Más empresas en manos extranjeras

El Gobierno aprobó hace 2 semanas prorrogar el blindaje anti-OPAs durante todo 2022, para evitar que empresas estratégicas españolas puedan ser compradas por extranjeros, ahora que han caído mucho en Bolsa, como pasa con Telecom Italia. El blindaje se aprobó en marzo de 2020, con el estado de alarma, pero la compra de pequeñas participaciones no ha parado en el último año y medio. Y los Fondos y empresas extranjeras ya controlan el 50% de las empresas que cotizan en Bolsa y gran parte de nuestra vida: nacer, estudiar, trabajar, alquilar o comprar un piso, echar gasolina o consumir luz, vivir en una residencia de ancianos o el entierro en una funeraria son actividades controladas también por Fondos y empresas extranjeras. Algo positivo, porque aporta inversión y empleo, pero peligroso porque nos deja en manos de terceros, que suelen buscar beneficios a corto plazo. Es la globalización. Pero hay que defenderse con controles, como hace el resto de Europa. Y promover más la inversión española.

Enrique Ortega

En marzo de 2020, con la pandemia, se produjo un desplome de la Bolsa, que cayó un -39,43% en menos de un mes (el IBEX pasó del 10.083,60 el 19 de febrero al 6.107,20 el 16 de marzo). Eso se tradujo en que las 35 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, desde Telefónica o Repsol al Santander y Meliá Hoteles,  valían casi la mitad. Y lo mismo el resto de empresas que cotizan en el mercado continuo (129) o en el MAB (otras 41). Eso suponía un peligro potencial: que muchos Fondos o inversores extranjeros se hicieran más fácilmente (a bajo precio) con paquetes de acciones de control de empresas españolas. Y por eso, las grandes empresas pidieron al Gobierno que tomara medidas para defenderles.

Y lo hizo el 17 de marzo de 2020, incluyendo en el Decreto de medidas urgentes contra la pandemia (Real Decreto 8/2020) una Disposición final 4ª que “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos” : sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología. Lo que hacía el Gobierno español era trasponer una Comunicación similar hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Por si no quedaba claro, el propio Gobierno aprobó unos días después, el 31 de marzo, otro Real Decreto (11/2020, publicado en el BOE del 1 de abril) para aclarar algunos aspectos del blindaje: se consideran inversores extranjeros a los “no comunitarios” y también a las empresas radicadas en Europa pero que sean propiedad en un 25% de extranjeros (caso de muchos Fondos USA y de terceros paises radicados en Luxemburgo o Paises Bajos). Y además, aclaraba que las compras inferiores a 1 millón de euros no necesitaban autorización. Y quitaba la referencia a que la limitación duraría lo que el estado de alarma. Era “sine die”.

El blindaje anti OPAs ha evitado “sustos” de compras hostiles a las grandes empresas españolas, que siguen a precio de saldo aunque haya subido la Bolsa. Pero compras se han hecho, con pequeñas operaciones, aumentando poco a poco las participaciones de algunos grandes Fondos en grandes empresas. Del 17 de marzo a finales de 2020 se contabilizan unos 4.500 millones de euros en pequeñas compras, según se deduce del rastreo de la web de la CNMV, a quien es obligatorio informar de las compras de acciones superiores al 3% (a al 1% si compra un Fondo a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal). Las mayores compras extranjeras se dieron en 2020 en Cellnex Telecom (895 millones invertidos por el Fondo noruego Norges Bank, 819,5 por el Fondo norteamericano GQG y 775,4 millones del Fondo Fidelity, USA), en Amadeus (635,9 millones compró el Fondo T. Rowe Price y un 0,133% el Fondo también norteamericano FMR), en Ferrovial (el Fondo D1 Capital Partners, USA, invirtió 160 millones), en Enagás (Credit Agricole invirtió 152 millones y Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi otros 155,7 millones), en IAG (158,9 millones del Fondo norteamericano Marshall Wallace), en Bankia (BlackRock  invirtió 100 millones y se hizo con el 4% del banco), Solaria (otros 69,6 millones de BlackRock) o en Bankinter (BlackRock invirtió otros 4,84 millones y controla el 5,17% del banco).

Además de estas “compras oportunistas”, pequeñas y no hostiles, se ha aprovechado la pandemia para cerrar 4 importantes operaciones. Una, la OPA amistosa sobre Mas Móvil (la 4ª teleco española) por las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence (USA), que han invertido 2.760 millones  para hacerse con el 91,2% de la teleco, que ya no cotiza en Bolsa y podría ser vendida en el futuro a Vodafone. La 2ª operación, completada en junio de 2020, fue la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestionaba las Bolsas españolas. La tercera operación, en septiembre, fue la compra por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT. Y la 4ª y última OPA aprobada, el 3 de agosto de 2021, ha sido la operación del Fondo australiano IFM sobre Naturgy, que sólo ha conseguido hacerse con un 10,8% de su capital.

Ahora, el Gobierno español ha prorrogado el blindaje anti OPAs un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022. Lo iba a hacer seguro, pero el Consejo lo anticipó el 23 de noviembre, tras conocer que, el día antes se había lanzado una OPA sobre el 100% de Telecom Italia, por el Fondo norteamericano KKR, lo que volvía a airear los temores sobre Telefónica (que vale en Bolsa 22.039 millones, dos tercios de su valor en febrero de 2020, 32.403 millones, y la mitad que en 2017: valía entonces 42.186 millones).

