Se retrasa la ampliación de horarios comerciales

El Gobierno quería que este verano pudiéramos comprar los domingos y festivos en los lugares turísticos, como le habían pedido a Zapatero Bruselas y los grandes almacenes, en la última cumbre empresarial en Moncloa. Pero el varapalo electoral del 22-M  y la actitud contraria de CiU y PNV hacen difícil la reforma, que además no puede hacerse por decreto-Ley. Y dado que tampoco  el PP quiere hacer ruido con este polémico tema, todo apunta a que la liberalización de horarios comerciales quedará para el verano de 2012. El pequeño comercio, que emplea a 3 millones de personas, se opone a ampliar horarios y dice que el problema de las tiendas no son las horas que abren sino que no se vende.

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El presidente Zapatero prometió el 11 de enero, al presentar el Informe Económico, que el Gobierno plantearía a las autonomías “acciones concertadas en materia de horarios comerciales”. En la Cumbre europea de marzo vuelve a hablar de ampliar horarios, como le pide en Moncloa el presidente de El Corte Inglés: “no es de recibo que un crucero llegue a Barcelona un domingo y los turistas se encuentren con todas las tiendas cerradas”, le comentó Isidoro Álvarez. En abril, Economía habla de ampliar los horarios a los híper, supermercados y grandes almacenes (el pequeño comercio ya tiene libertad de horarios): se pasaría de 72 a 84 horas a la semana y de 8 domingos y festivos al año a 12. Y en mayo, Comercio centra la ampliación de horarios en zonas turísticas: podrían abrir todos los festivos.

Pero dos hechos han frenado estas intenciones del Gobierno. El primero, una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que los horarios comerciales no se pueden regular por decreto-Ley, como pretendía hacer ahora el Gobierno, sino por Ley. El segundo y más importante, el varapalo electoral del 22-M, que dificulta cualquier acuerdo con las autonomías (que tienen las competencias de comercio interior) y con el PP para hacer una Ley antes de las elecciones de 2012. De hecho, el Gobierno catalán ya ha dicho que se opone a la ampliación de horarios e incluso podría restringir su estricta  normativa actual, dado que el apoyo social de CiU son los comerciantes (botiguers).El PNV ha gobernado décadas en el País Vasco, la única autonomía que no abre ningún domingo, y tampoco está por la ampliación. Y el PP, que ha impulsado la liberalización comercial en Madrid (90 horas y 22 domingos al año), tampoco querrá abrir este frente, que le puede restar votos de los comerciantes cara a 2012.

Así las cosas, los comerciantes insisten en que la ampliación de horarios sólo beneficia a las grandes superficies, que defienden, como muchos expertos y organismos (OCDE, UE, FMI, Banco de España), que la libertad de horarios aumentaría las ventas y el empleo. Algo que no demuestran los datos en España: entre las catorce autonomías donde han caído las ventas y el empleo en el comercio (datos INE 2010) se sitúan cuatro de las cinco autonomías que tienen los horarios más liberalizados (ver mapa horarios) : Madrid, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. La única con más horario que mejoró ventas fue Castilla y León.

Otro argumento a favor de la libertad de horarios es que favorece a los consumidores. Hay encuestas que lo defienden, como una de la OCU, pero la última encuesta del CIS (abril 2011,pregunta 26) dice que el 61,3% de los consumidores no se sienten nada perjudicados por los actuales horarios. Y es que lo que preocupa a la mayoría es poder comprar, no cuando. De hecho, las ventas de los comercios minoristas volvieron a caer en abril por décimo mes consecutivo. Es la puntilla para un sector, el comercio, donde han cerrado el 10% de los establecimientos y donde se han perdido 420.000 empleos en los tres últimos años (302.128 asalariados y 118.000 autónomos), un 22% de todas las bajas a la Seguridad Social  provocadas por la crisis.

El comercio es, después de la construcción, el sector que emplea a más personas en España, casi 3 millones de trabajadores (2.219.000 asalariados y 780.500 autónomos). Un 90 % de los comerciantes son autónomos y dos tercios de sus trabajadores son mujeres, por lo que los pequeños comerciantes insisten que si se liberalizan más los horarios, como no pueden contratar a nadie por la caída de ventas, tendrían que trabajar los siete días de la semana (ellos y sus empleados), sin poder estar con sus familias. Y además, se aceleraría el trasvase de ventas a las grandes superficies, provocando más cierres de comercios y desertizando el centro de las ciudades, Enfrente, los grandes comercios defienden libertad de horarios, para que cada uno compre cuando pueda, añadiendo que eso les permitiría crear empleo. De hecho, IKEA y Leroy Merlin se han acogido a un decreto regional para el mueble y van a abrir ya todos los domingos en sus centros de Madrid.

