Pandemia: UCIs llenas y vacunación desigual

Los contagios han seguido subiendo las 2 últimas semanas y llevamos 40 días de esta 4ª ola, más suave (“olita”), que podría tocar suelo pronto, al agotarse los contagios de Semana Santa. Pero hay dos motivos de preocupación: media España (8 regiones) sufre un nivel de contagios “extremo” (más de 250 casos por 100.000 habitantes) y los hospitales están saturados, sobre todo las UCIs de 9 autonomías: acumulan enfermos de la 3ª y 4ª ola, más jóvenes y con cuadros más graves por la variante británica, que supone más del 70% de los nuevos contagios. Mientras, mejora el ritmo de vacunaciones, pero hay una gran divergencia por edades: falta la 2ª dosis a un 25% de los mayores de 80 años y los de 70 a 79 tienen menos dosis completas que los demás. Habría que completar la vacunación de los mayores de 60 años y asegurar 1 dosis al resto antes de julio. Vacunar a más gente con las vacunas disponibles. Y movernos poco.

Enrique Ortega

La pandemia sigue repuntando en todo el mundo, con un nivel de contagios que ronda los 900.000 diarios, el doble que hace dos meses y el récord desde el inicio del COVID-19. En total, hoy se han contabilizado 147.194.897contagiados en 192 paises, según las estadísticas de la Universidad John Hopkins. El epicentro sigue en América (60.950.456 contagiados), pero se acerca Europa (50.702.775 contagiados), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (19.965.648), Oriente Medio (8.822.942), África (3.274.714) y Pacífico (2.336.827), según la OMS. Por países, lidera el ranking de contagios EEUU (32.077.196), pero se han disparado en la India (17.313.163, con un récord de más de 350.000 contagiados diarios) y siguen altos en Brasil (14.340.787 contagios), seguidos de lejos por Francia (5.559.121), Rusia (4.708.640), Turquía (4.629.969), Reino Unido (4.420.443), Italia (3.962.674) y España (3.468.617 contagios, 1,52 millones más que a principios de año).

Los muertos por la pandemia también crecen en todo el mundo, alcanzando unos 14.000 diarios, el nivel más alto desde hace 2 meses. En total, son ya 3.109.444 muertes por COVID-19, habiéndose alcanzado el tercer millón en los últimos tres meses, según la Universidad John Hopkins. Lideran el ranking de muertes América (1.481.263 fallecidos) y Europa (1.061.137), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (254.958), según la OMS. Y por paises, destacan EEUU (572.200 muertes), Brasil (390.597), México (214.947), India (195.023), Reino Unido (127.681), Italia (119.238), Rusia (106.017), Francia (103.017), Alemania (81.671) y España (77.591), que es el país 18º del mundo en muertos COVID (163,4 por 100.000 habitantes), por detrás de casi toda Europa, salvo Francia o Alemania.

En Europa han descendido los contagios en la mayoría de los paises, con un 80% de penetración de la variante británica y una media de 426 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (42,2 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 60% de los adultos, Portugal (70,6 contagios por 100.000, cuando tenía 427 el 19 de febrero), Irlanda (109,5) Y Rumanía (226,7). Y les sigue España, con 235,5 contagios por 100.000 habitantes el viernes 23 de abril. Están peor  Alemania (348) e Italia (336,9) y sobre todo Francia (700 contagios por 100.000 habitantes, el doble que hace un mes), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen un alto nivel de contagios Suecia (806), Polonia (610), Paises Bajos (618), República Checa (427), Bélgica (453), Austria (380) y Suiza (343 por 100.000 habitantes).

España lleva 40 días de aumento de contagios, desde que el 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo de 127,80 contagios/100.000 habitantes). El viernes 23 alcanzamos los 235,5 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 8 regiones en situación de “riesgo extremo” (más de 250 contagios): País Vasco (523,48), Melilla (454,78), Navarra (400,79), Madrid (398,27), Ceuta (332,53), La Rioja (270,39), Cataluña (278,43) y Aragón (266,21). Y otras 5  autonomías con “riesgo alto” (150-200 contagios): Andalucía (248,78), Cantabria (231,77), Castilla la Mancha (207,65), Castilla y León (203,68) y Asturias (167). En “riesgo medio” (50-150 contagios) están 5 regiones: Extremadura (130,73), Canarias (128,91), Galicia (96,12), Murcia (64,65) y Baleares (60). Y sólo tiene un nivel “bajo” de contagios (25-50) la Comunidad Valenciana (40 por 100.000 habitantes).

España está realizando muchas pruebas para detectar contagios (571.562 PCRs y 301.774 test de antígenos la última semana), con una media de 820 pruebas por 1.000 habitantes, que es menor en Andalucía (566), Castilla la Mancha (563) o Madrid (946) y mucho más alta en Navarra (1.222 pruebas/1.000 habitantes), País Bajo (1.177), la Rioja (1.113) o Cataluña (1.059), que detectan más contagios porque hacen más pruebas. El porcentaje  de positivos ha bajado algo (del 7,76% hace dos semanas a 7,46% el viernes 23), aunque hay 5 regiones con un “riesgo alto” (+ del 10% de pruebas positivas): Aragón (10,95%) Melilla (10,65%), Castilla la Mancha (10,14), Andalucía (10,06) y casi Madrid (9,94%). El problema sigue siendo que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 2 contactos por caso, cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 34,8% de los contagios (el 64,3% en Cataluña, el 64,3% en Baleares y el 21,6 % en Madrid, frente a sólo el 8,4% de casos sin origen conocido en el País Vasco o el 10,2% en Asturias), según Sanidad.

El problema más preocupante de esta 4ª ola sigue siendo que aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs. Las hospitalizaciones han subido de 7.649 (26 marzo) a 9.989 el viernes 23 de abril, un 7,93% de camas ocupadas con enfermos COVID, un “riesgo medio” (5-10% de ocupación COVID), según Sanidad. Pero hay un “riesgo extremo” de ocupación (+15%) en Madrid (15,80%) y el País Vasco (15,77% camas ocupadas por enfermos COVID). Y un “riesgo alto” (10-15%) en Melilla (14,29%), Ceuta (13,07%) y La Rioja (10,37%). En el otro extremo, no hay problema en los hospitales de Baleares (1,81% ocupación camas COVID) y Murcia (1,89%) y un “riesgo bajo” (2-5% ocupación hospitalaria) en la Comunidad Valenciana (2%), Galicia (2,42%), Extremadura (2,89%) y Canarias (4,80%), teniendo un “riesgo medio” (5-10% ocupación) las 8 autonomías restantes.