Todos los paises europeos están preocupados porque la pandemia y la caída de las Bolsas aceleren las OPAs hostiles. De hecho, 18 paises europeos (entre ellos España) mantienen mecanismos de control  sobre las compras de extranjeros. Y la Comisión Europea ya aprobó en 2019 un Reglamento sobre inversiones extranjeras, que es obligatorio para los 27 paises desde octubre de 2020. Bruselas quiere que todos los paises establezcan blindajes, porque Europa es el continente más abierto a las inversiones extranjeras y se quiere frenar la ofensiva de EEUU, Reino Unido, China (ha multiplicado por 6 sus inversiones en Europa) y Rusia (las ha duplicado), paises más “cerrados” que los europeos. Y además, la Comisión Europea opta por blindarse ante entradas hostiles de extranjeros mientras consigue fomentar una potente industria europea (aún más débil).

España es el 2º país europeo que más inversiones extranjeras recibió en 2020 (un 17,9% del total), tras Alemania (21,3%), por delante de Holanda (13,3%), Italia (9%) y Francia (7,1%), según los datos de la Comisión Europea. Y eso se nota en todos los sectores, empezando por la presencia extranjera en Bolsa: un 49,9% del capital de  las empresas cotizadas está en manos de inversores extranjeros, frente al 41% de media en el mundo, el 42,2% en Francia y el 66% en Reino Unido, según el último informe de BME (año 2020). Y si tomamos sólo a las 35 grandes empresas del IBEX 35, la participación extranjera sube hasta el 57.8%, según BME. En 1992, tenían sólo el 30,6%. La mayor presencia de inversores extranjeros se da en energía, banca e inmobiliarias.

La inversión extranjera en Bolsa se canaliza a través de Fondos internacionales, de inversión o de pensiones, que diversifican entre paises, sectores y empresas. Y no sólo Fondos privados: en España invierten también 15 Fondos soberanos de otros tantos paises. El principal fondo inversor en España es el norteamericano BlackRock, el mayor Fondo del mundo (gestiona 9,45 billones de dólares, casi 7 veces el PIB español), presente en 18 de los 35 valores del IBEX, con una inversión total de 19.679 millones de euros, según BME. Es el mayor inversor institucional de la banca española  (5,91% del BBVA, 5,42% del Santander, 3,61% de CaixaBank, 3,06% del Sabadell y 2,81% de Bankinter) y tiene participaciones importantes en Iberdrola (5,25%), Repsol (5,19%), Telefónica (4,8%) o Amadeus (5,27%).

El 2º Fondo más presente en la Bolsa española es Vanguard (USA), otro poderoso gestor de activos (5 billones de dólares y 20 millones de clientes en 170 paises) que acumula inversiones  en España por valor de 12.340 millones de euros, destacando sus participaciones en BBVA (3,93%), Santander (3,35%), Sabadell (3,38%), CaixaBank (1,58%), Bankinter (2,23%), Amadeus (2,68%), Iberdrola (3,42%), Telefónica (2,57%), Enagás (2,76%), Cellnex (2,56%), ACS (2,17%),Ferrovial (1,86%) o Aena (1,36%)

El tercer Fondo internacional en nuestra Bolsa es Norges Bank, el mayor Fondo soberano del mundo, la gestora que administra el Fondo público de pensiones de Noruega, con un patrimonio de 1,2 billones de dólares y que participa en 9.123 compañías de 73 paises. En España ha invertido ya 12.000 millones de euros en empresas cotizadas, destacando sus participaciones en Iberdrola (5,235%), BBVA (4,37%), inmobiliaria Colonial (3,026%), Cellnex (3,003%), Repsol (3,03%), Indra (2,974%), Telefónica (2%), Santander (2%) o Inditex (1%).

El 4º Fondo extranjero en la Bolsa española es Fidelity (EEUU), con participaciones en Indra (9,809%), Amadeus (4,045%), Cellnex (3,217%), Grifols (2,783%), Ferrovial (2,035%) o Endesa (1,011%). Y también hay otros Fondos extranjeros con importante presencia como el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment, con el 8,71% de Iberdrola) y el Fondo de Abu Dabi (Mubadala Investment, dueño del 63% de Cepsa) o las gestora francesa  Amundi (4,5% de Repsol), la luxemburguesa Invesco (Acciona, Amadeus, BME,  IAG o  Atresmedia) o la norteamericana Capital Group (Grifols, Naturgy, Iberdrola, Inditex).

Vista ya la presencia extranjera en Bolsa, analicemos su importante participación en muchos sectores, algunos estratégicos. Ya hemos visto la banca, donde los tres grandes Fondos extranjeros tienen paquetes de control. También es decisiva su presencia en la energía. La última novedad ha sido en REPSOL, donde los mayores accionistas son extranjeros tras vender la española Sacyr, en octubre, parte de sus acciones (del 8,034 pasa  al  3,96%), con lo que el primer accionista es ahora el banco norteamericano JP Morgan (6,855%), seguido de BlackRock (5,194%), la francesa Amundi (4,5%), el fondo noruego Norges Bank (3,03%), y Vanguard (2,51%), 5 Fondos extranjeros que controlan el 22,08% de Repsol y su gestión. La otra gran petrolera, CEPSA, está controlada por el Fondo de Abu Dabi (Mubadala tiene el 63%) y el Fondo norteamericano The Carlyle Group (37% restante).

En las eléctricas, la presencia extranjera es mayoritaria. Endesa es propiedad en un 70,101% de Enel, perteneciente al Estado italiano, junto a un 1,49% que tiene BlackRock (USA) y un 1,011% el Fondo Fidelity (USA). En Iberdrola, el Fondo soberano de Qatar tiene un 8,71% del capital, junto al 5,235% que tiene BlackRock, 3,42% Vanguard y 3.117% Norges Bank. Y en Naturgy, el primer accionista es CaixaBank (26,7%), pero el resto lo controlan Fondos extranjeros: el británico CVC Capital Partners (20%), el norteamericano Global Infraestructure Partners (20%), Capital Group (2,98%) y Norges Bank (1,43%), además del recién incorporado Fondo australiano IFM Global (10,8% capital). En Red Eléctrica, el Estado controla el 20% pero hay un 66% en manos de inversores institucionales (44% de EEUU y Reino Unido). Y en Enagás, además del 5% del Estado y del 1% de Amancio Ortega, hay muchos Fondos internacionales: BlackRock (3,38%), Bank of America (3,61%), Vanguard (2,76%), State Street Corporation (3,008%), Credit Agricole (3,06%), Mubadala Investment (3,103%), Bank of NY Mellon (3,045%) y Norges Bank (0,84%).

