Crecemos, pero con pobreza y desigualdad

Confirmado: España creció en 2024 cuatro veces más que Europa (3,2% frente a 0,8%). Pero mucha gente no lo nota, porque la inflación se ha comido los salarios y por la subida de alquileres, hipotecas y servicios públicos. Así, un 9,1% españoles llegan a fin de mes “con mucha dificultad” y casi la mitad con problemas. Y hay 9,6 millones de españoles en situación de “pobreza”: ganan menos del 60% que la media. Tenemos sólo 409.000 “pobres” menos que en 2018, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, aunque hay 2,35 millones de residentes más. Pero sube la pobreza infantil y somos el 5º país con más pobreza de Europa, a pesar del crecimiento y el empleo. Fallan las ayudas a la pobreza y tenemos demasiados sueldos bajos: un 70% ganan menos de 2.548 euros, 24% menos que en Europa. Urge corregir las medidas sociales, con más ayudas por hijos, y subir más los salarios bajos (menores de 2.000 euros), ahora que los beneficios empresariales son altos. Hay que “repartir” mejor el crecimiento.

Eurostat, lo confirmó a finales de enero: España creció +3,2% en 2024, más que en 2023 (+2,7%) y cuatro veces el crecimiento de la UE-27 (+0,8%), triplicando el crecimiento de Francia (+1,1%) y seis veces más que Italia (+0,5%), mientras Alemania sigue en recesión (-0,2%). Los motores del alto crecimiento español, por tercer año consecutivo, son el aumento del consumo público y privado (por el aumento de ocupados: + 468.100 empleos en 2024), las exportaciones y, sobre todo el turismo, que batió otro récord histórico. Y además, la inflación cerró el año con una subida del 2,8%, en linea con el +2,7% en la UE-27. El punto negro sigue siendo el paro, que acabó en el 10,6%, casi el doble que la media europea (5,6%).

Con todo, la economía española crece más que la europea, con una inflación moderada (al alza), menos déficit público y superávit con el exterior, esperando crear otros 500.000 empleos en 2025. Pero muchos españoles no acaban de notarlo. Primero, porque la inflación de los últimos años “se ha comido” parte de sus salarios: los salarios pactados en convenio han subido un +12,92% entre 2020 y 2024, mientras la inflación subió un +20% (y si nos vamos más atrás, desde 2009, los salarios han perdido un -21,43% de poder adquisitivo). Además, en los últimos años se han disparado los alquileres (subieron +31% entre 2020 y 2024) y el coste de las hipotecas, por la subida de los pisos y tipos. Y hay muchos servicios que se han encarecido, como la sanidad (los seguros médicos) o la educación, subiendo las facturas de la energía, alimentos y carburantes, a pesar de las ayudas del “escudo social”.

Y hay otro factor del que apenas se habla: la economía crece con fuerza, producimos mucho más, pero somos mucho más habitantes, con lo cual la producción (y la renta) se reparte entre muchos más. Así, el valor de lo producido (PIB) ha pasado de 1.253.710 millones de euros en 2019 a 1.593.136 en 2024, un aumento del +27% . Pero la población residente ha pasado (por el aluvión de inmigrantes), de 47 a 49 millones en estos 6 años. Así que el PIB por habitante ha crecido algo menos: de 26.670 euros en 2019 a 32.461 en 2024 (+21,7%). Todavía tenemos una menor productividad que Europa, no tanto por los trabajadores como por la baja inversión y un modelo económico menos productivo.

Volviendo a los que no notan el fuerte crecimiento, la última estadística del INE revela que casi la mitad de los españoles (el 47,4%) tienen algún problema parea llegar a fin de mes, algo menos que en 2019 (49,3% tenían problemas), aunque ahora hay 2 millones de habitantes más. De ellos, un 9,1% llegan a fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019 y el 9,3% en 2023), sobre todo en Castilla la Mancha (13%), Canarias (12,4%) y Andalucía (10,9%), siendo pocos en País Vasco (5,1%), Baleares (5,6%) y la Rioja (5,9%). Otro 12,7% de españoles llegan a fin de mes “con dificultad” (14,2% en 2019) y el 25,6% restante con “cierta dificultad (27,3% en 2019). La alta inflación pasada y los alquileres lo explican.

Otro dato preocupante son los españoles, que a pesar de la mejoría del crecimiento y el empleo, sufren “carencias materiales”, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2024 del INE. Casi un tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos imprevistos” (como en 2019, cuando eran el 35,9%, aunque hoy somos 2 millones de habitantes más), el 6,1% no se puede permitir comer carne o pescado cada dos días (eran la mitad, el 3,8% en 2019), un 17,6% no pueden mantener su vivienda a la temperatura adecuada (el doble que en 2019, cuando eran el 7,6%) y un 13,6% de personas han tenido retrasos en el pago de gastos de su vivienda (frente al 8,3% en 2019).

Pero lo más preocupante es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, España todavía tiene muchos “pobres”: somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7% de la población en 2024) , tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%) y Lituania (20,6%), según Eurostat. Son 9.653.000 españoles a los que las estadísticas europeas considera “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la media del país (menos de 11.584,4 euros al año los solteros y menos de 24.3272 euros al año una familia con dos niños), según el INE.

Esta tasa de pobreza (19,7%) era superior en 2018 (21,5%), cuando el Gobierno Sánchez llegó a la Moncloa, pero el número de pobres ha bajado poco, en -409.000 personas (había 10,06 millones de pobres en 2018), entre otras cosas porque ahora somos 2,35 millones de habitantes más. La población en situación de “pobreza extrema” (ingresan menos del 40% que la media, menos de 7.772 euros anuales los solteros y menos de 16.218 euros las familias con 2 niños) también se ha reducido, pero poco: eran el 8,7% de los españoles en 2018 y ahora son el 8,3% de la población, 4.067.000 españoles (solo 4.000 menos que en 2018).

Lo peor es que, a pesar del alto crecimiento y el empleo, la pobreza infantil ha crecido en España: en 2024 estaban en situación de pobreza el 29,2% de los menores de 16 años, frente al 26,2% de pobreza infantil en 2018. Son 2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres y de ellos, más de un tercio (el 11%, 941.000 niños y niñas) viven en hogares con pobreza severa y no pueden acceder a una alimentación saludable, como denuncia Save the Children, recordando que España es el 2º país de Europa con más pobreza infantil, tras Rumanía.  Esta pobreza infantil se concentra en las familias de mujeres solas con niños (el 81% de las familias monoparentales), “feminizando” la pobreza.

La llamativa subida del salario mínimo interprofesional (de 735 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, +61%), el avance del Ingreso mínimo Vital (llega a 674.000 hogares, con 2 millones de beneficiarios y una cuantía mensual entre 658 y 1.500 euros) y las ayudas públicas que han integrado (e integran) el “escudo social” (ERTEs, bono social eléctrico, ayudas al transporte,  luz, alimentos y carburantes) han evitado que la pobreza en España creciera estos años, a pesar de que somos 2,35 millones de habitantes más. Pero la tasa de pobreza es “inadmisible” y la Comisión Europea nos alertó de ello en diciembre pasado.

El problema de fondo no es sólo que falten ayudas públicas contra la pobreza sino que se gastan mal, como nos ha reiterado la OCDE y la Comisión Europea. Por un lado, las ayudas públicas a las familias (claves para luchar contra la pobreza) tienen en  España la mitad de peso que en otros paises: suponen el 1,6% del PIB (2021), frente al 2,5% de media en la UE-27, el 3,7% en Alemania o el 2,5% en Francia. Por otro, estas ayudas públicas en España benefician más a las familias de rentas medias y altas que a las familias con rentas bajas, porque el grueso de las  ayudas son desgravaciones fiscales en el IRPF, que benefician a 8 millones de contribuyentes, la mayoría con rentas medias y altas, porque las rentas bajas y los más pobres no declaran (los ingresos de menos de 22.000 euros al año, todos los que están en pobreza severa y la mayoría de los considerados “pobres”).

La propia Comisión Europea alertó, en su informe de diciembre, sobre el hecho de que las ayudas contra la pobreza en España “tienen menos impacto que en otros paises”, por “los problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales de acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo”. Sobre este último punto, recordar que en 2023 eran “pobres” casi 2,5 millones de trabajadores (2.499.654), según la Red EAPN. Y que España es el tercer país europeo con más porcentaje de “trabajadores pobres” (11,9%), sólo por detrás de Rumanía (15%) y Bulgaria (11,7%), peor que Portugal (10%) o Grecia (9,85) y por encima de la UE-27 (8,9% de trabajadores “pobres”), Italia (9,9%), Francia (7,8%) o Alemania (6,5%), según Eurostat.