En  las UCIs es donde más empeora la situación, pasando de 1.830 pacientes (26 marzo) a 2.297 el viernes 23 de abril, con una ocupación media del 22,8% (“riesgo alto”). Y se detecta que los pacientes COVID en las UCIS son más jóvenes  (entre 35 y 55 años) y tienen cuadros más agudos, empeoran rápido y exigen largas estancias, quizás porque la variante británica supera el 70% de los nuevos contagios (y más del 90% en 7 autonomías, según Sanidad).  Lo más preocupante son las 9 regiones con “riesgo extremo” (+25%) en la ocupación de UCIS: Madrid (44,34%), Ceuta (41,18%),  La Rioja (39,62%), Cataluña (37,61%), País Vasco (36,22%), Melilla (29,41%), Castilla y León (226,82%), Navarra (26,28%) y Aragón (25%), según Sanidad. Y otras 5 autonomías tienen “riesgo alto” en las UCIs (15-25% ocupación): Castilla la Mancha (24,18%), Asturias (21,17%), Canarias (17,40%), Andalucía (16,55%) y Cantabria (16,10%). Sólo Murcia (3,50%) tiene “normalidad” en las UCIS, mientras las 4 autonomías restantes tienen un “riesgo bajo” (5-10% ocupación).

Y al final están las muertes, que siguen bajando: en las últimas 2 semanas (9-23 de abril) se han producido 1.263 muertes por COVID-19, menos que la quincena anterior (1.318 muertes)  y  la mitad que a mediados de marzo (2.752 muertes), según Sanidad. Pero son una media de 90 muertos diarios, una barbaridad (hubo 148 muertos el miércoles 21). Esta menor cifra de fallecidos se debe a la vacunación en las residencias, que ha permitido bajar drásticamente la mortalidad: de 790 fallecidos a la semana a principios de enero a 7 muertos en la segunda  semana de abril, según Sanidad. También es clave haber vacunado a muchos mayores de 60 años. La mortalidad media es de 163,4 por 100.000 habitantes, pero hay 10 autonomías que la superan, en especial Castilla la Mancha (284,7), Castilla y León (282,3), Aragón (257,7) y Madrid (220,4 muertos/100.000 habitantes), estando a la cola de la mortalidad Canarias (32,98), Baleares (67,15), Galicia (87,7) y Cantabria (94,7).

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 22 de abril: hay 8 autonomías en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4 (Madrid, Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, la Rioja, Ceuta y Melilla), más las provincias de Segovia, Guadalajara, Toledo, Palencia y Granada. En alerta 3 hay 5  autonomías: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha y Castilla y León. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están otras 5 regiones: Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia y Extremadura, más Málaga. Y queda Canarias, en alerta 2.

Ahora, todo apunta a que el ritmo de nuevos contagios será menor y que en las próximas dos semanas tocará suelo esta 4ª ola, aunque existe un riesgo por la mayor movilidad en todas las autonomías y la generalización de la variante británica, que es más contagiosa. La clave va a seguir estando en las vacunaciones, que se han acelerado en los últimos días (con varios récords de pinchazos (456.777 el miércoles 20 de abril). De momento, se han aplicado ya (datos del 22 de abril) un total de 14,2 millones de dosis (el 92% de las vacunas recibidas), que han servido para aplicar una dosis a 10.405.863 personas (el 22% de la población) y las dos dosis a 3.862.789 personas (el 8,1%) de los españoles. Vamos mejor, pero quedan 30 millones de pinchazos para cumplir el objetivo de inmunizar al 70% de españoles para finales de agosto. Son 234.375 pinchazos diarios, algo que ahora parece alcanzable.

El debate es si hay que adelantar ese objetivo y tratar de que el 70% de la población tenga pinchada una dosis a finales de junio, dado que aplicar 1 dosis de las vacunas autorizadas asegura un 70% de inmunidad. Es la apuesta que ha hecho el Reino Unido y otros paises. En España, el Consejo territorial de Sanidad acordó la semana pasada no retrasar la 2ª dosis y completarla a los que ya tienen la primera. Puede ser una buena opción para asegurar más la inmunidad de los mayores de 60 años (12.131.055 personas), pero habría que replantearse qué hacer con el resto. Y quizás sería más eficaz, a la vista de las limitaciones en la llegada de vacunas y los medios disponibles para aplicarlas, modificar la estrategia para la vacunación de los que tienen entre 25 y 60 años: intentar que todos tengan al menos una primera dosis a finales de junio, para reducir drásticamente los contagios y tener más garantías de movilidad en julio y agosto, claves para el turismo. Y ponerles la segunda dosis después, en julio y agosto, cuando ya todos tengan la primera.

Es la propuesta que hacen algunos epidemiólogos. Pero antes, hay que poner orden en el calendario de vacunación de los mayores de 60 años, los más vulnerables, que avanza de una forma desordenada, según el ritmo de llegada de las vacunas, los retrasos por las dudas sobre AstraZeneca y Janssen y la estrategia de cada autonomía. Y si no, vean el balance, con los datos de Sanidad a 22 de abril. La vacunación de los mayores de 80 años no está completada: falta inyectar la 2ª dosis al 25%. Y la vacunación de los mayores de 70 a 79 años va más retrasada (al 59% se les ha puesto 1 dosis y sólo el 4,1% tienen las 2 dosis) que la de las personas de 60 a 69 años (42% con una dosis y 5,3% con las dos dosis) y sobre todo de los que tienen entre 50 y 59 años (12,9% con una dosis y 6,2% con dos dosis), porque en estos dos grupos hay muchos trabajadores esenciales. Incluso entre las personas de 25 a 49 años (11,3% con una dosis y 4,7% con dos dosis) se ha avanzado más en completar la vacunación que con las personas de 70 a 79 años. Un sinsentido sanitario.

La prioridad sigue siendo vacunar, vacunar y vacunar, pero debería cambiarse el calendario de vacunación: centrarse los pinchazos en aplicar la 2ª dosis a todos los mayores de 80 años y completar en paralelo la vacunación de los de 70 a 79 años en mayo. Y después, intentar vacunar con 2 dosis a los de 60 a 69 años, para mediados de junio. Y debatir si deben concentrarse el resto de los esfuerzos en pinchar una dosis a todos los que tienen entre 25 y 60 años (23,7 millones de personas, un 12% con una dosis ya aplicada).

Mientras se aceleran las vacunaciones, las autonomías no deben abrir más la mano (como están haciendo) en los confinamientos, toques de queda y aforos y horarios de bares, restaurantes y comercios, al menos mientras tengamos un 23% de las camas UCIs ocupadas por enfermos COVID-19 y no se termine la vacunación de los mayores de 60 años. Eso indica que deberíamos restringir la movilidad hasta finales de junio, lo que va a resultar muy difícil si el Gobierno levanta el estado de alarma el 9 de junio y no se buscan alternativas. Estamos cansados de tantas restricciones, pero algo debíamos haber aprendido: cada vez que se “abre la mano”, se abre la llegada de otra ola de contagios y muertes, que hunden la salud la economía. Seamos sensatos y hasta que no estemos vacunados la mayoría (sólo un 22% tienen una dosis), restrinjamos los movimientos. El virus sigue ahí y, por mucha mascarilla que llevemos, contagia y mata.

