España: más "activos" que nunca

España lleva 40 meses creando empleo, pero el paro ha subido en los últimos tres meses, desde agosto. ¿Qué pasa? Pues que están aumentando los que buscan empleo, hay más personas “activas”, más de 24 millones, un récord histórico. Han aumentado, las mujeres, los mayores y los inmigrantes que buscan ahora trabajo y antes no. Por eso, en los próximos meses  aumentará el empleo y también el paro. Y mientras más personas buscan trabajo, los empresarios se quejan de que “no encuentran trabajadores”. ¿Cómo es posible? En unos casos, porque pagan poco y ofrecen contratos poco atractivos. Y en otros, porque buscan perfiles laborales que no existen, porque los parados no están formados para lo que las empresas necesitan. Urge un Plan de reciclaje profesional, para saber los empleos que las empresas buscan y formar a los parados (y a los estudiantes) en esas profesiones. Y, sobre todo, encajar mejor la oferta y la demanda, con un cambio radical de las oficinas de empleo. Formar mejor y reciclarse para trabajar.

                            Enrique Ortega

Nunca habíamos tenido en España tanta gente trabajando: 21.265.900 ocupados a finales de septiembre, según la EPA, más que antes de la crisis financiera (20.646.000 en junio de 2008). Y eso es porque llevamos 40 meses aumentando el empleo, desde junio de 2020, tras el desplome del confinamiento por la pandemia: tenemos +2.658.700 ocupados. Pero el paro se ha reducido mucho menos, sólo en -512.900 desempleados. ¿Crece el empleo pero cae menos el paro? Sí, porque aumentan los que buscan trabajo, los “activos”: hay más de 24 millones de españoles buscando empleo (24.121.000 personas en septiembre, según el INE), otro récord histórico. Y por eso, aunque se crea empleo, el paro baja menos de lo deseado porque hay más gente buscando trabajo (+2.145.800 “activos” que hace 40 meses).

En España hay más personas que nunca “activos”: trabajando (20.265.900 ocupados) o buscando trabajo (2.855.200 parados EPA), estén apuntados o no a las oficinas de empleo (2.759.404 inscritos en el SEPE el 31 de octubre). En total, esos 24.121.000 “activos” son casi 1 millón de activos más de los que había antes de la pandemia (+963.000 activos que en diciembre de 2019) y casi 1,7 millones más que antes de la crisis financiera (+1.695.000 activos que en 2007).  Esto supone que 3 de cada 4 españoles (el 76,43%) en edad de trabajar (16 a 64 años) están “activos”, trabajan o buscan trabajo en España, cuando lo eran el 75,13% a finales de 2019 y el 74,11% en 2008.

Con esta mejoría de la actividad, España se acerca a la tasa media de actividad en Europa, que era del 74,5% en 2022 (Eurostat  contabiliza los activos de 15 a 54 años, no desde 16), frente al 74,8% en España (en esa franja de edad). Sólo tienen una mayor tasa de actividad Paises Bajos (84,7%), Suecia (83,5%), Dinamarca (80,4%), Finlandia (79,8%), Alemania (79,4%) y Portugal (76,4%), siendo menor en Francia (73,6%) e Italia (65,5%). Así que España está en línea con Europa a la hora de “buscar trabajo”, aunque luego tenemos el doble problema de que trabaja menos gente (el 69,5% frente al 75,6% en la UE-27) y tenemos el doble de paro (12% de paro frente al 6% en la UE 27), básicamente porque nuestro modelo económico crea menos empleo (por un mayor peso de los servicios y menos de la industria, más pymes y menos tecnología).

Este récord de “activos” en España se debe a las mujeres, mayores, inmigrantes y jóvenes. La mayor actividad de las mujeres es lo más llamativo: a finales de septiembre había 11.431.600 mujeres “activas” en España (trabajando o buscando trabajo), 587.500 activas más que antes de la pandemia (10.844.100) y casi 2 millones más que antes de la crisis financiera (había 9.532.300 mujeres “activas” en 2007). Tenemos la cifra de mujeres “activas” más alta de nuestra historia, algo que no pasa con los hombres: había 12.689.400 activos a finales de septiembre, sólo 374.700 más que antes de la pandemia y muchos menos que antes de la crisis financiera (12.981.000 hombres activos en 2007). Todo indica que hay cada vez más mujeres que dejan su casa para buscar empleo y trabajar, aunque muchas consigan sólo empleo precario y a tiempo parcial.

Otro grupo que ha aumentado mucho su “actividad” son los inmigrantes. A finales de septiembre había 3.588.410 extranjeros “activos” (trabajando o buscando trabajo), 144.200 activos más que tres meses antes y +502.400 extranjeros activos que antes de la pandemia (3.086.000 en 2019). Eso significa que más de la mitad del aumento total de los activos (+502.400 de +962.200) se debe a los inmigrantes. Y si miramos los extranjeros “con doble nacionalidad” (1.144.500 activos en septiembre), hay otros 310.000 activos más ahora que en 2019. En resumen, si los activos en España han aumentado en +962.200 personas desde la pandemia, ha sido por los extranjeros: sólo hay +149.000 activos “españoles”. La mayoría de estos nuevos activos son, según el INE,  latinoamericanos y, en muchos casos, mujeres, que buscan trabajo “de lo que sea”, en la limpieza y como cuidadoras.

También la edad tiene mucho que ver con el aumento de la actividad en España. El mayor aumento de activos se ha dado entre los de 55 y más años: hay ahora 4.947.700 activos (septiembre 2023), +872.700 que en 2019. Pero la actividad ha bajado entre las personas de 25 a 54 años: hay 17.311.000 activos, -191.200 activos que en 2019 (porque muchos se han quedado sin trabajo o se han “desanimado” para buscarlo por su edad). Eso sí, también ha aumentado la actividad entre los jóvenes (1.862.300 activos entre 16 y 24 años), +345.800 activos más que en 2019.

¿Por qué ahora hay más activos en España? La razón básica es que ahora se está creando más empleo que nunca (+2.658.700 empleos desde junio 2020). Eso hace que mujeres, inmigrantes y jóvenes que antes se quedaban en casa o no se “animaban” a buscar trabajo lo hagan ahora, pensando que tienen más fácil colocarse.  Otra razón que les anima es que, tras la reforma laboral de 2022, se ofrecen más contratos indefinidos: fueron el 43,5% de los contratos firmados entre enero y septiembre, frente al 37% en 2022, el 10,9% en 2021 y del 6 al 8% de los contratos firmados entre 2014 y 2022. Además, con las reiteradas subidas del salario mínimo (+47% en los últimos 5 años, hasta los 1.080 euros mensuales) y las mayores subidas en los convenios (+3,46% en 2023, frente al +3,01% en 2022 y el +1,45% en 2021), los sueldos que se ofrecen ahora son mejores, lo que incentiva también a buscar empleo. Y más si la inflación se ha comido los ingresos de muchas familias, lo que empuja a muchas mujeres y jóvenes a intentar conseguir ingresos.

