8-M: la pandemia penaliza a las mujeres

La pandemia ha trastocado la vida de todos, pero más de las mujeres: han estado en 1ª línea en residencias, centros de salud y hospitales, se han contagiado más, han perdido más empleos y tienen más paro, mientras en casa han tenido más tareas y teletrabajo. Y siguen con las desigualdades de antes: trabajan menos (1,6 millones menos, cuando son más que los hombres), en peores puestos y con contratos más precarios, con lo que ganan un 21,4% menos. Y cobran un -12,88 de paro y un -34% de pensión, mientras dos tercios de los dependientes que mueren sin ayuda son mujeres. Se ha avanzado, pero a este ritmo, la igualdad salarial tardará 43 años. Lo positivo es que las empresas de más de 100 trabajadores tienen que negociar ahora y meter en convenio un Plan de igualdad y publicar sus salarios. Falta un Plan de choque, para que la recuperación traiga más empleos a las mujeres. Y repartir el trabajo en casa.

Enrique Ortega a partir de Rodchenko

La pandemia ha penalizado doblemente a las mujeres, en su salud y en su economía. Por un lado, las mujeres han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, en residencias de ancianos, centros de salud y hospitales, así como en la educación, las tiendas y supermercados, lo que se ha traducido en más contagios: un 52,5% de los contagiados en España son mujeres, según el informe RENACE. Eso sí, han muerto menos mujeres (el 40% del total), porque la tasa de letalidad ha resultado mayor entre los hombres, sobre todo a partir de los 70 años, porque que suelen tener más enfermedades previas (cardiovasculares, respiratorias, hipertensión y diabetes) y también por razones genéticas.

Por otro lado, la pandemia ha afectado más a la economía de las mujeres, por dos razones. Una, porque trabajan más en los sectores más castigados por la pandemia: turismo y hostelería (56% mujeres), comercio (65%) y en general los servicios (donde trabajan el 88,7% de las mujeres frente al 64% de los hombres). La otra, porque tenían trabajos más precarios, que han sido los primeros en perderse con la recesión post-COVID: las mujeres tienen un 26,6% de contratos temporales (frente al 22,8% los hombres) y son el 74,3% de todos los asalariados con trabajos a tiempo parcial, por horas o días (más vulnerables).

El resultado es que las mujeres han perdido más empleo con la pandemia, empezando porque han perdido el récord de trabajar más de 9 millones de mujeres, alcanzado en 2019 por primera vez en la historia de España. En febrero de 2021 había 8.781.589 mujeres afiliadas a la Seguridad Social, -218.342 mujeres menos, un -2,42% de caída en el último año (desde febrero 2020), frente a 10.068.522 hombres afiliados (-210.955, un -2,05%), según los últimos datos del Ministerio de SS. Las mayores pérdidas de afiliación se han dado en la hostelería (-296.010), ocio y actividades recreativas (-48.886), otros servicios (-31.298) y empleadas domésticas (-12.607), sectores con fuerte presencia femenina.

Pero la pérdida de empleo con la pandemia se ve mejor en la última EPA, del 4º trimestre de 2020, publicada por el INE: el año pasado se perdieron -622.600 empleos, -338.800 los perdieron los hombres (-3,12%) y -283.800 empleos las mujeres (-3,10%), un porcentaje bastante similar dado que hay más hombres que trabajan. Pero han perdido comparativamente más empleos en 2020 las chicas jóvenes de 16 a 19 años (-51,25% frente al -33,98% los chicos) y las chicas de 30 a 39 años (-7,12% frente a -6,22 los chicos).

Además de perder empleo, hay mujeres “aparcadas” en los ERTEs, esperando volver a trabajar o ser despedidas. Y son más que los hombres: a finales de febrero de 2021 había 899.383 trabajadores en ERTES, 477.132 eran mujeres y 422.251 hombres (a pesar de que hay 1,2 millones menos de mujeres afiliadas a la SS), según los datos del Ministerio de SS. Y la mitad de estos ERTEs estaban en la hostelería (446.999 trabajadores de media en febrero), junto a los que trabajan en servicios de comidas y bebidas (32.998 en ERTE) y alojamiento (120.011 trabajadores), los sectores con más mujeres. Y estos ERTE, dominados por las mujeres, se dan sobre todo en Barcelona (151.067), Madrid (120.058, Las Palmas (52.726), Valencia (46.862), Alicante (42.675), Málaga (41.516), Baleares (39.044) y Tenerife (37.465), el mapa donde hay más trabajadores (y mujeres) en ERTE.

Y también ha aumentado más el paro entre las mujeres el último año: +408.707 paradas más en febrero 2021 (+21,5%) frente a +354.035 hombres más sin trabajo (+26,2%), según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Y el aumento del paro ha sido porcentualmente mayor (de febrero 2020 a febrero 2021), entre las chicas jóvenes menores de 25 años: +40,56% (+51.356) frente a +39,76% los chicos. Y la tasa de paro femenino (18,47% de las mujeres) sigue muy por encima de la de los hombres (14,30%) y duplica con creces la media europea (7,4% en la UE), superada sólo por la de Grecia (20%), según Eurostat.

Hasta aquí, el efecto inmediato de la pandemia en las mujeres, mientras se mantiene (y crecerá) la desigualdad que ya había antes de esta crisis. La primera gran desigualdad sigue siendo que las mujeres trabajan menos que los hombres. Son más población, concretamente 938.063 mujeres más que hombres (24.144.815 frente a 23.206.752, según el Censo al 1 de julio de 2020). Y sin embargo, hay menos mujeres activas, que “trabajan o buscan trabajo” (10.865.900 mujeres frente a 12.198.200), porque muchas mujeres dejan de trabajar o ni lo intentan por cuidar a sus hijos y padres.  Y así, hay menos mujeres trabajando: 8.874.500 mujeres frente a 10.469.800 hombres, a finales de 2020, según la última EPA. Son 1.595.300 mujeres menos trabajando, una "brecha" de empleo que apenas ha mejorado (eran 1.650.000 menos trabajando a finales de 2019).

La otra gran desigualdad de las mujeres, junto a trabajar menos, es que ganan menos, un -21,4 en 2018, el último año del que el INE ha publicado datos de salarios: el sueldo medio bruto de las mujeres era de 21.011,89 euros frente a 26.738,19 euros los hombres, -5.726 euros anuales (-477 euros al mes). Esta brecha salarial es casi la misma que en 2008 (-21,87%), aunque ha mejorado desde la mayor diferencia en 2013 (-23,99%) y sobre 2019 (-21,92%). Pero es una mejora tan pequeña que, a este ritmo, harían falta 43 años (hasta 2061) para igualar los salarios de hombres y mujeres en España, según este informe de CCOO. Y eso que estamos casi en la media europea, que tiene una brecha salarial del -24%, aunque se estima que habrá aumentado un 1% con la pandemia.

