+4%), Lituania (+3,5%), Estonia (+3,1%), Austria (+2,5%) y Alemania (+2,4%, cuando en diciembre bajaba su inflación un -0,7%). Y la inflación anual se ha disparado más en Estados Unidos, hasta un +4,2% de subida en abril (frente al +0,2% en diciembre 2020), el máximo desde 2008, debido a los ingentes estímulos aprobados en el último año (4,8 billones de dólares), que han reanimado el consumo y la actividad, trasladándose a los precios. Incluso la inflación se ha despertado en China, un país que exportaba “deflación” al mundo y que ahora tiene una inflación anual del 0,9%, tras haber subido los precios un +6,8% en abril (frente al -3% que cayeron en abril de 2020).

Con este panorama, el repunte de la inflación preocupa ya en todo el mundo, aunque parece muy concentrado en la energía. De hecho, en la zona euro, la inflación anual excluida la energía sube sólo un +0,9% (frente al +2% la inflación total). Y en España, la inflación de fondo (descontando la energía y los alimentos) subió un +0% anual hasta abril (el último dato desglosado del INE), frente al +2,2% que subió la inflación total. Si se analiza con más detalle, se ven “los 2 culpables” del repunte de la inflación en España este año: la electricidad (con una subida anual en el IPC del +36,9%) y los carburantes (han subido en el IPC un +31,4% anual, 15 veces la inflación total).

La electricidad dispara la inflación, en toda Europa pero más en España, porque ha aumentado el consumo, ha subido el precio del gas natural y el fuel (petróleo) de las centrales de apoyo y por la subida del precio de los derechos de CO2 (se han multiplicado por 10 en los últimos 5 años) que pagan las centrales por contaminar, sin olvidar los costes de más que pagamos en el recibo (ver Blog). En cuanto a los carburantes (gasolina y gasóleo), su precio se ha disparado este año al cuadruplicarse el precio del petróleo: ha pasado de costar 19,5 dólares/barril el 21 de abril de 2020 (el mínimo del siglo, por la pandemia) a 51,72 dólares el 31 de diciembre y 72,21 dólares/barril que cuesta ya hoy.

Este precio máximo del crudo se ha trasladado en los últimos meses a los precios de los carburantes que pagamos. Así, la gasolina costaba el 6 de junio 1,358 euros por litro, un 14,68% más que a principios de año (y en Europa ha subido algo más, un 16%, porque pagan más impuestos que nosotros), según el Boletín Petrolero de la UE. Y el gasóleo cuesta ya 1,221 euros por litro en España, una subida del +14,24% (similar al 14,68% que ha subido el gasóleo en la UE-27). Y todo apunta a que ahora, con la mayor demanda cara al verano y las vacaciones, los precios de los carburantes seguirán en máximos hasta septiembre. Sobre todo porque el petróleo va a seguir subiendo, quizás hasta los 80 dólares por barril, debido al acuerdo entre la OPEP y Rusia para mantener estable la producción hasta abril de 2022 y evitar “guerras de precios”, con el objetivo de aprovechar la mayor demanda de energía que ya se observa en el mundo y que crecerá con la recuperación.

Con el petróleo más caro y la mejora de la economía, sobre todo en EEUU (creció un +6,4% en el primer trimestre) y China (creció un +18,3%) pero también en Europa (cayó un 0,1% en el primer trimestre, frente al -0,4% a finales de 2020), todo apunta a que la inflación seguirá alta y más este verano, cuando las familias aumenten su consumo y el gasto turístico (gastarán lo que no han gastado en el año largo de pandemia). Así que el IPC anual podría rondar el 3% en España este verano y el 2,5% en Europa, muy por encima del 2% que es el objetivo de inflación defendido por el BCE. Por eso, hay un temor generalizado en el mundo a que el repunte de la inflación se consolide y eso obligue a los bancos centrales (a la Reserva Federal USA y al BCE en la zona euro) a subir unos tipos de interés que llevan años en el 0%. Una medida para frenar la inflación que sería dramática, porque ahogaría la débil recuperación en España y en Europa. Y dificultaría más la situación a España, porque somos un país con una elevadísima deuda pública (casi 1,4 billones, el 125% del PIB), que sería más difícil de financiar si suben los tipos y el BCE no nos ayuda comprando deuda.

De momento, el temor a un repunte de la inflación ya ha subido los tipos de la deuda pública en el mundo y en España, donde el coste de los bonos a 10 años está en torno al +0,34%, cuando estaba a tipos negativos (nos pagaban por la deuda) en 2020. Ahora se espera que los tipos suban, aunque no se cree que superen el 1% este año. Y tanto la Reserva Federal como el BCE llaman a la calma: creen que el repunte de la inflación es coyuntural, no estructural, y está muy concentrado en la subida del petróleo y la energía. Y que en unos meses, la inflación se normalizará en torno al 2% deseado. Para tranquilizar a los mercados, a los Gobiernos y a los ciudadanos, los bancos centrales reiteran que no van a subir los tipos de interés a corto plazo y que mantendrán sus planes de estímulos monetarios.

