Los "misterios" de los Presupuestos 2022

Este miércoles se presentan los Presupuestos 2022, aprobados el jueves. El Gobierno  los vende como “el mayor gasto de la historia” (verdad), para consolidar la recuperación y beneficiar a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias desfavorecidas. Pero no aclara los “misterios” del Presupuesto. ¿Cómo pueden aumentar el gasto sin subir los impuestos? ¿Cómo pueden gastar más y reducir el déficit público a la mitad? El Gobierno no hace “milagros”: cuadra las cuentas públicas gracias no al dinero europeo (aporta “sólo” el 14% del gasto total) sino a la mayor recaudación fiscal, porque espera ingresar un 20% más (sobre 2020) gracias al fuerte crecimiento económico (+7% PIB). Y no dice que el 85% de esta recaudación la pagaremos los ciudadanos normales, en la Renta, al comprar (IVA) o echar carburante, pagando sólo un 15% las empresas y los más ricos. Y pueden gastar más y bajar el déficit porque ahorran 26.000 millones en intereses de la deuda, paro y ERTEs. Lea para entender las claves de estos "misteriosos" Presupuestos para 2022.

Enrique Ortega

 

Los Presupuestos de un país, España, se hacen al revés que los de una familia: no se mira lo que uno ingresa o gana para ver lo que uno puede gastar sino que se empiezan las cuentas fijando el techo de gasto que se puede hacer (el gasto no financiero a controlar, que es el gasto total menos el gasto financiero (deuda), el pago del desempleo, los gastos financiados por la UE y las transferencias a autonomías y Ayuntamientos, según la AIReF). Es una imposición de la Unión Europea, que forzó a España (y al resto de paises del sur) a aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2011, endurecida por el PP en 2012, para controlar el gasto y con ello el déficit público. Para 2022, sin estar en vigor el tope del déficit (lo ha levantado Bruselas hasta 2023, por la pandemia), el Gobierno ha presentado unos Presupuestos con un tope de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, un gasto “histórico”, aunque sólo 45 millones más de gasto no financiero que en 2021 (196.097 millones), también “histórico”.

Una vez fijado el tope de gasto no financiero, queda resolver el problema principal: cómo conseguir los ingresos para pagarlo. Y sobre todo, cuando se quiere gastar mucho más de lo habitual, porque el techo de gasto para 2022 (recordemos: 196.142 millones) es mucho mayor que el gasto en 2020 (+68.542 millones, un 53% más) y casi el doble que en 2018 (119.834 millones), cuando los últimos Presupuestos de Montoro. Y aquí llega el primer misterio de estos Presupuestos: ¿Cómo se puede gastar un 53% más sin subir los impuestos? Porque el Gobierno dice que no va a tocar los impuestos en 2022, salvo un mínimo retoque a las grandes empresas (sube el tipo mínimo efectivo en Sociedades al 15%), para contentar a Podemos, una concesión “populista” de cara a la galería que es muy poco efectiva: sólo se aplica sobre la base imponible  (que es la cuarta parte de los beneficios, tras los ajustes fiscales) , con  lo que afectará sólo a 1.070 grandes empresas (el 12% de las grandes), que pagarán 400 millones más en 2022 (+373.000 euros de impuestos cada una…).

Así que si no suben impuestos a las grandes empresas (ni a los más ricos), ¿Cómo consiguen gastar 68.542 millones más de lo habitual en 2022? Algunos creen que es por porque va a llegar mucho dinero de Europa. Eso ayuda, pero poco: se esperan recibir 27.633 millones de euros de Fondos europeos, una cantidad vital pero que sólo supone un 14% del tope de gasto no financiero. Así que tiene que haber otra vía para “cuadrar los ingresos”. Y esa vía es la recaudación fiscal, que dará un salto en 2022, gracias al fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno espera (+7% subida del PIB el año próximo). Y con ello, la recaudación de impuestos, sin subirlos, va a aumentar 38.301 millones en 2022 (+19,73%) sobre lo recaudado en 2020. Así que ya tenemos solución al “misterio”: se va a hacer un gasto histórico porque se espera una recaudación de impuestos histórica, no sólo por los Fondos UE.

Y ¿Quién paga esta recaudación récord? Se lo pueden imaginar… Pero los Presupuestos 2022 lo reflejan claramente: el 85% de lo que se espera recaudar procede de los ciudadanos normales, los que pagan impuestos con la Renta, al comprar (IVA) o al echar carburante o comprar alcohol y tabaco (impuestos especiales). De los 232.352 millones que espera recaudar Hacienda en 2022, 100.132 millones los ingresará con el IRPF (que en un 85% pagan los asalariados y pensionistas), 75.651 millones por el IVA (consumo, la mayoría de las familias), otros 21.843 millones de impuestos especiales (carburantes, luz, alcohol, tabaco) y el resto (10.224) son otros ingresos. Y las empresas sólo aportarán 24.477 millones en el impuesto de sociedades (la cuarta parte que IRPF), la mitad de lo que pagaban en 2007 (44.823 millones), gracias al múltiple abanico de exenciones y desgravaciones fiscales que permitió a las empresas pagar un 8,3% sobre sus beneficios en 2020, menos que las pymes y los particulares. Y mientras, los ingresos por IRPF , que pagamos el resto, crecieron de 81.879 millones (2007) a 100.132 (2022).

Aclarado cómo y quién paga el gasto histórico del Presupuesto, queda desvelar otro “misterio”: ¿Cómo se puede gastar más en 2022 y a la vez rebajar a la mitad el déficit público? (del -11% del PIB en 2021 al -5% prometido a Bruselas en 2022). Aquí tampoco hay “milagros” para cuadrar las cuentas. Por un lado, se rebaja el déficit porque se recauda más aunque se gaste más. Y por otro, hay “un truco”: se ahorran el año que viene 26.000 millones de gasto que no se va a hacer y que puede ir a otras partidas, sobre todo a pagar las pensiones y mejorar el gasto social. Las 3 partidas de ahorro son los intereses de la deuda pública (-1.490 millones en 2022, porque baja la deuda, del 120% del PIB en 2020 al 115,1 por 100, y además pagamos intereses más bajos, gracias a las compras del BCE), el gasto en desempleo (-2.555 millones, porque se espera bajar el paro del 15,2 al 14,1%) y sobre todo el gasto en ERTEs (-22.000 millones si dejan de necesitarse en abril).

Así que, entre el aumento esperado de recaudación fiscal (+17.357 millones), los Fondos europeos (27.633 millones) y los ahorros en tres partidas (-26.000 millones), son casi 71.000 millones más, para gastar (solo +45 millones, una mínima parte) y sobre todo para rebajar drásticamente el déficit (71.000 millones) y dar una señal a Bruselas de que “somos serios y cumplidores”, que no nos tendrán que aplicar la disciplina fiscal (“recortes”) en el futuro (2023), porque prometemos bajar el déficit, al 5% del PIB ahora (2022), al 4% en 2023 y al 3,4% en 2024. Así se entiende otro “misterio” de estos Presupuestos: suponen un gasto histórico (aunque similar al de 2021), pero podría haberse optado por gastar más. Y no se ha hecho para mandar un mensaje (Calviño) de estabilidad presupuestaria a Bruselas y evitar futuros “recortes” y “problemas con los mercados”.

