SOS Dependencia

Por primera vez en los siete años largos de la Ley de Dependencia, en abril había menos ancianos y discapacitados que recibían ayudas (4.400 menos) que cuando llegó Rajoy. Y con la pequeña subida de mayo, son casi los mismos. Además, hay otros 182.060 dependientes a la espera, con ayuda reconocida pero que no la reciben porque las autonomías no tienen dinero. Una lista de espera que ha bajado porque 70.000 ancianos se han muerto esperando: normal, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. El sistema está estancado y las familias de los dependientes sufren retrasos, recortes y subidas del copago de los servicios. Y asfixia a las autonomías, que ya financian un 60% porque el Estado ha recortado su aportación a la mitad. La Dependencia está colapsada y sólo hay una salida: que el Estado aporte más. Bastarían 1.300 millones extras al año, una minucia comparada con el rescate bancario. Es una obligación moral con nuestros mayores. Se lo debemos.
 

enrique ortega

La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007, para ayudar a los 3 millones de ancianos y discapacitados que no pueden valerse por sí mismos. Siete años después, el sistema está estancado y languidece. En abril, el número de beneficiarios que recibían  ayudas (dinero o servicios) había bajado a 734.187 dependientes, 4.400 menos que en diciembre 2011, cuando llegó Rajoy. Y aunque en mayo ha subido un poco, hasta 738.777, son prácticamente los mismos que hace dos años y medio. Además, hay otros 182.060 dependientes que tienen la ayuda reconocida, pero no la reciben (legalmente, pueden tenerles esperando hasta 2,5 años). El Gobierno se vanagloria de haber bajado esta lista de espera, desde los 305.941 dependientes (diciembre 2011), pero no es para “sacar pecho”: 30.000 se han caído de la lista porque eran dependientes moderados (Rajoy les quitó la ayuda) y otros 70.000 simplemente porque se han muerto esperando. Algo que seguirá pasando, porque el 54% de los dependientes tienen más de 80 años. Al final, un dato visualiza el estancamiento de la Dependencia: el sistema concede ahora 191 ayudas cada mes, frente a 6.724 que concedía en 2011. A este ritmo, acabar con la lista de espera costaría 80 años…

Al PP y a Rajoy nunca les gustó la Ley de Dependencia de Zapatero. “La Dependencia no es viable”, declaró Rajoy un mes antes de ganar las generales de 2011. Y a los nueve días de tomar posesión, el Gobierno empieza a torpedear la Dependencia: dejó fuera de las ayudas (hasta julio de 2015) a los dependientes moderados (412.000). En marzo 2012 recortó 283 millones a la Dependencia y en julio 2012 aprobó un decreto con cambios profundos, para facilitar a las autonomías un drástico recorte en el gasto: dejó de pagar la cotización a la seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio, simplificó los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas) y subió el copago a las familias (en 2013 y más en 2014).

El total de medidas supone un recorte a la Dependencia, entre 2012 y 2014, de 2.278 millones, un tercio del presupuesto de 2011. Pero lo peor es que el Gobierno Rajoy ha estrangulado a la Dependencia reduciendo a la mitad la financiación del Estado central: si en 2011, la aportación estatal (1.803 millones) suponía el 40% del coste total de la Dependencia (5.634 millones), en 2013 aportaba ya sólo el 20% (1.317 de 6.363 millones). Eso ha obligado a un esfuerzo extra de las autonomías (que han pasado de financiar del 50% al 60% del gasto total en Dependencia) y de las familias de los dependientes, que pagan ya un 19% del servicio (10% en 2011).

En definitiva, la retirada del Estado central de la Dependencia (su aportación ha caído un 23% desde 2011, según el Tribunal de Cuentas) ha tensionado a las autonomías, que no pueden hacer frente al coste. Y buscan “ahorrar” por varias vías, según el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes: entre que un dependiente solicita la ayuda y se le reconoce pasan 246 días de media (540 en Valencia) y 11 autonomías incumplen el plazo máximo legal de 6 meses para reconocer el derecho a una prestación. La razón del retraso es ganar tiempo, porque no tienen liquidez, según han reconocido Andalucía, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Murcia al Tribunal de Cuentas. La otra vía de “ahorro”, cuando ya han reconocido el derecho a la ayuda, es retrasar su concesión lo más posible (Rajoy subió el plazo máximo legal de 2 a 2,5 años), engordando las listas de espera. Entre uno y otro retraso pueden pasar entre tres años y medio y cinco antes de pagar, lo que ha llevado a muchas familias a reclamar ante los Tribunales. Mientras, muchos dependientes se mueren. Más ahorro...

