Pandemia: "abrir la mano"... a la 4ª ola

Los contagios llevan 25 días bajando, aunque 39 provincias superan el nivel de “riesgo extremo” y España tiene más incidencia que la mayoría de Europa. Pero muchas  autonomías han aprovechado la bajada de contagios para “abrir la mano” y levantar restricciones a la hostelería, el comercio y la movilidad, mientras se mantienen en Europa, lo que atrae a Madrid a turistas franceses o alemanes que no pueden ir a un bar o restaurante desde noviembre. El riesgo de una “desescalada” precipitada  es grave, porque estamos en un nivel alto de contagios (295 frente a 188 al final de la 2ª ola), hay un 20% de cepa británica (más contagiosa) y se retrasa la vacunación. Y pronto querrán “salvar la Semana Santa”. La OMS ha pedido mantener las restricciones y bajar más la incidencia, para reducir las camas en hospitales y UCIs y salvar vidas: 336 muertos diarios la última semana y 21.590 fallecidos desde principios de diciembre, una factura inadmisible. Quédate en casa.

Enrique Ortega

Tras cumplirse un año largo de pandemia, los contagios se están reduciendo en todo el mundo, por 5ª semana consecutiva, bajando de los 300.000 contagios diarios (la mitad que hace un mes). Con todo, son ya 111.366.034 personas contagiadas en 192 paises, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en América (49.296.115 contagiados) y Europa (37.559.336), seguidos de lejos por el sudeste asiático (13.345.590), Oriente Medio (6.181.023), África (2.789.884) y el Pacífico (1.576.330), según la OMS. Por paises, destacan los contagios en Estados Unidos (28.134.123 contagiados), India (11.005.850) y Brasil (10.168.174), seguidos de Reino Unido (4.127.574), Rusia (4.117.992), Francia (3.597.540), España (3.133.122), Italia (2.809.246), Turquía (2.638.422), Alemania (2.394.515), Colombia (2.226.262), Argentina (2.064.334), México (2.041.380) y Polonia (1.638.767).

La pandemia también ha reducido los muertos diarios, que bajan por 3ª semana consecutiva (5.007 el 21 de febrero, la tercera parte que hace un mes). Pero el balance es escalofriante: 2.466.263 muertos hasta hoy, la mayoría en América (1.171.294 fallecidos) y Europa (838.561 muertos), según la OMS. Por paises, destacan EEUU (498.897 muertos), Brasil (246.504), México (180.107), India (156.385), Reino Unido (120.810), Italia (95.718), Francia (83.5465), Rusia (81.926), Alemania (67.946) y España (67.101), según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Somos el país nº 13 del mundo en muertos por población (142 por 100.000 habitantes), un ranking encabezado por Bélgica (190), Eslovenia (181), Reino Unido (179), República Checa (176), Italia (156), Portugal (152) y USA (158). Y también tenemos menos letalidad (2 muertos por cada 100 contagiados) que la mayoría de Europa: 3,4% en Italia, 2,9% en Reino Unido, 2,8% en Alemania o 2,4% en Francia, según Sanidad.

En las últimas 2 semanas han bajado los contagios en toda Europa, tras las restricciones impuestas en la mayoría de paises. España también ha bajado los contagios, desde el pico de la 3ª ola (899,93 contagiados/100.000 habitantes el 27 de enero) a 750,77 el 5 de febrero y los 294,72 contagiados del viernes 19. Pero seguimos siendo el 5º país europeo con la mayor tasa de contagios, muy por delante de Alemania (126 contagios/100.000 habitantes), Italia (278) e incluso Reino Unido (286) y también peor que Polonia (213), Austria (216), Bélgica (240), Irlanda (251) y Paises Bajos (283). Sólo tienen más contagios Chequia (1.043 contagios), Portugal (428), Suecia (402) y Francia (391), según Sanidad.

En España, la bajada en los contagios dura ya 25 días (empezó el jueves 28 de enero) pero es lenta (la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado de 899,9 a 294,72). Y sigue siendo muy desigual por autonomías. Todavía hay 11 regiones que superan los 250 contagios recientes por 100.000 habitantes, un nivel de “riesgo extremo”, según los baremos de Sanidad : Melilla (490), Madrid (427), Ceuta (415), Andalucía (344), País Vasco (340), Castilla y León (336), Aragón (326), Asturias (311), Comunidad Valenciana (295), Galicia (263), Cataluña (252). Otras 5 autonomías  están en situación de “riesgo alto”  (de 150 a 250, según Sanidad): Castilla la Mancha (240 contagios/100.000 habitantes), La Rioja (208), Navarra (190), Murcia (183) y Cantabria (182). Y sólo tenemos 3 regiones con un nivel de contagios “medio” (de 50 a 150 contagios/100.000 habitantes): Canarias (116), Baleares (136 y Extremadura (140), según los datos de Sanidad del viernes 19 de febrero.

Un 2º indicador importante es el porcentaje de positivos que se detectan con las pruebas PCR (689.780 la última semana) y los test de antígenos (489.466 semanales): la media en España ha bajado al 8%, pero hay varias regiones donde se revela un nivel de transmisión comunitaria todavía muy elevado, con riesgo “alto” (más del 10%): Comunidad Valenciana (15,63% positivos en las pruebas), Ceuta (12,90%), Aragón (12,66%), Melilla (12%), Andalucía (11,78%) y Castilla la Mancha (10%), según el último dato de Sanidad.

La bajada de contagios ha reducido también las hospitalizaciones en las últimas dos semanas (de 28.586 el viernes 5 a 16.314 el viernes 19), aunque bajan más despacio los últimos días. Pero los hospitales siguen saturados, con un 12,83% de camas ocupadas por enfermos COVID (del 10 al 15% supone un riesgo “alto”, según los baremos de Sanidad), siendo peor la situación (“riesgo extremo: más del 15% de ocupación) en Madrid (18,79%), Castilla y León (16,57%), Ceuta (16%) y Asturias (15,43%).

También ha mejorado  la ocupación de camas UCI por enfermos de COVID: había 4.795 el viernes 5 de febrero y estaba en 3.739 el viernes 19, con una tasa de ocupación media del 34,77%, un nivel de riesgo “extremo” (+ del 25%) para los baremos de Sanidad. Y lo más preocupante es que hay 13 regiones con una tasa de ocupación de UCIs por enfermos COVID que supera es 25% (riesgo extremo”), con 4 autonomías superando el 40% de ocupación: Madrid (47,47%), Castilla y León (43,59), Cataluña (41,92%), y Ceuta (41,18%). Y las 6 regiones restantes tienen un nivel de riesgo “alto” en las UCIS (ocupación del 15 al 25% por enfermos COVID). Esta alta ocupación de las sigue provocando el retraso de operaciones en la mayoría de hospitales.

