Más litigios para una Justicia colapsada

Por si la Justicia no estaba ya bastante colapsada, en 2014 aumentaron los litigios, por primera vez en los últimos 4 años. Y eso, aunque Ruíz Gallardón disparó las tasas judiciales en 2012. Con ello, los Juzgados no dan más de sí: sumarios por los suelos, sistemas informáticos colapsados, jueces con estrés y juicios que se citan para 2019, sobre todo en la jurisdicción mercantil y en los juzgados de lo social, los más colapsados. El ministro de Justicia ha quitado las tasas judiciales y ha aprobado tres Leyes para agilizar los procesos judiciales e informatizar la Justicia desde 2016. Pero jueces y expertos dicen que son parches y que hacen faltan más medios: duplicar los jueces (la mitad que en Europa), abrir más juzgados, aumentar personal y gastar mucho más en informática, donde hay 10 sistemas distintos. Hace falta una justicia más ágil, eficaz  e independiente: los españoles desconfían mayoritariamente de la Justicia. Y así no hay democracia que valga.
 

enrique ortega

La Justicia lleva una década colapsada, pero la situación se agravó en 2014, año en que aumentaron los litigios judiciales, por primera vez desde 2010. Y eso, a pesar de que Ruíz Gallardón aumentó drásticamente las tasas judiciales, en diciembre de 2012. El año pasado ingresaron en los juzgados españoles 8.653.160 nuevos asuntos judiciales, un 0,2% más que en 2013. La mayoría fueron asuntos penales (6,1 millones, el 70%, lo que indica una elevada conflictividad social), que se redujeron (-2,1%), igual que los laborales (427.966, un -8,8%), pero aumentaron los litigios civiles (1.845.173, +10,5%) y los contencioso-administrativos (206.700, +8,2%). Con este aumento, el índice de litigios subió a 185 asuntos por 1.000 habitantes, casi el doble de pleitos que en Europa (menos de 100 por cada 1.000 habitantes).

El aumento de pleitos en 2014 ha colapsado aún más los Juzgados, aumentando los sumarios por juez (1.702 asuntos) y reduciendo las sentencias (306 por juez, 1,33 por día laborable), quedando  2.562.153 sumarios en trámite a finales de 2014. La mayor congestión se da en los juzgados de lo Contencioso (pleitos con la Administración) y en los juzgados de lo Social, por el aluvión de juicios tras la reforma laboral de 2012. Las autonomías con más colapso judicial son Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Valencia y Galicia, así como los juzgados mercantiles y los Juzgados de lo Social de Madrid y Sevilla.  

La duración media de los procesos mejoró en 2014, pero aún es muy elevada: 3,7 meses en primera instancia, 4,6 meses en segunda y 11,1 meses en el Supremo, o sea 19,4 meses de media, aunque en la jurisdicción contenciosa llega a 41,7 meses y en la Social a 27,3 meses. Un plazo medio de resolución de los litigios (473 días) es muy superior al del resto de Europa, siendo España el quinto país con la justicia más lenta, tras Portugal, Malta, Grecia y Chipre.

El colapso de la Justicia ha sido denunciando en las redes sociales por un grupo de jueces, la “brigada tuitera”, que difundió fotos de sumarios en los baños de los Juzgados y por los suelos, mientras faltan hasta estanterías, se colapsan los servidores y faltan jueces y personal, mientras las bajas no se sustituyen. Todo ello lleva a casos como el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en la que se acaba de fijar un juicio para el 6 de febrero de 2019. O el mercantil nº 1 de Sevilla, que ha fijado un juicio oral sobre una clausula hipotecaria (interpuesta por un cliente de la Caixa en 2014) para febrero de 2018. O un juzgado de Cartagena que ha tardado 11 meses en fijar las medidas provisionales de un divorcio (que deberían tardar un mes).

Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el colapso de la Justicia son esclarecedores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir. Y de ellos, 864 juzgados (el 43,5% del total) están sobresaturados: soportan una carga de trabajo del 150%. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75%) y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). Y son datos de 2013: ahora será peor. Este colapso en los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, aumentando las enfermedades y los infartos. De hecho, el 92,66% de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según  una encuesta de Jueces por la democracia. Por ello, el CGPJ ha aprobado en enero de 2015 un Plan de riesgos laborales para jueces y personal de la Justicia.

