La recuperación
económica iniciada en 2014 no se ha notado en el gasto en Cultura: en los
dos últimos años, el gasto cultural ha bajado y todavía gastamos 100 euros menos por persona
que en 2007. Y menos que la mayoría
de Europa. El problema no es sólo que las
familias hayan recortado su gasto en Cultura, sino que lo han hecho el Estado central y las autonomías (sobre
todo) y los Ayuntamientos, que
gastan hoy en Cultura 2.000 millones
menos (-28,4%) que antes de la crisis. Y este menor gasto, privado y
público, está afectando seriamente a las actividades culturales, con menos
empleo y más precariedad que en 2008. Por eso, el sector pide al futuro
Gobierno un Pacto de Estado para conseguir más dinero, menos IVA,
desarrollar el Estatuto del Artista,
luchar contra la piratería, una Ley
de Mecenazgo y campañas para
promover la Cultura dentro y fuera de España. Por un país más culto,
que es siempre un país más próspero y más libre. Más Cultura.
La crisis de 2008
trajo consigo un recorte del gasto en todo
y especialmente en cultura, un
bien “prescindible”: si las familias españolas gastaban en Cultura 1.020 euros de media en 2007, pasaron a gastar 673 euros en 2013. Luego, en 2014, con
la recuperación económica, se reanimó también el gasto cultural, más
lentamente, en 2015 (717 euros) y 2016 (764 euros). Pero en los dos últimos años, el gasto en Cultura de las familias ha
vuelto a caer: a 718,3 euros en 2017 y a 682,5 euros en 2018, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2019, recientemente publicado por el Ministerio
de Cultura. Eso supone que las familias españolas gastaron en Cultura un total
de 12.714 millones de euros en 2018,
un 2,3%
de todo su gasto, el porcentaje más bajo desde 2007, cuando gastaban el 3,2% de sus ingresos.
Si miramos el gasto
por persona en Cultura, también ha
caído en los dos últimos años y estaba en 274,60 euros en 2018, algo mejor que al inicio de la recuperación (260 euros se gastaban en 2014) pero muy por debajo (un 28,4% menos) del gasto cultural que hacía
cada español en 2007: 375 euros (100
euros más que ahora), según las estadísticas de Cultura. Los que más gastan en Cultura son los jóvenes (389 euros
de gasto entre 16 y 29 años), los solteros
(384 euros), los que trabajan (309
euros los ocupados, 189 los parados y 214 euros los jubilados), los que tienen más estudios (195 euros gastan los que
tienen la ESO o menos y 378 los universitarios), los que tienen más ingresos (382 euros gastan los que
ganan más de 3.000 euros y sólo 168 los que ganan menos de 1000 euros) y los que viven en la España más poblada
(300 euros gastan los que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes y 240
los que viven en pueblos de menos de 10.000, con un mayor gasto en Navarra y
Madrid y uno menor en Extremadura, Canarias y Galicia), según la detallada
estadística del gasto cultural que incluye el Anuario de Estadísticas Culturales 2019.
El gasto en Cultura que hacen los
españoles se reparte fundamentalmente entre el gasto en libros (14,7% del gasto total), el gasto que más cae, espectáculos (12,8%), soportes, equipos
y accesorios audiovisuales (24,4%) y
telefonía móvil y servicios
relacionados con Internet (35,84%),
un gasto que para muchos no se debería incluir dentro del concepto de “gasto cultural”, con lo que el gasto
real en Cultura seria un tercio menor.
El gasto de las
familias supone un 71% del gasto total en Cultura. El otro 29% lo aporta el
gasto público en Cultura, que “tira” del sector y lo dinamiza. El
problema es que no ha hecho de contrapeso, sino que también ha caído durante la crisis (por los recortes) y apenas
ha mejorado con la recuperación. Así, si en 2008 se dedicaron al gasto público en Cultura 7.111 millones de euros, en 2011 ya había caído a 5.837 millones y en 2015, tras los duros recortes de Rajoy
y sus dirigentes autonómicos y locales, había caído a 4.877
millones, según los datos oficiales de Cultura. Y en
2017, último dato publicado, el gasto público en Cultura sólo ha subido a 5.092 millones de euros, que son 2.019 millones menos que en 2008 (-28,4%). El mayor recorte en el gasto cultural lo han hecho las autonomías (de 2.129 millones en
2008 a 1.144 millones en 2017, un -46,2%), seguidas del Estado central (de 1.075 a 678
millones, un -36,9%) y los Ayuntamientos
(de 3.907 millones a 3.270, un -16,30%),
que soportan casi dos tercios del gasto público total en Cultura en España.
Estos datos indican que se
han perdido más de 1 de cada 4 euros públicos que se gastaban en Cultura en
2008. Estos recortes han hecho mucho daño a las actividades culturales y a
los artistas y creadores, más en unas
regiones y ciudades que en otras, porque el recorte ha sido desigual.
El resultado es que el gasto autonómico por
habitante en Cultura es muy dispar: alto
en Navarra (63,4 euros/habitante), País
Vasco (52,2 euros), Extremadura
(32,5) y Cantabria (30,2) y bajo en Canarias (10 euros/habitante),
Castilla la Mancha (13,8 euros), Madrid
(14,4 euros) y Aragón (14,6 euros), según los datos de Cultura.
La “tercera pata” del gasto cultural, junto al de las
familias y las Administraciones públicas, la ponen las empresas, los bancos y las aportaciones particulares, que
también recortaron mucho su mecenazgo cultural con la crisis y que no lo han
recuperado tampoco. En especial, se echa de menos el importante
patrocinio cultural de las Cajas de Ahorros, dado que han desaparecido o han
sido absorbidas la mayoría de las 48 Cajas existentes en 2008.
Al final, entre tanto recorte y el menor gasto de las
familias, la industria cultural se ha resentido.
En 2017, según los últimos datos publicados, facturó por valor de 27.728
millones de euros, lo que aporta un 2,4%
al crecimiento español (PIB). Una aportación mucho menor a la de antes de la
crisis (aportaba el 3,1% del PIB en 2005
y el 2,8% en 2007) y que es similar a la
del inicio de la recuperación (2,4% del PIB), sin mejorarla. Eso sí, hoy hay más “empresas culturales” (122.673)
que en 2009 (112.643), pero son mucho más
débiles y “precarias”: el 64,7% son
empresas sin asalariados
(autónomos), el 28,7% son microempresas (de 1 a 5 trabajadores), el 6% tienen
de 6 a 49 trabajadores y sólo un 0,6% de todas las empresas culturales (736 empresas) tienen más de 50 trabajadores. Y
además, las dos terceras partes de
las empresas culturales están concentradas
en Madrid (22%), Cataluña (20%), Andalucía (13,2%) y Comunidad Valenciana
(9,6%), según Cultura.