Menos españoles y más inmigrantes

Este martes, los medios hablaban en portada de la Superliga mientras el INE publicaba un dato que apenas destacaban: España perdió 106.146 habitantes en 2020. La población cayó porque hubo menos nacimientos, más muertes y llegaron menos inmigrantes. Pero la culpa no es sólo de la pandemia. En la última década, la población española ha caído en 5 años (2012, 2013, 2014, 2015 y 2020), porque tenemos un serio problema demográfico (pocos nacimientos y envejecimiento), que provocará que los nacidos en España pasen de 40 millones hoy a 37 millones en 2050 y 33,8 en 2070. Y sólo nos salvarán los inmigrantes, como ya está pasando: el 79% del crecimiento de la población en España entre 2000 y 2020 ha sido gracias a los inmigrantes. Esta caída de población es una grave hipoteca de futuro, para sostener el empleo, las pensiones y el Estado del Bienestar. Por eso urge un doble Pacto, para fomentar la natalidad y regular la entrada de extranjeros, a los que necesitamos. Faltan habitantes.

Enrique Ortega

El menor crecimiento de la población y su envejecimiento se dan en toda Europa, no sólo en España. La población de la UE-27 ha pasado de 440 millones en 2008 a 441 en 2013 y 447 en 2019, según Eurostat, apenas un 1,65% de crecimiento en once años (+ 7,27 millones de habitantes), en contraste con el fuerte crecimiento de la población en América, Asia y África. Esto se debe a que cada vez hay menos nacimientos (4,17 millones en 2019 frente a 4,68 millones en 2008) y más muertes, por el envejecimiento creciente de la población europea. En 2019, la tasa de fertilidad de las europeas era de 1,53 hijos por mujer (1,58 en 2008), con Francia en cabeza (1,86) y España a la cola (1,23 hijos por mujer), sólo mejor que Malta (1,14). Y al aumentar en paralelo la esperanza de vida (81,3 años en la UE-27 y 84 años en España), aumenta la mortalidad, frenando el aumento de población en Europa.

Este panorama, agravado, es el de la población en España. Baja la natalidad, por dos motivos: hay menos mujeres españolas en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la crisis de natalidad de los años 80 y principios de los 90, y tienen menos hijos (1,23 niños por mujer, la mitad que los 2,8 hijos por mujer de 1976). Y entre tanto, la mortalidad ha aumentado más, a partir de 1976 (299.007 defunciones), subiendo a 420.408 defunciones en 2015 y las 466.583 muertes que se esperan en 2020, por la COVID-19. Más muertes debido a que ha aumentado la esperanza de vida de los españoles (de 73,34 años en 1975 a 82,4 años en 2020) y con ello ha envejecido la población (el 19,58% tienen más de 65 años frente al 10,2% en 1975).

Con este panorama, la pandemia ha agravado el problema que ya teníamos con la población, porque ha aumentado la mortalidad en 2020 (50.837 muertos oficiales por COVID-10, según Sanidad), ha caído el número de nacimientos (podrían haberse reducido un -20%, a falta de datos de todo el año) y se ha reducido la entrada de inmigrantes respecto a años anteriores (11.539 frente a 343.289 en 2019), por el cierre de fronteras y las limitaciones a viajar. Estos tres factores explican que los habitantes censados en España hayan caído en 2020 en -106.146 personas (-0,2%), contabilizándose una población de 47.344.649 habitantes el 1 de enero de 2021, según el INE.

Pero esta caída de población no es un hecho aislado por la pandemia sino que es la 5ª caída de población que sufre España en la última década. Así, según los datos del INE, cayó más la población en 2012 (-135.538 habitantes), 2013 (-358.442), 2014 (-146.959) y algo menos en 2015 (-67.374) que en 2020 (-106.146). En estos años de caídas sin pandemia, lo que redujo la población fue la caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y, sobre todo, que llegaron menos inmigrantes, por la crisis. Y es que los inmigrantes son los que han salvado la población en España en las últimas 6 décadas. Así,  han supuesto el 40% del aumento de población total (6,8 millones de 16,9 millones) entre 1960 y 2020. Pero si concentramos el foco en este siglo, la inmigración ha sido responsable del 70% del aumento de la población española entre 2000 y 2020: de los 6,8 millones de nuevos habitantes empadronadas en estas 2 décadas, 5,3 millones nacieron fuera de España, según este interesante informe recién publicado por FEDEA.

A 1 de enero de 2021, hay censados en España 47.344.649 habitantes, de los que 41.936.827 personas son españoles (el 88,6%) y 5.407.822 extranjeros (el 11,4%). Y de esos 41,9 millones de habitantes españoles, 39.529.175 nacieron en España (94,3%) y 2.407.652 (5,7%) son personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. De los “extranjeros” (5,4 millones de personas con otra nacionalidad), algo menos de un tercio son comunitarios (1.580.066) y más de dos tercios (3.827.756) son de fuera de la UE, donde se incluye ya a los británicos. Entre los “extranjeros” censados en España  destacan los marroquíes (869.661), rumanos (639.261), colombianos (290.053), británicos (280.022), italianos (256.115), chinos (228.584), venezolanos (197.615), hondureños (128.922), ecuatorianos (123.148) y búlgaros (117.265), según el INE. En 2020, a pesar de la pandemia, han aumentado los censados de Reino Unido (+17.137, para anticiparse al Brexit), Colombia (+17.003), Venezuela (+8.505), Honduras (+6.959) y Perú (+4.522), mientras cayeron los rumanos (-28.117), bolivianos (-7.994), ecuatorianos (-7.771), búlgaros (-5.108), brasileños (-3.843) y ucranianos (-3.756 censados).

En España, si quitamos los extranjeros de la UE, el porcentaje de inmigrantes baja al 7% de la población (enero 2020), por encima de la media europea (5%), por debajo de Austria (8%), Luxemburgo (9%) o Malta(10%), en línea con Alemania y Grecia (7%), por encima de Francia, Italia y Suecia (6%), Bélgica y Dinamarca (5%) o Portugal (4%) y Holanda (3%) y muy lejos del bajo porcentaje de extranjeros de la Europa del Este (1% en Polonia, Hungría o Bulgaria, por ejemplo), según el último dato de Eurostat. Al final, la mayor llegada de inmigrantes se ha producido en dos oleadas: una antigua de marroquíes y chinos y  otra más reciente (este siglo) de latinoamericanos (a los que no se les exigía el visado hasta hace poco) y rumanos y búlgaros (regularizados tras su ingreso en la UE en 2007).

En los próximos años, se va a mantener una elevada presión migratoria sobre España, según el estudio de FEDEA, debido a la alta presión demográfica en los paises origen de nuestros inmigrantes, básicamente África y Latinoamérica, aunque bajará la presión de los inmigrantes de Europa del Este (por su envejecimiento). Este factor explica el 40% de la inmigración, otro 26 % la atracción de inmigrantes que ya están, un 25% son factores bilaterales fijos y sólo un 9% de la inmigración viene por la situación económica de España, según el estudio , que estima llegarán 5,8 millones nuevos inmigrantes para 2050: 2 millones de Latinoamérica (sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, los paises con más jóvenes), 2 millones del norte de África y Oriente Próximo y 1 millón del resto del mundo.

