Por primera vez en España, este Curso 2026-27 habrá 1,9
millones de universitarios estudiando un Grado, un Master o un Doctorado, tras
años aumentando los alumnos. Pero quienes crecen son los
estudiantes de las Universidades privadas (47, una más este Curso),
mientras se estancan o bajan en las públicas (50 desde 1999), por falta
de medios y oferta, que les obligan a subir las notas de corte y desviar
alumnos a las privadas. Este nuevo Curso universitario, los rectores intentan
reducir la precariedad de sus profesores (el 46% tienen contratos
temporales) y buscan acuerdos de financiación a medio plazo con sus
autonomías, que aportan el 80% de la financiación pública pero apuestan (las
del PP) por las privadas. Mientras, España gasta menos que otros paises en
financiar la Universidad, con grandes diferencias entre autonomías,
lo que obliga a alumnos y familias a pagar las matrículas más altas de
Europa. Y además de recursos, urge mejorar la enseñanza para que los universitarios
trabajen más (no “sobrecualificados”) y haya menos parados.
De esos 1,9 millones de jóvenes que estudiarán este
Curso en las Universidades españolas, la mayoría (el 76,5 % del total, 1.435.757
alumnos el curso pasado) estudiarán un Grado universitario
(generalmente de 4 años), mientras otro 17,7% estudiarán un Máster
universitario (332.713 alumnos el curso pasado) y los restantes ( el 5,6%
del total, 106.540 alumnos) estudiarán un Doctorado universitario, según
los últimos datos del Ministerio de Educación. Los estudios de Grado
han crecido poco la última década (+8,6% desde los 1.321.698 alumnos del
curso 2015-2016) y el gran salto de alumnos se ha dado en los
estudios de Master (se
han casi duplicado: de 171.043 alumnos a 332.713) y en los estudios
de Doctorado (de 55.628 alumnos a 106.540).
Con todo, el gran cambio en la enseñanza universitaria
en la última década ha sido que el aumento total de alumnos se debe
a las Universidades privadas, que han
duplicado sus alumnos desde
el curso 2015-16 (de 236.543 a 541.483 el curso pasado),
mientras las Universidades públicas estancaban sus alumnos (han pasado
de 1.311.826 en 2015-16 a 1.333.527 el curso pasado), bajando los
estudiantes de Grado (de 1.143.223 en 2015-16 a 1.084.117 matriculados el
curso pasado). Mientras, las Universidades privadas han aumentado sus
estudiantes en Grado (de 178.475 a 351.640 alumnos) y han triplicado los de
Master (de 55.634 a 182.043 alumnos) y de Doctorado (de 2.434 a 7.800 alumnos).
¿Qué está pasando? Las
Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más
plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para
contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar alumnos,
aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año suben la nota de corte
en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos
alumnos o menos. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido
de 13,05
(sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a
alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 20
solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza
disponible… Y cada año más alumnos no pueden entrar en una Universidad
pública y se ven obligados a pagar una Universidad privada.
El resultado es que sigue habiendo las mismas Universidades
públicas (50, la última abierta, la Politécnica de Cartagena, en 1998) y
aumentan cada año las privadas: este curso 2026-27 habrá ya 47 Universidades
privadas (había 28 privadas en 2009), tras aprobarse la última, IE
Universidad Madrid, en diciembre de 2025. Y cada año hay nuevas peticiones de
Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP. De
hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías españolas
(próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en
Extremadura y Baleares.
La mayoría de las privadas
tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas,
Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña),
propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria),
Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están
interesados también los
Fondos de inversión: el sueco EQT
compró en 2024 la Universidad
Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad
Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello
(español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí
KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.