Los expertos creen que la Reserva Federal USA y el BCE van a priorizar la recuperación económica tras la pandemia y que no la pondrán en riesgo, ni retirando sus estímulos (compra de deuda pública para inyectar liquidez, dinero, a la economía) ni subiendo los tipos de interés, aunque los precios estén por encima del 2% objetivo. Y luego, si la recuperación se asienta en 2022, podrían anticipar la retirada de estímulos (al verano de 2022) y la subida de tipos: a principios de 2023 en EEUU y para el verano de 2023 en Europa, antes de lo previsto: que los tipos subieran en 2024. Esta vez, las autoridades monetarias no quieren repetir errores pasados y entre una inflación algo más alta y un paro elevado (en EEUU está en el 6,1%, casi el doble de paro del 3,5% pre-COVID), optarán por inyectar financiación para apuntalar el crecimiento y el empleo, aunque momentáneamente la inflación se acerque o supere el 3%. Ojalá sea así, porque lo contario sería frenar en seco la recuperación.

Al margen de este temor mundial por el repunte de la inflación, la subida actual va a tener consecuencias concretas en los próximos meses, si se confirma la previsión de inflación para 2021, que rondará en España el +2,5%. Por un lado, afectará a los 9 millones de pensionistas, que han tenido una subida de su pensión del +0,9%, inferior a la que será la inflación media (la que cuenta, no la de diciembre) de 2021: entre el +1,8 y el +2%. El Gobierno ya ha dicho que les abonará una “paguilla” por la diferencia a principios de 2022, como se ha hecho en otras ocasiones: será poco, unos 10 euros al mes (dado que la pensión media es de 1.016,3 euros y la desviación de la inflación media en 2021 sobre la subida aprobada puede ser finalmente del 1%).

Los demás afectados son los casi 10 millones de asalariados, aunque la posible revisión por una mayor subida del IPC va a depender de que lo tengan así recogido en su convenio (y actualmente, sólo el 25% de los trabajadores tienen clausulas de revisión salarial). Donde sí va a afectar el repunte de la inflación es en la negociación salarial de 2021 (quedan muchos convenios por negociar) y sobre todo para 2022. De momento, los convenios firmados hasta abril indican una subida salarial del +1,55%, que será inferior a la inflación prevista. Y en el conjunto de la economía, el coste salarial ha bajado un -0,7% en 2020, lo que refuerza la idea de que con la pandemia se ha perdido poder adquisitivo. Por eso, los sindicatos UGT y CCOO ya han pedido a la patronal CEOE sentarse a negociar un nuevo Acuerdo Salarial 2021-2023, defendiendo una subida del +1,5% en 2021 y entre el +2 y el +3% para 2022 y 2023. Y extender las cláusulas de revisión salarial a todos los convenios.

Al final, es normal que los precios vuelvan a subir si la economía mejora, porque la inflación negativa sólo indicaba que la economía estaba en una grave crisis. Pero hay que “vigilar los precios”, para evitar que un repunte incontrolado de la inflación obligue a subir los tipos de interés y frene en seco la necesaria recuperación. Por eso habría que controlar los dos principales factores de inestabilidad de precios, la electricidad (el recibo medio se ha disparado un 42% en la primera semana de junio, según Facua) y los carburantes (que suelen aprovechar el verano y las vacaciones para disparar su precio). Y también otros dos precios que suelen dispararse en verano: los alimentos y los precios turísticos. Habría que vigilar las subidas y tratar de evitar abusos y márgenes injustificables. Todo por evitar que la inflación se dispare y ponga en peligro la recuperación. Y nuestro bolsillo.

Pandemia: contagios aún altos y más empleos

Los contagios por COVID-19 han siguen bajando, pero cada día menos. Estamos en 117 contagios por 100.000 habitantes, aún lejos del objetivo: 50 contagios (los que tuvimos de mayo a julio de 2020). Tenemos más incidencia que Reino Unido, Italia, Alemania o Portugal. Y 5 autonomías tienen un “riesgo alto”, con las  UCIs demasiado llenas. Por eso, hay que mantener restricciones en hostelería y ocio, aunque Madrid, País Vasco y Andalucía (con altos niveles de contagios) se niegan. La vacunación sigue a buen ritmo y este mes tendrán una dosis todos los mayores de 50 años. El reto es vacunar al resto, donde se concentran ahora los contagios. Entre tanto, el consumo repunta y mejora el empleo, con más afiliados a la SS que antes de la pandemia. La incertidumbre está en el turismo, al retrasarse 3 semanas la llegada de británicos, aunque ya pueden venir vacunados del resto del mundo. Estamos cerca de acabar con la pandemia, pero aún queda. No bajemos la guardia.