Volviendo a la población, las previsiones para las próximas décadas anticipan que la población seguirá creciendo poco en Europa y en España. Las últimas proyecciones de la Comisión Europea (junio 2020) señalan que la población europea seguirá estable, con poco crecimiento en las próximas dos décadas (449 millones de habitantes entre 2025 y 2030), para decrecer a partir de 2030 y llegar a 2070 con 424 millones de europeos (-5% sobre hoy). Y habrá 20 paises europeos que perderán población entre 2020 y 2050, según un estudio del Finantial Times, encabezados por Italia (de 60,5 a 54,4 millones), Rumanía (de 19,2 a 16,3), Polonia (de 37,8 a 33,3), Bulgaria (de 6,9 a 5,4 millones) Hungría (de 9,7 a 8,5), Portugal (de 10,2 a 9,1) y Grecia (de 10,4 a 9 millones de habitantes).

España no va a perder población total pero crecerá muy poco, según las últimas proyecciones del INE: pasará de los 47,32 millones de hoy a 49,91 en 2050 y a 50,58 millones de habitantes en 2070, 3,26 millones más en 50 años (la mitad de los 6,83 millones de habitantes ganados entre 2000 y 2020). Pero este aumento encubre un hecho: el número de españoles nacidos en España caerá drásticamente: de 40,33 millones en 2020 a 37,10 en 2050 y 33,79 millones en 2070, según el INE. Habrá 6.540.263 españoles menos dentro de 50 años. Si luego la población total no cae así es porque “nos salvarán los inmigrantes”, como en las dos últimas décadas: la población extranjera residente pasará de 5.407.822 en 2020 a 12.801.714 en 2050 y a 16.795.740 extranjeros (el 33% del total) en 2070.

Este flujo migratorio “salvará la población total en España, que no caerá gracias a los inmigrantes. Pero ojo, con extranjeros y todo, habrá 10 regiones españolas que perderán población entre 2020 y 2035, , según el INE: Castilla y León (-10% y -239.064 habitantes), Asturias (-10% y -101.436 habitantes), Extremadura (-8,3% y -88.404 habitantes),Galicia (-6,6% y -178.257 habitantes), Cantabria (-5,3%), Ceuta (-3,9%), Castilla la Mancha (-3,3% y -66.756 habitantes), País Vasco (-1,7%), Aragón (-0,9%) y la Rioja (-0,3%). O sea, que la España vaciada se va a vaciar aún más. Las restantes regiones ganan población, sólo gracias a la inmigración, en especial Baleares (+14,9% y +179.921 habitantes), Madrid (+9,1% y +614.049 habitantes), Canarias (+8,4% y +182.272 habitantes), Murcia (+6,1% y +91.512 habitantes), Cataluña (+5,4% y +414.061 habitantes), Navarra (+4,5%) y la Comunidad Valenciana (+3% y +152.724 habitantes).

La caída de población (o el bajo crecimiento) y su envejecimiento son una preocupante hipoteca para toda Europa y más para España, donde el 31,4% de la población (15,6 millones de personas) tendrá más de 65 años en 2050. Varios son los problemas a afrontar. Por un lado, habrá 3 millones menos de jóvenes en edad de trabajar: pasaremos de tener 28,8 millones de personas en edad de trabajar (20 a 64 años) en 2020 a 25,9 millones en 2050, según el INE. Y eso será un problema serio para recaudar los impuestos necesarios para sostener el Estado del Bienestar (sanidad, educación dependencia, ayudas sociales) y para ingresar las cotizaciones con las que pagar las pensiones futuras. Baste un dato: si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá sólo 1,65 activos por cada jubilado. Y además, al tener casi un tercio de la población mayor de 65 años en 2050 y vivir más (por encima de 85 años en 2050), subirá el gasto en sanidad y en dependencia, siendo menos a trabajar y pagar impuestos y cotizaciones.

Con este panorama, se entiende que muchos expertos consideren la población como el tercer gran problema del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Por eso urge tomar medidas cuanto antes, a pesar de los agobios de la pandemia, porque actuar sobre la población tarda décadas en dar frutos. De ahí que dentro del paquete de reformas a medio plazo se debía hacer más hincapié en afrontar el gran reto de la población, alcanzando un doble Pacto político, económico y social: un Plan de fomento de la natalidad y un Plan para organizar los flujos de inmigración, ambos de cara a 2050.

El Plan de fomento de la natalidad debería asentarse en 4 patas. Una, establecer más ayudas a las familias para que tengan más hijos, desde ayudas directas a más guarderías y plazas públicas en educación infantil. Dos, favorecer el trabajo de la mujer (tiene más paro y peores empleos y sueldos), con planes específicos para facilitar su colocación y políticas de conciliación en las empresas, para que las mujeres no tengan que dejar de trabajar por ser madres. Tres, descargar a las mujeres de las tareas de “cuidados”, mejorando la atención a la dependencia. Y cuatro, establecer una fiscalidad de apoyo a la natalidad, mejorando las pensiones de quienes tengan hijos (Campaña “Más hijos, más pensión”) o contabilizando como tiempo cotizado los años en que las madres cuidan a sus hijos.

Y hay que pactar un Plan sobre la inmigración, a nivel europeo y en España. No existe una política migratoria y España (como los demás paises del sur) se dedican a “tapar agujeros”, mientras la opinión pública sólo ve los cayucos, que son una insignificancia mediática en el flujo migratorio: 41.094 entradas ilegales por tierra y mar en 2020 (según FRONTEX) frente a 712.734 inmigrantes que entraron en 2019, según el INE… Y el Gobierno español, como los demás, se encuentra “superado” ante este fenómeno y reacciona con “racanería”. Dos ejemplos. Uno, el stock de inmigrantes irregulares, que ha pasado de 100.000 en 2013 a 500.000 a finales de 2019, sin que se les dé una salida (en Italia o Portugal ha habido regularizaciones con la pandemia). Otro, las solicitudes de asilo: España es el 2º país de Europa con más solicitudes (88.530 en 2020), tras Alemania (102.500) y por delante de Francia (81.800), Grecia (37.900) e Italia (21.200), según Eurostat. Y en 2020 sólo se concedieron el 5% de las estudiadas, 5.758 concesiones de asilo, muy por debajo de las que concede Alemania (44%), Bélgica (35%), Italia (23%) o Francia (22%), según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Canalizar y ordenar la inmigración sería una gran ayuda para taponar la pérdida de población española y para aumentar el empleo, la recaudación y las cotizaciones. Hay que tener presente que un tercio de los inmigrantes que llegan ahora son universitarios. Y que cada inmigrante regularizado supone una media de 3.400 euros de cotizaciones, según FEDEA: regularizar a 300.000 inmigrantes supone un ingreso extra de 1.020 millones de euros anuales a la SS. Y además, la pandemia ha revelado que muchos inmigrantes realizan tareas esenciales: si un 35% de todos los trabajadores son “esenciales”, el 15% de ellos son inmigrantes. Sobre todo en la sanidad, la dependencia y los cuidados, los servicios o el transporte. Por eso, el Gobierno va a aprobar un Plan de choque para homologar los títulos de 15.000 extranjeros, que llevan esperando hasta dos años, lo que podría integrar a muchos profesionales extranjeros que nos hacen falta (médicos, enfermeras, maestros, científicos…). No hay que verlos como personas que quitan el trabajo a españoles, sino personas que ayudan a que haya más gente trabajando, cotizando y pagando impuestos, que falta nos hace.