Por autonomías, la brecha salarial de las mujeres es mayor que la media en Asturias (-29,6%), Aragón (-24,65%), Andalucía (-24.44%), Navarra (-23,18%), Castilla y León (-22,89%), Cantabria y País Vasco (-22,56%), la Rioja (22,75%) y Cataluña (-22,17%). Y menor en Baleares (-13,72%), Canarias (-14,70%), Extremadura (-17,54%) y Madrid (-19,76%), según los datos de salarios del INE (2018). Y es llamativa la diferencia en esta brecha según la edad de las mujeres: está en la media entre 16 y 24 años (sobre el -21%), baja la diferencia entre 25 y 39 años (por debajo del -20%), se mantiene cerca de la media entre 40 y 49 años (-20,9%)  y sube mucho (-25% y más) entre los 50 y 60 años, según el informe de CCOO.

¿Por qué se da esta diferencia de sueldos entre hombres y mujeres? La principal razón es que las mujeres trabajan menos horas que los hombres. Eso se ve en el salario por hora trabajada, donde la brecha se reduce a la mitad: -11,9% en España, frente al 14,1% en la UE-28, el 3,9% en Italia, el -79% en Grecia, el -8,9% en Portugal, el -15,8% en Francia o el 20,1% en Alemania, según los últimos datos publicados por Eurostat (de 2018). Eso se debe, básicamente, a que las mujeres hacen jornadas más cortas y tienen más contratos a tiempo parcial, por horas o días: los tienen el 25,3% de las mujeres que trabajan, frente al 7,23% de los hombres. Y de los 2.800.000 asalariados que trabajan en España a tiempo parcial, más de 2 millones son mujeres. Consecuencia: estos contratos a tiempo parcial (el 76% son de mujeres) tienen un sueldo que es el 39,8% inferior a los contratos a tiempo completo.

Las mujeres trabajan más a tiempo parcial para cuidar a hijos y padres y muchas (el 60%) porque no encuentran un trabajo a tiempo completo, solo por horas, básicamente en sectores “feminizados”: restaurantes, hostelería, comercio, servicio doméstico, vendedoras y empleadas de oficina. Y un dato muy explícito: en 2020 se dieron 54.723 excedencias laborales para cuidar a familiares y el 87,2% las pidieron las mujeres, que cada año dejan de trabajar al menos un mes (el 5,6% de las mujeres y el 2,6% de los hombres) para cuidar a alguien.

El segundo motivo de que las mujeres ganen menos es el tipo de contrato: tienen más contratos temporales (26,6%) que los hombres (24,6%). Y un trabajador temporal cobra, de media, un 30% menos que uno con contrato indefinido, según los datos de salarios del INE. Y el tercer motivo es que las mujeres trabajan más en sectores peor pagados, con mayor brecha salarial que la media: actividades administrativas y servicios (-32,19% de brecha salarial), otros servicios (-31,4%), actividades profesionales (-30,7%), actividades sanitarias (-28,02% de brecha salarial), comercio (-26,92%) e inmobiliarias (-25,27%) según el informe de CCOO. Y son mayoritarias las mujeres en la hostelería (56%), el comercio (58%), los servicios auxiliares (57%)y las inmobiliarias (62% mujeres), lo cuatro sectores con los salarios más bajos (de 12.809 a 18.744 euros brutos anuales), según el INE. Y en el caso de los empleados públicos, hay 900.000 interinos, el 70% mujeres (en sanidad y educación).

La cuarta razón, y muy importante, por la que las mujeres ganan menos es que cobran menos complementos, que suponen un tercio del sueldo final y más. Los hombres no sólo reciben más complementos (antigüedad, peligrosidad, penosidad, turnos, nocturnidad, pluses…) sino que además cobran más por ellos, con lo que si la brecha en el salario base es del -19,65%, con los complementos sube al -25,85%. Y al -28.85% si se añaden las pagas extras. Pero donde hay más brecha (-72,86%) es en el pago de horas extras. Primero, porque las mujeres hacen muchas más horas extras gratis, un 48% del total frente al 43% los hombres. Y además, cobran un 73% menos por las que les pagan: 3,11 euros de media las mujeres frente a 11,46 euros las mujeres, según un estudio de UGT.

Y todavía hay una 5ª razón para explicar por qué las mujeres ganan menos: ocupan peores puestos en las empresas: sólo hay un 36% de mujeres directivas y un 39% de técnicas, según la EPA, siendo mayoría en los puestos menos especializados, a pesar de que las mujeres tienen mejor formación que los hombres (el 54% de los universitarios son mujeres). Y entre las empresas que cotizan en Bolsa (127), sólo el 25,7% de los consejeros son mujeres, un porcentaje que sube al 31,17% entre las 35 grandes empresas del IBEX. Y hay 10 empresas cotizadas sin ninguna mujer en el Consejo y 25 sólo con una , mientras el objetivo es alcanzar el 40% en 2022, que ya cumplen 4 (REE, CaixaBank, IAG-Iberia y Banco Santander), según el último informe del IESE y Atrevía. Y otro año más, hay menos mujeres que hombres en puestos directivos de la Administración, Universidad, judicatura y la mayoría de empresas, bancos e instituciones.

La brecha salarial entre hombres y mujeres se extiende también al cobro del desempleo y a las pensiones. En las colas del paro hay más mujeres (2.304.779 paradas) que hombres (1.704.010 parados), un 57,5% del total, pero son menos las que reciben algún subsidio (el 53%) y son más los parados hombres que reciben un subsidio contributivo (864 euros/mes): 579.120 hombres y 569.483 mujeres en enero 2021, según Trabajo. Y además, debido a sus mayores nóminas y periodos de cotización, el paro que cobran los hombres es mayor: 922,80 euros mensuales de media frente a 804 euros las mujeres. Brecha desempleo: -12,88%.

Y vayamos a otra brecha, la de las pensiones. Aunque hay más mujeres en España, como trabajan menos, hay menos mujeres pensionistas: 4,35 millones frente a 4,55 millones de pensionistas hombres, según la SS. Y si tomamos sólo las pensiones de jubilación, las cobraban el 1 de febrero 2.159.565 mujeres jubiladas  frente a 3.721.603 jubilados hombres. Y como cotizan por sueldos más bajos, durante menos años (porque dejan de trabajar años para ser madres), al final, la pensión media de las mujeres es mucho más baja: 866,61 euros frente a 1.250,87 euros. Una “brecha del -34%. Y si tomamos sólo la pensión media de jubilación, la brecha se mantiene en el -33,4%: 1.363,13 euros de media la jubilación de los hombres frente a 908,15 euros de media la jubilación de las mujeres, con datos de enero 2021.

Además, las mujeres sufren más años estas menores pensiones, porque su esperanza de vida es mayor: 86,22 años frente a 80,86 años los hombres. Con ello, corren más riesgo de necesitar ayuda en su vejez, como lo demuestra que el 63,5% de los solicitantes de ayuda a la dependencia sean mujeres. Y por ello, sufren más que los hombres el retraso de las ayudas a la dependencia, al ser mujeres dos tercios de los 234.039 de mayores dependientes que están en listas de espera para recibir ayudas. Y 94 de estos mayores murieron cada día en 2020 sin recibir esas ayudas reconocidas, 60 muertos diarios sin ayudas son mujeres dependientes. Un drama que también afecta más a las mujeres.