Otra vía de “ahorro” es ser más rígido al valorar a los dependientes. En febrero 2012 se cambiaron los baremos y se endurecieron los requisitos para reconocer la gran dependencia (grado III), con lo que su número ha caído en picado: hay 66.399 menos que en 2011. En unos casos, porque estos grandes dependientes son los que más se mueren por el camino, pero en otros porque se les ha pasado al grado II (dependencia severa), “más barato”: el Estado paga 82,84 euros/mes por estos dependientes frente a 177,86 a los de grado III. Y lo mismo pasando de grado II a grado I (ahora, sin ayudas). La tercera vía de “ahorro” es revisar de oficio las valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja de grado, algo que ha multiplicado denuncias de familias en los tribunales (muchas las ganan, pero dos años después).

Una cuarta vía de “ahorro” que usan las autonomías es ofrecer dinero y no servicios a los dependientes, porque es más barato darle 450 euros a un cuidador familiar (el 50% de los dependientes reciben prestaciones económicas) que pagar la mayor parte de una residencia (13,8% dependientes), ayuda a domicilio (12,8% dependientes), teleasistencia (12,7%) o  centro de día (7,44%). O privatizar servicios. El objetivo es “atender al mayor número posible de dependientes (que salgan más en las estadísticas) con el menor dinero posible”. La quinta vía de gastar menos es aumentar el copago a las familias, ahora entre el 40% y el 90% del coste, según los ingresos del dependiente, los servicios y la autonomía. En Valencia, la peor, el copago ha subido entre 100 y 1.000 euros mensuales en 2014.

Al final, las autonomías se buscan la vida para reducir su déficit y aplicar con restricciones la Ley de Dependencia. Lo más grave son las enormes diferencias entre regiones. Así, las posibilidades de tener una ayuda son cinco veces mayores en Cantabria (se beneficia el 2,5% de su población) que en Canarias (sólo 0,5%). También en Canarias, más de la mitad de dependientes con derecho a  ayuda (52,74%) están en lista de espera, mientras en Castilla y León sólo el 1,6%. En Murcia, Cataluña o Baleares, las tres cuartas partes de los dependientes reciben ayudas económicas y no servicios, mientras en Galicia son un tercio. Y como resumen, Canarias gasta 39 euros por habitante en la Dependencia (Baleares 56, Valencia 62 o Murcia 84), mientras Cantabria gasta 174 (153 la Rioja, 149 País Vasco o 140 Castilla y León).

O sea, que si la Dependencia funciona mal, en gran parte de España peor. El Observatorio de la Dependencia (directores y gerentes de servicios sociales) sólo da buena nota a Castilla y León (9,6 puntos) y País Vasco (8,3), junto a La Rioja y Cantabria (6,3) y Andalucía (5,8) aprobando raspado a Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura (5,4), Navarra, Murcia o Galicia (5 puntos). Y suspende a 7 autonomías: Madrid (4,2), Asturias y Aragón (3,8), Baleares (2,9), Ceuta y Melilla (1,3) y sobre todo, Canarias (0,8 puntos) y Comunidad Valenciana (0,4), los farolillos rojos desde 2009. Malos sitios para envejecer.

En definitiva, la Dependencia no da más de sí y las tensiones aumentarán en 2015, cuando haya que dar ayudas a los dependientes moderados (420.000 ahora). Sólo queda una salida: que el Estado central cumpla la ley de Dependencia, aportando lo mismo que las autonomías (40% cada uno y el 20% restante el copago). Eso supondría, como propone el Observatorio de la Dependencia, que el Estado central duplicara su aportación, de 1317 millones (2013) a 2.634 millones anuales. Un dinero extra (1.317 millones, lo que el Gobierno acaba de devolver a Bruselas del rescate bancario sin pedírselo) que en parte recuperaría con más cotizaciones e impuestos (478 millones) y que crearía 30.000 empleos directos en la Dependencia.

Eso para tapar los agujeros actuales y acabar con los recortes. Pero para el futuro, hay que plantearse una financiación estable de la Dependencia, en base a impuestos (quizás una parte de la futura tasa Tobin a la banca), recargo del IVA o una cotización adicional, medidas propuestas en su día por la Comisión de expertos. Bastaría con unos 8.000 millones anuales entre Estado central y autonomías. Una cantidad mínima si se la compara con el coste de los otros pilares del estado del Bienestar: 121.500 millones las pensiones, 88.000 la Sanidad, 50.000 la Educación o 30.000 millones el desempleo. Y serviría también para liberar camas en los hospitales públicos, ocupadas por ancianos que pueden pasar a residencias y centros geriátricos (hay 50.000 plazas vacías).

Los dependientes y sus familias llevan meses lanzando un SOS: la situación es insostenible. Y cada año será peor, porque seremos el país con más viejos de Europa en 2050 y tendremos 7 millones de dependientes, según el CSIC. No podemos mirar para otro lado y dejar que los dependientes y sus familias busquen cómo sobrevivir. Hay que ayudarles. Tienen derecho por Ley y es un deber para con nuestros mayores. Una obligación moral.