La pelea de los horarios comerciales está en tablas y así seguirá hasta que haya otro Gobierno que pueda pactar un difícil acuerdo con las autonomías y en el Parlamento. La “guerra” de los horarios comerciales, recurrente desde el decreto Boyer de 1985, volverá cuando se recupere el consumo. Porque, ideologías aparte, para vender hay que tener compradores con empleo y confianza para gastar. Entonces podremos hablar de horarios.

Multinacionales españolas: el modelo Telefónica

Es una de esas noticias que provocan al personal: Telefónica, la empresa con más beneficios del país occidental  con más paro, despide a una quinta parte de su plantilla. Y mientras, sus directivos se reparten millones en bonus, su presidente es el tercer ejecutivo mejor pagado de España y sus accionistas cobran uno de los dividendos más altos del mundo. Pero lo peor no es eso. El problema es que el modelo Telefónica es el más puro ejemplo de la gestión de las multinacionales españolas, empresas que invierten y crean empleo fuera, que viven pensando en las Bolsas y el dividendo, cuyos directivos tienen sueldos y bonus millonarios y que no crean empleo en España sino que a la menor oportunidad lo destruyen y lo externalizan.

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La noticia no es que Telefónica reduzca plantilla, ya que ha hecho dos grandes ajustes (17.335 empleos en 1.999-2000 y 13.780 en 2003-2007), que han reducido a la mitad su personal en España (de 67.217 a 35.379). Lo provocativo es que lo haga tras ser la primera empresa española que supera los 10.000 millones de beneficios y la empresa con mayor rentabilidad por dividendo de las 50 mayores compañías del mundo, lo que significa que sus accionistas se han embolsado 6.755 millones en 2010 y esperan llevarse el 91 % de los beneficios en 2011. Para redondear el reparto, Telefónica ha aprobado unos bonus de 450 millones de incentivos para 1.900 altos directivos (que tuvieron otro bonus en 2006). Y su presidente, César Alierta es el tercer ejecutivo mejor pagado de España: cobró 8,6 millones de euros en 2010.

Con todo esto, argumentar que han caído las ventas de Telefónica en España y que hay que despedir a 6.500 empleados en tres años, para ahorrar 450 millones al año en gastos de personal, suena poco convincente. Está claro que el fin del monopolio y la dura competencia en el sector afectan a Telefónica, pero el problema clave es su estrategia multinacional, que le lleva a tratar de ajustar sus cuentas en España (reduciendo el 20 % de su plantilla  y vendiendo Atento) para invertir y crear empleo en el extranjero. Y eso que, en 2011, los beneficios sobre  ingresos en España han sido del 44%, un porcentaje superior al conseguido en el resto del mundo y por su competencia. O sea, que los clientes españoles y la plantilla sostienen su internacionalización.

Para poner la guinda, han sido los sindicatos los que han pedido que los despidos suban de 6.500 a 8.500 (aunque finalmente serán 6.500), a cambio de que en 5 años no se tocara la plantilla. Y también, porque hay muchos empleados que quieren convertirse en prejubilados de oro: dejan de trabajar a los 53, tienen dos años de paro y luego cobran un 66% del sueldo bruto (unos 3.000 euros mes) hasta los 61 años y después, el 34% hasta la jubilación (unos 1.500 euros al mes), más las cotizaciones a la SS a cargo de la empresa. Un regalo envenenado, que supone una pérdida de recursos para el país (y eso que no nos toca pagarles dos años de paro, como a otras empresas y a las Cajas) y para Telefónica (que los cambia por becarios y empresas externas). Y una afrenta a los 5 millones de parados.

El problema de fondo es que Telefónica no es un caso aislado, sino el ejemplo más duro de un modelo de gestión, el de las nuevas multinacionales españolas, bancos y empresas, no más de 50, que facturan más fuera de España que dentro. Unas empresas que gestionan su día a día pensando en su valor en Bolsa y en los analistas (los “mercados”), en los Fondos de inversión que tienen de accionistas y que sólo valoran el beneficio y el dividendo, no que creen empleo. Y cuyos directivos gestionan para defender sueldos y bonus multimillonarios, ligados a beneficios y cotización.

Las 35 empresas del IBEX ganaron 51.613 millones de euros en 2010 (+ 24,7%). Además,  su dividendo se ha multiplicado por cinco en los últimos 10 años (repartieron 25.000 millones en 2010), en beneficio de sus accionistas. Los sueldos de sus Consejos de Administración han crecido un 40% en los últimos cinco años, con una subida del 20% sólo en 2010. Y hay 8 altos ejecutivos que ganan más de 4 millones de euros al año, mientras son frecuentes los ejemplos de bancos y empresas que reparten jugosos bonus a sus directivos, bonus que la Unión Europea quiere controlar con una Directiva que el Gobierno español aprobó finalmente el  pasado viernes 3 de junio, sobre todo para bancos y Cajas que reciban ayudas públicas. 