Como se ve, la discriminación de la mujer no es sólo que gane un 21,4% menos, sino que va desde que trabaja menos a que cobra menos paro y pensión y a que muere más sin ayudas a la dependencia. Y por si fuera poco, la mujer está discriminada en su propia casa. Ya lo estaba antes del confinamiento, según los datos del INE (las mujeres dedican 38 horas semanales a los hijos y 20 a la casa frente a 23 y 11 horas los hombres) y según la última encuesta de CaixaBank Research: las mujeres se encargaban del 71% de lavar la ropa,  del 60% de la cocina y la limpieza y de la mayoría de las actividades educativas con sus hijos (el 64%). Pero lo peor es que durante el confinamiento, las mujeres han seguido cargando con la mayor parte de las tareas de lavar (69%), cocinar (59%) y limpiar (64%, más que antes) y los deberes de los niños (62%) y sólo ha cambiado que la compra la han hecho mayoritariamente los hombres (el 56%, frente al 44% antes). Así que durante el confinamiento, la mujer ha estado agobiada con limpiar, lavar, cocinar, ayudar a sus hijos y además, teletrabajar.

Todos son datos y estadísticas objetivas, que revelan la discriminación de la mujer hoy, peor que antes de la pandemia. Lo más positivo es que en 2020 se han aprobado dos decretos, pactados por el Gobierno con sindicatos y patronal, que pueden ayudar a mejorar la discriminación de la mujer. Uno, que entra en vigor hoy 8 de marzo, obliga a las empresas de más de 100 empleados a aprobar un Plan de igualdad, pactado con los representantes sindicales, donde se incluirá los procesos de selección y contratación de trabajadores, las condiciones de trabajo y conciliación y las medidas para reducir la brecha salarial y evitar la discriminación de las mujeres. Y el otro decreto ley obliga a todas las empresas, a partir del 14 de abril próximo, a tener un registro salarial, con una auditoría salarial obligatoria para las empresas que tengan Planes de igualdad. Y la Comisión Europea acaba de anunciar una Directiva de Transparencia Salarial, que obligará a las empresas de más de 250 trabajadores a publicar informes sobre la brecha retributiva (el Gobierno español va más allá y lo exige a las de menos de 100 trabajadores), incluyendo sanciones por desigualdad.

Son medidas muy importantes para reducir la desigualdad salarial, pero hay que actuar en otros frentes, como el laboral, para aprobar medidas que reduzcan la temporalidad en el empleo (que sufren más las mujeres), como acaba de pedir Bruselas al Gobierno. Y aumentar los medios de la inspección de trabajo, para poder sancionar a las empresas que discriminan a las mujeres. Y dotar de medios a sindicatos y patronal, que tienen que revisar millones de convenios para incluir clausulas de igualdad en el acceso al trabajo y los sueldos. Y además, hay que aprobar un Plan de choque para fomentar el empleo femenino, porque la mayor discriminación es que las mujeres trabajen menos que los hombres, lo que debe complementarse con más plazas de educación infantil, mejoras en los cuidados a dependientes y horarios laborales que favorezcan la conciliación. Sin olvidar cambios en el comportamiento de los hombres, para que compartan más las tareas del hogar y los hijos.

Hay mucho que hacer y hace falta tiempo, pero hay que resolver este grave problema: que  medio mundo y media España deje de estar discriminada, de la cuna a la tumba. Es el problema más serio que tenemos este siglo, junto al Cambio Climático: conseguir la igualdad de hombres y mujeres. Un reto para todos, al margen de las ideologías, en el que nos tenemos que volcar hombres y mujeres. Media España exige justicia.

Guerra de precios en los súper

Los supermercados han sido de los pocos negocios que han ido mejor con la pandemia, porque nos hemos gastado mucho más en la cesta de la compra, al ir menos a bares y restaurantes: facturaron un 12,7% más en 2020, un tercio del aumento porque aprovecharon para subirnos los precios, mientras bajaba la inflación. Ahora, una vez hecha caja, algunos súper (Lidl, Aldi o Día) han lanzado una guerra de precios, con “ofertas escaparate” para seguir quitando clientes a Mercadona y Carrefour. Pero son sólo un espejismo, porque los alimentos llevan 6 meses consecutivos de subidas, que no benefician al campo porque se lo llevan los intermediarios. El INE ha aumentado el peso de los alimentos en la cesta de la compra y la inflación anual subió en enero y se estancó en febrero, tras 9 meses de IPC negativos. Ahora, se espera que todos los precios suban en 2021, mientras los salarios se estancan o bajan. Ojo a la cesta de la compra.

Enrique Ortega

La pandemia, con el confinamiento y la menor movilidad, ha disparado las compras de los españoles de productos de gran consumo: alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal. En 2020, los españoles nos gastamos en “el carro de la compra” 95.000 millones de euros, un 6,4% más que en 2019, según la consultora Nielsen, quien estima que 3.500 millones de gasto extra se debe a la pandemia, porque provoca que gastemos más en alimentos y bebidas al ir menos a bares y restaurantes. De hecho, las ventas que más crecieron con la pandemia fueron las de bebidas (+8,5%), congelados (+8,3%), alimentos frescos (+6,5%) y envasados (+6,4%), destacando el aumento de ventas en droguería y productos de limpieza (+9,4%), según Nielsen.

La mayor parte de este gasto lo hicimos en los supermercados, pero  hay dos novedades en el gasto durante la pandemia. Uno, que aumentaron las compras en las tiendas tradicionales (las carnicerías, pescaderías y fruterías de toda la vida), que alcanzaron un 17% de cuota de ventas (y un 25% en frescos), gracias a que muchas sirvieron a domicilio y se beneficiaron del apoyo de muchos clientes (que volvieron a ellos, para “ayudarlos” en lo peor de la pandemia). Y la otra novedad ha sido el salto en las ventas online de alimentación: pasaron del 1,8% de todas las ventas en 2019 al 2,6% en 2020 (y el 3,7% sin contar los alimentos frescos), con la aparición de nuevos operadores (Corte Inglés o Amazon).

Pero la mayor parte de las compras de gran consumo las hemos hecho en los supermercados e hipermercados, que aumentaron un +12,7% su facturación en 2020, más que el resto del sector, sobre todo en los meses duros del confinamiento (marzo a junio) y en el último trimestre de 2020. Y se ha producido otro cambio, según Kantar Worldpanel: han perdido cuota los supermercados líderes (Mercadona, Carrefour y Día) y la han ganado Lidl y los supermercados regionales, que han aprovechado mejor la proximidad. Con todo, el líder, Mercadona, que tuvo problemas en su canal online al inicio del confinamiento, controla un 24,5% de las ventas totales de gran consumo (-1,1% que en 2019) y por sus 1.600 tiendas han pasado 9 de cada 10 hogares españoles. Le sigue a mucha distancia Carrefour (8,4% de cuota, un -0,3% perdido en 2020). Y en el tercer puesto del ranking se ha aupado la cadena alemana Lidl (6,1% de cuota, +0,5%), gracias a la apertura de nuevas tiendas (tiene 600) y a sus continuas  ofertas. Le siguen  el grupo DIA (5,8% de cuota, -0,6%), que ha compensado sus problemas financieros con su extensa red de tiendas, el grupo Eroski (4,88%, la misma cuota que en 2019), Auchan/Alcampo (3,48% de cuota, sin cambios) y los súper regionales (14,3% de cuota, +2,1%), los que más han subido con la pandemia, (Consum, Uvesco, Alimarket, Ahorramás, Gadisa o Dinosol)  gracias a su imagen de proximidad y a los frescos.