El empleo cultural
ha mejorado en los últimos años, pero todavía no ha recuperado la ocupación
que había antes de la crisis: hay 690.300
personas trabajando en actividades culturales (el 3,6% del empleo total),
todavía menos que los 706.300 empleados en la Cultura en 2008. Y se trata de un
empleo precario, con menos asalariados (69,9% frente al 84% en toda la
economía) y más autoempleo (30,1%), con más hombres (60,9%) que mujeres, más
jóvenes y más universitarios (69,3%), pero con bajos sueldos y cotizaciones,
que se traducirán en su día en menos paro y pensiones más bajas.
España está por
detrás de Europa también en gasto
cultural, sobre todo el que hacen las familias. La última estadística
europea (Eurostat 2017) hace referencia no al gasto cultural sino al gasto en “entretenimiento y
cultura”: 1.100 euros por persona
en España, frente a 1.200 euros en Italia, 1.400 euros de media en la UE-28 y Francia, 1.800 euros en
Alemania, 2.200 en Reino Unido, 2.300 en Suecia y 3.700 euros en Islandia. Y a
nivel de los hogares, un gasto en cultura “y
entretenimiento” del 7,4% del gasto total de las familias, frente al 8,5% de
media que gastan los hogares europeos.
En cuanto al gasto
público en la Cultura, el esfuerzo español fue mucho mayor (sobre todo en
la época dorada del ladrillo, traducida en conciertos, salas de exposiciones y
centros culturales) y ahora está en la media europea, donde tienen más peso el gasto privado y el
mecenazgo empresarial y financiero a la Cultura. Al final, España gasta el 1,1% del PIB en “ocio, cultura y culto” (ojo, aquí se
incluyen las ayudas a la Iglesia), lo
mismo que la media UE (1,1% del PIB) pero menos que Francia (gasta el 1,4%
del PIB) y los paises nórdicos (1,5% del PIB gasta Finlandia y un 1,7% Dinamarca), aunque más
que Reino Unido(0,6% PIB), Italia (0,8% del PIB) y Alemania (gasta 1% del PIB),
según la última estadística de Eurostat (2017).
Centrándonos otra vez en España, el Ministerio de Cultura acaba de publicar los resultados
de una amplia Encuesta sobre “los hábitos culturales de los españoles” (2018). La
práctica cultural más extendida en el último año fue escuchar música (87,2% de
los encuestados), seguida de leer
(65,8%), ir al cine (57,8%), visitar
monumentos (50,8%), ir a museos o galerías (46,7%), asistir a espectáculos el 46,8% (conciertos
modernos el 30,1%, clásicos el 9,4% y teatro el 24,5% de los encuestados) y un
26,8% acudir a bibliotecas.
Respecto a los libros,
la facturación editorial ha crecido un 2% en 2019 (2.350 millones de ventas
esperadas), por 6º año consecutivo de mejoría, gracias a que España es una
potencia editorial en el mundo, aunque no seamos una potencia lectora por
desgracia. El sector editorial sufre directamente dos problemas ajenos: uno, la piratería (en 2019 se han descargado
425 millones de libros ilegales, lo que supone dejar de ingresar 215 millones) y el otro, la crisis de las librerías, por culpa
de las ventas online (Amazon) y la piratería.
En cuanto al cine, cayó (por segundo año
consecutivo) la cifra de espectadores en 2018 (98,9 millones, un 0,9% menos que
en 2017, frente a 108 millones en 2008) y también la recaudación (587,5
millones de euros, un 0,90% menos), con un claro dominio de las películas
extranjeras (1.483 y 482,7 millones recaudados) sobre las españolas (464 y 103
millones de euros). Los museos (un 73,5% públicos) han sido
un éxito en 2018, con 65,4 millones
de visitantes (5 millones más que en 2017). Y choca también que el 26,8% de los
encuestados hayan visitado físicamente o por Internet las 6.636 bibliotecas (60,8% públicas). Eso sí,
sólo un 9,5% de los encuestados asistieron a festejos taurinos, 1.521 celebrados
en 2018 (sólo 369 fueron “corridas de toros”), menos de la mitad de los que se
celebraban en 2007 (3.800).
Salvo escuchar música, las actividades culturales de
los españoles son muy “modestas” y las hacen menos de la mitad de los
encuestados. Quizás porque la Cultura ha
quedado relegada por el “enganche” a
Internet y a la televisión. En 2019, 32.316.000 españoles conectaron con
Internet, el 80% de la población (en 2007 eran 9,94 millones, el 26,2%), según
la tercera oleada del EGM.
Y se conectaron a Internet para comunicarse más que para consumir
Cultura: un 97,1% para usar
WhatsApp, el 71,8% por el correo electrónico, el 68,1% para conectarse a las
redes sociales, un 65,4% a distintas APPs, un 61,9% para leer noticias, un
39,3% para utilizar la banca online, un 39,2% para escuchar música online, un
39% para ver vídeos y un 24,2% para comprar bienes y servicios… Más entretenimiento que “Cultura”.
Y el otro gran entretenimiento es ver la TV, en abierto y cada vez más series y películas en canales de pago (6,8 millones de
abonados en marzo 2019) que ofrecen las telecos o multinacionales
especializadas (Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV, Disney+). En noviembre de
2019, hubo 31,9 millones de españoles
(el 70,7% de la población) que se conectaron
diariamente a la televisión, con 236 minutos de media (3 horas y 56
minutos), según la última estadística de Barlovento Comunicación. Eso sitúa a España como el 4º país más “teleadicto” de Europa, tras Polonia (264 minutos),
Rusia e Italia (248).
Volviendo a la Cultura, Cultura, el
sector está algo más optimista que hace un par de años, a pesar de la
caída del gasto privado y público, pero da
un suspenso a su actividad (4,7 puntos en 2018, frente a 4,4 en
2017 y 5,1 en 2011), según la última Encuesta hecha a los agentes culturales
por la Fundación Alternativas en 2018: baja la nota que dan al sector del libro
y las bibliotecas(4,3), sube algo la valoración al sector audiovisual (4,7
puntos) y sólo aprueban el diseño y la creación publicitaria (5,3 puntos). Como
puntos
fuertes destacan el potencial digital de la cultura (más oferta y más
barata) y como puntos débiles, la poca eficacia y medios de las políticas
culturales públicas, la remuneración de los creadores y la lamentable
proyección exterior de la cultura (critican el concepto “empresarial” de la Marca España).