El sector inmobiliario está en un 60% en manos de inversores extranjeros. Por un lado, las inmobiliarias, a través de SOCIMI (sociedades de inversión): Inmobiliaria Colonial (20,2% Fondo de Qatar, 16% Fondo mexicano Finaccess, 6% financiero colombiano Águila LTD, 4,3% fondo alemán DIC, 4,2% Deutsche Bank, 3,7% BlackRock), Merlín Properties (3,99% BlackRock, 2,46% Vanguard y 1,98% Norges Bank), Lar España (73% extranjeros), Arima (4,64% Fidelity, 0,60% Vanguard), GM Property (GIC, Fondo soberano de Singapur) y Testa Residencial (pisos alquiler, 70% del Fondo norteamericano Blackstone).  Y también están plagadas de Fondos las 10 grandes promotoras inmobiliarias: Vía Celere, Neinor, Aedas, Metrovacesa (fondo británico Helikon y Qatar Investment), Kronos o Hábitat.

Los fondos e inversores extranjeros también están presentes en la Sanidad. Estaban presentes en Capio y Quirón, antes que el grupo Quirón, primer grupo hospitalario privado, lo comprara el grupo alemán Fresenius. Y Sanitas es una filial del grupo británico Bupa. Mientras el 90% del grupo Ribera Salud (hospitales en Levante) pertenece al fondo USA Centene Corporation. En 2019, el fondo holandés DIF compró el Hospital Infanta Leonor en Madrid , el Fondo Aberdeen (de Lloyds) compró el Hospital del Sudeste (Arganda, Madrid) y el Fondo Magnum Capital el Hospital de la Caridad en Cartagena. Y en 2020, en plena pandemia, el fondo canadiense Brookfield compró el hospital madrileño de Puerta de Hierro, el fondo australiano McQuarie tomo el control de Viamed Salud y el Fondo francés Meridian compró el Hospital Cunqueiro de Vigo.

La inversión extranjera y los Fondos llevan años comprando colegios privados y Centros de enseñanza, pero ahora están a la caza de Universidades privadas y centros de Formación Profesional. Ya en 2018, el Fondo norteamericano Permira compró la Universidad Europea de Madrid y este verano, el Fondo KKR (USA) compró la red de centros de FP Medac. Antes, en mayo de 2021, la gestora europea Invesindustrial compró CEAC y en septiembre, el grupo inversor suizo Crescendo compró Deusto Formación CCC. Y el Fondo Magnum ha comprado dos centros para crear Metrodora Education, para formación sanitaria.

En paralelo, los Fondos extranjeros llevan años invirtiendo en residencias de estudiantes, para recoger el aumento de estudiantes extranjeros y Erasmus. Sólo en 2020 invirtieron en residencias 904 millones de euros, según la consultora CBRE. Y seguirán haciéndolo, porque esperan que las 97.000 camas actuales pasen a ser 118.000 en 2023. El líder del sector en España es la empresa norteamericana Greystar (11.000 plazas en 40 residencias de 20 ciudades), seguida de la española Urbania y los Fondos V Student Aulis y Stoneshield.

Otro sector que interesa a la inversión extranjera son las residencias de ancianos. La empresa líder, DomusVi, es propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG. La 2ª, Orpea, es filial del grupo francés Orpea, con participación del Fondo canadiense CPPIB. Y la tercera, Vitalia, está controlada por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo). Y hay varios fondos a la caza de pequeñas residencias de ancianos. Además, para “cerrar el ciclo”, también invierten en funerarias: el líder del sector, el grupo Mémora (130 tanatorios), comprado en 1998 por el Fondo británico 3i, se vendió en 2017 a otro Fondo de los profesores de Ontario (Ontario Teachers´ Pension Plan).

Ya se ve que la inversión extranjera está muy presente en nuestras vidas, del nacimiento a la tumba. Eso tiene mucho de positivo, sobre todo la llegada de inversión que dinamiza la actividad y el empleo. Pero también tiene muchos riesgos: el principal, que las decisiones se toman lejos y muchas inversiones son especulativas, buscan el beneficio a corto y vuelan cuando han captado la plusvalía. Y además, pueden interferir en la gestión de empresas estratégicas, forzando a los gestores a seguir sus pautas de dirección. Y presionan a los Gobiernos, porque muchos Fondos tienen más poder que los paises. Por todo ello, parece lógico defender y promover las empresas españolas y europeas, para no acabar siendo filiales de EEUU, Reino Unido o China. Globalización sí, pero interés nacional también.

Universidad: polémica Ley y poco empleo

El Gobierno aprobó en  agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU), la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al gobierno catalán. Así que la Ley Castells está bloqueada, aunque la haya retocado dos veces estos meses. El problema es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías, que gestionan los Campus. La Ley busca reducir la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza que tenga más que ver con el mercado laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15% licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos mucho en reconvertir la Universidad.

Enrique Ortega

Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.

El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…

La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan  y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.

Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.

Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave  establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.

Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.

Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley  aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.

Pero los cambios no han convencido. Y así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo, criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco han emitido su informe preceptivo las asociaciones de estudiantes, que convocaron protestas y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12 autonomías. Y en paralelo, el Gobierno catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras  el periodo de información pública, con lo que se retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.

El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.

Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga)  y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.

La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).

Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española  sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.

El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.

La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y  sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.

El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.

La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.

Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.

Protestas: invierno caliente y "papá Estado"

El conflicto de Cádiz abrió el otoño de protestas, junto a policías y jubilados, aunque se van a recrudecer en diciembre, con transportistas, agricultores, peluquerías y más policías, alentados por la oposición. Todos culpan al Gobierno y piden ayudas públicas, aunque la mayoría son problemas laborales, que no puede resolver “papá Estado”, a quien todos piden que baje impuestos (¿cómo se pagan los servicios públicos?). Pero las mayores protestas están por venir, este invierno, por la negociación de miles de convenios, donde los trabajadores querrán subidas para compensar una inflación disparada (+5,6%). Urge un pacto salarial para evitarlo, un acuerdo que compense a los trabajadores (llevan 13 años perdiendo poder adquisitivo) sin poner en peligro la recuperación. Una recuperación más fuerte de lo que dicen las cifras: basta ver los viajes este puente, las tiendas llenas, las compras récord por tarjeta o el empleo (más de 20 millones de españoles trabajando, algo nunca visto). Pero la polarización política impide ver la realidad. Y dificulta salir adelante. Una pena.

Enrique Ortega

Tras casi dos años de pandemia, las tensiones contenidas se han desatado y han aparecido distintos conflictos, en un país crispado y polarizado. El conflicto del metal de Cádiz era una huelga por un convenio provincial para 20.000 trabajadores. Pero la quema de contenedores y la violencia de las protestas lo transformaron en un conflicto nacional. “Hemos tenido que meter fuego a Cádiz para que Madrid se fije”, dijo, megáfono en mano, el alcalde, José María González “Kichi”, de Podemos. Al final, el acuerdo se consiguió con una subida del 2% (pedían el 2,5% y hasta el 5%, más revisión salarial) y un convenio a tres años (pedían 1 año), que apaciguaba el futuro. Un conflicto puramente laboral (entre empresas y trabajadores), donde no tenía sentido implicar al Gobierno (salvo para mediar, lo que hizo). Pero Cádiz no es una provincia cualquiera: lleva décadas sufriendo el cierre de empresas y la competencia internacional, con la 4ª mayor tasa de paro del país (tras Ceuta, Huelva y Tenerife), el 23,16%. Y la gente está muy harta, lo que ha amplificado el conflicto del metal. Y buscan “atajos” para sobrevivir: el 2º partido más votado en Cádiz fue VOX (131.200 votos), por delante del PP (111.089) y sólo por detrás del PSOE (188.271 votos).

Tres días después del acuerdo en Cádiz, el 27 de noviembre, las calles de Madrid se llenaban de policías de toda España, que se manifestaban contra la reforma del la Ley Mordaza aprobada por Rajoy en 2015. Aquí no había reivindicaciones laborales, porque el salario de los policías ha subido un +20% en los últimos 3 años y se han creado 13.000 nuevas plazas (5.000 en la Policía y 8.000 en la Guardia Civil). Eso no lo contaban los sindicatos convocantes. Sólo que la reforma  les quita autoridad (basta leer las enmiendas para dudarlo) y fomentaba la delincuencia (la criminalidad ha bajado en 2021 y somos uno de los paises más seguros de Europa). Otra vez se echaba la culpa al Gobierno, con la presencia de los líderes del PP y VOX, olvidando que hay una mayoría de 185 diputados a favor de reformar la Ley Mordaza.

Unos días antes, el 13 de noviembre, unos pocos cientos de pensionistas se manifestaban en Madrid, cerca del Congreso, contra la reforma del ministro Escrivá. Estos jubilados pedían unas pensiones dignas y blindarlas en la Constitución. Pero no recordaban que la última reforma aprobada (insuficiente) no es sólo de este Gobierno sino que se acordó en el Pacto de Toledo y ha sido apoyada por todos los grupos políticos del Congreso, salvo VOX.

Los policías volverán a manifestarse el 14 de diciembre. Y unos días después, el 20,21 y 22 de diciembre, los transportistas han convocado una huelga por todo el país. Sus reivindicaciones son básicamente cuatro y también culpan al Gobierno: bajada del gasóleo (reduciendo impuestos), subida automática de las tarifas a clientes (por mayores costes), estacionamientos adecuados en las gasolineras y no aplicarles el futuro copago previsto en las autovías. Veámoslas.

La subida del gasóleo ha sido brutal para todos, en Europa y en España: cuesta ahora 31 céntimos más por litro que a principios de año, una subida del +29,14%. Similar por cierto a la subida media en la UE-27 (+29,71%), donde no se convocan huelgas. Los transportistas piden al Gobierno que baje los impuestos al gasóleo, pero no dicen algo importante: que en España se pagan menos impuestos en el gasóleo  (0,6186 euros por litro) que en la media de la UE-27 (0,7284 euros por litro), según el Boletín Petrolero Europeo. Y otro dato: pagamos a las petroleras un mayor margen bruto por litro que en Europa, 0,379 euros por litro (+8,6 céntimos más por litro que en Francia). Así que quizás deberían hacer su huelga contra Repsol, Cepsa o BP… Que por cierto, deberían ser quien asegurara a los transportistas (no el Gobierno) unos lugares dignos y seguros en sus gasolineras para estacionar los camiones (son sus clientes).

Otras de sus reivindicaciones tampoco dependen del Gobierno, como poder repercutir las subidas de costes a sus clientes: las grandes empresas de transporte, con fuerza, lo consiguen, pero el pequeño autónomo con un camión no. La protesta debería ser contra esas empresas logísticas, que además obligan a los camioneros a descargar sus camiones (muchas veces sin ayuda), otra de sus reivindicaciones). Y en cuanto a las largas jornadas y los bajos sueldos (que hacen que falten 15.000 camioneros en España, parece más una cuestión laboral del sector que una responsabilidad de “papá Estado”. Por último, su rechazo a pagar la futura “viñeta” en las autovías, es un tema aún en estudio (se ponen la venda antes que la herida). Pero los camioneros saben que el transporte pesado paga un peaje en varios paises europeos (Luxemburgo, Paises Bajos, Suecia, Suiza, Austria y Finlandia).

