El "salto" en los contratos fijos discontinuos

En los 10 primeros meses de 2022, los contratos que más crecieron fueron los “fijos discontinuos”: se hicieron casi 2 millones, 9 veces más que antes de la reforma laboral. Cubren tareas de temporada (turismo, hostelería, campo, conserveras…) pero son contratos fijos: la empresa llama al trabajador cada temporada y el resto del tiempo cobra el paro. Por eso, Feijóo acusa al Gobierno de utilizarlos para “maquillar” las cifras del paro, cuando debería saber que no figuran como parados desde 1985 (tampoco con Aznar y Rajoy), por una norma estadística europea. Lo que ha detectado la inspección de Trabajo es que hay mucho fraude: las empresas abusan del fijo discontinuo para cubrir trabajos que son permanentes y no de temporada, por lo que ha transformado 25.593 en fijos indefinidos. Pero los fijos discontinuos han ayudado a reducir la temporalidad, aunque aún hay muchos contratos precarios, a tiempo parcial (4,68 millones este año), con bajísimos salarios. Y así, 1 de cada 7 trabajadores (2,8 millones) son “pobres”.

Enrique Ortega

El contrato “fijo discontinuo” no es nuevo: se contempla en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 16) y su objetivo es incluir trabajos que se realicen de una forma intermitente o periódica pero estable. Es el caso, por ejemplo, de trabajos de temporada en hoteles y restaurantes, en actividades de ocio, monitores de vacaciones o de estaciones de esquí, socorristas de piscinas, logística y comercio (Navidad o rebajas), profesores, trabajadores temporeros en el campo o personal de conserveras y la pesca. Son empleos en los que no se trabaja todo el año, sólo unos meses, pero que tienen una estabilidad año tras año, son”trabajos de temporada” pero estables. Pero hasta 2022, con la reforma laboral, este contrato fijo discontinuo se utilizaba poco: sólo suponía el 10% de los contratos firmados cada mes y lo tenían 373.000 asalariados en 2021 (el 2,19% del total).

El gran cambio en el contrato fijo discontinuo lo introduce la reforma laboral, en vigor desde el 31 de diciembre de 2021 (y totalmente a partir del 31 de marzo de 2022). El objetivo del Gobierno es reducir los contratos temporales y aumentar los fijos, para lo que se potencia el contrato fijo discontinuo, como una forma de canalizar trabajos de temporada que se hacían con contratos temporales (ahora prohibidos). Para eso, junto a la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, la reforma laboral incluye 4 nuevas modalidades de contrato fijo discontinuo: trabajos de prestación intermitente (no estacional) que tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados (revisiones periódicas de seguridad, por ejemplo), trabajos de contratas a otras empresas (limpieza, reparación o mantenimiento), personal de ETTs para ser cedidos y trabajos periódicos esenciales para administraciones y empresas públicas.

En definitiva, la reforma laboral ha ampliado  el abanico de posibilidades del contrato fijo discontinuo, para derivar contratos hasta ahora temporales, pero siempre con una idea clara: no puede usarse para una actividad permanente. Para el trabajador, el contrato fijo discontinuo ofrece muchas más garantías que uno temporal: es un contrato fijo, el trabajador forma parte de la plantilla de la empresa, cotiza a la Seguridad Social y cobra un sueldo cuando trabaja, devengando antigüedad y vacaciones. Y la empresa está obligada a llamarle a trabajar cuando se inicie de nuevo la actividad: si no lo hace, el trabajador fijo discontinuo puede reclamar legalmente (en 20 días) y cobrar una indemnización si es despedido (de 20 a 33 días, según sea procedente o improcedente, frente a 12 días de indemnización los temporales).

El trabajador con un contrato fijo discontinuo, cuando no trabaja tiene derecho a cobrar el desempleo, siempre que haya cotizado el mínimo exigido (360 días dentro de los 6 años previos). Pero durante el tiempo que esté sin trabajar, no computa como parado (aparece como DENOS: demandantes de empleo no ocupados). Esto es lo que utiliza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al Gobierno Sánchez de “maquillar” las cifras del paro con los fijos discontinuos. Debería saber que esto se hace en España desde 1985 (también con los Gobiernos de Aznar y Rajoy), en cumplimiento de una normativa estadística europea, para  homogeneizar las estadísticas de paro en Europa…

El efecto de la reforma laboral, potenciando y ampliando el contrato fijo discontinuo para reducir la temporalidad laboral, ha dado sus frutos, al disparar su utilización por las empresas este año. Ya en abril de 2022, los contratos fijos discontinuos se multiplicaron por 14 (238.760 contratos frente a 17.391 en abril 2021). Y así han seguido creciendo mes a mes, siendo en octubre el contrato laboral más utilizado: 258.800 contratos fijos discontinuos, un 37,2% de todos los contratos fijos hechos. Y si tomamos los 10 primeros meses de este año (enero a octubre), las empresas han hecho 1.928.700 contratos fijos discontinuos, 9 veces más que en ese periodo de 2021 (sólo se hicieron 212.200). Es el contrato laboral que más crece este año (+809% en 10 meses), más que los fijos indefinidos (+259%), mientras han caído los contratos temporales (-30,5% de enero a octubre).