Y al final están las muertes, que se han reducido aunque siguen muy altas: se ha pasado de 3.067 muertos (la semana del 29 de enero al 5 de febrero) a 3.361 muertos la siguiente (5 al 12 de febrero) y a 2.354 la última semana (12 al 19 de febrero), una media de 336 muertes diarias (+397 el viernes). El mayor aumento de muertes se ha dado en Andalucía (+537 muertos la última semana), Comunidad Valenciana (+459), Castilla la Mancha (+431), Madrid (+283), Cataluña (+258), Castilla y León (+128), Castilla la Mancha (+127), País Vasco (+93), Aragón (+94), Galicia (+91) y Murcia (+88). Tras un año de contagios, España acumula 67.101 muertes por COVID 19, la mitad de ellas causadas en residencias de ancianos (31.500 muertes). Lo más llamativo es que casi un tercio de todas las muertes son recientes: 21.590 personas han fallecido desde principios de diciembre.  

Tras este balance detallado de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia hoy: hay 13 regiones en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4 (Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, País Vasco, la Rioja, Galicia, Asturias, Ceuta y Melilla), 5 autonomías en alerta 3  (Baleares. Murcia, Extremadura, Navarra y Cantabria) y sólo 1 región en alerta 2  (Canarias). Visto a nivel provincial, hay 39 provincias en alerta 4 (la máxima), 9 provincias en alerta 3 (Pontevedra, Orense, Baleares, Cáceres, Badajoz, Navarra, Cantabria, Cuenca y Zaragoza) y sólo 2 provincias en alerta 2 (Tenerife y las Palmas). Dicho de otra manera, hay 40 millones de  españoles en alerta 4 (la máxima) por la pandemia.

A la vista de este balance, que baja los contagios pero sigue con un nivel muy elevado de hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes, algunas autonomías han aprovechado para “bajar la guardia” y suavizar restricciones a la movilidad, la hostelería y el comercio. Empezaron hace dos semanas Cataluña, Extremadura y Castilla la Mancha y han seguido la semana pasada Galicia, la Rioja, Aragón, Navarra, Castilla y León (un juez les ha obligado a pasar el toque de queda de las 20 a las 22 horas) y, sobre todo Madrid, que aumentó el jueves los horarios de bares y comercios hasta las 11 horas, como el toque de queda. Y muchos han levantado los confinamientos perimetrales (ver restricciones por autonomías).

La OMS ha “advertido” a España por esta “nueva desescalada”, mientras el Centro Europeo de Control y Prevención de enfermedades (ECDC) ha pedido “mantener y reforzar las restricciones”. Y  muchos paises europeos, como Francia, Alemania o Reino Unido,  siguen con fuertes restricciones a la hostelería, comercios y eventos, con toques de queda más rigurosos que España, a pesar de tener menos contagios. Con este “abrir la mano” aquí,  hay muchos franceses y alemanes que viajan a Madrid, para sentarse en una terraza, comer o tomar copas hasta las 11 de la noche, porque en su país los bares están cerrados desde finales de octubre (Francia) o primeros de noviembre (Alemania). Y la presidenta de Madrid (la región peninsular con más contagios) sigue apostando más por la hostelería y el comercio que por la salud (“la salud no es solo no contagiarse” es su penúltima perla), cuando un reciente informe de su Consejería de salud revela que la mayoría de los brotes se han detectado en el “ámbito social” (bares, restaurantes y reuniones sociales).

Relajar ahora las medidas restrictivas supone un enorme riesgo de que se frene la caída de contagios y entremos a una 4ª ola, acelerada por la Semana Santa (a principios de abril). Esto ya nos pasó con la desescalada de junio y luego con la desescalada previa a la Navidad. Pero ahora partimos de una situación peor, porque en la 2ª ola bajamos los contagios de 529 a 188, un nivel de contagios mucho más bajo del que tenemos ahora (295 contagios/100.000 habitantes el pasado viernes). Si antes no conseguimos bajar los contagios de 100 (el objetivo debe ser bajarlos de 25), ahora lo tenemos más difícil.

Y encima tenemos otros 2 factores en contra, además del riesgo de “salvar la Semana Santa”. El primero, el aumento de contagios con la cepa británica, que apareció en septiembre y se ha detectado ya en 73 países, entre ellos España, donde supone ya el 20% de contagios (y más de un 25% en Baleares, Andalucía y Madrid, donde alcanza un 50% en el pueblo de Collado-Villalba, según la consejería de Sanidad). Y Sanidad ya ha advertido que será la variante “dominante” en España a finales de febrero o principios de marzo, lo que preocupa especialmente porque la cepa británica es más contagiosa (+70%) y más letal (+30%). Aún es peor la cepa sudafricana (detectada en Vigo y Cataluña) y se teme por la cepa brasileña (1 caso ya en Madrid), por lo que se han prohibido  los vuelos desde Sudáfrica y Brasil. 

Pero hay otro problema adicional: España y las autonomías carecen de medios suficientes para secuenciar el virus y detectar sus posibles variantes : lo hacen sólo en un 1% de casos, frente al 10% que lo hace Reino Unido y que pide la UE, con lo que no sabemos el alcance real de las variantes británica, sudafricana o brasileña (y lo conocemos con retraso).

El segundo factor de riesgo para frenar los contagios y evitar una 4º ola es el retraso en las vacunaciones, por la intermitencia en la llegada de vacunas y la falta de una estrategia clara y medios en la mayoría de autonomías. Hasta el 18 de febrero, sólo se habían administrado 2.936.011 dosis, inmunizando con las dos a 1.171.026 personas, según Sanidad. Así que falta inmunizar a 31 millones (para alcanzar el 70% objetivo) y para conseguirlo antes del 21 de septiembre, había que administrar 62 millones de dosis en 7 meses, lo que supone 300.000 pinchazos diarios todos los días de la semana, algo poco menos que imposible visto que llevamos una media de 55.000 vacunaciones diarias.

Cuanto más crezca la cepa británica o sudafricana (que podría ser resistente a algunas vacunas) y cuanto más se retrase la vacunación de los mayores (9 millones de mayores de 65 años, la mayoría todavía sin vacunar, salvo en las residencias), más difícil será bajar la cifra de contagios por debajo de 100. Y más si las autoridades autonómicas abren la mano en la movilidad y en la apertura de bares, restaurantes, comercios y ocio, forzados por las presiones de estos sectores, que llevan un año con un desplome de la facturación. Por eso, no debemos caer en otra desescalada, aunque estemos muy cansados de esta pandemia y de las restricciones. Habría que mantener las restricciones, aunque a cambio haya que compensar a los negocios con más ayudas.