Que haya más “activos” es una buena noticia pero también es un problema: aumenta el paro, como ha pasado en los últimos 3 meses (de agosto a octubre de 2023), cuando la cifra de parados ha subido en +81.530 desempleados, a pesar de que haya aumentado el empleo (y se haya  estabilizado la afiliación a la Seguridad Social). Y esto puede seguir pasando: que aumente el empleo (menos en lo que queda de año y en 2024) y aumente también el paro, porque siga habiendo personas que “se animan” a buscar trabajo, sobre todo mujeres e inmigrantes, jóvenes y mayores, como ha pasado desde 2019.

Otra cuestión sorprendente: aumentan las personas que buscan trabajo y cada día hay empresas y sectores que se quejan de que “no encuentran trabajadores”.  La construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo dicen que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES. Y hasta el presidente de la patronal CEOE ha dicho que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que les exige retener trabajadores.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 148.091 empleos “vacantes” en junio de 2023 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). De ellos, sólo se contabilizan 8.084 vacantes en la construcción, 9.007 en la industria y 131.000 en los servicios (43.397 vacantes en la Administración Pública, 19.697 en el comercio, 12.138 en la sanidad,  4.486 en la educación,  8.280 en la hostelería y 4.909 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas empresariales sobre la falta de trabajadores cuando España es el país UE con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico porque  tenemos el doble de paro que el resto de Europa: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (148.091 vacantes), sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria (0,8% de vacantes) y muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 2,7%), de Países Bajos (4,7%), Bélgica (4,6%), Alemania (4,1%), Suecia (3,2%), Francia e Italia (2,4%), según Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? “La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló en 2022 Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.896 euros brutos anuales): hostelería (14.632 euros), comercio (22.215), construcción (24.136 euros) y transporte (25.345 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas, sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

La solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más, porque hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 35,8 % de españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,6%), según el Informe de la Educación OCDE 2023. Además, en España tiene poco peso la Formación Profesional (FP), que ofrece ahora más empleo: sólo la cursaban (en 2021) el 24% de los que estudian al terminar la ESO (la mayoría hacen Bachillerato), frente al 37,2% en Europa, el 55% en Paises Bajos, el 51,5% en Italia, el 36,9% en Francia y el 32,1% en Alemania, según la OCDE.  Y junto a este déficit de formación, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (41,1% de los adultos frente al 37,7% en la UE y el 32,5% en Alemania). Y un tercio están  “sobrecualificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado): España lidera la sobrecualificación en la UE, con un 36,1% de nuestros universitarios, frente al 22,1% de los licenciados europeos, según Eurostat.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado apenas por la formación de sus trabajadores: gastan en su formación la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además,  han reducido a la mitad ese gasto en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y cayeron a 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y si las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral (2011), ahora dedican el 0,18%.

En resumen, hemos batido un récord histórico de “activos” (personas que trabajan o buscan trabajo), pero sigue sin haber empleo para los 2.855.200 parados que lo buscan. Y muchos empresarios se quejan de que no encuentran trabajadores. La solución pasaría por un Plan de reciclaje profesional, que intente encajar la formación de los que buscan trabajo con el perfil del trabajador que buscan las empresas. Eso exige gastar más dinero en formación para parados y en mejorar el asesoramiento y empleabilidad de las oficinas de empleo, para que sirvan de verdad para recolocar a los parados (hoy sólo encuentran empleo al 2% de los desempleados). Y además, las empresas deberían gastar más en reciclar a sus trabajadores, para formarles en las habilidades que necesitan (además de pagarles más y tratarles mejor). Sólo así conseguiremos que haya más gente trabajando.

El temor de Europa a China

Los coches chinos están inundando Europa, sobre todo los eléctricos: el 54% de los importados vienen de China. Eso ha provocado que Bruselas abra una investigación para detectar las ayudas y subvenciones que permiten los bajos precios de los coches chinos, para tomar medidas. Ya hubo antes competencia desleal china con los paneles solares, la siderurgia o los semiconductores. Al final, esta invasión comercial china se traduce en este dato: el déficit comercial de Europa con China se ha duplicado en los últimos dos años y es el primer proveedor de la UE, con el 21% de todas las importaciones, más que las de EEUU y Reino Unido juntas. Y Alemania ha multiplicado por 5,6 su déficit comercial con China, mientras España lo ha duplicado. La Comisión Europea está dispuesta a defenderse y ha pedido ha Draghi un Plan para mejorar la competitividad europea. Urge tomar medidas para fomentar la industria y la tecnología en Europa, no vale sólo con aprobar aranceles y defenderse. Poder europeo.

                         Enrique Ortega

China y su competencia desleal a Europa fue el tema estrella del debate del Estado de la Unión celebrado el 13 de septiembre en el Parlamento Europeo, el último antes de las próximas elecciones europeas (junio de 2024). Allí, la presidenta de la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación sobre las ayudas del Gobierno chino a la fabricación, distribución y venta de sus coches eléctricos. Según explicó Von der Leyen, los coches eléctricos chinos se venden en Europa un 20% más baratos que el resto gracias a las ayudas estatales que reciben. Y citó tres caminos por los que se canalizan esas ayudas gubernamentales: transferencias directas a fabricantes y distribuidores, ayudas fiscales y exención de impuestos más créditos “blandos” (préstamos a bajo interés). Además, la industria china del automóvil se beneficia de una energía barata por ser sucia: el 70% procede del carbón, mientras los fabricantes europeos pagan más cara la energía (más limpia).

Esta investigación a los coches eléctricos chinos, abierta en octubre, se produce después de los modelos chinos (MG, BYD, Link&Co, Geely, Volvo, Great Wall Motors) se hayan hecho con una buena parte del mercado europeo, por delante de Volkswagen, Peugeot, Renault o Skoda. De hecho, en Alemania, 3 de los 10 coches eléctricos más vendidos son chinos. Y en España, el MG4 es el 4º eléctrico más vendido. En los 7 primeros meses de 2023, los eléctricos chinos copan el 8,2% del mercado europeo y se teme que lleguen pronto al 10%, lo que supondría perder la venta de 1,5 millones de eléctricos europeos (son muchos ingresos y muchos empleos). Pero el dato más demoledor de la invasión china lo dan las importaciones de coches eléctricos en Europa: el 54% se importaron de China en 2022 (6.800 millones de euros), frente al 19% de Corea del Sur y el 10% del Reino Unido. Y lo peor: sólo el 6% de los coches eléctricos importados por China llegaron de Europa (pagaron 1.320 millones de euros): el 23% los importaron de USA y otro 23% de Reino Unido, según Eurostat.