Otra protesta que va a ocupar los informativos en diciembre será la del campo, agricultores y ganaderos, que ya se han manifestado…ante el Ministerio de Agricultura. Sus quejas son muy comprensibles: les ha subido la luz y el gasóleo (como a todos), los fertilizantes (+50%), piensos (+26%), semillas (+20%), plásticos (+46%) y agua (+33%). Y el problema es que no pueden repercutir estas subidas a los que les compran los alimentos, ni a la industria alimentaria ni a los distribuidores y supermercados. Y en lugar de enfrentarse a ellos, de manifestarse ante las centrales lecheras o Alcampo, echan la culpa al Gobierno. Y le piden (¡cómo no¡) que les bajen impuestos (IVA e IRPF) y que “obliguen” a las industrias e intermediarios a cumplir la Ley de la Cadena, a pagarles más. Pero los intermediarios no lo hacen y encima nos suben todos los alimentos a los consumidores.

Para dar una “nota de color” a las protestas, se suman también las peluquerías (48.200) y centros de estética (22.300), que piden al Gobierno la bajada del IVA, del 21 al 10%, porque “han sufrido mucho con la pandemia”. Y presumen que les apoya Pablo Casado, quizás porque han olvidado que si ahora pagan el 21% de IVA es porque se lo subió… Rajoy en 2012 (del 8 al 21%). Por la “regla de tres” de que han sufrido las consecuencias del COVID, podrían sumarse a las protestas muchísimos otros negocios, desde las clínicas veterinarias (21% IVA), las clínicas dentales (21% IVA), los abogados o los servicios funerarios (21% IVA). Pero la Comisión Europea ha llamado la atención varias veces a España por tener demasiados sectores pagando IVA reducido, lo que se traduce en que España recauda 23.400 millones menos cada año que la media europea (sin contar el fraude en el IVA, elevadísimo).

En definitiva que España se ha llenado de colectivos que protestan, que se quejan de la subida de costes y que piden ayuda al Gobierno (a éste ahora, a otros antes: se trata de “papá Estado”), aunque en la mayoría de los casos se trata de conflictos laborales o de subidas de precios donde los Gobiernos poco pueden hacer, como en la luz (donde la Comisión Europea se resiste a tomar medidas para reformar el mercado, como han pedido España y Francia) o los carburantes (donde los impuestos son más bajos en España). Y la petición mágica de bajar impuestos es doblemente peligrosa: España recauda mucho menos que el resto de Europa (85.000 millones menos cada año, según Eurostat) y encima necesita gastar más en los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales), porque gastamos menos. Otra cosa es que el Gobierno debe “intermediar” en los conflictos (transportes, campo), para ayudar a que las partes lleguen a acuerdos, como en Cádiz.

Todas estas protestas son “el aperitivo” de los conflictos laborales que se avecinan, de un posible “invierno caliente”, por las negociaciones salariales. El temor se asienta en que la inflación se ha disparado: +5,6% de subida anual en noviembre, la mayor subida de precios en los últimos 29 años. Y en paralelo, la subida salarial pactada este año en los convenios es del +1,55% hasta octubre, según las estadísticas de Trabajo. Aunque se tenga en cuenta la inflación media (+2,5% hasta noviembre), el hecho es que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Y cuando se termine la negociación de la reforma laboral (para fin de año), la gran batalla de 2022 va a ser la subida de salarios.

El problema ya no es que los 17 millones de asalariados españoles pierden poder adquisitivo. Es que los trabajadores vienen sufriendo una “devaluación salarial” desde la crisis de 2008 y especialmente tras la reforma laboral de 2012. Los datos oficiales lo dejan claro. El sueldo medio ha pasado de 21.883 euros en 2008 a 24.395 en 2019, el último dato de la encuesta de salarios del INE. Una subida del +11,46%, inferior a la subida del IPC esos años, un +16%. O sea, que los trabajadores han perdido un -4,5% de poder adquisitivo. Y si tomamos otra estadística del INE, el salario medio mensual que da la EPA, ha pasado de 1.774,34 euros (brutos) en 2008 a 2.038 euros en 2020. Una subida total de +14,9%, cuando los precios han subido en estos 13 años un +15,3%. Y además, los salarios totales han crecido menos que los beneficios empresariales. La masa salarial creció un +4,8% entre 2008 y 2019 (+26.307 millones), mientras los excedentes empresariales crecieron un +14,6% (+69.802 millones), según los datos de la Contabilidad Nacional.

Los sindicatos conocen este desigual reparto y no están dispuestos a que la subida de los precios deteriore más el poder adquisitivo de los trabajadores. Y además denuncian otro hecho: la reforma laboral de Rajoy trastocó la negociación colectiva, en favor de los empresarios, provocando una caída de los trabajadores con clausula de revisión salarial: si en 2011 la tenían el 71% de los trabajadores con convenio, una década después sólo la tienen el 17% de los asalariados. Así que si los precios suben más de lo pactado, no pueden resarcirse. Y además, ahora hay 2 millones de  trabajadores menos con convenio, porque la reforma ha permitido a muchas empresas no tenerlo.