El Gobierno ha prometido nuevas ayudas a las empresas más afectadas por la pandemia, aunque las retrasa hasta marzo porque quieren asegurar que el dinero público vaya a empresas viables. Habría que pensar si tiene sentido sostener 300.000 bares, si hay que meter dinero público en mantener que un barrio de Madrid tenga más bares que toda Noruega. O si sería mejor dejar que cierren muchos, “pinchar la burbuja” de los bares, restaurantes y comercios (que han crecido ante la falta de trabajo en otros sectores) y destinar el dinero público a empresas productivas con futuro. Es un debate del que nadie quiere hablar (sería muy “impopular”), pero que está detrás del retraso en las ayudas estatales a la hostelería y el comercio. El Gobierno trasvasó a las autonomías 33.000 millones de dinero público en 2020 (ver el reparto y destino) y anticipó en enero otros 8.000 millones de Fondos europeos (REACT-EU), que podrían servir para conceder unas ayudas públicas de urgencia a la hostelería y el comercio (para evitar cierres y despidos), aunque sólo las han dado en cuantía importante la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Galicia, poco las demás autonomías y nada Madrid (ver cuadro).

Volvemos a estar donde estábamos a principios de diciembre, cuando habían bajado drásticamente los contagios de la 2ª ola. Y en lugar de aprender de lo sucedido en verano, volvimos a apostar por una desescalada sin control, con la Navidad por medio. Y nos estalló la tercera ola, más virulenta, que nos ha costado 21.590 muertos. Ahora, en vez de aprender de los errores, los gobiernos autonómicos vuelven a la carrera de quién “abre más la mano”, presionados por unos negocios exhaustos y unos ciudadanos hartos. En unas semanas, volverán a subir los contagios o seguirán demasiado altos, con una lenta bajada que seguirá colapsando hospitales y dejando muertos. Y la mayoría tratará de hacer su vida, evitando contagiarse y morir, intentando  incluso “salvar la Semana Santa”. Pero hay otro camino: no abrir la mano, seguir con las restricciones hasta septiembre, aguantar el tirón y salvar vidas (336 diarias) y empleos. Porque mientras la pandemia no remita, la economía no se recuperará. No se creará empleo y se perderán muchas vidas. Quédate en casa.

 

Bajan los alquileres (insuficiente)

En enero han bajado los alquileres (-0,1%) en toda España, por primera vez tras 6 años de fuertes subidas (+43% desde 2015). Ya en 2020, con la pandemia, los alquileres bajaron en las grandes capitales y esa tendencia sigue hoy, empujada por una menor demanda y por el trasvase de viviendas turísticas al alquiler. Ahora, se espera que los alquileres bajen algo más, recuperándose las subidas para final de año. Pero, a pesar de estas ligeras bajadas, los alquileres son muy caros y se llevan el 40% del sueldo de las familias y más. El Gobierno retrasa una Ley de alquileres, por la pelea entre el PSOE y Podemos, que quiere imponer topes a los alquileres. Un “atajo” populista que preocupa a los propietarios, reduciría la oferta y subiría los alquileres. La solución es ampliar la oferta, fomentar el alquiler de las viviendas vacías y multiplicar el suelo disponible para promover viviendas en alquiler. Pongan más pisos en alquiler y bajarán seguro.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, los alquileres llevaban subiendo año tras año desde 2015, una media del +50% entre 2014 y mayo de 2019, según el portal Fotocasa (que analiza los anuncios que ponen los propietarios que alquilan), y la mitad, un +24,6% (entre 2014 y 2018), según los datos del Ministerio de Fomento, que utiliza las estadísticas de las fianzas que depositan los inquilinos. Si hacemos una media entre las dos estadísticas, puede estimarse que los alquileres subieron un +37% entre 2015 y 2018. Y en 2019, los alquileres volvieron a subir otro +5,1%, según los datos de Fotocasa. En total, una subida  de los alquileres del +42,1% entre 2015 y 2019, 6 veces lo que subieron los precios (+6,5% subió el IPC) y los salarios (+7,1% subieron los salarios de convenio) en esos cinco años.

Con la pandemia, los alquileres moderaron su subida en 2020, sobre todo en los meses de confinamiento, aunque todavía subieron una media del +1,4%, por 6º año consecutivo, según el portal Idealista. La subida se debe al tirón de precios en la primera parte del año y durante el confinamiento, ya que en el 4º trimestre cayeron los precios (-3,7%). La subida, menor que en los años anteriores, fue generalizada, mayor en Galicia (+6,7%) y Castilla y León ( +6,4%), bajando sólo los alquileres en 2020 en Baleares (-7,3%), Madrid (-4%), Cataluña (-2,8%) y Canarias (-2,8%), las autonomías más afectadas por la recesión del coronavirus. Pero también bajaron los alquileres durante 2020 en las grandes ciudades: Barcelona (-9,4%), Madrid  (-7,3%), Palma (-6,2%), Málaga (-5,6%), Sevilla (-5,2%), Valencia (-1,7%) y Zaragoza (-0,6%), según los datos del portal Idealista.

La gran novedad es que en enero de 2021, los alquileres bajaron en toda España sobre los de un año antes, el -0,1%, según el portal Idealista y un -1,8% según pisos.com, mientras Fotocasa estima que el alquiler medio no subió nada, algo que no pasaba desde junio de 2014. Los expertos creen que esta bajada de alquileres quizás se produjera antes, desde octubre, porque los portales inmobiliarios recogen las peticiones de alquiler de los propietarios, no los alquileres reales, que generalmente son algo más bajos. Con todo, los datos de enero reflejan lo que ya indicaban los datos de 2020, que los alquileres caen más en las grandes ciudades: -12,2% cayeron en enero  en Barcelona, 8,6% en Madrid, - 14,7% en Sevilla, -3,1% en Valencia, -7,4% en Málaga y -0,3% en Zaragoza, según la media de portales inmobiliarios.

¿Por qué bajan ahora los alquileres? Básicamente, porque se ha reducido la demanda (hay menos movilidad de estudiantes y trabajadores que cambian de piso o ciudad y más familias en apuros y jóvenes que no pueden alquilar) y ha aumentado la oferta, porque se han desviado viviendas turísticas al alquiler y hay muchos propietarios dispuestos a alquilar dado que es mal momento para vender (la venta de viviendas cayó un -17,7% en 2020, la mayor caída desde 2011). Esta situación provoca que haya muchas más viviendas para alquilar (en Madrid, de 10.000 viviendas a principios de 2020 a 30.000 a finales de año y en Barcelona, de 10.000 a 22.000), según el portal Idealista, y menos inquilinos buscando, con lo que se tarda mucho más en alquilar (antes en el día y ahora se tardan semanas).

Los expertos creen que la bajada de alquileres de enero va a continuar, al menos hasta el verano y quizás hasta otoño, porque los jóvenes y las familias no ven el futuro claro como para lanzarse otra vez a alquilar. Se apuesta por una bajada de alquileres del -8 al -10% en el primer semestre, siendo de nuevo mayor en las grandes ciudades. Y si se doblega la pandemia y se inicia la recuperación, los alquileres podrían volver a subir a finales de año y en 2022. Porque sigue habiendo un problema de fondo: hay más demanda que oferta y cuando se “despierte”, volverá a haber subidas en los lugares con menos alquileres.