Por todo ello, expertos y ONGs piden modificar el esquema de protección social a las familias más vulnerables, reformar la política contra la pobreza en España. Por un lado, es urgente coordinar las ayudas públicas, creando “una ventanilla única” donde se soliciten y se gestionen, con menos burocracia, más colaboración entre administraciones (incluyendo los Ayuntamientos, claves en las ayudas contra la pobreza) y dando más entrada a las ONGs, quienes tienen más experiencia y conocimiento del problema. Y por otro, hay que destinar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza, gastando el doble (como hace la UE) en ayudas a la familia. Además, urge avanzar en aprobar una ayuda universal por hijos, clave para reducir la pobreza infantil, como reitera Save the Children.

De hecho, en 20 paises europeos existe una ayuda universal por hijo, que la OCDE ha propuesto a España (y que sólo aplica el País Vasco, desde marzo der 2023, cuando entró en vigor una ayuda universal por hijo de 200 euros que cobrarán las familias durante 3 años). Con esta ayuda, “se matarían dos pájaros de un tiro”: se reduciría la pobreza infantil y la pobreza de las familias (más concentrada en las que tienen hijos) y se fomentaría la baja natalidad, un grave problema estructural de España, que pone en peligro el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar. El Gobierno Sánchez dice que estudia una ayuda universal por hijo hasta los 6 años, pero tiene difícil contar con apoyos políticos y recursos, máxime cuando la política del PP (apoyada por Junts y PNV) es “bajar impuestos” indiscriminadamente.

Para que haya menos pobres y más gente “note” el crecimiento y el empleo, hay que actuar también sobre los salarios, porque son muy bajos y desiguales, lo que provoca que casi la mitad de españoles tengan problemas para llegar a fin de mes. Los salarios en convenio han subido un +3,07% en 2024, más que la inflación media (2,77%), pero llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo (-7,08% desde 2020 y -21,43% desde 2009). Y tienen dos problemas. Uno, son más bajos que en Europa: el salario medio por hora era de 18,2 euros en 2023, frente a 24 euros de media en la UE-27 (-24,2%) , 31,6 euros en Alemania, 28,7 euros en Francia o 21,5 euros/hora en Italia, según Eurostat. Y el otro, que los salarios en España son muy desiguales y hay una mayoría que los tiene bajos.

Veamos. El salario medio bruto en España era de 2.237 euros en 2023, según la última estadística del INE (Decil de salarios). Pero de los 18 millones de asalariados, un 30% (5.400.000) ganan menos de 1.534 euros brutos al mes, otro 40% (7.200.000 trabajadores) ganan entre 1.534,7 y 2.548,2 euros brutos mensuales y sólo el 30% restante (5.400.000 asalariados) ganan más de 2.548,2 euros brutos mensuales. A lo claro: que el 70% de los que trabajan en España (12,6 millones) ganan menos de 2.548 euros brutos, unos 2.170 euros netos. Y hay sectores enteros, como la hostelería, el campo, las empleadas de hogar, el comercio y muchas pymes, donde ganan aún menos. Y sobre todo las mujeres (2.063,2 euros de media, -16,4% que los hombres) y los jóvenes que aún ganan menos (1.387 euros brutos es el salario medio de 16 a 24 años). Con este bajo nivel salarial, no es extraño que si repunta la inflación o suben los alquileres y algunas facturas, mucha gente tenga problemas para llegar a fin de mes. O acabe en la pobreza.

Por eso, habría que actuar en dos frentes. Por un lado, aprobando un Plan urgente contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, legislando una ayuda por niño/a hasta los 6 años (complementada con otras ayudas hasta los 16 años) y reformando las ayudas públicas disponibles, para que beneficien más a los más pobres. Y por otro, promoviendo en la negociación colectiva una subida mayor de los salarios más bajos (los de menos de 2.000 euros, por ejemplo), para reducir la desigualdad actual y mejorar el poder de compra, lo que se traduciría en más consumo, más crecimiento y más empleo. Es hora de plantear subidas mayores del 3% para estos trabajadores peor pagados, porque ahora las empresas pueden hacerlo, porque llevan 3 años consecutivos con más ventas, márgenes y beneficios.

Lo peor que le puede pasar a un país es que no crezca ni cree empleo. Pero tampoco es bueno que crezca y la mayoría de su población no lo note, porque una buena parte de la población no llegue a fin de mes o siga en la pobreza. Urge aplicar políticas para reducir de verdad la pobreza, sobre todo la infantil, y para que la mayoría de los salarios sean más altos y permitan una vida mejor. Hay que “repartir mejor el crecimiento”, para que lo noten más españoles, no sólo una minoría de sueldos y empresas. Es la manera de evitar que muchos españoles “pasen” del Estado y de la política y se radicalicen, en manos del populismo y la ultraderecha. La democracia ( y aún más la socialdemocracia) es crecer más para que la mayoría vivan mejor. A ello.

Centros de Salud desbordados

Se han cumplido 5 años del primer muerto en España por COVID-19 y la sanidad pública no acaba de recuperarse de la pandemia : las listas de espera siguen en máximos históricos y la Atención Primaria está colapsada: me han dado cita para la médico de familia dentro de 14 días (y la demora media está en España en 9 días). La consecuencia es que 12,5 millones de españoles se pagan un seguro privado (ahora más caro), lo que lleva a demoras en la sanidad privada. Se multiplican las manifestaciones por la mejora de la sanidad, pero no se avanza. El problema más grave está en la Atención Primaria, donde Sanidad ha propuesto un Plan de actuación 2025-2027. Muchas medidas, pero falta lo fundamental: gastar más (+10.000 millones sólo en Atención Primaria), contratar más médicos de familia (+8.000) y enfermeras (+15.000) y reorganizar los centros, con 10.000 administrativos más. Urge un Plan de choque para mejorar la Atención Primaria. Nos jugamos la primera linea de la salud.

                        Centro de Salud en Madrid

El 13 de febrero de 2020 moría en Valencia el primer paciente contagiado por COVID-19. Han pasado 5 años y la sanidad pública no se recupera del mazazo de la pandemia: estamos mejor que entonces, pero el sistema sanitario apenas ha vuelto a los niveles de 2019, donde ya había problemas de saturación y falta de medios. La espera para ser atendido por el médico de familia (o el pediatra) estaba en 8,81 días en 2024 (Barómetro Sanitario), frente a los 5,8 días de espera media en 2019. Y las listas de espera, aunque han mejorado frente a lo peor de la pandemia, siguen en máximos históricos: 94 días de media para la consulta de un especialista en junio de 2024 (el 2º peor dato desde 2022) y la espera para ser operado estaba en 121 días (9 más que en junio de 2023).

La consecuencia es una peor atención de la sanidad pública (a pesar del esfuerzo de sus profesionales) y un desvío de muchos pacientes a la sanidad privada: más de 12,5 millones de españoles pagan un seguro médico privado cada mes (+3,5 millones que hace una década), sobre todo en Madrid  (38,7% población tiene un seguro médico privado), Cataluña (32,4%) y Baleares (30,9%), aunque su precio se ha disparado (los seguros médicos han subido +39,5% desde 2019, según el INE).  Este desplazamiento hacia médicos, especialistas y hospitales privados, para sortear “los atascos” en la sanidad pública tiene 2 consecuencias. Una, que ya hay especialistas y hospitales privados que dan muchos retrasos para ser atendidos (50 días me han dado para una ecografía… por lo privado), siendo habitual cambios de citas y deterioro en la atención. Además, como las aseguradoras pagan poco a los médicos, hay muchos especialistas que “no trabajan con aseguradoras”.

Pero el gran problema sigue estando en la primera línea de la sanidad pública, en la Atención Primaria de los Centros de Salud y los ambulatorios. La población residente en España acaba de superar los 49 millones (49.077.984 el 1 de enero 2025) y eso supone un aumento de +1,76 millones de personas residentes sólo en los últimos 5 años (47.318.050 habitantes el 1 enero 2020). Un aluvión de nuevos habitantes (y potenciales pacientes) que han de atender casi los mismos médicos y enfermeras, con lo que cuando algún profesional (o administrativo) se pone enfermo o toma vacaciones, el colapso en las consultas es grave y lo sufren los pacientes, dilatando los plazos para ser atendidos. Y muchos no esperan y acuden a las urgencias de los hospitales: el 45% de los ciudadanos acudió a las urgencias hospitalarias en el último año (frente al 38,2% en 2023), según el Barómetro Sanitario 2024.