En definitiva, la pandemia ha dejado al descubierto otro problema más que ya teníamos antes: una caída de la natalidad y una pérdida de población, que irá a más en las próximas décadas, acuciando nuestros problemas de empleo, pensiones y Estado del Bienestar. Es hora de afrontarlo de una vez, sin prejuicios ideológicos contra la inmigración, que nos ha “salvado” en las últimas décadas y puede ayudarnos más si lo hacemos bien. Hay sitio para todos.

La reforma laboral que viene

Antes de finales de abril, el Gobierno enviará a Bruselas el Plan de recuperación con las inversiones para gastar los 140.000 millones de los Fondos europeos. Y un paquete de reformas que Europa exige para darnos ese dinero, sobre todo una reforma laboral, de pensiones y de impuestos. La reforma clave es la laboral, porque España tiene un serio problema de paro, doble que en Europa. Y no es de ahora: en los últimos 40 años, no hemos bajado de los 2 millones de parados (salvo de 2005 a 2007). El Gobierno propone simplificar los contratos, reducir los temporales, regular las subcontratas y plataformas digitales, mantener los ERTEs y modernizar las políticas de empleo, con un Plan de choque contra el paro juvenil (40%). Pero esta reforma será complicada, porque se quiere pactar con sindicatos, patronal, dentro del Gobierno y con Bruselas. Pero es “la llave” para la recuperación, para crear empleo estable. No podemos ser los líderes del paro de Europa, como en los últimos 40 años.

Enrique Ortega

España lleva más de 40 años con un serio problema de paro. En 1975, a la muerte de Franco, teníamos 600.000 parados y una tasa de paro del 4,7%, similar a la de Europa (4,1% la UE-10), Alemania (4,1%) o Francia (3,9%). En 1.978 superamos el millón de parados y para 1979, con dos crisis del petróleo detrás, el paro se había más que duplicado, al 10,4%, el doble ya que la UE (5,3%) y el triple que Alemania (3,3%). A partir de ahí, el paro sigue al alza, con la crisis de 1982 y la reconversión industrial, hasta un primer récord histórico en 1984: 3 millones de parados y una tasa del 21,48%, el doble que Europa (11,5%). Con el ingreso en la CEE y el fuerte crecimiento posterior, el paro baja hasta el 16,1% en 1.990. Pero hay otra crisis en 1992-93 y en 1.994 se alcanza un 2º récord histórico: 3,9 millones de parados y 24,1% de paro, frente al 10% en la CEE-12. 

Superado el bache, llega una década de “vacas gordas” y se logra un mínimo histórico de paro en 2006: 1.800.000 parados y una tasa del 8,3%, similar a la europea (7,9%). Pero en 2008 llega la gran crisis y la economía se desploma, disparando el paro hacia un tercer récord histórico: 6.202.700 parados en marzo de 2013 y una tasa de paro del 25,7%, otra vez más del doble que Europa (10,8%) y cuatro veces el paro de Alemania (5,1%). A partir de 2014 se inicia una recuperación, que baja el paro al 13,8% en 2019, más del doble que Europa. Y en 2020 llega la pandemia y sube de nuevo el paro, por encima de los 4 millones y una tasa del 16,7%, frente a 7.7% en la UE-28 y 4% en Alemania.

Así que hace ya más de 40 años que tenemos el doble de paro que Europa. Y otro dato llamativo: entre 1980 a 2020, el paro no ha bajado nunca de los 2 millones de desempleados (salvo en 2005, 2006 y 2007). ¿Qué nos pasa? Que el modelo económico español permite crear menos empleo en épocas de crecimiento y perderlo muy rápido en épocas de crisis, por varias causas: excesivo peso de los servicios (turismo, hostelería y comercio) y poca industria, mano de obra menos formada, empresas más pequeñas (demasiadas pymes), poca tecnología, innovación y exportación. Y un modelo laboral muy rígido, que no permite adaptarse a los cambios económicos.

En diciembre de 2011, al llegar Rajoy a la Moncloa, se encontró con un tsunami: 2.617.600 empleos perdidos desde 2008. Y buscó “un atajo” para afrontarlo: en mes y medio (10 febrero 2012) aprobó en solitario una polémica reforma laboral, que dejaba las manos libres a los empresarios para “limpiar plantillas” (los despidos que faltaban) y afrontar el futuro con más poder: bajaron sueldos en los nuevos contratos (“devaluación salarial) y multiplicaron los contratos temporales y a tiempo parcial, precarizando el empleo, además de reorganizar horarios y horas extras. Así se consiguió, cuando llegó en 2014 la recuperación (en España y en Europa), crear 2 millones de empleos hasta mayo de 2018, cuando Rajoy se fue.

El problema es que estos nuevos empleos, creados con la reforma laboral de Rajoy, son muy precarios y mal pagados (con salarios un 30% inferiores a los “viejos”). Y se ha agravado más la temporalidad, que se arrastra desde los años 80, cuando Felipe González introdujo los contratos temporales “para crear empleo”. Y así tenemos un mercado de trabajo “dual”, como denuncia la Comisión Europea desde hace años: un 75% de asalariados tienen un contrato fijo (mejor pagado) y un 25% tienen un contrato temporal (mal pagado), la cuarta parte por menos de un mes. Y en el caso de los jóvenes (16-25 años), el 65,5% de los que trabajan (sólo un tercio del total) tienen un contrato temporal.

La temporalidad es “el talón de Aquiles” del mercado laboral español: en conjunto, un 21,9% de todos los que trabajan en España tienen un contrato temporal, el doble que en Europa (11,9%). Y eso nos hizo muy vulnerables en la crisis de 2008 y ha vuelto a pasarnos en la recesión de la pandemia: los trabajadores temporales son los primeros que pierden su empleo, con lo que España dispara su paro en las crisis y contrata mucho en la recuperación (precario y mal pagado, lo que agrava la pobreza y la desigualdad).