Los supermercados han facturado un 12,7% más en 2020 porque hemos comprado más (dos tercios del aumento) y también porque nos han subido los precios (explica un tercio de la mayor facturación), según Kantar Worldpanel. Los alimentos subieron de media un 2%, según Nielsen, aunque los frescos subieron un 5,5% y algunas frutas hasta el 20%. Al final, los súper aprovecharon la mayor demanda (igual que las cadenas de distribución) para recuperar mayores costes logísticos y de distribución (para adaptar tiendas a la pandemia, Mercadona gastó 200 millones) y para aumentar márgenes. De hecho, el índice anual de precios de alimentación subió al 4% en abril de 2020, cuando el resto del IPC era negativo. Y aunque subió menos con la desescalada, los alimentos encadenan 6 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,7% en enero, cuando el IPC total sube el +0%.

Y lo peor es que esta subida del carro de la compra que hemos pagado con la pandemia no ha llegado al campo, según denuncian agricultores y ganaderos. En enero de 2021, los precios finales que pagamos por los alimentos son 4,05 veces los precios en origen que recibe el agricultor o ganadero, según el índice IPOD que elabora la asociación agraria COAG. Así, pagábamos 1,15 euros por kilo de patatas que se pagaba al productor a 0,13 euros o 1,85 euros por kilo de naranjas que en el campo se pagaba a 0,27 euros. Y 5,87 euros por kilo de cerdo cuando en la granja se pagaba  a 1,1 euros, 16,10 euros por kilo de ternera frente a 3,48 euros por kilo que recibe el ganadero o 2,75 euros por kilo de pollo cuando se paga a 0,85 euros por kilo. A lo claro: nos han cobrado más caros los alimentos con la pandemia, pero los mayores márgenes se han quedado por el camino del campo al súper.

Ahora, en este año 2021, se espera que los precios de la cesta de la compra sigan subiendo, aunque quizás menos en el primer semestre, hasta que vuelva el turismo y se note la recuperación. Y como “espejismo”, algunas cadenas (como Lidl y Aldi) han iniciado una “guerra de precios”, para intentar seguir ganando cuota de mercado a costa de los grandes, de Mercadona y Carrefour sobre todo. No bajan todos los precios, sino unos “precios escaparate” (como el pollo o la leche), para atraer a clientes. Es el caso de Lidl que ha ofrecido pollo por piezas a menos de 2 euros el kilo, lo que ha provocado la denuncia de la organización agraria COAG, ante la Agencia de Control Alimentario (AICA) porque están vendiendo por debajo de los costes de producción de las granjas de pollos.

Otra novedad de 2021 será que se disparará la venta de alimentos online, al haber empezado a operar el 2 de febrero Amazon Fresh, primero en Madrid y luego en Barcelona y el resto de España, con el objetivo de “vender alimentos a millones de españoles en 2021”. Arranca con 10.000 artículos, frescos y envasados, que se entregarán en el día para clientes Prime y sin coste adicional para envíos de más de 50 euros. Otro operador que se ha puesto las pilas de la venta online es El Corte Inglés, que quiere ser 100% digital y también en las ventas de sus supermercados. Mientras, Mercadona y Carrefour avanzan lentamente en la venta online y buscan defenderse mejorando su oferta de frescos, en tanto Lid, Aldi y los súper regionales buscan el atractivo de las ofertas y la proximidad. Y con esta estrategia y la pandemia, esperan un nuevo aumento de ventas del +10% en 2021.

Estas mayores ventas de alimentos ya las ha trasladado el INE al IPC, modificando al alza su ponderación en el índice de precios: si en 2020 los alimentos y bebidas no alcohólicas  suponían el 19,49% del IPC, para este año 2021 lo han subido al 23,62%. Y también han subido el peso del gasto en bebidas alcohólicas (por el mayor gasto en cerveza y vino), del 2,85% al 3,20% del gasto total en el IPC. También suben, aunque menos, el porcentaje de gasto en vivienda (del 13,37 al 13,58%), los gastos médicos (del 3,89 al 3,93%) y otros bienes y servicios (del 6,82 al 7,10%). Y bajan el peso de todos los demás gastos familiares este año, sobre todo en transporte (del 15,40 al 12,45%), en ocio y cultura (del 8,41 al 6,79%) y el porcentaje de gasto en hoteles, cafés y restaurantes (12,05 al 11,64%).

En definitiva, que con la pandemia gastamos más en comer y beber en casa y eso se va a reflejar en el IPC, que subirá más que el año pasado si suben los alimentos, como se espera. De  momento, llevamos dos meses en que la inflación anual ha roto la racha de bajadas de los 9 meses anteriores: enero (+0,5%) y febrero (+0%). Y existe un cierto temor en las Bolsas y entre los expertos a que “despierte la inflación”, a la vista del último dato europeo (febrero 2021), recién publicado por Eurostat: la inflación anual de la UE-27 era del +1,2% y  la de la eurozona era del +0,9%, pero ha subido hasta el +1,6% de subida anual en Alemania, +1,9% en Paises Bajos y Suecia y +0,9% en Finlandia,  +0,7% en Francia o +1% en Italia, mientras bajaba un -0,1 % anual en España ( dato homogéneo con la UE). Preocupa que la inflación siga subiendo y obligue al BCE a subir tipos, lo que dificultaría recuperar las economías  europeas tras la histórica recesión provocada por la pandemia.

Mientras la inflación despunta por el horizonte, empujada por los alimentos y la subida de muchas materias primas (el petróleo ha duplicado su precio: de 37,45 dólares/barril a principios de noviembre a 67,21 dólares el 24 de febrero), los salarios no mejoran y muchas empresas quieren congelarlos o incluso bajarlos en 2021. De momento, los últimos datos de convenios, los firmados en enero, revelan una subida media (para 3 millones de trabajadores que los han firmado) del +1,44%, inferior al 1,89% de subida de 2020. Y la patronal de grandes almacenes ha propuesto a sus 200.000 trabajadores congelarles el sueldo en el próximo convenio, mientras la banca acaba de firmar un convenio donde ha pactado con los sindicatos subir los sueldos de sus 90.000 empleados un +0,21% en 2021…

En definitiva, que la inflación podría subir más del 0,9% previsto este año, lo que restaría poder adquisitivo a los pensionistas y a muchos asalariados, dificultando el consumo de las familias (sobre todo con más de 4 millones de parados ya) y, por tanto, la recuperación. Por eso, es importante evitar subidas injustificadas de precios en la cesta de la compra, vigilar todo el proceso de distribución (para que no se inflen márgenes) e intentar mantener e incluso subir salarios (las empresas que puedan) para reanimar el consumo y el crecimiento. Si no, la inflación puede ahogar la recuperación antes incluso de que llegue. Atentos.