Entre tanto, las multinacionales españolas destruyeron empleo, tanto en 2009 (18 empresas de las 35) como en 2010 (11 empresas). Entre las 35 del IBEX emplean 2.670.774 personas en el mundo (2009), de las que sólo una cuarta parte (559.869) están en España, según UGT. Y la sensación es que si no reducen más plantilla en España, como Telefónica, es por imagen, ya que tienen claro que España es un mercado maduro, donde les sobra plantilla (de un 10 a un 20%), que desearían recortar para crecer más fuera. De momento, abren las puertas a que se vaya (discretamente) el que quiera, fuerzan a empleados a trabajar en otros países y externalizan todo el trabajo que pueden. Además, presionan al Gobierno para que les facilite el ajuste. Así, tras la reunión de 30 grandes empresarios con Zapatero en Moncloa, en noviembre, el Gobierno aprobó en diciembre un Decreto que eliminaba el requisito del mantenimiento del empleo en la libre amortización del impuesto de sociedades. Resultado: los despidos colectivos de grandes empresas han crecido un 210% este año.

Al final, nuestras multinacionales destruyen más empleo del que crean, encabezadas por César Alierta, presidente del Consejo para la Competitividad, un lobby de grandes empresas creado por Zapatero, que se van a repartir 30.000 becarios (que cobrarán 400 euros) de un programa para jóvenes desempleados, impulsado por Economía, que también coordina Alierta. Para nuestra desgracia, estas multinacionales españolas (muchas antiguas empresas públicas) no son la solución contra el desempleo, que tendrá que venir de pymes y autónomos. Pero ellos no tienen su poder ni sus ayudas. Así nos va.  

Tregua en la guerra del automóvil

Los políticos han puesto patas arriba al sector del automóvil, provocando un duro enfrentamiento entre fabricantes y concesionarios con una enmienda en el Congreso que luego anularon en otra Ley. Al final, se ha llegado a un pacto inestable y el Gobierno acaba de aprobar una Ley que da una cierta tregua en el conflicto. En el fondo está la fuerte caída de las ventas, a niveles de hace 18 años. El automóvil, la segunda industria española tras el turismo, sobrevive gracias a las exportaciones, pero hay muchos empleos en juego si no se venden coches en España. El sector pide ayudas para renovar los coches de más de 10 años.

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En España, los 10 fabricantes de coches y las 30 empresas importadoras han impuesto tradicionalmente sus condiciones a los 3.500 concesionarios de coches y otros tantos distribuidores, con contratos leoninos que llevan a comprar más coches de los que venden (automatriculaciones) para mantener cuotas y márgenes, en medio de una feroz competencia. En febrero, el PNV y el BNG presentaron una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, apoyada por CIU y el PP, para “defender” a los concesionarios, para apoyar a David frente a Goliat: se obligaba a los fabricantes a recomprar a los concesionarios los coches no vendidos en 60 días y en el caso de rescisión de contratos, las marcas tendrían que indemnizar a los concesionarios por las inversiones no amortizadas. La enmienda, aprobada con la Ley, suponía un coste para las marcas de 27.000 millones de euros.

Los estados mayores de las multinacionales del automóvil, en Alemania, Francia y EEUU, montaron en cólera, al igual que los gobiernos de las autonomías con fábricas de automóviles (Galicia, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana o Cataluña), controlados por el PP o CiU. Se dispararon las llamadas a Génova, a la Generalitat y a Industria. “Nos vamos de España”, amenazaron. El PP y los nacionalistas comprendieron que habían metido la pata. Y para sacarla, el Gobierno les propuso aprobar una enmienda en otra Ley (la de Sistemas de Pago) que anuló la polémica enmienda aprobada un mes antes. A partir de ahí, fabricantes y concesionarios han tardado dos meses, hasta el 12 de mayo, en llegar a un pacto, que debe culminar en un Código de Buenas Prácticas del sector del automóvil. Y para darle cobertura, el Gobierno aprobó el 20 de mayo el proyecto de Ley de Contratos de Distribución.

La Ley pretende fijar unas nuevas reglas en los contratos entre fabricantes y vendedores de coches, fijando normas sobre compras mínimas, stocks, descuentos, objetivos comerciales y contratos, buscando una relación más equilibrada y con menos imposiciones de los fabricantes. Es sólo una tregua y ahora falta ver cómo se aplica. El problema es que los vendedores de coches es un sector muy fragmentado (el líder, Quadis, tiene el 2% de las ventas), con pequeños establecimientos, escasa presencia extranjera (entrarán) y donde los fabricantes intentan vender directamente sus marcas, agravando la “guerra”.