Este debe ser el primer objetivo de la reforma laboral, según Bruselas, el Gobierno y la mayoría de expertos: reducir la temporalidad a niveles europeos. Y el segundo, fomentar la creación de más empleo y de más calidad, aprovechando “el tirón” de los Fondos europeos. Pero los sindicatos exigen la derogación de la reforma laboral de Rajoy y defienden 3 cambios prioritarios: dar prioridad a los convenios sectoriales (mejores y donde hay más poder sindical), prorrogar los convenios caducados hasta su renovación (“ultraactividad”) y limitar el actual poder unilateral del empresario para fijar las condiciones laborales. Y la patronal pide  “no tocar” la reforma laboral de 2012 y proponen que la reforma se centre en prorrogar los ERTEs, las políticas activas de empleo y combatir el paro juvenil.

El Gobierno no quiere enfangarse en derogar o no la reforma laboral de Rajoy (aunque Podemos presiona a ello) y en su propuesta de reforma que va a enviar a Bruselas (ver texto) traza 4 frentes de actuación. El primero, simplificar los contratos, manteniendo sólo 3 tipos: contrato fijo (que debe ser “el habitual”), contrato temporal (sólo para trabajos que sean realmente temporales) y contrato de formación (para los jóvenes). Y a partir de ahí, estudiará penalizar los contratos temporales (con altas cotizaciones) y vigilará el fraude con la inspección de Trabajo: sólo el envío de tres cartas de advertencia a miles de empresas (en agosto de 2018 y 2019 y en febrero de 2021) ha permitido “regularizar” como fijos 181.574 falsos contratos temporales, según Trabajo.

El 2º frente de la reforma laboral incluye buscar nuevos instrumentos de flexibilidad que sean alternativos al despido y a la temporalidad. Se trata de aprovechar la buena experiencia de los ERTES para convertirlos en herramientas de futuro, utilizarlos cuando pase la pandemia para afrontar la crisis temporal de una empresa o la reconversión de un sector o una empresa. Se trata de crear un Fondo para ERTEs, con cotizaciones y aportación pública, para que las empresas con problemas tengan otras opciones y no se vean obligadas a despedir.

El tercer frente de la reforma laboral busca garantizar un trabajo digno, actuando en varios frentes: regulando el teletrabajo (ya se ha aprobado una Ley), regulando a los repartidores (ya se ha aprobado un decreto ley de “riders”) y otras plataformas digitales (falta), cambios en la regulación de los autónomos y modificando la normativa de las subcontratas, con el amparo de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2020 que dice que las subcontratas no pueden limitar los contratos que hagan a sus trabajadores al tiempo de la contrata. Y aquí se incluye otro tema polémico: modernizar los convenios. Si priman los de empresa (como ahora) o los de sector (como antes de 2012), la prórroga de los convenios caducados y el poder que se concede al empresario para fijar las condiciones laborales.

El 4º frente de la reforma laboral plantea modernizar las políticas de empleo, para que sean más eficaces: digitalizar las demandas de empleo y las ofertas, gestión individualizada de los parados para su formación, reciclaje y empleabilidad  (hoy, las oficinas de empleo sólo consiguen trabajo al 2% de los parados), modernización de las políticas de empleo y racionalización de los incentivos a la contratación (hoy un gasto poco eficaz). Y, sobre todo, reformar las oficinas de empleo (el SEPE), faltas de medios y personal.

En paralelo, el Gobierno ofrece otros dos cambios importantes. El primero, a los sindicatos y a Bruselas: reducir la alta temporalidad de la Administración pública, “dar ejemplo” recortando la alta tasa de interinos. En España, el 29% de los empleados públicos son interinos (sin contrato fijo), frente al 16% en Alemania, cuando la Comisión Europea propone que la tasa debería ser el 8%. La Administración central medio cumple, pero las autonomías tienen un 37,9% de empleos temporales. Y hay sectores donde el porcentaje de interinos es “escandaloso”: 41,9% en la sanidad pública (56% en Canarias) y 29,1% de interinos en la educación (45% en Cantabria). La idea del Gobierno es canalizar una parte de los Fondos europeos para convertir interinos en fijos, reformando antes de fin de año el Estatuto de la Función Pública, lo que afectaría a 500.000 personas.

El otro cambio laboral que prometen, para este primer semestre de 2021, es pactar con sindicatos y patronal un Plan de choque contra el paro juvenil, tratando de incorporar también ayudas y fondos europeos para el desarrollo de la Garantía Juvenil 2021-2027, que ofrece a todos los jóvenes europeos una oferta o de trabajo o de formación.

A Bruselas “le suenan bien” estas reformas propuestas, pero pide más concreción para aprobarlas (junto al resto de reformas y el paquete de inversiones) en los próximos dos meses, antes de finales de junio, como requisito previo al 2º examen, que deberán hacer los demás paises UE en otro plazo de un mes mes. Así que no nos pondrán "nota" hasta finales de julio, como pronto. Y si España aprueba los dos "exámenes", empezarían a llegarnos los primeros Fondos europeos, en agosto o septiembre, un calendario que España y varios paises quieren acortar. Pero mientras, la Comisión reclama ahora dar prioridad a 3 objetivos en la reforma laboral: reducir la temporalidad, reformar las políticas activas de empleo y atajar el altísimo paro juvenil (39,6% en febrero, frente al 17,3% en la UE-27 y el 6,1% en Alemania, según Eurostat).

Pero España le ha dicho a la Comisión que no quiere aprobar unilateralmente ahora la reforma laboral, que prefiere pactarla con sindicatos y patronal antes de finales de 2021. Así que propone acordar con Bruselas las líneas maestras y luego concretarlas en España, en las reuniones semanales que tiene con patronal y sindicatos. El acuerdo no va a ser fácil, porque hay temas muy polémicos y con posturas muy alejadas: indemnizaciones a los nuevos contratos fijos, regulación de las subcontratas, modernización de convenios y fijación de las condiciones laborales. Y hay otro frente de negociación, además de los agentes sociales y Bruselas: la negociación de la reforma dentro del propio Gobierno, entre el PSOE y Podemos, que discrepan en derogar o no la reforma laboral y dar más o menos prioridad a los temas laborales (Trabajo) o a las políticas de empleo (Economía).

Alumbrar la reforma laboral será un parto difícil, pero no queda más remedio que acertar y lograr una nueva normativa que guste a todos o al menos no disguste a nadie. Porque si la reforma laboral no convence a los empresarios, será difícil que creen más empleo de calidad cuando llegue la recuperación y los Fondos europeos. Pero si disgusta a los sindicatos, porque creen que perjudica a los trabajadores, será difícil mejorar la productividad en el trabajo, otra asignatura pendiente de España. Así que tiene que ser una reforma equilibrada y “que guste a Europa”. Por eso es difícil de lograr, aunque necesitamos una reforma laboral para dejar de ser “diferentes”, para no seguir con el doble de paro que Europa. Y para dar oportunidades a los jóvenes, que sólo tienen un escaso trabajo precario. A ello.