Enrique Ortega

 

Los contagios por la COVID-19 siguen bajando en el mundo, a 350.000 diarios (la mitad que en mayo), gracias a las vacunas (se han administrado 2.110 millones). Hoy se contabilizan 173.313.786 contagiados en 192 paises, según la Universidad Johns Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en América (68.369.827 contagiados), seguida de cerca por Europa (54.625.827 contagios) y, a distancia, el Sudeste asiático (32.654.827), Mediterráneo oriental (10.276.459), África (3.563.815) y Pacífico (3.139.030), según la OMS. Por paises, encabezan el ranking de contagiados Estados Unidos (33.362.558) y la India (28.909.975), seguidos de Brasil (16.947.062) y, a distancia, Francia (5.774.361 contagiados), Turquía (5.287.980), Rusia (5.067.246), Reino Unido (4.532.802), Italia (4.232.428), Argentina (3.955.439), Alemania (3.708.898) y España (3.697.987 contagiados, casi la mitad este año).

Los muertos por la pandemia también han bajado pero hay más de 7.000 fallecidos diarios (11.000 en mayo) y hoy se han alcanzado ya los 3.729.323 muertos por COVID-19 en el mundo, según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de las muertes se han producido en América (1.794.865), con 1.157.680 fallecidos en Europa, 425.123 en el Sudeste asiático, 205.094 en el Mediterráneo oriental, 88.274 muertos en África y 47.634 en el Pacífico, según la OMS. Por paises, lidera el ranking de muertos por COVID Estados Unidos (597.628), aunque han subido más en Brasil (473.404) e India (349.186 fallecidos), seguidos de lejos por Reino Unido (128.103), Italia (126.523), Rusia (121.711), Francia (110.160), Alemania (89.249), Argentina (81.214) y España (80.196 muertes, 29.359 de ellos fallecidos este año).

En Europa, han descendido mucho los contagios durante las dos últimas semanas, con una media inferior a los 150 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Por eso, varios paises, que hace un mes tenían una mayor incidencia de contagios,  están ahora mejor que España (117,22 contagios el viernes 4 de junio): Rumanía (20,9 contagios/100.000 habitantes), Polonia (33,6), Chequia (60,8), Reino Unido (67,2), Portugal (71,1), Alemania (72,8), Austria (74) e Italia (77,7). Y sólo tienen más contagios que nosotros los Paises Bajos (251,2 contagios por 100.000 habitantes),  Bélgica (234,3), Francia (187,3), Suecia (163,4) e Irlanda (118,9), según los datos de Sanidad.

Aunque hayamos “perdido comba” con la mejora en Europa, España lleva 41 días rebajando la incidencia, desde que el 26 de abril se alcanzó el techo de esta 4ª ola (con 235,59 contagios). Las rebajas diarias han sido pequeñas (incluso sube la incidencia en Andalucía, Cantabria, Ceuta, Comunidad Valenciana, Navarra y la Rioja), bajando el viernes 4 de junio a esos 117,22 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días),  ya por debajo del “suelo” de la 3ª ola (127,80 contagios el 16 de marzo). La situación es muy desigual por autonomías, pero no hay ninguna en “riesgo extremo” (+250 contagios/100.000 habitantes), según los datos de Sanidad. Hay 5 regiones en “riesgo alto” (150/250 contagios): La Rioja (206,72), País Vasco (194,10), Andalucía (182,59), Melilla (166,52) y Madrid (154,66).  Otras 11 autonomías tienen un “riesgo medio” (50-150 contagios): Aragón (143), Navarra (138,54), Castilla y León (130,74), Cataluña (104,33), Castilla la Mancha (96,32), Extremadura (74,62), Asturias (70,67), Canarias (69,26), Murcia (64,98) y Galicia (59,96 contagios por 100.000 habitantes). Y sólo 3 regiones tienen un “riesgo bajo” (25 a 50 contagios): Ceuta (35,63), Comunidad Valenciana (37,67) y Baleares (39,69 contagios/100.000 habitantes).

Lo más positivo de las dos últimas semanas es que siguen bajando las hospitalizaciones y los enfermos COVID en las UCIs. Las hospitalizaciones han bajado de 5.717 (21 mayo) a 4.135 el viernes 4 de junio, un 3,33% de camas ocupadas por enfermos COVID (riesgo “bajo”). En las UCIs también han bajado las camas ocupadas, de 1.655 (21 mayo) a 1.163 (viernes 4 de junio), con un 12,14% de ocupación media, un “riesgo medio” (10-15%), según Sanidad. Sólo queda en “riesgo extremo” Madrid (25,85% camas UCI ocupadas por enfermos COVID), aunque todavía hay 6 regiones con un “riesgo alto” (15-25% ocupación UCIs): La Rioja (20,75%), Aragón (20%), País Vasco (19,78%), Castilla y León (17,43%), Castilla la Mancha (17,17%) y Cataluña (17,05%). Pero hay 5 autonomías con “normalidad” en las UCIs (menos 2% ocupación COVID): Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Baleares. Y otras 7 regiones tienen un “riesgo bajo” en las UCIs (5-10% ocupación): Cantabria, Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía, Asturias y Navarra.