La pandemia aumenta los seguros médicos

Hace meses que nos bombardean con ofertas de seguros médicos privados, volcadas ahora en ofrecer consultas online. Pero su mejor publicidad es la pandemia, que ha colapsado la sanidad pública y ha disparado las listas de espera. Con ello, las pólizas de salud son los seguros que más crecieron en 2020 (+5%) y hay ya 10 millones de españoles que pagan un seguro médico (más los impuestos que costean la sanidad pública). Unos seguros que llevan creciendo dos décadas y que financian el 63% de los hospitales privados, mientras otro 25% de sus ingresos se los aporta la sanidad pública, con los conciertos. El resultado es una sanidad pública sin recursos y una sanidad privada que es la 3ª con más peso en Europa. Urge reforzar la sanidad pública, con más presupuesto, personal y medios, para reducir las listas de espera y afrontar el envejecimiento, los tratamientos más costosos  y el aumento de enfermedades crónicas. Para que hacer un seguro médico privado no sea una necesidad.

Enrique Ortega

La pandemia ha provocado una dura crisis en casi todas las actividades, incluidos los seguros, pero ha dado otro empujón a los seguros médicos, cuya facturación creció un +5,01% en 2020, cuando el conjunto del negocio asegurador cayó un -8.30%, según los datos de la patronal UNESPA. Los seguros médicos movieron en 2020 unas primas de 9.383 millones de euros, 447 millones más que en 2019 y más del triple que en el 2.000 (2.800 millones facturados). Y son ya 20 años seguidos de aumento de negocio, más a partir de 2015, tras el efecto de los recortes en la sanidad pública hechos a partir de 2012. Un negocio en el que cada vez se implican más las aseguradoras y los bancos, lanzados a vender seguros a sus clientes para asegurarse más ingresos por comisiones.

El negocio de los seguros médicos privados está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 72% del mercado, según datos (2019) de la Fundación IDIS: 29,3% de las primas las ingresa Segur Caixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y el 49% por Vida Caixa Group), 15,8% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), 13,6% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, que cuenta con los hospitales HLA), 6,7% DKV Seguros (filial del grupo asegurador alemán DKV) y 6,5% Mapfre (propiedad de la aseguradora española, fondos y Allianz). Y completan el ranking la vasca IMQ (cuya compra total negocia Adeslas), con un 2,7% de cuota, Axa (2,4%), Asistencia Sanitaria Colegial (2,2%), FIATC (1,9%), más otro 13,3% el resto.

Los españoles que tenían contratado un seguro de salud en 2019 (último dato de UNESPA) eran 12.700.000, incluyendo los seguros de asistencia sanitaria, los seguros de reembolso (el asegurado elige su médico y la compañía le abona los gastos) y los seguros de subsidios (se indemniza al asegurado en caso de baja y hospitalización). Si estimamos que estos dos últimos seguros los han contratado 1.200.000 personas (900.000 el de reembolso), saldrían  11.500.000 españoles con un seguro médico, de los que 1.828.000 son funcionarios, a los que se les da la opción de que les atienda la sanidad pública o un seguro médico privado (el 70% han elegido una aseguradora, que les paga el Estado). Al final, serían 9.700.000 los españoles que se pagaban ellos un seguro privado en 2019. Y todo apunta a que habrán llegado a los 10 millones en 2020. Son casi 3 millones más de los que se pagaban un seguro médico privado en 2008.

El mapa de los seguros médicos privados es muy desigual por regiones, según el último balance de UNESPA (2019). Si lo contrataban de media un 22,5% de españoles, hay zonas con mucha mayor penetración de los seguros médicos: Madrid (34,8%), Cataluña (31,4%), Baleares (29,3%) y el País Vasco (22%), mientras la contratación es baja en Cantabria (6,34%), Navarra (10%), Murcia (12%), Extremadura (13%) y Castilla la Mancha (14,76%). Una explicación de esta desigual contratación puede estar en que las dos regiones con más seguros privados (Madrid y Cataluña) son las dos autonomías con menos gasto público en sanidad por habitante en 2019 (1.166 y 1.220 euros, por debajo de los 1.335 euros de media), según los datos de Sanidad. Y también debe tener relación con las listas de espera, que encabezan Cataluña, Baleares, Aragón y Castilla la Mancha.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado son personas entre 30 y 50 años (la mitad del total), según UNESPA, siendo los más numerosos los que tienen entre 41 y 50 años (1.942.274 en 2019), entre 31 y 40 años( 1.551.129) y de 51 a 60 años ( otros 1.507.609) y apenas hay asegurados de más de 70 años (780.000) porque las pólizas son muy caras o las compañías los “rechazan”. Hay dos momentos en que las personas se plantean contratar un seguro médico: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas) y cuando se acercan a la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, la pandemia ha aumentado la demanda de estos seguros, tras el colapso de los centros de salud y hospitales y conocerse que los ancianos en residencias no fueron derivados (en Madrid)  a hospitales en la 1ª ola, “salvo los que tenían un seguro privado”.

La pandemia y el colapso de la sanidad pública han sido la mejor publicidad para los seguros médicos privados, pero también las aseguradoras se han volcado en importantes campañas de publicidad, sobre todo a partir de septiembre pasado. De hecho, los anuncios en TV de seguros médicos se han multiplicado por 5, con una media de 12.500 inserciones mensuales en octubre y noviembre. Y la publicidad de servicios médicos y consultas online se multiplica en Internet, con ofertas de atención sanitaria online hasta de Movistar.

Mientras nos bombardean con anuncios, las aseguradoras aprovechan la pandemia para seguir subiendo las primas de los seguros médicos: subieron un +4,8% en 2020, según el desglose del IPC del INE, un año en que la inflación anual cayó un -0,5%. Y esa es la tónica de los últimos años, con subidas de los seguros de salud muy por encima del IPC: en 2019 (+5% frente al 0,8%), en 2018 (+5,1% frente a 1,2%) y en 2017 (+4,6% frente al 1,1%). Ahora, se espera una fuerte subida de los seguros médicos en 2021, porque las compañías argumentan que hospitales y médicos les han subido los costes (por los gastos en protección contra el coronavirus de instalaciones y empleados) y porque la sanidad privada ha tenido que invertir en teleasistencia y en APPs de servicios médicos a los asegurados. Todo apunta a que primero subirán las primas a las empresas que pagan el seguro médico a sus empleados y luego subirán la cuota a los particulares, sobre todo en 2022, cuando remita la crisis.