 

Internet: cambios claves en la publicidad online

Cada día estamos más “enganchados” a Internet y las empresas lo aprovechan para bombardearnos con anuncios en la Red. La publicidad online supuso más de la mitad de toda la publicidad en 2020, por primera vez. Y es el 2º año que supera a la publicidad en TV. En la pelea por esta tarta publicitaria online, Google y Apple han hecho en marzo dos cambios claves, que han pasado desapercibidos: Google suprime las cookies (esos archivos que “rastrean” lo que vemos en Internet) y Apple exige permiso de los usuarios a las aplicaciones que quieran “rastrear” su navegación. Los dos gigantes de Internet dicen que cambian para mejorar nuestra privacidad, pero muchos creen que buscan atacar a sus competidores, sobre todo a Facebook y Amazon. Y todos se aprovechan de nuestros datos, mientras Europa lleva desde 2017 sin aprobar un Reglamento (ePrivacy) para regular las cookies y la publicidad online. Nuestros datos son el negocio del siglo: cuidemos mucho más a quien se los damos.

Enrique Ortega

El mundo está cada vez más enganchado a Internet: 2020 cerró con 4.540 millones de personas usando Internet, el 59% de la población mundial, según este balance de Hootsuite, que señala un promedio de uso de 6 horas y 43 minutos. En España usa Internet el 91% de la población (más de 43 millones de españoles), lo que nos sitúa en el 7º lugar de Europa, tras Dinamarca, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda y Alemania. Esta tremenda penetración de Internet convierte a la Red en un tremendo “Centro comercial”, donde cada día se anuncian más empresas, para vendernos sus productos y servicios. De ahí que la publicidad online lleve ya dos años (2019 y 2020) suponiendo más de la mitad de toda la publicidad que se hace en el mundo. Y en 2020 facturó 260.236 millones de euros, casi la mitad en EEUU (107.626 millones), seguido de China (59.014) y Europa (46.902 millones de euros), según el último balance mundial de la consultora IAB. Y es el 2º año en que la publicidad online supera a la publicidad tradicional, mientras se espera que la doble en los próximos 4 años.

En España, la publicidad en Internet supuso más de la mitad del pastel publicitario total en 2020, por primera vez, aunque ya había superado a la publicidad en TV en 2019. Facturó el año pasado 3.029,5 millones de euros en España, según IAB Spain, con una caída de sólo un -3,8% (por la recesión derivada de la pandemia) cuando el conjunto del mercado publicitario (5.734,2 millones de facturación) cayó en 2020 cuatro veces más,  un -15,8, según los datos de Infoadex. Con este balance, la publicidad online (3.029,5 millones) casi duplica a la publicidad en TV (1.640,3 millones en 2020, -18,4%) y está a años luz de la publicidad en diarios (335,8 millones, -30,8%), de la publicidad exterior (221.3 millones, -47,7%), en revistas (110,5 millones, -43,4%), en dominicales (12,3 millones, -53,7%) y en el cine (9,6 millones, -73,3%), según Infoadex.

La publicidad online se ha disparado con el auge de Internet, en los últimos 7 años, triplicando con creces su facturación en España entre 2013 (960,1 millones) y 2020 (3.029,5 millones), mientras caída en el resto de soportes. La mayor parte del pastel de la publicidad online se lo llevan los buscadores (977,3 millones, el 32,3% del total), en especial Google, que controla el 96% de las búsquedas en España. Le siguen la publicidad en vídeos, aplicaciones y webs (display), que mueve otros 889 millones (29,4% del total), la publicidad en redes sociales (835,1 millones, el 27,6%), los anuncios “clasificados” en la Red (233,8 millones), la publicidad digital exterior (49,3 millones) y cuatro tipos de publicidad online que todavía facturan poco pero que son los que más crecen: audio digital (38 millones en podcast y streaming), TV por internet (6,1 millones), “influencers” (33,6 millones) y e-sports (torneos y juegos en la Red), que atraen 26,8 millones de publicidad, según IAB Spain. Y un dato curioso: la publicidad automatizada (que no se contrata directamente sino a través de programas, búsquedas y redes sociales) supone el 70% de la publicidad online.

En el mundo, los reyes de la publicidad online son los gigantes de Internet: Google, Facebook y Amazon, por este orden. En el caso de Google, el 81% de sus ingresos anuales (151.568 millones de euros en 2020) proceden de la publicidad, sobre todo a través de las búsquedas y YouTube (donde los ingresos publicitarios aumentaron un 46% a finales de 2020). Para Facebook, que ingresó 71.000 millones de euros en 2020, la facturación por publicidad aporta el 98% de sus ingresos totales. Y Amazon se ha convertido en otro gigante de la publicidad online, a través de Amazon Advertising, que ya facturó 17.500 millones de euros en 2020, un 5,4% de sus ingresos totales (en 2014 aportaba sólo el 1,5%) y que cuenta como anunciantes al 73% de las 1.000 grandes marcas.

En Estados Unidos, el epicentro de la publicidad online, se ha producido en 2020 un gran cambio en este mercado publicitario: Google, el líder, ha perdido un trozo de su pastel (del 37,2% en 2019 al 28,9% en 2020) y han aumentado su parte de la tarta Facebook (de 23,6% al 25,2%) y sobre todo Amazon (del 7,8% al 10,3%), que está “vampirizando” el negocio de la publicidad en búsquedas de Google, fomentando que los consumidores que utilizan su red para comprar la usen también para hacer búsquedas (atrayendo publicidad).

Este cambio en el negocio de la publicidad online en EEUU ha provocado que Google acelere un cambio que ya anunció el año pasado: suprimir las cookies de terceros, esos pequeños archivos de texto que una web solicita instalar en nuestro ordenador para rastrear los sitios por los que navegamos y lo que buscamos, lo que les sirve luego para colocarnos publicidad dirigida (por eso, si buscamos coches o zapatillas, nos aparecen después anuncios sobre esos productos). Google anunció en 2020 que iba a eliminar estas cookies de rastreo en dos años, pero ahora ha acelerado el proceso y en marzo ha anunciado que va a suprimirlas ya, con la próxima actualización de Google Chrome. En lugar de las cookies, Google instalará un sistema alternativo llamado FLoC (Federated Learning of Cohorts: aprendizaje federado de cohortes), que agrupa a los usuarios con intereses similares en lugar de identificar los intereses de un usuario concreto. O sea que las empresas podrán dirigirse a colectivos que buscan coches o zapatillas, no a un internauta en concreto.

También en marzo, Apple hizo otro anuncio que supone un gran cambio en el negocio de la publicidad online: ha activado una nueva característica en su sistema operativo IOS14.5 (la llamada Tracking Transparency) por la que exige a cualquier aplicación (APP) que quiera rastrear la navegación por Internet de un usuario que le pida permiso. Hasta ahora, las innumerables aplicaciones que nos descargamos “gratis” utilizan el rastreo de lo que hacemos en Internet para crear perfiles de los usuarios y así vender a las empresas anuncios “dirigidos” según sus preferencias y si los usuarios hacen click tienen más ingresos.