El Informe 2019 sobre “el Estado de la Cultura”, también de la Fundación Alternativas, señala
que los
sectores más valorados por los gestores culturales son (por este orden)
la gastronomía, la moda, la literatura, el diseño,
la fotografía y la arquitectura (casi todas al margen del
concepto “tradicional” de Cultura). Y bajan del puesto 6º las actividades
culturales más “puras”: el teatro,
las artes plásticas, la música clásica y contemporánea, el cine, la danza y los
museos (por este orden descendente). Y frente a la posible explicación de
que la decadencia de la Cultura más “clásica” se debe al auge de la Cultura digital,
los gestores culturales lo niegan. Y se apoyan en que la facturación de
contenidos digitales fue de 9.834 millones de euros en 2017, menos que en 2011
(10.172 millones), según la ONTSI.
Cara al futuro, el mundo de la Cultura pide
al futuro Gobierno que promueva un Pacto de Estado por la Cultura,
al margen de las ideologías, asentado en distintas medidas. La primera, recuperar
el gasto público en Cultura de antes de la crisis, lo que supondría gastar 2.000 millones más al final de
la Legislatura, sobre todo el Estado central y las autonomías. La segunda,
desarrollar los temas laborales, fiscales y normativos del Estatuto del creador y del artista (aprobado por unanimidad en el Congreso
en septiembre de 2018), para lo que existe una Comisión integrada por 12
Ministerios, implantar el IVA
del 4% a los libros y periódicos digitales (iba en el frustrado Presupuesto
para 2019) y aplicar uno general del 10% a toda la producción artística y cultural, luchar más eficazmente contra la piratería, aprobar de una
vez la Ley de Mecenazgo (prometida por el
PP en 2013), apoyar financieramente a RTVE
(eslabón clave en la promoción cultural) y realizar campañas de apoyo a la Cultura (lectura, cine, artes escénicas…),
favoreciendo un acceso menos desigual.
En definitiva, apostar por la Cultura para mejorar el país y nuestra vida. Más Cultura.
No sabemos si en 2020
volverá a haber crisis, pero por si acaso, esta
Navidad los españoles vamos a gastar más que la anterior:
una media de 554 euros extras por familia, el 2º mayor gasto navideño
en Europa. Gastaremos más en regalos, comida y ocio,
aunque menos en viajes, a pesar de ser más pesimistas que los demás
europeos: un 52,5% de españoles piensan que la economía está peor que hace 6
meses y el 46,5% cree que estará peor el verano que viene, según el último
Barómetro del CIS. Pero de momento, estas Navidades, a gastar se ha dicho. Claro que no todos: 1 de cada 4 españoles lo está
pasando mal, hay 1,8 millones en
situación de pobreza extrema y 40.000
personas sin hogar, viviendo en la calle. Por eso, las ONGs ayudan estas Navidades a más de 3 millones de españoles. No
les olvidemos y seamos solidarios. Gastemos con moderación y de forma
sostenible, para no cargarnos más el Planeta.
¡Feliz Navidad¡
La Navidad es
siempre la gran fiesta del consumo.
Pero este año 2019, los españoles vamos
a gastar un 2,4% más que las Navidades 2018, cuando se redujo el gasto un 5%, por primera vez desde el inicio de la
recuperación en 2014. España es el
país europeo que celebra la Navidad durante
más tiempo (15 días largos) y el 2º país que más gasta: 554
euros extras por familia, sólo por detrás de Reino Unido (639 euros) y
por delante de Italia (545 euros), Alemania
(487 euros), Portugal (387 euros), Polonia (352 euros) o Rusia (367 euros),
según una encuesta realizada en 10 paises europeos por la consultora Deloitte. La encuesta
revela que no toda España gastará más esta Navidad: gastarán menos que la Navidad 2018 en Cataluña, la Rioja, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y
Canarias. Y gastarán más, el Centro, Norte y Levante, sobre todo Madrid,
Galicia y Navarra.
El gasto navideño se reparte principalmente
entre los regalos (238 euros frente
a 193 de media en Europa), la comida
(173 euros extras por familia, frente a 131 en Europa), el ocio (79 euros frente a 51) y los viajes (64 euros frente a 86 en Europa), el único gasto navideño
que baja este año, según el estudio de Deloitte. Los mayores
de 40 años son los que gastan más en regalos y los hogares jóvenes los que más gastan en comida y tecnología. Los regalos que más se compran son ropa
y calzado, libros, perfumes, chocolates y videojuegos, aunque lo que más
aumenta es regalar dinero. Y se espera vender un 4% más de juguetes este año, una
media de 190 euros por niño. Un tercio de las compras navideñas ya se han anticipado
este año en el Black Friday. Y un
28% se hacen por Internet, mientras
el lugar preferido de compras físicas son los grandes almacenes (54%). Y dos tercios de las compras navideñas se
hacen con tarjeta, el 20% en
efectivo y el 8% restante con tarjetas regalo, financiación (préstamos o
tarjetas revolving) o transferencias, según American Express.
El estudio de Deloitte refleja que los españoles gastaremos más esta Navidad que la mayoría de europeos a pesar de que somos más pesimistas sobre la situación económica y el futuro. Así, sólo un
60,3% de encuestados españoles ven la situación económica estable o creciendo
(eran el 73,7% en las Navidades 2018), frente a un 63,8% de europeos. Y menos
de la mitad de españoles (48,4) creen que la economía se mantendrá estable o
creciendo en 2020, frente a un 53% de europeos. Al preguntarles por qué gastan en Navidad, los
españoles explican su mayor consumo a pesar del pesimismo: por disfrutar y evitar pensar en los problemas, por las promociones, por que las compras online les permiten gastar más
y, algunos, porque este año tienen más
ingresos. De hecho, el 71% de los españoles encuestados
tienen esta Navidad la misma renta o más
que el año pasado. Y eso porque han subido más en 2019 los sueldos, las
pensiones, el salario mínimo y el de los funcionarios. Y se han creado 346.300 nuevos empleos, aunque la mayoría sean
precarios y estén mal pagados.