A pesar de “la tregua” de la pandemia, el problema de los alquileres sigue ahí y es crucial para muchas familias, para 3.371.251 hogares que viven de alquiler en España, el 18,1% de todos según el INE. Primero, porque los alquileres están por las nubes, tras estos 6 años de subida: el alquiler medio es de 11,1 euros por metro cuadrado, lo que da 999 euros de alquiler por una vivienda de 90 metros cuadrados. Y en Madrid son 15 euros/m2 (1.350 euros de alquiler) y en Barcelona 14,96 euros (1.346 euros), según el portal Idealista.  Esto supone que muchas familias destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, según un estudio de Fotocasa e InfoJobs. Y hay 4 autonomías donde los alquileres se llevan la mitad del sueldo o más: Cataluña (56,5%), Madrid (55,7%), País Vasco (51,3%) y Baleares (49,8%). Mientras, en otras, se llevan menos de un tercio de los ingresos: Extremadura (20,4%), Castilla la Mancha (23,4%), Murcia (27,5%), la Rioja (28,6%), Castilla y León (28,9%) y Galicia (29%).

El mayor problema para pagar el alquiler lo tienen los jóvenes y las familias más vulnerables, con empleo precario, madres solas con niños o inmigrantes. De hecho, el 46% de las familias más pobres (el 20% con menos ingresos, unas 300.000 familias) destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler en España, frente al 33% de media en la OCDE y el 17,2% en Francia, mientras al 20% de familias con las de rentas más altas les supone un 15,8% de sus ingresos y al 20% siguiente sólo el 7%. A los jóvenes, el alquiler medio se lleva el 94,4% de sus ingresos (2019), según el Consejo de la Juventud. Y si comparten piso de alquiler, les toca aportar el 30,8% de sus ingresos, hasta el 30/40% en 21 capitales y a más del 40% en Madrid y Barcelona. Resultado: el 81,4% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres (el 70% en Europa).

Ahora, con la recesión desatada por la pandemia, muchas familias y jóvenes han tenido serios problemas para pagar el alquiler, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno para retrasar pagos y evitar desahucios. Y muchos jóvenes han vuelto a vivir con sus padres mientras familias se han agrupado o cambiado a un alquiler más pequeño. Y tanto Cáritas como Cruz Roja  alertan que el 2º mayor problema de “los nuevos pobres”, tras comer, es pagar el alquiler, lo que está llevando a aumentar la pobreza. El último Informe Foessa (Cáritas) advierte que casi la mitad de las familias vulnerables (el 49,2%) “no pueden hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca” y que el 13,2% de estas familias vulnerables “viven con una amenaza de expulsión y desahucio”. Un grave problema que puede estallar cuando se levanten las medidas de apoyo ligadas a la pandemia.

Por todo esto, con o sin subida, los alquileres son uno de los graves problemas de España. El Gobierno aprobó en marzo de 2019 un Real Decreto con medidas urgentes, ampliando el plazo de los alquileres (de 3 a 5 años), limitando las subidas (al IPC), fijando un límite a las fianzas (3 meses), limitando los desahucios y anunciando un índice de alquileres (creado en junio 2020) para que los Ayuntamientos pudieran tomar medidas de control de alquileres. Y además, se han ampliado a 2021 las ayudas públicas al alquiler de jóvenes y mayores (del 40 al 50% de un alquiler de 600 a 900 euros), que abonan las autonomías. Pero son sólo “parches”, que apenas han mejorado el mercado del  alquiler, mientras los propietarios están nerviosos: han aumentado los retrasos e impagos de alquileres con la pandemia, temen los futuros controles y muchos piensan en no alquilar.

Ante este panorama, el Gobierno ultima una nueva Ley de Alquileres, que se está retrasando por la pelea interna entre el PSOE y Podemos, que quiere forzar a Fomento a medidas intervencionistas: obligar a los grandes alquiladores (quieren que lo sean quienes tenga 5 o más alquileres) a destinar un 30% de sus pisos a alquiler social, facilitar a los Ayuntamientos el control y tope de los alquileres (como se aprobó en Cataluña en septiembre de 2020) y medidas sobre la ocupación y los desahucios de viviendas. Es importante que esta Ley sea “ecuánime”, que se preocupe de los intereses de los inquilinos pero también que dé garantías jurídicas a los propietarios. Porque lo que defiende Podemos es “un atajo” populista que puede ser muy contraproducente y volverse en contra: en vez de forzar un parque de alquiler, puede provocar que los propietarios se retraigan y no alquilen, con lo que habría menos viviendas en alquiler y subirían los alquileres en vez de bajar. Es lo que temen los expertos.

El camino debe ser otro: aumentar la oferta de alquileres, para que bajen, como ya propuso en junio el Gobernador del Banco de España en el Congreso. Y eso puede hacerse por 2 vías. Una, sacando más viviendas privadas en alquiler, animando a los propietarios de las 3,44 millones de viviendas vacías (Censo del INE 2011) a que las alquilen, con rebajas fiscales e incentivos municipales, pero sobre todo con más seguridad jurídica y práctica (como crear una Agencia pública que asegure los cobros del alquiler). Y facilitando la rehabilitación de estas viviendas (para alquilarlas mejor), llegando incluso a comprar viviendas a particulares y bancos, para crear un gran parque público de viviendas para alquilar. La otra vía debe ser promover nuevas viviendas para alquilar, públicas y privadas.

Precisamente, lo que ha pasado en España en las últimas décadas, a partir de la burbuja inmobiliaria, es que el Estado, autonomías y Ayuntamientos han dejado de promover viviendas y las pocas VPO que se han hecho han sido en venta y no para alquiler. Los datos de Fomento son impactantes: en 1.985 se terminaron en España 114.067 viviendas protegidas (el 67,2% del total), pero en 1991 cayeron a 44.514 (el 16,3%), en 2008 remontaron a 68.587 VPO (sólo el 10,8% del total, en un año de explosión de la construcción) y a partir de ahí se han desplomado y sólo se terminaron 6.615 viviendas protegidas (VPO) en 2019, el 8,5%, unas cifras mínimas de los últimos 40 años desde 2015.

Y junto a este desplome de las viviendas con ayudas públicas se ha producido un desplome de las viviendas de titularidad pública, con lo que España tiene un parque de viviendas sociales de los más reducidos de Europa: 452.040 viviendas, el 2,5% del total de viviendas, según el último Boletín de Vivienda Social. Es casi la cuarta parte de viviendas sociales que la media europea (el 9,3% del parque en la UE-28) y muchas menos que en Países Bajos (2.081.846 viviendas, el 30% del total), Reino Unido (4.627.402, el 17,6% del parque), Francia (4.689.392, el 17,6%), Alemania (1.439.860, el 3,9%) o Italia (893.002, el 3,7% del parque), según Eurostat. Y de este parque social, 290.000 son viviendas para alquilar: 180.000 de las autonomías y 110.000 los Ayuntamientos, según Fomento.