Y llegamos a lo más importante, la bajada drástica en las muertes por COVID: de 1.201 muertes hace un mes (23 abril-7 mayo) se pasó  a 828 muertes la quincena siguiente (7-21 mayo) y a 576 muertes en las dos últimas semanas (21 mayo-4 junio), con un mínimo de 17 muertes el viernes 28 de mayo, la menor cifra de fallecidos desde finales de agosto. La causa de esta menor mortalidad es que están vacunados todos los mayores de 80 años y la mayoría de los mayores de 60 años, que es donde se han cebado las muertes durante esta pandemia. En Baleares y Melilla no ha habido ningún muerto por COVID-19 durante la última semana y sólo 1 muerto en Cantabria, Murcia y la Rioja, según Sanidad. Las autonomías con más muertes en la última quincena son Madrid (+140), Cataluña (+97), Andalucía (+72), País Vasco (+72) y Castilla y León (+61), aunque las autonomías con más letalidad que la media (2,2% muertes sobre contagiados) son Asturias (3,7%), Castilla la Mancha (3,1%), Castilla y León (3%), Aragón (2,8%) y la Rioja (2,5%), las más envejecidas.

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia, al 3 de junio: no hay ninguna autonomía en situación de “riesgo extremo”, en “alerta 4” (había 5  hace un mes) y en “alerta 3” están 2 regiones (País Vasco y la Rioja) y 3 provincias (Valladolid, Palencia y Sevilla). Al otro extremo, en “alerta 1” (la mejor situación), están ya 10 regiones (Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia, Extremadura y Ceuta, que ya estaban hace 15 días, más Navarra, Canarias, Cantabria y Melilla), acompañadas  de 9 provincias (Cuenca, Albacete, Málaga y Cádiz, que ya estaban, más Almería, Huesca, Lleida, Zamora y Salamanca). Y las 10 regiones restantes (Madrid, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León y Cataluña) quedan en “alerta 2”.

Ahora, falta ver en las próximas semanas si se frena la caída de contagios, por  la mayor movilidad, a la vista de que la incidencia baja poco en los últimos días. O si sigue la bajada, algo muy necesario, ya que el objetivo fijado por Sanidad es alcanzar los 50 contagios por 100.000 habitantes (y estamos en 117). Un objetivo posible, porque fue el nivel de contagios que tuvimos al principio del verano pasado (desde los 8,08 contagios/100.000 habitantes del 21 de junio, al final del confinamiento, a los 49,22 del 28 de julio), pero que perdimos después (ver evolución curva de contagios), alcanzando un pico de contagios en la 2ª ola (529 el 9 de noviembre), otro mayor en la 3ª (899.93 el 10 de enero) y uno menor en la 4ª ola (235,59 el 26 de abril). Ahora estamos en una disyuntiva: o aprovechamos este mes de junio para bajar la curva de contagios a 50, ayudados por la vacunación y las restricciones a la movilidad y al ocio, o corremos el riesgo de que en julio, con las vacaciones y el turismo, repunten los contagios entre los no vacunados y empecemos una 5ª ola.

Por eso, Sanidad y 13 autonomías propusieron la semana pasada, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, aprobar una serie de restricciones en la hostelería, el ocio nocturno y las reuniones, ligadas al nivel de alerta (3,2 y 1) de cada autonomía, restricciones que durarán hasta que esté vacunado el 70% de la población (finales de agosto). La propuesta supone el cierre del interior de bares y restaurantes en regiones riesgo 3 (País Vasco y la Rioja), así como la limitación de aforos en terrazas, eventos, reuniones sociales y cierre de discotecas (hasta las 2 de la mañana). También limitaciones (menores) en la hostelería y el ocio nocturno (hasta las 3 las discotecas) en las 7 regiones con riesgo 2 (Madrid y Andalucía entre ellas) y pocas restricciones para las otras 10 regiones en riesgo 1 (la mayoría de España). Parece una propuesta lógica, para intentar controlar los contagios, que fue apoyada por 11 autonomías, el voto en contra de otras 6 (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, País Vasco y Cataluña) y la abstención de Castilla y León y Melilla.

Ahora, Madrid y Andalucía (gobernadas por el PP) más el País Vasco  (curiosamente, tres autonomías con un “riesgo alto” de contagios: más de 150 por 100.000 habitantes) se rebelan y dicen que no aplicarán estas restricciones acordadas por la mayoría de autonomías. Y amenazan con llevarlas a los tribunales, como ya hizo Madrid en otras ocasiones, mientras la ministra de Sanidad advierte que “son de obligado cumplimiento” y recuerda que el Gobierno ya impuso una restricción de movilidad a Madrid en Semana Santa. Es una pena que la lucha contra la pandemia sea motivo de enfrentamiento político y que no haya consenso para evitar una 5ª ola de contagios este verano.