Por todo ello, los sindicatos piden una reforma de la negociación colectiva, no sólo para conseguir mayores subidas de sueldo sino para conseguir que haya más trabajadores con convenio y que la mayoría tengan clausula de revisión salarial. Enfrente, la patronal no está por las subidas, como se vio inicialmente en Cádiz. Y se acogen a que una excesiva subida de salarios (¿2% es excesiva?) “puede poner en peligro la recuperación de unas empresas muy dañadas por la crisis”… Como las alemanas, donde el sindicato IG Metall está pidiendo una subida del 4,5%. La patronal debía recordar que España es el tercer país europeo con menores costes laborales (solo son más bajos en Portugal y Polonia): 21,9 euros por hora en 2019 (salarios y cotizaciones), un 30,25% inferiores a los costes laborales en la zona euro (31,4 euros por hora), un 40% inferiores a  Francia (36,5 euros), un 38,4% menores a los de Alemania y un 23,7% inferiores a Italia (28,7 euros).

Los salarios en España son más bajos que en la mayoría de Europa y eso sí puede poner en peligro la recuperación, porque si la inflación "se los come" se frenará el consumo. Máxime cuando un 30% de los trabajadores ganan menos de 1.336 euros (brutos) y hay 1,6 millones de trabajadores que cobran menos de 820 euros al mes, según el INE. Aún así, son muchos los que defienden que la recuperación se asiente, otra vez, sobre “la devaluación salarial”. Su teoría es que subir ahora “mucho” (algo) los salarios sería “alimentar” la inflación, como si no supieran que el IPC se ha disparado por la luz, la energía y el atasco en el comercio mundial… Pero se empecinan en pedir otra vez “moderación salarial”. Junto a la patronal, el gobernador del Banco de España (190.487,99 euros de sueldo anual) y Luis de Guindos, vicepresidente del BCE (356.604 euros de sueldo en 2020).

Si no se quiere un rosario de conflictos y protestas este invierno, la patronal debería negociar un acuerdo salarial con los sindicatos, donde no sólo se pactase una subida (al menos 2,5% para compensar la inflación media) sino también el aumento de los trabajadores en convenio y la generalización de la clausula de revisión. Pero sobre todo, habría que pactar otras compensaciones ligadas al aumento de la productividad (horarios, formación, condiciones de trabajo, pluses y participación en beneficios…), para que la recuperación de las empresas no fuera principalmente a los beneficios, como en el pasado. No parece un acuerdo fácil.

Pero al margen de los conflictos, los pasados, presentes y futuros, hay un tema de fondo sobre el que deberíamos reflexionar: tenemos un país sumido en el pesimismo y la crispación, a pesar de que hemos pasado lo peor de la pandemia y hay signos evidentes de recuperación. La polarización política y el radicalismo de la oposición (arrastrada por VOX,  busca “echar gasolina en los conflictos”, no ayudar a resolverlos) hace que todo parezca más negativo de lo que es. Incluso las estadísticas oficiales del INE (y de Europa y la OCDE), rebajan la recuperación (+2% de crecimiento en el tercer trimestre, aunque podrían revisarlo al alza). Pero hay expertos y observadores que rechazan este pesimismo y creen que esta recuperación es diferente y que está siendo más intensa de lo que dicen las estadísticas. Y se acogen a hechos ciertos: las calles están llenas de gente comprando, los hoteles están llenos este puente, los bares y restaurantes no tienen mesas libres y las tarjetas de crédito “echan humo” (las estadísticas hablan de que se gasta ya mucho más que en 2019). Y, sobre todo, el empleo (precario y mal pagado, pero empleo) crece mes a mes y España tiene trabajando ya a más de 20 millones de personas, una cifra nunca vista en nuestra historia.

Pero da igual. “Estamos mal y vamos a peor”. Es el lema del pesimismo imperante, alimentado por la oposición y muchos medios. Y cada protesta, cada conflicto, se aprovecha para oscurecer el panorama ("Ya sólo queda VOX para la clase trabajadora", dijo ayer su portavoz en el Congreso), para entorpecer la recuperación. Es una pena. Porque España tiene una oportunidad histórica para dar un salto adelante, para modernizar a fondo su economía, con la ayuda de la deuda y los Fondos Europeos.  Es algo objetivo, al margen de la ideología de cada uno. Lo ven claramente en Europa, pero pocos aquí. Hace falta que “cambiemos el chip”, que abandonemos el derrotismo y peleemos por construir unidos ese futuro. Es difícil, pero no podemos perder este tren. Sería imperdonable.

COVID: más vacunas o restricciones en Navidad

Estamos de lleno en la 6ª ola de la pandemia, tras multiplicarse por más de 4 los contagios el último mes y medio, aunque somos el 2º país de Europa con menos incidencia, gracias a que están vacunados el 79,2% de españoles. Pero ahora, la vacunación va lenta y todavía hay 3,8 millones de personas sin las 2 dosis: 145.555 con más de 60 años (tienen 25 veces más riesgo de muerte que los vacunados) y sobre todo, entre 30 y 49 años (2.401.938), más en peligro porque les pueden contagiar sus hijos. Urge un Plan para “repescar” a los no vacunados, acelerar la 3ª dosis a los mayores de 60 años (sólo la tienen 4,5 de 12,2 millones) y vacunar ya a los niños de 5 a 12 años (3 millones), una garantía para sus padres y abuelos. Vacunar, vacunar y vacunar. Mascarillas y distancia social.  Sólo eso puede ayudarnos a “salvar la Navidad” .Y más con la nueva variante "ómicron". Si no, volverán las restricciones y se frenará la recuperación.