No tenemos un parque de viviendas sociales como los europeos, porque el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos llevan cuatro décadas sin apenas promover viviendas, dejándoles toda la iniciativa a los promotores privados. Y gastando una miseria en protección social a la vivienda: 35,4 euros por habitante al año (entre 2007 y 2017), frente a 148,2 euros de ayuda en la UE-28, 439 euros en Reino Unido, 204,3 euros/habitante en Alemania o 155 euros de los Paises Bajos, paises nada sospechosos de “atacar la promoción privada”. Y dentro de España, hay regiones que gastan más en protección social a la vivienda (211 euros/habitante Navarra y 73,8 el País Vasco frente a 52 Madrid, 33 Cataluña o Andalucía y 23 Baleares) y también hay mucha diferencia en los Ayuntamientos (154 euros/habitante de ayuda en  los municipios navarros, 72 euros los vascos, 63 euros/habitante Madrid y 29 euros los ayuntamientos de  Andalucía y Baleares), según los datos de Fomento.

Así que en vez de imponer topes a los alquileres, hay que promover que haya más alquileres en el mercado, facilitando que los particulares alquilen (100.000 nuevas viviendas en alquiler al año)  y promoviendo la construcción de viviendas para alquiler, con los promotores privados, a los que se puede facilitar suelo público medio regalado y financiación, para volver a esas 100.000 viviendas protegidas al año que se construían en los años 80 del siglo pasado. Serían 200.000 viviendas más en alquiler al año, 1 millón en 5 años, un objetivo posible si se lanza un Plan con incentivos fiscales, financiación y suelo, con la colaboración de promotores privados, bancos, autonomías y Ayuntamientos. Un Plan para facilitar alquileres a precios asumibles a familias vulnerables y jóvenes, pero que, además, al aumentar drásticamente la oferta, serviría también para bajar los demás alquileres del mercado. Es un camino más largo que los “atajos” del control de alquileres, pero más seguro: si hay más alquileres, bajarán los precios.

España, paraíso de la droga en Europa

El problema de las drogas se agrava en España, según refleja el aumento de incautaciones, sobre todo de plantas de cannabis (proliferan naves de cultivo enganchadas ilegalmente a la luz), de cocaína (mini submarino en Galicia) y de drogas sintéticas, junto al aumento de detenciones y la presencia de 500 mafias de la droga, produciendo, transportando y blanqueando beneficios. Y somos un punto clave de entrada de drogas a Europa, donde preocupa la fuerte entrada de cocaína, de cannabis muy concentrado y los laboratorios de drogas sintéticas. El negocio de las drogas crece porque aumenta el consumo, sobre todo de cannabis (España es el 4º país que más fuma), cocaína (somos líderes de consumo), pastillas y anfetaminas, más entre los jóvenes. Y se teme que la pandemia, con su secuela de paro y hastío, agrave el problema. Urge un Plan con más medios, personal, juzgados y campañas contra la droga, que en muchos casos “no está mal vista”, pero enferma y mata.

Enrique Ortega

El negocio de las drogas ilegales es hoy la primera industria mundial y mueve entre 300.000 millones de dólares (según la ONU) y 400.000 millones (según la DEA de EEUU), más de 300.000 millones de euros al año, la cuarta parte del PIB español. Y Europa es el tercer mercado mundial de drogas, tras América y Asia, con un negocio que va en aumento y que mueve unos 35.000 millones de euros al año, según Interpol, de los que más de 6.000 millones de euros se mueven en España, la tercera puerta de entrada de las drogas a Europa, tras la ruta que viene de Asia (por los Balcanes y Turquía) y la que viene de América (a través de los grandes puertos del centro y sur de Europa).

A las autoridades europeas les preocupa que detectan la entrada de envíos más grandes de drogas, gracias a que las mafias internacionales han conseguido infiltrarse en las grandes cadenas de suministro (contenedores y camiones), en las rutas de navegación (buques) y en los grandes puertos europeos, según revela el último informe 2020 del Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA). Y dentro de las drogas, les preocupa muy especialmente la creciente penetración de la cocaína, cada vez con mayor pureza, con un aumento histórico de las incautaciones (53 Tm en Bélgica, 48 Tm en España y 40 Tm en Holanda) y unas nefastas consecuencias en urgencias y muertes. Y también el posible aumento del consumo de heroína, donde se han duplicado las incautaciones y que se ha empezado a producir en Europa. Otra preocupación es el creciente consumo de cannabis de alta potencia, donde la hierba y el hachís contienen ahora el doble de THC (el principal componente psicoactivo del cannabis) que hace una década.

Junto a estas tres preocupaciones, las autoridades europeas alertan de que Europa se ha convertido en un importante productor de droga, multiplicándose los laboratorios y centros de producción (en Holanda, Bélgica y paises del Este) de todo tipo de drogas tradicionales (hasta heroína y opiáceos sintéticos) y  sobre todo de drogas sintéticas, en especial MDMA (éxtasis) y anfetaminas, así como un creciente número de nuevas sustancias psicotrópicas (sale una nueva droga por semana), como revela el aumento de incautaciones de ketamina, GBH, LSD, óxido nitroso (gas hilarante) y las nuevas benzodiacepinas, nuevas drogas (muy peligrosas)  ligadas al ocio de los europeos más jóvenes. Todo ello lleva a las autoridades europeas a alertar sobre sus efectos en la salud pública, no sólo por los 8.300 europeos muertos por sobredosis sino por un aumento generalizado de las adicciones, sin olvidar los problemas de delincuencia,  violencia e inseguridad que generan las drogas.

En España, aunque el Gobierno no lo reconoce, el problema de las drogas se ha agravado en los últimos años, como revelan los datos europeos de incautaciones. Somos el país europeo con más incautaciones de cannabis, tanto en resina de hachís (dos tercios de todas las incautaciones en la UE) como en plantas (un tercio del total), siendo los terceros en incautaciones de hierba (flor seca), tras Turquía e Italia, según el informe 2020 del Observatorio Europeo de las Drogas (EMCDDA). Y somos el 2º país con más incautaciones de cocaína (en kilos), tras Bélgica, aunque el 1º en número de incautaciones. En heroína, somos el 2º país europeo en número de incautaciones (tras Turquía) y el 8º en kilos decomisados. En MDMA (éxtasis) somos el 2º país en número de incautaciones (tras Turquía) y el 5º en pastillas decomisadas. Y en anfetaminas, somos también el 2º país en número de incautaciones (tras Turquía) y el 6º en kilos decomisados.

El problema es que las incautaciones de algunas drogas se han disparado aún más en España en el último año que hay datos oficiales (2019), con un récord de 507,9 toneladas de droga incautadas, sobre todo de plantas de cannabis (+57%: 1,5 millones incautadas, 3,5 veces las incautadas en 2015), de marihuana (+10,5%, 32.567 kg, el triple que en 2015), de metanfetaminas (+6,7%), de anfetaminas en polvo (+25%) y de MDMA cristal (+7,93%), según los últimos datos del CITCO (Centro contra crimen organizado). Otros indicadores muy reveladores del auge de las drogas en España  son las detenciones (24.171 en 2019, +11,5%) y las denuncias por consumo y tenencia (que han subido un 5%, hasta 401.914 denuncias en 2019: el 82% por cannabis y el 12% por cocaína).