La Atención Primaria en España tiene un serio problema de retrasos en las citas de los médicos de familia y pediatras. En julio de 2024, el retraso medio era de 8,81 días para ser atendido, frente a los 5,8 días de 2019, según el Barómetro Sanitario que elabora el CIS y Sanidad. Sólo un 0,1% de pacientes consiguen cita en el día, al 11,2% les dan en 2 días, al 13,7% en 3 días, al 8,41% en 4 días, un 20% tardan en ser atendidos 7 días, un 12,8% tardan de 8 a 10 días y al 21,7% (como a mí) les dan cita entre 11 y más días después de solicitarla (por Internet, porque los teléfonos están aún más colapsados … ).

Sanidad y las autonomías apenas informan de estos retrasos en conseguir una cita para el médico de familia o el pediatra. El diario EL PAIS ha publicado una relación de retrasos por autonomías, a través de solicitudes de Trasparencia a las consejerías de Sanidad y alerta que más de la mitad de los Centros de Salud de toda España dan cita pasadas 48 horas, a pesar de que el Gobierno y las autonomías pactaron en 2019 garantizar que la atención no urgente en Atención Primaria se hiciera en menos de 2 días. Según este rastreo, los peores datos de retrasos se encuentran en Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde más del 85% de los Centros de Salud registran demoras de más de 2 días. Pero lo más preocupante es que hay demoras de más de 5 días en el 59% de los Centros de Salud de la Comunidad Valenciana, el 44% de Canarias, el 43% de Baleares, el 28% de Madrid, el 23% de Aragón, el 20% de Andalucía y el 16% en Castilla la Mancha, mientras las otras 10 autonomías no dan retrasos en citas superiores a los 5 días.

Estos retrasos, que agobian a los pacientes (sobre todo a los enfermos crónicos y de más edad), tienen un origen claro: la falta de medios en la Atención Primaria, detallada en este informe elaborado en 2024 por la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). El primer problema es que España gasta poco en Sanidad : 2.822 euros por habitante, un 20% menos de los 3.533 que gasta la UE y la mitad de los 5.317 euros por habitante que gasta Alemania, según la OCDE. Pero además de gastar menos, dedica un porcentaje menor que otros paises a financiar la Atención Primaria: un 14% de todo el gasto sanitario en España, frente al 25% de media que se gasta en Europa.

Y por si esto no explica la situación actual, la financiación de la Atención Primaria es muy desigual por autonomías, según los datos del gasto por habitante en 2024 que aporta la FDSP: 150,90 euros/habitante en Madrid, 154 en la Comunidad Valenciana, 229 en Cataluña, 247 en Murcia, 264 en Baleares o 274 euros/habitante en Galicia, frente a 402 euros/habitante en Extremadura (más del doble de gasto que en Madrid), 329 euros en Castilla y León, 323 en La Rioja,  309 en Andalucía, 308 en País Vasco o 306 en Asturias.

A partir de este gasto desigual, también es desigual el número de médicos y enfermeras que trabajan en Atención Primaria. Donde hay menos médicos de familia es en Baleares (0,51 por 1.000 habitantes), Madrid (0,57), Canarias (0,58), Andalucía (0,60), Murcia (0,62) y Cataluña ( 0,64), mientras hay muchos más médicos en Castilla y León (0,95/1.000 habitantes), Extremadura (0,77), Aragón (0,75) y Galicia (0,71), según la FADSP .Y en cuanto a enfermeras, donde menos hay (comparativamente) vuelve a ser en Balares y Murcia (0,59 por 1.000 habitantes), Madrid (0,52), Asturias (0,67) y Andalucía (0,69), mientras hay más en La Rioja (0,90 por 1000 habitantes, casi el doble que en Madrid), Extremadura y Castilla y León (0,86), Aragón (0,83) y Navarra (0,82).

Y con este diferente personal, las regiones con más población son las que tienen los Centros de Salud más colapsados. Así, la FADSP informa que si en España hay un 59,3% de médicos de familia que atienden a más de 1.500 tarjetas sanitarias, en Baleares son el 77,52% y en Andalucía el 69,99%, destacando también el 47% de Madrid y el 42,18% en Castilla la Mancha, mientras sólo tienen tantos pacientes el 23% de los médicos de familia vascos y el 27% de los navarros. Y si la media de médicos que atienden a más de 2.000 tarjetas es baja, el 4,14% de los médicos de familia, en Baleares son el 11,91% y en Madrid el 6,75%. Y si analizamos el trabajo de los pediatras, el 5,2% atiende a más de 1.500 tarjetas en España, pero en Madrid lo sufren el 12,1% de los pediatras, el 10,8% en Castilla la Mancha y algo menos del 10% en Baleares y Cataluña.

Y eso se traduce en un mayor o menor desvío a urgencias: Madrid es la que más atiende (815,3 pacientes por 1000 habitantes), seguida de Baleares (795), Murcia (743), Aragón y Andalucía (633), frente a sólo 471 pacientes/1000 en urgencias en Navarra, 533 en Extremadura, 534 en Canarias o 555 en Castilla y León.

El informe de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva más de una década analizando la situación de la sanidad en las autonomías, muy desigual tanto en el gasto como en las listas de espera como en la Atención Primaria (analizan decenas de parámetros). Y en el último ranking, de 2024, han agrupado la sanidad de las autonomías en 4 bloques. Uno, las 4 autonomías con mejor sanidad: Navarra (106 puntos sobre 142), País Vasco (105), Asturias (100) y Castilla y León (95). El 2º grupo, 5 autonomías con servicios sanitarios “regulares” son Aragón, Cantabria y La Rioja (las tres con 91 puntos), Extremadura (90) y Galicia (82). El tercer grupo son 4 autonomías con una sanidad “deficiente” : Cataluña (80 puntos), Canarias, Castilla la Mancha y Madrid (con 79 puntos cada una). Y en el pelotón de cola, “con peores servicios sanitarios” están Murcia (78), Baleares (77), Andalucía (76) y la Comunidad Valenciana (62). Desde 2010, la región valenciana aparece como “el farolillo rojo” de la sanidad autonómica, junto a Andalucía, Canarias y Murcia muchos años.

Los problemas en la Atención Primaria y de toda la sanidad, más graves en las autonomías más pobladas, han sacado a la calle a médicos y pacientes, con manifestaciones multitudinarias en Madrid, Galicia, Andalucía, Aragón y el País Vasco. Las autoridades autonómicas prometen mejoras, pero apenas gastan y contratan, mientras crece la población. De hecho, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +22,02% entre 2009 y 2023, un tercio menos que la inflación (+36,6%). Y además, en Cataluña ha caído el gasto sanitario en estos 15 años (-4,80%), mientras ha crecido sólo un +9,97% en Madrid, un +15,20% en Castilla la Mancha y un +17,24% en Aragón. Y eso, a pesar de que las autonomías han recibido del Presupuesto del Estado, entre 2018 y 2024 (los 7 años de Gobierno Sánchez) 300.000 millones más de recursos que en los 6 años de Gobierno Rajoy. Unas se han gastado estas mayores transferencias “en otras cosas” y la mayoría (gobernadas por el PP) han aprovechado para bajar impuestos (a los más ricos), reduciendo ingresos muy necesarios. 

La gestión de la sanidad (y la mayor parte de su financiación) corresponde a las autonomías. El Gobierno trata de “ayudar”, facilitando la habilitación de médicos y aumentando las transferencias, aunque la clave es reformar el sistema de financiación autonómica, porque hay 6 autonomías a las que el actual sistema “penaliza” (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla la Mancha , Baleares y Cataluña) y otras 5 a las que “premia” (Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón y Castilla y León), según FEDEA. Cara al futuro, cualquier reforma debe dar más peso en el reparto de los fondos públicos a factores como la población, el envejecimiento y los usuarios de la sanidad pública.