Con esta desunión y la dispersión de medidas y restricciones, nuestra mayor esperanza siguen siendo las vacunas, que van a muy buen ritmo: ya se ha aplicado 1 dosis al 40% de españoles (19.038.135 vacunados) y las 2 dosis al 21,6% (10.257.209 de españoles), según los datos de Sanidad del 3 de junio. Y lo más importante: tienen una dosis casi el 100% de los mayores de 60 años y las dos casi el 65%. Y todo apunta a que en este mes de junio se vacunará con 1 dosis a todos los mayores de 50 años (ya la han recibido el 86,1%) y recibirán las dos dosis más de la mitad  (ya la tienen el 46,7%). En paralelo, este mes se avanzará también en la vacunación de las personas de 40 a 49 años (el grupo más numeroso: 7,9 millones), que podrían tener una inmunización elevada para julio. Después, habría que aprovechar el resto del verano para vacunar a los menores de 40 años. Y el Gobierno quiere vacunar a los adolescentes (12-17 años) antes del comienzo del próximo curso. Mientras, Alemania, Francia e Italia ya han abierto las citas para vacunar a todos los mayores de 12 años.

Hasta ahora se han cumplido los dos primeros hitos del Plan de vacunación previsto por el Gobierno: cerrar la 1ª semana de mayo con 5 millones vacunados totalmente y los 10 millones totalmente vacunados en la 1ª semana de junio. Ahora,  el reto es cumplir el tercer hito: 15 millones vacunados totalmente el 20 de junio. Y seguir luego con el 4º (25 millones de vacunados para el 25 de julio) y el 5º hito : 33 millones totalmente vacunados (el 70% de la población) para finales de agosto. La vacunación sigue siendo nuestra esperanza, máxime si algunas autonomías y muchos españoles no están dispuestos a seguir con restricciones este verano, hasta que la mayoría estén vacunados. Las vacunas ya han rebajado contagios y muertes y están acelerando la recuperación de la economía. De momento, los españoles estamos empezando a consumir más, ahora que vemos posible el fin de la pandemia. El dato es muy explícito: el índice PMI, que mide la evolución del consumo de las familias subió en mayo a los 59,2 puntos (sobre 100), el mayor nivel de consumo desde 2006. Y además revela que las empresas aumentan sus compras y apuestan por una clara mejoría de la economía, como lo refleja también el mayor uso de las tarjetas de crédito.

Este mayor consumo, más la mayor actividad en los servicios (hostelería, turismo y comercio) tras el fin del estado de alarma (9 de mayo), se han traducido ya en una mejora del empleo (212.000 trabajadores más) y una fuerte caída del paro (130.000 parados menos) en mayo, según los datos de Trabajo. Y hay ya 19.267.221 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, más que antes de la pandemia (19.250.229 afiliados en febrero 2020), aunque una parte son trabajadores “aparcados” en ERTEs (542.142 en mayo, 96.141 menos que en abril y la sexta parte de los 3,6 millones de trabajadores en ERTEs en mayo de 2020). Esta mejoría del empleo revela claramente que la recuperación se ha iniciado, aunque débilmente hasta que se refuerce con el turismo esperado este verano.

La recuperación del turismo interior, de los españoles, es un hecho: las reservas para julio y agosto se han disparado, al ritmo de la vacunación. Y desde hoy 7 de junio, España se abre al turismo extranjero: cualquier viajero vacunado podrá entrar en España, según ha aprobado el Gobierno. Y el 1 de julio entra en vigor el Certificado verde europeo, que facilitará la llegada de turistas comunitarios. El punto negro está en el turismo británico, el más importante (18 millones de turistas del Reino Unido llegaron en 2019): el  Gobierno británico acaba de mantener a España en la lista ámbar (también a Portugal, Francia o Grecia), con lo que los británicos que quieran venir a España tienen que hacerse 3 PCR y mantener una cuarentena a la vuelta de 10 días, lo que disuadirá a la mayoría. La decisión ha sido un hachazo para el sector turístico de Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana (las tres, con una menor incidencia de contagios que Reino Unido), a la espera de que España entre en “la lista verde” cuando el Gobierno británico revise los destinos, el 24 de junio.

En resumen, mejora la pandemia (bajando la incidencia, los enfermos en UCIs y las muertes) y mejora la economía, con una débil recuperación del consumo y el empleo, que necesita asentarse en los próximos meses, con la generalización de las vacunas, la mejora del turismo y la llegada de las primeras ayudas europeas (previstas para septiembre). Pero todo ello, siempre que no se disparen los contagios por el verano y tengamos una 5ª ola. Por eso, es clave que Gobierno, autonomías y ciudadanos tengamos sentido común, pactando restricciones y manteniendo precauciones, aunque estemos hartos de aforos, distancias y mascarillas. La guerra contra el virus no se ha ganado todavía. No bajemos la guardia.

