Pandemia: muchos contagios y pocas vacunas

Hemos dejado atrás el pico de la 3ª ola (899,93 contagios el 27 de enero), pero seguimos con demasiados contagios (750), saturación en hospitales y UCIs y récord de muertes: 3.067 la última semana (438 muertos diarios). Estamos en una “meseta de contagios”, que tardarán meses en bajar de los 200 (el objetivo son 50), lo que supondrá miles de muertos más. Sobre todo si las autonomías “abren la mano”, como han hecho Madrid y Cataluña, o si intentan “salvar la Semana Santa”. Y tenemos 2 problemas que agravan la situación: Uno, el auge de la cepa británica, más contagiosa y mortal, que será dominante en España en marzo. El otro, el retraso en las vacunas, que hace imposible vacunar al 70% para septiembre. Y “salvar el verano” para el turismo. Todo esto ha provocado ya una caída de la economía europea y exige más ayudas a empresas, porque la recuperación se retrasa. Urge doblegar los contagios y vacunar a tope, para salvar vidas y empleos.

Enrique Ortega

La pandemia ha entrado en su 2º año con un nivel de contagios más bajo que a finales de 2020 (más de 700.000 contagios diarios) aunque todavía es elevado (534.589 el 4 de febrero), según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta hoy son ya 106.161.687 contagiados en 192 paises, destacando el alcance de la pandemia en América (46.913.216 contagiados) y Europa (35.481.004 contagiados), seguidos de lejos por el sudeste de Asia (13.033.797 contagiados), Mediterráneo y Oriente Medio (5.828.434), África (2.655.316 contagiados) y Pacífico (1.481.789), según los datos de la OMS. Por paises, los más afectados siguen siendo EEUU (27.006.413 contagiados), India (10.838.194) y Brasil (9.524.640), seguidos a distancia por Reino Unido (3.957.177), Rusia (3.923.461), Francia (3.395.981), España (2.941.990), Italia (2.636.738), Turquía (2.531.456), Alemania (2.291.673), Colombia (2.157.216), Argentina (1.980.347), México (1.932.145) y Polonia (1.550.255), según la Universidad Johns Hopkins.

Las muertes por COVID-19 también se han reducido, de más de 17.000 diarias en enero a 15.733 el 3 de febrero. Hoy son ya 2.317.211 fallecidos por la pandemia en todo el mundo, casi la mitad en América (1.092.521 muertos) y un tercio en Europa (780.934 muertes), según la OMS. Por paises, lidera el ranking Estados Unidos (463.470 muertes), seguido por Brasil (231.534), México (166.200), India (155.080) y Reino Unido (112.681 muertos), junto a Italia (91.273), Francia (79.111), Rusia (75.400), Alemania (61.708) y España (61.386), según la Universidad Johns Hopkins. La mayor mortalidad por habitante se da en Bélgica (185), Eslovenia (172) y Reino Unido (164), ocupando España el puesto 16º del ranking (con 130 muertos/100.000 habitantes). Y la mayor letalidad (muertos/contagiados) se da en México (8,5%), Irán (4%), Perú (3,6), Italia (3,5%), Bélgica (3%), Reino Unido (2,8%), Alemania y Polonia (2,5%), estando España (2,1%) por debajo de la letalidad de la mayoría de Europa, salvo Irlanda y Portugal (1,8%) o Paises Bajos (1,4%), según Sanidad.

En las últimas 2 semanas han bajado los contagios en casi toda Europa, tras las restricciones impuestas en la mayoría de paises. España también ha bajado el nivel de contagios, desde el pico de la 3ª ola (899,93 contagiados/100.000 habitantes) a los 750,77 del viernes 5 de febrero. Pero seguimos siendo el tercer país europeo con la mayor tasa de contagios, muy por delante de Alemania (191 contagios/100.000 habitantes), Italia (280,4), Francia (427,7) e incluso Reino Unido (523,4), también peor que Polonia (199), Austria (224), Bélgica (280) Paises Bajos (359), Irlanda (410) y Suecia (420). Sólo tienen más contagios  Portugal (1.493 contagios/100.000 habitantes) y Chequia (911), según Sanidad.