Tanto Google como Apple han justificado estos cambios “en defensa de nuestra privacidad”. Incluso Google ha ido más allá y se erige en defensor de la privacidad de los internautas porque “pone en riesgo el futuro de una Red libre y abierta”. Según Google, el uso de las cookies erosiona la confianza de los usuarios. Y aporta 2 datos, según los estudios que maneja: el 72% de los internautas está convencido de que casi todo lo que hacen on line está siendo rastreado por anunciantes y empresas tecnológicas y el 81% cree que los posibles riesgos que les supone la captación de sus datos supera a los beneficios. En definitiva, que Google se presenta como “el salvador de la Red” y elimina las cookies antes de que el rastreo acabe con Internet. Y Apple se erige también en paladín de la privacidad, buscando mejorar su imagen pública cuando se le ataca por su posición de dominio: es la empresa más valiosa del mundo y facturó más de 100.000 millones de dólares en el 4º trimestre de 2020.

Pero Google y Apple han hecho estos cambios por otras razones, no por defender nuestra privacidad. La primera y fundamental, para fortalecer su posición dominante en el mercado publicitario y atacar a la competencia, según muchos expertos. En el caso de Google, el nuevo sistema va a perjudicar sobre todo a Facebook (y su red Instagram) y a Amazon Advertising, que ahora tendrán más dificultades para rastrear a los usuarios mientras Google podrá seguir controlando nuestros datos a través del buscador y sus múltiples servicios (como YouTube y los teléfonos Android: el 85% de los móviles en España) y será aún más poderosa en el negocio de la publicidad online. En el caso de Apple, la restricción a los rastreos de las APPs dañará también a Facebook (WhatsApp e Instagram) y a millones de APPs, mientras Apple seguirá controlando la información que le aportan sus millones de clientes.

Otra razón del cambio de Google, suprimiendo las cookies de terceros es que existen otros navegadores de la competencia que no admiten cookies, como Safari (desarrollado por Apple) y Firefox (desarrollado por Mozilla, organización sin ánimo de lucro) y le estaban ganando mercado. Y una tercera razón: el acoso de los reguladores, tanto en EEUU como en Europa, cada vez más preocupados por el oligopolio de los grandes de Internet y su creciente poder sin control, que les ha llevado a vigilarlos de cerca. Google y Apple quieren desmarcarse y dar una imagen de defensores de la privacidad de los internautas. Y adelantarse a futuras regulaciones sobre las cookies y la publicidad online.

De momento, la legislación europea aprobó, en abril de 2016, el Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Supuso 5 derechos, recogidos después de la Ley de Protección de Datos española (LOPD) aprobada en diciembre de 2018: el derecho a conocer quien tiene nuestros datos y para qué los usa, el derecho a pedir cambiarlos o trasladarlos a otros proveedores, el derecho a rectificarlos, el derecho al olvido (a que se borren los datos) y el derecho al rechazo, a que los utilicen para marketing directo (llamadas y mails). Era un avance en la protección de nuestros datos, pero se quedaba a medias, porque faltaba otro Reglamento para regular la publicidad online.

La Comisión Europea aprobó ese segundo Reglamento, llamado ePrivacy, el 10 de enero de 2017, para regular dos temas cruciales: el tratamiento de las cookies (esos archivos que rastrean lo que vemos en Internet) y la regulación del marketing online (el acceso de la publicidad online a los internautas). Y son tan cruciales que los gigantes de Internet, las empresas y el mundo de la publicidad han presionado durante años para evitar que este Reglamento ePrivacy se apruebe. De hecho, el Consejo Europeo no le ha dado luz verde hasta el pasado 10 de febrero de 2021, más de 4 años después de aprobarlo la Comisión. Y ahora se abre un periodo de negociación con el Parlamento Europeo, que es quien tiene que aprobar definitivamente ePrivacy, quizás a finales de año si las presiones no vuelven a retrasarlo. Y luego habría 2 años para aplicarlo, así que no tendremos en vigor una regulación de las cookies y el marketing on line hasta 2024.

Entre tanto, los cambios ya implantados por Google y Apple van a revolucionar el negocio de la publicidad online. Las empresas de publicidad tendrán que rehacer sus estrategias a la vista de los datos que ahora reciban de los internautas y sus clientes quizás tengan más costes para hacer campañas publicitarias en la Red y menos certidumbre sobre sus resultados. Pero los usuarios lo notaremos poco, porque aunque ahora las cookies no sean individualizadas sino en grupo, seguirán con el bombardeo de anuncios. Y más a medida que las empresas vean que compramos más por Internet y que cada vez visitamos más webs y redes sociales. Y en el caso de las APPs, habrá que ver en qué condiciones las podemos descargar si no las autorizamos a que nos rastreen. Así que privacidad, poca. Sobre todo porque cada vez más empresas le dan más valor a nuestros datos.

Los datos, nuestros datos, son el negocio del siglo. Cada día se generan en el mundo 2,5 billones de bytes de datos y esa cifra se duplica cada dos años, según este informe de la consultora BSA. Y cada uno de nosotros genera diariamente 6 megabytes de datos, con los que se podrían grabar tantos DVD como para ponerlos en fila e ir y volver a la luna… Y el tratamiento de estos datos es un negocio que ya genera 56.000 millones de dólares (2020) y que se va a duplicar para 2027, según Statista. Estos millones de datos han creado multitud de  empresas que analizan estos datos y los venden a empresas (supermercados, líneas aéreas, empresas de ocio), bancos y políticos, mientras hay un potente “mercado negro” que se nutre de datos robados (que se venden en Internet).

Este negocio de los datos (nuestros datos) está revolucionando la publicidad y la forma de hacer negocios, al poder conocer mejor las preferencias de los consumidores. Una información que va a cambiar toda la economía, las empresas e incluso los recursos humanos, ya que muchas consultoras utilizan la Red para rastrear a sus futuros empleados. Muchos expertos dicen que la industria de los datos (el “big data”) es beneficioso para los usuarios, porque nos ofrecerán lo que buscamos. Pero hay una realidad evidente: adiós a nuestra privacidad. Estamos “desnudos”, a merced de empresas que se hacen multimillonarias con nuestros datos. E indefensos, sobre todo hasta que entre en vigor la ePrivacy.

El problema de la falta de privacidad en Internet y la utilización de nuestros datos es muy serio y tiene difícil solución. Cuanto más grandes y poderosos son los gigantes que controlan la Red, más difícil es limitar y regular su poder. Por eso, en EEUU, algunos defienden trocear Google, Facebook, Amazon o Apple, mientras ellos compran cada día a nuevos  competidores y ganan tamaño. Y son los paladines de “la libertad” frente a “la injerencia” de los Gobiernos en la Red. Algo hay que hacer, con normas y vigilancia, para evitar que estos monstruos gobiernen el mundo y nuestras vidas. Pero la herramienta más efectiva está en nosotros: restrinjamos los datos que damos, no autoricemos cookies (legalmente deben permitirnos seguir navegando, aunque sea más incómodo) y ojo a la enorme información que damos en redes sociales. Alguien gana con ello, no nosotros.