En definitiva, los chinos inundan Europa con sus coches pero se cierran a la entrada de coches europeos. Es lo mismo que ha pasado antes con otros productos, como recordó la presidenta Von der Leyen en el Parlamento. Ya sucedió con los paneles solares, donde la industria europea era líder pero cayó ante la competencia desleal de China, que forzó la quiebra de la mayoría. También ha pasado con la siderurgia, donde las ayudas públicas al acero chino provocaron un desplome mundial de precios y obligaron a Bruselas a implantar aranceles (impuestos) a las importaciones chinas, beneficiadas también de una energía sucia más barata. Y la historia se ha repetido con los chips, teléfonos móviles, semiconductores y artículos de media y alta tecnología, donde China arrasa gracias a las ayudas derivadas de su Plan Made in China 2025.

Y ya no es sólo que los chinos ayuden a sus productos para colocarlos en Europa. Es que siguen poniendo trabas a los productos e inversiones europeas en China. A finales de septiembre, el vicepresidente de la Comisión Europea se reunió en Pekín con un viceministro chino para intentar avanzar en los dos problemas que preocupan a Europa: mejorar el acceso al mercado chino de empresas europeas (tienen más problemas las agroalimentarias, de productos sanitarios y preparados para lactantes y las de cosméticos) y que se equilibren las relaciones comerciales entre los dos bloques, muy favorables hoy a China.

Los datos de este desequilibrio comercial entre Europa y China son apabullantes. China se ha convertido en el 2º socio comercial de Europa (sumando importaciones y exportaciones), sólo por detrás de EEUU. Pero es, de lejos, el primer proveedor de Europa: de China vinieron en 2022 el 21% de todas las importaciones europeas, más de lo que compramos a  EEUU (12%) y Reino Unido (7%) juntos. En cambio, China es el tercer país comprador de Europa: recibió en  2022 el 9% de todas las exportaciones europeas, muy por debajo de las ventas a Estados Unidos (19,5%) y Reino Unido (12,8% del total). Y este desequilibrio, entre muchas compras chinas y pocas ventas allí, provoca que el déficit comercial de Europa con China se haya disparado: ha saltado de -182.300 millones de euros en 2020 a -250.300 millones en 2021 y a -396.600 en 2022, según Eurostat. El “agujero” comercial de Europa con China se ha duplicado en los últimos dos años. Y este año 2023, hasta agosto, asciende ya a -197.600 millones de euros, algo menos que el año pasado (-295.500 millones de euros en esos 8 meses), debido al estancamiento europeo, a la crisis en el comercio mundial y a la marcha atrás en la globalización.

El problema es serio porque este abultado déficit comercial de Europa con China indica que estamos creando riqueza y empleo en China, a costa de la crisis en la industria europea y en el empleo de los 27. Esto se ve con dureza en Alemania, que hoy está en recesión, en buena medida por el pinchazo de sus exportaciones a China (el primer socio comercial de Alemania) y el aluvión de importaciones chinas. Un dato revelador: el déficit comercial de Alemania con China (con EEUU tienen superávit: +150.000 millones de euros en 2022) se ha multiplicado por 5,6  en los tres últimos años, saltando de -15.000 millones de euros de media anual entre 2000 y 2019, a -21.530 millones en 2020, -39.400 millones en 2021 y -84.300 millones en 2022. ¿Qué pasa? Pues que Alemania necesita a China para importar muchos productos intermedios con los que luego fabrica en el país, pero China necesita cada vez menos importar productos alemanes, cuya venta en China mantiene más de 1 millón de empleos en Alemania y el 10% de las ventas totales de las multinacionales germanas.

España tiene el mismo problema, aunque nuestro déficit comercial con China no es tan grave. Pero también se ha disparado: de un “agujero comercial” (importaciones menos exportaciones) de -22.353 millones de euros en 2019 se pasó a -26.173 millones en 2021 y -41.639 millones en 2022. Así que el déficit comercial se duplicó el año pasado, como consecuencia de las mayores compras de equipos de oficina (el 16,8% de lo que les compramos), otros bienes de equipo (15,93%), productos químicos (10,14%), ropa (10%), maquinaria (8%) y automóviles (7,5% importaciones). Mientras se disparan las compras (49.653 millones), las ventas españolas a China llevan tres años estancadas (8.013 millones en 2022) y se centran en productos químicos (23% del total), minerales (20,4%) y productos cárnicos (20,3%), sobre todo carne de cerdo.

China se ha convertido ya en el primer proveedor de España, porque nos vende el 10,9% de todas nuestras importaciones (2022), por delante de Alemania (9,4%), Francia (9%) y EEUU (7,4%), cuando en 2011 era nuestro tercer proveedor (por detrás de Alemania y Francia). Y sin embargo, China es nuestro 11º cliente en el mundo, ya que compra sólo el 2,1% de todas nuestras exportaciones (2022), mucho menos que Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, EEUU, Paises Bajos, Polonia y Marruecos. Y no sólo nos vende 6 veces más de lo que nos compra, sino que además invierte mucho en España, sobre todo en energía, servicios a empresas e inmobiliarias: ha invertido 10.291 millones entre 2012 y 2021, frente a sólo 4.831 millones invertidos por España en China, según datos de la Fundación España-China. Y la relación también se desequilibra respecto al empleo: las inversiones chinas en España generaron 11.586 empleos y las españolas en China 28.690 empleos.

Todas estas estadísticas dejan claro que hay “una invasión de China en Europa”, comercial e inversora. Son mayoría los expertos que la achacan a una “competencia desleal” de China, que “dopa “a sus empresas con ayudas, subvenciones, crédito y energía barata, ayudándolas también al carecer de exigencias medioambientales y laborales, que suponen una desventaja para la industria europea. Es verdad. Pero también lo es que muchas industrias chinas son más competitivas que las europeas, tras grandes inversiones en tecnología e innovación. Un ejemplo es el automóvil y en especial el coche eléctrico. Muchos expertos reconocen en privado que el liderazgo chino se debe no sólo a las ayudas públicas sino a que sus coches tienen mejores baterías, mejor software y mejores prestaciones (info entretenimiento). Y que mientras los chinos llevan una década volcados en el coche eléctrico, los fabricantes europeos se han quedado rezagados, tratando de ganar tiempo con los “combustibles limpios”, el retraso en las normas de contaminación o la apuesta por los “falsos eléctricos” (híbridos).