Mientras, el Gobierno central trata de influir en la mejora de la sanidad autonómica, más con normas que con financiación o medios. Así, el 16 de diciembre, la ministra de Sanidad presentó a las autonomías un Plan de Acción para la Atención Primaria 2025-2027, en cuyo texto han participado el Ministerio, las autonomías, asociaciones de médicos y pacientes. El objetivo es adoptar medidas para mejorar los equipos de gestión en Atención Primaria, las políticas de personal y gobernanza, así como la mejora y coordinación de prestaciones y servicios, para reducir las desigualdades actuales. Está bien, el Plan es un punto de partida para mejorar, pero no incluye las dos medidas más importantes: más financiación y más medios.  Por eso, puede acabar siendo “un catálogo de deseos”. Papel mojado.

Los expertos sanitarios insisten en que no mejorará  la Atención Primaria, la 1ª línea de nuestra sanidad, hasta que no cuente con más dinero y más personal, reestructurando su organización. La FADSP propone destinar el 25% de todo el gasto sanitario a Atención Primaria, lo que supone gastar 10.000 millones más al año (de forma escalonada). Y cree que se necesitan 8.000 médicos más, 15.000 nuevas enfermeras y 1.000 pediatras para “desatascar” los centros de Salud, además de 10.000 administrativos más para que una parte de la jornada de médicos y enfermeras no sea atender tareas administrativas. Y en paralelo, contar con más tecnología para realizar más pruebas diagnósticas en estos Centros. Además, proponen restablecer las Áreas sanitarias como marco de gestión y darles más autonomía. Con estas medidas, se busca que el 95% de las consultas se realicen en menos de 48 horas…

Esto sí son medidas concretas y una hoja de ruta para salir del colapso actual. Pero no se podrá avanzar si no se alcanza un Pacto (otro) entre el Gobierno central y las autonomías, con la participación de profesionales y pacientes. No parece que sea el camino elegido, mientras el PP avanza en la privatización de la sanidad pública en las autonomías que gobierna (con más “conciertos” para derivar pacientes, pruebas y operaciones a la sanidad privada) y el Gobierno intenta avanzar con normas y Leyes que luego no se pueden aplicar, por falta de financiación, medios y colaboración política. En medio estamos nosotros, los 49 millones de españoles, cada vez más envejecidos, que tenemos que esperar días y meses para saber qué problema de salud tenemos y cuándo tendremos la prueba, operación o tratamiento. Así no podemos seguir.

Reforma Ley de Dependencia: papel mojado

Este martes, junto a la subida del SMI, el Gobierno aprobó la reforma de la Ley de Dependencia, impulsada por Sumar para recuperar “protagonismo político”. El proyecto de Ley amplía algunos servicios a los dependientes, pero no compromete nuevos fondos: serán “derechos” de papel”. Supone agravar el problema de base de la Dependencia: derechos sin financiación. Ahora, el Gobierno no puede aportar más (porque no aprueba Presupuestos) y las autonomías “hacen caja” a costa de los dependientes. Y no gastarán más en los nuevos derechos que quieren aprobarse. Tampoco gastan en financiar nuevas residencias de ancianos, donde faltan 89.324 plazas. Consecuencia: las familias (las mujeres, el 75% de las cuidadoras”) “cargan” con los dependientes, con escasa ayuda pública. Un grave problema ahora y más en unos años, porque en 2050, un 30% de los españoles tendrán más de 65 años. Y habrá 6 millones de españoles con 80 años y más, el doble que ahora. Menos demagogia populista y más fondos para ayudar a los mayores dependientes.

                             Enrique Ortega

El pasado 1 de enero, la Ley de Dependencia cumplió 18 años, ya que entró en vigor en enero de 2007. El balance de esta Ley, que se considera “el cuarto pilar” del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones) es “gris”, según detallé en un reciente Blog, a partir del balance realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Por un lado, ha atendido a 3,7 millones de dependientes, la mayoría mayores, y ahora reciben alguna ayuda o servicio más de 1,5 millones de dependientes. Pero las familias con dependientes tardan casi un año en que se resuelva su expediente (334 días de media, pero 618 en Andalucía, 574 en Canarias o 514 en Murcia), comprobando después que las ayudas económicas son escasas (264 euros al mes es la media que reciben los cuidadores no profesionales) y que los servicios son cada vez más “low cost”, con menor coste y alcance (desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio).

 Y finalmente, hay casi 300.000 dependientes “desatendidos” (270.325), bien porque están pendientes de valoración o porque tienen su derecho reconocido pero no le llegan las ayudas. Y como 4 de cada 5 dependientes tienen más de 80 años, muchos se mueren antes: 900.000 dependientes han muerto desde 2007 esperando una ayuda pública… (34.252 en 2024).

El problema de fondo de la Ley de Dependencia, según la mayoría de expertos, es que se aprobó sin comprometer una financiación suficiente. En teoría, la mitad del gasto lo iba a costear el Presupuesto del Estado y la otra mitad las autonomías, que son quienes gestionan la Dependencia. Pero la financiación fue insuficiente desde el principio y, a partir de 2012, el Gobierno Rajoy le aplicó duros recortes (-2. 825 millones entre 2012 y 2015), como a todo el país. Y las autonomías se vieron obligadas a hacer los suyos y a gestionar las ayudas con muchos menos recursos. Resultado: retrasaron los expedientes, aumentaron las listas de espera y trataron de atender a más dependientes con menos recursos, ofreciendo más servicios “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio) y menos plazas en residencias y escasas ayudas a las familias que cuidan a sus dependientes.

En enero de 2021, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias retoma personalmente la gestión de la Dependencia y aprueba un Plan de Choque 2021-2023 para inyectar 1.845 millones extras a la Dependencia (615 al año), para reducir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes. El Plan contó con el apoyo de las autonomías, pero muchas aprovecharon estos mayores recursos estatales para “hacer caja” y reducir su aportación. En 2022 lo hicieron 10 autonomías (Castilla y León, Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Murcia, Extremadura, Canarias, La Rioja y Castilla la Mancha), “ahorrándose entre todas 309 millones (que gastaron en otras cosas). Y en 2023 volvieron a hacerlo otras 9 (Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Asturias), recortando su gasto en Dependencia en otros 186 millones… En cambio, el Estado central ha aportado a la Dependencia 3.793 millones más entre 2021 y 2023.

En 2024, el problema ha estado en que el Gobierno no consiguió aprobar un Presupuesto, con lo que mantuvo su aportación a la Dependencia y no pudo aumentarla : financia el 39,6% del gasto público y las autonomías el 60,4% restante, mientras muchas (sobre todo las 12 gobernadas por el PP, con apoyo de Vox) han estancado esta partida en 2024 (como otros gastos sociales) y también lo harán en 2025. Y a la vista de la polarización política, existe el riesgo de que el Gobierno tampoco consiga aprobar un Presupuesto en 2025, con lo que tampoco este año habrá más dinero para la Dependencia…

En este contexto, Sumar ha querido “recuperar protagonismo político” y ha forzado la aprobación, este martes, de una Ley que modifica y amplía algunos derechos de la Ley de Dependencia. En líneas generales, según explicó el ministro Bustinduy, “se revierten los recortes, se garantizan más derechos y se amplía el catálogo de servicios”. Pero hay una pega: no se aumenta un euro la financiación estatal para la Dependencia. Por eso, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales hicieron un duro comunicado: “el Gobierno, mientras congela la financiación a la Dependencia, propone una reforma de la Ley sin recursos. Son derechos en papel. Sólo generará falsas expectativas”.

Por un lado, el proyecto de Ley pretende hacer compatible las prestaciones, que un dependiente pueda asistir a un centro de día y recibir a la vez ayuda domiciliaria, algo no posible ahora (no porque lo diga la Ley, sino porque Rajoy lo aprobó en 2013, para ayudar a las autonomías a “sobrevivir” tras los recortes). Ahora, se puede aprobar en una Ley (si la apoya una mayoría, lo que no será fácil), pero será difícil cumplirlo si las autonomías no aportan (o reciben) más recursos. Otra novedad del proyecto de Ley es que elimina el periodo de carencia de 2 años para que las familias reciban una ayuda económica, periodo que también incluyó Rajoy en 2012 (no la Ley de Dependencia), para recortar gasto. Y además, tiene poco sentido suprimirlo cuando los expedientes tardan 334 días (esa sí es una carencia…). 

