España crea mucho empleo, pero las empresas también
despiden más que nunca: casi 2 millones de trabajadores
perdieron su empleo en 2023 por despidos disciplinarios, causas económicas o
por incumplir el periodo de prueba. Son el doble que antes de la reforma
laboral de 2021. Y estos despidos siguen creciendo en 2024
(639.286 hasta abril). Parece que las empresas utilizan estas vías para renovar
sus plantillas, para despedir a empleados fijos, ahora que no pueden
hacer tantos contratos temporales. Y lo hacen porque les sale barato: el
53% de estos despidos no se indemnizan. Los sindicatos denunciaron este abuso
a Europa hace dos años, y el Comité de Derechos Sociales acaba de dictaminar
contra España, argumentando que las indemnizaciones por despido no se
ajustan a la Carta Social Europea. Ahora, el Gobierno tendrá que
cambiarlas, mientras los sindicatos piden una indemnización mínima de 6
meses, para evitar el abuso de despidos en los nuevos contratos. Será la
2ª reforma laboral, más difícil de aprobar con la patronal en contra.
Este enorme dinamismo del mercado laboral español y la
fuerte creación de empleo neto (altas menos bajas) oculta un dato llamativo: las
bajas a la Seguridad Social se han disparado en los dos últimos años, tras
la reforma laboral de 2021 (en vigor desde el 30 de marzo de 2022). Los
datos de la Seguridad Social lo evidencian: en 2023, casi
2 millones de trabajadores (1.967.406) perdieron su empleo, la
mitad por despidos (991.265 bajas) y la otra mitad por no superar el
periodo de prueba (976.141 bajas). Es una cifra récord en la
historia de la SS y supone un aumento del +15,38% sobre las bajas de 2022
(1.705.032) y, sobre todo, duplicar las bajas de 2021, antes de aplicarse
la reforma laboral (1.094734 bajas). Y la
tendencia sigue en 2024: de enero a abril se han registrado 639.286
bajas, un 9,36% más que en el primer cuatrimestre de 2023, algo más de la
mitad por despidos (341.874) y el resto por no superar el periodo de prueba (297.412).
Los sindicatos y
muchos expertos consideran que las empresas utilizan estas vías para
realizar “despidos
encubiertos”, una “puerta trasera” para cambiar
trabajadores y rotar plantillas, ahora que la reforma laboral les dificulta
los contratos temporales. Y denuncian además, que este tipo de bajas permiten
a las empresas “quitarse trabajadores” con muy poco coste. De hecho,
los
datos de la SS revelan que el 53% de las bajas por despido hechas en
2023 fueron por despidos disciplinarios, que no conllevan el pago
de indemnización. Y todas las bajas por no superar el periodo de prueba
(976.141) no tuvieron ningún coste para las empresas. En
2024, la tendencia sigue igual: el 54,6% de todo los despidos fueron
disciplinarios, sin indemnización de entrada, lo mismo que las 297.412 bajas por
no superar el periodo de prueba.
Hasta la reforma laboral, las empresas
utilizaban los contratos temporales para “probar” nuevos trabajadores y
“rotar sus plantillas”: los contrataban por días, semanas o meses y luego les
daban de baja, con poca o nula indemnización. Pero con la reforma laboral de
2021, se han disparado los contratos indefinidos (el
44% de los hechos de enero a mayo 2024) y ahora las empresas
buscan las vías para poder despedir también a estos trabajadores “fijos”. Y
lo
consiguen: el 92,4% de todas las bajas por despido de 2023 (916.199)
se hicieron a trabajadores con contratos indefinidos. Y el 72% de los
despidos por no superar el periodo de prueba se hicieron a trabajadores con
contrato indefinido. Y lo mismo en 2024.
La “primera puerta” que usan ahora muchas
empresas para quitarse empleados y rotar plantillas son las bajas
de trabajadores por no superar el periodo de prueba. Siempre ha
habido “ periodos de prueba” en los trabajos (se deben fijar por escrito en
el contrato y las concretan los distintos convenios, aunque a falta de criterio
suelen ser de 6 meses para los titulados técnicos y 2 meses para el resto). Y siempre
ha habido trabajadores que no los superaban. La novedad ahora es que las
bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado, sobre todo
tras la reforma laboral: si hubo 444.722 bajas por este motivo en 2020 y 552.748
en 2021, en 2022 hubo 893.960 (+61,7%) y 991.265
en 2023 (+10,9%), un récord histórico.
Y en los cuatro primeros meses de 2024
son ya 297.412 bajas por no superar el periodo de prueba, +9,26% que en el
primer cuatrimestre de 2024.