Con todo, el problema de fondo es la caída de ventas: un 25,7 % en los cinco primeros  meses, y una previsión de vender menos de 900.000 coches este año, la cifra más baja desde 1993. Las ventas han caído en picado desde julio de 2010, por la subida del IVA y por el final del Plan 2000E, introducido en mayo de 2009 y que supuso 313.800 matriculaciones adicionales, según el Banco de España. Ahora, los vendedores de coches piden al Gobierno nuevas ayudas, como la supresión temporal del impuesto de matriculación para los que cambien un coche de más de 10 años, que son el 40 % del parque automovilístico. Una medida que podría costar unos 200 millones a las autonomías, pero que se les podría compensar en parte por la mayor recaudación de IVA si aumentan las ventas.

La crisis del automóvil es por la caída de ventas en España, ya que el sector fabrica y exporta más cada año. Así, en 2010 se fabricaron en España 2.387.900 vehículos, un 10% más que en 2009, el 90% para la exportación. Este año, en el primer trimestre, se han fabricado casi  250.000 vehículos, sólo un 0,43% más, debido al desplome del mercado español, donde las visitas a los concesionarios han bajado un 80% en mayo. Se teme por el empleo, después de haberse perdido 80.000 empleos entre 2007 y 2009, en un sector que sostiene  233.582 empleos directos (fábricas y componentes) y otro millón y medio de empleos indirectos. Y un sector que aporta en impuestos 25.000 millones al año (la mitad que todo el IVA).

España es el segundo fabricante de automóviles de Europa, tras Alemania, y el sexto exportador del mundo. Y somos el país europeo con más fábricas (18) de más multinacionales, fábricas bastante competitivas y con una elevada innovación y tecnología. Tenemos dos debilidades: estamos en la periferia del mercado europeo  (lo que obliga a miles de camiones, trenes y barcos trasladando coches y componentes, con altos costes logísticos) y producimos coches del segmento medio/bajo, que dan menos márgenes. Pero es una industria potente y nuestro segundo renglón exportador. Hay que echarle una mano, como se viene haciendo en los últimos años, en que el automóvil se ha llevado más de la mitad de todas las ayudas industriales, con 4.000 millones en ayudas y créditos públicos.

El futuro pasa por automóviles que consuman menos, más seguros, menos contaminantes y con precios competitivos. Y España debe estar a la vanguardia de este mercado, aunque las decisiones se tomen en otros países. Pero aquí está el empleo. Hay que asegurarlo.

A confesarse con Hacienda

Queda un mes para confesarse con Hacienda, pero este año los contribuyentes parecen tener más prisa por declarar sus ingresos de 2010. Y eso porque ahora, gracias a Internet, en vez de la penitencia reciben antes la devolución. De hecho, los primeros quince días de abril, ya había casi 600.000 contribuyentes que habían cobrado su devolución. Hay prisa por cobrar, por la crisis. Y es que a ocho de cada diez contribuyentes, la declaración del IRPF les sale a devolver, porque les retuvieron de más el año pasado o por las deducciones, sobre todo por vivienda y planes de pensiones. Con todo, este año han subido los tipos, como pasará en la próxima declaración. Y Hacienda sigue controlando de cerca lo que confesamos, cada vez con más datos. Este año va a vigilar sobre todo a los profesionales.

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El impuesto sobre la renta, el IRPF, de dónde saca el Estado casi la mitad de sus ingresos (43,5%), no se paga ahora, sino que lo hemos pagado casi todo en 2010, con las retenciones mes a mes. Ahora, con la declaración, se trata de ajustar esos pagos con las deducciones. Y a  la mayoría, al hacer cuentas, le sale que Hacienda tiene que devolverle dinero. Así, de 19,4 millones de declaraciones que se esperan esta primavera, 15,2 millones tienen derecho a devolución (200.000 menos que el año pasado), que recibirán 11.167 millones de euros (7,33% menos que en 2010). Y 4,2 millones son positivas, aunque sólo 3,8 millones de contribuyentes (2 de cada 10) pagan ahora con la declaración, 6.184 millones de euros (+3,46%). En definitiva, que Hacienda devuelve ahora casi el doble de lo que ingresa, porque la recaudación del IRPF (67.601 millones) ya la hizo el año pasado, con las retenciones en nóminas y otros ingresos.