Además, el proyecto de Ley incluye que todos los que tengan una situación de dependencia reconocida tengan derecho a recibir teleasistencia. Eso no estaba en la Ley de 2007, pero se incluyó en 2021, en el Plan de choque aprobado por el Gobierno y apoyado por las autonomías, para conseguir que la teleasistencia llegara al 100% de los dependientes a finales de 2022… Pero no se ha cumplido, por la falta de recursos. Y así, al comienzo de 2025, sólo el 42% de las personas atendidas en su domicilio tienen teleasistencia y el 58% de los dependientes no la reciben, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El proyecto de Ley (y el ministro Bustinduy, el ministro nº 13 de la Dependencia desde 2007) insiste mucho en que va a reforzar la atención a los dependientes en sus hogares, “en casa”, potenciando la ayuda a domicilio. Pero tiene mucha tarea por delante para que esa ayuda a domicilio sea sustantiva, porque a día de hoy, la media de atención a domicilio es de 34 horas mensuales para la mayoría (1 hora diaria) y de menos de 2 horas diarias para los “grandes dependientes” (Grado III). Con esta “ayuda” la mayoría de las familias tienen que recurrir a contratar a un cuidador externo (pagando un sueldo y cotizaciones) o decidir que una persona de la familia deje de trabajar y cuide al anciano o menor dependiente (el 75% de los “cuidadores familiares” son mujeres…). Nada será eficaz en la ayuda a domicilio si no permite realizar una jornada laboral al familiar cuidador.

Esta idea que ahora defiende la parte de Sumar del Gobierno, “atender a los dependientes en casa” y no sacarles de su entorno, no es nueva, pero exige financiación y personal. Y en los últimos años, la ayuda a domicilio se ha estancado, según los datos aportados por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales : en 2023, sólo cubría al 5,5% de los dependientes atendidos, casi el mismo porcentaje que en 2019 (4,9%) y 2010 (4,7%). Y las horas mensuales de atención son similares en 2023 (21,1 horas) a las de 2012 (21 horas) . Eso explica que muchas familias hayan “tirado la toalla” y hayan optado por llevar a sus dependientes a una residencia… si la encuentran y la pueden pagar. Porque en paralelo al problema de la escasa atención a domicilio está el problema del déficit de plazas en residencias de ancianos.

En diciembre de 2023 (último dato del IMSERSO) había en España 395.065 plazas en residencias de mayores, 3.520 menos que en 2022 (ha sido el primer año en que bajaron desde 2014). Eso significa que había 4,08 plazas por cada 100 mayores de 65 años, la tasa de cobertura más baja desde que hay estadísticas (4,56% en 2010), según este reciente estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y se da la circunstancia de que 7 de cada 10 plazas en residencias son de financiación pública (275.094 plazas), ya sea porque son residencias públicas, plazas concertadas en residencias privadas (el Estado paga una parte y la familia otra) o plazas que se financian “con la prestación vinculada al servicio” (la autonomía da un cheque a la familia y “se busca la vida”… ).

En total, hay 2,84 plazas de residencias con financiación pública por cada 100 mayores, pero hay 4 autonomías con más porcentaje de plazas con financiación pública (6,25% en Castilla y León, 5,35% en Castilla la Mancha, 3,75% en Aragón y 3,05% en Extremadura) y otras que apenas tienen, como Canarias (para el 1,74% de los mayores), Comunidad Valenciana (1,76%), Murcia (1,76%) y Andalucía (1,79%), quedando por encima de la media Cataluña (2,83) y Madrid (3,06%).

El objetivo que plantean los expertos es que haya plazas en residencias al menos para el 5% de los mayores de 65 años. Eso supone que en España faltan 89.324 nuevas plazas en residencias (en 2014, el déficit era de 53.000 plazas). De ellas, 35.000 plazas hacen falta ya, para cubrir la demanda sin atender de los dependientes de grado III y II, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Eso sí, el déficit (89.324 plazas) se concentra en 2 autonomías, Andalucía (faltan 35.857 plazas) y Comunidad Valenciana (faltan 24.801 plazas), seguidas de lejos por Cataluña (-14.428), Galicia (-13.404), Canarias (-9.400) y Madrid (-7.954 plazas). Y hay 4 autonomías que tienen más plazas en residencias del 5% de sus mayores (Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón y Extremadura). 

Así que aunque lo ideal sea que los mayores dependientes “no salgan de casa”, ahora no ayudamos a sus familias para cuidarlos ni tampoco hay residencias suficientes para trasladar a los que necesitan más cuidados (si se pueden pagar la plaza o una parte). Y entre medias, las ayudas a la Dependencia siguen “en el aire”, entre los recortes presupuestarios de las autonomías y unos servicios “low cost” que tratan de atender a más dependientes con menos coste. En este contexto, Sumar “se descuelga” con una Reforma para “ampliar los servicios a la Dependencia”, sin Presupuestos y sin haber acordado nada previamente con las autonomías, que son las que financian el 60% de las ayudas… Pura demagogia.

El problema de fondo sigue siendo el mismo que hace 18 años, cuando echó a andar la Ley de Dependencia: hace falta comprometer una financiación suficiente para que los derechos no sean “papel mojado”. Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales han lanzado la cifra del dinero que falta: 10.000 millones más para la Dependencia, si España quiere gastar la media de la OCDE: el 1,55% del PIB, frente al 0,89% que gastamos ahora. De hecho, la Dependencia es el gasto social más bajo: 11.500 millones gastados en 2024 (Estado y autonomías), 8,6 veces menos de lo que gastamos en Sanidad, 7,55 veces menos de lo que gastamos en Educación y 17 veces menos del gasto en pensiones…

Lo importante no es tener Leyes garantistas, con muchos derechos “sobre el papel”, sino conseguir más dinero para financiar la Dependencia, lo que exige (entre otras cosas) una reforma fiscal y no empecinarse en bajar impuestos (autonomías PP). Este es el gran debate que casi nadie plantea. Si no se afronta y resuelve, el envejecimiento nos pillará desprevenidos, como pasó con las pensiones. Porque cada vez habrá más personas mayores y más dependientes que atender. Basten 2 datos del INE Uno, los mayores de 65 años: superan el 20% de la población (10,18 millones) y serán el 30,4% en 2050 (16 millones). Y otro, más preocupante: los mayores de 80 años (con más riesgo de ser dependientes) son ahora el 6% (3millones) y serán el 11% en 2050 (6 millones, el doble).

O nos preparamos desde ahora, con financiación, personal, medios, ayudas y centros de atención (distintos, por favor, a las siniestras residencias actuales) o la Dependencia será uno de los grandes dramas de las familias este siglo. Y, sobre todo, una losa para las mujeres.

China pincha la burbuja de la IA

El mundo de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) sufrió un “shock” a finales de enero: una pequeña empresa china había desarrollado, con poca inversión, personal y tiempo, un modelo puntero de IA en código abierto, DeepSeek, que competía perfectamente con los gigantes USA, como ChatGPT o los de Google, Microsoft y Meta. En medio de la carrera por monopolizar la IA, China parece haberse adelantado a EEUU, donde Trump “apadrina” un proyecto millonario de IA norteamericana. Ahora, podría abrirse el camino para que Europa y pequeños paises entren en la carrera de la IA, que va a cambiar nuestras vidas. Europa ha sido pionera en un Reglamento para controlar la IA, pero va muy retrasada en inversiones, aunque ha puesto en marcha 7 macrocentros de IA, uno en Barcelona. Y el Gobierno Sánchez acaba de presentar ALIA, un modelo de IA en español, dentro de una estrategia para invertir 1.500 millones en avanzar en IA, en las empresas y servicios. No podemos perder este tren.

En los últimos años, asistimos en el mundo a una auténtica “fiebre del oro” por la Inteligencia Artificial (IA). Inversores, Fondos y bancos se han lanzado a apoyar proyectos, mientras los gigantes de Internet (Google, Meta, Microsoft y Amazon) lanzan modelos de IA o invierten en gigantescos Centros de Datos (Data Centers) para investigar en la IA. Sólo en los últimos 5 años, la inversión del capital riesgo en Inteligencia Artificial ronda los 300.000 millones de dólares, según el Foro Económico Mundial. Y se estima que la inversión en IA ha superado los 70.000 millones de dólares en 2024, sobre todo en USA y China. La “fiebre por la AI” se justifica porque “nadie quiere quedarse fuera” y todos piensan que será una tecnología que cambie la economía y el mundo en unos años.