En España, la bajada en los contagios dura ya 11 días (empezó el jueves 28 de enero) pero es lenta (la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado de 899,9 a 750,7). Y sigue siendo muy desigual por autonomías. Todavía hay 5 regiones que superan o rozan los 1.000 contagios recientes por 100.000 habitantes, según Sanidad: Comunidad Valenciana (1.190 contagios), Castilla y León (1.117), La Rioja (1.078), Castilla la Mancha (916) y Melilla (910). Y otras 9 autonomías tienen una incidencia muy alta, por encima de los 500 contagios: Madrid (860), Murcia (771), Andalucía (751), Galicia (699), Extremadura (698), Aragón (665), Asturias (644), Ceuta (566) y País Vasco (532). Sólo están por debajo de 500 contagios Navarra (465), Cataluña (463), Baleares (423), Cantabria (350) y Canarias (169), la única región española que no está “en riesgo extremo” (más de 250 contagios/100.000 habitantes), según los baremos de Sanidad (está en riesgo “alto”: de 150 a 250).

A pesar de la bajada de contagios, han aumentado las hospitalizaciones en las últimas dos semanas (de 2.462 hospitalizados el 22 de enero a 28.586 el viernes 5), aunque están bajando algo desde el martes 2 de febrero y Sanidad cree que hemos superado ya “el pico” de hospitalizaciones. Pero los hospitales siguen saturados, con un 22,2% de las camas ocupadas por enfermos COVID (más del 15% supone un riesgo “extremo, según los baremos de Sanidad), siendo peor la situación en la Comunidad Valenciana (34,3% camas ocupadas COVID), Castilla León (30,2%), la Rioja (29,6%) y Castilla la Mancha (28,6%).

Lo que también ha empeorado es la ocupación de camas UCI por enfermos de COVID: había 3.908 pacientes el 22 de enero y aumentó hasta 4.795 el viernes 5 de febrero, con una tasa de ocupación media del 43,86%, un nivel de riesgo “extremo” (+ del 25%) para los baremos de Sanidad. Y lo más preocupante es que 6 regiones tienen una tasa de ocupación de UCIs por enfermos COVID superior al 50%: La Rioja (67,8%), Comunidad Valenciana (58,96%), Castilla la Mancha (54,8%), Castilla y León (54%), Melilla (52,5%) y Madrid (52,4%). Y Sanidad estima que aún queda una o dos semanas de aumento de enfermos COVID en las UCIs, lo que está provocando el retraso de operaciones en la mayoría de hospitales.

Y queda lo peor del balance, las muertes, que se han disparado en el último mes: de 1.435 muertos en la semana del 8 al 15 de enero se pasó a 2.127 muertos en la siguiente (15 al 22 de enero), a 2.878 la siguiente y a 3.067 muertos esta última semana (29 de enero al 5 de febrero), una media de 438 muertes diarias (+528 el viernes). El mayor aumento de muertes se ha dado en la Comunidad Valenciana (+670 muertos la última semana), Andalucía (+497), Castilla la Mancha (+431), Madrid (+255), Castilla y León (+210), Galicia (+188), Murcia (+137), Extremadura (+125), País Vasco (+124), Cataluña (119)  y Aragón (+102). Tras un año de contagios, España acumula 61.382 muertes por COVID 19, la mitad de ellas causadas en residencias de ancianos (29.757 muertes). Y lo más llamativo es que casi la cuarta parte de todas las muertes son consecuencia de la Navidad: 5.768 muertes en diciembre y 8.249 en enero (14.017 en total). Ahora, Sanidad cree que seguiremos 2 semanas más con muchas muertes diarias (724 el martes 2 de febrero, el récord diario desde abril).

A la vista de este balance, que baja los contagios pero sigue con un nivel muy elevado de hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes, algunas autonomías han aprovechado para “bajar la guardia” y suavizar restricciones a la movilidad, la hostelería y el comercio, en especial Cataluña (hay elecciones) y Madrid. Esto es un enorme riesgo, porque “abrir la mano” puede ralentizar la bajada de contagios, hospitalizaciones y muertes. Recordemos que estamos en un nivel de contagios elevadísimo, que duplica al de muchos paises europeos y triplica el nivel de contagios considerado “extremo (más de 250/100.000 habitantes). Y que, aún con la bajada de los últimos 11 días (de 899 a 750), estamos muy por encima del pico de contagios de la 2ª ola: 529 (9 de noviembre).