Visto el marco general de los Presupuestos 2022, veamos las decisiones políticas de gasto, que alcanza el año que viene un total de 458.956 millones de euros, sumando al techo de gasto no financiero (los 196.242 millones "controlados"), los gastos financieros (intereses deuda), el desempleo, el gasto financiado por la UE y las transferencias que se hacen a autonomías y Ayuntamientos. Casi medio billón de gastos públicos para 2022 que pretenden afianzar la recuperación y el crecimiento, por dos vías: aumento de las inversiones públicas y fomento del consumo, con múltiples transferencias a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias, a lo que el Gobierno llama “la clase media y trabajadora”. 

El motor clave de la recuperación van a ser las inversiones públicas, que saltan a 40.238 millones de euros, otro “máximo histórico” gracias a los Fondos europeos: eran 39.340 millones en 2021 (por la pandemia), pero rondaban los 15.000 millones entre 2015 y 2020 y fueron sólo 12.801 millones de inversión pública en 2012 (primer Presupuesto de Rajoy). La mayoría de estas inversiones van a la industria y la movilidad (19,8%), la tecnología (19,6%), las infraestructuras (9%), el comercio, turismo y pymes (7,1%), la educación (5,8%), más todas las inversiones horizontales para digitalizar la economía y luchar contra el Cambio Climático.

Todas estas inversiones públicas buscan ser una locomotora de inversiones privadas, para modernizar la economía y aprovechar el gasto y los Fondos europeos para conseguir una economía para competitiva, entre 2021 y 2023. El otro gran frente del gasto son los gastos sociales, también “históricos”, porque suponen ya 248.391 millones, el 59% del gasto presupuestario. Tienen un doble objetivo: atender necesidades sociales e inyectar dinero a la economía para que las familias gasten y consuman más, para que la economía crezca más.

El principal gasto social de los Presupuestos 2022 son las pensiones, que se llevarán 171.165 millones (+4,8%), casi un 40% de todo el gasto. El año que viene entra en vigor la reforma de las pensiones (aprobada con el voto en contra de PP y Vox), que contempla subirlas cada año lo que suba el IPC del año anterior: para 2022, la inflación media (de noviembre 2020 a noviembre 2021) se espera suba un +2,3%, que será lo que se revalorizarán las pensiones el año que viene (+3% las mínimas). La 2ª mayor partida de gasto irá a pagar los intereses de la deuda pública (30.223 millones, -4.7%) y la 3º el pago del desempleo (22.457 millones,-10,2%), seguido del pago a los 2,8 millones de funcionarios (19.229 millones de gasto en 2022,+3,8%), que tendrán una subida del +2%, aumentando además las plantillas (el 110% de las jubilaciones), tras unas ofertas de empleo público muy importantes en los últimos años (+109.718 empleos públicos entre 2018 y 2021), para paliar los recortes hechos a partir de 2012 por los gobiernos de Rajoy. Y el 5º gasto prioritario será Ciencia (I+D+i) y digitalización: 13.298 millones, más del doble (+88,5%) que en 2020.

A partir de ahí, otras partidas de gasto del Presupuesto 2022 son menores, aunque algunas crecen mucho más que la media (+3,6%) para 2022: Seguridad Ciudadana y Prisiones (10.149 millones, +4,3%), Defensa (9.791 millones,+7,9%), Fomento del empleo (7.648, +10,1%), Servicios sociales (6.154 millones, +20,3%, con un salto del +23% en las ayudas a la Dependencia, un aumento del +43%  en el bono social térmico y 40 millones más contra la pobreza infantil), Sanidad y vacunas (6.606 millones, +10,2%), Educación (5.023 millones, +10,6%), Acceso a la vivienda (3.295 millones, +33,9%), Política Exterior y Cooperación (2.254 millones, +25,6%) y Cultura (1.589 millones, +30,2%), según los documentos presentados.

Otra novedad importante de los Presupuestos 2022 es que se aumentan mucho las transferencias a autonomías y ayuntamientos, responsables de muchos gastos básicos. Así, mientras conocemos el desglose de 2022, se anuncia que las autonomías va a recibir r en los 4 años de Gobierno Sánchez (2019-2022) un total de 490.161 millones de los Presupuestos, 130.000 millones más de los que recibieron en los últimos 4 años de Rajoy (360.950 millones en 2014-2017). Y los Ayuntamientos recibirán 23.350 millones del Estado en 2022 (+17%). Además, el 39% de los Fondos Europeos esperados (27.633 millones) irán a las autonomías (8.712 millones) y Ayuntamientos (2.050 millones), según Hacienda.

Una novedad de los Presupuestos 2020 son los gastos destinados a los jóvenes: 12.550 millones de euros, más del doble que en 2021 (+84,8%), partidas incluidas en 13 Ministerios. Destacan el gasto en digitalización (3.139 millones), becas (2.199 millones para 808.517 beneficiarios), fomento del empleo (2.144), Formación Profesional (2.075), Ciencia e innovación (1.684) y dos nuevos cheques para jóvenes: un cheque cultural (210 millones para gastar en cultura, del que se beneficiarán 475.000 jóvenes) y un cheque vivienda (250 millones para pagar 250 euros al mes a jóvenes con trabajo que ganen menos de 23.725 euros, lo que beneficiará a unos 40.000 jóvenes).

Ya sabemos cómo quieren gastarse en 2022 el dinero público que sale mayoritariamente de nuestros bolsillos. Suena bien, pero para que el Presupuesto 2022 salga hace falta que España crezca mucho, tanto el año que viene (un +7% el PIB) como este año 2021: hace falta que la recuperación se consolide en el tercer y 4º trimestre, ya que el Gobierno apuesta por crecer un +6,5% en 2021 y, de momento, sólo hemos crecido un 0% en el primer trimestre y un +1,1% en el 2º trimestre, según el INE. Si la economía no se recupera con más fuerza este otoño –invierno, será difícil crecer un +7% en 2022. De hecho, la OCDE apuesta porque crezcamos en 2022 un +6,3%, lo mismo que prevé la Comisión Europea . El problema de crecer menos es que Hacienda recaudará menos y sólo tendrá dos caminos: o gastar menos de lo presupuestado o tener más déficit, algo que sería mal visto en Bruselas.

Las cuentas públicas son una estrategia que apuesta a una carta: crecer mucho más este año y el que viene (más que Europa, que espera crecer el 4,5% en 2022), para poder recaudar lo suficiente como para gastar lo previsto y así conseguir crecer y modernizar de paso la economía española. Por eso nos jugamos mucho con estos Presupuestos. Primero, crear más empleo: la previsión es crear 531.000 nuevos empleos en 2022 y superar los 20 millones de españoles trabajando (y consumiendo y pagando impuestos y pensiones). Y segundo, modernizar la economía española, invirtiendo en industria, digitalización, medio ambiente y servicios públicos, aprovechando los Fondos europeos y la mayor recaudación, para ser más eficientes y competitivos en el futuro, con objeto de ser menos vulnerables en la próxima crisis. Todo ello, crecer y modernizarse, exige gastar bien y cumplir con agilidad y eficacia el Plan de recuperación. Un reto que exige colaboración social (empresas, sindicatos y ciudadanos) y política (Estado, autonomías, Ayuntamientos). Hay que cambiar el país en esta década.