Está claro que algo tiene que hacer Europa, porque el abultado déficit comercial con China es un claro “SOS” para la industria y el empleo. Es posible que antes de un año, Bruselas imponga “aranceles” o impuestos a los coches chinos, como antes hizo con la siderurgia o los panelas solares. Y podría cerrar mercados públicos a empresas chinas, como se plantea con  Huawei en el negocio del 5G. Pero son un parche y además peligroso, porque China podría cerrar aún más sus mercados y en ese pulso, Europa tiene más que perder. Lo que hace falta es que Europa “se ponga las pilas” y apueste por potenciar su industria y su tecnología, por conseguir bienes y servicios más competitivos, ante China y ante el resto del mundo. Para conseguirlo, la presidenta de la Comisión Europea anunció en el Parlamento que ha pedido a Mario Draghi, el ex primer ministro italiano y ex presidente del BCE, que prepare un Informe sobre el futuro de la competitividad europea. Un acierto, aunque tardará.

Europa es un gigante económico y comercial, pero un “enano empresarial”: entre las 40 mayores empresas del mundo, sólo 5 multinacionales son europeas (Shell, BP, Volkswagen, Daimler y Total).Y entre las 10 mayores compañías, 7 son empresas tecnológicas, 5 de EEUU y 2 de China, ninguna de Europa. Aquí está el fondo del problema: Europa no puede defender su futuro sin grandes empresas que puedan competir con las chinas y norteamericanas (y luego con las indias). Y para ello, tiene que lanzar ya una estrategia para crear “campeones europeos”, grandes empresas europeas fruto de la fusión de empresas alemanas, francesas, italianas, españolas y de otros paises. Pero eso exige tiempo, ayudas y financiación, además de leyes, cuestiones todavía pendientes y que serán un reto clave para el futuro gobierno europeo que salga de las elecciones de junio 2024.

Pero el gran reto, por encima de los demás, es avanzar en la integración europea. Resulta muy difícil competir con China (o con EEUU), cuando son dos potencias que tienen un único Gobierno, no 27 paises que tienen que ponerse de acuerdo para todo. Y eso supone avanzar en política fiscal, en homogeneizar normas y ayudas, en agrupar esfuerzos para crear una economía más homogénea en el continente. Y sobre todo, en avanzar más en innovación y tecnología, donde Europa sigue rezagada frente a EEUU y China. En el siglo XIX, Inglaterra fue capaz de superar a China, que había sido “el gran imperio del mundo” entre los siglos I y XIX (ver gráfico histórico con el reparto del PIB por continentes), gracias a la Revolución Industrial, que permitió  a Occidente superar a China hasta hoy. Sólo la tecnología, la innovación y la integración económica pueden salvar a Europa en el siglo XXI. Reaccionen.

Jóvenes sin oportunidades

La OCDE ha dado la alerta en su reciente informe sobre España: los casi 7 millones de jóvenes españoles tienen serios problemas de altísimo paro, poco empleo y precario, bajos sueldos y difícil acceso a la vivienda, lo que hace que dos tercios sigan viviendo con sus padres. Y el 16% de nuestros jóvenes  tienen problemas de salud mental. Toda esta preocupante situación de los jóvenes es “un lastre para el potencial de crecimiento futuro de España”, advierte la OCDE.  Y propone medidas para mejorar la formación de los jóvenes, de la escuela a la Universidad, potenciando la Formación Profesional y contando más con las empresas para saber los perfiles que necesitan. También mejorar las oficinas de empleo, que hoy no sirven para colocar a los jóvenes. Promover viviendas en alquiler para jóvenes, además de ayudas autonómicas que hoy no funcionan. Y un Plan de empleo juvenil para incentivar su contratación y ofrecerles empleos decentes. Hay que dar más oportunidades a los jóvenes: nos jugamos el futuro.

   

                 Enrique Ortega

En España hay casi 7 millones de jóvenes entre 16 y 29 años (6.906.808 en 2022), un 14,5% de toda la población, según el INE. De ellos, el 46% trabajan (3.178.500 a finales de septiembre de 2023), otro 41,3% estudian (2.852.511) y el 12,7% restante (877.164 jóvenes) ni estudian ni trabajan, son “ni-nis”: España es el 4º país europeo con más jóvenes “ni-nis”, tras Rumanía (19,8%), Italia (19%) y Grecia (15,4%), por encima de la media europea (11,7%) y sobre todo de Paises Bajos (sólo el 4,2% jóvenes son “ni-nis”), Suecia (5,7%), Portugal (8,4%), Alemania (8,6%), Irlanda (8,7%), Finlandia (9,5%) y Francia (12%).

El problema de fondo de muchos jóvenes españoles empieza en su educación, insuficiente en muchos jóvenes, señala el informe de la OCDE, que habla de que “salen de sus estudios con pocas habilidades”. De hecho, España es uno de los paises occidentales con más porcentaje de jóvenes poco formados: el 26,5% de los jóvenes de 25 a 34 años tiene sólo la ESO o menos, frente al 12,2% en Europa (UE-25) y el 13,8% en la OCDE, según el informe Panorama de la Educación 2023 de la OCDE. Y por el otro lado, España es uno de los paises occidentales con más jóvenes universitarios: el 50,5% de los jóvenes (25 a 34 años) tiene un título, frente al 44,7% en la UE-25 y el 47,2% en la OCDE. Pero, en cambio, tenemos pocos jóvenes con una formación intermedia (Bachillerato o FP), la que consigue muchos empleos: la tienen el 22,9% de los jóvenes españoles frente al 43,1% de los europeos y el 39,4 % en la OCDE. Y ello se debe, en gran medida, al poco peso de la Formación Profesional (FP) en España: sólo la cursaban (en 2021) el 24% de los que estudian al terminar la ESO (la mayoría hacen Bachillerato), frente al 37,2% en Europa, el 55% en Paises Bajos, el 51,5% en Italia, el 36,9% en Francia y el 32,1% en Alemania, según la OCDE.

En definitiva, tenemos muchos jóvenes con poca formación, demasiados que estudian carreras sin salida y pocos con estudios intermedios y FP, lo que más buscan las empresas. Una formación deficiente, que es fruto de nuestro menos gasto en educación, de unos planes de estudios muy memorísticos y poco prácticos, un profesorado insuficiente y precario (que precisa reciclarse) y una enseñanza pública colapsada por alumnos con problemas. Todo ello se traduce en altas tasas de repetición de los jóvenes (un 7,6% en ESO, el porcentaje más alto en Europa, donde sólo repiten curso el 2,2%) y en un mayor abandono escolar temprano (jóvenes que no estudian al acabar la ESO): un 13,9% en España frente al 9,7% en la UE. Además, los jóvenes españoles tienen peores resultados educativos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, según los informes PISA.