Si se abre la mano en las restricciones de las autonomías, tardaremos meses en bajar el nivel de incidencia actual (750) por debajo de 500 y sobre todo de 200 (el nivel 150 a 250 se considera “alto), que estaría muy por debajo del objetivo deseable (que el Gobierno fijó en 50). Y ya hay quien habla de “salvar la Semana Santa” (a principios de abril), lo que podría provocar otro retroceso y entrar en una 4ª ola de contagios. Además, hay que seguir restringiendo la movilidad y la actividad comercial y de ocio porque tenemos 2 problemas que nos van a complicar la lucha contra el virus en los próximos meses.

El primer problema son las mutaciones del virus, 3 detectadas hasta la fecha: la variante británica, la sudafricana y la brasileña. La variante británica apareció en septiembre y se ha detectado ya en 73 países, entre ellos España, donde supone ya el 10% de contagios (y más de un 25% en Madrid, Andalucía y Baleares). Y Fernando Simón, desde Sanidad, ya ha advertido que será “dominante” en España a finales de febrero o principios de marzo, lo que preocupa especialmente porque la cepa británica es más contagiosa (+70%) y más letal (+30%). Aún es peor la cepa sudafricana (detectada en Vigo y Cataluña) y se teme por la cepa brasileña, que no parece habernos llegado todavía, mientras el Gobierno español y los europeos han prohibido los vuelos desde Sudáfrica y Brasil.

El segundo problema son los retrasos en la vacunación, por un doble motivo: se van a recibir menos vacunas de AstraZeneca (la mitad de las previstas) y la vacunación va con retraso, por falta de medios y planificación (el dato del 4 de febrero indicaba que se habían vacunado 1.988.160 españoles con 1 dosis y sólo 586.122 con las dos dosis. Y además, hay otro problema de última hora que obliga a cambiar todo el Plan de vacunación: la vacuna de AstraZeneca, que empezó a llegar el fin de semana a España, no se debe aplicar a los mayores de 55 años (según Sanidad), lo que retrasa su vacunación. De hecho, Fernando Simón ha reconocido que los mayores de 80 años (los más vulnerables) “empezarán a vacunarse a finales de marzo”.

De momento, al día de hoy, están vacunados casi todos los mayores en residencias y algunos sanitarios, a los que deben seguir ahora el resto de sanitarios, los grandes dependientes y personal de segunda línea e imprescindibles (a los que irá la vacuna de AstraZeneca). La previsión de la Comisión Europea es tener vacunados al 20% de los europeos (sanitarios y mayores de 65 años) en mayo, lo que supondría en España vacunar a 9,4 millones de personas. Faltan 8,1 millones en menos de 4 meses, 16,2 millones de pinchazos en 100 días, una media de 162.000 vacunaciones diarias, 2,3 veces las hechas hasta ahora . Se puede, pero exige organizar un ejército de enfermeras y voluntarios que vacunen muchas horas diarias. Más difícil es alcanzar el siguiente objetivo: vacunar el 70% de los europeos para finales de septiembre. Eso obligaría a vacunar al 50% de españoles (23,5 millones) entre junio y septiembre. Son 47 millones de pinchazos en 120 días, a una media de 400.000 vacunaciones diarias (5,8 veces las hechas hasta ahora), en pleno verano. Y eso si no falla el ritmo de llegada de las vacunas y no hay problemas con las mutaciones.

Siendo realistas, lo normal es que el ritmo de vacunación se retrase y no se consiga vacunar al 70% de los españoles hasta octubre, noviembre o diciembre, retrasando así la vuelta a la normalidad (siempre condicionada a que avance la vacuna en el resto del mundo). Así que no podemos bajar la guardia, aunque llevemos 11 días con menos contagios. La propia Comisión Europea acaba de pedir a los paises endurecer las restricciones de movimiento para “aislar” a las regiones con más de 500 contagios, una zona señalada “en rojo oscuro” y donde está toda España salvo Canarias, Baleares, Cataluña, Navarra y Cantabria. Además, las autoridades europeas proponen en esas zonas “que los ciudadanos se queden en casa, el cierre temporal de empresas y negocios y fortalecer las pruebas de rastreo, con una mayor vigilancia y secuenciación de los casos”. Medidas que España aplica a medias.