Con todo, lo más preocupante son algunos cambios detectados  en el mundo de las drogas en España y que refleja este detallado reportaje de El País. El primero, el espectacular aumento de los cultivos de marihuana, una nueva actividad que está proliferando en 13 de las 17 autonomías, con naves y viviendas enganchadas ilegalmente a la luz y produciendo plantas de cannabis. De hecho, Cataluña es el gran vivero de Europa de marihuana, con las instalaciones más innovadoras (para aumentar pureza y producción). El segundo, el auge en la entrada de cocaína, cuyo tráfico se ha desviado de Algeciras a Galicia, donde proliferan las llegadas de cargamentos de Colombia y Brasil, con transportes más sofisticados (como el mini submarino incautado en Pontevedra con 3.000 kilos de cocaína). Y se ha detectado también un repunte en el tráfico de hachís desde Marruecos. Sin olvidar el salto en la fabricación y distribución de drogas sintéticas: en enero se intervinieron en Barcelona 820.000 pastillas de éxtasis, la 2ª mayor incautación en Europa.

Otro cambio es la ampliación del negocio de la droga en España, que atrae cada vez a más mafias internacionales (y nacionales). Las autoridades estiman que España es el refugio y base de 504 organizaciones de narcotraficantes, mayoritariamente colombianos, británicos, rusos, suecos, lituanos, polacos, chinos, marroquíes y españoles, mafias que han desplazado su centro de la Costa del Sol y Algeciras (muy afectadas por la mayor presencia y operativa de las fuerzas anti-droga) hacia Almería, Murcia, Levante, Cataluña y Galicia, donde además de organizar la producción, transporte y distribución de la droga tratan de blanquear beneficios. Todo ello se ha traducido no sólo en más oferta de narcóticos sino en un aumento de los robos de drogas, ajustes de cuentas y asesinatos de narcotraficantes en España.

Todo este negocio de las drogas crece y atrae a más mafias porque crece el consumo de narcóticos, en Europa y en España. Se estima que casi 100 millones de europeos adultos, la cuarta parte del total, han probado alguna vez drogas ilegales. Y una proporción similar en España, donde somos líderes en el consumo de cocaína: lo han consumido alguna vez el 10,3% de españoles adultos (15-64 años), o sea 3,2 millones de españoles, frente al 5,4% de media en la UE-28, el 10,1% en Reino Unido, el 7,8% en Irlanda, el 6,9% en Italia, 6,5% en Paises Bajos, 6,4% en Dinamarca, 5,6% en Francia o 4,1% en Alemania, según los últimos datos (para 2018) del Observatorio Europeo de las Drogas (EMCDDA). Y somos el 4º país europeo donde más se consume cannabis: lo han fumado alguna vez el 35,2% de los españoles adultos (15-64 años), o sea 11,2 millones, frente a una media del 27,2% en la UE-28, el 44,8% en Francia, el 38,4% en Dinamarca, el 32,7% en Italia, el 29% en reino Unido, el 28,6% en Paises Bajos y el 28,2% en Alemania. Somos el 10º país europeo en el consumo de MDMA (éxtasis) (3,6% de adultos frente a 4,1% en la UE-28 y el 10,3% en Holanda o el 9,1% de Reino Unido) y el 8º en el consumo de anfetaminas (4% de adultos las han probado frente al 3,7% en la UE-28, el 8,6% en Reino Unido o el 5% en Paises Bajos).

La Encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad revela además que el consumo de drogas de los españoles ha aumentado en la última década. El consumo de cannabis, la droga ilegal más consumida, ha pasado del 32,1% que la consumieron alguna vez en 2009 al 37,5% en 2019. Y lo peor: el 10,5% ha consumido cannabis en el último año y un 8% (3,2 millones de personas) en el último mes. La cocaína es la siguiente droga más consumida: por el 10,9% de españoles alguna vez y por un 2,5% (1 millón de personas) en el último año. Les sigue el consumo de éxtasis (1,4% lo han consumido alguna vez el último año), los hipnosedantes sin receta (el 1,3%, 521.000 españoles, los han consumido el último año), alucinógenos (el 1%), los analgésicos opioides sin receta (0,7% los han consumido el último año), metanfetaminas (0,4%), GBH (0,20%), inhalables (0,20%) y heroína (0,10%: 40.000 personas).

Lo más preocupante es que cada vez hay más adolescentes que toman drogas ilegales y empiezan cada vez con menos años. La Encuesta ESTUDES 2018-2019 revela las tres drogas ilegales más consumidas por los jóvenes (14-18 años): el cannabis (el 33% lo ha consumido alguna vez, el 27,5% en el último año y un 19,3% , 435.325 jóvenes, en el último mes, con una edad de inicio a los 14,9 años), los hipnosedantes y ansiolíticos sin receta (el 8,6% de los adolescentes los han consumido alguna vez, un 6,1% en el último año, 202.000 jóvenes, y el 2,9% en el último mes, con mayor consumo en las chicas) y la cocaína (el 2,0% la ha probado alguna vez, el 2,4%, 56.372 adolescentes, en el último año, y el 0,9% en el último mes, con un inicio a los 15,2 años). Y crece también el consumo entre adolescentes de éxtasis (1,9% lo han tomado en el último año, más que la cocaína), anfetaminas (el 1,1%) y los alucinógenos (los han probado el 1,4% el último año).

Lo llamativo es que no hay percepción de riesgo en el consumo de estas drogas, según ambas encuestas. Y que adultos y adolescentes reconocen que están fácilmente disponibles, sobre todo el cannabis, las pastillas y la cocaína. Además, los precios se han estabilizado y son bajos en el caso del cannabis y las pastillas, lo que facilita su distribución. Y socialmente, fumar un porro, tomarse una pastilla o esnifar coca en ambientes de ocio o en grupos de amigos “no está mal visto” ni se percibe como peligroso. A pesar de que en 2019 hubo 5.027 personas que acabaron en urgencias por drogas, el 52% por cocaína y el 49,2% por cannabis, mientras preocupa el auge de las drogas sintéticas.

Ahora, con la pandemia, las autoridades europeas han alertado de que las mafias de la droga han reconvertido su estrategia, reduciendo el transporte por vía aérea y pasajeros y aumentando las rutas marítimas y de camiones, a la vez que han trasvasado la venta final de las calles a la red oscura de Internet, a la venta online y a las entregas directas a domicilio, vía mensajeros y paquetería. De hecho, se han producido detenciones de repartidores de droga a domicilio en España, Reino Unido e Irlanda, según Interpol. Y ahora, lo que temen los expertos es que la pandemia, el confinamiento y la crisis provoquen un auge del consumo y también que el aumento del paro engrose las personas que trabajan para las mafias.