Este “salto” en los contratos fijos discontinuos hizo saltar las alarmas en el Ministerio de Trabajo en primavera. A finales de mayo, la Inspección de Trabajo envió cartas a 83.600 empresas donde se había detectado un uso “inusual” de los contratos fijos discontinuos, en actividades donde trabajaban 200.000 personas. Fruto de estas cartas y del trabajo de los inspectores, se consiguió detectar, para septiembre, 25.593 contratos fijos discontinuos fraudulentos, en los que las empresas denunciadas los habían utilizado para “enmascarar empleos estructurales como periódicos o intermitentes”, para ahorrarse costes y cotizaciones, imponiendo una precariedad a trabajadores que debían ser fijos permanentes. Un uso abusivo de los contratos fijos discontinuos, que resulta estar muy extendido: se ha detectado en el 66% del los contratos investigados en Aragón, el 63,2% en Asturias y el 59% en Cataluña, según el balance de Trabajo. Ahora, las empresas que han abusado de estos contratos se enfrentan a multas de hasta 10.000 euros por contrato, además de obligarles a regularizar la situación laboral de los trabajadores afectados.

A pesar del “gran salto” en los contratos fijos discontinuos, este tipo de contrato es todavía marginal en España, aunque su peso haya aumentado: a finales de septiembre de 2022, había 525.100 trabajadores con contrato fijo discontinuo (el 57% mujeres y las tres cuartas partes mayores de 30 años), un 3% de todos los asalariados, según la última EPA. Pero  son 151.700 asalariados más con este contrato fijo discontinuo que a finales de 2021, lo que supone un avance para estos trabajadores, que han ganado el tener un contrato fijo y no temporal como antes, aunque sea peor en ingresos que uno fijo continuo (a tiempo completo, no por temporada). Es un avance en derechos laborales, aunque todavía haya demasiadas empresas que lo utilizan de forma abusiva, para “camuflar” contratos temporales precarios, sobre todo en el turismo, la hostelería, y el campo.

La reforma laboral y los contratos fijos discontinuos han conseguido que se firmen este año, de enero a octubre, 5.947.800 contratos fijos indefinidos (4,3 millones más que el año pasado), casi un 38% de todos los contratos firmados este año, cuando en 2021, los contratos fijos firmados no llegaban al 11% (10,9%). Un avance indudable, que consigue ya que casi el 80% (79,81%) de los asalariados españoles tengan un trabajo indefinido (13.890.800 asalariados con empleo fijo, según la EPA septiembre 2022), un porcentaje aún por debajo de la media europea (89,5% empleos indefinidos en la UE-27).

Otro aspecto positivo de la reforma laboral es que se han reducido las personas que trabajan a tiempo parcial, por horas o por días: eran 2.622.000 ocupados a finales de septiembre, 116.000 personas menos que a finales de 2021. Y eso se debe a que la reforma ha encarecido la cotización a la SS de los contratos temporales de duración determinada, sobre todo los contratos de menos de 30 días. Pero todavía son demasiadas las personas que trabajan a tiempo parcial, con jornada reducida: 2.622.000 empleados, el 12,72% de todos los ocupados. El problema es que la mayoría de estos “ocupados parcialmente” no lo eligen, sino que son los únicos empleos que encuentran: trabajos por horas o días, con los que ganan un 59,7% del salario de los ocupados a jornada completa, según el INE. Y los que más lo sufren son las mujeres (1.924.300 trabajan a tiempo parcial) y los jóvenes (los tienen el 38% de los menores de 25 años).

Este tipo de empleos, temporales y a tiempo parcial, son el meollo de lo que se consideran trabajadores subempleados, personas que trabajan menos de lo que necesitan para vivir:  1.617.500 ocupados a finales de septiembre, según el INE, sumando 1.495.600 asalariados, 117.700 autónomos y 4.200 personas en otra situación. Un subempleo que se da sobre todo en los servicios (1.384.700 ocupados), aunque también en la industria (120.100), la construcción (73.800) y en el campo (38.900 subempleados). Y un problema que coloca a España como el país europeo con más “infraempleo”, trabajadores con una ocupación que apenas les llega para sobrevivir: serían un 5,6% de todos los empleados en España (1,15 millones de ocupados), muy por delante del infraempleo en Grecia (4,7% ocupados), Francia (4,5%), Italia (4,1%), Portugal (2,9%), Rumanía (1,8%) o Alemania (1,3% infraempleo), según los últimos datos de Eurostat.

Consciente de este grave problema de “subempleo” e “infraempleo”, la ministra de Trabajo anunció en septiembre en el Congreso medidas contra la explotación laboral. En concreto, Yolanda Díaz anunció un Plan específico de la Inspección de Trabajo para investigar la situación laboral de 290.000 trabajadores sobre los que existen “indicios” de que están realizando jornadas superiores a las declaradas.

En cualquier caso, la reforma laboral no ha podido frenar un problema que crece en España, por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: han aumentado las personas con trabajo que son oficialmente “pobres” (ingresan menos del 60% de la media). Eran el 14,3% de los trabajadores en 2021, frente al 11,7% en 2013 y el 12% en 2020, según el último informe  de la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). Son ya 2.886.455 trabajadores pobres, 1 de cada 7 personas con empleo. Un problema muy serio, que debería servir para replantearse “otra vuelta de tuerca” al mercado laboral, para reducir seriamente el subempleo y mejorar los salarios, tanto el salario mínimo como el salario de la mayoría, para conseguir más empleos decentes y que permitan llegar a fin de mes. Acabar con los trabajos que mantienen en la pobreza.  Es la otra reforma laboral pendiente.