No tomar medidas drásticas para cortar los contagios  nos llevó a la 3ª ola (11 diciembre -27 enero), que no sólo ha disparado los contagios (+1.174.618 contagiados, el 41,6% del total) y las muertes (+14.017 muertos, el 23% del total), sino que frena la recuperación económica. El dato europeo es impactante: la 3ª ola provocó una caída de la economía en el 4º trimestre de 2020 en Europa (-0,5% PIB UE-27) y la zona euro (-0,7%), así como en Italia (-2,6%), Francia (-1,3%) y Austria (-4,3%). Y el resto de paises crecieron poco (+04% España o Portugal) o casi nada (+0,1% Alemania), según Eurostat. Ahora, el temor es que el alto nivel de contagios y las restricciones, junto a la falta de perspectivas, mantenga la economía europea al ralentí, que apenas crezca o incluso caiga este primer trimestre y el segundo.

Ante este panorama, la Comisión Europea, el BCE y muchos expertos insisten en mantener las ayudas a empresas, trabajadores y familias e incluso aumentarlas, para evitar quiebras y cierres de empresas esta primavera. En España, la principal petición de nuevas ayudas procede del sector turístico, la hostelería y el comercio, los negocios más afectados por la pandemia. El Gobierno responde que ya les ha ampliado los ERTEs (40.000 millones de gasto anual) y los créditos ICO con aval del Estado (ampliados hasta 140.000 millones), además de haber prorrogado las exenciones fiscales (1.227 millones no ingresados por Hacienda hasta noviembre) y la reducción de cuotas a la Seguridad Social (otros 9.225 millones de coste en 2020). Y que no puede dar ayudas directas al turismo y la hostelería, porque tendría que autorizarlas Bruselas (y eso las retrasaría). Por eso defiende que estas ayudas directas las concedan las autonomías, a las que el Gobierno ha transferido este año 8.000 millones del Fondo Europeo REACT-EU, que pueden financiar ayudas al turismo y la hostelería. Pero de momento, sólo han aprobado ayudas 4 autonomías (Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Cataluña), además de anunciarlas Canarias.

Con o sin ayudas, la economía no tira con la pandemia y las familias restringen su consumo y gastan al mínimo, con casi 4 millones de parados. Es el coste de no haber tomado medidas drásticas en septiembre o en noviembre, de permitir una 3ª ola y no clarificar el futuro con las vacunas. Ahora, otra vez más, se evitarán medidas drásticas y nos mantendremos en “una meseta de contagios”, con un nivel elevado de enfermos, hospitalizados y muertos. Y con una economía que así no puede recuperarse, al menos hasta el verano. Y entonces, si no están la mayoría de europeos vacunados, tampoco podremos “salvar al turismo”. Y se retrasará la recuperación hasta el otoño, junto a los contagios y los muertos. Tras casi un año de pandemia, debíamos haber aprendido de los errores. Pero no es así: bajan los contagios, se abre la mano, se piensa en “salvar la Semana Santa”, en “salvar el verano”… Y mientras, sigue un goteo interminable de enfermos, hospitalizados y muertos. Y más empresas en apuros y más parados. Seamos sensatos, al menos los ciudadanos: quédate en casa.

¿Qué pasa con el recibo de la luz?

En enero, nos asustaron con la subida de la luz en el mercado mayorista: pasó de 42 a 100 euros/MWh en unos días, por la gran nevada y las heladas, aunque cerró el mes a 1,42 euros. Finalmente, el recibo ha subido  10 euros en enero, aunque bajará en febrero y en el 2º trimestre. El problema de fondo, al margen del clima, es que los españoles somos el 5º país europeo que paga más cara la luz, porque pagamos costes de más a las eléctricas (2.000 millones al año), más impuestos en el recibo y más “peajes” (costes varios que aprueban los Gobiernos), junto a altos márgenes de comercialización a 3 distribuidoras que controlan el mercado. El Gobierno pone “parches”, imponiendo tarifas por horas el 1 de abril y quitando del recibo las ayudas a las renovables. Debería ir más allá: hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas por lo que les cuesta producir la luz, sin extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