Nuevo recibo de la luz por horas

Desde el 1 de junio, hay que mirar el reloj al poner los electrodomésticos porque la luz tiene tres precios diarios según la hora, para conseguir que particulares y empresas consuman menos en horas punta y no haya que tener centrales de apoyo. Pero la rebaja en el recibo será pequeña, del 3,4% y no parece fácil cambiar de hábitos. Mientras, el precio mayorista de la electricidad se ha disparado, subiendo el recibo un 20,34% este año. Y subirá más con el verano. Por eso, el Gobierno aprobó el martes 2 medidas de choque: quitar a las centrales hidroeléctricas y nucleares lo que cargan de derechos de CO2 (sin emitirlo), 1.000 millones anuales que “les llueven del cielo” (de nuestro recibo) y crear un Fondo para descargar del recibo otros 7.000 millones de ayudas a las renovables. Con ello, bajará la luz un 15%, pero dentro de 4 años. Mientras, pagamos la 5ª luz más cara de Europa, por múltiples extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

Para comprender lo que ha cambiado en el recibo de la luz el 1 de junio, recordemos que nuestro recibo tiene 3 partes, según explica este resumen de la Comisión de la Competencia (CNMC). Una parte es el coste de la luz en el mercado mayorista, que supone el 33% del recibo. El segundo componente son los impuestos (5,113% del impuesto especial sobre la potencia y el consumo y el 21% del IVA sobre la factura total), que suponen el 19% del recibo de la luz. Y el tercer componente, que supone el 48% restante del recibo, son los precios regulados: un 21% son los peajes (pagos por el transporte y la comercialización de la luz), regulados ahora por un organismo independiente, la Comisión de la Competencia (CNMC) y otro 27% son los cargos fijados por el Gobierno (unos costes que pagamos para financiar a las renovables, para pagar el extracoste de producir luz para Baleares y Canarias, la anualidad que se paga para financiar el déficit eléctrico de años anteriores y para mantener la CNMC). Todo esto es lo que pagamos con nuestro recibo cada mes.

Ahora, lo que cambia es esta tercera parte del recibo (48%), los precios regulados. Tanto los peajes como los cargos los paga cada consumidor según la potencia que tiene contratada y lo que consume cada mes. Ahora, el cambio es que el precio regulado de la luz varía según la hora del día en que se consume, con tres franjas horarias: horas valle, las más baratas (12 noche a 8 de la mañana y todos los sábados, domingos y festivos), horas punta, las más caras (lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas) y el resto del día son horas llanas, con un precio intermedio. El 1 de junio, el primer día en implantarse el nuevo sistema, el precio máximo de la luz en horas punta fue de 24,808 céntimos el kilovatio y el precio mínimo en horas valle fue la mitad, 11,484 céntimos el kilovatio. Las pymes e industrias también tienen distintos precios según horas, días y meses.

Con estas tarifas diferentes según la hora del día, el Gobierno busca que consumidores y empresas consuman más luz en horas valle y menos en horas punta (mañanas y tarde-noche), que obligan a tener centrales de refuerzo (térmicas de gas y fuel) para cubrir los picos de demanda. Y también, fomentar el ahorro de energía, ahora que sabemos que los kilowatios gastados en algunas horas son más caros. Su propuesta es que cambiemos los hábitos de consumo, que empecemos a poner la lavadora o el lavavajillas por la noche y a planchar y cocinar más los fines de semana, algo difícil de acostumbrarse. De hecho, la primera noche del nuevo sistema, apenas subió la demanda nocturna de luz. Con todo, la rebaja por la discriminación horaria a los 19 millones de consumidores que no la tenían será pequeña: bajará el recibo una media del -3,4%, según el Gobierno. Y a los 10 millones de consumidores que ya tenían contratada discriminación horaria, les subirá el recibo, unos 24 euros al año, porque antes tenían 13 horas valle y ahora tendrán sólo 8 horas.

Hay otro cambio del que se ha hablado menos: el nuevo sistema permite también cambiar la potencia que tenemos contratada, pudiendo contratar ahora 2 potencias distintas, una potencia más baja durante el día (si ponemos menos electrodomésticos) y otra potencia más alta para las horas valle (para la noche, sábados y domingo), para poder poner más electrodomésticos  y sobre todo para cargar los coches eléctricos. Con este cambio de potencia, el consumidor sí puede lograr un mayor ahorro en su factura, hasta un 7,5%, según el Gobierno, sobre todo los que carguen en casa el coche eléctrico (pueden ahorrarse hasta 300 euros al año aumentando su potencia nocturna y bajando la diurna). Para saber si compensa cambiar la potencia (sin riesgo de que salten los plomos), las eléctricas están obligadas a mandarnos ahora información de los picos de potencia que hemos tenido en el último año, para ver cuánto margen de cambio tenemos (de día y de noche). Y a partir de ahí, tenemos 1 año para cambiar nuestra potencia y podemos hacerlo hasta 2 veces, para ajustarla.