El IRPF es un impuesto que pagan fundamentalmente los asalariados: casi el 80 % de la recaudación viene de las nóminas, el camino por el que pagan un 90% de los contribuyentes. Y además de ser un impuesto que pagan los trabajadores, el IRPF lo pagan sobre todo las rentas medias y altas, ya que las rentas bajas están exentas o apenas pagan. Tras la reforma fiscal de 2007, en la primera legislatura de ZP, unos 6 millones de contribuyentes (el 30% del total) dejaron de pagar IRPF, según el IEF, al elevarse el mínimo personal y familiar exentos de declarar (ahora, los que ganan menos de 22.000 euros año brutos, o sea todos los mileuristas). Esta enorme bolsa de no declarantes se explica no tanto por progresividad fiscal como porque Hacienda se quitaba así un gran paquete de contribuyentes que ingresaban poco y daban mucho trabajo de gestión, centrándose en menos contribuyentes, las rentas medias y altas.

En consecuencia, si se analiza lo que el contribuyente paga a Hacienda, se ve que las rentas altas, con unos ingresos de más de 39.000 euros (10,3% de las declaraciones) aportan el 56% de la recaudación total del IRPF y que las rentas más bajas (58% de las declaraciones, con ingresos por debajo 18.000 euros) aportan el 10% de los ingresos, quedando el 34% restante para las rentas medias (18.000-39.000 €), según la Agencia Tributaria. Esto habla de un impuesto progresivo (paga más quien más tiene), aunque no controle muchos ingresos y fortunas, que evaden vía empresas interpuestas, sociedades o SICAV. Baste decir que sólo 8.059 contribuyentes reconocen ganar más de 600.000 euros al año, frente a una inmensa mayoría (95,45%) que confiesa ganar menos de 60.000 euros.

Este año, al declarar la renta de 2010, a todos nos han subido los impuestos, un 5,5%, por dos medidas: la supresión de los 400 euros y el aumento de las retenciones al ahorro, del 18 al 19% (o al 21 % si se perciben más de 6.000 euros). Además, no se han actualizado con la inflación los mínimos personales y familiares. Con todo ello, la presión fiscal (ingresos tributarios más cotizaciones/PIB) subió del 30,4 % en 2009 al 31,5% en 2010. Y volverá a subir en 2011, hasta el 32,5%, por la subida de tipos en las rentas más altas, la no actualización de los mínimos con la inflación y, sobre todo, al desaparecer (para la mayoría) la deducción por inversión en vivienda, de la que se benefician 6,6 millones de contribuyentes. Además, en la próxima declaración (a presentar en 2012), subirán los tipos del IRPF algunas autonomías (Cataluña, Andalucía, Extremadura o Cantabria), con lo que pagaremos más que este año.

Ya nos toque pagar o nos devuelvan, hay que procurar confesarse bien con Hacienda, porque cada vez sabe más de nosotros. Y lo que no sabe, se lo dicen. Así, desaparecido el impuesto del patrimonio (2008), bancos y Cajas están obligados a darles nuestros datos claves: saldos de cuentas, depósitos y créditos, rendimientos, compras y ventas de Fondos y valores. Con ello, y con datos de autonomías, Ayuntamientos, Seguridad Social y múltiples organismos internacionales, Hacienda tiene una gran base de datos para controlarnos y detectar el fraude, casi imposible para los que viven de un sueldo.  Y como tiene necesidad de ingresar, va a por todas. En 2010 ya recaudó 10.000 millones en la lucha contra el fraude, un 23,7% más. Y este año ha dicho que va a vigilar con lupa a los profesionales y los signos externos de riqueza, desde el uso de tarjetas de crédito a viajes caros, barcos, coches o pisos de lujo. Vale, que vigile, pero de verdad. La mayoría no tenemos nada que esconder.

Espaldarazo legal al "boom" del juego online

El Gobierno y todos los grupos políticos se han dado prisa en aprobar, en menos de tres meses, la Ley que va a regular el juego online, que puede mover 1.000 millones de euros en España en 2012. Un negocio que lleva funcionando varios años de forma alegal, controlado por empresas multinacionales, y que ahora pagará impuestos, que irán a financiar a las autonomías y también al fútbol. La nueva Ley, más permisiva que en la mayoría de Europa, dará un empujón al juego online pero será difícil controlar un negocio dominado por multinacionales europeas que operan desde paraísos fiscales, como Gibraltar. Jugar por Internet será ahora una tentación con más opciones y con muchos riesgos.

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España es un país donde nos gusta mucho el juego, un sector que mueve cada año 30.000 millones de euros (un 3% del PIB) y genera 100.000 puestos de trabajo en bingos, casinos, tragaperras y casas de apuestas presenciales. Casi la mitad de los españoles (el 49,9%) participa en juegos de azar de manera habitual y el 92,4 por 100 de los mayores de 18 años ha jugado en alguna ocasión, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. La mitad de los jugadores habituales (mayoritariamente hombres y de estatus social medio-alto) se gasta entre 6 y 35 euros al mes y los datos confirman que se juega más con la crisis.