Si los Presupuestos 2022 están “en el alero”, pendientes de que España crezca lo esperado por el Gobierno (y que casi nadie comparte), están aún más en el aire porque ahora tienen que ser aprobados en el Congreso, donde el PSOE y Podemos sólo tienen 155 votos y necesitan 21 votos más para ganar la enmienda a la totalidad que seguro presentarán PP, Vox y Ciudadanos (149 votos). Eso les exige pactar los Presupuestos al menos con ERC (13 escaños) y PNV (8), además de intentar el apoyo de otros pequeños grupos, como consiguieron con los Presupuestos 2021 (apoyados por 188 votos de 11 partidos). Ahora, el Gobierno lo tiene más difícil (quizás no cuente con PDeCAT), la negociación será dura y compleja, con todos los partidos buscando contrapartidas. Y todos sabiendo que, si tensan demasiado la cuerda y no se aprueban estos Presupuestos, caería el Gobierno y habría elecciones. Un riesgo que pondría en peligro la recuperación.

Más jóvenes "ni-nis" (sin salida)

Todo el mundo sabe, por sus hijos y nietos, que los jóvenes no lo tienen fácil, tras sufrir dos crisis en una década. Pero el último dato de la OCDE es escalofriante: 1 de cada 5 jóvenes españoles de 18 a 24 años ni estudia ni trabaja. Son 666.252 “ni-nis”. Y si miramos a los de 15 a 29 años, salen 1.510.511 jóvenes “ni-nis”. Son más que antes de la pandemia y el peor dato en Europa tras Italia. El problema no es tanto que el 46% de estos “ni-nis” no estudien (menos que en Europa) sino que la mayoría (54%) no trabajan. Y no porque no busquen  trabajo (lo buscan) sino porque no lo encuentran. Tardan más que en Europa en trabajar y cuando lo hacen, dos tercios sólo consiguen contratos temporales y mal pagados. La solución es formarles mejor y ayudarles a conseguir su primer empleo, lo que pretende el nuevo Plan de Garantía Juvenil 2021-2027.  Pero es insuficiente: urge un Plan de choque. Hay que dar una salida a los jóvenes.

Enrique Ortega

La pandemia ha afectado negativamente a la economía de casi todos, pero especialmente a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y sobre todo, ha agravado la situación de los jóvenes de 26 a 36 años, “la generación de las 2 crisis” (la de 2008-2013 y la de 2020-21). Pero hay un grupo de jóvenes que preocupa especialmente, los llamados “ni-nis”, que ni estudian ni trabajan. Eran ya un número importante en 2010(el 20% de “ni-nis” entre 16 a 29 años), porque muchos jóvenes habían dejado sus estudios para trabajar en la construcción o en la hostelería, pero luego, con la anterior crisis, el porcentaje creció hasta un máximo del 22,5% de “ni-nis” en 2013. Y a partir de ahí, con la mejora de la economía, bajaron hasta un mínimo  del 14,9% de ni-nis en 2019. Pero con la pandemia, volvieron a crecer los jóvenes (16-29 años) que ni estudian ni trabajan: el 17,3% en 2020, según la EPA.

De hecho, España es el país europeo donde más han crecido los “ni-nis” en 2020, según el informe de la OCDE publicado en septiembre, “Education at a Glance 2021”: aumentaron un +14,4% frente a un +10,7% en Europa (UE-22) y +16,1% en la OCDE (37 paises). Y además, España es el 2º país de Europa con más “ni-nis” (tras Italia) y el 4º del mundo (tras Brasil, México e Italia). Con datos de 2020, España tenía un 19,9% de ni-nis entre los jóvenes de 18 a 24 años (son 666.252 jóvenes), frente al 13,3% Europa (UE-22) y el 15,1% la OCDE, destacando los porcentajes altos de Brasil (35,9%), México (23,4%) e Italia (35,9%) y los muy bajos de Holanda (7,6%), Alemania (8,1%), Noruega (8,8%) y Suecia (9,4%). Y si ampliamos la franja de edad, entre los 15 y los 29 años, España sigue como el tercer país del mundo con más ni-nis (tras Italia y México), con un 20,7% (1.510.511 jóvenes que ni estudian ni trabajan), por  delante la UE-22 (13,6% de “n-nis”) y de la OCDE (13,6%), según el informe.

Los “ni-nis” incluyen a los jóvenes que ni estudian ni trabajan (porque no buscan trabajo o porque lo buscan y no lo encuentran). ¿Qué porcentaje supone cada uno de los dos problemas? El informe de la OCDE lo deja claro y evidencia que en España, el problema de los ni-nis es más “laboral” que “educativo”. Así, centrándonos en los jóvenes de 18 a 24 años que son ni-nis (el 19,9% en España), menos de la mitad (un 46%, el 9,2% de los jóvenes de esa edad) son inactivos, no buscan trabajo (básicamente porque cuidan hijos o familiares, están enfermos o trabajan en la economía sumergida), mientras el 10,7% (el 56% de los ni-nis) no trabajan porque no pueden, porque no encuentran empleo aunque lo buscan. Sin embargo, en Europa (UE-22) y la OCDE la situación es diferente: el 60% de los ni-nis son inactivos, no buscan empleo, la mayoría mujeres que cuidan hijos o familiares o que ni pretenden trabajar. Concretamente, en todos los paises de la OCDE, salvo España, Portugal y Francia, hay más jóvenes “ni-nis” inactivos que parados buscando empleo.

Otra forma de ver que el problema de los “ni-nis” es más laboral que educativo es mirar lo que hacen los jóvenes de 18 a 24 años, según los datos que aporta la OCDE. En España, el 58,9% de esos jóvenes (3.348.002 en 2020) están estudiando, un porcentaje muy similar al de los jóvenes europeos (58,5% están educándose) y algo más que en la OCDE (53,2% jóvenes estudian). Sin embargo, al mirar cuántos jóvenes (18 a 24 años) trabajan, en España son sólo el 21,3%, frente al 28,1% en la UE-22 y el 31,8% en la OCDE. Y hay paises donde los jóvenes trabajan aún más, como Reino Unido (43%), Noruega (40%), Suecia (33,4%), Portugal (31,5%), Irlanda (30,3%) o Alemania (28,7%). En definitiva, en España hay un porcentaje similar de jóvenes estudiando pero mucho menos trabajando, la razón básica por la que tenemos más ni-nis. Aunque también tenemos más “abandono escolar” (jóvenes que no completaron la 2ª etapa de Secundaria, que no acabaron Bachillerato o FP): son el 16% de los jóvenes españoles (18 a 24 años), frente al 10,2% de media en Europa.