Ahora, los 10.702.503 consumidores de electricidad que estamos en el mercado regulado (PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor) no tenemos que hacer nada para adaptarnos al nuevo sistema: la eléctrica nos facturará según nuestra potencia y la hora del día que hayamos usado la luz, con lo que podríamos ahorrar algo si miramos el reloj (salvo 1,1 millones de clientes PVPC que ya tenían discriminación horaria y que ahora van a pagar algo más). Y cuando recibamos la información sobre la potencia que usamos realmente, podremos decidir si nos compensa bajar la potencia diurna y subir la nocturna, para ahorrar algo más. En el caso de los 16.125.719 consumidores eléctricos que están el “mercado libre” tienen que esperar ahora a que su compañía les adapte el contrato y les diga cómo les va a cobrar en el futuro (salvo los 8,9 millones que ya tenían discriminación horaria y a los que ahora les subirá el recibo, porque tienen menos horas bonificadas).

Y un consejo: habrá eléctricas que aprovechen para vendernos “pasar al mercado libre”, salir del mercado regulado (PVPC), argumentando que "es más barato”. Falso. Lo era antes y lo será más ahora, aunque más de 16 millones de consumidores hayan cambiado estos años. A mediados de 2020, el gasto medio de un cliente en el mercado regulado era de 40,5 euros y en el mercado “libre” era de 56,30 euros mensuales, un 40% más caro (homologando consumo y potencias), según las estadísticas de la CNMC. Por eso quieren que cambiemos.

Hasta aquí los cambios en la parte regulada de nuestro recibo de la luz (el 48% de lo que pagamos), donde vamos a poder ahorrar poco (si cambiamos la potencia, algo más), sobre todo los pequeños consumidores, según critican la OCU y Facua. Pero lo que más preocupa ahora es la fuerte subida del precio de la luz en el mercado mayorista de la electricidad, que afecta a un 33% de nuestro recibo. Ese precio mayorista de la luz, que se negocia cada día en el mercado OMIE (como “la Bolsa de la luz”) lleva subiendo todo este año 2021, después de que en 2020 alcanzara el precio más bajo (33,96 euros/MWh) desde 2004, por la caída de demanda durante la pandemia. Con la tormenta Filomena, el precio mayorista rozó en enero los 100 euros y aunque luego bajó, ha seguido muy alto, cerrando mayo en 67,12 euros/MWh, el precio más caro desde septiembre de 2018 (71 euros/MWh). Y el lunes 31 de mayo seguía en 88 euros/MWh, un precio que no se veía desde la gran nevada de enero.

Estos elevados precios de la luz en origen se han trasladado ya a nuestros recibos (recordemos: suponen el 33% de la factura final), que subieron en enero (+16,5%), marzo (+14%), abril (+15%) y mayo (+0,8%), bajando sólo en febrero (-26%). Y con ello, un recibo medio de la luz, de una familia con 2 hijos que tiene 4,4 kwh de potencia y consume 3.900 kw al año, ha pasado de 62,23 euros que pagaban en diciembre de 2020 a 74,89 euros que pagarán en mayo de 2021, un 20,34% más, según el simulador de la CNMC. Y el recibo ha subido un +44% sobre mayo de 2020. El problema es que la luz en origen seguirá subiendo este verano (y nuestro recibo), por el mayor consumo y las menores lluvias. De hecho, la previsión del mercado de futuros es que el precio medio de todo 2021 sea 68 euros/MWh, más del doble que el precio medio de 2020 (33,96 €).

¿Por qué sube tanto la luz en el mercado mayorista? Las dos razones que se dan es que el aumento del consumo ha obligado a que funcionen más horas las centrales de gas y eso ha disparado el precio del gas natural en el mercado internacional, encareciendo el coste de la luz. Y además, el mayor uso de las centrales de gas ha aumentado los precios de los derechos de CO2, que han de pagar estas centrales (y las de fuel y carbón) por contaminar: el precio de estos derechos ha pasado de 5,97 euros/Tm en mayo de 2016 a 56,65 euros/TM en mayo de 2021. Una tasa que las eléctricas cargan al precio mayorista. Pero estos dos factores afectan a la generación de electricidad en toda Europa y sin embargo el precio mayorista de la luz en España (67,12 euros/MWh en mayo) es un 27,8% más alto que en Alemania, según la consultora Aege. 

Y eso, ¿por qué? La luz en el mercado mayorista es más cara en España, según los expertos, porque es un mercado “poco transparente” (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy “volátil” (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo en funcionamiento  y quitando centrales para subir precios en el mercado mayorista, malas prácticas que les han costado varias multas de la CNMC.

Como telón de fondo está el sistema que fija los precios en el mercado eléctrico, en Europa y en España desde la Ley eléctrica aprobada por Aznar en 1997, un sistema “de locos”: cada empresa aporta su electricidad al mercado, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio que se fija cada día es el del kilowatio más caro. Lo normal es que cuando falta energía (por más demanda o por falta de lluvia o viento), la demanda final se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/MWh Y ese es el precio que se les paga también a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros el MWh) y a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros), centrales ambas que ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán toda a precio de chuletón…

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales de reserva con poco uso (de gas y fuel) para garantizar el suministro. Pero implica que los consumidores pagamos un extracoste por la luz en origen, estimado en unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra.