En cualquier caso, parece que los españoles no renunciamos a
gastar más en Navidad, aunque notemos que la recuperación se ha enfriado
en los últimos meses y temamos que 2020
puede ser peor. El último Barómetro del CIS, de noviembre
2019, es muy explícito: el índice de confianza del consumidor
era de 77,4 puntos, lo que suponía una caída de 24,9 puntos sobre junio 2019 (índice
102,3). Y por si no fuera claro, el
52,5% de los españoles encuestados en noviembre creían que la situación económica era “peor” que 6
meses antes, el 34,5% “igual” y sólo
un 7,8% “mejor”. Además, al
preguntarles cómo veían la economía dentro de 6 meses, para el verano de 2020, el 46,5% de los encuestados la ven “peor”, un 20,5% igual y sólo el 21,6% peor. Y a pesar de este pesimismo,
los españoles inundamos las tiendas, centros comerciales y carreteras, lanzados
a una
vorágine de compras, más incluso que la Navidad pasada. Que nos quiten lo bailao…
Pero que no nos engañe
el bullicio y la publicidad. No todo
el mundo se lanza a gastar estas Navidades: 1
de cada 4 españoles lo está pasando mal, esos 12.188.288 españoles que están en situación de pobreza y exclusión social, según la última estadística europea
(AROPE 2018). Son españoles que ingresan menos del 60% del ingreso medio (ganan
menos de 739 euros los solteros y menos de 1.552 euros las familias), 10 de
esos 12 millones, o que sufren graves carencias o están subempleados, los 2
millones restantes. Demasiadas familias agobiadas por sus bajos ingresos, la precariedad de su trabajo o
el paro del que no salen. Y entre ellas, destacan los 1.800.000 españoles que malviven en la pobreza más extrema, según Cáritas. Y muy especialmente, las 40.000
personas que viven sin techo, en la calle. Para
todos ellos, también es Navidad, aunque apenas puedan gastar.
De hecho, Caritas
ya ha advertido que este año han aumentado las peticiones de ayuda,
sobre todo de españoles, jóvenes y mujeres solas con niños. Y recuerdan que 1 de cada 4 familias que les pide ayuda
ahora tienen trabajo, no son los “pobres clásicos”. Con todo, las ONGs estiman que atenderán estas Navidades a más de 3 millones de personas, con
comida, ropa y ayuda diversa (sobre todo, para pagar la luz y el alquiler).
Muchos son nuestros vecinos, que necesitan ayuda aunque no lo creamos. Así que
esta Navidad, además de gastar, seamos
solidarios y ayudemos a los que podamos.
Además, esta Navidad debemos
pensar más que nunca en el medio ambiente. Estas fiestas
son un verdadero “atentado a nuestro Planeta”: se dispara el consumismo,
las compras innecesarias, el gasto en comida
(un tercio se tira o desperdicia,
porque compramos de más), el consumo de
energía, en las casas y en las ciudades (ahí tienen el bochorno de Vigo y
Madrid compitiendo por bombillas mientras tienen las urgencias médicas colapsadas…),
los trayectos en coche y los residuos y basuras. Deberíamos intentar
celebrar una Navidad más sostenible,
como recomiendan desde Ecologistas en Acción, para no agravar más el Cambio Climático, ya
bastante grave y sin freno desde muchos Gobiernos.
Bueno, no quiero ser “agorero”
y estropearles la Navidad recordándoles que hay familias que lo pasan mal y
que el Planeta nos pide ser más cuidadosos. Pero nadie ha dicho que la Navidad sea
gastar por gastar y contaminar a tope. Al margen de las creencias de
cada uno, la Navidad ha sido siempre una época de relacionarse con los demás,
de estar más con la familia y los amigos, de solidaridad con los que menos
tienen. Y eso cuesta poco, no exige
gastar por gastar ni endeudarse para asustarnos en enero. Piénsenlo. Y vivan esta
Navidad de otra manera que la que nos
venden los anuncios. Disfrutarán más.
¡ Feliz Navidad ¡
Las próximas
Navidades, en 2020, empezarán a circular en España trenes AVE gestionados por la
francesa SNCF. Y en enero de
2022, operará la italiana Trenitalia.
Pero esta apertura a la competencia se
limitará a las líneas que unen Madrid con Cataluña, Levante y Andalucía, el
“negocio mollar”, así que sólo 10
ciudades se beneficiarán de más trenes y tarifas más bajas. El riesgo
es que las restantes líneas AVE se deterioren, al concentrarse RENFE en esos
corredores. Y que la liberalización siga concentrando inversiones en el AVE,
en perjuicio del resto de la red. Es lo que ha pasado: 4 de cada 5 euros de inversión ferroviaria se han ido al AVE, que sólo
utilizan el 4,20% de los usuarios del tren. Mientras, un tercio de las líneas
siguen sin electrificar, con locomotoras diesel, y media España está ferroviariamente
abandonada. Es hora de potenciar el tren de cercanías, regional o larga distancia y las
mercancías, no sólo un AVE costoso y vacío. Al tren.
En 1941, Franco creó la RENFE, nacionalizando varias empresas privadas medio quebradas por los
daños de la guerra. El monopolio estatal
reconstruyó la red ferroviaria e impulsó este transporte, mayoritario hasta la
llegada masiva de los coches en los años 60 y 70. Y en 1992 se lanzó el primer AVE, en un
intento de competir con el avión y los autobuses. Pero RENFE tenía pérdidas millonarias y eso evitó
que fuera privatizada, como 130 empresas publicas vendidas por González (80 empresas: 13.200 millones
de ingresos) y Aznar (50 empresas: 30.000 millones). En 2004, la Unión Europea obligó a España a dividir Renfe, como primer paso para terminar
con el monopolio: se creó ADIF para gestionar las infraestructuras y RENFE
Operadora para la gestión comercial de los trenes. Y el 1 de enero de 2005 se abrió a la competencia el tráfico de mercancías, donde 25 empresas
privadas le han quitado ya un 30% del mercado a RENFE. Ahora, el 14 de diciembre de 2020, España abrirá a la competencia el AVE, en
3 corredores adjudicados a la francesa SNCF y la italiana Trenitalia.