En consecuencia, reducir el porcentaje de “ni-nis” en España pasa por actuar en dos frentes: reducir el abandono escolar temprano (evitar que los jóvenes abandonen los estudios antes de terminar Secundaria), lo que exige reducir el número de repetidores y reforzar a los alumnos con problemas, y, sobre todo, conseguir que haya más jóvenes trabajando, el problema más grave. Porque actualmente, los jóvenes españoles tienen una tasa de empleo muy inferior a la del resto de Europa y la OCDE, según el informe “Education at a Glance”. Y eso pasa en todos los jóvenes, tengan más o menos formación. Entre los jóvenes universitarios (18 a 24 años), en España trabajan el 75% frente al 83% con empleo en la UE-22 o la OCDE (y el 88% en Alemania). Entre los jóvenes con Bachillerato hecho o FP, trabajan el 65% en España y el 76% en la UE o la OCDE. Y entre los jóvenes con la ESO o menos, trabajan sólo el 58% en España, similar a la OCDE y más que en la UE (56%).

Los jóvenes trabajan menos en España por el modelo económico español (que ofrece menos empleo a todos: el 69% de los españoles de cualquier edad trabajan frente al 77% en la UE y el 82% en Alemania) y, sobre todo, porque tienen más dificultades para acceder a un empleo, según el informe de la OCDE. Así, un 28% de los  licenciados en España (los jóvenes con más empleo) siguen en paro a los 4-5 años de terminar sus estudios, mientras en la UE y en la OCDE sólo están en paro un 12% tras esos años. De hecho, la tasa de empleo de los jóvenes en España (16-24 años) es el 38,4%, casi la mitad que la del conjunto de españoles (63,5% de las personas de 16 a 64 años trabajaban en junio 2021, según la EPA).

Y además de tener muchas dificultades para conseguir su primer empleo, los jóvenes en España consiguen trabajos muy precarios y mal pagados. Lo más escandaloso es el altísimo porcentaje de contratos temporales que tienen: un 67,9% de los jóvenes que trabajan (16 a 24 años) tienen contratos temporales, frente al 25,1% en el conjunto de trabajadores, según datos de Trabajo. Y lo peor es que el 67,2% son “temporales involuntarios”, los cogen porque no tienen otra cosa (en la eurozona, son el 26,3%). Y los jóvenes duplican los contratos a tiempo parcial, por horas o días: un 41,28 de sus contratos, frente al 24,4% en el conjunto de los trabajadores. Y aquí también, el 43,5 % tienen estos contratos de forma “involuntaria”, sin escogerlos, frente al 21,4% entre los jóvenes europeos.

Y luego están los sueldos, que en muchos casos no llegan ni a “mileuristas”. Si el sueldo medio anual (bruto) es en España de 24.395 euros (2019), según el INE, los jóvenes menores de 20 años ganan dos tercios menos (9.101 euros brutos anuales), los de 20 a 24 años la mitad (12.640 euros) y los de 25 a 29 años, más de una cuarta parte menos (17.772 euros brutos anuales). Además, los jóvenes que han empezado a trabajar en la última década ganan menos que antes de la crisis: en 2018, el sueldo medio de los menores de 30 años era 12.954 euros anuales, un 5,66% menos de lo que ganaban en 2010 (13.732), según denuncia UGT con datos del INE. Y los que entraron a trabajar en 2013 cobraban un -7,2% menos que los jóvenes que empezaron a trabajar en 2007. Y ahora, tras la pandemia, los sueldos de los jóvenes se verán lastrados a la baja durante 15 años, según Fedea.

Un panorama poco halagüeño para los jóvenes que sí trabajan, aunque es peor para los jóvenes en paro, que son todavía un 33% de los menores de 25 años (451.000 jóvenes a finales de agosto), más del doble que la media europea (16,2% de paro juvenil) y el peor dato de toda Europa, alejado incluso de Grecia (30,8% de paro juvenil), Italia (27,3%) o Portugal (22,6%) y muy lejos del paro juvenil de Alemania (7,5%) o Francia (19,9%), según Eurostat. Y un paro juvenil que se ha agravado con la pandemia: hay 134.400 jóvenes más en paro (menos 25 años)  ahora que a finales de 2019, según la última EPA.

Volviendo a los “ni-nis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la clave para que salgan de esa situación es mejorar su formación, según la mayoría de los expertos. Porque la formación de los jóvenes españoles es peor que la del resto de Europa y la OCDE, según el último informe “Education at a Glance”: entre los 25 y 34 años, tenemos más universitarios que Europa (47,4% de estos jóvenes frente a 44,5% en la UE-22) y la OCDE (45,5%), pero la mitad de jóvenes con mediana formación, con el Bachillerato o la FP (24,3% frente al 43,1% en la UE-22 y el 40,2% en la OCDE) y también más jóvenes con poca formación, con la ESO o menos (28,3% en España frente al 12,3% en la UE-22 y el 14,8% en la OCDE). Y eso explica, en buena medida, que nuestros jóvenes trabajen aquí menos que fuera: a más nivel de formación, más acceso al empleo, según el informe de la OCDE.

Esta mejora de la formación de los jóvenes, sobre todo de los “ni-nis”, pasa por completar la formación de los que no han terminado Bachillerato y FP (“repescarlos”) y por redirigir a más jóvenes a la Formación Profesional, tras la ESO: España tiene un bajo porcentaje de jóvenes en FP (el 33% de los titulados en Secundaria), frente a la media europea (46,3% jóvenes Secundaria hacen FP en la UE-23) y a paises como Alemania (44,2%), Italia (58%) o Reino Unido (62,6% de los titulados), paises con una elevada tasa de empleo joven. Eso obliga a crear más plazas públicas en Formación Profesional, donde este curso han faltado 50.000.  Y además, urge reconvertir la formación universitaria, para conseguir una enseñanza más ligada a lo que piden las empresas y evitar la baja empleabilidad de los licenciados.

Frente al grave problema de los “ni-nis”, la Comisión Europea creó en 2013 la Garantía Juvenil, un sistema por el que se hacía una oferta a los jóvenes europeos que ni estudiaban ni trabajaban: ofrecerles en 4 meses un trabajo o un curso de formación. De momento se han beneficiado 24 millones de jóvenes europeos, aunque el problema de los “ni-nis” sigue ahí y creciendo ahora tras la pandemia. En España, el sistema de la Garantía Juvenil no ha tenido demasiado eco y se ha informado poco sobre sus resultados, aunque había 2 millones de jóvenes inscritos a finales de agosto, según el SEPE. En junio pasado, el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que se financiará con fondos europeos (del FSE). Un programa que ofrece dos opciones a los jóvenes “ni-nis”: un curso de formación o un empleo, en 4 meses, con la colaboración de 50 Centros de inserción juvenil, 50 Clúster de empleo joven y 15.000 empresas colaboradoras.

Está bien, pero urge además poner en marcha un Plan de choque contra el paro juvenil, que el presidente Sánchez anunció en mayo (“1.365 millones para facilitar la formación y contratación de 1 millón de jóvenes)  pero del que no se sabe más. La grave situación de los jóvenes (un tercio parado y el resto trabajando en precario) exige un Plan ambicioso, a medio plazo, con medidas en varios frentes: educación (lucha contra abandono escolar y refuerzo alumnos con problemas), formación, acceso al primer empleo (un contrato de formación y prácticas sin abusos, como en el caso de “los becarios”), ayudas a la contratación de jóvenes, mejora de su calidad en el empleo y salarios dignos, más un abanico de medidas para facilitar su emancipación y la creación de nuevas familias. Aquí es clave resolver su problema de vivienda, para lo que el cheque de 250 euros para alquilar puede ser un principio.