En los últimos años, una parte creciente de este juego se hace por Internet, dado que en España hay ya 27 millones de internautas. A nivel mundial, el juego online, que lleva menos de diez años, movió 12.700 millones de euros en 2008, según H2 Gambling Capital. Un 41 % del juego online se mueve en Europa y dos tercios son apuestas deportivas (70% fútbol, 14% tenis y 10% baloncesto) y el resto póker (mueve 3.500 millones de euros)  y casinos online, aunque se apuesta por todo, hasta por los resultados electorales. Un nuevo negocio concentrado en diez empresas y dominado por tres multinacionales : la austriaca Bwin (patrocina al Real Madrid), la mayor del mundo, y las británicas William Hill y Landbroker.

España es ya el quinto mercado europeo de juego online (tras Francia, Alemania, Grecia e Italia) y se estima un negocio de 575 millones de euros en 2009, con 280.000 jugadores. Y eso siendo un negocio alegal (sin ley), donde las multinacionales llevan varios años captando clientes sin pagar un euro de impuestos en España y haciendo competencia desleal a las empresas españolas de juego, que tenían prohibido ofrecer juego online y hacer publicidad. Tal es así que Bwin paga 18 millones al Real Madrid por patrocinar sus camisetas, que es justo la cantidad que paga en impuestos por el Bingo Canoe de Madrid la española Codere, que ha llevado al Madrid y a Bwin a los tribunales.

Ahora, con la Ley del Juego online aprobada el 12 de mayo, las empresas que ofrezcan juego online tendrán que pagar impuestos en España. Por eso las prisas del Gobierno en aprobar la Ley, para recaudar más y para encontrar mejor un novio a Loterías del Estado, empresa que se va a privatizar un 30% en octubre (7.000 millones) y que será más fácil colocar ahora que puede ofrecer juegos online además de lotería (en exclusiva). La ley obliga a los operadores de juego a regularizar su situación con Hacienda en los últimos cinco años (con lo que ingresará dinero), pero los impuestos del juego online irán íntegros a las autonomías, que cobrarán trimestralmente por lo que jueguen por Internet sus residentes. La tasa es de un 25% de media sobre los ingresos netos (sin premios), más alta que en otros países (desde el 8,5% de Francia o el 15% de Gran Bretaña al 20% de Italia). Si se espera que el juego online mueva unos 1.000 millones de euros ya en 2012 y crezca exponencialmente, los ingresos para las autonomías podrían ser de 250 millones al principio y de 1.600 millones en unos años.

Pero con las apuestas online no sólo gana Hacienda y las autonomías. Los Clubs de fútbol ingresan ya 100 millones al año por patrocinio de empresas de juego online: Real Madrid (Bwin), Barcelona (Betfair), Valencia (Unibet), Málaga (William Hill), Español (Interapuestas), Sevilla (888.com)… Y sólo los partidos del Barça mueven en Betfair más de 120 millones €/año en apuestas. Ahora se va a fijar un porcentaje de retorno de las apuestas deportivas para los clubs y el deporte, que podrían reportarles 400 millones de euros al año. Y la publicidad del juego online, siendo alegal, reporta ya 50 millones de euros a los medios de comunicación.

Por todo ello, el juego online parece la nueva gallina de los huevos de oro, que ha llevado al Gobierno ZP a hacer una legislación de las más permisivas de Europa, donde es legal en 20 países (en 6, con monopolio del Estado) y se prohíbe en otros 7 (como en EEUU). El problema es cómo controlarlo, para evitar fraudes, evasión de impuestos y blanqueo de capitales, máxime cuando la mayoría de las multinacionales tienen su sede y sus unidades operativas en paraísos fiscales (Bwin y Betfair, en Gibraltar). Y como vigilar que no juegan los menores y los ludópatas (en España hay 40.000 personas que tienen prohibido el juego).

No se pueden poner puertas al campo y por eso había que legalizar el juego online. Además, servirá para ayudar a las maltrechas arcas del Estado y de las autonomías. Pero ojo: una cosa es el ocio sano y controlado y otra la adicción al juego, ahora más atractiva y fácil por Internet. Una gran tentación y más con la crisis. Hay que vigilarlo.

IVA facturas impagadas:otro palo a los autónomos

Son más de tres millones de españoles que se buscan la vida por sí mismos, con todos los inconvenientes de ser trabajadores y empresarios a la vez. El drama de los autónomos es que no venden, los bancos y Cajas les niegan la financiación y  sufren los impagos de empresas y la Administración. Y encima, tienen que pagar a Hacienda el 18% de IVA de las facturas que les deben, algo que no ha querido arreglar el Congreso, que acaba de votar en contra de una propuesta del PP para que no paguen el IVA de las facturas impagadas. Otro palo más para un colectivo con graves problemas, donde hay un 20% de pobres  y en el que se han dado de baja 375.000 autónomos en los últimos tres años.