La liberalización del
transporte ferroviario es una exigencia europea, aprobada en 2016, que impone a todos los paises el permitir que cualquier empresa europea opere
en cualquier país comunitario a partir de diciembre de 2020. Ya antes de
esa fecha, hay muchos paises con el tráfico ferroviario liberalizado. El primero, Reino Unido, donde Thatcher y Major
privatizaron la red ferroviaria en 1993. Alemania
(1994), Dinamarca, Polonia y Suecia
(2010) también han liberalizado totalmente su mercado ferroviario, lo mismo que
Austria (2008), Eslovaquia, Hungría, Letonia, República Checa (2011) e Italia
(2012). Ahora, Francia, España, Bélgica,
Luxemburgo, Irlanda, Grecia y Finlandia se preparan para
liberalizar el transporte ferroviario en diciembre de 2020.
En el caso de España,
la empresa pública ADIF convocó
una subasta
para abrir el servicio del AVE, a la que se presentaron 6 candidatos. La adjudicación, el 27 de noviembre, fue para RENFE (48 nuevos trenes diarios por sentido, un 20% más que el servicio actual, con lo
que operará 96 trenes diarios), la
empresa pública italiana Trenitalia
(con la española Air Nostrum, que participa con un 40%), a la que se adjudican 16 trenes diarios por sentido, y la
compañía pública francesa SNCF, a la
que se adjudican 6 trenes diarios por
sentido. En los tres casos, son concesiones para gestionar nuevos trenes en los 3 corredores con mayor demanda, donde está el
negocio: Madrid-Barcelona-frontera
francesa, Madrid-Valencia-Alicante y
Madrid-Sevilla-Málaga. La francesa SNCF será la primera en operar, el 14 de diciembre de 2020, con un AVE “low cost”,
10 trenes Alsthom de 2 plantas con 500 pasajeros. La otra ganadora, Trenitalia,
demorará su operativa en España hasta enero de 2022, porque tiene que homologar
sus 23 trenes Frecciarossa 1.000 que ya ruedan en Italia.
La concesión es
en principio por 10 años y las empresas
tendrán que pagar un canon a ADIF
por el uso de las vías y estaciones, como ya paga Renfe desde 2004. Canon que
se ha rebajado, para atraer a empresas a esta subasta, y que es clave para
rentabilizar la concesión y para que ADIF obtenga ingresos extras para invertir en la red del AVE y en el resto de la
infraestructura ferroviaria: se estima que ingresará 200 millones extras al año
durante 10 años. De entrada, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la adjudicación, aunque insiste en el libre acceso y facilidades a
las estaciones para vender billetes y atender pasajeros y en la formación de
maquinistas, hasta ahora reservada a RENFE. Además, España ha sido generosa en
el proceso de liberalización, porque Francia no parece dispuesta a permitir que
empresas extranjeras gestionen líneas que lleguen a París.
El Gobierno y ADIF destacan que la liberalización del AVE va a ser muy positiva para los usuarios,
porque aumentará mucho la oferta, hasta un 65% más de plazas (+50% en la línea Madrid-Barcelona,
+40% en Madrid-Levante y +60% en Madrid-Sevilla-Málaga). Y eso permitirá bajar
los precios, hasta un 70% (costando 30 euros el AVE Madrid-Barcelona) según la portavoz del Gobierno, y un 40%
según fuentes de RENFE, con un coste medio del billete de 32 euros. El riesgo
es la
calidad del servicio, que puede
deteriorarse por la “guerra de precios” que se va a desatar dentro de un
año. De hecho, los franceses del SNCF tienen un AVE París-Cannes por 29 euros, eso sí, en un tren de 1.000 pasajeros, con
asientos más estrechos y permitiendo sólo un equipaje de mano.
Para afrontar esta mayor competencia extranjera, RENFE ya
está preparando una estrategia comercial más agresiva con el AVE. En enero de 2020 pondrá a la
venta los primeros billetes de su AVE low cost AVLO, que lanzará en la Semana Santa de 2020,
empezando por la línea a Barcelona (los billetes costarán de 10 a 60 euros), para seguir después con Levante y
Andalucía. Además, utilizará las 1.927 oficinas
de Correos para vender billetes, mientras
ultima una App para integrar la venta
de billetes de AVE, metro, taxi, autobús, VTC, bicicletas y patinetes en una
misma aplicación. Medidas para anticiparse
a la llegada de la competencia de SNCF y Trenitalia.
En paralelo, RENFE
estudia “devolverles la pelota” y presentarse a la liberalización del tren en Francia y en Italia, donde pretende
operar con 10 de los 30 nuevos Talgo
Avril, con 600 asientos (100 más que en España), compitiendo con el AVE “low
cost”. Para entrar en Francia, RENFE tendría que romper su actual acuerdo con
SNCF, por el que la empresa española no llega a París a cambio de que los
franceses no lleguen a Barcelona. En cualquier caso, RENFE lo tiene difícil, porque a nivel ferroviario es un David frente a dos Goliat: la empresa española factura 3.979
millones de euros anuales, la tercera
parte que los italianos de Trenitalia (12.078 millones) y la octava parte que los franceses de la
SNCF (33.311 millones anuales). Y tiene una plantilla de 14.000 empleados
frente a 83.000 los italianos y 160.000 los franceses.
A medio plazo, la
liberalización quitará a RENFE un trozo
de mercado, pero muy restringido
a tres corredores del AVE. Y no se espera que pierda mucho negocio. En los
paises europeos que han liberalizado el ferrocarril, las empresas públicas que
tenían el monopolio han perdido una media del 3,5% del mercado, salvo en
Italia, donde la pérdida ha sido del 16,5%, según la CNMC. El mayor riesgo es que España concentre sus inversiones en estos
tramos del AVE sometidos ahora a una mayor competencia, en perjuicio del resto de líneas del AVE y, sobre todo, del abandono
del resto de la red ferroviaria. Es lo que pasó en Italia, a partir de
la liberalización de 2012, donde Trenitalia
canceló servicios ferroviarios menos rentables. Y en Reino Unido, ahora el
tren cuesta el doble de subvenciones que antes de ser privatizado.
La apertura a la
competencia del AVE, a partir del 14 de diciembre de 2020, beneficiará sólo a 10 capitales (Madrid, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Gerona,
Valencia, Alicante, Sevilla, Granada y Málaga) de las 27 provincias que
disfrutan del AVE. En total, 11 millones
de viajeros que tendrán más trenes y tarifas más bajas, frente al resto de viajeros del AVE (otros
10,3 millones), que no notarán
mejoría y cuyas líneas y servicio se puede deteriorar al necesitar RENFE
concentrarse en las líneas con más competencia. Es el caso de Madrid-León, por ejemplo, una línea con
sólo 481.000 pasajeros anuales.