En definitiva, reitero lo abordado decenas de veces en este blog: los jóvenes son uno de los graves problemas pendientes que tenemos, empeorado con la pandemia. Su penosa situación es un fracaso de todos nosotros como país. Los jóvenes, empezando por los “ni-nis”, deben ser una prioridad en la recuperación. Hay que darles una salida. Son nuestro futuro.

La venta de coches no despega

La economía empieza a recuperarse, pero la venta de coches apenas crece y se ha hundido en agosto y septiembre, con un 33% de matriculaciones menos que en 2019. La culpa de que el automóvil no despegue no es sólo de la pandemia: los clientes no saben qué coche comprar ahora que se penaliza el diesel o la gasolina y encima hay retraso de varios meses en las entregas, por la falta de microchips, lo que dispara las ventas de coches de 2ª mano. Preocupa el futuro del automóvil, la 3ª mayor industria española (tras la alimentación y la química) y la 2ª mayor de Europa, que emplea a 2 millones de trabajadores. Tiene que reconvertirse contra reloj (en 2035 no se podrán vender coches contaminantes) y relanzar el coche eléctrico, donde España está a la cola europea en modelos, compras y puntos de recarga. Una parte de las ayudas europeas irán a su reconversión y al despegue del coche eléctrico, que mantendrá menos empleos. Habrá menos coches y más limpios.

Enrique Ortega

La pandemia fue un mazazo para el sector del automóvil, que sufrió antes que nadie los efectos de la COVID-19: ya en enero y febrero de 2020 empezaron a sufrir la falta de piezas y componentes que llegaban de Asia, en especial de China. Y el 14 de marzo, cerraron en España fábricas y concesionarios, con lo que los coches ni se fabricaban ni se vendían. Y así, hasta finales de abril de 2020, cuando se reanudó la producción en algunas fábricas españolas de automóviles, aunque los concesionarios no abrieron hasta el 11 de mayo. El resultado fue un hundimiento de la producción y venta de coches, que no se recuperó con el verano ni el resto del año. Con ello, 2020 se cerró con 2.268.185 coches fabricados en España, un 19,6% menos que en 2019 (504.000 menos) y unas matriculaciones de 851.211 turismos y todoterrenos vendidos aquí (-32,3%), la cifra más baja desde 2014.

La esperanza es que las ventas de coches remontaran este año 2021, con la vuelta a la actividad y el ahorro acumulado en  2020. Pero no ha sido así. Mes a mes, las ventas no han despegado apenas sobre las bajas matriculaciones de 2020 y este verano ha sido la puntilla, con un mes de agosto en que se vendieron incluso menos coches que en 2020 (47.584 frente a 66.923), siendo el peor agosto desde 2013. Y lo mismo acaba de pasar en septiembre: se han vendido menos turismos (-15,7%) que en 2020 (59.641 frente a 70.728), según ANFAC. Y con ello, llevamos 674.955 turismos matriculados entre enero y septiembre de 2021, sólo 79.519 vehículos más que el año pasado (+8,8%) pero  un tercio menos (-33%) que los turismos matriculados en ese periodo de 2019 (965.339 vehículos).

La culpa de que las ventas de coches no despeguen no es sólo de la pandemia. El sector está sufriendo además la entrada en vigor, el 1 de enero de 2021, de la nueva normativa europea de emisiones (WLTP), que introduce parámetros de medición de gases más estrictos, lo que provoca un aumento efectivo de las emisiones de los vehículos, que se traducen en que muchos coches que antes no pagaban impuesto de matriculación ahora lo paguen (y otros paguen más). El resultado de esta nueva normativa de emisiones, según el sector, es que los coches se encarezcan este año un +5% de media, lo que provocará por sí solo que se vendan este año en España 100.000 coches menos.

Otro factor que retrae las ventas es la incertidumbre de los clientes sobre qué coche comprar. Los que antes compraban un diesel, ahora se lo piensan por todas las informaciones sobre lo que contaminan, lo mismo que los coches de gasolina, mientras las ciudades anuncian medidas en contra de la entrada de coches con motores de combustión. Y los coches eléctricos todavía son caros, con poca autonomía y pocos puntos de recarga. Por todo ello, muchos conductores esperan a cambiar de coche o compran uno de 2ª mano.  

Y encima, los que se deciden a comprarlo, están sufriendo retrasos de meses en la entrega, porque todas las fábricas están sufriendo problemas de fabricación por falta de microchips, un problema agravado desde primavera y que las empresas creen que durará hasta el verano de 2022. Fabricar un coche necesita hasta 120.000 semiconductores y la industria del automóvil (que consume el 37% de los chips mundiales) tiene que pujar ahora con otras industrias (informática y electrónica, material eléctrico, productores de plástico y caucho, coquerías y refinerías) para conseguir los chips, que en un 70% se fabrican en China y el resto de Asia (sólo un 10% de chips se fabrican en Europa), donde la pandemia redujo la producción y todavía tardará en normalizarse. Esto ha provocado que todas las fábricas de coches reduzcan su fabricación, lo que obliga a regulaciones temporales de plantilla (en España, en casi todas las factorías) y un retraso de 4 a 6 meses en la entrega de coches a los concesionarios. Y con ello, los compradores, o posponen la compra de un coche nuevo o deciden comprar un coche de 2ª mano, cuyas ventas han subido un +21%.

El resultado de todos estos factores (pandemia, normativa emisiones, dudas de los clientes y falta de chips) es que el automóvil no despega (incluso ha “pinchado” en julio y agosto) y no está siendo un motor de recuperación post COVID. Las ventas en España no tiran, pero tampoco en el resto de Europa y del mundo, donde se exportan 3 de cada 4 coches fabricados en España. Eso ha reducido la fabricación de coches, donde España es el 2º fabricante europeo (el 1º de vehículos industriales), tras Alemania, y el 8º mayor del mundo, con 17 factorías que fabricaron 2.772.523 vehículos en 2019 y medio millón menos en 2020 (2.268.185). Se fabrican menos coches porque caen las ventas en España y también caen las exportaciones de vehículos (es el primer sector exportador del país), que cayeron de  44.217 millones de euros en 2019 a 38.524 millones en 2020. Y eso porque los paises compradores de nuestros coches, Francia (el 21,9% de los fabricados aquí), Alemania (18,2%), Italia (11,7%) y Reino Unido (11,1%) también sufren el problema de que no despegan las compras de coches.