Con esta deficiente formación, a los jóvenes españoles les resulta más difícil trabajar que al resto de jóvenes europeos, también porque nuestra estructura económica (más pymes,  más servicios y menos industria, menos innovación y tecnología) ofrece menos empleo (75% de los adultos europeos trabajan frente al 64,5% de españoles). El informe de la OCDE revela que son más los jóvenes españoles que van directamente al paro al acabar sus estudios (el 9%, frente al 4% en la UE, el 2% en Alemania y el 3% en Holanda) y menos los que encuentran directamente un trabajo. La mayoría han de esperar 4 años o más, en el subempleo y en empleos precarios. Y al final, la tasa de ocupación de los jóvenes españoles no llegaba al 40% en 2022 (38,8% entre 15 y 29 años), según Eurostat, mientras en la UE-27 trabajan casi la mitad de los jóvenes (49,2%), el 79,3% en Paises Bajos, el 64,2% en Dinamarca, el 63,9% en Austria, el 61,7% en Alemania, el 58,7% en Irlanda, el 57,2% en Finlandia y Suecia, el 48,6% en Francia o el 43,1% en Portugal, estando sólo peor en Italia (33,8% jóvenes trabajando) y Grecia (33,1%).

Además de trabajar menos, los jóvenes españoles tienen trabajos muy precarios. Por un lado, tienen un mayor porcentaje de contratos temporales que el resto de españoles, aunque esta temporalidad se ha reducido con la reforma laboral de 2022: un 68,11% de los contratos son temporales entre que trabajan entre 16 y 19 años, un 47,86% entre 20 y 24 años y un 26,48% entre 25 y 48 años, frente al 17,25% de contratos temporales entre todos los españoles que trabajan, según la EPA de septiembre. Y esa tasa de temporalidad de los jóvenes en España (35% entre los 16 y 29 años) es el triple que la media europea. Además, los jóvenes tienen un mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial (por horas o por días): el 48,6% de los jóvenes que  trabajan con 16 a 19 años, el 30,9% de los ocupados con 20 a 24 años y el 14,3% de los que trabajan con 25 a 29 años. Eso da una media de un 22,5% de contratos a tiempo parcial entre los jóvenes (16 a 29 años), frente al 12,6% con trabajo parcial entre todos los ocupados en España. Y lo más importante: el 44% de los jóvenes que trabajan pocas horas(o días) lo hacen “obligados”, porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, mientras en Europa sólo les pasa esto al 17% de los jóvenes que trabajan a tiempo parcial, según este informe de Trabajo.

Los jóvenes no sólo tienen trabajos más precarios, más contratos temporales y a tiempo parcial, sino que un tercio largo están “sobre cualificados”, realizan un trabajo para el que no necesitan la alta formación que tienen (economistas trabajando en un bar o abogadas de cajeras de supermercado): España lidera la sobre cualificación en la UE, con un 36,1% de nuestros universitarios, frente al 22,1% de los licenciados europeos, según Eurostat.

Con tanto empleo precario, los jóvenes españoles tienen sueldos más bajos que el resto de trabajadores: si el sueldo medio en España era de 25.896,22 euros brutos en 2021 (1.900 euros netos al mes en 12 pagas), según el INE, un joven de menos de 20 años ganaba casi la tercera parte (9.180 euros brutos, 675 euros netos al mes en 12 pagas),  un joven de 20 a 24 años ganaba la mitad (13.224 euros brutos, menos de 1.000 euros mensuales en 12 pagas) y un ocupado con 25 a 29 años ganaba una cuarta parte menos (19.089 euros brutos, sobre 1.400 euros netos al mes en 12 pagas). En definitiva, el sueldo medio de los menores de 29 años ronda los 13.830 euros brutos al año, la mitad que el conjunto de trabajadores. Y  los universitarios ganan menos de 1.500 euros al mes en los 4 años siguientes a licenciarse, según un estudio del BBVA e IVIE.

Estos bajos ingresos de los jóvenes les llevan a muchos a una situación real de pobreza y exclusión social, que se considera cuando alguien gana menos del 60% de los ingresos medios del país. En España, en 2022, había 9.522.000 personas en situación de pobreza, un 20,4% de los españoles, según los datos oficiales publicados por el INE. Y de ellos, 1.474.000 eran “pobres jóvenes”, de 16 a 29 años, según la EAPN. En consecuencia, los jóvenes son el 2º grupo de edad con más tasa de pobreza (el 22,5%), solo por detrás de los niños (27,7% de menores de 16 años viven en hogares “pobres”) y por encima de la tasa de pobreza de los de 30 a 44 años (19,2%), de 45 a 64 años (18%) y de los jubilados (18,7% pobres).

Con estos ingresos tan bajos, a los jóvenes les cuesta mucho emanciparse y aún más formar una familia, sobre todo en la última década, al haberse disparado los alquileres: han subido un +68,7% desde 2014 hasta ahora, según Idealista, y el alquiler medio está ya en 11,8 euros por metro cuadrado, lo que implica que un piso de 90 m2 se alquila ya por 1.062 euros (y por mucho más en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades). Si el sueldo medio de un joven era de 1.089 euros en 2022 (según el Consejo de la Juventud), pagar un alquiler le suponía de media el 83,9% del sueldo. Y sumando los recibos obligatorios, se “comería” el 93,6% del sueldo.

 Por eso, la mayoría de los jóvenes españoles no pueden emanciparse, como alerta el reciente informe de la OCDE sobre España: el 66% de nuestros jóvenes (de 18 a 34 años) viven con sus padres, frente a una media del 49% en la UE-27. Y somos el 4º país europeo donde más jóvenes siguen viviendo con sus padres, tras Grecia (72% no se emancipan), Portugal (71%) e Italia (69%).Y este altísimo porcentaje de jóvenes que siguen viviendo  con sus padres (66%) contrasta con el bajísimo porcentaje en los paises nórdicos (13% en Suecia, 16% en Dinamarca) y el bajo porcentaje en centro Europa (31% jóvenes viven con sus padres en Alemania, 36% en Paises Bajos, 37% en Reino Unido, 43% en Francia y 44% en Bélgica), según el informe de la OCDE.

Esta imposibilidad de independizarse (el 65% de los jóvenes que viven con sus padres querrían dejar el hogar familiar), junto al elevado paro juvenil (el 27,8% de los menores de 25 años están en desempleo en España, el doble que en la UE-27, con 14,2% de paro, y cinco veces el paro de los jóvenes alemanes, el 5,8%), la tremenda precariedad de su trabajo y el bajo sueldo de la mayoría provocan una gran insatisfacción en los jóvenes y aumentan su desinterés por participar en la sociedad donde viven y en la política. Y esa insatisfacción se manifiesta además en problemas de salud mental: un 16% de los jóvenes españoles encuestados por la OCDE reconocen haber sufrido algún trastorno mental (más del doble que en 2017). Y sólo la mitad buscó ayuda profesional. Otro estudio reciente, de la Fundación Mutua y FAD Juventud, alerta que el 59,3% de los encuestados (de 15 a 29 años) “reconocen padecer problemas de salud mental”. Y un 31,7% de ellos están tomando fármacos por ello.