Pero el mayor contrasentido es que España sigue apostando por el AVE,
minoritario en pasajeros (21,3 millones en 2018, el 4,20% del total de
viajeros) frente al resto del servicio ferroviario, muy abandonado. Hasta
ahora, la “fiebre” por el AVE ha supuesto una inversión
total de 51.775 millones de euros, según ADIF, la cuarta parte aportados por fondos europeos y el resto por los
contribuyentes españoles (835 euros por
persona). La cuestión es que se ha invertido en el AVE 31.414 millones de euros entre 2008 y 2018, frente a 6.338 millones en el resto de la red
ferroviaria. A lo claro: el AVE se ha llevado 4 de cada 5 euros invertidos en el ferrocarril entre 2008
y 2018, para dar servicio al 4,20% de los viajeros, mientras el resto de la red sólo se llevaba el euro
restante (para el 95,6% de pasajeros).
La consecuencia es que tenemos la red de AVE más extensa del mundo por habitante y la 2ª en
kilómetros tras China (3.240 km de AVE frente a 13.000 km de red convencional), muy por delante de Francia
(2.600 km de AVE sobre un total de 30.000) o Italia (1.000 km de AVE en una red
de 16.700 km). Y además de ser la más extensa, es la red de AVE más vacía: tenemos una media de 15 viajeros por kilómetro, frente
a 50 viajeros en Francia, 63 en China, 84 en Alemania o 166 en Japón, según
la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), Y ello, porque el AVE ha
ido creciendo por razones políticas, por presiones de regiones y
políticos, no por una planificación ferroviaria. Y además, se ha construido con múltiples extracostes y
despilfarro de dinero público, según una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, que se queja de que los 23.700 millones de
fondos europeos dirigidos a los AVE de la UE (47,3% de esos fondos a España) se
hayan gastado en redes no conectadas entre paises, con altos costes y baja
ocupación. En ello abunda la Asociación de Geógrafos españoles: estiman en 26.240 millones el despilfarro y los sobrecostes en el Ave español.
El problema es que como las
inversiones en ferrocarril (todas) han sufrido un drástico recorte entre
2009 y 2018, bajando a la cuarta parte (de 5.983
millones a 1.510), todo el esfuerzo inversor que se ha hecho en el AVE ha sido
a costa del resto de la red ferroviaria. Y así nos encontramos con que el
37% de la red no está electrificada (5.617 km) y que un tercio de las locomotoras de RENFE que cubren
vías regionales tienen más de 30 años
de antigüedad, porque desde 2006 no se ha convocado ningún concurso para
renovar material. Y casi la mitad de España está desatendida, con trenes viejos que tardan una eternidad porque
circulan por vías sin renovarse ni modernizarse. No sólo es el caso de
Extremadura, sino también Galicia, Murcia (4,30 horas por tren a Madrid), País
Vasco (5 horas a Bilbao) y parte del servicio interno ferroviario en las dos Castillas,
Aragón y Andalucía.
Al final, la reflexión es que se apuesta por el AVE (4,20% de viajeros) y no por Cercanías
(474 millones de viajeros en 2018, el 93,5%), largo recorrido o trenes regionales, cada vez con peor servicio y,
en consecuencia, con menos viajeros. Ahora, el riesgo es que si RENFE tiene que
competir más con el AVE, las inversiones públicas (escasas) sigan volcándose
ahí como hasta ahora, y no en mejorar Cercanías, trenes regionales y larga
distancia, donde están los viajeros. Habría que volcarse en el ferrocarril, para luchar contra “la España vaciada” y contra
las altas emisiones de CO2 del transporte. Actualmente, sólo el 6,41% de los españoles viajan en tren
(el 79,2% en coche, el 7,14% en autobús, el 7% por avión y el 0,25% por mar).
Y de las mercancías, sólo el 1,68%
se transportan en tren (18% en la UE), frente al 95% por carretera y el 3,59%
por mar, según el Observatorio del Transporte.
En resumen: está muy bien que pronto tengamos un AVE a
Barcelona, Valencia o Sevilla cada media hora, por menos de 40 euros, pero la clave es apostar por el tren para ir a
trabajar en Cercanías o viajar en trenes menos rápidos pero suficientes, no
sólo para las personas sino sobre todo para las mercancías, potenciando el corredor mediterráneo y atlántico, en beneficio de la eficiencia económica y el
medio ambiente. Para conseguirlo, hace
falta invertir en modernizar toda la red ferroviaria, no sólo en el
AVE. Aunque vengan los franceses. Al tren.
El año 2019 termina con dos novedades en las pensiones: las nuevas jubilaciones han crecido menos que ningún año desde 2006
y los pensionistas se jubilan más tarde que
nunca, a los 64 años y 5 meses. Se debe a una caída de las jubilaciones
anticipadas y a que los nuevos jubilados esperan para no sufrir recortes.
Con todo, la factura de las pensiones ronda los 10.000 millones mensuales
y, aunque han subido los ingresos por cotizaciones, no llegan: en 2019, la Seguridad Social tendrá otro agujero
de -17.109 millones, similar al de
los 4 años anteriores. El déficit
hace acuciante la reforma de las pensiones, pero sobre todo este dato, fruto de
la caída de nacimientos al nivel de 1941: si hoy tenemos 3,26 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en
2050 serán sólo 1,24 activos por 1
mayor, según la OCDE. Eso obliga a atemperar el gasto en pensiones y buscar
más ingresos. Urge pactar una reforma en 2020.
En España hay muchos
pensionistas, 8,88 millones (1 de cada 5 españoles), pero 2019 ha sido el año en que menos han crecido desde 2015: sólo crecieron en 76.189 hasta finales de noviembre (8.882.933 pensionistas),
mucho menos que en todo 2018 (+101.037), según los datos de la Seguridad Social. Y lo mismo ha pasado con el número de pensiones: han crecido en
87.990 hasta noviembre (9.784.262 pensiones), mucho menos que en todo 2018
(+114.502). Y las pensiones de
jubilación, que suponen dos tercios de todas las pensiones, han crecido
sólo en 76.751 hasta noviembre
(6.076.942), un aumento del 1,65%, el más bajo desde 2015 y 2009.