Al final, la previsión del sector es que no se va a recuperar en 2021 y que las matriculaciones rondarán los 900.000 turismos vendidos a fin de año, sólo 50.000 más que en 2020 (en plena pandemia) y 358.251 coches menos que los vendidos en 2019 (1.258.251 turismos). Sería el 2º peor dato de matriculaciones en España desde 2014 (857.650). Y lo peor es que no esperan que las ventas despeguen mucho antes del verano próximo, cuando se normalice el mercado de chips y las entregas. Y persiste el problema de fondo: los conductores no saben qué coche comprar, sabiendo que el gasóleo y la gasolina tienen poco futuro (en 2035 estará prohibida la venta en Europa de coches con motores de combustión).

Los conductores lo han asumido y cada vez compran menos coches de gasóleo y de gasolina, pero no acaban de apostar por los electrificados. El cambio en las ventas de coches de combustión ha sido drástico. Los coches de gasoil suponían el 71% de las matriculaciones en 2007, bajaron al 56,8% en 2014, al 27,9% en 2019 y son ahora el 20,2% de las ventas en España (enero-septiembre 2021), según ANFAC. Y los coches de gasolina (que emiten más CO2 que los diesel y menos No2 y partículas) han subido sus ventas, del 25% del mercado en 2007 al 60,1% en 2019 y el 46,9% este año 2021 (enero-septiembre). En cambio, el resto de vehículos (enchufables, eléctricos, gas y GLP), que apenas se venían en 2007 (4% del mercado), saltaron al 8,9% en 2019 y al 32,9% este año, según ANFAC, superando con mucho a los coches de gasoil y acercándose a los de gasolina.

Con todo, España está a la cola de Europa en la fabricación y venta de coches electrificados y alternativos. Sólo se fabrican aquí un 7,02% de coches eléctricos (2,47%), híbridos enchufables (3,7%) y de gas (0,85%). Y en cuanto a las matriculaciones, en España se han matriculado este año sólo un 2,6% de coches eléctricos puros, la tercera parte que en Europa (6,7%), donde la venta de vehículos electrificados ha superado a los diesel en agosto. La propia patronal del automóvil, ANFAC, alerta sobre el aumento de la brecha de España con Europa en electrificación, por dos motivos: menos ventas (estamos a la cola de la UE, sólo por delante de Hungría y Chequia y muy lejos de los líderes en eléctricos, Noruega y Paises Bajos) y, sobre todo, por el retraso en la instalación de puestos de recarga (España, con 11.847 puntos está en penúltima posición, tras Chequia).

Pero el despegue del coche eléctrico no es el único reto del sector del automóvil en los próximos años. El otro gran reto es su papel en el transporte futuro y el auge del transporte alternativo (bicicletas, patinetes), del coche compartido y del transporte público, lo que reducirá su demanda a medio plazo. Y agravará la presión para reducir el uso de los vehículos contaminantes, nuevos y de 2ª mano, máxime cuando se confirma cada día su responsabilidad en la contaminación de las ciudades: 73 de las 80 ciudades más pobladas de España superan los nuevos límites de NO2 que acaba de fijar la OMS (10 microgramos por m3). Y cada año se producen 44.600 muertes prematuras por contaminación atmosférica en España (la mitad de todas las muertes de la pandemia), en su mayoría por los coches y el transporte.

Todo ello va a obligar a una profunda reconversión de la industria del automóvil, en el mundo y en España, donde es la 3ª industria más importante del país (tras la agroalimentaria y la química) con 65.000 empleos directos y 2 millones de empleos totales. Tenemos una industria del automóvil muy potente, con luces y sombras. Las luces, la alta competitividad de las 17 factorías instaladas en España, con un alto nivel tecnológico, un personal muy formado y unas relaciones laborales que ajustan el trabajo y la producción a la demanda. Las sombras, básicamente que las 7 multinacionales que controlan el sector deciden sus estrategias en Alemania, Francia, Japón, Corea o Estados Unidos, no en España, lo que nos hace muy vulnerables a las variaciones del mercado y a los costes, con el riesgo de que las empresas trasladen un modelo a Turquía, Marruecos o México, con costes más bajos.

Un elemento clave, para asegurar el futuro, es que España fabrique cada vez más coches electrificables, donde se juega el futuro del sector. De momento, en España sólo se fabrican 8 modelos de coches eléctricos, mientras en Europa se fabrican 241 modelos, la mayoría de los de más tamaño y precio. Ahora, la clave es que las multinacionales apuesten por sus factorías españolas en su reconversión eléctrica, para lo que será clave la renovación tecnológica de las fábricas y contar cerca con fábricas de baterías, una carrera a la que se han lanzado ya todos los paises europeos (el 97% de las baterías vienen de fuera de la UE). En España, el Gobierno ha iniciado el proceso con un acuerdo público-privado para crear una fábrica de baterías para coches en Cataluña, con Seat e Iberdrola. Y hay otros proyectos de fábricas de baterías en 9 autonomías más, destacando el proyecto de Ford y la Comunidad Valenciana y otra iniciativa del País Vasco, Navarra y Extremadura (que aportaría su mina de litio).

El futuro del automóvil está en el coche eléctrico, aunque eso va a suponer un recorte del empleo en el sector, porque un coche eléctrico sólo tiene 200 piezas frente a 1.400 que tiene un coche de combustión, lo que exige un 30% menos de mano de obra, según los sindicatos, en las fábricas de coches y en las de componentes. Y el auge de las ventas online también reducirá el empleo futuro en los concesionarios (donde trabajan 153.000 personas). En cualquier caso, el sector del automóvil se plantea una profunda reconversión, con ayuda de los Fondos europeos. El 15 de junio de 2020, el Gobierno aprobó el Plan de impulso de la industria de automoción, que prevé destinar 3.750 millones de fondos públicos hasta 2023 (la mayoría procedentes de Fondos UE) para impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector (2.690 millones), renovar el parque de vehículos (550 millones), innovación y digitalización (415 millones) y para la formación (95 millones), además de prometer revisar la fiscalidad del sector (IVA e impuesto de matriculación).

Junto a este Plan de impulso a medio plazo, el Gobierno aprobó el 13 de julio de 2021 un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y restructuración industrial) centrado en el diseño y la fabricación del coche eléctrico, al que destinará 4.295 millones públicos (con Fondos UE) para movilizar otros 19.700 millones privados (24.000 millones de inversión total hasta 2023), un proyecto que arrancará a final de año. Y ahora empiezan a funcionar las ayudas  del programa MOVES III (100 millones de euros) que conceden hasta 8.000 euros de ayuda por la compra de vehículos no contaminantes (se pide en las autonomías). Y la semana pasada, el presidente Sánchez anunció otra ayuda de 50 millones más para que las grandes empresas renueven sus flotas con coches eléctricos.

Dinero público (y privado) para tratar de salvar al sector del automóvil, aunque su futuro se decide fuera de España. Por eso, sería clave asegurar de alguna manera (no es fácil) que si las multinacionales reciben dinero público (europeo y español) se comprometan a no recortar su fabricación y empleo en  España, como ya han hecho antes. Con todo, el medio ambiente y los cambios en la movilidad harán que el automóvil tenga menos peso en la economía y el empleo en las próximas décadas. Habrá menos coches y más limpios.