Pero aunque suban las cuotas, los seguros médicos seguirán creciendo con fuerza, alimentados por el colapso en la sanidad pública y, sobre todo, por el aumento de las listas de espera, que obligan a muchos españoles a contratar un seguro para no esperar meses para ir al especialista o para operarse. Si la demora era alta antes, con la pandemia se ha alargado, aunque los últimos datos publicados por Sanidad son de junio 2020. En las consultas externas (primeras consultas y especialidades), han pasado de 81 días de espera (junio 2019) a 115 días (junio 2020), con un 52,7% de pacientes esperando más de 60 días (eran el 42,6%). Y la peor situación se da en Cataluña (158 días), Canarias (149), Aragón (139) y Castilla y León (127), con solo 44 días en Madrid. Y para operarse, la espera media son 170 días (+55 días que en junio 2019), con un 33,8% esperando más de 6 meses (un año antes eran el 15,8%). Y la espera es más alta en Castilla la Mancha (269 días), Cataluña (223), Andalucía (212) y Aragón (171), con 42 días de espera media en Madrid.

Los casi 10.000 millones anuales que recaudan los seguros médicos son “la gasolina” que hace andar la sanidad privada y sobre todo los hospitales privados. En España, la sanidad privada supone 31.614 millones, casi un tercio del gasto sanitario total y ha crecido un 2,63% anual en la última década, mientras el gasto sanitario público crecía el 1%. Con ello, España es el tercer país de la OCDE con más peso del gasto privado en el gasto sanitario total (29,5% en 2019), sólo por detrás de Suiza (36,3%) y Portugal (33,5%), por encima de la media OCDE (23,1% supone el gasto sanitario privado), de Italia (25,8%), Reino Unido (22,9%), Francia (16,6%) y Alemania (15,5%), según el Informe 2020 de la Fundación IDIS. Un crecimiento de la sanidad privada a costa del menor peso de la sanidad pública.

Los seguros médicos aportan importantes ingresos a la sanidad privada (el 18,5%) pero son claves para financiar los 458 hospitales privados (frente a 350 públicos)  que hay en España (con 51.212 camas y 47.821 médicos, 40.665 enfermeras y 82.345 otros profesionales): suponen un 63% de los ingresos totales de los hospitales no benéficos, que proceden de los convenios que firman con las aseguradoras. Otro 25% de su financiación vino, en 2019, de los conciertos con la sanidad pública: recursos que se desvían de los presupuestos autonómicos a los hospitales privados para que atiendan y operen a pacientes derivados de la sanidad pública. Estos conciertos financian ya el 10,1% de toda la sanidad privada y fueron 8.373 millones en 2018 (último dato publicado). Pero hay autonomías que desvían más gasto público a la sanidad privada, en especial Cataluña (2.832 millones, el 26% del gasto sanitario público), Madrid (846 millones, el 10%), Baleares (164 millones, el 9,9%) y Canarias (288 millones, el 9,3%). Además, la sanidad privada gestiona 9 hospitales públicos en Madrid (4), Comunidad Valenciana (4) y la Rioja (1) y ha establecido conciertos singulares en Madrid, Galicia o Asturias para atender directamente a pacientes de la pública.

Al final, los hospitales privados, “alimentados” por los seguros médicos y los conciertos con la sanidad pública, son un negocio en auge, que facturó 6.950 millones en 2019. Y un negocio donde los 13 principales grupos controlan el 47% de los hospitales privados, en medio de un fuerte movimiento de compras por inversores, nacionales y extranjeros. Los 5 grandes del sector hospitalario privado controlan el 72,25% de la facturación, encabezados a distancia por Quirón Salud (3.202 millones facturados en 2019), controlada desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (controlado por el grupo inversor catalán Goodgrower y CaixaBank), con 568 millones, HM Hospitales (familia Abarca), con 448 millones y Hospiten (del empresario canario Pedro Luis Cobiella), con 342 millones. Y les siguen Ribera Salud (342 millones), Sanitas (285), Clínica Universitaria de Navarra (212 millones), Juaneda Hospitales de Mallorca (122), Viamed Salud en la Rioja (115 millones) y Pascual Hospitales, en Andalucía (100 millones), según la Fundación Idis.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública” y que en la pandemia han atendido a un 20% de los contagiados y al 15% de los que acabaron en una UCI. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja (y más cara) para la sanidad pública. Así, de los 4.899.954 españoles que recibieron el alta en 2018, el 72,9% fueron atendidos en la sanidad pública  y el 27,1% en la privada. Hasta ahí, “normal”, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (9,6 de media) que en la pública (7,8 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que el 37,8% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades que matan (cáncer, problemas cardiovasculares y enfermedades respiratorias) frente al 27,3% de todos los atendidos en hospitales privados, según los últimos datos del INE (2018). Además, la sanidad pública atiende a un mayor porcentaje de personas mayores que la privada (48% de las estancias en hospitales frente al 44%) y los atienden más tiempo (8,26 días estancia en la pública y 5,04 días en la privada), según el estudio RESA 2019.

Al final, si los seguros médicos crecen y la sanidad privada aumenta su negocio es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública. Tenemos una sanidad universal, eficaz y barata, según la OCDE, pero arrastra problemas preocupantes, derivados de los drásticos recortes presupuestarios (-9.787 millones entre 2009 y 2014, 1 de cada 7 euros) y de plantillas (se perdieron 41.000 empleos sanitarios: 11.000 médicos y 30.000 enfermeras), junto a una descapitalización de medios, instalaciones y tecnología. Y sobre esta sanidad pública, que ya estaba al límite en 2019, se ha abatido el tsunami de la pandemia y la ha sometido a una presión insoportable, desde los centros de salud a los hospitales y UCIs. Es la hora de reforzarla para apuntalar su futuro y ofrecer una sanidad pública digna a los ciudadanos, sin que necesiten pagar un seguro privado para ser atendidos.

Urge más que nunca un gran Pacto sanitario, entre partidos, Gobierno, autonomías y profesionales sanitarios, actuando en 6 frentes. El primero, asegurar una financiación suficiente, acordando un gasto sanitario del 7% del PIB (la media europea), lo que supondría gastar 12.000 millones más cada año, empezando por destinar a la sanidad una parte importante de los Fondos europeos. Con más recursos, podría actuarse en el segundo frente, el laboral: garantizar unas plantillas mínimas a medio plazo, con contratos estables (un tercio son temporales) y sueldos dignos, sabiendo que conseguir nuevos médicos cuesta 10 ó 11 años (6 de Universidad más 4 ó 5 de MIR). El tercer frente es homogeneizar la sanidad, con un Fondo de compensación y un catálogo común de servicios que evite lo que pasa hoy: autonomías con más gasto y una sanidad de primera (Navarra, País Vasco, Aragón o Asturias) y otra “mala” (Canarias, Murcia, Andalucía o Cataluña), según el ranking de la FADSP. El cuarto, configurar un sistema de atención sanitaria a los mayores (en geriátricos, residencias y centros de día), para “descongestionar”  hospitales y centros de salud. Quinto, dedicar más medios a la prevención, para reducir enfermedades y hospitalizaciones. Y sexto, un Plan sanitario hasta 2050, para afrontar el envejecimiento, las enfermedades crónicas, los nuevos tratamientos farmacológicas y la renovación tecnológica y digital.