Las pensiones y pensionistas crecen menos porque en 2019 se han solicitado menos pensiones
nuevas que en años anteriores: 476.364 nuevas pensiones hasta noviembre, un 5,22% menos que el año pasado (+586.286 nuevas pensiones en todo
2018) y la mayor caída en la solicitud de pensiones desde 2006. Esto se debe,
sobre todo, a que han caído las jubilaciones
(256.000 hasta noviembre frente a 328.000 en todo 2018), un -8,20%,
la mayor caída desde 2006, aunque también las solicitudes de pensiones
de viudedad (114.523 hasta noviembre
frente a 135.000 en todo 2018), un -3,24%, y las de orfandad (-0,50%), mientras crecen pensiones por incapacidad
permanente (+2,65%), según
la SS.
Hay menos
jubilaciones porque han caído sobre todo las jubilaciones anticipadas, que son ahora el 40% del total: si en 2018 se jubilaron 141.093 personas con menos de 65 años, en 2019 se han jubilado (hasta finales de noviembre)
102.345. Las otras jubilaciones
“normales” (con 65 años y más), que suponen el 60% del total, también han caído pero menos: de 187.066 en todo 2018 a 153.692
hasta finales de noviembre de 2019, según la SS.
La razón de que crezcan
menos las pensiones, los pensionistas y los jubilados es triple. Por un lado, en diciembre
de 2018 hubo una avalancha
de jubilaciones anticipadas, porque muchos españoles temían que no se
prorrogaran las condiciones ventajosas para jubilarse que había hasta el 1 de
enero de 2019. El 28 de diciembre, tres días antes del fin de año, el Gobierno
Sánchez aprobó la prórroga, pero ya muchos se habían jubilado anticipadamente. Por otro
lado, en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó otro decreto por el que ampliaba y mejoraba el subsidio a los parados de más de
52 años (antes 55), con lo que más de 100.000 parados mayores podían
seguir trabajando hasta llegar a la edad legal de jubilación (antes, se
les obligaba a jubilarse anticipadamente). Y en tercer lugar, muchos
mayores esperan a jubilarse a los 65 años para no sufrir recortes en la
pensión.
Además, muchas empresas
no tienen prisa por jubilar a sus trabajadores, aunque desde diciembre de 2018 pueden obligarles a jubilarse al llegar a la edad legal (en 2019: 65 años para los que han cotizado 36
años y 9 meses o más y 65 años y 8 meses
para el resto). Pero para aplicarlo, antes debe incluirse en convenio y muchas
empresas no lo han hecho, también por la reticencia de los trabajadores, que,
si están bien, prefieren seguir trabajando antes que jubilarse y perder un 12%
de su sueldo (o más, por pluses e incentivos).
Por unas cosas o por otras, el aumento de pensiones y pensionistas es menor y se han reducido las jubilaciones anticipadas, como
pretendía la reforma de pensiones aprobada por Zapatero en 2011. Eso explica también el otro cambio de 2019, que los nuevos pensionistas se jubilan más
tarde, más mayores: la edad real de los jubilados en 2019 ha sido de 64 años y 5 meses, casi dos meses y medio más mayores que en 2018, la edad más elevada en que se han jubilado nunca los españoles (al menos
desde 2005 en que existen registros), según la Seguridad Social. Los datos revelan que las mujeres se jubilan más tarde (64 años y 11 meses) que los
hombres (64 años y 1 mes), debido a que tardan más en cumplir los requisitos y
porque sus pensiones son un tercio más bajas. Y la edad real de jubilación
también varía por ramas de actividad: la más
baja se da en la minería (57
años y 10 meses) y la más alta en los
autónomos (65 años y 9 meses), también porque cotizan menos y su pensión
final es más baja (además, los autónomos no pueden jubilarse anticipadamente).
A pesar de que haya menos
pensiones nuevas, el gasto en pensiones sigue subiendo y en noviembre, la
factura ha batido otro récord histórico: 9.784,26 millones de euros, un
tercio más que en 2009 (pagar las pensiones costaba 6.537 millones), aunque el
aumento del gasto es sólo del 1,13% anual,
el más bajo de los últimos ejercicios. Y eso, porque está haciendo efecto la reforma
de las pensiones de 2011, que pretendía “frenar el gasto”.
La factura de las pensiones crece porque hay más
pensiones que pagar (aunque crezcan menos), con una revalorización del
1,6% (y el 3% las mínimas), y porque
los nuevos
pensionistas tienen derecho a pensiones
más altas. Pero las nuevas pensiones de jubilación bajan desde 2015, por efecto de la reforma de
pensiones de 2011: si en 2008, la
pensión nueva de jubilación fue de 1.051,70
euros y subió a 1.202,07 en 2011 y a 1.392,44
en 2015, cayó en 2016 (por el
aumento de jubilaciones anticipadas y el mayor cómputo de años de cotización),
a 1.332 euros (-0,79%), en 2017 a
1.318 euros (-1,04%), en 2018 a 1.311,23 euros (-0,55% y más en 2019, a 1.305,62 euros en octubre (-1,82%), según los datos de la Seguridad Social. Con esta menor subida, la pensión media de jubilación que se paga
(viejas y nuevas) es de 1.142,67 euros
al mes, aunque hay muchas diferencias
por regiones: 1.236,91 euros
se pagan en el País Vasco, 1.173 en
Asturias y 1.169 en Madrid, frente a 828,73
euros en Extremadura, 845,12 en Galicia, 876,90 en Murcia y 891,55 euros en
Extremadura. Es el fruto de sueldos y contratos diferentes en sectores
distintos.
Al final, aunque el gasto
en pensiones crezca ahora menos, eso no arregla el déficit de la
Seguridad Social, porque los ingresos por cotizaciones son
insuficientes, aunque otra novedad de 2019 es que han crecido más que nunca desde 2008: un +8% de enero a octubre (103.203
millones ingresados por cotizaciones), gracias a que este año han subido algo
más los salarios, mucho el salario mínimo (+22,3%) y también el empleo, a la vez que el Gobierno
Sánchez subió algunas cotizaciones y a los autónomos.
Pero esta mejora de
cotizaciones es insuficiente y el Gobierno comunicó a Bruselas en octubre
que espera un déficit de la Seguridad
Social de -17.109 millones en 2019, casi como el
de 2018 (-17.369), 2017 (-16.775 millones) y 2016 (-17.720 millones). Y será ya
el 10º año consecutivo de déficit de la SS, un “agujero” acumulado de -118.000 millones de euros desde 2010, tras 11 años de superávit
continuo desde 1999 (ver gráfico). Para “tapar” estos déficits continuados, los Gobiernos
han tirado de la hucha de las pensiones (de 66.815 millones en 2011 quedan ahora sólo 1.500 millones) y han hecho distintos préstamos del Tesoro a la
Seguridad Social, que cerrará el año con 54.833 millones
de deuda.