La aparición de ChatGPT, el 30 de noviembre de 2022, fue un hito en esta revolución de la IA: una empresa casi desconocida, OpenAI, fundada en 2015 por varios inversores tecnológicos (entre ellos Elon Musk y Microsoft, que ya no la controlan) lanzó un modelo de IA para internautas (ChatGPT) y consiguió un millón de usuarios en 5 días (ahora tiene 200 millones). Eso disparó las alarmas en los gigantes de Internet, que llevaban años invirtiendo en IA: Microsoft apostó por Copilot (febrero 2023), Meta (Facebook) afianzó LlaMA (febrero 2023) y Google renovó Bard y lanzó Gemini (diciembre 2023). Todos buscan lo mismo: desarrollar un modelo de IA que se popularizara y copara el mercado. Es la estrategia de “el ganador se lo lleva todo", la búsqueda de un “cuasi monopolio” en IA, como lo han conseguido Google (buscadores), Microsoft (sistemas operativos), Meta (redes sociales), Amazon (comercio online), Apple (dispositivos de alta gama) o Tesla (coches eléctricos).

En medio de esa “loca carrera” por conseguir el dominio del mercado de la IA (para después imponer sus condiciones, como Google, Apple o Amazon), OpenAI, la empresa norteamericana líder en IA, aprovechó la llegada de Trump al poder para lanzar el proyecto STARGATE, una inversión de 500.000 millones de dólares en 4 años para infraestructuras de IA, con el apoyo de Oracle (USA) y Softbank (Japón), más Nvidia (la empresa USA líder en fabricar los microchips que necesita la IA). Un proyecto millonario, presentado por Trump el martes 21 de enero (su 2º día en la Casa Blanca), tras haber firmado una “orden ejecutiva” (otra) que anulaba las restricciones (sobre seguridad y control) que Biden había establecido para la IA . “Se inicia la edad de oro de la IA en Estados Unidos”, declaró eufórico.

Sólo unos días después, el lunes 27 de enero, estallaba una noticia que supuso una auténtica conmoción en el mundo tecnológico: una casi desconocida empresa china lanzaba una nueva oferta de IA, DeepSeek, igual o superior a ChatGPT y que puede descargarse gratis. Y además es una herramienta que se ofrece “en código abierto”, lo que abre la vía a que nuevos desarrolladores la utilicen y amplíen. Pero lo más llamativo era que la IA china se había desarrollado sólo en dos meses, con un reducido equipo de ingenieros y una pequeña inversión (6 millones de dólares frente a los más de 100 millones que costó el lanzamiento de ChatGPT en 2022). Y encima, DeepSeek se había lanzado a pesar de la prohibición a empresas chinas de comprar chips de EEUU, lo que hundió la cotización de Nvidia (su valor cayó en 589.000 millones de dólares en un solo día, algo nunca visto), la 2ª empresa con más valor del mundo (tras Apple), gracias a su “cuasi monopolio” en la fabricación de chips de alto rendimiento para la Inteligencia Artificial (IA).

Tras recuperarse de la conmoción inicial, OpenAI (ChatGPT) denunció que los chinos de DeepSeek lo habían conseguido “copiando”, utilizando la información de sus años de entrenamiento de ordenadores, algo difícil de demostrar. Todo indica que DeepSeek hizo de la necesidad virtud y utilizó otras vías de investigación, recortando procesos, desarrollos, medios e inversiones. Y parece que el promotor de DeepSeek, Liang Wenfeng, un ingeniero chino de 39 años, utilizó sus conocimientos de IA para montar un fondo de inversión con el que ganó una pequeña fortuna para comprar chips de Nvidia antes del embargo y montar un pequeño equipo, con ingenieros universitarios chinos…

El caso es que el lanzamiento de DeepSeek ha provocado una auténtica revolución en el disparatado mundo de la Inteligencia Artificial (IA), abriendo nuevos caminos y señalando que la clave no está sólo en invertir sin límite, que no es cierto que “el que más gaste será el ganador”. Y ha bajado los humos a los gigantes USA de Internet y la IA, que tendrán que afrontar una “cura de humildad”: han invertido más que China y parece que van por delante en IA, pero no es definitivo. De hecho, el gigante chino Alibaba ha lanzado otro modelo de IA, Qwen 2,5 Max, que parece también muy competitivo. Pero sobre todo, el ejemplo de DeepSeek ha creado muchas esperanzas en Europa, muy atrasada en la carrera de la IA (apenas invirtió 10.000 millones en 2024), porque demuestra que se puede avanzar sin presupuestos millonarios, a golpe de innovación e investigación.

Europa lleva años fuera de esta carrera por la Inteligencia Artificial (IA), como ha estado también relegada en la revolución tecnológica y de Internet, donde los gigantes son multinacionales USA y alguna china. Sólo ha avanzado en regulación, aprobando en marzo de 2024 (Parlamento Europeo) el Reglamento de la IA, la primera norma en el mundo para regular los avances en la IA. Y poco más. En enero de 2024 puso en marcha un paquete de medidas para apoyar a las empresas innovadoras y a las pymes para la utilización de la IA. Y en febrero, se abrió en Bruselas la Oficina Europea de la IA.

Después, lo más destacado ha sido la aprobación del programa IA Factory, por el que la Comisión Europea y los paises destinarán 1.500 millones de euros a crear unos Centros europeos de desarrollo de la IA. En diciembre de 2024, la Comisión Europea eligió las 7 futuras “fábricas de la IA europea”, instaladas en Bolonia (Italia), Kajaani (Finlandia), Bisen (Luxemburgo), Linköping (Suecia), Stuttgart (Alemania), Atenas (Grecia) y Barcelona, donde se ha elegido el MareNostrum 5, el superordenador del Barcelona Supercomputing Center (BSC), que es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento de datos en Europa y el tercero con mayor rendimiento del continente.

Los expertos creen que Europa debe ir más lejos y apostar al máximo por la IA, creando un “ecosistema” que promueva avances, apoyados en ayudas, en las Universidades y centros de investigación y atrayendo a empresas e ingenieros, que ahora sólo miran a EEUU. Precisamente, la Inteligencia Artificial es uno de los sectores elegidos en el Informe Draghi para impulsar la competitividad de Europa en las próximas décadas, lo que exigirá fuertes inversiones, pero sobre todo apostar por la innovación, la investigación y el talento.

España busca desde hace años no perder el tren de la Inteligencia Artificial. Ya en diciembre de 2020, el Gobierno Sánchez aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), con una inversión de 600 millones de euros. Y después, en 2012, la IA forma parte del Plan de Recuperación, con una inversión de 500 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023, que podría crear o mantener 15.986 empleos. Y en mayo de 2024, el Gobierno aprobó la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, para invertir 1.500 millones entre 2024 y 2025. Una parte de estos recursos han ido a mejorar el superordenador MareNostrum5 de Barcelona, a la financiación de desarrollos de IA (400 millones para empresas, dentro del programa Next Tech)  y para promover su utilización (350 millones para que la utilicen las pymes), a becas y formación de expertos en IA  y a la creación de la Oficina Española de IA, la primera abierta en Europa, en La Coruña, inaugurada en junio de 2024.

Además, estos fondos públicos han permitido crear ALIA, el primer modelo de IA en español, presentado por Pedro Sánchez el 10 de enero pasado. Dado que los modelos disponibles de IA para internautas y empresas (ChatGPT, Gemini, Copilot, LlaMA o DeepSeek) se han “entrenado” con textos e información mayoritariamente en inglés, lo que pretende ALIA es ofrecer un modelo que se ha entrenado básicamente con contenidos en español (aunque también está disponible en catalán, valenciano, vasco y gallego). Una herramienta que tiene un nivel tecnológico (hasta 175.000 millones de parámetros) equiparable a la primera versión de  ChatGPT y que tiene dos ventajas: es gratuita y de código abierto, lo que significa que las empresas (y expertos) pueden tomarla como punto de partida para desarrollar sus propios modelos de IA, con la ventaja de utilizar expresiones propias del español.

Ahora falta que todos estos proyectos y estas inversiones (españolas y europeas) vayan creando un ecosistema de desarrollo de la IA, desde la Universidad y los investigadores a empresas propias que desarrollen modelos innovación y modelos de IA. Y en paralelo, las empresas han de ir incorporando la Inteligencia Artificial en su día a día, porque hasta ahora la usan poco: sólo el 13,48% de las empresas europeas utilizaron la IA en 2024, según Eurostat. España es el país nº 13 en el ranking, con un 11,31% de empresas que usan la IA, muy por detrás de Dinamarca (27,58%), Bélgica (27,71%), Finlandia (24,37%), Paises Bajos (23,06%), Alemania (19,75%) o Irlanda (14,90%), pero por encima de Francia (9,91% empresas usan la IA), Italia (8,20%) o Portugal (8,63%). La mayoría de empresas españolas usan la IA para convertir el lenguaje hablado en formato legible y para el análisis del lenguaje escrito, sobre todo para atención al cliente y toma de decisiones, según Red.es.