Este informe de la OCDE sobre España es tajante, tras analizar esta falta de oportunidades de nuestros jóvenes, su baja tasa de emancipación y su preocupante salud mental: “es un lastre para el potencial futuro de España”. Y a continuación, la OCDE aporta una serie de medidas para corregir lo que considera un hecho: que los jóvenes españoles “tienen más difícil que los de otros paises de su entorno la transición a una vida adulta independiente, productiva y feliz”. Proponen  al futuro Gobierno actuar sobre todo en la educación, el empleo, la vivienda y la salud mental de los jóvenes.

El primer conjunto de medidas que proponen se refieren a la mejora de la educación, desde la escuela a la Universidad, con programas concretos para reducir el abandono escolar, la mejora de la formación de los docentes y una enseñanza que mejore las habilidades de los alumnos. Y se centran sobre todo en potenciar más la Formación Profesional, donde faltan plazas públicas (300.000 según los sindicatos) y donde la nueva formación dual (que contempla impartir entre un 25% y un 35% de prácticas, unas 500 horas anuales) exige más de 1 millón de empresas que colaboren. Y sobre la formación universitaria, la OCDE pide que las empresas participen más con las Universidades en los planes de estudio.

Otro frente donde proponen cambios es en las políticas de empleo, para que las oficinas públicas de empleo ayuden más a los jóvenes a colocarse, sobre todo a conseguir el primer empleo (ahora, sólo el 2% encuentra empleo gracias a las oficinas de empleo). Advierten que los jóvenes españoles apenas acuden al SEPE: sólo el 25% contactan con las oficinas para buscar trabajo, frente al 53% que lo hacen en la UE o el 52% en Francia. Proponen más gasto y más personal (España destina la mitad que Europa) para conseguir que los jóvenes tengan más acceso a un trabajo, como se hace por ejemplo en Holanda.

Otra propuesta de la OCDE es que España aumente el parque público de viviendas, que sólo son 300.000 viviendas,  el 2,5% del parque total, frente al 9,3% en Europa (el 30% en Paises Bajos, 17,5% en Reino Unido y el 5% en Alemania). Urge promover más viviendas en alquiler (públicas y privadas), para afrontar los 120.000 viviendas que se necesitan cada año (y sólo se terminan 80.000), la mayoría para los jóvenes. Y mejorar las ayudas públicas a los jóvenes que conceden las autonomías, que la OCDE considera insuficientes: sólo benefician al 10% de los jóvenes en Madrid, por ejemplo, según lo que ingresan los jóvenes (los que ganan menos de 1.800 euros) y que el alquiler sea inferior a 900 euros al mes. Y además, la OCDE propone más atención a la atención pública mental de los jóvenes españoles.

En resumen, la OCDE propone mejorar las oportunidades de los jóvenes españoles, con más  empleo, mejores sueldos y alquileres más asequibles, para lo que se deben mejorar la educación y la contratación de los menores de 29 años, su inserción laboral, las ayudas al alquiler y a su salud mental. Urge mejorar el empleo de los jóvenes, su trabajo y su sueldo, facilitarles una vivienda y formar una familia. Conseguir que vivan mejor que nosotros.

Este Blog cumple 13 años

Hoy se cumplen 13 años desde que empecé a publicar este Blog, el 4 de noviembre de 2010, en lo peor de la crisis financiera en España y en Europa. Son ya 1.270 artículos y dibujos (mil gracias, Enrique Ortega, por tu ilustrada ayuda…), dos por semana (lunes y jueves), sin fallar una (salvo en agosto). Al final, se ha convertido en una crónica de nuestra historia reciente, desde la tremenda crisis económica de 2008 hasta 2014 a la débil recuperación posterior, la impactante pandemia, la nueva crisis y la inflación disparada tras la invasión de Ucrania en 2022 y ahora, el estancamiento económico europeo y los riesgos geopolíticos en el mundo, con Ucrania y Palestina junto a los enfrentamientos entre EEUU y China. En realidad, nos hemos acostumbrado a las crisis como norma y a que la estabilidad sea la excepción. Y en medio de tanta incertidumbre, este Blog pretende cada semana, desde hace 676 ya, informar y explicar la economía nuestra de cada día.   A lo claro y con rigor.

                           Enrique Ortega

Este Blog nació hace 13 años porque la economía se había convertido en la principal noticia pero yo pensaba que no se explicaban bien los problemas y la mayoría de la gente no entendía lo que pasaba. Y traté de aportar un granito de arena, intentando explicar la economía “a lo claro”, para que la entendiera cualquiera. Y además, hacerlo con rigor, aportando datos e información, no soltando comentarios de tertulia y “opiniones de barra de bar”. La realidad es compleja y las soluciones no son simples (salvo para los populistas). Por eso, mi intención estos años ha sido averiguar lo que hay detrás de las noticias que nos preocupan, conseguir datos y estadísticas fiables, leer informes y opiniones contrapuestas, para al final ofrecer un resumen que sea útil para los lectores del Blog. Y como creo en los lectores inteligentes, aportarles información y material para que ellos saquen  conclusiones.

La otra idea clave de este Blog, además del rigor y la claridad es que “todo es economía”, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y que no sólo debo escribir sobre el PIB, el paro o la inflación, sino sobre la economía que está detrás de nuestra vida diaria: la vivienda, el trabajo, los jóvenes y los mayores, las pensiones, la sanidad, la educación y la Dependencia, el recibo de la luz, las hipotecas, el ocio y la cultura, los impuestos, la crisis climática, la industria, las exportaciones, el envejecimiento, la digitalización, el fútbol y hasta el negocio de la muerte (Blog de anteayer). Porque detrás de todos estos temas cotidianos hay intereses, empresas, precios y costes, beneficios, tensiones y en muchos casos, poca transparencia. Y debemos conocerlo, porque nos importa mucho.

Al final, escribir un  Blog con rigor y que se entienda exige muchas horas de trabajo, leer mucho e investigar para luego sintetizar y traducir. Pero no se puede hacer todo esto en 140 palabras, en un tuit o un “meme”. Por eso mis artículos tienen unas 2.000 palabras. Exige al lector un interés y un tiempo, en un mundo donde la gente no lee. Y por eso, este Blog tiene pocos lectores. Pero no busca seguidores, sino informar con seriedad y claridad. Así seguiré, empujado por esos lectores fijos que me animan. Cada día me planteo si acabar, si dejar de escribir este Blog, dado que el esfuerzo es grande y los lectores pocos. Pero luego, oigo o leo una noticia y soy incapaz de evitar investigar sobre ella, buscar documentación e intentar explicarla. Y sigo escribiendo cada semana. Porque no se puede dejar de ser periodista. Y para estar vivo.