No vale con apuntalar la sanidad pública ahora para hacer frente a la pandemia. Después, hay que reforzar y ampliar las capacidades de la sanidad pública, para asentar sus frágiles cimientos y afrontar los grandes retos del futuro, pandemias incluidas. Hace falta dinero, medios y muchos cambios laborales, organizativos y técnicos, a varias décadas vista. Con la salud no se juega, ni puede ser un negocio. Necesitamos una sanidad pública fuerte y de calidad, al alcance de todos los españoles. Y el que quiera más, que se pague un seguro privado. Pero no por necesidad.

La España vaciada, a 3 velocidades

Todos hemos oído hablar de “la España vaciada”, pero quizás no sepamos su tremendo alcance: afecta a casi la mitad del país, 23 provincias que han perdido población en los últimos 70 años (-1 millón),  mientras las 27 restantes la ganaban (+20 millones de habitantes). Una España vacía muy envejecida, que creció menos y perdió también más empleo y riqueza.  Y lo peor es que esta España vaciada tiene un negro futuro, según un estudio de Funcas: 11 de estas provincias decrecen (7 de las 9 provincias de Castilla y León, Lugo, Orense, Cuenca y Teruel) y otras 6 se estancan (Extremadura, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén), remontando sólo las 6 restantes (Valladolid, Burgos, Guadalajara, la Rioja, Zaragoza y Huesca). En consecuencia, no sólo hay que multiplicar las ayudas a la España vaciada, sino que hay que concentrarlas en esas 17 provincias que están peor. Urge un Pacto de Estado para recomponer el mapa de España, aprovechando los Fondos europeos. Reequilibrar el país para 2050.

Enrique Ortega

España es un país poco poblado, con menos densidad de población que la mayoría de Europa: 92,9 habitantes por kilómetro cuadrado (2019), lejos de los grandes paises, como Reino Unido (279 habitantes/km2), Alemania (240). Italia (206) o Francia (119) y lejos también de la densidad de población de paises pequeños, como Paises Bajos (507), Bélgica (381), Dinamarca (136), Polonia (124) o Portugal (112), según Eurostat. De hecho, sólo tenemos más densidad de población que Noruega (15 habitantes/km2), Finlandia (18), Suecia (24) y Grecia (81). Y además, esta escasa población viene de lejos: en el año 1700 ya teníamos la mitad de población (20 habitantes/km2) que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y la tercera parte que los Paises Bajos o Bélgica. Y esa distancia siguió aumentando hasta principios del siglo XX (año 1900), donde España tenía 30 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 190 el Reino Unido, 180 Alemania o 80 Francia, según los estudios del demógrafo Jordi Nadal. Y aunque en el último siglo la población se ha duplicado, la brecha con Europa sigue.

Otra anomalía de España frente al resto de Europa es la gran desigualdad en el reparto de la población, al coexistir zonas muy pobladas con otras despobladas: somos el país UE con menor proporción de áreas habitadas y el 2º con mayor densidad de población en esas áreas. El dato es impactante: el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio, con lo que el 70% de España tiene sólo el 10% de la población total (“la España vacía”), según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y otro dato del desigual reparto de la población en España: el 48% de los 8.000 municipios españoles tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la Unión Europea considera que menos de 12,5 habitantes/km2 es una “muy baja” densidad de población. Los demógrafos creen que la historia está detrás de esta despoblación desigual, desde la Reconquista y la posterior colonización, a las cargas fiscales y humanas impuestas durante la época de los Austrias y el coste humano de la colonización americana.

Al final, nos encontramos hoy con una España poco poblada y con un reparto muy desigual de la población, que ha dado un gran salto en el último siglo largo, multiplicándose por 2,5: hemos pasado de 18.618.086 españoles en 1.900 a 40.847.371 habitantes en 2001 y a 47.329.981 el 1 de enero de 2020, según el INE. El problema ha estado en que casi la mitad de España (el interior del país) ha sufrido una pérdida de población, sobre todo a partir de 1.950 (por las migraciones interiores) y la otra mitad (Madrid, todas las provincias de costa, salvo Lugo, y las islas) han recibido población, concentrándola en las ciudades.

Un reciente estudio de FUNCAS (Fundación Cajas de Ahorro) establece el alcance de  la España vacía, las provincias que cumplen 2 criterios: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener ahora una densidad de población inferior a la media española (92,9 habitantes por km2). Salen 23 provincias que integran la España vaciada: las 9 provincias de Castilla y León, las 2 de Extremadura, las 3 de Aragón, 4 de Castilla la Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), 2 de Galicia (Lugo y Orense), la Rioja y 2 provincias de Andalucía (Córdoba y Jaén). En conjunto, han perdido más de 1 millón de habitantes desde 1950 (de 9.588.194 habitantes a 8.511.743), mientras las 27 provincias restantes han ganado más de 20 millones de habitantes (de 18.529.6679 a 38.514.465). Esta España vacía ha pasado de tener el 34,1% de la población española en 1950 a aportar el 18,1%  del censo en 2019, casi la mitad, según el estudio de Funcas. Y supone el 46% del territorio.

Dentro de esta España vacía o vaciada, el mayor vacío demográfico lo han sufrido 6 provincias que han perdido la mitad de población o más: Soria (ha perdido dos tercios de su población desde 1950), Teruel, Zamora, Palencia, Ávila y Cuenca, provincias que son “el núcleo duro” de la España vacía y que están entre las zonas más despobladas de Europa, con densidades de población “muy bajas”, inferiores a 12,5 habitantes/km2: Soria (4,9), Teruel (6,8), Cuenca (8,7), Palencia (10,4), Zamora (10,7) y Ávila (12,8), según el estudio de FUNCAS. Un 2º grupo son 5 provincias que han perdido el 40% de su población desde 1950 y que tienen una densidad de población “baja”, entre 11,7 y 17,8 habitantes por km2: Burgos, Segovia, Cáceres, Salamanca y León. Un tercer grupo en esta España vacía son 5 provincias que han perdido un 40% de población pero tienen mayor densidad de población (de 24,3 al 28,2 habitantes/km2), como Lugo y Orense, o que han perdido menos población (entre -25 y -35%) y tienen una densidad mayor (+35 habitantes/km2), como Badajoz, Córdoba y Jaén. Y hay un 4º grupo, de 7 provincias que han recuperado la población de 1950 pero que tienen una baja densidad de población: Huesca, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, la Rioja y Valladolid, con un menor problema demográfico que el resto.

El problema de esta España vaciada no es solo que hayan perdido población y tengan una baja densidad de habitantes, sino que son provincias envejecidas, porque los que se han sido han sido los jóvenes. Por eso, la España vaciada está a la cabeza del envejecimiento en España (el 7º país más envejecido de Europa, con un 19,3% de población mayor de 65 años): Zamora (33% población tiene +65 años), Orense (32%), Lugo (31%), Soria y Ávila (29%), León (27%) o Palencia (26%). Y en contrapartida, todas tienen un bajísimo porcentaje de jóvenes (menores de 20 años), la mayoría entre el 12 y el 14% (con la excepción del 23% de Guadalajara), por debajo del 19,5% de media en España, según el INE.