En la sociedad y entre las empresas, hay bastante recelo ante el uso de la IA, tanto por cuestiones de seguridad como por temor a perder empleos (los estudios revelan que se perderán muchos, en sectores automatizables, pero se crearán muchos otros). Para valorar el potencial real de la IA, el Gobierno encargó a un grupo de expertos un informe, HispanIA 2040, que aborda las oportunidades y retos de la IA en España. El Informe, presentado el 20 de enero, concluye que la Inteligencia Artificial nos ofrece, ya ahora, “la oportunidad de ser más productivos y realizar algunas tareas con más rapidez y calidad”. Y detalla las ventajas que aporta al comercio, la consultoría y el transporte (mejora atención al cliente y aporta ganancias de eficiencia del 13%), a la Sanidad (ahorra el tiempo para atender a 5 pacientes más en Atención Primaria y reduce 22 días las listas de espera de especialistas), en Educación (libera a los profesores el tiempo de 1 día de enseñanza y mejora enseñanza de Matemáticas como si se impartiera medio año más) y a la Administración Pública (agiliza los procesos judiciales, la concesión de ayudas, la gestión medioambiental, el tráfico, la seguridad y defensa, la gestión del agua y el medio ambiente y hasta de las emergencias).

Los expertos que han elaborado HispanIA 2040 insisten en que el mayor desafío es que la IA llegue a la mayoría de empresas y trabajadores, porque si no perderíamos empleo y competitividad, agravando la desigualdad. Y para lograrlo, proponen invertir en IA en áreas estratégicas (biotecnología y ciberseguridad), crear un sistema de datos integrados que circulen por todo el país (empresas, instituciones y autonomías), impulsando modelos propios y cuidando el medio ambiente (los Centros de Datos consumen mucha energía y agua) y la ciberseguridad. Y defienden que la IA se despliegue “con criterios éticos”, preservando la privacidad, la propiedad intelectual y la protección de datos. Y “con transparencia en los algoritmos”, para que no incurra en sesgos e injusticias.

Al final, el informe HispanIA 2040 deja claro que “las oportunidades que ofrece la IA son múltiples y si las aprovechamos de manera responsable deberían compensar con creces los posibles efectos negativos”. Y que la IA debe “ayudarnos a conseguir una sociedad más próspera, más justa y con más calidad de vida”. Así que, a pesar de los miedos que tenemos todos a que las máquinas desarrollen tareas humanas, estos expertos españoles creen que hay más ventajas que inconvenientes. Y que España, como Europa, debe volcarse al máximo en esta revolución tecnológica, la más importante desde la electricidad e Internet. No podemos perder este tren.

Reducción de jornada: ojo a cómo se aplica

El Gobierno ha aprobado la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas semanales, para implantarla antes de fin de año. Los españoles trabajan una media de 38,3 horas, así que la rebaja será de 48 minutos semanales. Pero hay 4 sectores donde se reducirá más de hora y media: hostelería, información, comercio y agricultura. Otro cambio: los que tienen un contrato a tiempo parcial, podrán trabajar menos o pedir subida de sueldo. Además, se aprueba la “desconexión digital”: no habrá que estar contactado fuera del horario laboral. Y se obliga a las empresas a un control digital de horarios. Ahora queda lo difícil: aprobarlo en el Parlamento, dada la oposición de Junts y PP, que apoyan las críticas  de las empresas, por el alto coste y la imposición legal. Habrá cambios y ayudas a las pymes para adaptarse. Pero la tecnología y los nuevos hábitos llevan al recorte horario. Próxima estación: más teletrabajo y 4 días de trabajo semanal. 

                                        Enrique Ortega

Esta es la 4ª vez en poco más de un siglo que España cambia legalmente la jornada laboral. La primera vez fue el 4 de abril de 1919, cuando el Gobierno de Romanones (liberal) aprobó (tras la huelga de "La Canadiense") la jornada laboral máxima de 48 horas semanales (8 horas por 6 días de trabajo, frente a las 12 horas habituales entonces), adelantándose unos meses al primer Convenio mundial por las 48 horas semanales, aprobado por la OIT en octubre de 1919.Tras el largo paréntesis de la dictadura franquista, el 2º cambio llegó en marzo de 1980: el Gobierno Suárez (UCD) aprobó la jornada de 42 horas semanales. Poco después, en julio de 1983, el Gobierno de Felipe González (PSOE) aprobaba la jornada máxima de 40 horas, que rige hoy. Y casi 41 años después, este martes 4 de febrero de 2025, el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar) aprobó  la jornada laboral de 37,5 horas semanales, media hora menos de trabajo al día.

La jornada laboral se ha reducido en todo el mundo en las últimas décadas, de la mano de la tecnología y la digitalización y asentada en un cambio de costumbres, donde se valora cada vez más la conciliación familiar y el ocio. Con ello, el horario de trabajo medio en Occidente (36 paises OCDE) era de 1.742 horas anuales en 2023 (horas efectivas), con los paises más ricos trabajando menos horas (1.343 Alemania, 1.380 Dinamarca, 1.413 Paises Bajos, 1.437 Suecia.  1.500 Francia, 1.524 Reino Unido), salvo EEUU (1.799 horas), Italia (1.734) y Japón (1.524), ocupando España un horario intermedio (1.632 horas anuales). Otra estadística, de Eurostat (2023), que refleja todas las horas (incluidas extras), revela que la jornada laboral media en Europa es de 40,4 horas semanales y que España está en linea, con una jornada total (ojo: de los que trabajan a tiempo completo) de 40,3 horas, algo más que Francia (40 horas) y Alemania o Bélgica (40,2 horas), Paises Bajos (39,3) y Dinamarca (38,9) y menos horas que Italia (40,5), Portugal (41,3) o Suecia (41,5 horas semanales).

Las estadísticas internacionales indican que España no destaca por trabajar más ni menos, está en la media. Pero las estadísticas españolas revelan que los españoles ya trabajan menos de la jornada semanal legal de 40 horas. Si tomamos los datos del INE, la EPA de 2024, los que han trabajado en el 4º trimestre han trabajado 36 horas semanales de media, aunque hay una gran diferencia entre lo que trabajan los empleadores (46,8 horas) y lo que trabajan los asalariados (34,9 horas semanales: 36,9 horas los hombres y 32,7 horas las mujeres). La otra manera de medirlo es ver la jornada pactada en los convenios en 2024, aunque sólo afecta a los asalariados con convenio (10,6 millones). Eso nos indica que la jornada media pactada en 2024 fue de 1.755,74 horas, lo que equivale a 38,32 horas semanales. Y hay sectores, como el campo, la hostelería, el comercio y una parte de la industria que tienen una jornada mayor.

Así que la jornada real ya está por debajo de las 40 horas semanales (38,32 horas), con grandes empresas en torno a las 35/36 horas y otras por encima de las 39 horas. Dada esta desigualdad horaria y la tendencia social a reducir la jornada laboral (a la que hay que sumar una hora larga de ida y otra de vuelta en muchas ciudades), los sindicatos llevan años forzando a un recorte de jornada, para fomentar la conciliación familiar y laboral. Y en paralelo, piden un control efectivo de la jornada, porque muchas empresas “abusan de las horas extras”: no superan las 40 horas semanales, pero “fuerzan” a sus plantillas a hacer horas extras, muchas sin pagarlas (ni cotizar por ellas). Trabajo estima que se hacen 3 millones de horas extras gratis a la semana, con las que las empresas se ahorran 3.254 millones al año (en salarios y cotizaciones), sobre todo en hostelería, comercio, industria y educación.

Por todo ello, el Gobierno de coalición incluyó en su programa para esta Legislatura el recorte de la jornada laboral, tras 41 años sin tocarla. Y lo justifica en que la productividad ha aumentado un 53% desde 1983 pero eso ha beneficiado más a las empresas que a los trabajadores, cuyos sueldos han subido mucho menos y trabajan casi las mismas horas. Además, creen que hay un apoyo social mayoritario (Encuestas) a reducir la jornada y que la medida puede mejorar la productividad y reducir el absentismo. Eso sí, tendrá un coste para las empresas, porque la condición es bajar la jornada legal manteniendo los salarios.