Gracias por leer y seguir el Blog. Y si os gusta, difundirlo.

El negocio funerario crece y se concentra

La muerte es un negocio muy seguro: cada día hay 1.268 defunciones en España. Y va a más: en 2062 habrá 1.831 defunciones diarias (+44%). Esta demanda, asegurada y creciente, ha generado más de 1.000 empresas que ofrecen servicios funerarios y que han creado una "burbuja" de tanatorios y crematorios muy superior a los que hacen falta. Y se acelera la concentración del negocio, con unas pocas grandes empresas (de aseguradoras) comprando a funerarias pequeñas por toda España. La "gasolina" de este negocio de la muerte son los seguros de decesos, que tienen contratados ya 22 millones de españoles. Y los que no tienen seguro, pagan cada vez más por los entierros, sobre todo por los servicios complementarios, que cada día se contratan más, mientras las funerarias se quejan del IVA del 21%, el tercer tipo más alto en Europa. El negocio funerario tiene poca competencia y transparencia, carece de una Ley estatal y se rige por una norma de 1974. Hay que controlarlo más. 

                        Enrique Ortega

Los servicios funerarios son un negocio muy seguro y con gran futuro. Desde 2015, en España hay más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, debido a la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población (hoy, el 6% de los españoles tienen más de 80 años, frente al 3,4% en 2001), por el aumento de la esperanza de vida (de 50 años que se vivía de media en 1941 a 84,4 años en 2023). El hecho es que las defunciones han aumentado un 60% en los últimos 40 años, saltando de 289.344 en 1980 a 360.391 en el año 2.000, 402.950 en 2012 y 463.133 en 2022, según el INE. Eso significa que hemos pasado de 792 entierros diarios en 1980 a 1.268 entierros al día en 2022.

Pero además de que aumenta la mortalidad (y los entierros), las previsiones apuntan que habrá más defunciones en el futuro, porque seguirá aumentando la esperanza de vida (87,5 años de vida media en 2061) y el envejecimiento de la población (un 13% de españoles tendrán más de 80 años en 2060, el doble que hoy). La estimación del INE es que para los años 2037-41 haya 516.136 muertes anuales en España y 633.172 fallecimientos anuales en el periodo 2052-53. Y que lleguemos a una cifra máxima de 668.451 muertos anuales en el periodo 2062-66 (ojo: 200.000 muertos más al año que hoy), para bajar ligeramente hacia 2070 (659.894 muertes anuales). Eso supone que pasaríamos de los 1.268 entierros diarios de hoy a 1.831 entierros al día en 2065, un 44% más que hoy.

Con estos datos, es normal que muchos se apunten al "negocio de la muerte", la prestación de servicios funerarios, una actividad con sólo medio siglo de historia en España. Antes, los fallecidos se velaban en casa y sólo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se abrió en Barcelona en 1968), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron constructoras y pequeños empresarios locales. Y en este siglo, con el "boom" de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron tanatorios y crematorios municipales, incluso en pequeños pueblos. Y así, ahora nos encontramos con una "burbuja funeraria", miles de tanatorios y crematorios medio vacíos. 

Actualmente, hay en España 2.567 tanatorios, con una capacidad de 7.000 salas de velatorio, según los datos de 2022 de la patronal Panasef. Eso indica que hay disponibles 5,5 salas por cada persona que fallece al día (1.268 muertes diarias), un exceso claro de capacidad, más notorio en algunos pueblos y ciudades. Y aún es peor la sobrecapacidad de crematorios: había 537 hornos disponibles en 2022, con una capacidad de 1.663 incineraciones diarias, según Panasef. Pero resulta que sólo se incineran en España el 45% de los fallecidos, unas 571 incineraciones en 2022, la tercera parte de las que podrían hacerse en los crematorios disponibles (que tienen así 2/3 de su capacidad sin utilizar). De hecho, España es el país con más hornos crematorios de Europa (537, frente a 307 en Reino Unido, 185 en Francia o 159 en Alemania), cuando aquí se hacen menos cremaciones.

Esta "burbuja" de instalaciones, que encarece el coste final de los servicios funerarios, es fruto de un crecimiento vertiginoso y desordenado del sector, donde muchos han hecho el negocio al construir tanatorios y hornos crematorios, no tanto con la explotación del servicio. Actualmente hay 1.076 empresas de servicios funerarios en España (con 12.433 trabajadores), un negocio muy disperso, con muchas empresas en Andalucía (181), Galicia (171), Comunidad Valenciana (131) y Castilla y León (115) y más concentrado en Madrid (22 empresas), Cataluña (47) o Euskadi (33). Y en los últimos 5 años ha habido un proceso de concentración: las grandes empresas de servicios funerarios han comprado empresas pequeñas locales, desapareciendo 360 empresas: se ha pasado de 1.435 en 2015 a 1.076 en 2022. Ha desaparecido un 25% del sector funerario.

Con ello, el negocio funerario se ha concentrado en 12 grandes empresas, que facturan entre 10 y 50 millones de euros anuales (30 millones de media) y que controlan más del 35% del mercado, mientras todavía hay unas 850 empresas locales muy pequeñas, que facturan menos de 1 millón de euros al año, según la patronal Panasef. Y cada semana, muchas de estas pequeñas funerarias desaparecen o son compradas por las grandes, sobre todo en Galicia, Andalucía y Castilla y León. Esto ha reforzado a las 5 grandes empresas, cada día mayores por sus compras y que controlan el 26% del mercado funerario. Un negocio que facturó 1.653 millones de euros en 2022, según el último dato de Panasef, con lo que supera ya los ingresos de 2019 (1.565) aunque todavía no llega al récord de facturación que tuvieron con la pandemia (1.700 millones en 2020).

La empresa líder del sector funerario en España es Memora, con 200 millones de facturación anual y unos 50.000 servicios anuales en sus 146 tanatorios, 45 crematorios y 35 cementerios. Es propiedad de la aseguradora Catalana de Occidente, que compró en julio de 2022 la empresa funeraria (por 401,3 millones) a Ontario Teacher's (el Fondo de pensiones de los profesores de Ontario), que antes se la habían comprado al Fondo de inversiones británico 3i. La segunda mayor funeraria es Albia, propiedad de la aseguradora Santa Lucía, que factura 90 millones anuales y gestiona unos 55.000 servicios anuales, con 126 tanatorios, 40 crematorios y 20 cementerios. La tercera es Servisa, de la aseguradora Ocaso, que factura 65 millones y anuales y tiene 60 tanatorios. La cuarta es Funespaña, propiedad de la aseguradora Mapfre, con 48 millones de facturación, 160 tanatorios, 25 crematorios y 24 cementerios. Y 5ª está ASU, de la familia alicantina Payá y Meridiano Seguros, con una facturación anual de 30 millones.