Este extracoste se refiere sólo a la primera parte de nuestro recibo, ese 33% que viene del coste de la luz en el mercado mayorista. Pero también pagamos de más en las otras dos partes del recibo. En la parte regulada (el 48%), pagamos “extracostes” en el transporte de la electricidad (a Red Eléctrica, un monopolio estatal), en el margen de las comercializadoras (hay poca competencia y las eléctricas se reparten los mercados: Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan el 75,9% del mercado libre) y en los numerosos costes regulados que el Gobierno de turno nos carga en el recibo: ayudas a renovables y residuos, compensación por el parón nuclear, amortización deuda eléctrica acumulada, compensación a Endesa por la luz que produce en Baleares y Canarias, ayudas a grandes industrias consumidoras…

Y todavía hay un extracoste más en la tercera parte del recibo, los impuestos (19% de la factura de la luz): somos el tercer país de Europa con más peso de los impuestos (impuesto especial más IVA) en el precio final de la luz a los consumidores domésticos: un 47,38% frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, por encima del peso de los impuestos en el precio final de la luz en la UE-27 (40%), Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país con el IVA de la luz más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%), Finlandia (24%) y Portugal (23%), según Eurostat. Y en el caso de las empresas y consumidores no domésticos, somos el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: los “extracostes” en la generación de electricidad, en los costes regulados y en los impuestos. La última estadística de Eurostat, con los precios de la luz en el 2º semestre de 2020, lo deja claro: España es el 5º país con la luz más cara para los consumidores domésticos: 0,2298 euros/kwh, sólo por detrás de Alemania (0,3006), Dinamarca (0,2819), Bélgica (0,2702) e Irlanda (0,2298) y un 7,68% más cara que la media UE-27 (0,2134 euros/kwh) y un 17,36% más cara que en Francia (0,1958 euros/kwh) y más cara que en Italia (0,2167 €) y que en Portugal (0,2133 €). Y para la industria y los consumidores no domésticos, la luz en España es la 7ª más cara de Europa (0,1422 euros/kwh), más barata que en Alemania (0,2181), Italia (0.1753) o Bélgica (0,1426) y que la media UE-27 (0,1422), pero más cara que en Portugal (0,1354), Grecia (0,1120) o Francia (0,1142€/kwh), según Eurostat.

Ahora, al haberse disparado el precio mayorista de la luz, el Gobierno ha reaccionado con dos medidas extraordinarias, aprobadas el martes 1 de junio. La primera, recortar parte del extracoste que pagamos a las centrales hidroeléctricas y nucleares, “la parte más escandalosa”. Estos dos tipos de centrales se benefician de que las demás centrales (carbón, gas y fuel) carguen en los costes de producción de la luz el pago de los derechos de CO2, que ellos no emiten. Son los llamados “beneficios llovidos del cielo”: cargan unos costes (derechos de CO2) que no tienen. Y son nada menos que 1.000 millones al año, que llevan cobrando injustificadamente desde 2005 (multipliquen: les hemos pagado 15.000 millones de más, sin justificación alguna). Ahora, al quitarles este “regalo”, el Gobierno cree que podría rebajar nuestra factura entre un -4 y un -5%. Pero será en 2022, porque antes debe aprobarse la medida en el Congreso y que no reclamen en los Tribunales (piensan hacerlo).

La otra medida de choque aprobada por el Gobierno ha sido crear un Fondo para trasvasarle en 5 años el coste de las ayudas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos, unos 7.000 millones al año que ahora nos cargan en el recibo (el 16% de lo que pagamos). Este Fondo se financiará con aportaciones de las empresas petroleras (un 43,7% lo pagarán Repsol, Cepsa y BP), las empresas de gas (24,8%) y las compañías eléctricas (31,5%), junto a los ingresos por impuestos verdes, subastas de CO2 y Fondos UE. El Gobierno estima que este Fondo permitirá abaratar el recibo de la luz otro 10% en 5 años, no ahora (que es cuando hace falta). Y eso, si las empresas afectadas no recurren y lo ganan en los Tribunales. Además, corremos el riesgo de que petroleras, gasistas y eléctricas nos repercutan a los consumidores el coste de este Fondo al echar carburante, comprar gas o consumir luz.

Al final, pagar la luz por horas es una medida positiva, pero con poco efecto en el recibo. Y quitar extracostes a las centrales hidroeléctricas o nucleares o trasvasar las ayudas a las renovables a otros tardarán tiempo en rebajar el recibo, hasta 2022 y 2026. Y mientras, la factura sube mes a mes. El problema de fondo sigue siendo que pagamos costes de más. Habría que hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que cuesta producirla, pagando la media de impuestos de Europa. Luz y taquígrafos. Que las eléctricas no tengan unos beneficios extras (superiores a otras eléctricas europeas)  a costa de nuestro recibo. Y que Hacienda ingrese más por otras vías, no por nuestro recibo. Son medidas de mucho calado, que exigen un Gobierno fuerte y con apoyos. Sánchez va a tener difícil ordenar de verdad el mercado eléctrico. Nadie lo ha conseguido en 44 años de democracia.