Estas bajas por no cumplir el periodo de prueba son casi
gratis para las empresas, porque el trabajador no tiene derecho a
cobrar una indemnización al irse y sólo recibirá los sueldos pendientes y
la parte correspondiente de pagas extras y vacaciones. Y con ello, puede utilizar
esta “puerta” para rotar su plantilla y coger otro trabajador, ahora que es más
difícil contratar temporalmente. El trabajador despedido puede reclamar a
Magistratura, si cree que el despido ha sido injusto, pero si ha estado
poco en la empresa (de 2 a 6 meses), no le compensará contratar un abogado e ir
a juicio, por una baja indemnización (33 días por año en caso de despido
improcedente o algo más si la empresa pacta para no ir a juicio).
La “segunda puerta” que las empresas utilizan
para realizar “despidos encubiertos” son los
despidos disciplinarios individuales, que se justifican por “un
incumplimiento grave y culpable del trabajador”, por varias causas que
fijan los artículos 54 y 55 del Estatuto de los Trabajadores: faltas repetidas
de asistencia o puntualidad, indisciplina o desobediencia, ofensas verbales o
físicas al empresario o a otros trabajadores, “transgresión de la buena fe
contractual o abuso de confianza” (sic), disminución continuada y voluntaria en
el rendimiento del trabajo (¿cómo se mide?), embriaguez habitual o
toxicomanías, acoso racial, étnico, religioso o sexual… Estos despidos
disciplinarios se han hecho siempre, pero otra vez las estadísticas alertan
del salto tras la reforma laboral: han pasado de 188.933 bajas en 2021 (ojo: en
contratos indefinidos) a 367.705 en 2022 y 499.803
en 2023 (se han multiplicado por 2,6 en los últimos dos años). Y siguen
creciendo en 2024 (186.893
hasta abril).
Este despido disciplinario sale
también barato para las empresas en la mayoría de los casos, porque el
trabajador despedido no tiene tampoco derecho a indemnización. Puede
recurrirlo judicialmente, buscando un despido improcedente (nulo es casi
imposible), pero sólo cobrará 33 días por año trabajado (con límite de 24
meses) o algo más si pacta con la empresa para no ir a juicio. Pero si el
despedido lleva poco tiempo trabajando (estos despidos disciplinarios se
aplican más a los que tienen poca antigüedad), tendrá que pensarse si le
compensa reclamar. Y en muchos casos, a la empresa sí le compensa
pagar una baja indemnización a cambio de poder contratar a otro empleado (más
barato).
La “tercera puerta” que algunas empresas
utilizan para hacer despidos “encubiertos” son las bajas
individuales por motivos objetivos, por “causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas (causas ETOP). Tras la pandemia, el gobierno
Sánchez frenó estos despidos “por causas económicas” de las empresas, abriendo
la vía de los “ERTE” (“aparcar” trabajadores un tiempo, pagándoles el
desempleo, hasta que mejorara la situación del sector o empresa). El sistema
ha evitado millones de despidos (había 3.617.205 trabajadores en ERTE en
abril de 2020 y sólo
10.000 en abril de 2024), Pero ahora, muchas empresas utilizan el
argumento de las causas económicas para dar de baja a trabajadores.
Otra vez lo revelan las estadísticas: se ha pasado de 159.362 bajas por despido
colectivo en 2021 a 394.926
bajas en 2023 (más del doble). Y este año, de enero a abril, 14.721
bajas por “causas objetivas” (+12,15%), a pesar de que la mayoría de empresas
venden y ganan más.
Todavía hay una “cuarta puerta” para los
despidos encubiertos, según los sindicatos. Están contabilizadas en la SS como “bajas
no voluntarias por otras causas”, un verdadero “cajón de sastre”
donde se incluyen despidos al margen de las causas anteriores y sobre los que hay
poca información. Son muchas bajas: 1.724.757 bajas en todo 2023,
aunque la cifra es similar a la de 2021 (1.732.795). Pero en
2024 salta la alarma: 595.214 de enero a abril, un +14,6% que en 2023.
Al final, entre estas 3 o 4 puertas, se pierden más de 2
millones de empleos cada año, aunque el paro total baja en España (hay
315.141 parados registrados menos que en mayo de 2021) porque sigue habiendo oferta de nuevas empleos
y crece la ocupación general, a costa de una mayor rotación de
trabajadores. Los sindicatos denuncian este aumento de los despidos “encubiertos”,
que los sufren ahora otros trabajadores: la reforma laboral ha provocado que los
despidos de trabajadores “indefinidos”, que ya eran mayoría
antes (72% del total en 2021) lo sean
aún más ahora (suponen el 93% de estos despidos encubiertos) y que bajen los
despidos de los trabajadores temporales (del 28% del total en 2021 al 7%
ahora). En resumen: la reforma ha conseguido que haya muchos más
trabajadores “indefinidos”, pero les ha hecho más vulnerable a
los despidos, sobre todo los nuevos contratos.