Enrique Ortega

La pandemia sigue en el mundo a velocidad de crucero, aunque los contagios llevan 4 semanas creciendo algo menos, 3,93 millones la última semana. Son ya 261,50 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, el 3,33% de la población mundial, según los datos de la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América, con 96,52 millones de contagios, pero se le acerca Europa (85,40 millones) y les siguen de lejos el Sudeste asiático (44,49 millones), el Mediterráneo oriental (16,71), Pacífico (10,04) y África (6,25 millones de contagiados), según la OMS. Por paises, sigue liderando el ranking Estados Unidos (48,22 millones de contagiados, el 14,6% de su población), India (34,58) y Brasil (22,08), seguidos a distancia por Reino Unido (10,20 millones de contagios, el 15% de su población), Rusia (9,4 millones), Turquía (8,74), Francia (7,72), Irán (6,10), Alemania (5,80) Argentina (5,32), España (5,13 millones, el 10,8% de la población), Colombia (5,06), Italia (5) y México (3,88 millones de contagiados).

Los muertos por la pandemia son también elevados, pero también llevan 6 semanas bajando ligeramente, con 48.367 fallecidos en el mundo la última semana. Hoy se alcanzan los 5.199.920 muertos por COVID 19 (3,25 millones fallecidos este año 2021, el 63% del total), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.344.023), seguida a distancia por Europa (1.532.738 muertos) y Sudeste asiático (705.060), junto al Mediterráneo oriental (308.422), África (152.631) y el Pacífico (140.116 muertes), según la OMS. Por paises, destaca la alta mortalidad en EEUU (776.639), Brasil (614.278) e India (468.790), seguidos por México (293.897 muertos), Rusia (267.527), Perú (201.108), Reino Unido (145.218), Italia (133.647), Irán (129.629), Colombia (128.437), Francia (119.875), Argentina (116.529), Alemania (100.960), Ucrania (90.345) y España (87.955 muertos).

En Europa, los contagios se han disparado en noviembre, rondando una incidencia de 500 contagios por 100.000 habitantes, según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), que vaticina una subida en las próximas dos semanas, sobre todo en la Europa del norte y del este, menores en España, el 2º país con menos incidencia del COVID, con 171,68 contagios/100.000 habitantes (tras Suecia: 138). Estamos muy lejos de la incidencia del Reino Unido (862), Alemania (852), Francia (388), Portugal (300) e Italia (220) y sobre todo, del nivel de contagios de Austria (2.089 por 100.000 habitantes), Chequia (1.950), Bélgica (1.706) o Paises Bajos (1.592), según los últimos datos de Sanidad.

Pero en España, los contagios se han disparado desde el suelo de la 5ª ola (40,52 contagios el 14 de octubre) y podemos hablar de una 6ª ola de la pandemia, con los contagios creciendo cada día con más fuerza (se han cuadruplicado en mes y medio). Y otra vez, la incidencia es muy desigual por autonomías. Sanidad ha cambiado el semáforo de colores que indica el peligro según el nivel de contagios, debido a la alta vacunación, con lo que ahora hay que tener el doble de contagios para cada nivel de riesgo. Tenemos 2 autonomías en riesgo “alto” (incidencia de 300 a 500): Navarra (499,25) y el País Vasco (387,66). Otras 14 regiones están en riesgo “medio” (incidencia de 100 a 300), donde está la media de España (171,68): Aragón (292), Cataluña (223), Baleares (217), Castilla y León (204), Murcia (184), La Rioja (184), Comunidad Valenciana (176), Canarias (157), Galicia (148), Melilla (134), Cantabria (130), Madrid (126), Asturias (124) y Castilla la Mancha (100,53). Y sólo están en riesgo “bajo” (incidencia de 50 a 100) las 3 regiones restantes: Andalucía (89), Ceuta (83) y Extremadura (72).

Ahora se hacen más pruebas (test y PCR) que antes (770.000 la última semana frente a unas 500.000 a principios de octubre), lo que permite detectar más contagiados, con un porcentaje de 6,08% contagiados en las pruebas, el doble que a principios de noviembre (2,79%).Es importante analizar en qué edades se concentran los contagios, según Sanidad: las mayores tasas se dan entre los niños menores de 11 años (274 contagios por 100.000 frente a 171,68 de media), todavía sin vacunar, y entre sus padres, los que tienen de 40 a 45 años (204 contagios) y los de 30 a 39 años (174 contagios), siendo también mayor que la media los contagios entre 60 y 69 años (¿sus abuelos?), 173 por 100.000, aunque son más bajos entre 70 y 79 años (145) y los mayores de 80 años (103). Pero curiosamente, el nivel más bajo de contagios se da entre los adolescentes (89,90 contagios), gracias a su alta vacunación (84,2% con las 2 dosis, el porcentaje más alto entre los menores de 40 años).

El aumento de contagios ha supuesto también un aumento de las hospitalizaciones: había 3.385 enfermos de COVID en hospitales (frente a 1.730 a finales de octubre), un 2,73% de las camas hospitalarias, aunque el porcentaje es más alto en País Vasco (3,07%), según Sanidad. También aumentan los enfermos en UCIs: 597 el viernes, cuando sólo había 435 a finales de octubre. Ocupan el 6,50% de las camas UCI, aunque el porcentaje es más preocupante en Cataluña (7,80%), Madrid (7,71%), La Rioja (7,55%) y Comunidad Valenciana (6,99%). De los que acaban en las UCIs, la gran mayoría son pacientes sin vacunar (10 de 11 en la Comunidad Valenciana, todos en Murcia y Navarra) y en algunos casos, mayores de 60 años sin la 3ª dosis y con patologías previas.

La mortalidad sube algo respecto a las últimas semanas, aunque es menor que en septiembre y octubre: han muerto por COVID en España 145 personas la última semana (viernes 19-viernes 26 noviembre), según Sanidad, algo más que en la semana anterior (137 muertes) y la 2ª de noviembre (136 muertos), aunque menos que en la 1ª semana de este mes (169 muertes) y que en la última semana de octubre (158 muertes). Como  indica Sanidad, las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años (todavía 145.838) tienen 25 veces más riesgo de muerte por COVID que las que tienen la pauta completa. En las residencias, donde todavía hay personal y visitas no inmunizadas, los contagios se han disparado: 249 contagios por COVID hace dos semanas, frente a 88 y 59 en las dos primeras semanas de noviembre, aunque hubo sólo 6 muertes, según los datos del IMSERSO.