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España es el país con más morosidad de Europa en el pago de las facturas y eso lo sufren especialmente los autónomos. Dos de cada tres autónomos denuncian que la morosidad les ha trastocado su negocio, según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo (ATA). Y cuatro de cada diez tardan al menos 6 meses en cobrar las facturas, mientras otros tres tardan entre 6 meses y un año y los tres restantes más de 365 días. Los que peor pagan son las administraciones públicas (sobre todo, autonomías y Ayuntamientos), a 158 días de media, incumpliendo en un 95% la Ley de Morosidad aprobada en 2010 (les fijaba un máximo de 50 días para pagar en 2011). En cuanto a las empresas privadas, pagan en España a un plazo medio de 101 días, frente a 57 días en la Unión Europea.

Por si no tuvieran bastante con no cobrar, los autónomos tienen que pagar a Hacienda cada trimestre el IVA de las facturas que emiten, las cobren o no. Así, el autónomo, obligado a ser recaudador, está adelantando al fisco unos 1.500 millones de euros por el IVA de las facturas impagadas. Por eso, llevan años pidiendo que sólo paguen el IVA de las facturas cobradas, una petición que el PP trasladó al Congreso y que fue rechazada por el Gobierno y la mayoría de los grupos, para no bajar la recaudación. Otra petición, también rechazada por el Parlamento, era no pagar tributos y cotizaciones a las entidades públicas para compensar las facturas impagadas a autónomos y pymes (unos 34.000 millones de euros en total).

Al final, los impagos son responsables de la caída de dos de cada tres autónomos, según ATA. Otro grave problema es la falta de financiación: el 54,2% de los autónomos señala que bancos y Cajas le denegaron un crédito en el primer trimestre de 2011 y a otro 23% le dieron menos de lo que pidió. El resultado, según la encuesta, es que dos de cada tres autónomos desisten ya de pedir financiación. Y lo peor de todo es que, además, no venden: un 74 % de los autónomos han disminuido su actividad en 2011, casi la mitad de ellos con caída de ventas de más del 20%, que se suman a la caída del negocio en los dos años anteriores.

Morosidad, falta de crédito y caída de ventas, tres problemas que llevan a los autónomos a no crear empleo (el 81% no ha contratado a nadie en 2010 y el 88,7% no piensa hacerlo en 2011) y a cerrar. El primer trimestre de 2011 ya han dejado su actividad 56.500 autónomos y en los últimos tres años de crisis ya han caído 375.000 autónomos, según ATA. Y sólo una mínima parte cobrará el desempleo, ya que de los 3.162.336 autónomos registrados, sólo 640.000 se han decidido a cotizar por desempleo, para cobrar dos meses por año cotizado.

Otro problema es su envejecimiento: 7 de cada 10 autónomos tienen más de 40 años y los jóvenes no se animan a trabajar por su cuenta. Lo peor es que el 95% de los autónomos cotizan por bases mínimas, con lo que sus pensiones son un 41 % inferior a las de un trabajador asalariado, según UPTA. Para corregirlo, las asociaciones de autónomos han iniciado una campaña para convencer a los autónomos de que coticen por bases más altas. Y el Gobierno les ha cambiado la norma, con lo que ahora sólo tienen hasta los 42 años (antes, hasta los 50) para elegir la base de cotización de los últimos 25 años que computan para la pensión. Con ello, muchos autónomos que ahora cotizaban lo mínimo (223 euros al mes) van a tener que cotizar 730 euros más al mes (hasta 953 €) para poder tener una pensión decente.

En resumen, un panorama desolador en un año, 2011, donde la mayoría de autónomos espera que su negocio irá igual (32%) o peor (50%). Ello agravará los ceses de autónomos y su nivel de vida, ya muy deteriorado por la crisis. Tal es así que un 20% de los autónomos españoles son pobres, según la EFILWC (una agencia de la UE), porque perciben rentas por debajo del 60% de la media de los trabajadores. En este grupo están sobre todo los autónomos jóvenes con hijos que trabajan en el campo, la pesca, la limpieza o la hostelería.

Al final, los autónomos son una pieza clave para crear empleo y riqueza, una buena fórmula de autoempleo para jóvenes, mujeres y desempleados. Pero necesitan ayudas para lanzarse a emprender un negocio, no un palo al mes como se les da. Hay que mimarles.  