La situación de las
pensiones es preocupante, porque año tras año generan un abultado déficit, que hay que financiar. Pero el problema se va a agravar en las próximas décadas, a partir de 2027, cuando se jubilen
las generaciones del “baby boom” (nacidas entre 1960 y 1975). La
consecuencia será que los 9,88 millones
de pensiones actuales se convertirán en 15 millones de pensiones para 2050. Y será todavía más difícil pagarlas
que hoy, porque la población joven se reduce (el número de nacimientos en la primera
mitad de 2019, 170.074 niños, ha sido el más bajo desde 1941, según el INE) y el empleo no crecerá tanto como los
mayores, no superará los 20 millones
de españoles trabajando para 2050 (hoy hay 19,87),
según estima la Comisión Europea.
Consecuencia: el problema de las pensiones en España se va
agravar en las próximas décadas, según alertó la OCDE a finales de noviembre con este dato: si hoy, en
España hay 30,6 mayores de 65 años por cada 100 españoles en edad de trabajar,
en 2050 habrá 77 mayores por cada 100 activos. A lo claro: si hoy tenemos 3,26
españoles en edad de trabajar por 1
mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,29 activos por cada pensionista.
Y así no salen las cuentas. El tema es tan serio que España será en 2050 el 2º país del mundo con
peores cuentas, sólo detrás de Japón
(tendrá 1,28 activos por mayor), según el informe “Panorama de las pensiones 2017”, que analiza 40 paises. En Europa, en 2050 estarán casi tan mal como nosotros (muchos viejos y pocos trabajando) Grecia (1,36 activos por mayor), Portugal (1,37) e Italia (1,38). Y mejor, Reino Unido (2,08 activos por mayor),
Francia (1,91) y Alemania (1,69), con una media europea de 1,79 activos por
mayor de 65 años (UE-28), según la OCDE.
El dato es espeluznante y debería obligar
a nuestros políticos a acelerar la reforma de las pensiones, aunque no parecen tener prisa. Pero indica claramente
que la reforma es urgente y que no basta
con retoques. Hay que actuar en
varios frentes: fomentar la
natalidad (conseguir al menos 100.000 nacimientos más al año en una
década), aumentar el empleo (tenemos1,8 millones menos de personas trabajando que la media de empleo en
Europa), mejorar salarios e ingresar más
por cotizaciones (aumentando algo todas y subiendo las de los sueldos altos
y las de los autónomos, que cotizan poco en España, como denuncia el informe de la OCDE) y dedicar una
parte de los impuestos (recaudando más) a pagar las pensiones. Pero aún con todas esas medidas, es obligado
proponer otra que no gusta a nadie: “atemperar” el gasto en pensiones, lo que obliga a contener y moderar las pensiones iniciales y a subirlas poco (salvo
las mínimas), dado que ahora se van a tener que pagar durante 22 años o más (la
gente vivirá hasta los 88 años y más). Y si no lo hacemos, el problema lo
tendrán nuestros hijos y nietos.
El último informe de la OCDE refleja un problema del que nadie quiere hablar, pero
que es un hecho: comparativamente, las pensiones en España son más altas que
en la mayoría de paises. El dato de la OCDE es concluyente: las pensiones suponen
aquí de media (para un trabajador con un salario medio y carrera laboral
completa, no para los muchos “precarios”) el
84,3% del último salario que cobraba, frente a un 63,5% de media del último salario que suponen en Europa (UE-28) o el 58,6%
de media en los 36 paises de la OCDE. Sólo en Turquía
(93,8%), Italia (el 91,8% del último salario), Austria (89,9%), Portugal
(89,6%) o Hungría (84,3%) la pensión es más “generosa” que en España, siendo peor en Holanda (80,2%), Francia
(73,6%), Dinamarca (70,9%), Bélgica (66,2%), Suecia (53,4%), Alemania (51,9%),
Grecia (51,5%), EEUU (49,4%), Japón
(36,8%), Polonia (35,1%) y Reino Unido (28,4% del último
sueldo).
En definitiva, que si
pensamos que las pensiones españolas
son bajas (muchas lo son: un tercio reciben menos de 650 euros al mes), es
porque hemos cotizado por sueldos bajos,
ya que el sistema es más generoso que en la mayoría de Occidente. Otro dato
lo corrobora, este de la española FEDEA: los que cotizan
37 años se pagan con ello 13,2 años de la pensión media. Así que si viven
más y cobran 8 años más de pensión (21-22
años, la media), son años que cobran sin
haber cotizado por ellos.
No se trata de recortar las pensiones sino de que el gasto crezca menos, para
asegurar que el sistema no quiebre en el futuro. Eso implica un conjunto de
medidas para “atemperar” el gasto en pensiones: aumentar la edad “real” de jubilación (de los 64
años y 5 meses actuales a 67 o 68 años, como plantea la OCDE y muchos expertos), computar más años de cotización (de los 25 años previstos para 2017 a 35 años
primero y luego toda la vida laboral) y frenar
más las jubilaciones anticipadas. Todo ello rebajaría algo las nuevas pensiones,
pero se trataría de asegurar un mínimo y luego revalorizarlas “lo posible”, sabiendo que hay que pagarlas durante 22 años y más.
Y en paralelo, conseguir más ingresos,
por cotizaciones e impuestos, sobre todo para asegurar unas pensiones mínimas
dignas.
La clave es recortar el déficit actual y mejorar las cuentas
a medio plazo, para que el gasto no colapse el sistema y aseguremos las pensiones de las
futuras generaciones, no sólo las nuestras. Hacer las
cuentas (sin demagogias) para ver cuánto se puede ingresar y cuánto pagar, con
equidad y solidaridad entre generaciones. No pensar sólo en subir las pensiones
actuales y “el que venga detrás que arree”. Urge pactar una reforma de las pensiones que
valga al menos hasta 2050. Y, como pasa con el Cambio Climático, hay que actuar cuanto antes y con rigor, porque cuanto
más se tarde en enderezar el sistema, más duros serán los ajustes.
Salvemos las pensiones, no sólo las
nuestras, sino las de nuestros hijos y nietos. Es una de las grandes tareas
de España en 2020.