España tiene un serio problema de drogas, como revelan no sólo las incautaciones crecientes y la mayor detención de narcotraficantes  sino los datos de consumo: el gasto en narcóticos saltó de 5.702 millones a 7.436 millones en 2018, según recoge la última estadística del INE. Gastamos ya en drogas 20 millones diarios, más que en alcohol. Y eso se puede ver en las calles y antes en bares y discotecas. Y lo aprecia la Guardia Civil en los controles de carretera: en los últimos tres meses de 2020, el 50% de los conductores han dado positivo en alcohol o drogas (muchos en las dos). Y el 45,5% de los fallecidos en accidente de tráfico en 2019 dieron positivo en alcohol o drogas al hacerles la autopsia.

Cuando pase la pandemia, urge poner en marcha un Plan de choque contra las drogas, actuando en varios frentes. Por un lado, gastando más, porque España es uno de los paises europeos que menos gasta en luchar contra las drogas, menos del 0.05% del PIB (583 millones al año), muy lejos del 0,2% que gasta Reino Unido (4.650 millones anuales) o del 0,06/0,19% del PIB que gastan Francia, Alemania, Italia y Holanda, según los datos del EMCDDA europeo. Eso permitiría reforzar las plantillas antidroga y sus medios, que se enfrentan a unas mafias cada vez más profesionalizadas. Y hace falta también endurecer las penas a los narcotraficantes (la mayoría de 1 a 4 años) y reforzar las Fiscalías y los Juzgados (saturados en Algeciras o Pontevedra). Y, sobre todo, hacer campañas públicas agresivas contra el consumo de drogas, básicamente entre adolescentes y jóvenes. Hay que generar un rechazo social contra todas las drogas y quitarles su careta de” inofensivas”. Son una “epidemia social”, que causa deterioro cognitivo, enfermedades y muertes. Y un auge de la delincuencia. Hay que ganar esta batalla contra las drogas.

Plan de choque para salvar la Dependencia

La pandemia ha afectado más a los mayores y especialmente a los dependientes, porque más de la mitad superan los 80 años. Con el confinamiento y la menor movilidad, se han reducido las solicitudes y resoluciones y también los beneficiarios de la Dependencia. Y si hay menos dependientes esperando ayudas es porque muchos murieron en 2020: lo más dramático es que fallecieron 55.487 dependientes esperando una resolución (21.079) o recibir una ayuda que ya tenían reconocida (otros 34.408 fallecidos). Fueron 152 muertos diarios desatendidos por el sistema de Dependencia, que ha cumplido 14 años con serios problemas de fondo: falta de financiación, recortes, demasiada burocracia y exceso de prestaciones “low cost”. En enero, Gobierno y autonomías acordaron un Plan de choque para la Dependencia, para reducir las “listas de espera” (en 66.000 de los 232.243), recortar trámites y mejorar servicios, aportando 3.600 millones más en tres años. Y destinando una parte de los Fondos europeos al cuidado de los mayores dependientes. Se lo debemos.

Enrique Ortega

El primer año de la pandemia ha sido nefasto para los dependientes y sus familias. El confinamiento de marzo a junio y la Administración a medio gas, más los contagios y muertes, provocaron que hubiera menos solicitudes de ayuda de dependientes (-43.794 durante todo 2020) y menos resoluciones de expedientes (-26.157), con lo que hubo menos beneficiarios de una ayuda a la dependencia: 1.356.473 dependientes, -28.564 beneficiarios que en 2019. El número de beneficiarios de la dependencia cayó en 14 autonomías y sólo aumentó en la Comunidad Valencia (+12.378), Canarias (+722), Baleares (+537) y Asturias (+386), según los datos oficiales del IMSERSO. Y en enero de 2021, las solicitudes, beneficiarios y beneficiarios han vuelto a caer (son ahora 1.354.272 beneficiarios).

Lo que ha mejorado son los beneficiarios que reciben alguna ayuda: 1.124.230 dependientes a finales de 2020, +9.047 que en diciembre de 2019. Pero eso se debe, por desgracia, a que muchos beneficiarios con derecho a prestación han muerto (por la edad, ya que el 52% tienen más de 80 años, o por la COVID 19). De hecho, en 2020 han muerto 245.638 dependientes que tenían una solicitud de dependencia, 41.735 más que en 2019 (por la COVID 19), según los datos del MoMa. De ellos, 170.593 dependientes fallecieron recibiendo una prestación, pero otros 34.408 la estaban esperando, con una resolución favorable, pero ya nunca la recibirán. Como tampoco los 21.079 dependientes fallecidos y que estaban pendientes de valorar por su autonomía, que han muerto sin resolverse su expediente. En total, son 55.487 dependientes que han muerto desatendidos, sin recibir una ayuda que tenían reconocida (34.408) o sin que se resolviese su solicitud (otros 21.079).

Son 152 dependientes “en espera” muertos cada día,  1 cada 9 minutos, a los que ha fallado estrepitosamente el sistema de la dependencia. Y además, el reparto de estos dependientes muertos sin atender (55.487) es muy desigual por autonomías: son muchos en Cataluña (10.525 con derecho reconocido más otros 3.683 pendientes de valorar), Andalucía (6.596+5.387) y  Madrid (5.347+ 2.000), siendo menos en la Comunidad Valenciana (2.127+2.220), País Vasco (2.256 +608) Castilla la Mancha (1.017+1.194), Extremadura (986+900) y Canarias (352 con derecho reconocido+2.220 muertos pendientes de valorar), según los datos del MoMa. Y es también muy llamativo el dato de los beneficiarios con prestación que han muerto en residencias: 44.436 fallecidos, más de la cuarta parte del total de dependientes fallecidos  que recibían ayudas (170.593). El mayor número de fallecimientos en residencias se ha dado en Madrid (323/1000 habitantes), Castilla la Mancha (300,2), Cataluña (282,7), Navarra (277,7) y Aragón (257,7).

Con este aumento de muertes entre los dependientes se explica que “la lista de espera” de la dependencia (los dependientes con derecho reconocido que esperan recibir una ayuda) haya “mejorado”, bajando en -37.611 dependientes durante el año 2020. Aún así, la cifra de los que esperan era muy elevada: 232.243 dependientes en diciembre, el 17,12% del total con derecho reconocido (y ha aumentado a 234.039 en enero de 2021, según el último dato del IMSERSO). Además, hay 6 autonomías que están peor, con un porcentaje de dependientes en espera muy superior a la media nacional: Cataluña (31,86% dependientes reconocidos en espera de ayuda), la Rioja  (29,32%), Canarias (24,38%), Andalucía (19,83%), Cantabria (18,55%) y Madrid (17,60%), todas aumentando en 2020 su porcentaje de dependientes en espera (salvo Cantabria, que los mantiene). Y de las 13 autonomías con menor lista de espera que la media, hay 5 que apenas tienen dependientes en espera de recibir ayudas: Castilla y León (0,11% esperando), Ceuta (2,03%), Navarra (5,5%), Galicia (7,3%) y Castilla la Mancha (7,6%), según los datos del IMSERSO.