Los sindicatos creen que este aumento de despidos
“por la puerta de atrás” se debe a que son muy baratos o gratis para las
empresas. Y por eso, consideran que sólo pueden frenarse si se
aumenta la indemnización que deben pagar. La reforma laboral de Rajoy
en 2013 bajó la indemnización por despido, de 45 a 33 días por año (y redujo el
máximo de 42 mensualidades a 24). La reforma laboral del Gobierno Sánchez,
aprobada en 2021, no
quiso tocar estas indemnizaciones, para conseguir el apoyo de la
patronal. Y porque España
está en linea con las indemnizaciones de otros paises europeos.
Pero hay un problema: la indemnización por despido es alta para un empleado con
antigüedad, pero esos 33 días por año son una miseria para un trabajador al
que le despiden con uno o dos años de contrato.
Para evitar este abuso de los despidos de
indefinidos tras la reforma laboral, UGT
presentó una denuncia, en marzo de 2022, ante el Comité de Derechos
Sociales del Consejo de Europa, a la que se sumó CCOO a finales de 2022. En su argumentación
jurídica, UGT reiteró que la
indemnización por despido en España “no compensa a los trabajadores
despedidos que llevan poco tiempo empleados” y que hay vías de despido (las
tres puertas señaladas) que “son demasiado baratas para las empresas” y por
eso han disparado su uso. Un ejemplo se dio en Barcelona, donde una trabajadora
despedida (sin causa justa) a los 5 meses de contratarla recibió una
indemnización de 942 euros, que un juez subió a 4.435 en una sentencia de
2023. Por ello, los sindicatos denunciaban que España no cumple la Carta
Social europea.
En octubre de 2022, el Comité del Consejo
de Europa admitió a trámite la denuncia de UGT. Y, curiosamente, en
febrero de 2023, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
recogió la tesis sindical y declaró en el Congreso: “El despido en nuestro país no es caro,
es demasiado barato. Es tan barato que a las empresas les sale a cuenta despedir
utilizando las indemnizaciones de 33 días”. Después, en octubre, Sumar
incluyó en
el acuerdo de Gobierno con el PSOE, este compromiso: “Establecer
garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento
a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extensión
de la relación laboral”.
Gobierno y sindicatos estaban a la espera de la decisión del
Consejo de Europa. Y hace poco, el 20 de marzo, su Comité de Derechos
Sociales emitió
el esperado dictamen, que al día de hoy no se conoce. Pero
todo apunta a que el Comité habrá sentenciado igual que en el caso de otros
paises y de la recomendación hecha a España en 2023: el despido en España
no se ajusta a la Carta Social Europea”, debido a que fija un límite máximo que
“obvia las circunstancias del trabajador despedido”. Vamos, que da la
razón a los sindicatos de que los 33 días por año son una miseria para los que
han trabajado poco tiempo.
Ahora, se espera que el Gobierno publique la sentencia del
Consejo de Europa (este verano) y apruebe cambios legales en las
indemnizaciones. Pero mientras, ya hay
una primera sentencia, del
TSJ del País Vasco, que ha aplicado la decisión del
Consejo de Europa, obligando a una empresa a pagar una indemnización adicional
(de 30.000 euros) a un trabajador despedido antes del año prometido. Y se espera
que otros jueces les seguirán. Mientras, los
sindicatos proponen al Gobierno que apruebe una indemnización
mínima de 6 meses de salario para los despidos improcedentes,
mientras otros expertos defienden un nuevo sistema de indemnizaciones que tenga
en cuenta las circunstancias del trabajador despedido. Y todos creen que si se
encarezcan estos despidos de trabajadores con poca antigüedad, las
empresas abusarán menos de ellos.
Ahora, el dictamen del Consejo de Europa fuerza
al Gobierno a reformar las indemnizaciones, dentro o fuera de una 2ª
reforma laboral, que debería incluir otros temas pendientes (horarios,
condiciones de trabajo, productividad…). Será un gran reto para este otoño,
pero esta reforma será mucho más difícil de acordar que la reforma laboral de
2021, porque las
indemnizaciones son un tema tabú para la patronal, que lleva
meses muy intransigente respecto a los temas a debate en el diálogo social.
Y por si el pacto no fuera difícil, luego habría que aprobarlo en
el Parlamento, con la oposición muy agresiva y poco negociadora. Así que si
hay cambios laborales, habrá que imponerlos y así no suelen funcionar
bien.
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