La Justicia está colapsada porque aumentan los litigios, con causas cada vez más complejas (sumarios económicos y de corrupción), mientras se han reducido los Presupuestos y los medios. Nada más llegar al Gobierno, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados) y no  ha cubierto más que un 10% de jubilaciones, a la vez que recortaba el personal interino. Y el Presupuesto de Justicia ha perdido 328,76 millones en los últimos cinco años (pasando de 1.804,32 millones en 2010 a 1.475,56 en 2015), mientras las autonomías (12 tienen competencias y cargan con dos tercios de los gastos de la Justicia) han recortado también sus gastos e inversiones. Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de la mayoría de países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia y 166€ Portugal).

Menos gasto y menos medios, empezando por los jueces: en España hay 5.500 jueces y magistrados, 11 por 100.000 habitantes, la mitad que en Europa (21 jueces por 100.000 habitantes). Y lo mismo pasa por los fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), funcionarios y personal de los juzgados, destacando la escasez de peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 Juzgados, apenas puede afrontar las 3.000 causas pendientes, de las que 77 son macroprocesos muy complejos. Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar a la Justicia. Y luego está el desastre informático: hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Frente al grave colapso de la Justicia, el nuevo ministro de Justicia intentó paliar lo peor de Ruíz Gallardón, suprimiendo (febrero 2015) las tasas judiciales a las personas físicas (no a las empresas y pymes) y suavizando los cambios de tres Leyes del anterior ministro, aprobadas en febrero y marzo y que están ahora en el Congreso, para aprobarse en septiembre. La primera, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores) a  presentar los escritos y documentos por medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. La segunda, la Ley orgánica del Poder Judicial, que establece medidas organizativas en el sistema judicial para tratar de agilizar los procesos: mejor sistema de reparto asuntos, mayor especialización tribunales, adscripción de los secretarios judiciales para ayudar a los jueces y Plenos para fijar criterios comunes que eviten sentencias contradictorias entre Juzgados. Y la tercera, la Ley orgánica que modifica  parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 1882), para intentar agilizar la justicia penal, evitando los macroprocesos, ampliando los juicios rápidos y no enviando al juzgado los atestados policiales sin autor conocido (debería reducir los sumarios).

Jueces y expertos consideran que estas leyes son más realistas que las de Ruíz Gallardón pero que no dejan de ser “un parche”, retoques que no van a ser decisivos para agilizar y modernizar la Justicia. Y temen que la Justicia telemática, obligada a partir de 2016, ahonde aún más el caos actual, a convivir el papel y lo digital sin inversiones ni formación. La mayoría insiste: lo que hace falta son más medios (duplicar los jueces actuales) y más inversiones (en juzgados, personal e informática). Y denuncian que este año 2015, el Gobierno Rajoy sólo va a crear 100 nuevas plazas de jueces y gastará sólo 59,27 millones del Presupuesto de Justicia (1.475,56 millones) en modernización tecnológica. Una miseria…

Pero resolver el colapso de la Justicia no es sólo cuestión de dinero y personal. También hay que realizar cambios en la organización y aplicación de la Justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, agrupando las demandas de muchos afectados (como las preferentes o las clausulas suelo de las hipotecas), algo a lo que tienen “aversión” la mayoría de jueces (unos por falta de medios de apoyo y otros porque cobran pluses de productividad por número de causas resueltas). Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y más baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan retrasados o se suspenden y con vistas sólo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Una Justicia lenta e ineficaz hace un gran daño a la economía y a los ciudadanos, que la valoran muy negativamente: un 48% de españoles creen que funciona mal o muy mal (Barómetro del CIS 2011) y la suspenden, con un 3,1 de nota (INE 2014). Pero quizás lo peor es que los españoles opinan que la justicia no es independiente de los poderes políticos y económicos: los españoles puntúan la independencia judicial con 3,2 puntos, la tercera peor nota en Europa, tras Eslovaquia y Bulgaria, según el informe EU Justice Scoreboard 2015. Y lo peor es que España ocupa el lugar 97 entre los 144 países evaluados en el ranking mundial de independencia judicial: hay países como Tanzania, Costa de Marfil, Nepal, Irán, Kazajistán, Timor, Vietnam, Argelia, Marruecos o Senegal que consideran su Justicia más independiente que los españoles. Tremendo. Sobre todo porque la independencia de la Justicia es una de las condiciones claves de una democracia.

Esta falta de legitimidad de la Justicia agrava aún más su colapso, su lentitud e ineficacia. Y debería obligar  a los partidos a un gran Pacto de Estado, para dejar de “instrumentalizar la Justicia” (con acuerdos para repartirse cargos) y poner los medios materiales y humanos para que los tribunales funcionen mejor y no torpedeen la economía. Es una de las asignaturas pendientes de la democracia, que algún día habrá que afrontar de verdad. Porque seguimos con una Justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Eso es ineficaz y sobre todo injusto.