Lo que han hecho las autonomías, en los dos últimos años, es bajar más la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I, cuyas ayudas son más baratas) que las de los dependientes severos (Grado II) y los grandes dependientes (Grado III), cuyas ayudas son más costosas. Así, entre 2018 y 2020, la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I) bajaron -15.909 (-10,48%) y la de los dependientes con más problemas (Grados II y III) bajaron -1.885 (-1,9%). Un “efecto escaparate” que atiende antes a los más baratos.

El sistema de la dependencia ha cumplido 14 años en enero de 2021 (la Ley de la Dependencia entró en vigor en 2007) y hay dos datos que señalan su fracaso, al hacer el balance de 2020. Uno, que hay 141.556 dependientes en espera de que se resuelva su expediente, lo que tarda una media de 257 días. Y el otro, los 232.243 dependientes con derecho reconocido pero que esperan que les llegue una ayuda (los que están “en lista de espera”, una media de 173 días). En total, 373.799 dependientes “desatendidos” por el sistema, un tercio de los 1.124.230 beneficiarios con prestaciones. Y como el 52% de los solicitantes de la dependencia son mayores de 80 años, muchos se mueren antes de atenderles (incluso sin pandemia, ya morían 100 dependientes al día sin atender).

¿Por qué ha fallado el sistema de la Dependencia? Básicamente, por falta de financiación. La Dependencia nació sin asegurar sus recursos y con la crisis, fue uno de los primeros objetivos de los recortes de Rajoy, ya en 2012. De hecho, la Administración central recortó su aportación a la Dependencia en -5.864 millones entre 2012 y 2019. Y también hubo recortes en las autonomías, que han tenido que cargar con el 80% del gasto público en Dependencia (cuando la Ley preveía que se costeara a medias entre el Estado y las autonomías): en 2019 aportaron 8.607 millones (83,9% del gasto público) y la Administración central 1.386 millones (el 16,1% restante), lo que obligó a las familias de los dependientes a un copago del 21% del gasto total en dependencia (2.656 millones restantes), según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos recortes y la escasez de Presupuestos han obligado a las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, a buscar “trucos” para mantener el sistema, para intentar atender a más dependientes con pocos recursos: retrasar la resolución de expedientes, mantener las listas de espera para retrasar las ayudas y buscar ayudas “low cost” (más baratas) para los dependientes (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…). En definitiva, retrasar la atención y tratar de hacer más con menos, deteriorando el servicio.

El sistema de la Dependencia hacía aguas por todas partes y la pandemia ha sido la puntilla, con el trágico balance de 55.487 dependientes muertos sin atender. Pero también ha sido una oportunidad para tomar medidas: el 15 de enero se aprobó por unanimidad, entre el Gobierno y las autonomías, un Plan de choque que aportará 3.600 millones extras para la Dependencia en tres años. Los primeros 623 millones se han incluido ya  en el Presupuesto 2021, en 2022 habrá otros 1.200 millones y 1800 más en 2023. Este dinero extra irá para aumentar la financiación del Estado a la dependencia y para aumentar un 20% las cuantías mínimas que se pagan a los dependientes (quedarán en 60 € mensuales las ayudas al grado I, 94 € las ayudas al grado II y 235 € las ayudas al grado III). 

Con ello, se espera que en 2021 haya 100.000 dependientes más que reciban ayudas, lo que permitirá reducir la lista de espera en 66.305 dependientes (1 de cada 4), dejándola en cero en 11 autonomías que hoy la tienen baja (todas salvo Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria y Madrid). Y no habrá “lista de espera” de la Dependencia a finales de 2023.

Además, el Plan de choque se compromete a reducir la burocracia de la Dependencia, unificando los dos expedientes actuales (uno para determinar el grado y otro para reconocer la ayuda) y agilizando los trámites de las autonomías, que ahora tardan 430 días. Y se pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan: generalizar la teleasistencia (en 2022 la recibirán todos los Dependientes), ampliar las horas de asistencia a domicilio (de 32,7 a 38,3 semanales), mejorar las prestaciones familiares (+18%) y, sobre todo, mejorar la atención en las residencias, paliando la falta de profesionales y cubriendo las 15.000 plazas en las residencias públicas que han quedado “vacías” con la pandemia. Además, hay un compromiso de los Gobiernos autonómicos a gastar más en Dependencia, sobre todo las 9 regiones que gastan menos que la media (183 euros/habitante): Canarias (95 €/habitante), Galicia (142), Baleares (143), Murcia (152), Andalucía (161), Comunidad Valenciana (168), Cataluña (171), Aragón (174) y Madrid (179), según datos de los Directores de Servicios Sociales.

Además, la Dependencia va a beneficiarse también de los Fondos europeos, dado que la economía de los cuidados es uno de los 10 programas de inversión de Plan de recuperación aprobado por el Gobierno en octubre y enviado a Bruselas. Este año 2021, la previsión es invertir 910 millones en cuidados a los mayores y dependientes, de los que 730 millones serán ejecutados por autonomías y Ayuntamientos. Y la mitad de toda esta inversión de los Fondos europeos en cuidados  (al menos 361,7 millones en 2021) va a destinarse a mejorar y ampliar las residencias de ancianos, donde existe un déficit de plazas públicas.

Al final, parece que la pandemia va a conseguir lo que no se ha logrado en 14 años: que haya recursos para atender a los dependientes, la 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, educación y pensiones), aún más desatendida que el resto. Con poco dinero (3.600 millones en tres años) se conseguirá suprimir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes, además de generar 25.000 nuevos empleos en los cuidados, un sector con mucho futuro. Y tras este Plan de choque y las ayudas europeas, habrá que aprobar un Plan de Dependencia a medio plazo, para afrontar uno de los mayores problemas estructurales de España: el envejecimiento (los mayores de 65 años pasarán de ser el 22,9% de la población hoy al 31,4% en 2050, la tercera parte con más de 80 años) y el aumento de la esperanza de vida (86,9 años en 2050), lo que duplicará el número de dependientes, según el CSIC.

Por fin hay un Plan de choque para atender mejor a los dependientes, pero habrá que preparar futuras medidas para atender al doble de dependientes en 2050, igual que habrá que consolidar el futuro de las pensiones, la sanidad y la educación. La Dependencia es una necesidad social y un problema para casi 2 millones de familias, que se encuentran muy desatendidas. Y es también un sector económico de futuro, que aportará   mucho empleo e inversiones en las próximas décadas. Pero sobre todo, es un derecho que les debemos a los mayores, tras toda una vida trabajando: atenderles si no pueden valerse y que no se mueran sin recibir ayuda, como les ha pasado a 155 mayores cada día en 2020. Debe ser una prioridad de la reconstrucción. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.