La amenaza de la inflación

Los precios suben un 4% anual hasta finales de septiembre, la mayor inflación en España desde hace 13 años (2008). La culpa es doble: una subida récord de la electricidad en el mercado mayorista (máximo histórico de 189,83 euros para hoy) y precio récord de los carburantes (gasolina y gasóleo), el más alto desde 2014, con el petróleo en máximos desde hace 3 años. Pero también suben los alimentos, hoteles y restaurantes, transportes y muchos productos industriales, por el encarecimiento internacional de las materias primas (desde el maíz, aceite y trigo a los metales) y la falta de microchips. La altísima inflación preocupa en todo el mundo (+5,3% en EEUU y +3,2% en UE-27) y se teme que fuerce a la Reserva Federal USA y al BCE a retirar la liquidez extra y subir los tipos de interés, asfixiando la incipiente recuperación. Además, esta fuerte subida se está comiendo pensiones (subieron +0,9%) y sueldos (+1,5%), lo que puede frenar el consumo y el crecimiento. Urge “vigilar” los precios.

Enrique Ortega

La pandemia, al provocar la mayor recesión de la historia reciente, enfrió los precios: si la inflación estaba ligeramente por encima del 1% en 2019, en 2020 empezó a bajar, se estancó en marzo (+0%) y empezó a caer en abril (-0,7%) y hasta diciembre (-0,5%), 9 meses con inflación negativa. Pero en 2021, con la vacunación y el repunte de la actividad, los precios volvieron a subir (+0,5% enero) y se dispararon desde abril (+2,2%), alcanzando una inflación del 3,3% en agosto y un 4% en septiembre, según anunció ayer el INE, el mayor nivel de precios conocido en España desde hace 13 años (septiembre 2008).

Este repunte de la inflación se está dando en todo el mundo, desde Estados Unidos (+5,3% de inflación en agosto, la más alta en 13 años) a Europa (3,2% de subida de precios hasta agosto, la mayor inflación de los últimos 10 años), alimentada por la subida de la energía, los alimentos y muchas materias primas, así como por la mayor actividad económica. En la UE, las mayores subidas de precios se dan en Alemania (+3,4% en agosto), paises bálticos (del +5% en Estonia al +3,6% en Letonia), Luxemburgo (+3,5), Polonia (+5%) y Hungría (4,9%), todas por delante de España (+3,3% en agosto), mientras tienen menos inflación Italia (+2,6%), Francia (+2,4%), Portugal (+1,3%) y Grecia (+1,2%), según Eurostat.

En España, el último dato detallado publicado por el INE (IPC de agosto: +3,3% anual) indica los dos componentes que suben más que la media: vivienda (+11,5% anual) y transporte (+8,8%). Analizando los 222 componentes del IPC, destaca la tremenda subida anual de 3 renglones: +34,9% de subida de la electricidad, +20,9% de subida anual de la gasolina y +18,5% el gasóleo. Además, suben bastante en el último año los hoteles (+10,6%), los alimentos (+1,9%), en especial los aceites (+22,9%), agua y refrescos (+7,1%), huevos (+3,6%) y ovino (+3,5%) y los restaurantes (+1,3%). En septiembre, el dato adelantado del IPC publicado ayer por el INE, eleva la inflación anual al 4%, señalado que este nuevo aumento se debe a la subida de la electricidad y los carburantes.

Vistos los datos del IPC, hay dos culpables claros de este repunte histórico de la inflación en España: la subida de la electricidad y la de los carburantes. Veámoslos en detalle. La subida de la luz a los consumidores se produce porque se está disparando el precio de la electricidad en el mercado mayorista de electricidad (en origen): ha saltado de 43,49 euros por megavatio hora en septiembre de 2020 a 84,85 euros/MWh a principios de junio y a 189,83 euros/MWh para hoy 30 de septiembre, un récord histórico, que se refleja en una subida de la mitad del recibo de 11 millones de consumidores (los que están en el mercado regulado) y también en los 16 millones restantes (los que están en el mercado “libre”).

Esta subida descontrolada de la electricidad, en toda Europa, pero más en España (frente a los 189,83 €/MWh de España hoy, en Francia cuesta 165,57 euros, en Alemania 112,57 y en Paises Bajos 133,80, aunque cuesta 206 euros en Italia) se debe a dos factores. Uno, la subida disparada del gas natural, por el mayor consumo en Asia y en el resto del mundo, la menor venta de Rusia a Europa, el recorte de producción en EEUU (por el último huracán en el golfo de México) y el conflicto entre Argelia y Marruecos (que podría afectar mucho a España) : el precio del gas natural, que se utiliza en las centrales térmicas de electricidad, ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 euros en julio 2021 a 82,75 euros/MWh ahora, que se espera suban a 86,04 euros en diciembre. Y el otro factor, la subida también disparada de los derechos de CO2, que han de pagar las eléctricas que producen luz con energías contaminantes (carbón, fuel o gas) y que luego nos trasladan a los precios mayoristas: su coste ha pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 62,58 €/Tm ahora. Un coste que seguirá al alza. Máxime cuando hay Fondos y bancos de inversión que especulan con estos derechos en el mercado secundario.

El otro componente de la altísima inflación que sufrimos son los carburantes, que suben en toda Europa pero también más en España (somos el 3º país europeo con la gasolina más cara, deducidos los impuestos, tras Dinamarca y Alemania, y el 9º con el gasóleo sin impuestos más caro), por la menor competencia y transparencia en el mercado petrolero (controlado, como el eléctrico, por dos o tres compañías). A finales de septiembre, la gasolina cuesta ya 1,437 euros/litro (incluso un 2,1% más que a finales de julio, en plenas vacaciones) y el gasóleo 1,291 euros/litro (+2,1% que a finales de julio), según el Boletín Petrolero UE. Unos precios de los carburantes en España que son los más altos desde 2014. Básicamente, porque el petróleo está en máximos desde octubre de 2018: hoy cotiza a 79 dólares por barril, después de caer a 19,5 dólares con la pandemia (abril 2020) y subir un +51% este año 2021, básicamente por el aumento de la demanda, problemas de suministro (huracanes) y estabilización de la producción OPEP.

Pero la inflación no se dispara solo por la subida de la electricidad, el petróleo y los carburantes. Hay otros dos factores muy importantes: la subida de precios de las materias primas y la falta de microchips. El aumento de la demanda de muchos suministros  para la industria, con el inicio de la recuperación, ha chocado con una escasez de oferta, provocada por la pandemia y por fenómenos naturales (desde huracanes e incendios a sequías). Con ello, se ha disparado el precio de muchas materias primas, desde los alimentos (maíz, trigo, soja, carnes, aceites, café…) hasta la energía, los metales, la madera o el aluminio, lo que crea “cuellos” de botella en el abastecimiento de muchas empresas y les encarece los costes, que trasladan  a los precios a los consumidores.

De hecho, la última Encuesta de la Comisión Europea (julio 2021) revela que el 22% de las empresas europeas sufrían problemas de restricciones de producción por la escasez de materias primas o equipos, siendo las más afectadas las empresas de caucho y plásticos (53% tienen problemas de suministro), material eléctrico (48%) automoción (43%), productos metálicos (39%), madera y corcho (35%), informática y electrónica (33%). Un ejemplo llamativo de esta falta de componentes son los microchips, cuya escasez está asfixiando a toda la industria europea (más a la fabricación de automóviles y electrónica), que depende en un 70% de los chips que se fabrican en Asia y donde habrá escasez todavía un año más.