España inició este año 2021 con la electricidad más barata desde el año 2004: el precio medio en el mercado mayorista había sido de 33,96 euros/MWh en 2020, un 30% menos que en 2019 (47,68 euros) y el más bajo desde 2004, debido a la pandemia, que provocó un desplome de la demanda eléctrica, sobre todo la industrial y de servicios. Esta bonanza de precios (42,51 euros/MWh el 1 de enero 2021) se rompió el 7 de enero (88,93 euros), con el anuncio de la borrasca Filomena, que disparó los precios del mercado mayorista de la electricidad: 99,94 euros el viernes 8 de enero (llegó a costar 121,24 euros a las 9 de la noche, cuando se inició la gran nevada) y 80,66 el sábado día 9. Y la semana siguiente, con las bajas temperaturas y heladas, el precio de la luz se mantuvo por encima de los 82 euros/MWh hasta el 18 de enero, para bajar después, quedando en torno a los 50 euros hasta el viernes 29, cuando otra tormenta (Justine) trajo fuertes  vientos y la energía eólica provocó un desplome de precios en el mercado, hasta los 1,42 euros/MWh del 31 de enero.

Esta tormenta de precios en el mercado eléctrico en enero se debió no sólo a factores climatológicos (que impidieron producir electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural (por problemas de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por la subida de los derechos de CO2 que pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y además, el frío generalizado disparó la demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.

Al final, este vaivén de precios en enero en el mercado mayorista de la electricidad (MIBEL) se traduce en una subida del recibo de la luz a los 11 millones de españoles (el 37% de los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un 35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de consumo) haya subido +10,36 euros en enero, según el simulador de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más alta que la regulada).

Ahora, el Gobierno dice que el mercado eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que tendremos por delante varios meses de bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia” (ahora es más cara).

El primer cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3 tarifas según la franja horaria: la más cara (de 10 a 14 horas y de 20 a 22 horas), la más barata (entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se aplicarán obligatoriamente a los clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en el recibo, hasta un 10% (3 euros de media).

El segundo cambio lo aprobó el  Gobierno el 15 de diciembre y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000 millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de sastre de costes varios que supone el 40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores petroleros. O sea, que en vez de que los consumidores financiemos a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo, que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.

Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero son un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los 0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia (-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043 euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos (empresas), España el país nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los 0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.

¿Por qué tenemos la luz más cara, ahora y en las últimas décadas? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz: en el coste de la generación de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del recibo) y en los impuestos (25% restante). Veámoslo.

El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además,  ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de chuletón.

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad. Pero nos cuesta a los usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han costado varias multas.

Vayamos al segundo componente del recibo de la luz (un 40%), los llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón nuclear (0,41%), pago para amortizar la “deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales de gas, compensaciones a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.

El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian que hay un oligopolio de distribución, que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan márgenes y precios. De hecho, en el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola (35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol (3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9% mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias (90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019 publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33% de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.

Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto especial (el 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%), de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: por extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches” cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno impusiera una auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de precios es “europeo” y no puede tocarse, porque hay paises, como Francia, que han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como  hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes de transporte y distribución, así como rebajar el IVA lo que se pueda (déficit).

Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican el beneficio de las europeas) y perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar este mercado, que ellos ganen menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.

Fondos UE a cambio de reformas (polémicas)

El Gobierno español acaba de enviar a la Comisión Europea un listado de 170 reformas que se compromete a hacer, básicamente en pensiones y normativa laboral. Ahora, los políticos comunitarios las estudiarán y decidirán para el verano si nos adelantan los primeros 10.000 millones de los 80.000 que nos tocan del Fondo europeo de reconstrucción. Sin reformas no hay dinero. Y Bruselas mirará con lupa en qué lo gastamos (transición energética, digitalización, formación, servicios públicos), con dos exámenes anuales previos a transferirnos el dinero. Eso exige cambios y agilidad en la gestión del Estado y, sobre todo, de las autonomías, que gastarán el 54% de este dinero europeo. Pero sobre todo, nos van a exigir reformas en las pensiones (habrá recortes en las futuras) y en la normativa laboral, lo que provoca tensiones entre el PSOE y Podemos, sindicatos (habrá movilizaciones el 11 de febrero) y patronal. Pero habrá que pactar cambios si queremos el dinero europeo. No perdamos esta oportunidad.