Hace unos días, el
presidente Sánchez señaló en un acto universitario las tres razones
por las que las Universidades públicas ganan terreno (sus alumnos han crecido
un +128% en la última década, frente al +3% en las públicas). La
primera, la escasa financiación de las Universidades públicas por sus
autonomías (que aportan el 80% del gasto público universitario, según
la Fundación CYD), sobre todo en Madrid, Andalucía y Castilla y León, lo
que reduce su oferta y desvía a los alumnos a la Universidad privada. Mientras,
la financiación estatal a la Universidad ha aumentado un 78%
desde 2018, se las han transferido 600 millones para investigación y otros 150
millones para contratar profesores, más 1.300 millones para becas (+45% que en
2018). La 2ª razón, como consecuencia, es que las Universidades públicas, infrafinanciadas,
no pueden atender la demanda: en el curso 2024-25, recibieron 500.000
solicitudes para 245.000 plazas, lo que fuerza a muchos jóvenes a irse a
una privada (“una elección forzada”). Y en tercer lugar, Sánchez cree que la
proliferación de privadas lleva al aumento de ofertas universitarias
de baja calidad.
Para frenar lo que llaman “chiringuitos educativos”
(estudios universitarios de baja calidad, sobre todo cursos online), el Gobierno
ha actuado dos veces y pronto lo hará una tercera. Primero, en octubre de
2025, aprobó un
Real Decreto para endurecer los criterios para el reconocimiento de
nuevas Universidades, decreto que la Comunidad de Madrid ha recurrido al
Supremo. Segundo,
el Gobierno ultima un real Decreto para regular los centros de FP privada
(1.417 hoy, muchos promovidos por inversores y Fondos). Y el 18 de
septiembre, el
presidente Sánchez anunció que negociará con rectores y estudiantes un nuevo
Real Decreto con más requisitos (profesores, docencia, investigación) para
garantizar la calidad de los títulos universitarios, porque “no
pueden ser una franquicia expendedora de títulos”.
El problema clave de las 50 Universidades públicas
españolas es que están infrafinanciadas, sobre todo después de
los recortes aplicados por Rajoy en 2012 (unos
1.000 millones), de los que no se han recuperado todavía, porque las
autonomías les han aumentado su financiación un +4,9% desde 2009 (la inflación
ha subido un +26,3%, con lo que reciben realmente menos), por lo
que han tenido que reducir plantillas (no se sustituyen
jubilaciones) y servicios. Eso ha llevado a que España
financie menos la Universidad que otros paises. Así, el gasto total
por estudiante universitario en España era de 11.741 dólares en
2022 (último
dato de la OCDE, teniendo en cuenta la inflación), frente a 15.102
dólares en la OCDE y 15.830 dólares en la UE-27, un 25,8% más (24.044
dólares/universitario en Suecia, 19.500 en Alemania, 14.238 en Francia y 8.992 en Italia).Eso se
traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus
Universidades, mientras España destina el 0,76%.
Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública.
También lo
hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión
pública y más
aportación de los estudiantes (tasas y matrículas). Así, el
gasto público en Universidades aporta en España el 65,9% del gasto
universitario, frente al 68% en la OCDE y el 75,8% en la UE-25 (84% en
Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y con ello, el 31,8% del gasto
universitario es privado en España, frente al 28,6% en la OCDE y el 19,5%
en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la
financiación total, la hacen alumnos y familias, pagando elevadas matrículas
y tasas en las Universidades públicas: entre 1.061 y 2.052 euros anuales.
Otro problema de España es que hay una gran desigualdad
en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia
y aportan el 80%% de la financiación total). Así, hay autonomías que
transfieren a sus Universidades públicas menos
que la media (8.626 euros/universitario en 2023-24) : Madrid
(6.975 euros por universitario), Extremadura (8.069 euros), Cataluña (8.362
euros), Murcia (8.460) y Castilla y León (8.534 euros), según el Informe
CYD 2025. Y entre las autonomías
que mejor financian sus Universidades destacan Cantabria (11.680 euros/universitario), La Rioja
(11.283 euros), País Vasco (10.767 euros), Navarra (10.588 euros) y Comunidad
Valenciana (10.075 euros). En contrapartida, las que menos aportan son
las autonomías donde los alumnos
pagan más tasas y matrículas: Madrid (2.052 euros/alumno, 432 euros
más que la media), Cataluña (1.856) y Navarra (1.851) y Comunidad Valenciana
(1.792 euros). Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas: Galicia
(1.061 euros), Baleares (1.130), Asturias (1.155) y País Vasco (1.261).
Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas
es precaria lo
será más en los próximos Cursos, porque deben seguir aplicando la nueva Ley de Universidades, la
LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos
aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el
49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y
jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación
e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones
públicas dotarán a las Universidades de
los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de
cada ejercicio” (artículo 55),
pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo.
Si concreta el cuánto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público
en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se
gasta en el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 4.214 millones más
al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2025).
El problema está en quien
aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las
autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social
(en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado
(en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, algunas
Universidades públicas han logrado acuerdos de financiación a medio plazo
(para varios años) con sus Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran
poco eco y pocos recursos, mientras ven que se
autorizan nuevas Universidades privadas. En Andalucía, la Junta
firmó en 2023 un acuerdo para 2022-2026 y ahora anuncian que aumentarán
la aportación para 2027. En Madrid, Ayuso
ha firmado un acuerdo para destinar 14.800 millones a las 6 Universidades
públicas hasta 2031, pero tiene “truco”: incluye los ingresos que aportan los
alumnos... En la Comunidad
Valenciana hay un Plan financiero 2026-29, con un pequeño aumento (también
de tasas). Y en el País
Vasco se prepara un Plan 2027-30, mientras Castilla
la Mancha promete un Plan a 5 años. En las demás, la pelea financiera de
las universidades es anual, Presupuesto a presupuesto. Y para el siguiente Curso
2027-28, todo va a depender del resultado de las elecciones de mayo en
12 de las 17 autonomías.
Además de más dinero, las Universidades
públicas españolas necesitan reformas y cambios, según
refleja el último informe CYD: reducir la tasa de abandono
(el 24,6%
de los universitarios abandonan sus estudios, sobre todo en los 2 primeros
cursos y con el trabajo de fin de Grado: somos el 4º país UE con más abandono
universitario), aumentar los alumnos que estudian Ciencias (sólo el 24% se
matriculan en carreras STEM)
porque tienen más salidas profesionales, mayor autonomía universitaria
(ligada a auditorias externas), mayor internacionalización y una mejor
gestión de personal, con más profesores de fuera. Y mejorar la
inclusión social, aunque es mayor que en Europa: el 14,6% de
los universitarios procede de familias donde los padres sólo tienen estudios
obligatorios (el 7,2% en Europa) y el 29,8% tienen padres con estudios universitarios
(el 50% en Europa).
También es clave reformar los Planes de estudio
y colaborar más con las empresas privadas, multinacionales e instituciones
públicas, tanto para el contenido de los Grados como para los Master, para
conseguir así elevar la empleabilidad de los universitarios y
reducir su paro: la
tasa de empleo de los jóvenes entre 25 y 34 años (el 52% con
estudios universitarios) es del 82%, frente al 87% en la OCDE
y UE (donde sólo
el 45,4% de jóvenes tienen estudios universitarios). Y la
tasa de paro de jóvenes universitarios es del 9% en España
frente al 5% en la OCDE y la UE, el 3% en Alemania, el 6% en Francia o
el 7% en Italia. Y bajar el porcentaje de universitarios
que están sobrecualificados para los trabajos que hacen: el
34% de los que trabajan aquí, frente al 21,3% de los que trabajan en Europa.
Y además, urge ayudar a los estudiantes a buscar una
vivienda donde alojarse mientras estudian, al haberse disparado los
alquileres. Choca que sólo
el 4.1% vivan en una residencia universitaria cuando ahí residen el
14,6% de los universitarios en Europa. Por ello, el Ministerio
de Vivienda ha destinado 45 millones a financiar 1.525 alojamientos
en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña,
Castilla y León y Comunidad Valenciana, un avance insuficiente, porque el 51,2%
universitarios viven con sus padres y otro 21,7% comparten piso, con serios
problemas para llegar a fin de mes. Por eso, hay un alto porcentaje de
universitarios que no encajan y se sienten agobiados y menos felices,
según
un reciente informe de CYD. Y sus profesores y rectores también tienen
serios problemas, por su alta
precariedad y la falta de recursos y medios. Es hora de apoyar
seriamente a las Universidades públicas, como a la sanidad pública o al
resto de la enseñanza. En este caso, además, nos jugamos el futuro de la
élite que debe impulsar España este siglo.
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