El problema de esta creciente concentración y gran poder de "las 5 grandes" es que se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de "cuasi-monopolio" donde operan, impidiendo en la práctica la entrada de otras empresas, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar sus precios y condiciones en un momento muy doloroso. De hecho, han sido numerosas las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes. Y eso llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que impiden, de hecho, que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo.

Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque se acabó la Legislatura, y el Gobierno Rajoy nunca contempló una reforma funeraria, aunque se lo prometió a Bruselas en 2014, dentro del Plan Nacional de Reformas. Y a pesar de la petición (en 2014) de la Comisión de la Competencia (CNMC), que habló incluso de "connivencia entre empresas y Ayuntamientos" para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunció en 2006 grandes diferencias de precios funerarios entre ciudades y la falta de transparencia del sector. Un sector que sigue "bajo vigilancia" de la CNMC, que ha frustrado en octubre de 2021 la fusión de dos grandes, Albia y Funespaña, solicitada en 2019. Ahora, el sector funerario sigue sin una Ley que lo regule y se rige por el Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria de 1974.

La "gasolina" que alimenta este negocio funerario, además de la creciente mortalidad, son los seguros de decesos que contratan los españoles a las aseguradoras y que pagaron 1.050 millones en 2022 a las empresas funerarias (dos tercios de su facturación el año pasado), según la patronal Unespa. Este seguro de decesos es el 2º seguro más popular en España, tras el de automóviles (obligatorio: 33,2 millones de coches asegurados), con más de 22 millones de asegurados en 2022 (22.129.957, según Unespa), 1,8 millones de asegurados más en la última década. Eso significa que lo tienen el 47% de los españoles, aunque su penetración es mayor en Extremadura (70,6%), Andalucía (62,4%), Asturias (59,3%) y Castilla la Mancha (56,29%), siendo mucho menor en Madrid (39,18%), Cataluña (33,88%) y Navarra (21,87%). Y sorprende el alto porcentaje que tienen este seguro de decesos en Cádiz (78%), Ávila (76%), Ciudad Real (71%) y Cáceres (66%), según los datos de Unespa. En general, lo contratan más las familias con menos ingresos y los mayores de 60 años.

Este seguro de decesos es el 4º seguro que más primas recauda en España: 2.626 millones en 2022, sólo por detrás del seguro de automóviles (11.352 millones) el seguro de salud (10.543 millones) y el seguro multirriesgo (8.578 millones). Y ha sido uno de los seguros que mejor se ha comportado en las últimas crisis, duplicando sus primas en los últimos 17 años (ingresó 1.370 millones en 2015). Es un negocio muy concentrado y 5 aseguradoras controlan casi el 70% del mercado de seguros de decesos: Santa Lucía (34,9%), Ocaso (21,2%) y Mapfre (12,6%), las 3 aseguradoras que controlan también el negocio funerario, más Adeslas (5%) y Norte Hispania (4,7%). Y las 10 mayores aglutinan el 82,4% de estos seguros.

El seguro de decesos tiene 3 modalidades, según el sistema de pagos por el que se opte (menos al principio y más con la edad o más nivelado). Y actualmente se mantiene una cierta "guerra de precios", como en el resto del seguro, con ofertas "low cost" muy bajas al principio, para captar clientes. Los comparadores disponibles en Internet hablan de cuotas desde 109 a 182 euros al año, aunque la tarifa depende mucho de la edad y la cobertura del seguro. En cualquier caso, un estudio reciente de la OCU revela que estos seguros no son recomendables, porque se acaba pagando el triple de lo que cuesta el servicio funerario. Y la prima sube cada año más, un +4,9% este año, según el INE.

Los seguros de decesos pagan 6 de cada 10 funerales, pero los 4 restantes los pagan los familiares cuando se produce el fallecimiento. El coste medio de un servicio funerario ronda los 3.700 euros, según la OCU, aunque varía mucho según la ciudad, oscilando entre 5.200 euros en Madrid y 3.800 en Barcelona (ver "comparador de precios"). En el desglose del gasto funerario, lo más caro es el féretro (1.198 euros), seguido de la cremación (646), el tanatorio (546), las esquelas (319), personal y servicio (291), coche (211), trámites y gestiones (205), flores (186) y otros (137). Y el coste se dispara más si no hay cremación (55% entierros) y hay que pagar un nicho o tumba (difícil de comprar en muchos cementerios).

La patronal funeraria estima que un 58% del coste se debe al servicio funerario estricto, otro 14,3% al crematorio o cementerio y el 12,8% restante se lo lleva el pago de servicios complementarios (certificados y tasas, esquelas, iglesia, coronas y lápida). Y recuerdan que un 15% se lo llevan los impuestos, el IVA del 21%, que Rajoy subió en 2012 desde el 10% que se pagaba antes. La patronal funeraria se queja de que España paga el tercer IVA más alto en Europa por los servicios funerarios (tras el 27% de Hungría y el 24% de Grecia), mientras se paga un 20% en Francia, un 19% en Alemania y un IVA cero en los servicios funerarios en Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Por eso piden bajarlo al 10%, lo que reduciría el coste de un sepelio en 350 euros.

Cara al futuro, las empresas funerarias están aumentando al máximo sus servicios, lo que encarecerá el coste de los entierros, porque muchas familias empiezan a contratar servicios complementarios: sepelios laicos (15%), viajes para tirar las cenizas, música, psicólogos y servicios personalizados, servicios digitales (funerales "en streaming", Memoria, historial del difunto) y en redes sociales, gestión de legados y huella digital... Y avanza el concepto de funerales "sostenibles", con la oferta de ataúdes de cartón y reducción de emisiones más plantación de árboles. En paralelo crecen los cementerios y servicios funerarios para mascotas (hay 31 millones en España). De hecho, Málaga tendrá a finales de 2023 el primer cementerio público para mascotas de España.

En resumen, la muerte se ha convertido en un gran negocio y en un coste creciente para las familias, que no tienen tiempo ni ganas para elegir cómo entierran a sus seres queridos, mientras la oferta se concentra y las grandes funerarias imponen condiciones, con poca transparencia y sin una Ley que ponga orden y competencia en el sector, evitando los abusos y unos precios disparados. Hasta morirse es caro.