La idea del Gobierno Sánchez era pactar la rebaja de jornada con sindicatos y patronal. Pero no ha sido posible, porque la patronal (CEOE y CEPYME) se retiró de la negociación en diciembre, tras 11 meses de reuniones, argumentando el alto coste de la medida y pidiendo que el horario quedara para la negociación colectiva, no que se impusiera por Ley. Así que la vicepresidenta Yolanda Díaz pactó la rebaja en solitario con CCOO y UGT, el 20 de diciembre. Y aún quedaba otra batalla, en el seno del Gobierno: el ministro de Economía (y el PSOE) querría haber retrasado la rebaja uno o dos años (hasta el final de la Legislatura), buscando como fuera (con ayudas) el acuerdo con la patronal, mientras Yolanda Díaz (Sumar) se ha empecinado en implantar la jornada de 37,5 horas antes de final de año, para “revitalizar” su imagen política tras la continua caída en las Encuestas.

En medio del descuerdo social (sin la patronal) y el pacto político “in extremis” dentro del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de Ley con 3 cambios importantes. El primero, la rebaja de la jornada laboral, a 1.712 horas en cómputo anual, que son las 37,5 horas semanales. Eso supone una rebaja de la jornada semanal media pactada en convenio (38,32 horas en 2024) de 48 minutos semanales, según Trabajo.

Pero hay 4 sectores donde la rebaja se va a notar mucho más, porque la jornada se reducirá más de hora y media, según estima Trabajo: hostelería (trabajarán -112 minutos), información y comunicaciones (-109 minutos), comercio (-98 minutos) y agricultura (-97 minutos semanales). En otros sectores, la jornada semanal bajará en torno a una hora: actividades administrativas y auxiliares (-67 minutos), otros servicios (-66 minutos), actividades profesionales, científicas y técnicas (-62 minutos), industrias extractivas (-55), manufacturas (-54 ) y actividades artísticas (-51 minutos semanales). Y se notará poco la rebaja en el transporte y almacenamiento (-47 minutos semanales), la construcción (-37), sanidad y servicios sociales (-23), inmobiliarias (-20) y energía (-13 minutos semanales). Y 4 sectores no tendrán ningún recorte de jornada, porque ya trabajan menos de 37,5 horas: finanzas y seguros, Administración Pública, educación y suministro de agua.

Esta reducción de jornada, a 37,5 horas semanales, afectará a los que tienen contrato a tiempo completo. Pero también afecta a los que tienen jornada a tiempo parcial: podrán trabajar menos (el porcentaje en que baje la jornada completa) o mantener su jornada parcial pero con una subida de sueldo. Así, si alguien trabajaba 30 horas semanales (el 75% de la jornada), ahora trabajará 28,12 horas o, si decide mantener su anterior jornada, la empresa le debe compensar (en este ejemplo, subirle un 6,26% el sueldo).

El recorte de jornada beneficiará, según Trabajo, a 12,5 millones de asalariados (a 2 de cada 3) , de ellos 10,5 millones con un contrato a tiempo completo (que trabajarán algo menos) y 2 millones de trabajadores con contrato a tiempo parcial (1,5 millones son mujeres). En conjunto, los 4 sectores más beneficiados por la rebaja de jornada son el comercio (2.435.500 trabajadores beneficiados), la industria manufacturera (2.073.500 beneficiados), la hostelería (1.424.100 beneficiados ) y la construcción (1 millón de beneficiarios), seguidos muy de lejos por las actividades administrativas (852.600 beneficiados), actividades profesionales, científicas y técnicas (729.600), sanidad y servicios sociales (692.400), transporte y almacenamiento (672.900), información y comunicaciones (626.900), actividades del hogar (601.200), el campo (460.900), la educación (239.200) y las actividades artísticas, ocio y entretenimiento (193.000 beneficiarios).

Por autonomías, las regiones donde se trabajan más horas y cuyos trabajadores notarán más la nueva jornada serán Canarias, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

El 2º cambio de la Ley propuesta es que se refuerza el control horario de las empresas, que en muchos casos se hace mal o no se hace (pymes), lo que facilita la proliferación de horas extras y los horarios excesivos. Ahora, se obliga a las empresas a instalar un sistema de control digital, en un plazo de 6 meses tras la aprobación de la Ley, un sistema que debe estar disponible online para la inspección de trabajo y para los sindicatos. Y si no se instala o funciona mal, se multiplican las multas, no por empresa (como ahora), sino por trabajador.

El tercer cambio es también muy importante: se implanta la “desconexión digital”, con lo que los trabajadores ya no estarán obligados a estar en contacto permanente con su empresa (móvil, correo, WhatsApp…) y sus jefes no podrán contactarle fuera del horario laboral, lo que en algunos casos ha provocado estrés laboral y problemas mentales.

La patronal no apoya esta reforma por dos razones básicas. Una, de principios: defiende que el horario laboral es un tema a decidir en la negociación colectiva, entre empresas (patronal) y trabajadores (sindicatos), sin “injerencia” del Gobierno, un argumento que olvida que hay unos 6 millones de asalariados sin convenio, que trabajan en pequeñas empresas, sin capacidad de negociar sus horarios. Y así hemos llegado a la situación actual, donde hay dos tipos de trabajadores: los de grandes empresas, que trabajan menos, y los de empresas pequeñas, que trabajan mucho más (y aún más los autónomos). Por eso, muchos paises fijan por Ley la jornada (como Francia, que la fijó el año 2000 en 35 horas semanales).

La otra crítica, mucho más razonable, es que reducir la jornada tiene un coste. Un estudio de CEPYME lo cifra en 11.792 millones, dos tercios concentrado en el comercio, la industria, la hostelería y las actividades administrativas. Y la patronal CEOE habla de un coste de 24.000 millones, unos 2.000 euros por empleado afectado. Este es un tema que merece la pena analizar con detalle y tratar de resolver con ayudas a las empresas (pymes) y sectores más afectados, como prometió el Gobierno a la patronal si pactaba la rebaja de horarios. También habría que buscar mejoras de productividad para compensar este aumento de costes. Pero, en cualquier caso, no hay que olvidar un dato: las empresas llevan 4 años aumentando márgenes y beneficios, mientras los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Ahora se trata de “repartir el crecimiento”, trabajando algo menos a costa de las mayores ventas y beneficios de muchas empresas (no todas).

En cualquier caso, estamos ante un anteproyecto de Ley, aprobado por la vía de urgencia, que ahora pasará las consultas técnicas y legales, para ser aprobado otra vez por el Gobierno y enviado al Parlamento. Así que no se debatirá hasta el verano. Y entonces, el Gobierno deberá lograr el apoyo de Junts, que ya ha dicho que quiere cambios (ayudas a las empresas y quizás más flexibilidad). Y el PP se encontrará con el dilema de votar en contra (como hizo con la reforma laboral, lo que ahora se ve como una equivocación) o abstenerse, dado que todas las Encuestas reflejan que una mayoría de españoles está a favor de reducir la jornada laboral. En cualquier caso, será difícil que los convenios se adapten a tiempo para que el 31 de diciembre estén en vigor las 37,5 horas en todas las empresas.

Parece claro que el mundo, con la digitalización y la tecnología (más aún con la Inteligencia Artificial) va en la dirección de trabajar menos horas. Pero no basta con aprobar una Ley para imponerlo. Es más eficaz pactar la nueva jornada, sector a sector y empresa a empresa, en una negociación donde entren horarios, sueldos, condiciones de trabajo, empleo  y productividad, aportando el Estado las ayudas necesarias para que las empresas más vulnerables se adapten. Esa es la negociación que hará falta una vez se apruebe la Ley, porque si no, lo que ahora es un deseo generalizado (“trabajar menos”) se nos volverá en contra, si se aplica mal y daña al crecimiento y al empleo. Por eso hay que ser flexibles y realistas, no buscar titulares y votos.

Y en paralelo, hay que ir planificando el trabajo del futuro, que será mucho menor que ahora, porque una parte de los empleos los cubrirán ordenadores y máquinas. Hay que ir pensando de otra manera, en “repartir el trabajo que haya”, lo que obligará a dar más peso al teletrabajo (creció con la pandemia, pero se ha recortado) y a pensar en la jornada de 4 días a la semana , que ya están estudiando paises punteros como Japón o Reino Unido. Hay que repensar el trabajo actual y su inevitable revolución futura, superando el debate de la jornada: qué trabajos se van a mantener, cuáles cambiarán radicalmente y cómo nos adaptamos. Ese es nuestro verdadero reto.