Enrique Ortega

Al final, España será el país europeo que reciba más ayudas del Fondo Europeo de reconstrucción, aprobado en el Consejo Europeo del 21 de julio. Inicialmente, España iba a recibir 69.437 millones, pero ahora recibiremos 10.359 millones más (+14,9%), debido a que se ha recalculado el Fondo total con la inflación (será de 375.469 millones, 25.000 más de lo previsto en mayo) y le toca más a España porque nuestra economía cayó en 2020 más de lo previsto (-12,4% el PIB). Con ello, la aportación que recibirá España será de 79.796 millones (a fondo perdido) entre 2021 y 2023, según el reparto (ver cuadro) que aprobará pronto el Parlamento Europeo, por delante de lo que recibirán Italia (79.588 millones,+4,5% sobre lo previsto antes), Francia (42.300 millones, +4,9%), Alemania (27.403 millones, +11,8%), Polonia (25.412 millones, +3,2%), Grecia (19.389 millones, +8,6%), Rumanía (15.499 millones, +3%) y Portugal (15.417 millones, +5%).

Este dinero europeo del programa “Next Generation EU” (375.469 millones) se reparte entre dos subprogramas. El primero y fundamental, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (337.969 millones), de los que España se llevará 69.527 millones, que tendrán que gastarse en la transición energética, la transformación digital  y educación, formación, ciencia, reindustrialización, agenda urbana, lucha contra la despoblación, economía de los cuidados, cultura y deporte y reforma de la administración pública. El otro programa se llama REACT EU (37.500 millones) y aportará a España 10.269 millones, destinados a la recuperación y cohesión territorial de las autonomías.

España ha sido uno de los primeros paises en esbozar cómo quiere gastarse esos Fondos europeos, aprobando en octubre de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en 4 ejes de inversión para los 72.000 millones que entonces se esperaban de Europa (finalmente serán 79.796): transición ecológica (37% del gasto), transformación digital (33%), igualdad de género y cohesión social y territorial (el resto). Y después, como no se esperaban recibir los primeros Fondos hasta el verano de 2021, incluyó en los Presupuestos de 2021 un anticipo de estos Fondos europeos, adelantando 34.634 millones (24.198 del Mecanismo de Recuperación UE  y aportando otros 8.000 millones a las autonomías a cuenta del programa REACT EU), para no retrasar los primeros programas del Fondo Europeo. Ahora falta concretar los proyectos y enviarlos a la Comisión Europea antes de abril, para que los estudien y aprueben.

El Gobierno español ha puesto en marcha un amplio equipo, de más de 150 personas, para preparar estos programas de inversión, con la colaboración de las autonomías, que van a ser responsables de gastar el 54 % de la inversión que se quiere iniciar este año. Por un lado, ya ha aprobado el reparto por autonomías (lo gestionan en exclusiva) de los primeros 8.000 millones del programa REACT EU, que irán a formación y lucha contra el paro, al refuerzo de la sanidad, educación y servicios sociales, a políticas de vivienda y medioambientales, junto al apoyo a pymes y autónomos. Y ahora, el Gobierno central y las autonomías están debatiendo el reparto de los 24.198 millones restantes, donde los gobiernos regionales deben presentar y gestionar proyectos por casi la mitad del importe, quedando el resto de proyectos en manos de la Administración Central (que busca la colaboración de las empresas privadas).

La gran preocupación de muchos expertos, es que España no sea capaz de gestionar bien el dinero europeo, a la vista de la experiencia reciente: en el último periodo presupuestario europeo (2014-2020), España sólo invirtió en plazo el 33% de los fondos europeos. Y este 1 de enero de 2021, España tenía pendiente de gastar 12.000 millones de fondos estructurales del último septenio (2014-2020). Ahora, gastar casi 80.000 millones en 4 años (2021-2024) parece una tarea imposible, aunque estos fondos sean claves para reconstruir y modernizar el país. Por eso, el Gobierno Sánchez aprobó en diciembre un real decreto, para modernizar la Administración y los contratos públicos, para reducir la burocracia e intentar acelerar los trámites administrativos y los informes preceptivos. Se intenta agilizar la Administración, para que gaste con más rapidez y eficacia (ver aquí sus objetivos). Y lo que quiere el Gobierno es que las autonomías hagan lo mismo, que aprueben normas similares, para que los Fondos UE se gasten mejor. Pero no será fácil conseguirlo, porque PP, Ciudadanos y ERC votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso la semana pasada, aprobada "in extremis" gracias a la abstención de Vox.