Y también hay otro problema que reduce los suministros y encarece las materias primas y los costes de las empresas: la escasez de mano de obra tras la pandemia, al haberse producido “trasvases” de empleos. Así, la falta de personal ha rebajado la producción de café en Brasil, de arroz en Vietnam o de aceite de Palma en Malasia, mientras faltan transportistas no sólo en Reino Unido (cierre de gasolineras) sino en toda Europa (unos 400.000). Y hay muchos empresarios en España que se quejan de que no encuentran trabajadores para la construcción (faltan 700.000, dicen) y para la hostelería, los sectores castigados por las 2 crisis, lo que provoca un encarecimiento de costes al contratar ahora.

Vistas las causas de la elevada inflación actual, resulta difícil prever qué va a pasar ahora, aunque la mayoría de expertos creen que la inflación seguirá subiendo este otoño. De momento, los precios del gas natural, el carbón y el petróleo siguen en máximos y todo apunta a que seguirán altos, por la mayor demanda ante el invierno. Y los cuellos de botella en las materias primas y los suministros tardarán meses en resolverse. Así que la inflación anual podría mantenerse entre el 3,5% y el 4% hasta finales de 2021, superando todas las previsiones hechas por el Gobierno (+1,9% de inflación anual).

Antes de conocer el dato de la inflación en septiembre, en el resto de Europa y EEUU, los bancos centrales (Reserva Federal USA y Banco Central Europeo) decían que el repunte de la inflación es “temporal” y que no exige tomar medidas extraordinarias para frenar los precios. Pero el temor de muchos expertos es que las autoridades monetarias “se asusten” y den marcha atrás en sus políticas de estímulos para reanimar la economía inyectando liquidez (comprando deuda), iniciadas en marzo de 2020 y que han servido para evitar una recesión más profunda. Y que además, luchen contra la inflación subiendo los tipos de interés.

La Reserva Federal USA y el BCE quieren esperar un poco más para decidir si dan o no marcha atrás. Pero de momento, ya han lanzado el mensaje de que podrían tomar medidas pronto, recortando la compra de deuda pública (“el gota a gota” para reanimar la economía durante la pandemia): la Reserva Federal reduciría los 120.000 millones de dólares que compra al mes (inyectando liquidez al sistema) y el BCE sus 80.000 millones de euros de compras mensuales, además de suprimir antes esas compras (previstas hasta marzo 2022). Y también estudian si subir los tipos de interés (al encarecer el dinero, se gasta e invierte menos y deberían bajar los precios), que están planos en el 0% (0 al 0,25% en USA).

Si la inflación no se frena este otoño (y no parece fácil), todo apunta a que la Reserva Federal USA  recortará sus ayudas a primeros de noviembre y el BCE en diciembre. Y que ambos podrían anunciar una subida de tipos para 2022. Dos medidas que suponen un riesgo de frenar la recuperación post-COVID, más en Europa (que crece menos) que en EEUU. Y sobre todo, sería un grave riesgo para España y la Europa del sur, que tendrían menos ayuda del BCE para colocar su deuda, ahora que se ha disparado por las ayudas COVID: 1,42 billones de deuda pública española en junio 2021, el 122% del PIB. Quedaríamos más en manos de “los mercados” para financiarnos, con lo que sería más caro y más peligroso (no olvidemos la crisis de la deuda de Grecia, Portugal, España e Italia de 2010 a 2012).

Así que los bancos centrales tienen un dilema: frenar la inflación poniendo en peligro la recuperación o ser flexibles para no dañar al crecimiento y el empleo. Y mientras la Reserva Federal y el BCE se lo piensan, nosotros, los consumidores, ya sufrimos en nuestros bolsillos el embate de la inflación (luz, gas, carburantes, alimentos, transportes…), que se está comiendo parte de nuestra pensión y nuestro sueldo.

De momento, los 9 millones de pensionistas ya han sufrido una fuerte pérdida de poder adquisitivo: en 2021 las pensiones han subido un +0,9% (+1,8% las no contributivas), mientras la inflación media rondará este año el 3%, lo que supone perder un 2,1%. Eso llevará al Gobierno a compensarles con una “paguilla” en enero de 2022, que podría ser de unos 300 euros para los jubilados (tienen una pensión media de 1.192 euros), con un coste para la Seguridad Social que rondará los 2.500 millones de euros. Y además, como la aprobada reforma de las pensiones prevé revalorizar las pensiones en 2022 con la subida media del IPC este año 2021 (del 2,5 al 3%, el dato que salga en noviembre), la subida de las pensiones será mucho mayor que este año (0,9%), para evitar perder poder adquisitivo.

Los 2,8 millones de funcionarios públicos también pierden este año poder adquisitivo, ya que su subida media ha sido del 1,5% (frente a una inflación media del 2,5 al 3%). Eso supone una pérdida de 36 a 45 euros al mes de media (3.000 euros de sueldo bruto), con lo que será el primer año desde 2013 en que los funcionarios pierden poder adquisitivo (han ganado +5,14% en los últimos 8 años). Para 2022 está previsto que los sueldos públicos suben un 2%, con lo que si la inflación crece más (del 2,2 al 2,4%), volverán a perder poder adquisitivo, por lo que ya han pedido revisar sus salarios.

El resto de trabajadores, más de 16 millones de asalariados, también están perdiendo poder adquisitivo, dado que los convenios firmados hasta ahora (datos de Trabajo hasta agosto) han pactado una subida salarial del +1,5%, frente a un 4% de inflación anual en septiembre (que será un 3% de subida media). Eso supone una pérdida media de 31 euros al mes y 376 euros al año de media (2.091 euros brutos es el sueldo medio en el sector privado). Y muchos trabajadores, los recién contratados con sueldos muy bajos perderán aún más. Y esta alta inflación va a endurecer la negociación colectiva para 2022, donde los sindicatos pedirán aumentos superiores al 2% y la patronal tratará de frenarlos con la justificación de que las empresas no se han recuperado aún de la pandemia

En definitiva: tenemos un serio problema de inflación, que ya afecta seriamente a nuestros bolsillos y que puede afectar a toda la economía si los bancos centrales retiran antes de tiempo los estímulos y suben tipos, dos medidas que frenarían la débil recuperación. Además de pedir a la Reserva Federal y al BCE que sean moderados en sus decisiones, hay que pedir a los gobiernos que actúen, aprobando medidas que frenen la subida de la luz, como ya han pedido España y el BCE a la Comisión Europea. Y presionar a la OPEP y a los paises productores de petróleo y gas para que no especulen y disparen los precios, porque ponen en riesgo la recuperación mundial. Además, en España, el Gobierno debería encargar a la Comisión de la Competencia (CNMC) que supervise las subidas de precios y evite que haya poca transparencia y manipulaciones en los mercados (electricidad y carburantes, pero también en los intermediarios de los alimentos). Hay que “vigilar” los precios.