La despoblación y la pérdida de peso económico de la agricultura han hundido la economía de la España vaciada, que ha crecido menos que el conjunto de España, según el estudio de FUNCAS: si el crecimiento del país fue del +3,7% anual entre 1950 y 2017, el peor grupo de la España vaciada (Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Orense) creció un 1% menos (ojo: -1% cada año, durante 67 años es una tremenda “brecha”). Y un segundo grupo (Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Cuenca, Teruel y Ciudad Real) crecieron un 0,5% menos cada año, mientras las restantes (Valladolid, Burgos, Zaragoza, Cáceres, Albacete, Guadalajara, La Rioja, Córdoba y Jaén) han crecido en línea con el conjunto de España. Pero en conjunto, las 23 provincias de la España vaciada han pasado de aportar el 26,7% del crecimiento (VAB) en 1950 a sólo el 16,1% en 2017.

Este menor crecimiento ha supuesto que la España vaciada haya perdido más empleo en el siglo XX: -571.000 empleos entre 1950 y 2000 (-2,01 millones en la agricultura y +1,44 millones en el resto), mientras las 27 provincias restantes creaban +5,84 millones de empleos. Y en este siglo, entre 2000 y 2017, las 23 provincias vaciadas han creado sólo +227.000 empleos, frente a +2,45 millones creados por las 27 provincias restantes. Globalmente, entre 1950 y 2017, la España vaciada ha perdido -344.000 empleos, mientras el resto del país ganaba +10,7 millones de empleos, según el estudio de FUNCAS. La mayor pérdida de empleo (+40%) la han sufrido Zamora, Orense, Soria, Teruel y Cuenca, seguidas (pérdida entre +30 y +40%) de Ávila, Lugo y Cáceres, y a más distancia (+20/+30% de pérdida de empleo) León, Palencia y Jaén. Mientras, en estos 67 años, se mantuvo (o cayó poco) en Albacete, Burgos y Huesca y se creó empleo neto en Valladolid, Zaragoza o la Rioja.

Al final, con la pérdida de población, el menor crecimiento y la pérdida de empleo, el nivel de vida de la España vaciada ha ido por detrás del resto de España, aunque las ayudas europeas y del Estado, la política regional, las inversiones y los impuestos han compensado algo su retraso, con una mayor “convergencia” con el resto de España entre 1950 y 1980, un estancamiento entre 1980 y 2008 y un empeoramiento de la brecha con la anterior crisis. Con ello, si en 1950, toda la España vacía (salvo Zaragoza y la Rioja) tenía una renta (VAB per cápita) inferior a la media, en 2017 había 8 provincias vaciadas que tenían una renta superior o igual a la media (Huesca, Zaragoza, Burgos,  La Rioja, Teruel, Soria, Palencia y Valladolid), según el informe de FUNCAS. Eso sí, las 15 provincias”vaciadas” restantes están por debajo de la renta media y 11 están entre las 20 provincias con menor riqueza de España.

Ahora, ¿qué futuro tiene esta España vaciada? Quizás lo más innovador del informe de FUNCAS es que analiza su diferente potencial, teniendo en cuenta 10 variables demográficas y económicas. Y así, hacen 3 grupos. Uno con la España vacía que decrece, 11 provincias que tienen un serio problema demográfico que dificulta su desarrollo económico (a pesar de tener una base industrial aceptable y un paro bajo): 7 de las 9 provincias de Castilla y León (todas salvo Valladolid y Burgos), Lugo y Orense, Cuenca y Teruel. Otro, la España vacía estancada, 6 provincias donde el problema no es tanto demográfico (han perdido menos población) como económico (provincias agrarias con bajo peso de la industria y mucho paro): Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén. Y las 6 provincias restantes conforman la España vacía que remonta, porque tienen una mejor situación económica que demográfica: Valladolid, Burgos, Guadalajara, La Rioja, Zaragoza y Huesca.

Tras este estudio, la primera medida debería ser concentrar los esfuerzos y las ayudas en mejorar la situación de las 11 provincias de la España vacía que decrece, así como en las 6 provincias de la España vacía estancada, sin olvidar a las 6 restantes, para que sigan remontando. Pero de momento, hay más Planes y palabras que hechos. Ya en enero de 2017, la primera Conferencia de Presidentes autonómicos con Rajoy decidió tomar medidas. Y en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó una primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con 7 objetivos y 80 medidas, que volvieron a refundirse en un Plan de choque contra la despoblación, presentado en la Rioja en febrero de 2020, 30 medidas sin mucha concreción. Hasta que vino la pandemia y los Fondos europeos, con lo que la despoblación pasó a ser el punto 1 del Plan de recuperación presentado en octubre de 2020.

Pero la primera medida concreta no se toma hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la conectividad y el impulso del 5G, una inversión de 4.320 millones en 5 años, que pretende ampliar a todo el país, en 2023, la cobertura de banda ancha de alta velocidad (que hoy llega al 75% del territorio). Una medida largamente pedida por la España vaciada, a la vez que se prorrogan a 2021 las ayudas de Red.es para instalar conexión a Internet vía satélite en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Y todo este dinero para mejorar la conectividad de la España vaciada se incluye en los Presupuestos 2021, a la espera de los Planes futuros para gastar en proyectos para la España vaciada parte de los 140.000 millones de los Fondos esperados de la UE.

Pero las soluciones a la España vaciada no son sólo llevarles Internet e inversiones en nuevas energías. Urge una revisión de las inversiones en infraestructuras, desde el tren a las carreteras, para que no sigan aislados. Y planificar una cartera de servicios públicos esenciales en zonas rurales, desde las urgencias y la atención sanitaria, a las escuelas, la formación profesional  y la enseñanza universitaria (también a distancia, con la UNED), el cuidado de los mayores y los servicios sociales. Y es muy importante impulsar una política de vivienda, con ayudas a la rehabilitación, para atraer población. Aunque, al final, lo que la atrae es que se instalen nuevos proyectos económicos (privados y públicos), lo que exige una política de incentivos fiscales y de suelo, reduciendo la burocracia. Y sobre todo, la España vaciada ha de estar presente en todo lo que haga Europa, el Gobierno y las autonomías, lo que exigiría definir el mapa de zonas prioritarias y crear una Agencia de Desarrollo Territorial.

Tenemos una España vaciada, fruto de 70 años de cambios demográficos y económicos, que no se puede cambiar en una Legislatura ni sólo con los Fondos europeos: hacen falta décadas de cambios y ayudas, de una diferente política económica y empresarial, que tenga en cuenta la integración de los territorios. Pero necesitamos un punto de partida y ese puede ser la reconstrucción del país tras la pandemia, los Planes y reformas que se preparan con Fondos europeos. Y aquí, la clave es unir esfuerzos en la misma dirección, lo que exige un Pacto de Estado contra la despoblación, para remodelar el mapa de España en las próximas décadas. Reequilibrar el país con la vista puesta en 2050. Otro gran reto.