El problema de esta división política interna sobre la ejecución de los Fondos europeos es que no ayuda frente a una Comisión Europea que nos va a vigilar de cerca: dos veces al año hará "exámenes" de la marcha de las inversiones y sólo si nos "aprueba" autorizará la transferencia de los fondos (también dos veces al año). Y si una autonomía no cumple, a Bruselas le da igual: quien perderá los recursos será España. Si alguien se retrasa, afectará a los demás, a los que invierten bien. Por eso es clave que exista un organismo central en España que coordine la gestión de los proyectos. O se gasta bien o no habrá fondos europeos. Y cuando lleguen, serán con cuentagotas: los primeros, en julio o septiembre, serán sólo el 13% de los previstos para 2021-2023, o sea, recibiremos 10.373 millones de euros.

Pero antes de eso, España tendrá que aprobar las reformas que le viene pidiendo la Comisión Europea desde hace dos décadas, en especial la reforma laboral y  la reforma de las pensiones (Bruselas considera que es el talón de Aquiles de España, porque suponen el 40% del Presupuesto y porque tenemos un creciente envejecimiento y una bajísima tasa de empleo para financiarlas). Ahora, el Reglamento de los Fondos europeos de reconstrucción lo deja claro: sin reformas no hay dinero. Y no basta con buenos propósitos: la Comisión va a vigilar la marcha de las reformas y si no hay avances, corta el grifo de los Fondos.

El Gobierno español ha mandado a Bruselas, en enero, un listado de 170 reformas que promete hacer en los próximos años, en el terreno laboral, pensiones, sistema educativo y FP, sanidad, agricultura y transición ecológica, entre otras. Pero la clave son las propuestas de reforma de las pensiones y la normativa laboral, anticipadas a mediados de enero a sindicatos y patronal.  Son sólo unas líneas básicas, que hay que concretar mucho todavía, pero ya han provocado las críticas de Podemos y de los sindicatos, que han convocado concentraciones de protesta el 11 de febrero. Y falta ver lo que opina la Comisión Europea.

La propuesta de reforma de pensiones enviada por el Gobierno español a Bruselas incluye 8 cambios fundamentales: financiación con impuestos (Presupuesto) de los gastos “impropios” de la Seguridad Social (20.000 millones, de los que 14.000 ya anticipa el Presupuesto 2021), mantener el poder adquisitivo de las pensiones (ojo: el plurianual, no anualmente), acercar la edad de jubilación real (64,6 años) a la teórica (66 años en 2021 y 67 en 2027), aumentar el periodo de cómputo para calcular la pensión (en 2011 se subió de 15 a 25 años para 2022), buscar algún sistema para lograr “la equidad generacional” (a lo claro: ligar la pensión inicial a la población ocupada y a la relación ocupados/pensionistas), que los autónomos coticen por sus ingresos reales (el 85% cotizan por mínimos), aumentar las bases máximas de cotización (hoy en 4.070 euros) y con ello las pensiones máximas e impulsar los Fondos de pensiones de empleo, en las empresas, creando un gran Fondo público para promoverlas.

Lo polémico de esta propuesta de reforma de las pensiones son dos cuestiones. La primera, la ampliación del periodo cotizado que se va a tomar. El Gobierno no ha incluido finalmente en su envío a Bruselas subirlo de 25 a 35 años, para evitar conflictos con Podemos y los sindicatos. Pero esa es la idea, aunque permitiendo “quitar los años malos”. La otra cuestión polémica será el factor de “equidad intergeneracional”: la reforma de Rajoy incluyó como “factor de sostenibilidad” la mayor esperanza de vida, para recortar la pensión inicial al cobrarse más años. Ahora, podrían incluirse otros factores, como la demografía (la evolución de la población y su envejecimiento), la marcha del empleo y la relación entre ocupados y pensionistas. Con estas dos reformas (ampliar a 35 años el periodo de cómputo y corregir la pensión inicial por demografía o empleo), el Gobierno estima que las pensiones futuras podrían recortarse un -5,5%.