Ahora, de cara al final de año, preocupa el mayor contacto entre las personas, primero este puente de diciembre y luego la Navidad, dos factores que podrían disparar los contagios y  superar los 400 contagios por 100.000 habitantes a finales de año, porque crecen exponencialmente (se duplican en semanas), como se está viendo ya en Europa. Tampoco ayuda el invierno (el frío dificulta la ventilación de locales, colegios y trabajos) y la esperada epidemia de gripe, que podría ser más virulenta al no haberse desarrollado apenas el invierno pasado. Y luego están las mutaciones del virus, la última descubierta en Sudáfrica (la variante “ómicron”, muy contagiosa y más peligrosa) y detectada ya en Bélgica, Paises Bajos, Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca y Reino Unido, provocando que Europa cierre todos los vuelos con 7 paises del sur de África.

El riesgo de un mayor repunte del COVID 19 es muy evidente y deberían tomarse mayores restricciones (como están haciendo Austria, Alemania, Francia y casi todos los demás paises europeos),  además de reiterar la necesidad de higiene de manos, distancia y mascarilla, que debería ser obligatoria en exteriores. Una vez más, Sanidad y las autonomías han sido incapaces de acordar restricciones comunes y cada región va a su aire, tomando medidas unilaterales con permiso o no de sus jueces. En el País Vasco, el Tribunal autonómico (ideológicamente muy señalado) ha vuelto a negarles una restricción: exigir el pasaporte COVID en la hostelería y locales de ocio. Pero los Tribunales sí lo han autorizado en Navarra, Cataluña, Baleares, Galicia y Murcia, estando a la espera Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana. Y las demás autonomías, con Madrid a la cabeza, no creen que haya que exigir el pasaporte COVID (defienden “la libertad”… de los no vacunados a contagiarnos) ni restringir más horarios ni aforos en hostelería y ocio.

Las restricciones podrían ayudarnos a “salvar la Navidad”, pero lo más efectivo es acelerar la vacunación, que se ha ralentizado en los últimos dos meses. Buceando en los datos de Sanidad (25 noviembre), se ve que había 4.853.904 adultos sin vacunar el 23 de septiembre y el viernes seguía habiendo 3.850.369 adultos sin vacunar: sólo 1 millón menos sin vacunar en 2 meses. Es urgente aprobar un “Plan de repesca”, para facilitar la vacunación completa de esos 3,8 millones de españoles adultos. Sobre todo de tres grupos: los mayores de 60 años (los más vulnerables) que no han completado las 2 dosis (145.555 el viernes), los que tienen entre 40 y 49 años (982.048 todavía sin inmunizar) y los que tienen entre 30 y 39 años (1.419.890 sin las dos dosis todavía), dos grupos de edad que tienen también un alto riesgo, porque pueden tener hijos menores de 11 años, el colectivo donde más está atacando el virus. Además, hay que acelerar la 3ª dosis en los mayores de 60 años, que también va retrasada: la han recibido 4,5 millones de un total de 12,2 millones. Y urge empezar a vacunar a los menores de 11 años (3 millones), ahora que se ha autorizado la vacuna de Pfizer. Sería una garantía para salvar el curso y preservar el contagio de padres y abuelos.

Pero todo este reto de mayores vacunaciones  no es posible si no se refuerza la sanidad pública, en especial los Centros de salud, que están colapsados: no pueden atender a los enfermos no COVID y no dan abasto para vacunar. El problema se va a agravar con las fiestas de Navidad (habrá menos personal) y, sobre todo, a partir del 31 de diciembre, porque la mayoría de las autonomías van a despedir al personal sanitario que contrataron extra en 2020, por la emergencia del COVID: casi 28.000 sanitarios que se incorporaron como refuerzo por la pandemia, un 40% de los contratados, serán despedidos antes de final de año, según el sondeo que ha hecho la Cadena Ser. Sólo se mantendrán las plantillas en Cataluña, la Rioja y Castilla y León. Y eso a pesar de que las autonomías dispondrán de más recursos que nunca en 2022: 112.213 millones (+6,3%) de adelantos a cuenta, destinados básicamente a financiar la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.

Y por supuesto, a medio plazo, el gran reto del mundo es vacunar a los paises más pobres, porque aunque Europa o EEUU tengan al 70% de su población vacunada, en  los paises pobres sólo esta vacunada el 3% de su población , en África el 7% , en la India el 30%, en Indonesia un 34% y en Rusia un 38% (ver mapa) . Y así, el riesgo del COVID 19 se fortalecerá en los paises en desarrollo y  acabará llegando a Occidente, poniendo a prueba sus vacunas y su salud, como ha pasado con la variable Delta de la India o la ómicron de Sudáfrica. O ayudamos a vacunar a todo el mundo (iniciativa COVAX) o no acabaremos de salvarnos de esta pandemia, como insiste la OMS.

En definitiva, urge hacer frente con todos los medios a esta 6ª ola, que podría dispararse en Navidad, como ya vimos el año pasado. Eso supondría más enfermos y más muertos, pero también pondría en peligro la recuperación de la economía, que está siendo más débil de lo previsto en España, por la tremenda subida de los precios y el atasco en el comercio mundial, que afecta a muchas empresas. Y ahora, si Europa se hunde en una grave ola de COVID (que podría causar 500.000 muertos de aquí a marzo, según la OMS), la recuperación europea también pinchará y eso nos afectará mucho. Así que hay que vacunar más (en España y en todo el mundo) y restringir contactos lo que haga falta. Por salud y economía.