El turismo despega, pero sin euforia

Este verano, las costas españolas, y sobre todo las islas, van a estar repletas de turistas extranjeros, a tenor de las reservas. Los problemas políticos en el Norte de África nos pueden desviar medio millón de turistas extras. Con ello y la mejoría en el primer trimestre y la Semana Santa, se espera un buen crecimiento del turismo en 2011, aunque menor al de antes de la crisis. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, ya que sobre el turismo acechan varias incertidumbres: el turismo de los españoles no remonta, el gasto medio del turista ha bajado, los precios han empezado a subir, la revalorización del euro encarece nuestro país y la recuperación en Europa, de donde proceden nueve de cada diez turistas, es todavía débil. Así que hay que seguir mejorando la oferta y no confiarse.

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El turismo, la primera industria del país, creció un 2,4% en el primer trimestre, frente al 1% en 2010 (y al 0,3% que creció la economía española). El despegue vino de la mano de los turistas extranjeros (+2,9%), ya que el turismo español sigue estancado (+0,3%). El turismo británico (uno de cada cinco turistas) y el alemán bajaron, pero han aumentado los turistas de Holanda, Bélgica, Suiza, Italia y países nórdicos, sobre todo a Canarias. Eso sí, el gasto medio (94€ día) ha bajado casi un 4%, porque aumentan los turistas que no vienen a hoteles ni con paquetes.

En Semana Santa, la ocupación hotelera ha sido del 85% (a pesar del mal tiempo) y de más del 90% en zonas de costa y ciudades de interior con turismo religioso, con un 10% más de  facturación. De cara al verano, las reservas han  crecido ya un 10%, sobre todo en el mercado alemán y nórdico, con destino a las costas, Baleares y especialmente Canarias, que espera batir este año el récord del siglo en pasajeros (35 millones), aprovechando la crisis política en Túnez, Marruecos y Egipto, que podría desviar hacia España medio millón de turistas extras este año. La previsión del sector (Exceltur) es que el turismo crezca este año un 2,2 %, más del doble de lo que preveían en enero (+1%), aunque todavía menos que antes de la crisis (el turismo creció por encima del 3% entre 2000 y 2007).

Para consolidar el despegue, planean sobre el turismo español varias incertidumbres. La primera, la dura competencia de países como Turquía, Croacia, Bulgaria o las islas del Mediterráneo, junto a Portugal y Grecia, que van a tirar los precios por su grave crisis interna. Y sin olvidar los nuevos destinos, que crecen con fuerza, como África, Latinoamérica y China, que es ya el tercer destino turístico del mundo (tras Francia y EEUU y después de haber superado a España). La segunda, nuestros precios, que han empezado a subir (IPC de abril), tras dos años de estancamiento. Y más con la subida del euro, que a pesar del freno por la crisis de Grecia, se ha revalorizado este año un 9,5 %, lo que encarece España a los británicos, americanos, japoneses y turistas de países no euro. También los vuelos se han encarecido, con una subida del 15% del combustible. 

Con todo, la clave está en la lenta recuperación de una parte de la economía europea e internacional: crecen más Alemania (+1,5%) y Francia (+1%), pero poco Reino Unido (+ 0,5%), Italia (+0,1%) y la UE (+0,8%), así como EEUU o Japón (en recesión). Si crecen poco, vienen menos turistas o se gastan menos. Es lo que pasa con el turismo español: con tanto paro y una caída de rentas del 1,5%, no se espera una recuperación este año. Y además, este verano, con el aumento de reservas de extranjeros, será más difícil que los españoles (que, en su mayoría, reservan a última hora) encuentren ofertas en la costa o las islas, donde van a subir precios de hoteles y apartamentos.

El turismo es una de las pocas alegrías de la economía, pero apenas está creando empleo: sólo Canarias, País Vasco y Navarra han creado este año empleo en el turismo, un sector que supone el 11% del empleo del país. Y hay tres zonas turísticas entre las cinco autonomías con más paro: Andalucía (29,68% de paro), Canarias (28,52%) y Baleares (25,36%). El sector estima que haría falta crecer un 3%, como en la década pasada, para crear 50.000 empleos al año, algo que no va a pasar hasta 2012. Y mucho será empleo temporal y precario.

España tiene que aprovechar el tirón de este verano, ayudado por la crisis del Norte de África, para consolidarse como potencia turística mundial a medio plazo. Y eso pasa por diversificar. Por abrir el abanico de los turistas que vienen: hoy un 91% europeos (y la mitad, británicos, alemanes y franceses). Por traerles más fuera de temporada, no sólo en verano. Por que vengan no sólo a las costas y las islas, sino al resto del país. Y porque se gasten más, con un turismo de más calidad. Son las claves del Plan Horizonte 2020, al que se acaba de sumar el  Plan Turismo Litoral siglo XXI, para renovar el turismo de sol y playa tradicional.

Más que echar las campanas al vuelo sobre el despegue del turismo, hay que hacer un gran Pacto entre el sector, el Gobierno central y las autonomías para consolidar la recuperación. Y para que cree empleo, que falta nos hace. Todos a vender España por el mundo.