La otra reforma clave enviada a Bruselas es la reforma de la normativa laboral. El Gobierno ha renunciado de momento a derogar la reforma laboral de Rajoy, como piden los sindicatos y Podemos, y pretende reformar los aspectos más lesivos de la actual normativa. Y para ello, propone 17 reformas laborales, repartidas en varios bloques: lucha contra los contratos temporales (generalizando el contrato indefinido), frenar la subcontratación generalizada, simplificar el contrato de prácticas y para la formación, establecer los ERTEs de forma permanente (creando un Fondo tripartito para financiarlos), modificar la actual normativa de convenios (favorecer los sectoriales y prorrogar los convenios finalizados hasta que se renueven), regular el trabajo en las plataformas digitales (repartidores) y modificar las políticas activas de empleo (revisando bonificaciones), modernizando las oficinas de empleo y la formación, diseñando un nuevo Plan de empleo joven 2021-2027.

Ante estas dos reformas claves, las pensiones y la normativa laboral, el Gobierno Sánchez tiene dos frentes abiertos en las próximas semanas. Uno interno, donde las reformas tendrán que afrontar la oposición de Podemos y los sindicatos (no quieren cambios que supongan recortes en las pensiones futuras) y también de la patronal, sobre todo en los cambios laborales. Y el otro externo, en Bruselas, donde la Comisión Europea y los gobiernos más conservadores de centro-Europa (con Países Bajos, Austria, Alemania y Finlandia en cabeza) van a forzar reformas más drásticas, sobre todo en pensiones, porque consideran que las pensiones españolas son “demasiado generosas”: de hecho, las nuevas pensiones (ojo, no las antiguas) suponen el 84,3% del último salario, frente al 65,5% de media en Europa, el 58,6% en la OCDE (36 paises), el 80,2% en Paises Bajos, el 73,6% en Francia o el 51,9% del último salario (más alto) en Alemania, según este informe de la OCDE.

Al final, España se encuentra en una encrucijada: necesitamos los Fondos europeos para reconstruir y modernizar el país tras la pandemia, pero ese dinero gratis tiene condiciones, básicamente dos: que se gaste bien (con eficacia y controles) y que se hagan reformas. Si la Comisión Europea o algún país cree que gastamos mal o no hacemos las reformas como ellos piensan, nos pueden cortar el grifo. Ese es su poder y esa es “la amenaza” (Bruselas) que va a tener el Gobierno Sánchez para negociar con las autonomías el reparto del gasto y con los partidos, sindicatos y patronal las futuras reformas. Sobre todo, los cambios en las pensiones (que quiere aprobar este año, para aplicarlos desde 2022) y en la normativa laboral.

Se avecinan meses de dura negociación, dentro de España y con Europa. Pero no queda más remedio que avanzar en los dos frentes, en gastar bien (necesitamos reestructurar nuestra economía, muy vulnerable, como se ha visto con en esta pandemia y la anterior crisis de 2008) y en hacer las reformas más urgentes. Una de ellas, la reforma laboral, porque no es de recibo que España tenga la tasa de empleo más baja de Europa (68% de los adultos frente al 73,1% en la UE-27) y la mayor tasa de paro (16,4% frente al 7,5% la UE-27) y de precariedad laboral (el 25% de empleos temporales, doble que en Europa). Y la otra, la reforma de las pensiones, porque si no, en 2050 tendremos un grave problema: habrá 15 millones de pensionistas (hoy 9,2) y sólo 1,65 activos por cada jubilado, cuando ahora tenemos 3 activos. Eso obliga a buscar más ingresos y a “atemperar” el gasto.

No podemos tener un país con el doble de paro que Europa y donde no tengamos jóvenes con empleo que puedan pagar las pensiones futuras. Y donde uno de cada cuatro trabajadores tenga un empleo temporal y mal pagado. Eso había que cambiarlo desde hace dos décadas, reformarlo sin más retrasos, con o sin la presión de los Fondos europeos. Así que ya que hay que hacerlo, hagámoslo ya, con el máximo acuerdo interno posible, para que las reformas sean mejor aceptadas en Europa y duren más años, al margen de los cambios de Gobierno. Estamos en un momento crucial, que hemos de aprovechar para hacer reformas y modernizar el país con ayudas europeas. No podemos perder este tren.